El ciclo de protesta en el Perú (2022-2023)

La transición a la democracia liberal en el 2000 tuvo características particulares. En comparación con otros países en América Latina, a mediados de la década de 1990, no había un sistema de partidos institucionalizado que ordenara la competencia electoral y esto se agudizó en el presente siglo (Mainwaring y Scully 1995, Levitsky 2018). La transición fue precedida por movilizaciones masivas que presionaron a la renuncia del expresidente Alberto Fujimori en el año 2000, tras acusaciones de corrupción, violaciones a derechos humanos y fraude electoral en su intento de ejercer el cargo de presidente de la república por un tercer período. Tras el Gobierno transitorio del centrista Valentín Paniagua (2000- 2001), nueve presidentes han gobernado el país y solo tres completaron los cinco años de mandato: Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), y Ollanta Humala (2011-2016). Sus sucesores han gobernado por períodos más cortos, sin mayorías parlamentarias desde que asumieron la presidencia ni alianzas estables con otras bancadas y con un descrédito popular a la clase política. En particular, el Congreso, es la institución con menos confianza entre la ciudadanía. Como grafica la figura 2, en el 2018, el 62 % de peruanos indicaba que no tenía “ninguna confianza” en el Congreso, incrementándose al 65 % en el 2020.

Fuente: Latinobarómetro

Figura 2 Perú: nivel de desconfianza en el Congreso y el Gobierno⁴  

En este contexto, Pedro Castillo, un profesor de escuela pública rural y sindicalista, fue electo presidente de la república. Su figura adquirió notoriedad nacional en su condición de dirigente sindical de los maestros de la educación básica durante la masiva huelga del año 2017. Castillo fue invitado por la organización política Perú Libre para competir en las elecciones generales del 2021 como candidato a la presidencia. En la segunda vuelta de los comicios, su candidatura enfrentó una campaña de desprestigio que se extendió hacia la prensa. Por ejemplo, un estudio de Caballero Rojas (2023) identifica que la prensa popular recurrió a la ideología anticomunista para atacar a Pedro Castillo, asociando el “comunismo” con la violencia, el terrorismo, la pobreza y contraponiéndolo a la democracia.⁵ Aun así, Castillo venció a Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular por un reducido margen (44 263 votos). Su votación fue mayor entre las poblaciones más marginadas como en las zonas geográficas con mayor tasa de pobreza monetaria, menores niveles en el Índice de Desarrollo Humano y en los distritos con mayor presencia de pueblos indígena; (Jurado Nacional de Elecciones 2021, Castro 2021).

Keiko Fujimori respondió a su tercera derrota electoral consecutiva (2011, 2016 y 2021) denunciando un inexistente fraude y sembrando la duda sobre la integridad de los organismos electorales. En esta campaña, recibió el respaldo político de la élite empresarial, políticos de partidos de derecha como Avanza País y el Partido Popular Cristiano, y medios de comunicación que no mostraron una postura crítica a este invento. Así, un grupo de gremios empresariales y cámaras de comercio emitieron un pronunciamiento afín que señalaba que “La incertidumbre generada por las idas y venidas en el proceso de revisión de las actas electorales, así como interpretaciones restrictivas de fechas y horarios, no pueden anular ni anteponerse a los derechos fundamentales ni a la voluntad popular”.⁶ De otro lado, en mayo del 2021, una encuesta nacional encontró que el 59 % de los peruanos consideraba que “los principales canales de televisión, radio y periódicos nacionales” favorecían una candidatura. En este segmento, el 79 % indicó que favorecían a Keiko Fujimori (llegando al 86 % en la macrozona sur) y el 9 % respondió que favorecían a Pedro Castillo (IEP 2021).

Como otros expresidentes, Castillo no podía gobernar respaldado por un partido ni por alianzas estables. Desde el inicio de su mandato, la oposición en el Congreso de la República fue constante, amenazándolo constantemente con mociones de vacancia por incapacidad moral. Su aprobación tuvo un pico de 31 % en noviembre del 2022, concentrándose en el Perú rural (45 %) y en los niveles socioeconómicos más empobrecidos (38 %), según una encuesta nacional (IEP 2022a).

El 7 de diciembre del 2002, Castillo leyó un discurso en transmisión nacional anunciando la disolución del Congreso de la República y la reorganización de instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. A pocas horas, Castillo fue capturado, acusado de delito de rebelión y conspiración por la Fiscalía de la Nación, y conducido a prisión preventiva. Esa misma tarde, el Congreso aprobó la vacancia de Pedro Castillo. La exvicepresidenta Dina Boluarte había manifestado públicamente su lealtad a Castillo en caso el Congreso consumara una vacancia: “Si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente”.⁷ Sin embargo, asumió el cargo de presidenta con un discurso que no anunciaba una transición con elecciones adelantadas y que fue vitoreado por las bancadas parlamentarias que fueron los principales adversarios del Gobierno electo.

