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La irrupción de la crisis pandémica representa un cambio de ciclo histórico por la forma en que eslabona decisiones públicas y corporativas que se inscriben en la crisis de larga gestación y duración del capitalismo, y en la reconfiguración de este modo de producción y del propio proceso civilizatorio que le caracteriza. Así va perfilando fenómenos inéditos que imponen nuevos desafíos, pero que también abren nuevas oportunidades que obligan a pensar -desde la academia- en torno a las alternativas de sociedad y al diseño de proyectos de nación de cara a los efectos diferenciados de la crisis epidemiológica global.1 De ahí que el reto principal para sociedades subdesarrolladas como las latinoamericanas consiste en abrir renovados procesos políticos y sociales que contribuyan a enfrentar las nuevas desigualdades y que reduzcan los márgenes de la conflictividad y la descomposición social.
Particularmente, naciones como Ecuador y México, regidas -entre otras aristas y pese a sus especificidades y amplias diferencias por la fragilidad o debilidad de sus entramados institucionales y por una subordinación a las condiciones que impone la estructura económica mundial, evidencian con la crisis pandémica la exacerbación de fenómenos como la masiva exclusión respecto a los sistemas sanitarios, el desbordamiento de sus servicios, el hiperdesempleo, la pauperización social y el empobrecimiento de las clases medias, el ensanchamiento de las brechas de desigualdad y las limitaciones para escapar del mantra del fundamentalismo de mercado. Sin ánimo de esbozar generalizaciones para el resto de América Latina -lo cual requiere de un ambicioso proyecto de investigación interdisciplinario que privilegie la comparabilidad internacional-, los supuestos normativos planteados en el presente texto remiten a las especificidades de las realidades ecuatoriana y mexicana de cara a la crisis pandémica. No son extensivos a otros contextos socioeconómicos, sino que se corresponden con el diagnóstico y análisis aquí expuestos. La misma elección de Ecuador y México como objetos de análisis responde a la cercanía de ambos autores con esas sociedades y a las referencias empíricas acumuladas a lo largo de su trayectoria académica.
A partir del preámbulo anterior, cabe plantear algunos interrogantes que permitieron abordar las temáticas expuestas en el presente artículo: ¿Cuáles son las significaciones e implicaciones de la crisis epidemiológica global como hecho social total? ¿Cuál es la magnitud de la crisis multidimensional que se entrelaza con la pandemia y de qué forma impacta en Ecuador y México? ¿Qué tipo de alternativas es urgente plantear en un escenario regido por el consenso pandémico, la preeminencia del miedo y la trivialización de la palabra en tanto fundamento de la praxis política y de los debates públicos? ¿Cuáles serían los fundamentos mínimos que precisan los nuevos discursos normativo/prescriptivos de cara a la incertidumbre y a múltiples crisis aceleradas con la pandemia? Partiendo de estas preguntas, resulta posible señalar que el objetivo general del presente artículo consistió en esbozar una nueva perspectiva de reestructuración y transformación socioeconómica para abatir la reciente crisis, tomando como referencia los casos de Ecuador y México, en tanto dos países latinoamericanos con profundas raíces culturales comunes y que comparten la experiencia -en distintos momentos- de Gobiernos progresistas, aunque en diferentes circunstancias, que enarbolaron ciertos proyectos políticos de reforma social y económica que -pese a ello- perviven en condiciones de subdesarrollo. Durante los últimos años, estas dos naciones se encontraron inmersas en una lucha con más desaciertos que aciertos contra la pandemia del COVID-19. De ahí la relevancia de brindar luz en torno a los cauces que pueden adoptar estas naciones en medio de las crecientes contradicciones y conflictividades que perfila lo que ya se avizora como la era post-pandémica. De lo que se trata es de incentivar -desde la academia- un debate público que pondere, en condiciones de incertidumbre como las impuestas por la crisis pandémica, los alcances y las limitaciones del mercado, el Estado y de la sociedad organizada.
