Antecedentes históricos de las protestas en la región de Puno

La lucha y la protesta de los ciudadanos, pueblos originarios y comunidades es un rasgo central de la historia y del imaginario colectivo del sur peruano en general y del altiplano en particular. El sur fue el epicentro de la rebeldía tupacamarista, el detonante de los levantamientos caudillistas durante la república, así como escenario constante de rebeliones indígenas contra los gamonales. ^{Vergara (2015}) ha encontrado una lúcida metáfora para graficar la relación entre el Estado centralista y los poderes periféricos, especialmente del sur peruano: la danza hostil. Obligados a relacionarse en medio del desprecio y la distancia.

En el caso del espacio puneño, destacan las rebeliones indígenas descritas extensa y rigurosamente por la obra de ^{Ramos Zambrano (2007}, ²⁰¹⁶), que da cuenta de la lucha indígena por justicia, tierra y dignidad. O el sugerente estilo periodístico-literario de ^{Ayala Olazaval (2005}a, ²⁰⁰⁵b, ²⁰¹¹) que muestra una dimensión alternativa y mítica para comprender la rebeldía altiplánica. Se mencionan a ambos autores puneños por su copiosa obra orientada a mostrar los pliegues complejos de la rebeldía contra los poderes.

Una primera pista comprensiva que ofreció una síntesis del conjunto de la lucha campesina se encuentra en Tamayo Herrrera (1982). Nueve serían los rasgos que caracterizan la “lógica interna” de las rebeliones del siglo pasado:

a) lo económico: la usurpación de tierras, b) la política nacional: gobernantes pro-indígenas, c) apoyo externo: respaldo de “mistis” indigenistas, d) conflictos dentro del grupo dominante: rivalidades entre gamonales “abusivos” y “protectores”, e) debilidad estatal: limitaciones de la fuerza pública, f) violencia campesina desbordada: acción enardecida que supera a las autoridades y líderes, g) represión violenta de la fuerza pública: ejecuciones, persecuciones y robo de ganado, h) mesianismo liberador y restaurador: reversión del orden establecido a cargo de un líder providencial, y i) fracaso de las rebeliones: levantamientos fallidos que profundizaron el dominio gamonal.

Han pasado 41 años de la interpretación de Tamayo y aún se mantienen vigentes algunas pistas para comprender los levantamientos indígenas en el altiplano, como la debilidad estatal, la violencia de las movilizaciones, la represión desproporcionada y la política nacional. Otros factores han perdido vigencia, como la desaparición del espacio gamonal y la influencia de los indigenistas. Dos puntos de inflexión han reconfigurado la vida campesina en la segunda mitad del siglo XX: la reforma agraria de 1969 que expropió 1471 haciendas puneñas y la reestructuración de las empresas asociativas en 1987 (^{Roque 2018}).

El régimen cívico-militar de Alberto Fujimori, entre 1990 y 2000, ha sido un periodo de relativa calma en el sector rural puneño, no solo como producto de las prácticas autoritarias y las políticas asistencialistas del Gobierno, sino también por la expectativa de orden, luego del caos de la década de 1980 y la amenaza senderista, así como el colapso del sistema de partidos. Estas fueron circunstancias aprovechadas por el régimen fujimorista. Es más bien en el 2004 cuando emerge un acontecimiento político violento y trágico que anuncia la aparición de nuevos elementos de conflictividad social: el asesinato de Fernando Robles, alcalde provincial de El Collao-Ilave. Se trata de un hecho que mostró el peso que adquirió la esfera comunal ampliada (municipalidades de centros poblados) sobre el débil ámbito de los espacios distritales y provinciales (^{Pajuelo 2009}). A su vez, evidenció la pugna de sectores y liderazgos emergentes que buscan beneficiarse directamente de las “oportunidades” que ofrece el manejo de la administración y presupuestos municipales.¹

Desde una mirada complementaria, ^{Alanoca (2008}) sostiene que el levantamiento indígena (sartawi en aymara, sayari en quechua) no contempla el linchamiento, más bien implica cinco etapas de cuestionamiento a la autoridad: a) uñjaña (vigilancia a la autoridad), b) saña (dialogar con la autoridad, c) amuyaña-lupiña (reflexionar y discernir sobre la actuación de la autoridad), apsxaña (acuerdo colectivo para invitar al retiro), e) jiksxaña (echar a la autoridad, no sirve como autoridad, no respeta a la población). El desinterés y desconocimiento del sistema de justicia comunal empujó, en el caso del linchamiento de Robles, a que la situación llegue al extremo por la inoperancia de la autoridad estatal.

Siete años después, en el 2011, Puno nos ofrece un nuevo acontecimiento, un nuevo conflicto de elevadas dimensiones. El Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur (provincias y comunidades aymaras) encabeza una protesta contra las concesiones mineras otorgadas en los distritos de Kelluyo y Huacullani a la empresa canadiense Bear Creek Mining Company-Sucursal Perú, así como los derechos mineros otorgados a la empresa Patagonia S. A., en el monte tutelar Khapía, de profundo significado simbólico para la población aymara. Se trata de concesiones que podrían tener impacto ambiental y que además no pasaron por la consulta con las poblaciones originarias. Los ciudadanos aymaras se desplazan en gran número a la ciudad de Puno, acampan, “toman” la capital departamental durante varios días y se registran excesos de violencia contra la propiedad pública y privada.

