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Se suele entender la democracia como un estado permanente, una situación óptima de convivencia bajo normas y derechos generalizados para una comunidad. Sin embargo, también podemos entender a la democracia como un proceso de lucha y negociación entre distintos grupos. Para ir más allá de lo clásico en la valoración de la dinámica democrática, no basta con reconocer el voto universal y así constatar que vivimos en democracia, sino también entender cómo se accede a los derechos (Castañeda y Schneider 2022, 36-37), es decir, podemos visualizar analíticamente la democracia como un proceso en construcción permanente. Este proceso no tiene un punto de llegada necesariamente, es casi una utopía. Como propuso el sociólogo Charles Tilly, entender la democracia de esta manera nos invita a examinarla en su reinvención en lugar de discutir alrededor de la estática etiqueta binaria de democrático o no democrático (Castañeda y Jenks 2020). Este proceso permanente de construcción de la democracia no siempre es lineal, también presenta olas de desdemocratización -que podemos leer como retrocesos- donde operan la exclusión de minorías, la limitación de derechos y los ataques a la libertad. Entre la democratización y la desdemocratización encontramos conflictos sociales que movilizan a grupos de interés y traen consigo disputas de poder para intentar reconfigurar los parámetros de la convivencia social. En síntesis, la democracia no muere o desaparece para ser reemplazada inmediatamente por autoritarismos o dictaduras.
El 7 de diciembre del 2022, Pedro Castillo decidió disolver al Congreso de la República e instaurar “un Gobierno de excepción”. Las reacciones se fueron mostrando paulatinamente desde la oposición en el Congreso hasta lograr su destitución, lo que provocó movilizaciones en la ciudad capital, Lima, y el resto de las provincias del país, como respaldo a Castillo. La represión a estas movilizaciones se volvió desproporcional por el uso de armas de fuego contra la población. La agitación social se conjugó con la indignación debido al fallecimiento de personas que no participaban -al menos directamente- de las marchas y cuyos responsables serían miembros de las fuerzas del orden según las primeras investigaciones periodísticas. Por ejemplo, en la ciudad de Ayacucho hubo diez fallecidos por las movilizaciones siendo la segunda ciudad en reportar víctimas letales de ese proceder en menos de una semana.
El presente artículo examina la dinámica de los conflictos sociales en Ayacucho. El hilo conductor del análisis inicia con la descripción de los conflictos locales previos a la crisis política nacional, hasta las reacciones por el fallecimiento de diez personas en esta ciudad. En este desarrollo encontramos al Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FDPA o FREDEPA) y otras organizaciones locales que venían exigiendo la atención de una agenda local, cuestiones que debían ser atendidas por las autoridades locales y no conflictuaban con el Gobierno de turno aparentemente. Luego de describir el contexto local se discute la situación de las agendas y la representatividad de las organizaciones locales, porque nos permitirán comprender la acción contenciosa. En este recorrido se presta importante atención al FREDEPA por i) su antigüedad como organización capaz de coordinar la movilización de un sector de la población ayacuchana y ii) la estigmatización sobre sus integrantes porque los homogeniza ideológicamente olvidando su carácter de frente (alianza de diferentes grupos, partidos políticos, movimientos sociales u organizaciones que se unen temporalmente para alcanzar objetivos específicos). Bajo esa lógica, sorprende la permanencia del FREDEPA como actor colectivo a pesar de su naturaleza cambiante, al menos teóricamente. En el Perú, las movilizaciones sociales suelen ser deslegitimadas rápidamente mediante la estigmatización subversiva; el etiquetamiento de terrorista sirve para criminalizar cualquier acción donde haya un mínimo de violencia. La trayectoria del FREDEPA lo expone muy bien y el periodo analizado en este artículo lo reafirma: “Las movilizaciones populares desafiaron al Estado en repetidas ocasiones, aunque solo para sucumbir ante una síntesis perversa de represión y cooptación” (McAdam, Tarrow y Tille 2001, 32).
Para concretar este artículo se tomó como fuente de información al ayacuchano Diario Jornada, el cual se produce y circula en la ciudad de Huamanga. La información recabada fue contrastada en las redes virtuales de los actores sociales y con otros diarios de circulación nacional. También se hizo una revisión bibliográfica que permitió poner en perspectiva el rol del FREDEPA desde su fundación en 1966 hasta la actualidad. Resultó importante estudiar la movilización social alejándose del protagonismo de la capital peruana porque brindó otra aproximación a la relación entre la sociedad civil con el Estado a escala local desde la perspectiva de sus actores.
La protesta social como política contenciosa
El sociólogo norteamericano Charles Tilly acuñó el concepto de «política contenciosa» (Castañeda y Schneider 2022) para referirse a una participación activa de los individuos y grupos en la política a través de acciones de protesta, movimientos sociales y conflictos. Este concepto es fundamental para comprender cómo se manifiestan y se transforman las dinámicas políticas en la sociedad. En ese sentido, entendemos que la política no se limita a la toma de decisiones gubernamentales, sino que también involucra la lucha, la competencia entre diferentes actores sociales y la participación activa de individuos y grupos en la búsqueda de sus intereses a través de la acción colectiva, la protesta y el conflicto. Manifestaciones públicas como huelgas o protestas son formas de acción que buscan cambiar las relaciones de poder existentes. Tilly consideró estas acciones como indicadores de la participación ciudadana en la política, acciones cruciales para entender cómo se redistribuye y se transforma el poder en la sociedad. Recurrir a la protesta o a la acción directa es una expresión de que las necesidades, intereses o derechos no están siendo satisfechos adecuadamente por las instituciones gubernamentales o por aquellos que están en el poder. En este sentido, la política contenciosa puede verse como un mecanismo de control social y como una expresión de las tensiones y conflictos que subyacen en cualquier sociedad. El ejercicio de la política contenciosa también puede ser un medio efectivo para la construcción de la ciudadanía activa. Cuando se participa en acciones políticas contenciosas, se puede adquirir una mayor conciencia de los derechos y una comprensión más profunda de cómo funcionan las estructuras de poder en la sociedad. Esto puede fortalecer la democracia al empoderar a las personas para influir en la toma de decisiones y la formulación de políticas.
La producción de una acción colectiva racional y estratégica, a decir de Tilly, implica la disposición de un tiempo para reunirse, discutir problemas, organizarse (Castañeda y Schneider 2022, 37). Sin embargo, la indignación puede acelerar esa organización y recurrir a mecanismos y organizaciones tradicionales para exponer una insatisfacción frente al funcionamiento de la democracia. La protesta pública brinda información sobre aquello que interesa o aspira un grupo social. Como veremos más adelante en tres casos de agudización de la protesta social en Ayacucho, los paros, las marchas y el FREDEPA ayudan a visibilizar las demandas, pero lamentablemente no siempre logran más que eso.
Encontramos un ejemplo destacado de política contenciosa en los movimientos de derechos civiles que surgieron en los Estados Unidos en la década de 1960. En ese período, las comunidades afroamericanas llevaron a cabo protestas masivas, marchas y actos de desobediencia civil para exigir igualdad de derechos y poner fin a la discriminación racial. Estos movimientos contenciosos desafiaron el statu quo y finalmente lograron cambios significativos en la legislación y en la percepción pública sobre la igualdad racial. ¿Es posible encontrar casos semejantes en la ciudad de Ayacucho? La historia del FREDEPA parece indicar que es la excepción y no la regla.
La política contenciosa es una forma de hacer política; las actividades contenciosas de los movimientos sociales son una forma de hacer política. No toda relación política implica contención. La contención surge cuando unos grupos hacen demandas a otros que (de verse realizadas) pueden afectarse sus intereses (Castañeda y Schneider 2022, 21).
En resumen, la política contenciosa, según Charles Tilly, es un concepto fundamental que destaca la importancia de la lucha y la confrontación en la política. Muestra cómo la participación activa en acciones de protesta y movimientos sociales puede dar forma a la evolución de las estructuras de poder en la sociedad y el empoderamiento de la ciudadanía. Este enfoque amplía nuestra comprensión de la política más allá de los análisis formales sobre las instituciones gubernamentales, la representación formal de los partidos políticos y resalta el papel esencial de la acción colectiva en la construcción y transformación de la política en la sociedad.