Un argumento fue crucial a lo largo de la investigación que subyace en el presente texto: con la crisis pandémica y sus múltiples impactos y manifestaciones, las decisiones públicas que anteriormente creíamos predecibles, atinadas y efectivas en el nuevo contexto histórico signado por la incertidumbre se tornan insuficientes y carentes de asidero real, obligando ello a pensar en referentes renovados y alternativos que consideren las diversas aristas de la crisis epidemiológica global y que trascienden el fenómeno estrictamente sanitario. En el fondo de todo ello se encuentra tanto el papel del Estado, sus relaciones con el mercado y la sociedad, y el tipo de funciones que adoptaría en la era post-pandémica, así como el rol a cumplir por la propia sociedad y sus diferentes organizaciones en respuesta a esta crisis y a los desafíos que le son consustanciales, particularmente en el mundo subdesarrollo.
Los métodos empleados en esta investigación es el de la comparabilidad internacional, el de la literatura comparada y el propio de la economía política, los cuales ayudan a reconocer la relevancia de los procesos históricos y sus manifestaciones en los fenómenos contemporáneos, así como la relevancia del poder político institucionalizado (entramados institucionales), su incidencia en la acumulación de capital y el carácter complejo de la contradictoria relación proceso económico/naturaleza.2
La pandemia como hecho social total y el pacto social como instrumento de valor económico
La reciente crisis epidemiológica global no es un fenómeno coyuntural ni aislado ni esporádico o efímero que terminará el día en que sea proclamada la demagógica y trivial “nueva normalidad”. Sus impactos persistirán por tiempo indefinido y se irradiarán de manera diferenciada en el territorio según la densidad institucional y organizacional de las sociedades que los experimenten.3 De ahí que resulte preciso asimilar el carácter multidimensional de la pandemia y de la gran reclusión, para dar paso a comprender algunas bases teóricas e ideológicas en torno a la germinación de acuerdos y de un renovado e incluyente pacto social, con miras a transformar las estructuras económicas de las sociedades latinoamericanas en la era post-pandémica.
1.1 La pandemia como crisis sistémica y ecosocietal: la gran reclusión como acelerador de la reconfiguración global del capitalismo
La reciente crisis epidemiológica global no es un fenómeno aislado, ni coyuntural o efímero, ni estrictamente sanitario, sino que se eslabona con un sinnúmero de acontecimientos y procesos gestados a lo largo de las últimas cuatro décadas y que se relacionan con la transformación estructural y organizacional del modo de producción capitalista y con el mismo colapso civilizatorio que conduce o conducirá a perfilar nuevas formas de configuración de las sociedades contemporáneas.4 La crisis de larga gestación y duración del capitalismo se remonta a la década de 1970 y se relaciona con el declive del modelo del crecimiento económico ilimitado, al tiempo que tiene como telón de fondo la crisis de la hegemonía estadounidense como articuladora del sistema mundial, así como la emergencia de nuevos retadores hegemónicos que escapan a los cauces convencionales en que se dirimían esas luchas geopolíticas.
A su vez, la pandemia es un hecho social total, porque sus manifestaciones e impactos inciden en el conjunto de la sociedad a medida que ese acontecimiento detonante o desencadenante trastoca -al magnificarse la incertidumbre- las estructuras, instituciones, estilos de vida, formas de organización y de convivencia en el mundo contemporáneo.5 Tan es así que la pandemia incide incluso en el disciplinamiento de la mente, los cuerpos, la conciencia y la intimidad de los individuos y familias, alterando las formas de convivencia, las emociones y la misma concepción y rituales en torno a la muerte y la enfermedad.