La captura de Castillo y el apoyo de un repudiado Congreso a Dina Boluarte fueron respondidos desde las calles. Desde el mismo 7 de diciembre, algunos grupos en el sur del país se congregaron en plazas y marcharon exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria a nuevas elecciones y a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución. Un sector movilizado también pedía la libertad del expresidente Pedro Castillo y su restitución en la presidencia. Mientras tanto, el Congreso se vio forzado a iniciar el debate sobre un posible adelanto de elecciones, performando debates que no llegaron a ningún acuerdo tras cinco intentos (Colchen, 15 de marzo). En esta coyuntura, el rol de la prensa de la concentración estuvo bajo escrutinio. Algunos carteles de protesta en las marchas cuestionaban el rol de la prensa (“Prensa basura vende patria”, “Prensa no desinformes. Los aymaras no somos terroristas”).⁸ Por otro lado, se reportó eventos de obstaculización a la labor de periodistas durante las marchas, así como daños a los equipos y ataques a las instalaciones de algunos medios de comunicación en Lima, Arequipa y Cusco (CID 2023, Instituto Prensa y Sociedad 2022).

Mientras tanto, las acciones de protesta eran catalogadas como violentas y los protestantes como azuzados por actores externos desde la prensa tradicional.⁹ Aun así, las protestas crecían y ganaban respaldo popular. En una encuesta del 22 de diciembre del 2022, el 71 % de la población manifestó que participarían en una protesta para pedir nuevas elecciones (IEP 2022b). Seis de cada diez peruanos justificaban las protestas; en particular, fuera de la capital, en áreas rurales, entre los más jóvenes y en sectores socioeconómicos D y E (IEP 2023b). El respaldo al pedido de una nueva Constitución alcanzó el 69 %, más que el 47 % registrado en mayo del 2022, previo al ciclo de protestas (IEP 2023a).

Aproximación teórica

El paradigma de la protesta comprende una serie de dispositivos con los que los medios de comunicación marginan o deslegitiman las acciones de los movimientos sociales (Brown y Harlow 2019). De esta manera, contribuyen a fortalecer el statu quo en lugar de cuestionarlo (Kananovich 2022, 5). Desde la academia, se han identificado factores que explican en qué medida los medios de comunicación reproducen este paradigma como la formación profesional que los periodistas reciben en escuelas de periodismo y en las redacciones para identificar lo que vale la pena cubrir (lo novedoso, auténtico y disruptivo), el peso de los intereses corporativos en la producción de noticias, la proximidad geográfica a los eventos de protesta, entre otros factores (McCarthy et al. 1996, Gamson et al. 1992, Sobieraj 2010).

Desde el Perú, se ha producido estudios sobre el tratamiento mediático a episodios como las protestas contra la extracción de recursos naturales y las coyunturas electorales marcadas por la polarización (Angulo-Giraldo y Bolo-Varela 2021, Arrunátegui 2010, Caballero Rojas 2023, Macassi 2015, Montesinos 2019). Desde la perspectiva de los marcos de referencia, Macassi (2015) propone analizar en qué medida la cobertura de diez diarios (cinco nacionales y cinco regionales) a conflictos socioambientales resaltan sus aspectos confrontacionales, desestimando una contextualización de sus causas y priorizando las voces de las élites.¹⁰ En el caso de Conga, Macassi encuentra que el marco predominante explicaba la protesta en una manipulación por parte de los dirigentes a la población o culpaba al exgobernador regional de Cajamarca, Gregorio Santos. El peso del enfoque de asignación de responsables, además, se explica porque este conflicto sucedió durante el primer año de la presidencia de Ollanta Humala, cuya victoria electoral encendió alarmas en las élites económicas (Macassi 2015, 72-73). En el caso de Tía María, la cobertura enfatizó el componente de confrontación, visibilizando hechos de agresión y violencia. Si bien se identificó enfoques de diálogo, que visibilizan los pasos hacia una solución del conflicto, su presencia en la cobertura de ambos conflictos fue minoritaria.

No todas las protestas son susceptibles de ser deslegitimadas, y aquellas que lo son no siempre enfrentan el mismo nivel de deslegitimación. Por ejemplo, el paradigma de la protesta no explica la cobertura a protestas asociadas a ideologías de extrema derecha (De Cillia y McCurdy 2020). En el Perú, el estudio de Angulo-Giraldo y Bolo-Varela (2021) no encontró una cobertura negativa a las movilizaciones contra el expresidente Manuel Merino, cuya presidencia duró cinco días (10-15 noviembre del 2020), tras la aprobación de la vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra. Su análisis incluye 55 portadas de cuatro periódicos (El Comercio, La República, Trome y El Popular). Mientras el primero mostró una postura neutral, los otros tres “resaltaron positivamente las acciones tomadas por los ciudadanos en las marchas” (Angulo- Giraldo y Bolo-Varela 2021, 16).