Crisis política nacional y vacancia presidencial
El 7 de diciembre del 2022, el entonces presidente de la república, Pedro Castillo, tomó la decisión, por fuera de los procedimientos constitucionales, de disolver el Congreso e intervenir en el Poder Judicial y el Ministerio Público con el fin de reorganizarlos. Asimismo, anunció su decisión de gobernar por decreto. Como señala el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH 2023, 28), Castillo leyó el mensaje horas antes de que el Congreso votara una tercera moción de vacancia bajo el argumento de incapacidad moral, cuyo fundamento se apoyaba en acusaciones de corrupción que llegaban hasta sus familiares.
Pasado el mediodía del 7 de diciembre, todavía no se conocía algún tipo de manifestación pública en apoyo al discurso de Castillo. Los ministros de su último gabinete señalaban desconocer las coordinaciones previas para la lectura del mensaje donde se disolvía al Congreso. Ninguna de las decisiones adoptadas por Castillo tuvo aceptación ni ejecución, incluso los altos mandos militares y policiales desconocieron las disposiciones del mensaje porque las consideraban al margen de la Constitución.
Tras la lectura de su mensaje, Pedro Castillo fue capturado en flagrancia y posteriormente vacado por el Congreso “por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento de forma inconstitucional” (Resolución del Congreso 001-2022-2023-CR, 7 de diciembre del 2023). El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispuso la detención de Castillo por un periodo de siete días debido al presunto delito de rebelión.
¿Qué pasaba con la población ese mismo día? Según relata el diario Hildebrandt en sus trece (2022, 28), un grupo de manifestantes se reunieron en el cruce de la avenida Abancay y el jirón Huallaga desde las 6 de la mañana del 7 de diciembre para apoyar a Castillo. Su objetivo era acompañar al presidente en su cita con el Congreso a las 3 de la tarde frente a la comisión que lo investigaba y que aspiraba a vacarlo. Esa mañana, el centro de Lima lucía cercado por rejas que evitaban la normal circulación vehicular y peatonal. Cuando estos manifestantes oyeron el mensaje para disolver el Congreso, afirmaron estar sorprendidos porque era una decisión inesperada. “Aquí nadie sabía nada. Nosotros vinimos para marchar contra la vacancia” (Hildebrandt en sus trece 2022), afirmaba un manifestante ante la pregunta del reportero si organizarían una movilización más grande. Aunque es difícil encontrar evidencias de las primeras manifestaciones de respaldo a las decisiones de Pedro Castillo el mismo 7 de diciembre, es fácil sospechar que estos mismos manifestantes reunidos desde tempranas horas fueron quienes exigirían la restitución de Castillo en la presidencia días después.
Luego de que el Congreso declaró la destitución del presidente con 101 votos a favor, decretaron que la vicepresidenta Dina Boluarte asumiera el cargo. Posteriormente, la Policía Nacional de Perú confirmó en su cuenta de Twitter que Castillo se encontraba en una de sus dependencias en Lima, junto a la fiscal Patricia Benavides y otros funcionarios (BBC News Mundo 2022). Las imágenes difundidas por los medios de comunicación mostraban a Castillo en la Prefectura junto a la fiscal de la nación y otros funcionarios policiales y judiciales.
Boluarte juró como nueva presidenta de la república el mismo día, para así convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo en el Perú. Su primer mensaje a la nación fue un rechazó al «intento de golpe de Estado» por parte de Castillo. Solicitó una tregua política para instalar un Gobierno de unidad nacional y convocó a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso. Anunció que su primera medida sería iniciar un combate contra la corrupción en las instituciones del Estado, por ello pidió el apoyo de la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría para «ingresar sin medias tintas a las estructuras corrompidas por las mafias al interior del Estado y se impulsen investigaciones y sanciones rápidas» (Presidencia de la República del Perú 2022a, 2).
La destitución y la detención de Pedro Castillo generaron un clima de incertidumbre y tensión. Los días posteriores a la destitución, una serie de protestas surgieron a nivel nacional con cinco tipos de consignas, cada cual portando distintos grados de respaldo: i) elecciones generales, ii) cierre del Congreso de la República, iii) Asamblea Constituyente, iv) renuncia de la presidenta Dina Boluarte y v) liberación del expresidente Pedro Castillo (Defensoría del Pueblo 2023). En distintas proporciones hubo grupos que recogían algunos o todos estos reclamos.
Conflictos sociales en Ayacucho previos al estallido social
El departamento de Ayacucho se encuentra en la sierra sur de Perú.1 El departamento está dividido en provincias, cada una con su propia municipalidad provincial. Las provincias de Ayacucho son Huamanga (donde se encuentra la capital), Cangallo, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcas Huamán y Huanca Sancos. Cada provincia tiene su propio alcalde provincial y consejo municipal, encargados de la administración local, el desarrollo y la gestión de servicios básicos. Las provincias se dividen en distritos, cada uno gobernado por una municipalidad distrital.2 En términos de representación política a nivel nacional, Ayacucho elige congresistas para el Congreso de la República, contribuyendo a la toma de decisiones a nivel nacional en asuntos legislativos, presupuestarios y de políticas públicas.
Los conflictos sociales en el departamento son recurrentes y detallarlos excedería los objetivos del presente artículo. En tanto queremos describir la política contenciosa a nivel local y su imbricación con la dinámica nacional, nos remitiremos a inicios de noviembre del 2022 en la ciudad de Ayacucho hasta la primera mitad de enero del 2023. El periodo acotado marca la situación social antes de la movilización nacional por la crisis política hasta las reacciones por los fallecimientos injustificados. Esto no quiere decir que la protesta social y los enfrentamientos políticos cesaron luego de enero, sino que su dinámica cambió radicalmente debido a la represión violenta de las Fuerzas Armadas.
a. Protesta agrícola ante la escasez de fertilizantes
A inicio de noviembre del 2022 en Ayacucho, como en otros departamentos, se vivía una fuerte preocupación debido al alza global de los fertilizantes3 que amenazaba la producción agropecuaria anual. El Gobierno de Pedro Castillo prometió garantizar la campaña agrícola 2022-2023 mediante la entrega de fertilizantes a los agricultores del país. El proceso de compra de 65 mil toneladas de urea, fertilizante esencial para el cultivo, iniciado en junio, se frustró en dos ocasiones por problemas administrativos y legales (Presidencia de la República del Perú 2022). Ante la demora de la llegada de la urea, el presidente Castillo intentó justificar que en el tiempo de los incas no se le daba tanta importancia a este fertilizante y que el guano de las islas era una opción viable (Infobae 2022). Asimismo, anunció que su gobierno impulsaría la producción de fertilizantes en Bayóvar, Piura, donde existe uno de los mayores yacimientos de fosfatos en Sudamérica (La República 2022a). El mandatario aseguró que en las próximas semanas los fertilizantes llegarían a los agricultores y que su Gobierno haría realidad la segunda reforma agraria con más presupuesto, crédito y apoyo al sector. Sin embargo, también reconoció que había manos negras y burocráticas que pretendían hacer caer las buenas intenciones y decisiones de su gestión. Mientras el Gobierno no anunciaba cuándo se realizaría la adquisición de urea, el presidente de la Federación Agraria de Ayacucho (FADA), Óscar Mendoza Olano, declaró que el tercer fracaso del Gobierno peruano por licitar la compra de urea revelaría que:
el MIDAGRI no está contribuyendo a la seguridad alimentaria y a la producción nacional. Lo que también preocupa es que en nuestra región, la principal actividad es la agricultura, seguida por el turismo y este problema afectará a miles de agricultores que usan este fertilizante, principalmente en Cangallo y Huamanga (Diario Jornada 2022a).
Siete meses antes, la FADA convocó a un paro preventivo de 24 horas para el 21 abril del 2022. Con esta acción se unían a la convocatoria del bloque Organizaciones Nacionales del Sector Agrario y Populares del Perú. Este bloque manifestaba su oposición a los monopolios, a la actitud golpista del Congreso de la República y también demandaban una nueva Constitución Política. En esa oportunidad, el presidente de la FADA señaló que estaba realizando coordinaciones con el FREDEPA, la CGTP y los transportistas para el bloqueo de las vías principales. En esta ocasión la agenda local incluía “la construcción de un mercado para los productores de la región en los terrenos de Canaán, así como la declaratoria de emergencia para el agro y que se asigne un presupuesto para su reactivación” (Rosel 2022).