Eslabonada con la crisis estructural y organizacional del capitalismo y de su modelo de crecimiento económico ilimitado, la pandemia es -posiblemente- la expresión más acabada del agotamiento del proceso civilizatorio fundado con la modernidad europea, así como del agrietamiento de la ilusión del progreso, y que se irradiaron por el mundo en un proceso de occidentalización que requirió de la colonización y de la implantación mundial del Estado moderno. La pandemia viene a eclipsar esta semiótica consolidada desde el siglo XIX y a cuestionar el mito del carácter ascendente del progreso, de la misma ideología etnocéntrica del desarrollo, y de la noción de que el mercado se expande de forma irrestricta e ilimitada y que, por tanto, no se encuentra acotado histórica y territorialmente.6
La pandemia es un fenómeno acelerador y condensador de la realidad social a medida que potencia tendencias anteriormente gestadas y en cuanto amalgama múltiples contradicciones y problemáticas que se relacionan con la vulnerabilidad drenada por el capitalismo. De esta forma, la pandemia es un fenómeno epidemiológico, pero también es un fenómeno con aristas y costuras económico/laborales -con la transición hacia un nuevo patrón tecnológico y energético-, políticas -a medida que emerge un nuevo Estado: el Estado sanitizante y se afianzan renovados dispositivos de control-, ambientales, conductuales, emocionales, neuropsicológicas, geopolíticas -al coincidir con la crisis de la hegemonía estadounidense- y geoeconómicas, que se entrelazan y son aceleradas con la gran reclusión, el confinamiento global y las decisiones públicas y empresariales que se corresponden con el origen, comportamiento y gestión de la crisis sanitaria.7 Además, la pandemia es parte de un macro-experimento social orientado a la reconfiguración del capitalismo en la lógica que promueve el Foro Económico Mundial de Davos a través de la narrativa de “The Great Reseat”.8
A grandes rasgos, la pandemia es una expresión de la crisis sistémica y ecosocietal (Enríquez Pérez, 2020b y 2021) y ello se aleja de la narrativa que concibe al capitalismo como un sistema ahistórico, eterno, armonioso e inmutable (el “There is no alternative” proferido por Margaret Tatcher), regido por la utopía del mercado autorregulado. Esta crisis tiene su génesis, en parte, en la entronización del fundamentalismo de mercado como eje rector de las estrategias de política pública y de las funciones e intervenciones del Estado en el transcurso de las últimas cuatro décadas, y que deviene en la mercantilización de las relaciones sociales, en el colapso climático y en la emergencia o transición hacia una sociedad de las vidas prescindibles (Enríquez Pérez 2020a y 2020b).
Las epidemias del siglo XXI (gripe aviar, AH1N1 o gripe porcina, entre otras) se explican por suscitarse en los márgenes de la producción capitalista regida por el neoextractivismo y por emerger en territorios locales y expandirse -a través de las cadenas alimentarias y los patrones de consumo propios de un estilo de vida acelerado- a los circuitos y laberintos de la economía global, teniendo como epicentro del contagio a las megaciudades, las regiones megalopolitanas y las ciudades globales. La imposibilidad de la valorización y reproducción del capital para ampliar indefinida o ilimitadamente sus fronteras gesta contradicciones -no pocas veces irreversibles- en la relación sociedad/naturaleza, así como una fractura o brecha metabólica que, en su conjunto, motivan la proliferación de agentes patógenos que encuentran su correlato en los sistemas inmunitarios debilitados por el mismo patrón alimentario que depende de hormonas de crecimiento acelerado y agroquímicos como el glifosato, empleados en la agroindustria alimentaria global y en la ganadería intensivas.9
De ahí que la pandemia de COVID-19 tendiese a incrementar los riesgos y la vulnerabilidad de las sociedades contemporáneas, y a exacerbar las desigualdades extremas globales. La salud y la vida intensifican sus riesgos a medida que se radicaliza la vulnerabilidad y fragilidad humanas. Y ello ocurre en un momento histórico de creciente inoperancia, ausencias y postración de los Estados. El escenario de un Estado disminuido en sus funciones de bienestar es, a lo largo de cuarenta años, directamente proporcional a la ampliación del poder del capital bajo la égida del fundamentalismo de mercado y el mito de la libertad individual.
La misma erosión de la legitimidad del Estado y de la confianza y la legitimidad que le otorgan a este los ciudadanos contribuye al colapso civilizatorio y a la crisis de la praxis política. Además, la construcción mediática del coronavirus induce la obsesión compulsiva por el dato y entroniza una postura que relativiza la vida humana, normaliza la enfermedad y la muerte. De ahí que el nuevo Estado sanitizante, inspirado en una narrativa preñada por la ideología del higienismo,10 sea un Estado hobbesiano que privilegia la preservación de la integridad física y el alejamiento del peligro por encima de la libertad de los súbditos en aras de dotarse de la legitimidad perdida. Los cimientos erigidos por el ciberleviatán11 se fusionaron con la biopolítica, la bioseguridad, la biovigilancia y la necropolítica. Por ello tendió a afianzarse con la pandemia una especie de régimen bio/tecno/totalitario, dotado de la retórica de “evitar el contagio y salvar vidas”. La sobrevivencia se impone como racionalidad al tiempo que el “nuevo enemigo” (el coronavirus SARS-CoV-2) encubre, invisibiliza y relativiza, a través del velo del miedo y los dispositivos de control, las multidimensionales crisis y sus efectos negativos.