Aun cuando la cobertura periodística negativa tiene el potencial de influir en la opinión pública y desmovilizar, no siempre lo logra. Varios estudios resaltan la agencia de los protestantes, quienes emplean estrategias para abrirse espacios en medios de comunicación, adaptar tácticas para maximizar su influencia en sus representaciones en medios y producir marcos de referencia para resistir y contrarrestar aquellos elaborados desde la prensa mainstream (Benford y Snow 2000, Waisbord y Peruzzotti 2009). En contextos de conflicto político, los medios de comunicación pueden verse como adversarios de la población movilizada. Por ejemplo, cuando los medios coludidos con el régimen de Fujimori apuntaban contra la oposición en la coyuntura del intento de re-reelección, los protestantes atacaron las estaciones móviles de canales de televisión y a sus reporteros (Conaghan 2002, 121).

Ciertamente, el paradigma de la protesta no es ni generalizable al mercado de medios de comunicación. La prensa mainstream no representa el ecosistema de medios de comunicación si tomamos en cuenta a las organizaciones por fuera del poder concentrado como la prensa independiente y regional. Solo algunos medios de comunicación mantienen relaciones de poder cooperativas con las élites. Siguiendo a Durand (2020), el poder mediático de las corporaciones en América Latina no se puede entender sin sus conexiones con los medios de comunicación a través de mecanismos como el gasto publicitario y las campañas en favor del posicionamiento de agendas de política pública y su influencia en procesos electorales. Bajo esta aproximación que analiza a los medios de comunicación desde su relación con otros actores, Amenta y otros (2019) proponen el “modelo de mediación institucional”. Según este modelo, el tipo de relaciones que tienen las organizaciones de movimientos sociales con otros actores de la política, como los partidos, explica la distinta cobertura recibida (Amenta et al. 2019). Por ejemplo, los contextos partidarios favorables a la protesta amplían la posibilidad de una cobertura sustantiva a los problemas que plantean los movimientos sociales. Este tipo de aproximaciones inscribe al “paradigma de la protesta” en el contexto más amplio de relaciones de poder donde intervienen los medios de comunicación.

La deslegitimación de la protesta se apoya en varios dispositivos. Los medios pueden intentar minimizar la protesta, sugiriendo que no es representativa de la voluntad popular (Kananovich 2022). Cuando la protesta logra una magnitud que no se puede ignorar y que cuestiona los cimientos del poder establecido, como en el caso peruano, esta estrategia es más inviable políticamente. Otros mecanismos incluyen la priorización de las fuentes oficiales por encima de los testimonios y fuentes facilitadas desde los protestantes y terceras partes aliadas (Macassi 2015, Rauch et al. 2007). Además, los medios pueden enfatizar las acciones disruptivas por parte de los protestantes, silenciando las demandas en disputa y valerse de un lenguaje estigmatizante para referirse a los protestantes, incluyendo representaciones criminalizantes y racializadas (Angulo-Giraldo y Bolo-Varela 2021, Arrunátegui 2010, Brown y Harlow 2019, Kananovich 2022).

Metodología

Para este estudio, se seleccionó los seis periódicos impresos de mayor alcance de acuerdo con el monitoreo de medios elaborado por la agencia Reuters (2021): Trome, El Comercio, Perú21, La República, Correo y Ojo. Estos diarios son propiedad del Grupo El Comercio y el Grupo La República. El universo de portadas analizadas comprendió el período entre el 8 de diciembre del 2022 -el día posterior a la toma de mando presidencial por parte de Dina Boluarte- hasta el 7 de marzo del 2023, cubriendo un período de tres meses, a medida que la frecuencia de acciones de protestas disminuía como se aprecia en la figura 3.

Fuente: Reportes de la Defensoría del Pueblo (2022-2023)

Figura 3 Número de eventos de protesta por día (15 de diciembre, 2022-7 de marzo, 2023) 

Aun cuando las portadas no contengan todo el detalle de los artículos de las versiones impresas, constituyen una aproximación de la línea editorial de cada periódico. Las palabras e imágenes incluidas en la portada son el resultado de un trabajo de priorización por parte de los editores de lo que vale la pena mostrar. Asimismo, los titulares en portada suelen tener rebote en otros formatos de noticias como la televisión y la radio. Aunque en menor medida que durante la década de 1990 (Degregori 2013, 124), leer los titulares y ver las imágenes de las portadas sigue siendo una rutina en espacios públicos.