La situación se repetía ahora en noviembre con un paro de dos días en el que participarían la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Ayacucho (JUDRA). Su presidente, Rubén Ayala Bautista, explicó que el paro del 23 y 24 de noviembre respondía a la falta de fertilizantes, el alza del precio del combustible y la inacción del Gobierno ante la sequía. Identificamos esta agenda como un reclamo transversal a otros departamentos como Puno, por ejemplo. A nivel local se anunciaba el respaldo del FREDEPA y se solicitaba la dotación de presupuesto para la construcción de una represa en Cuchoquesera (Diario Jornada 2022b). El desarrollo del paro incluyó algunos enfrentamientos debido al bloqueo de las vías y daños a la propiedad privada. El último día del paro, el electo gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Nuñez (aún fuera de sus funciones), se sumó a la marcha y anunció que llevaría el pliego de reclamos a la ciudad de Lima.
El entusiasmo de Oscorima no es novedoso toda vez que el 3 de noviembre el presidente del Perú se reunió con las autoridades electas de la región Ayacucho en Palacio de Gobierno; esto incluyó a Wilfredo Oscorima, quien intervino con un discurso. Solicitaba al presidente que trabaje de la mano con todas las autoridades y abandone las peleas políticas. También pidió al ministro de Transportes y Comunicaciones el asfaltado de carreteras y la declaración de emergencia de la ruta Quinua-San Francisco para mejorarla.
En esta primera protesta se manifiestan la capacidad de organización en torno a una agenda y el uso de mecanismos de protesta -como el paro o las marchas- que por su recurrencia podríamos considerar tradicionales para evitar el etiquetamiento prejuicioso de violentas per se. Resalta también el decantamiento de la protesta hacia una autoridad elegida como Wilfredo Oscorima para canalizar los reclamos hacia el Gobierno central.
b. Protesta universitaria ante el mal funcionamiento de la UNSCH
La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) también enfrentó una serie de problemas recurrentes que escalaron de una manera muy peculiar en esta oportunidad. Es necesario prestar atención a las fechas. El 15 de setiembre del 2022, la Federación Universitaria de San Cristóbal de Huamanga (FUSCH) presentó un conjunto de 29 demandas estudiantiles para solución inmediata mediante el oficio N.° 032-2022-JD-FUSCH-UNSCH:4 1) contrata de docentes, 2) contrata de personal auxiliar en los laboratorios, 3) distribución de salones, 4) segmentación de grupos por orden alfabético; 5) publicación de horarios definitivos, 6) reconsideración de la resolución de Consejo Universitario N.° 956-UNSCH, 7) implementación de los laboratorios en las escuelas profesionales, 8) problemática de los cursos de nivelación, 9) matrícula extemporánea, 10) problemática del Comedor Universitario, 11) funcionamiento del autoseguro universitario, 12) destitución del cargo de confianza de la directora de Bienestar Universitario y de la jefa del Comedor Universitario, 13) apertura de la Residencia Universitaria, 14) construcción de la Residencia Universitaria y el Comedor Universitario, 15) implementación del Comedor Universitario y la Residencia Universitaria en la sede Pichari,5 16) implementación y mantenimiento del Gimnasio Universitario, 17) devolución por pago de autoseguro, 18) devolución por pago de duplicado de carnet universitario, 19) entrega de chip, 20) movilidad estudiantil, 21) infraestructura de la Ciudad Universitaria, 22) construcción del cerco perimétrico de la Ciudad Universitaria, 23) financiamiento de la elaboración de los expedientes técnicos de las escuelas profesionales, 24) asignación de presupuesto para la construcción de pabellones, 25) culminación de la construcción de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroforestal, 26) vacancia de las autoridades universitarias, 27) elaboración de la directiva para realización del externado e internado médico, 28) implementación del biométrico, 29) implementación de las repetidoras wifi en las aulas. Un detalle previo de estos reclamos puede encontrarse en un pronunciamiento emitido por la FUSCH el 15 de agosto.6
A pesar de la formalidad a la que apelan los universitarios para discutir sus reclamos, las autoridades no mostraron su capacidad de resolver la totalidad de sus demandas. La falta de voluntad o presupuesto explican la impotencia, por ello la radicalización del reclamo. Una lectura detallada de la agenda nos muestra la voluntad de mejorar la institución, pero también la polarización como recurso de negociación.
El 5 de octubre, la FUSCH realizó una toma de locales como medida de fuerza reclamando la atención de sus demandas. Nueve días después, el 14 del mismo mes, las autoridades declararon atender estas demandas estudiantiles durante la sesión de Consejo Universitario7 donde participó la Defensoría del Pueblo por invitación del rector de la UNSCH. El objetivo de esta invitación fue facilitar la reanudación del diálogo con los dirigentes estudiantiles. Durante la reunión, la Defensoría del Pueblo compartió los hallazgos y recomendaciones de la Supervisión defensorial realizada el 5 de octubre, donde se registró falta de docentes, mala distribución de aulas y otras observaciones que remitieron mediante un oficio hacia el rector el 12 de octubre. Entre los participantes en esta sesión de Consejo también se encontraban el estudiante de Ingeniería de Sistemas Juan Carlos Rojas Terres (presidente de la FUSCH) y Rocío Leandro (presidenta del FREDEPA). Por su parte, el rector expuso cómo solucionaron estos problemas:
la mayoría de las 22 (sic) demandas de la Federación Universitaria, especialmente respecto de la contratación de docentes faltantes en la carga académica, distribución adecuada de horarios, habilitación de aulas, aumento a 1700 raciones en el comedor universitario, devolución del pago por duplicado de carné y autoseguro, cursos dirigidos y de nivelación, servicio de movilidad, cambio de responsables de la Oficina de Bienestar Universitario y comedor, entre otros (Defensoría del Pueblo 2022a, 1).
Se puede observar que estas medidas fueron formalizadas mediante resoluciones rectorales que figuran en la página web de la universidad. Los represen- tantes de la FUSCH objetaron la manera en que estas demandas fueron atendidas y exigieron la renuncia de las autoridades. En otro intento de solucionar el conflicto con intermediarios, el rector solicitó mediante una resolución que el Prefecto Regional convoque al Comité Regional Multisectorial para la Prevención y Gestión de Conflictos Sociales de Ayacucho (en adelante el Comité). El representante de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho manifestó que el pedido de vacancia:
debe continuar su camino legal que será evaluado por la Asamblea de Consejo Universitario, pero paralelamente, la actual gestión tiene la obligación legal de solucionar la demanda de los estudiantes al 100 % y las recomendaciones dadas por la Defensoría del Pueblo (Diario Jornada 2022c).
En distintas medidas se buscaba que las actividades académicas no se sigan interrumpiendo con la toma de los locales universitarios, algo que esta casa de estudios enfrenta constantemente.
El 20 de octubre, la FUSCH se pronunció mediante un comunicado emplazando al Consejo Universitario para que se autoconvoquen en un plazo de 48 horas y traten la solicitud de vacancia de las tres autoridades debido al incumplimiento del estatuto y la Ley Universitaria (Diario Jornada, 2022c). Asimismo, se convocaba a un paro regional durante los días 24 y 25 de octubre como una manera de expresar el rechazo hacia las autoridades.
Según relata la Defensoría del Pueblo (2022b, 46), el día viernes 21 de octubre, las autoridades universitarias y los estudiantes se reunieron de emergencia en la oficina de esa institución junto al Comité presidido por la Prefectura Regional8 para tratar un conjunto de demandas. Las soluciones a las demandas eran de mediano plazo y exigían un incremento de presupuesto y reuniones con funcionarios de distintos ministerios en la ciudad de Lima; para ello también resultaba vital el apoyo de los congresistas ayacuchanos. Se contaba con esto en la medida que los asesores de esos congresistas también acudieron a la reunión de emergencia. Durante esta mesa de diálogo, el presidente de la FUSCH se comprometió a informar de los acuerdos a la comunidad estudiantil y traer una respuesta el sábado 22 de octubre a las 16:00 horas (Diario Jornada 2022e). La exhortación a los dirigentes de la FUSCH y estudiantes universitarios a que levanten la toma de locales provenía de instituciones estatales como la Defensoría del Pueblo y algunas editoriales periodísticas. Argumentaban que esta decisión permitiría que se reinicien las clases presenciales para concluir el primer semestre académico del año 2022. La dirigencia de la FUSCH expuso que su único pedido era la renuncia de las tres principales autoridades universitarias: “La presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA), acompañó a la dirigencia estudiantil y respaldó el pedido de renuncia” (Defensoría del Pueblo 2022b, 46). Los intentos por retomar el diálogo fracasaron cuando los estudiantes se retiraron del local manifestando su desconfianza en las autoridades por su reiterativo incumplimiento de compromisos.