En estas protestas destaca nítidamente el liderazgo de Walter Aduviri Calizaya, quien luego postularía en dos ocasiones a la gobernación regional. En la primera elección (2014) quedó en segundo lugar y en la segunda, resultó electo gobernador regional de Puno (2018). En medio del contexto de criminalización de la protesta, especialmente contra líderes opuestos a las actividades extractivas, Aduviri fue sentenciado por el delito contra la seguridad pública. Estuvo preso un año y medio, hasta diciembre del 2020, pues su sentencia fue modificada a cuatro años de prisión suspendida. Luego asumiría una postura de discreta influencia sobre la vida política puneña.

El Aymarazo, tal como fue conocido el levantamiento aymara contra las actividades mineras, es parte del conjunto de protestas de los pueblos indígenas contra la política extractivista del Estado peruano. El saldo trágico de esta protesta, sin embargo, no vino del lado aymara, sino del lado quechua. Los manifestantes en la ciudad de Juliaca, protestaban contra las actividades mineras que contaminan la cuenca de río Ramis Este conflicto que se da contra la pequeña minería informal, más que contra empresas medianas o grandes. Como suele ocurrir, los manifestantes más radicales pretendían “tomar” el aeropuerto de Juliaca, por lo que la fuerza policial reprimió de modo desproporcionado y se registraron seis muertes. Tres de estas muertes no tenían nada que ver con la protesta, incluida una ciudadana que daba de beber agua a uno de los manifestantes asfixiados por las bombas lacrimógenas. La prensa regional denominaría a los trágicos sucesos como Juliacazo (^{Vera 2014}).

Tanto los levantamientos de los siglos XIX y XX, como los conflictos del presente siglo XXI, muestran que los ciudadanos y comunidades indígenas de Puno se enfrentan contra los poderes y orden establecidos que reproducen injusticia, discriminación y marginación. Se trata de una lucha por un lugar en la sociedad, la economía y el Estado. ^{Alvarez-Calderón (2021}) sostiene lúcidamente que las demandas campesinas entre 1900 y 1930 buscaban participación en la construcción de la nación como ciudadanos libres, mantener su mundo cultural, acceder libremente al mercado y debatir en la esfera pública como ciudadanos alfabetizados con consciencia política. Se trata evidentemente de la versión opuesta que los poderes de la época -y los actuales- tienen sobre los ciudadanos indígenas.

Pero no es una disputa inocente, se trata de una lucha política frontal contra poderes hegemónicos que han instituido una relación asimétrica de clara herencia colonial. ^{Portocarrero (1995}) les llamó fundamento invisible a las ideas racistas del Estado oligárquico (1895-1968) que consolidó la dominación étnica basada en la violencia. Al parecer este fundamento invisible, luego de los sucesos del 9 de enero del 2023 en Juliaca, demuestran que sigue vigente y bastante visible.

El fracaso de la construcción de un Estado-nación para todos los ciudadanos que tome en cuenta en su diseño institucional la presencia contemporánea de matrices culturales y cosmovisiones diferentes, así como las formas de organización social e institucional propias de la población andina, es un asunto pendiente irresuelto. Por ello desde Puno se aprecia con claridad lo que ^{Rénique (2022}) ha denominado nación radical, es decir, la idea de construir una nación moderna retomando los fundamentos de nuestro glorioso pasado milenario, para lo cual se requiere superar la herencia colonial representada por el centralismo limeño. Esta refundación requeriría de la agencia indígena que motorice el cambio. De allí que el estallido social, visto desde el altiplano puneño, ofrece acciones inéditas en el marco de una histórica relación cargada de conflicto y desencuentro.

Estallido de los autoconvocados

El surgimiento inicial del estallido social en la región de Puno puede atribuirse a una respuesta ante la vacante del presidente Pedro Castillo y la posterior toma de posesión de la vicepresidenta Dina Boluarte, que se adhirió a la línea legal de sucesión. Sin embargo, la magnitud del brote se intensificó tras el trágico incidente del 9 de enero en Juliaca, que provocó la pérdida de 18 vidas debido al uso excesivo de la fuerza policial y a una serie de acciones gubernamentales, incluido el deseo del presidente de conservar su cargo. Los informes de la Defensoría del Pueblo, basados en la información proporcionada por el Ministerio de Salud, indican que la región de Puno experimentó el mayor número de muertes (33) y heridos (291).

La protesta social consistió en movilizaciones constantes dentro de las ciudades, estimuladas con cánticos contra el Gobierno (como el estribillo “Esta democracia ya no es democracia. Dina asesina el pueblo te repudia”), plantones en lugares estratégicos (plazas, calles, locales gubernamentales), bloqueo de carreteras y puentes, asedio al aeropuerto de Juliaca, llamados a la acción desde los medios de comunicación y redes sociales, caravanas de vehículos dirigiéndose a Lima (con muestras emotivas de despedida y apoyo), y la movilización en la ciudad de Lima que congregó a ciudadanos llegados desde distintos puntos del país.