Dentro de las portadas seleccionadas, la unidad de análisis son los titulares que se refieren a la protesta en las portadas de los periódicos de la muestra. Se excluyeron aquellos que, si bien se referían a la crisis política, no describían la protesta en sí. Este abordaje se distingue de otros estudios que han analizado los enfoques periodísticos que abarcan a otros actores como políticos en coyunturas políticas clave (Macassi 2015, Angulo-Giraldo y Bolo-Varela 2021). Por ejemplo, mi análisis excluye las sesiones en el pleno del Congreso donde se discutieron las propuestas de ley para un adelanto de las elecciones generales. El número de titulares para el periodo seleccionado en la base de datos fue de 543. Como se aprecia en la figura 4, los periódicos de la muestra que dedicaron más titulares a las protestas fueron La República (142), seguido de Perú21 (120).

Elaboración propia.

Fuente: Base de datos original

Figura 4 Número de titulares que cubrieron la protesta (8 de diciembre, 2022-7 de marzo, 2023) 

Este artículo se apoya en análisis cuantitativo. Primero, se realizó análisis de texto con ayuda del software NVivo para analizar el perfil de las portadas de cada periódico en la muestra. Se usó la frecuencia de palabras para determinar las palabras más comunes que fueron parte de los titulares que se referían a los protestantes y/o a sus acciones. Luego, en diálogo con la teoría, se consideró las siguientes dimensiones, criterios e indicadores para la construcción de perfiles de cobertura (ver tabla 1).

La primera dimensión se refiere a las palabras para nombrar a quienes protestan. La segunda se refiere a las menciones a las demandas de los protestantes. Para esta dimensión, se empleó una tipología de demandas: adelanto de elecciones, nueva Constitución, renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso, liberación de Pedro Castillo, justicia para las víctimas, por la paz,¹¹ contra el Gobierno y el Congreso. También sistematizamos cómo se describen las acciones de protesta y a qué actores se responsabiliza por el ejercicio de la violencia.¹² Otra dimensión aborda el balance entre las fuentes citadas en los titulares sobre las protestas y, en particular, el peso de las fuentes oficiales sobre otro tipo de fuentes como académicos, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, entre otras.

Finalmente, y por su pertinencia al contexto peruano, se incluyeron dos dimensiones más. Una se refiere a un marco que explica y, en ocasiones, criminaliza la protesta apuntando a un agente externo que coacciona, manipula o compra a gente “inocente” y “azuzada”. El símil contemporáneo de esta estrategia está en el tratamiento periodístico de los conflictos sociales donde se culpa a los dirigentes “antimineros” de generar violencia manipulando a la gente (Macassi 2015, 74; Montesinos 2019, 212). Este marco tiene connotaciones clasistas y raciales, pues niega la agencia política de quienes mayoritariamente participaron en las protestas. También se vincula con el “terruqueo”, una estrategia de deslegitimación que asoció a los participantes de las protestas, y en particular a los dirigentes de organizaciones sociales, como integrantes de organizaciones terroristas. Esta estrategia afecta, en particular, a individuos y grupos que constituyen una amenaza al orden establecido (Mendoza 2022, en Caballero Rojas 2023).

La última dimensión identifica los costos asociados a la protesta. Esto se sistematizó a partir de una tipología: costos macroeconómicos y para la gran empresa, costos para las economías familiares (p. e., pérdida de empleos), costos sociales (p. e., desabastecimiento de gas doméstico, pérdida de clases escolares), caos y violencia generalizada, costos humanos y daños a la propiedad pública y privada. Se estima que, dado que todos los periódicos de la muestra son parte de corporaciones mediáticas, los costos más visibilizados serán los costos de tipo económico. Además, se movilizará el miedo a través de un énfasis en el caos y la violencia generalizada como costos de las protestas.

Tabla 1 Operacionalización del paradigma de la protesta 

En segundo lugar, se empleó un análisis de regresión para evaluar en qué medida hay variables que pueden explicar el mayor o menor recurso a dispositivos de deslegitimación de la protesta en las portadas. Para la variable dependiente, se creó la variable dicotómica “deslegitimizante” y “no deslegitimizante”. Para calificar cada titular, primero se utilizó tres variables que asociamos al “paradigma de la protesta”: adjetivos de connotación negativa para describir a los protestantes (vándalos, radicales, azuzadores), apuntar a un instigador externo que manipula a la gente para que participe en protestas y señalar a los protestantes como únicos perpetradores de la violencia. A partir del resultado de esta codificación, se realizó una inspección manual, confirmando el poder predictivo de las variables preseleccionadas. 84 de 84 titulares (100 %) que apuntan a un agente externo instigador, 145 de 154 titulares (94.2 %) que describen a protestantes utilizando palabras negativas y 204 de 216 titulares (94.44 %) que apuntan a los protestantes como únicos perpetradores de la violencia fueron categorizados como titular deslegitimizante (valor =1). Esto resultó en 249 titulares. El resto de titulares, por defecto, fue categorizado como “no deslegitimizante” (valor = 0). Seguidamente, se realizó una segunda ronda de codificación manual identificando 70 titulares adicionales que, en total, sumaron 320 titulares deslegitimizantes del total de 543 titulares.