Al siguiente día, el 22 de octubre, se reanudó la mesa de diálogo, pero sin la participación de los representantes estudiantiles (FUSCH). La presidenta del FREDEPA informó que “en la víspera, las bases de su organización se reunieron con la dirigencia de la FUSCH acordando sumarse al paro regional de 48 horas” (Defensoría del Pueblo 2022b, 46) Mientras tanto, en las redes virtuales se publicaban comunicados flexibilizando el horario de ingreso a los colegios en caso surjan inconvenientes a los estudiantes o docentes rumbo a sus centros de estudio en la ciudad (Diario Jornada 2022f).
La Defensoría del Pueblo (2022b) condenó que su vehículo institucional fuera dañado (pincharon sus llantas) por personas que se identificaron como padres de universitarios que participaban del primer día del paro regional el 24 de octubre. Ante ello, los dirigentes de la FUSCH negaron que fueran los manifestantes los responsables de estos actos y que se trataría de infiltrados. Los infiltrados son una manifestación de un descontrol de la acción colectiva y un aspecto crítico del anonimato en los liderazgos. ¿A quién culpar si no hay un responsable directo? Aunque los análisis políticos repiten que no hay liderazgos visibles, podemos advertir que hay actores colectivos recurrentes. La búsqueda de individualidades como interlocutores pone en tensión el mantenimiento de la medida de fuerza y su criminalización.
También se había bloqueado distintas vías de acceso a la ciudad dejando varados a cientos de viajeros. Por ese motivo, el alcalde de Huamanga convocó a una sesión extraordinaria del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC), exhortando el derecho a ejercer una protesta pacífica y denunciando cualquier exceso. Asimismo, distintos grupos de estudiantes se movilizaron hacia los domicilios de las autoridades para exigirles su renuncia mientras que otros colocaban piedras en las carreteras o pinchaban las llantas de vehículos públicos. Como se mencionó anteriormente, el paro fue respaldado principalmente por el FREDEPA y por algunas bases de transportistas y comerciantes. Pasado el mediodía, decenas de estudiantes y padres de familia marchaban por la plaza Mayor de la ciudad exigiendo la vacancia del rector y sus vicerrectores. Más alejados del centro de la ciudad, en el distrito de Jesús Nazareno un supuesto suboficial de Policía vestido de civil habría realizado disparos al aire para amedrentar a los manifestantes mientras que un chofer atropelló a un manifestante (Diario Jornada 2022g). El prefecto regional consideró que el paro convocado por los estudiantes era innecesario toda vez que las autoridades universitarias estaban atendiendo las demandas mientras que “la renuncia o vacancia de autoridades, es un tema político que no nos compete y tendrá que resolverse en las instancias correspondientes” (Diario Jornada 2022g).
El segundo día del paro regional la situación se tornó más grave. Se dispuso que 300 efectivos policiales custodiaran el encuentro futbolístico entre Alianza Lima y Ayacucho FC, por ser un evento de alto riesgo. Esto no es lo sorprendente sino su consecuencia. Según declaró el representante de la Defensoría del Pueblo, el jefe de la macrorregión policial solo dejó un pequeño contingente en la plaza Mayor para vigilar las movilizaciones estudiantiles por el paro (Diario Jornada 2022h). Se registraron atentados a la integridad personal y, por la tarde, aparentemente un grupo de estudiantes de la UNSCH quemó las puertas del rectorado con el objetivo de tomar las oficinas administrativas como protesta ante la exigencia de la salida del rector, Antonio Jerí. En paralelo, los estudiantes que se encontraban protestando indicaron que la huelga podría ser indefinida si las autoridades no se pronunciaban al respecto (La República 2022b). Luego de estas acciones, se registró que aproximadamente participaron 3 mil estudiantes de la protesta y que un grupo ingresó a las oficinas administrativas para dañar o llevarse los bienes de la universidad. Nuevamente se indicó que los responsables de estos actos serían infiltrados, que formarían parte de una campaña de desacreditación para vincularlos con tendencias radicales o subversivas. El presidente de la FUSCH, Juan Carlos Rojas Terres, solicitó a los ministros y autoridades nacionales la atención de sus reclamos: “No nos han atendido, vamos a seguir reclamando en movilizaciones y medidas de lucha hasta resolver el 100 % de nuestras demandas. Si no hacemos protesta a nivel de toda la población, nuestro pedido no va a ser atendido” (Radio Programas del Perú 2022).
Los estudiantes se negaban a acudir a cualquier reunión con las autoridades mientras estas no renuncien a sus cargos. Incluso rechazaron el llamado del Ministerio de Educación mediante el jefe de la Oficina de Diálogo, Arturo Ferro Vásquez, quien citó al presidente de la Federación para entablar una mesa de diálogo en Lima. Aunque el sentido común invitaría a creer que las autoridades se acerquen a los manifestantes, en este caso, ellos esperaban que los alumnos concreten el acercamiento. La situación se mantenía tensa sin obtener algún resultado adicional para los estudiantes. Los reclamos estudiantiles eran respaldados por instituciones como el Gobierno regional, la Prefectura, la municipalidad provincial y los colegios profesionales, pero se criticaba la quema de la puerta del rectorado. Nada era suficiente para que las autoridades universitarias reconocieran sus falencias. Finalmente, el 31 de octubre se declaró el reinicio de las labores académicas de manera virtual desde el 7 de noviembre hasta que las condiciones permitan volver a la presencialidad y se levante la toma de locales. De esta manera, se esquivaba la interrupción de las clases por la toma de locales. También la Asamblea Universitaria aprobó declarar en emergencia académica a la institución educativa. El rector de la UNSCH denunció penalmente al presidente de la FUSCH y a la presidenta del FREDEPA por los delitos de hurto agravado y disturbios durante el segundo día del paro regional (25 de octubre).
El 7 de diciembre se anunciaba el retorno a las clases en la modalidad semipresencial para evitar la cancelación del semestre académico en la universidad. Los desencuentros entre el rector de la universidad y el presidente de la FUSCH persistían: el primero manifestaba que las clases presenciales eran imposibles porque los locales seguían tomados; mientras que el segundo, el representante de la FUSCH, decía que volver a la modalidad semipresencial no tenía sentido si no se facilitaban los chips para celulares que apoyaban en el acceso al internet.
c. Protesta social ante la muerte
Aproximémonos un poco más a otra provincia cercana a la ciudad de Ayacucho, precisamente a 47 kilómetros de distancia. En la ciudad de Huanta, la madre de Daniel Quispe Bautista de 18 años denunciaba la desaparición de su hijo. Tres días después, se conocería que fue asesinado por dos menores de edad, amigos suyos, mientras bebían licor la noche del viernes 25 de noviembre. Su cuerpo fue enterrado al lado de una vivienda abandonada donde fue encontrado por la Policía. Estos detalles se conocieron porque un adolescente de 17 años, otro de los asistentes a la reunión, denunció el asesinato voluntariamente y también fue detenido en calidad de investigado (Diario Jornada 2022i). Los otros dos menores de edad, de 16 y 15 años, hasta entonces señalados como responsables del asesinato, fueron detenidos el 29 de noviembre por la Policía. La situación se agravó debido a que los menores de edad recuperaron rápidamente su libertad por no haber sido detenidos en flagrancia. Miembros de la comunidad de Aycas (en el distrito de Luricocha, perteneciente a la provincia de Huanta) rechazaron esta medida en una manifestación pública ante el local del Ministerio Público y exigían justicia. La tensión se fue incrementando hasta que el local fue tomado y destrozado incluso provocando un incendio. El día jueves 1 de diciembre:
Muchos mostraron su indignación, dado que no sería la primera vez que en la Fiscalía toman decisiones muy cuestionadas y que favorecerían a los investigados en delitos de robo, inseguridad, violación sexual y ahora último un caso de homicidio calificado contra un joven que se ganaba la vida en una tienda de abarrotes (Diario Jornada 2022j).