Si el fundamentalismo de mercado ensanchó las desigualdades y la estratificación social, la pandemia mostró el lado más lacerante del capitalismo al radicalizar las contradicciones de clase, raza y género, siendo los principales náufragos los migrantes y amplios sectores de la población mundial que “viven al día” y que laboran en condiciones de informalidad y precariedad, y que al mismo tiempo son excluidos del disfrute de los derechos ciudadanos.
El virus por sí mismo -y contrario a lo que se vocifera mediáticamente- no provocó la crisis de la economía mundial, sino que esta se incubó desde lustros atrás en el contexto de la profundización de las contradicciones sistémicas del capitalismo, en tanto que las decisiones públicas y corporativas consustanciales a la pandemia sí aceleraron esta crisis. Cabe argumentar que la crisis epidemiológica global fue inducida por la modalidad de capitalismo rentista y neoextractivista promovido desde el fundamentalismo de mercado y que desmontó -en menor o mayor medida- los sistemas sanitarios, indujo una privatización de facto de los mismos, y erosionó la dieta alimentaria tras instalar un patrón de consumo que suprime la gastronomía regional, signada por la diversidad de ingredientes, nutrientes y costumbres. Esta alimentación precaria, propia de los estilos de vida acelerados de las regiones megalopolitanas, se relaciona con padecimientos como la mala nutrición, la desnutrición, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, entre otros, los cuales tienden a aumentar la morbilidad -sobre todo en los estratos depauperados-, a debilitar los sistemas inmunitarios y a fragilizarlos ante los riesgos que suponen agentes patógenos como virus y bacterias. De ahí que sea posible plantear que la agroindustria alimentaria global contribuye -entre otras causas- a la génesis de las epidemias contemporáneas; esto es, la zoonosis está detrás de la gripe aviar provocada por el virus H5N1 en el 2003, de la influenza A-H1N1 (gripe porcina) en el 2009, y es probable que el coronavirus SARS-CoV-2 tenga el mismo origen.
En suma, comprender a cabalidad la actual crisis epidemiológica global solo es posible si se comprende, desde la interdisciplinariedad, la lógica contradictoria y disruptiva del capitalismo contemporáneo. Más aún, la crisis sistémica y ecosocietal que se entrevera con la pandemia se comprende de manera más amplia si se estudia el modelo de desarrollo predominante, las políticas públicas que le son consustanciales y las decisiones corporativas que orientan la acumulación de capital. Solo así se contará con una perspectiva medianamente acabada respecto al carácter de la pandemia y la gran reclusión. Este ejercicio no es ajeno a las especificidades propias de sociedades como Ecuador y México.
Los fundamentos teórico/ideológicos de los pactos sociales orientados a transformar las relaciones y estructuras socioeconómicas
Para las sociedades subdesarrolladas con contradicciones socioeconómicas, estructurales, debilidad institucional y carencia de pactos sociales básicos en los distintos ámbitos, la conflictividad y la desigualdad son una constante, en tanto que la estabilidad sociopolítica es un fenómeno esporádico. Para contrarrestar esta tendencia, el orden y la procuración de la estabilidad sociopolítica ameritan de una institucionalidad que inhiba el socavamiento del tejido social; esto es, se precisa de estructuras sociales capaces de conducir y atemperar la relación conflicto/orden/estabilidad sociopolítica, al tiempo que a través de ella se alejen las posibilidades de descomposición social.12
Los enfoques neoconservadores u ortodoxos privilegian al mercado como el mecanismo más adecuado para la asignación óptima de recursos y de la riqueza, al tiempo que se promueve la adopción de un “Estado mínimo” que garantice bienes públicos como el resguardo de la propiedad privada y la dotación de cierto business environment, y que facilite la ampliación del capital privado en el suministro de servicios educativos y sanitarios. Ello con la finalidad de impulsar la construcción de una sociedad y de un proceso económico homogéneos y armoniosos, donde la eficiencia económica, la productividad y la competitividad sean mecanismos cruciales para el mejoramiento de las condiciones de vida entre los individuos y donde se geste y consolide un “orden espontáneo” dado por la sumatoria de las acciones atomizadas del individuo (Hayek 1948) que encaminen -de manera automática- al bienestar social generalizado. El mismo Friedrich von Hayek (1944), en uno de sus libros más emblemáticos titulado Camino de Servidumbre, argumentó que la libertad individual posibilita la civilización -y viceversa-, al tiempo que conforma un principio rector de la acción política que aleja la coacción, y que no es preciso poner en tela de juicio por su propio valor intrínseco. De ahí que el mismo miembro de la Escuela Austriaca rechazase las pretensiones del Estado respecto a su responsabilidad social en materia de subsidiariedad y satisfacción de las necesidades colectivas. A partir de estos planteamientos, Hayek le resta peso al consenso como mecanismo de unidad y cohesión en el marco de las conductas y acciones de los individuos.