Se seleccionó dos variables: afinidad con el Gobierno y el carácter de tabloide. Sobre la primera variable, si bien las versiones más tempranas del “paradigma de la protesta” como McCarthy y otros (1999) consideraban a la ideología de un medio de comunicación como predictor de la deslegitimación de la protesta, versiones más recientes han problematizado esta relación. Más que una ideología estable, por ejemplo, importa la afinidad ideológica de un medio con el Gobierno de turno, que puede influir en una cobertura negativa a una protesta anti-Gobierno (Shahin et al. 2016). En otros estudios se resalta la afinidad ideológica entre un medio de prensa y los protestantes como predictor de un menor recurso a mecanismos de deslegitimación (Kim y Shahin 2020).

En el Perú, ¿los medios de prensa escrita de los grupos económicos son ideológicos? El estudio de José Godoy (2018) sobre el diario El Comercio y su vínculo con la política encuentra cambios en la línea editorial entre 1999 y el 2016. Estos cambios que incluyen ideologías liberales, conservadoras y libertarias se explican principalmente por el papel de sus directores. En segundo lugar, se suma el factor de la defensa de intereses empresariales de sus accionistas. Este factor, argumentamos, es clave para entender la postura del diario hacia un presidente como Pedro Castillo, que en campaña electoral representó una amenaza para la élite económica por levantar propuestas como la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.¹⁴ La investigación de Caballero Rojas (2023) también encuentra que las portadas de Ojo y Trome, dos diarios del Grupo El Comercio, asociaban la posible victoria electoral de Castillo con la imposición de un “modelo comunista” o “chavista” en el Perú. La República mostró un posicionamiento más neutral a la candidatura de Pedro Castillo, señalando, en una editorial, que su voto se construyó desde la esperanza mientras que el voto a Keiko Fujimori se alimentaba del “miedo al comunismo”.¹⁵

Al mismo tiempo, esto implicó que la prensa mainstream no fuera hostil a acciones de protesta que cuestionaron a Pedro Castillo durante su Gobierno, y que se concentraron en la ciudad capital de Lima. Al respecto, podemos mencionar cuando los diarios El Comercio y Perú21 dedicaron portadas más bien celebratorias a las marchas que se organizaron contra el Gobierno de Pedro Castillo (ver figura 5). En ambos casos, se mencionó a los participantes como “ciudadanos” y se enfatizó el carácter masivo de los eventos (“miles”).

Fuentes: El Comercio y Perú 21(6 de abril del 2022)

Figura 5 Portadas de diarios contra el Gobierno de Castillo 

La hipótesis derivada es que los titulares de los periódicos del Grupo El Comercio que mostraron más rechazo al Gobierno de Pedro Castillo, en particular sobre la base de una postura de férrea defensa de la Constitución de 1993, tenderán a deslegitimar más la protesta contra Dina Boluarte en sus titulares, en comparación a La República. Además, se controló la regresión por el formato tabloide que tienen algunos periódicos en vista de que este formato se asocia a un formato más sensacionalista. El formato tabloide se caracteriza por emplear “grandes titulares, poco texto, lenguaje popular y mucha imagen” (Degregori 2013, 114). En cuanto a su contenido, se caracterizan por dedicar un significativo espacio a noticias del espectáculo, deporte e informaciones de hechos de violencia con un sesgo de entretenimiento (Caballero Rojas 2023, 66). Por lo tanto, estimamos que el carácter tabloide de un periódico incrementará las posibilidades de que sus titulares recurran a estrategias deslegitimizantes.

Resultados

En relación con la primera dimensión (quién protesta), encontramos que “vándalos” fue la palabra que más se utilizó para describir a los participantes de la protesta. En todos los periódicos de la muestra, con excepción de La República, al menos el 60 % de referencias a los protestantes tuvo una connotación negativa. El caso extremo es el del tabloide Trome: de un total de 33 referencias a los protestantes en sus portadas, 28 (84.8 %) fueron referencias negativas. Además, fue el único periódico cuyas dos palabras más utilizadas para describir al actor que protesta tuvieron una connotación negativa: vándalos y radicales. En contraste, la palabra más usada por La República para referirse a quienes protestaban fue “aimara”, que denomina a un pueblo indígena y coincide con la autoidentificación de los protestantes, en particular, en algunas regiones del altiplano (ver figura 6).¹⁶

Fuente: Fernández (2023)