Esta acción se enmarcó en los dos días de paro convocados por el Frente de Defensa del Pueblo de Huanta. El segundo día del paro, viernes 2 de diciembre, los manifestantes incendiaron dos módulos del Poder Judicial ubicados en distintos puntos de la ciudad y se movilizaron en tanto surgían enfrentamientos con la Policía en la plaza central. Es imposible homogenizar a los participantes y sus acciones porque algunos arrojaban objetos hacia la Policía mientras que otro grupo llamaba a la calma (Diario Jornada 2022k). Los dirigentes y familiares del joven asesinado solicitaban la destitución inmediata de los jueces y fiscales por considerarlos inmiscuidos en prácticas corruptas. El presidente del Frente de Defensa de Huanta, Junior Vega, declaro que
se acató este paro con el respaldo de la población de Huanta y ante la injusticia de los señores fiscales y jueces que no hacen cumplir su trabajo. Cuántos casos están quedando impunes, se tiene que hacer justicia y tenemos que pedir la destitución de estas autoridades, porque no podemos permitir que en nuestra provincia sigan pasando estas cosas (Diario Jornada 2022k).
Asimismo, solicitaban que una comisión de alto nivel se apersonara a Huanta a fin de resolver sus reclamos. El saldo de estos enfrentamientos dejó a dos personas gravemente heridas; uno de ellos era Ciro Cruz Calderón (48 años de edad y familiar directo del joven asesinado) que recibió un impacto de bala en el cuello; el otro, Luis Anderson Huamán Fernández (21 años de edad), fue golpeado por una bomba lacrimógena en la cabeza que le dejó graves lesiones e inconsciente hasta fallecer en los días posteriores. El padre de Luis Huamán declaró a la prensa que su hijo no participaba de las manifestaciones y que le había pedido que fuera a comprar un repuesto en una tienda cuando la bomba lacrimógena le impacta y fue auxiliado por una mujer. La Dirección de Salud informó que se tenía un reporte de 14 heridos tras los dos días de paro. El Diario Jornada del 5 de diciembre reporta que Rolando Rondinel Crispín, Elder Nieto Vargas, Aurelio Orosco Bellido, Teodoro Julito Sayas Padilla y Pelagia Delgado de la Cruz fueron detenidos en flagrancia y serían acusados de ocasionar disturbios en agravio del Estado. Para esta fecha, la Fiscalía Penal de Huanta había formalizado el requerimiento de internamiento preventivo para los dos menores de edad acusados del asesinato. Esta solicitud fue declarada fundada.
Reacciones en Ayacucho ante el estallido social
El 8 de diciembre, distintas organizaciones sociales salieron a marchar por las calles de Ayacucho rechazando el accionar del Congreso de la República principalmente. Aparece en escena la presidenta del FREDEPA, Rocío Leandro, quien señaló estar evaluando con sus bases un paro nacional debido a la crisis.
Nos estamos organizando desde Ayacucho y de otras regiones para tomar medidas a nivel nacional, tenemos en estos días una asamblea general, donde evaluaremos si tomamos o no las calles, porque es el pueblo quien debe hacer respetar las decisiones democráticas y no 120 congresistas (Diario Jornada 2022l).
La opinión pública no compartía totalmente la participación del FREDEPA en este tipo de movilizaciones, pues criticaban su exigencia de una Asamblea Constituyente tal como lo solicitaron durante el paro convocado por los estudiantes de la UNSCH un mes antes. También se ventilaba un claro rechazo a la recientemente juramentada presidenta del país. El Diario Jornada del 9 de diciembre resalta que una organización análoga, el Frente de Defensa del VRAEM, se pronunció mediante un comunicado exigiendo la convocatoria a nuevas elecciones y el cierre del Congreso en tanto no los representa, pero también expresaban su “profundo respaldo al profesor Castillo que fue elegido democráticamente por el pueblo soberano y quien tomó la decisión de cerrar el Congreso, sea esta legítima o no” (Diario Jornada 2022l). Distintos sectores discutían unirse a las manifestaciones; transportistas y comerciantes, por ejemplo.
Durante las movilizaciones en Ayacucho rechazando a la presidenta Boluarte se visibilizaban dos agrupaciones, la Federación Agraria de Ayacucho (FADA) y el Frente Nacional de Conductores y Transportistas del Perú.9 La Federación rechazaba el quiebre institucional en un comunicado donde también responsabilizaban a la derecha política y grupos de poder por esta crisis. Los tres congresistas representantes de la región fueron etiquetados como traidores por no respaldar a Pedro Castillo, pese a que todos formaban parte del partido Perú Libre, partido político de pretensión oficialista. El congresista Alex Flores votó a favor de la vacancia de Pedro Castillo; Margot Palacios, en contra y Germán Tacuri, se abstuvo. Por ello, el representante de la FADA manifestó que:
Es un desastre ver a congresistas que levantan su puno en señal de representar la lucha de un pueblo oprimido, la lucha por los más pobres que votamos por ellos y hoy se comportan como unos perfectos traidores y oportunistas que votaron en contra de un presidente elegido democráticamente y que cumplió su palabra del pedido de miles de peruanos de cerrar este Congreso podrido (Diario Jornada 2022m).
El secretario de defensa de la Confederación Nacional General de Trabajadores del Perú (CGTP), Artemio Arteaga Santiago, anunció que las marchas y movilizaciones continuarían en Ayacucho hasta que se cierre el Congreso y se convoque a nuevas elecciones generales. Asimismo, se evaluaba que una comitiva viaje a Lima para hacer sentir su voz de protesta mientras definirían qué acciones tomar los próximos días. Ya se había convocado a un paro para el 15 de diciembre en la ciudad al cual el FREDEPA manifestó apoyar en una asamblea extraordinaria del Comité Ejecutivo. La Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATE-PERÚ) también se unió a la convocatoria del paro junto con agrupaciones de agricultores y transportistas. Desde las provincias del sur de Ayacucho también se pedía el cierre del Congreso y elecciones generales; el colectivo Renovemos Parinacochas anunció un paro indefinido para el 12 de diciembre. “En coordinación con las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, el día doce de diciembre nos declaramos en paro nacional indefinido, dispuestos a tomar la panamericana Puquio-Lucanas con una sola fuerza de Ayacucho-Sur” (Diario Jornada 2022n). Los dirigentes de la Federación de Productores Agropecuarios del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (FEPAVRAEM) decidían en una asamblea general apoyar una marcha hacia Lima y un paro indefinido desde el 14 de diciembre. Ellos también coincidían en sus pedidos con los demás colectivos. El día 12 de diciembre, la FUSCH emitió un comunicado donde también pedía el adelanto de elecciones y declarar traidores a los congresistas representantes de la región (Diario Jornada 2022o).
El 11 de diciembre del 2022, un grupo de manifestantes tomaron el aeropuerto de Andahuaylas, en Apurímac, para exigir nuevas elecciones (La República 2022c). La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Córpac) informó sobre el cierre del aeropuerto para proteger a su personal. Según el diario La República, diversas organizaciones sociales de la región convocaron a un paro indefinido para el lunes 12 de diciembre y se declararon en insurgencia popular con tres pedidos específicos: renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones. Los manifestantes quemaron los almacenes del aeródromo indignados por la llegada de efectivos policiales desde Lima. Hasta la tarde, los levantamientos en la región daban como resultado 37 heridos, entre miembros de la PNP y ciudadanos. Córpac solicitó refuerzos policiales para liberar a ciudadanos que se encontrarían en condición de rehenes dentro del recinto. El 12 de diciembre, un comunicado de la Dirección Regional de Salud de Apurímac daba cuenta de tres fallecidos: uno de 19 años de edad, otro de 18 y un menor de edad de 15. Ante ello, el Gobierno Regional de Apurímac declaró en alerta amarilla al sector salud, suspendió la atención al público en sus sedes institucionales, pasando a laborar en la modalidad de trabajo remoto y suspendió las labores escolares.
Para el 13 de diciembre, ya se había ratificado el paro en Ayacucho y una marcha hacia Lima, pero aún no se definía la duración del paro. Ese día arribó una comitiva del VRAEM en camionetas a la ciudad de Ayacucho que llamó la atención cuando ingresaron a la plaza Mayor, mientras que otra se dirigió directamente a Lima desde Kimbiri. Sus exigencias eran primordialmente el cierre del Congreso, la convocatoria a elecciones generales y la liberación de Pedro Castillo. La presidenta del FREDEPA, Rocío Leandro Melgar, señaló que tuvieron:
varios acuerdos, donde se ha establecido realizar una marcha a Lima, a través de delegaciones de varios puntos de nuestra región. Mientras que nosotros realizamos una bajada a bases para informar sobre el paro del 15 de diciembre. […] Nosotros no reconocemos este Gobierno, ni al Congreso de la República. Hacemos un llamado a la unidad y nos declaramos en insurgencia permanente (Diario Jornada 2022p).