Una de las características notables de la protesta de Puno es la dispersión de los roles de liderazgo entre las organizaciones populares, los frentes de defensa y los sindicatos. Este liderazgo colectivo responde a los llamamientos autoiniciados que unen a personas de diversos orígenes, haciendo hincapié en el evidente aspecto indígena y en las personas que provienen de las zonas rurales. En la región sur, donde se concentra la población aymara, el movimiento destaca la participación de las comunidades campesinas que residen en regiones circunlacustrales y sectores de gran altitud de El Collao, Chucuito-Juli, Yunguyo (que limita con Bolivia), así como en los distritos aymaras de la provincia de Puno (Ácora y Platería) y el distrito quechua de Laraqueri. En la región norte, donde predomina la población quechua, la movilización de las comunidades de los distritos de Azángaro, Sandia y Huancané, junto con los mineros de La Rinconada, ha sido particularmente notable (Pachamama Radio, 16-01-2023).

Se estima que existen 1303 comunidades campesinas en la región de Puno (CEPES 2016) y alrededor de 125 421 familias inscritas en las comunidades (Urrutia, Remy y Burneo 2019). Se trata del número más alto de familias, a nivel nacional que declara su pertenencia a la estructura campesino-comunal. Las comunidades campesinas rebasan el sentido económico-productivo y se trata de un sistema cultural, sociopolítico, ético-normativo, epistémico y espiritual que aún no es aquilatado por la sociedad y el Estado. Ha servido de refugio desde el periodo colonial, mediante la recreación del mundo de vida ancestral. Con justicia, Flores Galindo (1999) la consideraba la institución más importante de la sociedad civil peruana. Ciertamente no es un nuevo actor de la vida nacional, pero en el reciente estallido social ha desplegado una nueva performance, inédita en la historia republicana. Factores como la extensión de la educación básica y superior, el uso de tecnologías de la comunicación y una mayor articulación con la vida moderna y urbana, son el marco de esta nueva actuación social y política.

En cuanto a la población urbana, principalmente en la ciudad de Puno, cabe destacar la organización y la presión ejercidas por los sindicatos del mercado de alimentos como Unión y Dignidad, Laykakota, Central y Bellavista, así como por los transportistas urbanos de la ciudad lacustre. En Juliaca, la ciudad más poblada de la región y punto de convergencia con las provincias del norte, destaca la Unión Unitaria de Comerciantes Mayoristas, Minoristas, Mixtos y Ambulantes (SUCMMA), con una amplia plataforma que comprende casi cuarenta bases. Además, la fuerza movilizadora de los comerciantes en los mercados de San José, Las Mercedes y Túpac Amaru es particularmente significativa. En términos de organización territorial urbana, la población de Juliaca ha establecido la Asociación de Presidentes de Urbanizaciones y Barrios, Comunidades Campesinas y otras de las 4 Zonas de Juliaca (en adelante, la Asociación de las 4 Zonas), una asociación importante que coordina la ciudad de Juliaca. Además, los sindicatos Sute San Román y Puno, junto con estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, la Universidad Nacional de Juliaca y grupos feministas, desempeñaron un papel crucial durante los disturbios sociales. Como se ha observado, esto abarca una amplia gama de organizaciones con intereses y actividades diversos, pero también con requisitos y aspiraciones compartidos. Según el censo de 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la región de Puno mostró el mayor grado de autoidentificación indígena. En consecuencia, el 90.83 % de la población se autoidentificó como quechua y/o aymara, y el 68.86 % declaró que su lengua materna era indígena (quechua y/o aymara). En esencia, esta región del Perú se caracteriza por una importante identidad etnocultural indígena que impregna la vida cotidiana y la convivencia social de su población. Por lo tanto, hay una valoración favorable del mundo rural y campesino como fuente de costumbres, tradiciones, espiritualidad y rituales. Por lo tanto, no sorprende que, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2021, el profesor rural Pedro Castillo obtuviera el 89 % de los votos en Puno, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En este contexto, la protesta popular contra la vacante presidencial y el posterior arresto del profesor chotano demostraron un nivel considerable de identificación con un político que llegó a representar y simbolizar las esperanzas de la población indígena surandina. Entre los líderes con raíces étnicas de la región de Puno, una organización que se destaca por su combinación de componentes etnoculturales de reivindicación, una postura política decidida en defensa de los derechos comunales y su exposición pública en los medios regionales es el Consejo de Autoridades Originarias, Mallkus, Jilakatas y Mamatallas (CAOMJ). Esta organización está representada y defendida por Rubén Apaza Añamuro, un hombre de sesenta años de Puno, nacido en la provincia de Moho, antropólogo graduado en la Universidad Nacional San Antonio de Abad de Cusco y líder de Perú Libre.

