Entre los años 1993 a 1999 se realizaron en el Perú, 314 605 ⁽²⁾ esterilizaciones quirúrgicas, las cuales obedecieron a la implementación de una política de estado de “lucha contra la pobreza”, en la que se establecieron metas que privilegiaban las opciones quirúrgicas sobre los métodos reversibles. Para el logro de objetivos, se ejerció presión psicológica sobre la población, manipulación, amedrentamiento, condicionamiento a cambio de incentivos como víveres o inclusión en los programas de salud nacionales a los que tenían pleno derecho. Asimismo, se establecieron incentivos para el personal de salud “más productivo” y, en algunos casos, estos fueron intimidados con el cese de sus contratos en caso no sumaran esfuerzos para alcanzar las metas propuestas.

Según la Defensoría del Pueblo ⁽³⁾ y el Movimiento Amplio de Mujeres ⁽²⁾, más del 65% de las mujeres esterilizadas eran analfabetas o tenían primaria incompleta, y gran parte de ellas eran quechua hablantes, es decir, difícilmente pudieron entender los consentimientos informados. A ello se agrega que se implementaron “campañas de esterilización” sin sesiones informativas. Con lo cual se puede afirmar que estas campañas se hicieron sin que ocurriera un genuino consentimiento, lo que se refleja en estudios que señalan que hasta el 90% de las pacientes intervenidas tomaron decisiones bajo presión ⁽²⁾.

Si a lo referido, agregamos que las intervenciones fueron realizadas en establecimientos con infraestructura inapropiada, en condiciones de escasa higiene, sin evaluación preoperatoria, y hasta en el 50% de los casos, sin control posoperatorio, ni soporte posterior que permitiera resolver dudas y las consecuentes afecciones orgánicas y psicológicas suscitadas ⁽⁴⁾, tenemos que la situación fue complicada no solo desde la perspectiva de derechos fundamentales, sino que las condiciones básicas de atención medica fueron también vulneradas.

Estos hechos fueron dados a conocer esencialmente por organismos defensores de los derechos humanos y por escasos medios de comunicación, y pese a que fue denunciado, estudiado y documentado por instituciones como la Defensoría del Pueblo, por organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y por la Conferencia Episcopal, fue solo después del año 2000 que se interesaron por el tema instituciones como el Colegio Médico del Perú y el Congreso de la Republica ⁽⁵⁾.

A pesar de ello, nunca hubo una asunción de responsabilidades. La discusión y alusiones al tema, siempre se hicieron desde la perspectiva política, pero no hubo un reconocimiento de participación equivocada ni menos una intención de tomar las medidas para evitar que situaciones tan flagrantemente violatorias de derechos vuelvan a ocurrir. El hecho de que se propale en su revista artículos como el referido ⁽¹⁾ o se hable de la toma de decisiones medicas compartidas como forma efectiva de defender la autonomía ⁽⁶⁾, claramente abren esperanzas de que en el Perú practiquemos una medicina en la que el paciente siendo el centro del acto médico reciba la atención con pleno respeto de sus derechos.

Fuentes de financiamiento: GM está afiliado a CRONICAS – Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el cual es financiado por el National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI), National Institute of Health (NIH), Department of Health and Human Services.

Conflictos de interés: el autor declara no tener conflictos de interés.

4. Ballón A. El caso peruano de esterilización forzada. Ensayo fotográfico de Alejandra Ballón G. distrito de Huancabamba, Piura, Perú (2012) [Internet]. Lima: Archivo PNSRPF; c2011-2013 [citado el 14 de mayo del 2013]. Disponible en: http://1996pnsrpf2000.files.wordpress.com/2011/07/ensayofotografico-ef-hbba.pdf