Precisó que tendrían el apoyo del sector agrario, comercio y otros gremios sindicales. Además, el Diario Jornada reporta que las demandas del FREDEPA eran el cierre del Congreso, nueva Constitución, rechazo a Dina Boluarte, respaldo y liberación de Pedro Castillo. Las marchas se concentraban en la plaza de Armas de Ayacucho y permanecían tranquilas, pero estaban contra las muertes ocurridas en Andahuaylas. Según la editorial del Diario Jornada del 14 de diciembre, entre los manifestantes se pudo identificar a un grupo de reservistas y licenciados de las Fuerzas Armadas que deslindaban de Antauro Humala porque no los representaba. En Puquio, distrito de Lucanas al sur de Ayacucho, se declararon en insurgencia popular y bloquearon la carretera interoceánica con llantas y piedras, pero también hubo enfrentamientos donde voltearon un vehículo mientras que en Cangallo la población salía a marchar a la plaza principal. En la provincia de La Mar, diferentes organizaciones sociales y dirigentes también se declararon en insurgencia popular. La Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Cachi, clase A (JUSHMCCA), también se sumaría al paro del 15 de diciembre, a la vez que pedían declarar personas no gratas a los congresistas de la región. Esta junta de regantes acató un paro de 48 horas semanas antes debido a que el Ejecutivo (entonces a cargo de Pedro Castillo) no atendía sus principales demandas (Diario Jornada 2022p). La tensión seguía escalando en la ciudad y uno de los menores de edad (de 13 años) herido de bala en los enfrentamientos en Apurímac fue trasladado al Hospital Regional de Ayacucho.
El Gobierno central declaró en estado de emergencia a toda la nación por 30 días desde el 14 de diciembre, debido a las protestas y manifestaciones. Sin embargo, la presidenta del FREDEPA interpretaba dicha decisión como una provocación a la población.
El Gobierno nacional piensa que con esta disposición van a callar al pueblo, que deje de marchar y levantar su voz. Lo único que están haciendo es que agite más la reacción de nuestro pueblo. (…) El pueblo no eligió a Dina Boluarte, sino a Pedro Castillo, que durante todo este tiempo no se le ha permitido trabajar y siempre se le ha puesto trabas. (…) No podemos decir si es vandalismo o no, pero es la expresión del pueblo, que ya no saben cómo reclamar. Si hay reacciones por otro lado, tendremos que controlarlo hasta donde podamos, porque hay veces que la situación no puede controlarse, se cometen excesos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en estas manifestaciones también hay infiltrados y nosotros estaremos alertas a estos temas (Diario Jornada 2022q).
Ante la convocatoria al paro en la región, la Prefectura Regional convocó a una reunión del Comité Regional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales junto con la dirigencia del Frente de Defensa de Ayacucho (FREDEPA), la Federación Universitaria San Cristóbal de Huamanga (FUSCH), la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Ayacucho (JUDRA) y la Federación Agraria Departamental de Ayacucho (FADA). Esta reunión se realizó el 14 de diciembre, pero solo asistieron los representantes de la FADA. La mañana del jueves 15 de diciembre se confirmó que personal del Ejército impedía el ingreso de un grupo de manifestantes a la plaza Mayor. Ellos se encontraban en el cruce de los jirones Asamblea y Bellido. Sucedía lo mismo en los alrededores del aeropuerto por las sospechas de que se replicaría el intento de toma del aeropuerto como en Andahuaylas. El general de la Policía, Antero Mejía Escajadillo, informó que las movilizaciones se desarrollaban pacíficamente y que sí se había permitido el ingreso a la plaza. Sin embargo, a las 13:22 horas se informó de un enfrentamiento en los alrededores del aeropuerto. El gerente de Seguridad Ciudadana de Huamanga informó que la marcha fue pacífica salvo el ataque al local de la compañía de teléfonos Movistar, ubicada en el cruce de los jirones Asamblea y Mariscal Cáceres.
Asimismo, Alcides Ñaña Luján, alcalde del distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, indicó que el personal militar estaba retrocediendo y arrojando bombas lacrimógenas desde helicópteros. Del mismo modo, detalló que alrededor de las 13:30 horas, cuando personal militar y representantes de la población dialogaban, un grupo de 1600 pobladores ingresaron a la pista de aterrizaje, donde intercambiaron gases lacrimógenos y piedras, tan igual como ocurría en la vía de Evitamiento. María Luz Palomino Prado, alcaldesa del distrito de San Juan Bautista informó que la marcha se estaba llevando a cabo de manera pacífica, cerrando las avenidas Cusco, Américas, Nicaragua, Venezuela, Francisco Bolognesi, Meléndez y zonas como Capillapata, Los Olivos y Américas (Defensoría del Pueblo 2023, 33).
El Ministerio Público tampoco tenía conocimiento de detenciones relacionadas con las manifestaciones, pero sí conocía de piquetes en distintas locaciones de la ciudad. Más tarde las movilizaciones eran reprimidas con mayor fuerza. A las 15:33 horas se reportaba un primer fallecido y decenas de heridos. Por su parte, el alcalde del distrito Andrés Avelino Cáceres informó que se estaban arrojando bombas lacrimógenas a los domicilios de los vecinos, y que se escucharon disparos. La Defensoría del Pueblo reportó la pérdida de 10 vidas humanas en Ayacucho como resultado de los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y la ciudadanía (Defensoría del Pueblo 2023, 30). Ocho de los fallecimientos se produjeron el día 15 de diciembre, mientras que la novena víctima falleció el día 17 de diciembre. La décima víctima falleció el 21 de diciembre, tras haber ingresado al hospital el día 15.
La Fiscalía inició una investigación para determinar cuál fue la responsabilidad de los jefes militares y policiales en los sucesos del 15 de diciembre del 2022, en Ayacucho, donde murieron 7 de las 10 personas fallecidas durante esa violenta jornada. La fiscal Karen Obregón Ubaldo se apersonó al Hospital Regional de Ayacucho para tomar las manifestaciones de cuatro heridos de gravedad, producto de los enfrentamientos. El equipo de la Fiscalía recogió 18 casquillos de bala entre la avenida Ejército y la Vía de Evitamiento (vías aledañas al aeropuerto), y otros tres en la zona arqueológica de Conchopata.
El Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) se pronunció en un comunicado expresando su malestar por los 7 fallecidos y pidiendo una exhaustiva investigación. En el segundo párrafo del pronunciamiento señalan: “Responsabilizamos de las cinco muertes y 52 heridos a la señora Dina Boluarte y los ministros del Interior y Defensa, respectivamente, quienes deben renunciar inmediatamente al cargo”.
En esa misma línea, el gobernador electo Wilfredo Oscorima Núñez publicó un pronunciamiento lamentando los excesos de violencia y las muertes, pidiendo una investigación para identificar a los responsables, haciendo un llamado a la calma y exigiendo la convocatoria a elecciones generales como salida a la crisis política (Diario Jornada 2022r).
Aunque en distintos momentos e intensidades, hemos podido notar la presencia del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho en las tres protestas descritas. Por ello, resulta importante indagar en este actor colectivo que parece disputar la representación y liderazgo de la protesta social de la región. En el siguiente apartado, conoceremos un poco más sobre el surgimiento de este Frente, su desenvolvimiento y permanencia en la ciudad de Ayacucho principalmente.
Orígenes del FREDEPA y su importancia en la organización social ayacuchana
Para entender el surgimiento del FREDEPA, debemos retroceder a la década de 1960 dentro de la ciudad de Ayacucho, entonces en expansión. El crecimiento de la ciudad fue una de las consecuencias de la reapertura de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) en 1959, la que atrajo a muchos jóvenes de distintas provincias y departamentos aledaños. Gran parte de la población ayacuchana centró su atención en la UNSCH como cuna de profesionales nativos que planteen soluciones a los problemas locales (MOHANA 2001). De esta manera, a la antigua composición social de la ciudad se sumaron los migrantes rurales y urbanos. Este grupo de foráneos se estableció en la ciudad para cursar sus estudios profesionales o trabajar en la universidad, de tal manera que engrosó la cantidad de habitantes y avivó la dinámica económica, social y cultural. Por ello surgió un sector económico que ofrecía alimentación y posada a los estudiantes para los que la ciudad no estaba preparada. Esta ola migrante también expandió la urbe notablemente entre las décadas de 1960 y 1970.