En el contexto del estallido social que comenzó en diciembre del 2022, la figura de Apaza Añamuro se ha convertido en una figura notable en los medios locales. Ha justificado la ocupación del puente de Ilave y el posterior bloqueo de carreteras como un ejercicio de los derechos consuetudinarios indígenas, basándose en el reconocimiento de los territorios indígenas protegidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, ha justificado las protestas encabezadas por los vicegobernadores de la provincia de Huancané. Con respecto al adelanto propuesto de las elecciones, ha argumentado que podrían celebrarse en el 2023. Apaza Añamuro denunció lo que denomina las “acciones agresivas del Gobierno” contra los pueblos indígenas y la “persecución de los líderes”, haciendo hincapié en que sus voces y preocupaciones no serán ignoradas si toman medidas decisivas. Ha destacado la historia de los pueblos originarios y su tenaz lucha, destacando a Puno como un ejemplo notorio y un modelo potencial para un nuevo Estado (Radio Pachamama, 31-01-2023).

Rubén Apaza estuvo presente junto al corresponsal de La República, Liubomir Fernández, durante los trágicos acontecimientos que provocaron la muerte de seis soldados que intentaban cruzar el río Ilave. Expresó sus dudas sobre la información oficial y sostuvo que “en ningún momento la población civil atacó a los militares”, sino que hizo hincapié en que la comunidad aymara se centró en la imprudencia de cruzar el río por un “lugar profundo e inaccesible”. Los miembros de la comunidad colaboraron con los demás soldados para evitar cualquier incidente de ahogamiento² (La República, 06-03-2023).

La institución de los vicegobernadores es un testimonio de la amplia naturaleza comunal del liderazgo indígena. Estas autoridades comunales se nombran de forma rotativa, lo que garantiza que los próximos titulares de cargos sean conocidos con antelación. Este mecanismo de democracia comunitaria, profundamente arraigado en tradiciones ancestrales, goza de una alta aceptación social en las comunidades, distritos y provincias de la región de Puno. La autoridad y el significado de los vicegobernadores se simbolizan y refuerzan con su atuendo distintivo, que consiste en una vara de mando, un poncho, una bufanda, un sombrero oscuro y un cinturón. Según la CAOMJ, Puno cuenta actualmente con 4800 autoridades originales. En el pasado reciente, específicamente en marzo del 2022, estas autoridades solicitaron una “convención de autoridades originales”.

Durante el estallido social, Rubén Apaza denunció que los vicegobernadores de Puno habían rechazado colectivamente el nombramiento de prefectos, autoridades provinciales y subprefectos de distrito por parte del Ministerio del Interior. La razón de este rechazo fue la percepción de que la presidenta Dina Boluarte carecía de “autoridad moral” para hacer tales nombramientos. Además, se afirmó que habían afirmado su compromiso de nombrar a las autoridades de conformidad con sus prácticas culturales. Así mismo, adoptaron una postura sobre la explotación del litio en la región y abogaron por la “soberanía del litio” en apoyo de los pueblos indígenas (Radio Pachamama, 29-03-2023).

Otro aspecto del liderazgo durante la agitación social lo ejemplifica una vanguardia que ha necesitado desde hace mucho tiempo la rectificación de la contaminación en la cuenca del río Coata, que proviene principalmente de la descarga de aguas residuales procedentes de la ciudad de Juliaca, el que finalmente desembocan en el lago Titicaca. Esta región abarca, según lo informado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA, 2019), un total de veintiún vertederos (que comprenden ocho municipales, cuatro industriales, siete vertederos de residuos sólidos y tres puntos de descarga). Félix Suasaca Suasaca, un distinguido defensor del medio ambiente, asume el cargo de presidente del Frente de Defensa Unificado contra la contaminación de la cuenca de Coata y el lago Titicaca. Suasaca es una figura influyente que ha encabezado la batalla contra la contaminación durante más de una década y ha desempeñado un papel activo en las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte entre el 2022 y el 2023.

Tras la salida del presidente Pedro Castillo de su cargo, y antes de las manifestaciones de enero, Suasaca proclamó que “la población no está obligada a obedecer a un presidente al que considera un impostor”, y expresó que las manifestaciones son “autoconvocadas” y que la gente exige la renuncia del presidente, el nombramiento de una nueva junta en el Congreso, el adelanto de las elecciones y una nueva Constitución Política. Suasaca critica abiertamente los intentos de criminalizar las protestas y la persecución de líderes, ya que él mismo ha sido acusado de resistirse a la autoridad e incitar a los disturbios durante estas movilizaciones. Afirma ardientemente “No somos terroristas, sino defensores de los derechos humanos, y salvaguardar los intereses del Perú no es un acto delictivo” (Radio Pachamama, 20-01-2023). Suasaca también ha pasado a la vanguardia para abordar las denuncias de financiación externa o de procedencia dudosa relacionadas con los gastos incurridos durante las movilizaciones y los viajes.