Con el ideario de Milton Friedman (1962 y 1980), la libertad individual es sustraída de la praxis política y relegada a los confines del mercado, de tal manera que se apuesta a derribar los obstáculos que la friccionen. El Estado es concebido como el problema y la causa principal de la crisis del capitalismo desarrollado durante la década de 1970. Entonces desde la teoría económica deflacionario/monetarista se arguyó que los mecanismos de mercado, y no el Estado -o los mecanismos políticos-, son los más adecuados para asignar los recursos escasos susceptibles de usos alternativos. Esto significa que la eficiencia económica se logra mediante mercados sin ataduras regulatorias y regidos por la ficción de la intersección de las curvas de la oferta y la demanda. De ahí que se promoviese la creencia de desmontar al sector público para forjar un “Estado mínimo” que no fuese intrusivo en la libertad individual. Se trata de una perspectiva que fue ampliamente influyente en el ámbito del diseño y ejercicio de la política económica, así como en las medidas de austeridad fiscal que, en especial, afectaron la cobertura, atención oportuna y calidad de los sistemas sanitarios en buena parte del mundo.
Es de destacar que quienes se mostraron defensores de este enfoque ortodoxo desde décadas atrás, en momentos de crisis económico/financiera - como la relacionada con la pandemia-, abogan para que el Estado rescate de la quiebra a las grandes corporaciones, bancos y fondos de inversión, en lo que sería una especie de socialismo de los ricos que no rechista en el hiperendeudamiento.
Desde la heterodoxia económica, se argumenta en torno a un Estado interventor orientado a administrar la demanda y a proveer bienes públicos básicos como la salud, la educación y la seguridad, así como para corregir los fallos del mercado y del mismo sector público, regular el proceso económico y ampliar las posibilidades de bienestar social y de lo que es óptimo (Keynes, 1936), y -por último- para gestar mecanismos de regeneración y sostenibilidad ambiental al margen de los imperativos de la oferta y la demanda que se le atribuyen virtuosamente al mercado.13
Particularmente, desde el enfoque neokeynesiano se actualizan y vigorizan los postulados y supuestos planteados por John Maynard Keynes en 1936 (Lavoie 2009). Por ejemplo, Ha-Joon Chang (2007) y Joseph E. Stiglitz cuestionan las directrices del Consenso de Washington que fueron hegemónicas en las décadas de 1980 y 1990, y que desembocaron en las recurrentes crisis financieras relacionadas con la desregulación de los sistemas bancarios y de los mercados de valores. Para Stiglitz, la economía global experimenta un déficit de gobernanza que solo sería remontado a través de la acción colectiva global y con la coordinación o complementariedad entre el Estado y el mercado (Stiglitz 2002). Sin ello, este enfoque considera que no se lograrían abatir las desigualdades acentuadas durante las últimas décadas (Stiglitz 2012), de ahí que se plantease -para el caso de América Latina- la propuesta de un Consenso Post-Washington (Stiglitz 2003).
Respecto a la crisis pandémica, el mismo Stiglitz argumenta que esta es resultado de cuarenta años de neoliberalismo y de la consecuente inestabilidad económica alentada por la desregulación irrestricta (Stiglitz 2021). De ahí que respecto a naciones como México, el economista originario de Indiana recomiende, en principio, contener la crisis sanitaria y luego -en un segundo momento- controlar el panorama económico adverso y propiciar la recuperación económica mediante una política fiscal expansionista, con una racionalización y reorientación flexible del gasto público que tenga el propósito de generar efectos multiplicadores, priorizando -además- el estrechar la brecha de conocimiento entre las sociedades (Stiglitz 2020a y 2020b), atender a los grupos sociales más necesitados y dotar de liquidez a ciertas empresas sin problemas de endeudamiento previo para que no quiebren innecesariamente.