En la década del sesenta, con mayor incidencia se consolidan los barrios ubicados en los sectores periféricos de la antigua ciudad colonial y sus primeros barrios, muchas familias se han instalado sobre terrenos libres que hasta entonces tenían la condición de eriazas e improductivas, tierras de propiedad fiscal. Uno de los primeros asentamientos humanos formados por posesión de tierras de propiedad fiscal fue el barrio “Las Maravillas” en el año 1960. En esa década se afianza la formación de los asentamientos humanos (Ríos Carmen 2020, 73).
Hasta 1960, el Cercado de la ciudad y Carmen Alto eran los únicos distritos en la provincia de Huamanga, a estos se sumó el distrito de San Juan Bautista en el mismo año. Carmen Alto y San Juan Bautista están ubicados al sur del Cercado y fueron los distritos más dinámicos debido al comercio y beneficio de ganado (Gonzales Carré, Gutiérrez Gutiérrez y Urrutia Ceruti 2020, 161). La mayor zona para una posible expansión urbana era Pampa del Arco (al este de la provincia), cuya área superaba las 150 hectáreas. Este terreno pertenecía mayoritariamente a los herederos del doctor Carlos Montes de Oca y luego fueron transferidos a la UNSCH. Posteriormente surgieron asociaciones de vivienda como Pampa del Arco, Progreso, 11 de Abril (1974), Basilio Auqui (1973-1975) y Chaqui Huayqo (1975); también barrios como La Libertad, Yuraq Yuraq, Barrios Altos, León Pampa, Nazarenas, Santa Bertha y Vista Alegre (reubicación de invasores al cerro La Picota en 1974), Rudaqasa (todos al oeste de la provincia). Es en esta época que se descentralizaron los organismos del Estado con un despliegue de burócratas en las ciudades capitales de cada departamento: “En la década de los setenta, también buscaban residencia dentro de la ciudad, empleados y obreros para la ejecución de varias obras de infraestructura, con motivo del advenimiento del sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho” (Ríos Carmen 2020, 56).
Algunos de estos empleados pertenecían al SINAMOS, a la Dirección Regional de Agricultura, a la Dirección Regional de Vivienda y Construcción, al Banco Agrario. Trabajadores docentes y administrativos de la UNSCH junto con burócratas estatales habitaron las urbanizaciones EMADI, Jardín y Mariscal Cáceres desde la mitad de la década de 1970 (Béjar Romero y Pereyra Chávez, 2006, 165). Este incremento de población planteaba el reto de dotar de servicios básicos como agua, luz y alcantarillado para la ciudad (un problema que tomó tiempo en solucionarse incluso para las áreas urbanas consolidadas), y para las nuevas zonas habitadas o invadidas. En tanto el servicio de residencia implicaba la modificación de las viviendas coloniales, también se buscaban soluciones alternas. Debido a esto se suscitaron reuniones de coordinación entre distintos comités centrales (base de una organización social en cada barrio). Estas coordinaciones se realizaron en:
un congreso los días 19 y 20 de diciembre de 1964, con la finalidad de tratar problemas generales como el mejoramiento de la vida económica del poblador, el aspecto cultural y social, sobre la salud, igualmente tratan sobre la búsqueda de alternativas para la solución del problema de la vivienda en los barrios marginales, los equipamientos necesarios para la educación, instalación de agua, desagüe y luz, mejora de los servicios para la salud de la población entre otras demandas (Ríos Carmen 2020, 75).
La organización del congreso propició la conformación de la Federación de Barrios de Ayacucho (FBA) por iniciativa del Comité Central del Barrio Maravillas (Gonzales Carré, Gutiérrez Gutiérrez y Urrutia Ceruti 2020, 165). La antropóloga Mercedes Crisóstomo (2012, 68) relata que, tras una conversación con Ignacio López, este le comentó que el primer congreso contó con la presencia de bases organizadas de los barrios de San Juan Bautista, Carmen Alto, Puka Cruz, Belén, Santa Ana, Las Nazarenas, La Libertad y Maravillas. Una victoria de estas coordinaciones fue la promulgación de la Ley N.° 15661, conocida como la Ley de Laderas de la Ciudad de Ayacucho (15 de octubre de 1965), pues fue emitida solo para esta ciudad. “Luego de más de cuatro siglos, el Municipio pierde el derecho de propiedad de las laderas, que habían alimentado los fondos del Cabildo y luego de la Municipalidad.” (Gonzales Carré, Gutiérrez Gutiérrez y Urrutia Ceruti 2020, 166). Con ello se beneficiaba a todos los residentes en las nuevas zonas de la ciudad, pues reconoció a los ocupantes como propietarios, también reguló la dotación de servicios y la construcción de las vías para el transporte de vehículos. La contraparte de la ley fue que los propietarios no podían subdividir sus lotes, tampoco tener lotes en otros barrios. El incumplimiento de estas normas conllevaba a la pérdida de derechos sobre el lote.
Al calor de esto cambios y cuatro meses después, el 13 de abril de 1966 se fundó oficialmente el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho,10 que tenía como principal organización de base a la Federación de Barrios (FBA) y como primer presidente al profesor Máximo Cárdenas Sulca (Crisóstomo Meza 2011, 76). Sin embargo, el Frente llegó a agrupar a más organizaciones de artesanos, docentes universitarios, profesores de colegios, choferes, trabajadores del mercado, campesinos y hasta la Federación Universitaria de la UNSCH (FUSCH, creada en 1960). Este Frente de Defensa fue el primero de su tipo en constituirse en todo el país y proponer un amplio pliego reivindicativo regional como mayor presupuesto para la universidad, solución para la escasez de agua, electrificación urbana, vivienda y títulos de propiedad (Gonzales Carré, Gutiérrez Gutiérrez y Urrutia Ceruti 2020, 169; Crisóstomo 2012, 46). Durante la fundación se elaboró un estatuto que fue destruido en la década de 1980. Crisóstomo (2011, 87) señala que el Estatuto, la organización y los discursos del FREDEPA estaban influenciados en su nacimiento por el marxismo-leninismo preponderante en la época y en la región.1111 Además, esta antropóloga señala que la trayectoria política del FREDEPA se vincula fuertemente a la vida de esta localidad. Por ello identifica seis etapas de su historia:
La etapa formativa (1964-1966) o momento de fundación a partir de la Federación de Barrios (representado por Máximo Cárdenas Sulca). La FBA comenzó a intermediar exitosamente en demandas salariales de un grupo de obreros, por lo que consideraron formar un Frente que canalizara demandas más allá de la agenda urbana (titulación y saneamiento básico). Entonces surge el FREDEPA para solicitar el incremento de rentas para la UNSCH. Por entonces el FREDEPA lograba convocatorias exitosas y masivas:
La etapa de consolidación (1967-1969) como organización que representa los intereses de los sectores populares de Ayacucho. En este periodo notamos mayor formalidad en los medios para reclamar porque se plantearon demandas al Gobierno local y nacional mediante documentos escritos (cartas, memoriales), movilizaciones y el envío de delegados a Lima. Mercedes Crisóstomo (2011) resalta como logros en este periodo la consecución de la reglamentación de la Ley de Laderas (aprobada en 1964), el impedimento de la reducción de rentas para la UNSCH, la derogatoria del Decreto Supremo 006 sobre el cobro en la educación pública para escolares que desaprobaran un curso y la liberación de los dirigentes detenidos durante las movilizaciones de junio de 1969.
La etapa de confrontación y crisis (1970-1975) cuando la FUSCH, el SUTEP y el sindicato de docentes de la UNSCH se constituyen como bases del FREDEPA. Es en esta etapa donde se evidencia una fuerte vena sindical; sin embargo, surgieron los problemas internos, porque existió una puya por el control de la organización al punto de debilitarla. El FREDEPA debatía su independencia operativa manteniéndose como frente o su adscripción al PCP-SL:
La etapa de resistencia (1975-1983) se caracteriza por el alejamiento de las organizaciones universitarias y las bases barriales. El inicio del Conflicto Armado Interno en 1980 propicia que el FREDEPA conforme un Comité de Emergencia y encargue la presidencia del Frente al abogado Mario Cavalcanti Gamboa en 1982. Aunque se hizo público el rechazo a la violencia, los anteriores dirigentes del FREDEPA dejaron de asistir a las reuniones porque eran perseguidos o amenazados por miembros del PCP-SL debido a las discrepancias políticas y el direccionamiento del Frente; también eran asediados por las Fuerzas Armadas debido a la caduca cercanía con Abimael Guzmán en la etapa anterior. Es la etapa en que la agenda del FREDEPA se orienta al pedido de cese de la violencia hasta el pase a la clandestinidad de muchos de sus dirigentes.