Entre las líderes aymaras destaca Edith Calisaya Calamollo, presidenta de la Organización de Mujeres Aymaras Bartolina Sisa (OMABASI),³ exconcejala de la provincia de Chucuito-Juli. Calisaya lideró a las mujeres aymaras que se enfrentaron a la policía en Lima con sus bebés en la espalda, un acto que fue severamente reprimido mediante el uso de gas lacrimógeno. Fue la portavoz de las mujeres aymaras en respuesta a las declaraciones de los congresistas y del ministro de Educación, Óscar Becerra, quien comparó a las mujeres aymaras con los animales, afirmando que “Ni siquiera los animales exponen a sus crías”. Esta comparación alude a la práctica tradicional de las mujeres indígenas de llevar a sus hijos a la espalda, envueltos en una lliclla (una manta multicolor que se usa comúnmente en las zonas rurales). Calisaya afirmó con firmeza que el ministro “carece de conocimiento de la realidad, así como de las tradiciones y costumbres” de la población indígena, y lo invitó a visitar Puno para que adquiriera experiencia de primera mano. Además, cree que el régimen de Boluarte ha “pisoteado los derechos de las mujeres indígenas”. Edith Calisaya también ha expresado su postura sobre las acusaciones de financiación e influencia externas en las movilizaciones, refutando categóricamente tales afirmaciones y dejando muy claro que la comunidad aymara “aprecia a nuestra nación, amamos a nuestro país” (El Búho, 14-05-2023).

Durante los disturbios sociales en Puno, varios líderes también atrajeron la atención de los medios de comunicación a través de las movilizaciones. Entre ellos se encuentra Antero Pimentel, secretario de la Asociación de las 4 Zonas de Juliaca, una organización que une y coordina a los residentes de Juliaca. Además, Amador Núñez Mamani, presidente del Frente de Organizaciones Populares, que reúne a los sindicatos urbanos y de base de Puno, y César Tito Rojas, secretario de Defensa de la SUTEP Puno, también han estado en el punto de mira. El hilo conductor entre estos líderes populares es su llamado a la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la demanda de nuevas elecciones, el cierre del Congreso y la implementación de una Asamblea Constituyente mediante un referéndum. Vale la pena señalar que este grupo de líderes es con frecuencia estigmatizado calificándolo de radicales y “terroristas”, supuestamente asociados con el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF). En consecuencia, la prensa limeña ha asumido la responsabilidad de difundir informes del Ministerio del Interior que buscan desacreditar a sus líderes. Sin embargo, los medios de comunicación de Puno⁴ abordan a estos líderes de manera diferente, ya que los reconocen como figuras legítimas dentro de los sindicatos, los frentes y las organizaciones populares que tienen autoridad entre la población de Puno.

Es a la vez notable y preocupante que los líderes de los partidos políticos y movimientos regionales de Puno se hayan abstenido de expresar sus posiciones como representantes de organizaciones políticas. Los partidos y movimientos regionales tienden a operar de manera discreta, emergiendo solo durante las temporadas electorales, evitando cuidadosamente la exposición para evitar dañar su imagen pública. Además, carecen de un cuadro estable de personas que posean una voz y una presencia. La rotación constante de miembros de los partidos, el oportunismo político y la comercialización de la política revelan la débil estructura interna de estas organizaciones. Sin embargo, dos políticos prominentes y experimentados de Puno se han pronunciado en los medios de comunicación locales y nacionales. Por un lado, Yonhy Lescano, el excandidato presidencial de Acción Popular, caracterizó al régimen del presidente Boluarte como una “dictadura camuflada”. Por otro lado, Alberto Quintanilla, el excongresista de izquierda, cuestionó la discriminación y el centralismo como prácticas de Gobierno e instó a una reforma constitucional urgente en el país.

Durante el estallido en la región de Puno, la reacción de los sectores empresariales ha sido discreta. Si bien la Cámara de Comercio de Puno se mostró opuesta a las acciones de violencia, y señaló el perjuicio económico sobre la actividad turística, su nivel de influencia fue limitado.

A raíz de la muerte de 18 personas y más de 100 heridos en la ciudad de Juliaca, se formó una asociación de víctimas que exige la identificación de los responsables y la acción responsable de la Fiscalía. En esa línea es importante destacar el informe de Amnistía Internacional (2023) que concluye que las autoridades y las fuerzas de seguridad peruanas han actuado con un “marcado sesgo racista” contra ciudadanos indígenas marginados y postergados que habitan en las regiones del surandino del país. Inclusive las más altas autoridades del Poder Ejecutivo peruano estigmatizaron de forma intencionada a las personas manifestantes como violentas y radicales. Amnistía Internacional considera que se deben tomar medidas contra la “arraigada impunidad” dentro de las fuerzas de seguridad y el “racismo estructural que parece permear el actuar de las instituciones del Estado”. Por su parte el informe de Human Rights Watch (2023) recomienda que el Gobierno peruano debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y exhaustivas de los abusos cometidos por la Policía y las Fuerzas Armadas; investigar a las autoridades gubernamentales por no haber tomado medidas efectivas que impidan nuevos abusos; sobre la promoción del diálogo nacional se recomienda poner fin a la estigmatización que vincula falsamente a los manifestantes con el terrorismo, y adoptar medidas para afrontar las profundas desigualdades que afectan el ejercicio de los derechos de las poblaciones indígenas y rurales. Human Rights Watch concluye recomendando la reforma policial que implique mejoras en la formación de los efectivos policiales y revisar los protocolos de acción.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH 2023) de la OEA ha puesto también el acento en la importancia del diálogo para la superación de la crisis, poniendo especial énfasis en un enfoque étnico y territorial que escuche a las poblaciones que han sido discriminadas de modo histórico y estructural. Y no solo eso: se debe garantizar la participación de los pueblos indígenas y comunidades campesinas en los espacios de toma de decisión en los asuntos de interés nacional. Al igual que los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, la CIDH recomienda adoptar medidas normativas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad. Además, recomienda adoptar medidas de reparación y atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos con enfoques de pertinencia cultural, género e interseccionalidad; así como asumir la lucha contra la impunidad, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y garantizar la libertad de expresión, reunión y asociación.