Frente a estas dos posiciones aparentemente irreconciliables, y que a lo largo de los últimos dos siglos se enfrascan en debates teórico/ideológicos interminables e inconclusos, se torna preciso puntualizar y analizar otras contribuciones y reflexiones que aportar a la configuración de pactos sociales apropiados para la dinámica del proceso económico en las sociedades subdesarrolladas. De ahí que se expongan los argumentos y planteamientos de tres perspectivas teóricas contemporáneas que, consideramos, podrían nutrir debates de corte interdisciplinario.
En principio, las teorías políticas de la gobernanza refieren la gestación e irradiación de interacciones entre los actores y agentes estratégicos -sean políticos o socioeconómicos- de una sociedad, y que a su vez cuentan con la posibilidad para modificar las pautas de comportamiento y las reglas, así como para delinear un determinado sentido y cursos de acción en la referida colectividad y en los procesos de planeación. A decir de algunos especialistas, esas interacciones tienden a ser diversas, dinámicas y complejas.14 Esta interacción social entre actores y agentes transita a un proceso realimentado que adoptaría dos vertientes: por una parte, atizar el conflicto social para perpetuar los intereses y privilegios de las élites políticas y empresariales o, por otra, procurar compromisos entre esos actores y agentes. Entonces, si en la gobernanza se trasciende la lógica burocrático/gubernamental y se incorporan actores y agentes no políticos, sino propios del mercado o de la sociedad organizada, cabe postular que los nuevos acuerdos que se perfilen en la era post-pandémica precisan de la concurrencia de ellos. Desde este enfoque teórico es factible trascender la falsa disyuntiva que plantea más Estado (estatocentrismo) o más mercado (ultraliberalismo).
Continuando con estos debates, desde otra perspectiva, la escuela francesa de la regulación argumenta que la acumulación capitalista no se regula a sí misma, sino que precisa de entramados institucionales -lo que sus exponentes definen como un modo de regulación- que, al asimilar las relaciones y arreglos sociales en ciertas formas institucionales, abona a la necesidad de estabilizar el contradictorio proceso económico y a la articulación y cohesión de lógicas e intereses individuales o de grupo, para así contrarrestar sus contradicciones, propiciar el ciclo del capital y gestar las condiciones mínimas para el mismo proceso de acumulación (Aglietta 1976, Bustelo 1994, Boyer 1986). De ahí que el capitalismo requiera para su funcionamiento de un régimen de acumulación y de un modo de regulación. Entonces las instituciones le dan forma al modo de regulación, y este tiene como función facilitar la reproducción y ampliación de un régimen de acumulación de capital. Ambos, en su conjunto, adquieren especificidades en su funcionamiento según la sociedad, la coordenada geográfica y la cultura de la cual se trate. En suma, reivindicar la relevancia de la intermediación de las instituciones más allá del rescate de grandes corporaciones, ya que en un escenario de crisis sanitaria y económica es fundamental la cohesión social para los nuevos pactos sociales que contribuyan a superar esta crisis multidimensional.
El denominado neoestructuralismo latinoamericano, por su parte, introduce en su modelo teórico la noción de sistema económico que, a su vez, toma en cuenta la dimensión política vinculada con los entramados institucionales. Autores como Armando Di Filippo (2008 y 2013) plantean las nociones de sistema económico y de poder, concibiendo a este como poder estructurado o poder institucionalizado. Ello significa que el poder está definido por la posición de los actores sociales en las estructuras y que el poder político y la agenda pública es mediado por el conglomerado de normas sociales estipuladas por las instituciones, y que propiamente en el proceso económico se estructuran como instituciones económicas (contratos, derechos de propiedad, cooperación, reciprocidad, etc.).