Figura 6 Cartel de protesta de un ciudadano aimara contra la prensa peruana 

En general, los periódicos no visibilizaron el contenido político de las protestas. Si bien se ha argumentado que la falta de cobertura a las demandas del movimiento puede deberse a una mayor atención a la represión y persecución contra los actores de movimientos sociales (Amenta et al. 2019, 24), como desarrollaremos más adelante, en el Perú, la prensa de la concentración también invisibilizó la represión e incluso responsabilizó a los protestantes de la misma. Esto puede explicarse, en parte, por el carácter masivo del ciclo de protesta y la claridad de las exigencias desde el inicio. La República fue el periódico que más mencionó las demandas de los actores en protesta (35 titulares de un total de 142 titulares, o el 24.6 %), seguido por Trome (8 de 51 titulares, o el 17.7 %). La República presentó una mayor alineación con la diversidad de demandas expresadas en las calles: 6 de las 8 demandas en la tipología. De igual manera, fue el único diario que reportó eventos donde la gente exigió el cierre del Congreso, denunció la violencia estatal y exigió justicia para las víctimas de la represión. Sin embargo, la visibilización de las demandas también puede ser deslegitimante. Las demandas más invisibilizadas o deslegitimadas por todos los periódicos de la muestra fueron el pedido de una nueva Constitución y la liberación de Pedro Castillo. Por ejemplo, los diarios Correo, Trome y Perú21 deslegitimaban el pedido de nueva Constitución directamente o por medio de la exposición de declaraciones de terceros como un abogado que ha hecho trabajo político contra la Asamblea Constituyente y el jefe de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú.¹⁷

Respecto a las acciones de protesta, los bloqueos de carreteras y las marchas fueron las acciones que recibieron una mayor cobertura. Esto coincide con las acciones más frecuentes, según los registros que la Defensoría del Pueblo publicó desde el 15 de diciembre del 2022: 3465 bloqueos de carreteras y 728 marchas. Nuevamente, la cobertura del Trome se distingue del resto, pues ninguna de las tres acciones de protesta más mencionadas en sus titulares de portada (violencia, ataques, tomas) coinciden con las acciones más frecuentes durante el ciclo de protesta.

Si bien la mayoría de eventos de protesta fueron pacíficos, la Defensoría del Pueblo reportó 34 “enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los protestantes” y 68 “situaciones de violencia” entre el 15 de diciembre del 2022 y el 7 de marzo del 2023. En conjunto, esto representa el 5 % del total de eventos de protesta registrados. Durante las protestas, los protestantes e incluso los espectadores fueron objeto de represión policial y militar. En Ayacucho, existe evidencia que diez personas murieron “por disparos letales de armas de fuego” en distintas partes del cuerpo entre el 15 y 16 de diciembre del 2022 (Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2023, 56). En Juliaca, un reportaje de IDL-Reporteros corroboró información de otras diez personas asesinadas por proyectiles disparados por armas usadas por la policía el día 9 de enero del 2023 (Laura y Prado 2023). Asimismo, el reporte indica que ninguna de las víctimas representaba un peligro inmediato e inminente para la vida de los efectivos policiales.

Del total de menciones a acciones de violencia en titulares de la muestra, cinco de cada seis titulares responsabilizaron a los protestantes como los perpetradores de la violencia. Los casos más llamativos son los de Ojo y Perú21. En el primer caso, 27 de 30 titulares (90 %) se refieren a los protestantes como los instigadores de la violencia. En el segundo caso, 30 de 37 titulares (81 %) lo hicieron. Esto contrasta con los únicos tres titulares en toda la muestra que apuntan a la Policía o a los militares como responsables de la violencia. Todos son del Grupo La República.

En tres de los seis periódicos de la muestra (Perú21, Correo y Ojo), más del 50 % del total de personas citadas corresponden a fuentes oficiales. Un caso particular que se aleja del patrón deslegitimante es el de La República, que incluyó testimonios de familiares de víctimas de la represión estatal en sus portadas.¹⁸ Otro dispositivo de deslegitimación es recurrir a un agente externo como marco explicativo de la protesta. Los agentes azuzadores más comunes a los que se refiere la derecha son la izquierda y, por asociación, el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, organización que declaró la guerra contra el Estado peruano en 1980. Esto se conoce como la práctica del “terruqueo”, una estrategia discursiva de deslegitimación política que asocia a las izquierdas con el terrorismo (Takehara 2021). Cerca del 30 % de los titulares de las portadas del Trome incluyen referencias a un actor externo como terroristas, o al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y a Pedro Castillo.

Fuente: El Comercio (8 de enero del 2023)

Figura 7 Portada de diario que busca deslegitimizar a los manifestantes 

Aunque en menor medida, otra referencia encontrada es aquella que apunta a actores vinculados a las economías ilegales como responsables de las protestas. Este recurso fue empleado por El Comercio, Correo, Perú21, Trome y Ojo. Por ejemplo, la portada de El Comercio del 8 de enero del 2023 señalaba “Azuzadores de protestas en tres regiones tienen nexos con el narcotráfico” (ver figura 7).