Desafíos post-estallido

El Perú requiere cambios institucionales que consideren la heterogeneidad constitutiva y compleja del país, corrija el diseño centralista de la vida socioeconómica y política, y construya las bases de un Estado nacional para todos los ciudadanos sin excepción. Pero ¿qué desafíos encontramos desde una mirada situada desde el margen?

El Estado y la sociedad debe afrontar un ajuste de cuentas con el “interior del interior”. Se trata de asumir una perspectiva desde las poblaciones marginadas y excluidas, desde allí irradiar hacia los otros espacios de la vida nacional. Implica asumir la deuda histórica y el derecho a reparación por injusticia histórica de los pueblos y comunidades indígenas. Y esto no solo en términos económicos y de oportunidades materiales que eleven su calidad de vida, sino reconociendo el rol y el lugar que la tradición andino-amazónica tendría en el rediseño de la institucionalidad estatal. Se ha planteado, en ese sentido, desde hace un buen tiempo la importancia de interculturalizar el Estado, pero la interculturalidad solo se alcanza con diálogo intercultural, para lo cual es urgente superar la mentalidad y herencia coloniales, las prácticas de discriminación e inferiorización. Se trata de un desafío educativo, cultural y de socialización que atraviesa no solo la estructura del Estado, sino los espacios económicos, políticos y simbólicos.

Al ir al encuentro con el “verdadero Perú” vamos a encontrar la tradición comunitaria, el ethos del mundo andino-amazónico que ha sabido interactuar creativamente con el mundo moderno. Es un desafío mayúsculo, en esa línea, establecer o profundizar políticas públicas que fortalezcan la ciudadanía indígena o étnica, la democracia comunitaria, el sistema de justicia comunitario y la justicia intercultural, la agricultura familiar y comunitaria, la soberanía alimentaria, la implementación de la autodeterminación y autonomía de los pueblos originarios, en concordancia con el derecho internacional.

En el plano político, el país requiere una reforma electoral y política que empuje a los partidos hacia el encuentro con la ciudadanía, que funcionen como espacios de intermediación, debate ciudadano y diseño de los proyectos de nación. Los partidos en el Perú son “hongos” que aparecen en temporada electoral y solo en ese periodo abren locales partidarios. La Ley de Partidos está diseñada para fortalecer la mercantilización de la política y proteger la actuación de los partidos como empresas electorales orientadas al aprovechamiento de la función pública.

El Estado peruano, además, tiene un asunto pendiente con la formación calificada y la capacitación permanente de los servidores públicos, especialmente en los espacios subnacionales. Al mantener rezagos de patrimonialismo se descuida la meritocracia y el cumplimiento de perfiles para los puestos laborales y de jefatura dentro de la administración pública. Si bien existen avances con la Ley del Servicio Civil, aún la carrera pública no logra consolidar un sistema eficiente, con profesionales y funcionarios comprometidos con el servicio público. Los servidores públicos requieren desarrollar competencias y destrezas de acuerdo con la naturaleza ética y técnica de la administración pública, como manifestación operativa del Estado nacional. En tal sentido, se debe reorganizar y fortalecer la Escuela Nacional de Administración Pública como espacio formativo de alto nivel. El Estado ha asumido de modo insuficiente el rol formativo del servidor público y lo ha entregado a las universidades privadas y públicas.

Con vistas a alcanzar una nueva organización política territorial que supere el centralismo y estimule el desarrollo regional en el país, se debe fortalecer y consolidar la legislación sobre mancomunidades (distritales, provinciales y regionales), con el fin que las localidades construyan un socio voluntario y estratégico, ofreciendo estímulos de inversión pública que motiven la integración en el espacio subnacional peruano. Vinculado con lo planteado, el Estado peruano debería ampliar las funciones y fortalecer en diferentes dimensiones la actuación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), entidad rectora del sistema nacional de planeamiento. El CEPLAN (2019), contradictoriamente llamado a contribuir con la mejora de la calidad de vida y el desarrollo sostenible del país, no contempla en ninguno de sus valores estratégicos la participación ciudadana, el enfoque intercultural y la descentralización.

Desde los espacios de Gobierno regional, provincial y distrital se considera de modo burocrático, se eluden sistemáticamente y se debilitan los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas de las autoridades. Evidentemente, existe una íntima relación entre los casos de corrupción y la transparencia de la función pública. Se requiere profundizar en el estudio e investigación empírica de los vacíos de la participación y la rendición de cuentas en el espacio subnacional, a fin de mejorar dichos mecanismos.

Un desafío extremadamente complejo de la vida nacional es la lucha contra la informalidad empresarial, tributaria y laboral. Es el deber del Estado constituir un sistema interinstitucional, descentralizado y edu-comunicacional que ofrezca estímulos significativos a la formalización y que muestre los beneficios individuales y colectivos del cumplimiento de obligaciones ciudadanas, dentro del marco de la ley. Un asunto clave vinculado a la formalización es el fomento, apoyo financiero y asistencia técnica a las iniciativas y emprendimientos de índole productivo y empresarial que surjan de los ciudadanos indígenas, especialmente en el espacio subnacional y rural.