La etapa de reconstitución (1999-2002) inicia luego de 16 años de inactividad y la desmilitarización12 de Ayacucho desde 1999. Se formó la Comisión Organizadora de las Organizaciones Populares de Ayacucho, que sería el núcleo para el restablecimiento del FREDEPA. El Sindicato Único de Trabajadores de Educación Peruana, la Federación Agraria de Ayacucho, la Federación de Barrios, los sindicatos de trabajadores del sector salud, de la municipalidad, de la UNSCH, de construcción civil y las asociaciones de mercados fueron las organizaciones que impulsaron la reconstitución (Crisóstomo 2011, 93). En este periodo, el FREDEPA centró sus esfuerzos en recuperar su protagonismo, conservar a los dirigentes de las décadas pasadas y reivindicar su peso en la historia regional. También se resalta en este periodo la influencia en la opinión pública brindando sus críticas al Gobierno de Fujimori.
La etapa de la neo-consolidación (2002-2009). Para Crisóstomo (2011) esta etapa contempla dos momentos. El primero, el Momento de Autoafirmación (2002-2006) sirvió al FREDEPA para convocar a marchas, movilizaciones y paros exitosos que tenían respaldo porque:
Asimismo, el FREDEPA dejó de participar en la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza tras considerar que no tenía injerencia en el desarrollo regional y preferían incidir en el Estado nacional. Algunas demandas de este periodo giraban en torno a declarar a Ayacucho como una región preferente, la construcción de carreteras, pavimentación de las principales vías de acceso, mayor atención a la educación y salud, y un canon gasífero para la región.
El segundo momento, “momento del uso de la nueva institucionalidad democrática”, se caracteriza por un cambio de estrategia. Se priorizó el diálogo y la concertación con los representantes estatales y se dejó de convocar a movilizaciones y paros.
Aunque Meza (2011) analiza el comportamiento del FREDEPA hasta el año 2009, logramos identificar una tendencia en sus estrategias de participación en la protesta social. Dicha estrategia no ha cambiado mucho, lo que cambió son las reivindicaciones y las agendas. También se carece de una claridad para poder describir la organización interna del FREDEPA y sus coordinaciones con otros organismos. Son temas pendientes de estudio y que salen de los límites del presente artículo.
Colofón
Las tres protestas descritas previamente exponen la dinámica local de la política contenciosa. Hemos visto que hay esfuerzos formales y pacíficos (mesas de diálogo, petitorios escritos, plantones, marchas) por posicionar las demandas en la agenda pública, pero pocas veces se llega a una solución óptima o total. La represión de la protesta como una reacción estatal parece un mecanismo institucionalizado de acción frente a la protesta cuando la demanda aparenta imposibilidad de resolución.
Si las marchas y paros son acciones tradicionales que ganan legitimidad entre los grupos de interés, pero son denostadas por el Estado, ¿qué producen estas protestas sociales? ¿Logran encumbrar algún liderazgo?
Desde la literatura sobre los movimientos sociales y protestas, las condiciones políticas para los movimientos sociales se convierten en oportunidades políticas cuando encuentran una apertura para sus demandas. Asi, las dimensiones más importantes de las oportunidades políticas serían i) el grado de apertura del sistema político institucionalizado, ii) el nivel de estabilidad de las alianzas entre élites, iii) la existencia aliados entre las élites y iv) la capacidad estatal o propensión a la represión (Arce 2010, 276).
La protesta social en Ayacucho puede tomarse como un ejercicio de ciudadanía activa en la medida que las demandas atañen a las autoridades locales. Cuando estas demandas exceden las funciones de esas autoridades y se involucra al Gobierno central, deben enfrentarse con un sistema político cerrado. Es ahí donde la represión estatal aparece indicando el fin del diálogo si es que acaso inició en algún momento.
Como se ha observado en la trayectoria del FREDEPA, la política contenciosa en el departamento de Ayacucho tiene amplia vigencia. Esto no quiere decir que la movilización contenciosa garantice la resolución de las demandas. El proceso es más amplio. La protesta social genera actores colectivos que visibilizan una agenda. Aunque las autoridades tengan o no la voluntad de diálogo, siempre quedará pendiente la identificación de interlocutores legítimos para arribar a soluciones, puesto que no es lo mismo ser un líder que un interlocutor. La diferencia reside en la capacidad de decisión que un líder porta. En ese sentido, es importante tensionar el rol del FREDEPA como un actor colectivo que lidera la movilización, la organiza, pero que dicho liderazgo se diluye frente a sus principios de no individualizar responsabilidades. Esto resulta problemático para algunos analistas y los medios de comunicación cuando precisan de un líder bajo los términos más convencionales de una organización política; buscan una persona que responda por todo el colectivo. Perder de vista que un Frente aglutina distintos intereses e ideologías, homogeneizando a sus integrantes, implica otro tipo de reto para los actores estatales. Sin embargo, puede ser una fortaleza del Frente, porque amplifica los tipos de demandas para acoger más apoyo ciudadano.
Conclusiones
Tres movilizaciones contenciosas han sido identificadas para un periodo bien acotado de la última parte del Gobierno de Pedro Castillo. Estas fueron descritas con la mayor precisión y detalle posible para la región geográfica de Ayacucho en la primera parte de este artículo. Se puede avivar un gran debate en torno al apoyo de estas movilizaciones hacia Pedro Castillo, pero queda claro que las tres agendas (acceso a la justicia, educación universitaria y apoyo a la agricultura) reportaron similares resultados. De un lado u otro, se priorizó la confrontación por encima del diálogo; esto se visibilizó en distintos momentos del conflicto. La represión y el uso de violencia desmedido hacia los manifestantes se compagina con la falta de voluntad política para atender agendas urgentes de los gobernados.
Hemos visto en distintas escalas que ante los errores o demoras en los procesos de justicia (caso Huanta), la población exterioriza rápidamente su indignación porque las principales instituciones encargadas de velar por la ciudadanía fallan reiteradamente. Esto también se trasluce para el caso de los estudiantes universitarios de la UNSCH que no llegaron a un acuerdo con sus autoridades y radicalizaron sus peticiones pidiendo incluso la renuncia.
Poniendo en perspectiva la tradición de movilización social (paros, huelgas, marchas), queda en evidencia que pocas autoridades legitiman estas acciones como oportunidades de diálogo y reconfiguración del poder político. En un país fuertemente conservador, también los movimientos contenciosos se resisten a buscar nuevas formas de confrontar el poder y recurren a medidas más extremas para despertar la solidaridad del resto de la ciudadanía.
La existencia del FREDEPA y los mecanismos que permiten la materialización de sus objetivos retratan una manera organizada de actualizar la agenda pública. Sin embargo, faltan estudios para comprender los límites de su accionar y su representatividad en la población. Definitivamente, es fácil identificar en la opinión pública local una polarización cuando se trata de legitimar las medidas que el FREDEPA toma o las agendas que lo moviliza.
Ante el estallido social, se ha discutido ampliamente el problema de la representación. Sospecho que este es un problema teórico más que político. Las dinámicas del FREDEPA demuestran otra lógica organizativa y un desinterés en formalizar una representación (personalización); se representa una agenda y se colectiviza la responsabilidad. Las agendas no se suman. Lo que reclama un grupo después es absorbido por el FREDEPA y se concentra en un reclamo nacional. La teoría busca inagotablemente una representación individual. Cuando se movilizó la población por los fallecimientos durante las protestas, las agendas precedentes se desvanecieron. De esa manera se fortaleció el reclamo del FREDEPA hacia el Gobierno de turno.
La relación entre el FREDEPA y los presidentes de turno parece ser de oposición. Sin embargo, la relación con Pedro Castillo ha marcado una diferencia. Queda pendiente el estudio de esta relación toda vez que las movilizaciones apoyadas por el FREDEPA no mostraban un rechazo al Gobierno sino a dependencias locales.
La política contenciosa es una matriz analítica que brinda más protagonismo a las agendas y su dinámica por encima de la formalidad de quienes la portan. Si vivimos en un país con un alto grado de informalidad y baja institucionalidad, considero importante esforzarnos en abordar los conflictos desde otros lentes para arribar a comprensiones más amplias, empáticas y menos estereotipadas.