El tipo de costos que se asocia a la protesta representa otro posible dispositivo de deslegitimación. Todos los periódicos, con excepción de Peru21, incluyeron los costos humanos (muertes y heridos) entre los dos tipos de costos más mencionados. Todos, con excepción de La República y El Comercio, priorizaron el caos como un costo asociado a infundir miedo, e incluso a alentar llamados explícitos al “orden y la ley” (ver figura 8). Otros costos mencionados son los impactos negativos a la economía de empresas, en particular, de los sectores extractivo y turístico (Peru21 y El Comercio), y los daños a la propiedad pública y privada (La República).

Figura 8 Portada de diario que hace un llamado explícito a poner “ley y orden” 

Tabla 4 Balance cuantitativo en torno al tratamiento de noticias sobre las protestas 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la prensa independiente y la prensa extranjera, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía y los militares fue la causa de las muertes de civiles desarmados (McDonald y Tiefenthäler 2023, Laura y Prado 2023). A partir de un análisis de las portadas al día posterior de los hechos de represión estatal que acabaron con la vida de ciudadanos, identificamos tres tipos de cobertura predominantes en los diarios del Grupo El Comercio, que asociamos al paradigma de la protesta. El primero es la invisibilización de las muertes de civiles, es decir, omitir la información en sus portadas. El segundo, es la visibilización y asignación de responsabilidad de las muertes a quienes protestan. Por ejemplo, en la portada del 13 de diciembre del 2022, tras los hechos de represión estatal en Apurímac y Ayacucho, el diario Correo, incluía en su portada que “al menos cuatro fallecidos en Andahuaylas y otro en Arequipa dejan violentos desmanes”. El tercero es la visibilización y ambigüedad en la asignación de responsabilidad, como la portada del diario El Comercio, del 29 de enero del 2023, que señalaba que “Enfrentamientos en las manifestaciones de anoche dejaron un muerto y varios heridos, según informó la Defensoría del Pueblo”.

Para el análisis cuantitativo, se ejecutó una regresión logística binaria en el software Stata. Este tipo de regresión se usa cuando la variable dependiente es dicotómica. En este caso, los valores son “titular deslegitimizante” y “titular no deslegitimizante”. Los resultados se visualizan en la tabla 5.

Ambas variables independientes resultaron estadísticamente significativas con un intervalo de confianza del 95 %. Los resultados muestran que los medios de comunicación de la concentración y afiliación ideológica con el Gobierno de Dina Boluarte tienden a deslegitimar las protestas 11.8 veces más que La República. Además, los tabloides tienden a recurrir más a titulares deslegitimizantes que los diarios de formato no tabloide. Los medios de comunicación mainstream pueden parecer un tipo de medios homogéneos. Sin embargo, la regresión encontró que hay ciertas variables que influyen en la posibilidad de que un periódico recurra a dispositivos asociados al “paradigma de la protesta” en su cobertura de la protesta contra Dina Boluarte.

Conclusiones y discusión

En el Perú, la prensa mainstream -un sector de mercado hiperconcentrado por los grupos de El Comercio y La República- se ha apoyado en dispositivos de deslegitimación en su cobertura al ciclo de protestas en el Perú (2022-2023). En general, las demandas de los protestantes fueron poco visibilizadas. Demandas como el pedido por una nueva Constitución y la libertad de Pedro Castillo fueron invisibilizadas, o deslegitimadas en sus pocas menciones. Al referirse a la violencia, la mayoría de titulares de los diarios del Grupo El Comercio han apuntado a los participantes de la protesta (cuya descripción más frecuente fue “vándalos”) como los únicos responsables.

El análisis de regresión encontró que un titular de una portada de La República (ubicado al centro en el espectro ideológico y sin formato tabloide) es menos deslegitimizante. El análisis de los perfiles mostró que este fue el único diario que no incluyó palabras estigmatizantes entre las palabras más frecuentemente utilizadas para describir a quienes protestaron contra el Gobierno (manifestantes, aimaras y gente). Fue el periódico que brindó una mayor cobertura a los costos humanos de la protesta desde sus portadas. Empleó una mayor diversidad de fuentes, además de las oficiales, incluyendo citas y paráfrasis a protestantes y familiares de víctimas de la represión estatal.

Respecto del resto de periódicos, hay evidencia no solo de deslegitimación sino también de demonización y empleo del “terruqueo”. Cerca de 1 de cada 3 titulares del Trome se refieren a un azuzador externo que manipula a la gente o financia la protesta. En otros casos como el de Peru21, hay una invisibilización de los costos humanos en una crisis que tuvo el trágico saldo de 49 civiles asesinados. Respecto a la cobertura de la represión al día siguiente del reporte de víctimas mortales en las manifestaciones, los diarios Perú21, Trome, Ojo y Correo redactaron titulares que enmarcan estas muertes responsabilizando a quienes participaron en acciones “violentas”.