El conjunto de los desafíos adquiere sentido con la propuesta de una nueva Constitución para el Perú. ^{Nicolás Lynch (2021}) argumenta que, pasada la bonanza económica, el modelo neoliberal entró en crisis, no cumplió la promesa y más bien mostró el atraso, la exclusión, el saqueo de lo recursos naturales, la sobreexplotacion de los trabajadores, la criminalización de las protestas, los graves pasivos medioambientales que catapultan los conflictos con las comunidades campesinas y una profunda descomposición moral manifestada en la corrupción. De este modo, una nueva Constitución debe sentar las bases de un nuevo diseño estatal que implique la refundación republicana del país.

Reflexiones finales

El estallido social ha introducido en la arena nacional e internacional a personas que normalmente operan dentro de los límites del espacio subnacional de Puno y abogan por las demandas específicas de cada sector. Entre estas personas se encuentran líderes que combaten la contaminación, defienden la revalorización de la cultura andina y luchan por mejorar las condiciones de trabajo. Sin embargo, también ha desplazado a las autoridades indígenas de las comunidades rurales, desplazando posteriormente también a las mujeres indígenas. El surgimiento de mujeres campesinas, vendedoras de mercados de alimentos y jóvenes indígenas urbanas que viajaron a Lima para movilizarse con valentía y dignidad ha marcado un nuevo avance en la política peruana. Este fenómeno muestra el progreso que han logrado las mujeres peruanas, en particular las de las zonas rurales. Cabe destacar que, durante la pandemia, las madres de familias campesinas adquirieron habilidades de comunicación tecnológica para apoyar la educación remota de sus hijos. Evidentemente, estas nuevas habilidades han mejorado su acceso a la información, las redes sociales, la mensajería instantánea y la creación de contenido.

La insurgencia del mundo rural tiene un punto de partida: casi el 90 % de los votos de Pedro Castillo en la segunda vuelta. Este resultado simbolizó las esperanzas de la población de Puno en un político que emergiera del mundo rural andino de Perú. Este ámbito sociocultural, productivo y espiritual tiene una importancia inmensa para los ciudadanos de Puno, ya que es la fuente de su identidad etnolingüística y el marco histórico-cultural que moldea y revitaliza la conducta social. Estos mismos elementos contrastan marcadamente con el diseño de las instituciones estatales del país. En consecuencia, la marginación, la discriminación, la corrupción y el centralismo dirigidos hacia las regiones subnacionales y particularmente hacia las regiones del sur de los Andes constituyen características definitorias del Estado peruano.

Como sostiene acertadamente el historiador José Luis Rénique (2016, 2022, 2023), Puno es el lugar de expresión de la “nación radical”. Es el lugar donde convergen las luchas indígenas en su búsqueda de constituir una nación moderna e integrada que abrace los cimientos del ilustre pasado andino del Perú. La agitación social ha puesto de relieve el conflicto de larga data entre la tradición andina y la tradición criollo-mestiza en relación con el concepto de nación. En consecuencia, las manifestaciones de racismo y “aplastamiento” sirven como recordatorio de los problemas pendientes que siguen impidiendo la construcción de un Estado nacional inclusivo.

Desde la perspectiva del Gobierno y la clase dominante, se cree que las poblaciones y los ciudadanos indígenas carecen de agencia, se encuentran en un estado de inferioridad y requieren protección. Esto representa una manifestación contemporánea de los mismos argumentos retóricos del siglo anterior, que claramente llevan la marca del colonialismo y son típicos de una sociedad gobernada por una élite gobernante. En este sentido, podemos referirnos a las propias declaraciones de la presidenta Dina Boluarte cuando rechazó las demandas de derechos políticos de la población en favor de centrarse en los proyectos sociales y la infraestructura. Además, se parte del supuesto de que las protestas de los ciudadanos quechuas y aymaras son “incitadas” y orquestadas por agitadores bolivianos que tienen poder de agencia y toma de decisiones.

La lucha por los derechos ha sido, y sigue siendo, una característica constante en la historia de Puno. Al igual que en otras regiones de la zona andina meridional del Perú, es evidente que los esfuerzos por establecer un Estado nacional que realmente sirva a sus ciudadanos han fracasado. Por el contrario, el Estado debe basarse en los principios ético-culturales de la antigua civilización que dio forma a esta región. Esto resalta la urgente necesidad de reconocer la autodeterminación de los pueblos quechua y aymara. El levantamiento indígena se ha visto impulsado por los acuerdos y decisiones tomados en las asambleas comunitarias, que ilustran la práctica profundamente arraigada de la autodeterminación que caracteriza a estas poblaciones nativas. La responsabilidad de hacer cumplir estos acuerdos y liderar las protestas y movilizaciones recae en los vicegobernadores y las autoridades comunales, quienes gozan de un respeto considerable más allá de los confines de la comunidad. Dado que estas acciones son de naturaleza comunitaria, conllevan un fuerte sentido del deber familiar. Esto explica el papel conjunto de las vicegobernadoras y las mujeres que son madres en estas comunidades. Han asumido una participación sin precedentes, organizada y profundamente orientada a la comunidad para defender sus derechos políticos y exigir que se respete su voz y sus decisiones.

El estallido social que estamos viviendo nos obliga a enfrentarnos a la deuda histórica que la república tiene con sus ciudadanos indígenas. Nos obliga a entablar un debate sobre el derecho al reconocimiento y la reparación de las injusticias del pasado. Plantea preguntas sobre la naturaleza de las políticas gubernamentales que deben implementarse para lograr este objetivo. Además, destaca la necesidad de incorporar y priorizar el enfoque intercultural en las acciones estatales, así como la necesidad de una legislación apropiada para promover la interculturalidad y superar los vestigios del colonialismo. Esto nos lleva a considerar si el diseño centralista actual perpetúa las desigualdades socioeconómicas y si una forma alternativa de organización territorial y gubernamental es a la vez factible y ventajosa. Nos desafía a reevaluar las ventajas de seguir el mismo modelo de descentralización y desconcentración. Por último, nos obliga a examinar a fondo los factores subyacentes que contribuyen a la incompetencia y las dificultades a las que se enfrentan los Gobiernos regionales y locales, y a explorar estrategias para mejorar la capacidad de los servidores públicos a nivel subnacional.

Además, el estallido social nos lleva a preguntarnos si la reforma política electoral debe considerar los derechos políticos de las personas nativas y la sugerencia de un tipo alternativo de membresía política: étnica, comunal y distintiva; si es factible establecer una unión entre la justicia convencional y la justicia comunitaria que permita la coexistencia de los dos sistemas de justicia, reconociendo que la realidad demuestra la multitud de existencias; si el autogobierno, el control y la autonomía sobre la tierra de las comunidades indígenas deben ser formalizado para garantizar el bienestar de la población; si la erradicación de la discriminación y la agresión contra los pueblos nativos abarca únicamente campañas de sensibilización o requiere una estrategia gubernamental que reestructure las instituciones gubernamentales.

Partiendo de las circunstancias actuales, es imperativo entablar un discurso abierto y transparente en torno a la posible integración de las prácticas, tradiciones y rituales asociados con la cosmovisión andina y amazónica en el tejido más amplio de la sociedad. Debemos considerar si los aspectos históricos, culturales, religiosos y espirituales de los pueblos andinos y amazónicos deben servir como un eje central en el sistema educativo de nuestra nación. Además, debemos considerar la viabilidad y la conveniencia de incorporar la enseñanza de nuestros idiomas nativos, y si el Estado debe asumir la responsabilidad de revitalizarlos, estudiarlos y promoverlos. Además, la inclusión de la episteme andino-amazónica en la educación superior y la investigación científica merece un examen, ya que puede proporcionar un enfoque novedoso para abordar nuestros desafíos sociales. Por último, se plantea la cuestión de si debe emprenderse la tarea de estudiar, documentar, salvaguardar y difundir las creaciones culturales, el conocimiento y la sabiduría milenaria de las civilizaciones andina y amazónica. Si se debe crear un sistema nacional de universidades interculturales y si deberíamos profundizar el sistema de becas integrales para estudios de alta especialización dirigido a jóvenes indígenas.

La aparición del estallido social, visto en su contexto histórico, nos ha obligado a examinar la relevancia contemporánea del ayllu, el ayni y la reciprocidad andina como modos ejemplares de convivencia y existencia solidaria para numerosos peruanos. Estos son legados culturales invaluables de la nación que deben reconocerse. Por lo tanto, es imperativo fomentar, respaldar y fomentar las diversas expresiones artísticas, la religiosidad y la espiritualidad indígenas, todas las cuales constituyen componentes fundamentales del espíritu nacional. Por ejemplo, a lo largo de los años, varias instituciones y activistas han llevado a cabo investigaciones y campañas de promoción en relación con la soberanía alimentaria y la importancia de una dieta nutritiva para la población, derivada de nuestros cultivos y productos andinos y amazónicos, cultivados por nuestros agricultores. Ha llegado el momento de promulgar políticas en apoyo de la agricultura familiar. En esa misma línea, el Estado debe reorientar el apoyo financiero y la asistencia técnica a las iniciativas y emprendimientos de índole productiva que surjan de los ciudadanos indígenas, especialmente en el espacio subnacional, rural y urbano marginal.

Los acontecimientos que se desarrollaron deberían llevarnos a reconocer que en la base del mundo cultural de los ciudadanos que expresaron su oposición a la vacante del presidente Pedro Castillo y pidieron la renuncia de la presidenta Dina Boluarte se encuentra un proyecto social, un modelo civilizatorio y humano que presenta soluciones alternativas al injusto orden que se ha establecido en el Perú. Las aspiraciones de un futuro mejor y la determinación de establecer un marco institucional nuevo, justo y democrático son el hilo conductor que impulsa y seguirá impulsando a la gente de los Andes del sur, en particular a los habitantes de Puno. En última instancia, la convergencia de todos los elementos constitutivos es un requisito previo para lograr el bienestar de todos los peruanos.