Este estudio busca contribuir a una mejor comprensión de las consecuencias del carácter oligopólico del mercado de la prensa en la deslegitimación de la protesta como un derecho humano. Aunque la relación entre la prensa y la protesta es tensa, la investigación en otros países encuentra que también hay casos de apertura de los medios de comunicación a los protestantes. Estos espacios brindan oportunidades para que las coberturas sean más receptivas a las demandas de fondo de los protestantes, especialmente cuando tienen vínculos con la política institucional (Amenta et al. 2019). En el Perú, el movimiento popular no tiene vínculos con los actores de la política institucional. Si bien un sector minoritario del Congreso fue receptivo al pedido de adelanto de elecciones, otro performó que le interesaba obstruyendo esa salida en la práctica mientras que otro, mayoritario, fue funcional al Gobierno de Dina Boluarte.

En este estudio, además de describir los perfiles de cobertura, también encontramos que la afiliación ideológica de cada grupo mediático respecto a la candidatura y presidencia de Pedro Castillo es un predictor de una mayor tendencia a deslegitimar la protesta. A pesar de que la línea editorial de El Comercio desde fines del siglo pasado ha cambiado en función a los cambios de director, llegando a afirmar principios como los derechos humanos (Godoy 2018), la campaña electoral y presidencial de Pedro Castillo representó una amenaza a los intereses empresariales que influirían en su postura para con los protestantes opositores a Dina Boluarte. Una aproximación al peso de lo económico fue la postura editorial que cerraba filas contra la propuesta de Asamblea Constituyente y una defensa férrea de la Constitución de 1993. Otro argumento a favor es que la postura editorial de El Comercio y Trome respecto a las movilizaciones contra Manuel Merino no fue deslegitimizante, según los hallazgos de la investigación de Angulo-Giraldo y Bolo-Varela (2021). En el modelo de regresión propuesto, el formato tabloide como variable de control también importa en una mayor deslegitimación de la protesta. Este puede responder a la mayor licencia de un lenguaje más explícito asociado al formato. En este caso, incluyó titulares con lenguaje coloquial que sirvieron para objetivos deslegitimantes, incluyendo minimizar la protesta (“¿Cuál paro? Fue un parito”)¹⁹ y avalar la represión (“Mano dura contra los vándalos”).²⁰ Los medios de comunicación de la “concentración” son espacios hostiles, estigmatizantes y criminalizantes para quienes protestan. Son parte del poder instituido y pueden facilitar la impunidad.

Este estudio ha estudiado las implicancias de la variedad de oferta de prensa escrita en la tendencia a deslegitimar la protesta. Como vimos en la sección teórica, el quiénes protestan también es un factor importante, aspecto que no hemos analizado como predictor. Como estudios similares en el Perú contemporáneo han encontrado, la cobertura de la prensa a los conflictos sociales tiende a priorizar sus picos de crisis y violencia, y a afirmar la manipulación de la gente por parte de dirigentes o autoridades subnacionales (Macassi 2015). Además, la prensa cumple un rol en la construcción de un “otro”, como anti-desarrollo y adversario de un “nosotros”, que se proyecta en la identidad nacional (Arrunategui 2010, Montesinos 2019). Por ello, las desigualdades estructurales asociadas a relaciones de clase y étnicas también pueden alentar coberturas deslegitimantes. Ello podría explicar, en parte, la distinta cobertura por parte de los mismos medios de prensa escrita a las protestas contra Manuel Merino (Angulo-Giraldo, M. y Bolo-Varela 2021) con respecto a las protestas contra Dina Boluarte.

Un próximo paso es el análisis de otro tipo de medios de comunicación como la prensa independiente (con mayores grados de autonomía respecto de intereses corporativos), la prensa desde regiones (en particular, en las regiones del sur del Perú, con mayores acciones de protesta), la prensa internacional y las plataformas digitales de organizaciones aliadas que participaron del ciclo de protesta y se identifican con sus demandas. Esto permitiría evaluar la extensión del paradigma de la protesta comparando distintos tipos de prensa. Asimismo, en el contexto de agresiones contra los trabajadores de prensa por parte de algunos manifestantes, futuros estudios podrían estudiar cómo los periodistas de distintos medios de comunicación coberturan la protesta, desde su relación con los protestantes y las fuerzas del orden. Otra ruta para futuras investigaciones concierne la receptividad de distintos grupos sociales a marcos mediáticos para representar la protesta. Al respecto, un estudio pertinente es el de Zárate y otros (2023, 46), el cual encontró que la ciudadanía en la macrorregión sur considera que los medios de comunicación, sobre todo en Lima, pero también en regiones, brindan una información sesgada, que no responde a la realidad, discriminadora y sensacionalista. ¿Se traduce la pérdida de confianza en los medios de comunicación en una pérdida de credibilidad y una mayor animadversión contra sus contenidos? Esto requeriría otro tipo de aproximaciones metodológicas como las encuestas y los casi experimentos para medir la resonancia de distintas coberturas de la protesta en la población (Bloemraad et al. 2016).