Algunas vertientes del neoestructuralismo que aún prevalecen en la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) estudian desde abril del 2020 los impactos de la pandemia del COVID-19 en la región, centrando la atención en el tema de la desigualdad. Los datos de este organismo internacional apuntan a que la crisis social y productiva que se cierne sobre América Latina es la más grave en 120 años, pues aceleró la pobreza, el desempleo y la desigualdad, con el consecuente aumento de las tensiones sociales. De ahí que en sus informes sugiera la adopción de políticas macroeconómicas activas dotadas de estímulos fiscales y monetarios, así como de una fiscalidad redistributiva, combinado ello con la diversificación de la inversión pública y privada, la mejora en la provisión de bienes y servicios públicos, la inclusión digital, la transición a la tecnología 5G y con mecanismos de atracción de inversión extranjera en sectores dinámicos como el de las energías renovables, el farmacéutico y la salud, que en su conjunto sean capaces de generar empleos, aumentar la productividad y procurar la sostenibilidad ambiental. Además, para la CEPAL, vencer problemas estructurales supone afianzar los mecanismos de integración regional y brindar, por parte de los Estados, el llamado piso de protección social de emergencia.15
Este organismo internacional, en sus documentos estratégicos, plantea la urgencia de construir pactos políticos y sociales para responder a la pandemia y a sus efectos múltiples, sin descartar con ellos el impulsar nuevos procesos constitucionales en América Latina. Gestados con la participación de múltiples actores y agentes, estos pactos privilegiarían -a partir de la noción de igualdad- la universalización de la atención sanitaria y de la seguridad social.
En suma, estos distintos enfoques teóricos -con sus contribuciones, alcances y limitaciones- son, a su vez, referentes políticos/ideológicos importantes para pensar en la construcción de un nuevo pacto social en naciones subdesarrolladas como las latinoamericanas en aras de hacer frente a los desafíos que impone la pandemia del COVID-19 y la misma germinación del mundo post-pandémico.
Ecuador y México: los impactos diferenciados de la pandemia y la construcción de alternativas
La crisis pandémica no es lineal ni homogénea en su comportamiento, manifestaciones, impactos y consecuencias, ni tampoco adopta una lógica lineal, sino que es zigzagueante, regresiva y diferenciada.16 De ahí que en la construcción de alternativas coloquemos el énfasis en lo que acontece en América Latina y, particularmente, en dos sociedades específicas como lo son la ecuatoriana y la mexicana.
3.1 El carácter inédito y los alcances de una disrupción múltiple en Ecuador y México
La pandemia de COVID-19 -tras imponer nuevos escenarios- adoptó un carácter inédito en el mundo y, especialmente, en Ecuador y México -en tanto los dos casos seleccionados en el estudio-, de tal modo que se suscitó una especie de “disrupción económica” debido a la magnitud y celeridad de las crisis que se empalmaron, teniendo ello consecuencias manifestadas en la caída acentuada de la actividad económica, así como en el aumento del desempleo y la erosión del bienestar social.17
En el caso ecuatoriano, la economía nacional atravesó por vulnerabilidades desde el año 2015, ello como consecuencia del mínimo crecimiento económico, de la deflación cero o negativa, y de la pérdida de empleos productivos que orilla a la clase trabajadora a la informalidad laboral o al desempleo. El Banco Central del Ecuador (BCE 2021) dio a conocer que la producción nacional disminuyó -7.6 % a largo del 2020; sin embargo, a decir de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI 2020a), la economía del país andino atravesaría una fase de bajo crecimiento del 2.2 % anual entre el 2021 y el 2025.
En el campo laboral, para finales del 2020, la pérdida de puestos de trabajo alcanzó a 400 mil ecuatorianos (5 % de la población económicamente activa, PEA); en tanto que rubros como el subempleo, trabajador no remunerado y otro empleo no-pleno alcanzaron a 5.1 millones de ciudadanos (63 % de la PEA) (INEC 2020). De ahí que la informalidad laboral, debido a su carácter mayúsculo y constante, es desde hace tiempo un problema estructural más no coyuntural. Especialistas como Arias, Torres y Carrillo (2020) señalan que la informalidad laboral fue superior al 70 % entre los años 2007 y el 2019, siendo más acentuada en las regiones rurales tras impactar en actividades económicas como la agricultura, el comercio y la construcción.
Paralelo a lo anterior, con la reducción del empleo formal y el aumento de la informalidad laboral en condiciones de baja productividad e ingresos deprimidos, una de las consecuencias de la pandemia de COVID-19 será la pauperización social de los individuos y familias entre los estratos populares. Más todavía, el indicador de la pobreza por ingresos transitó de 22.9 % en el 2016 al 23.2 % en el 2018, al 25 % en el 2019 y al 32.4 % en el 2020. En tanto que, según datos oficiales, la pobreza extrema promedió 17.3 % del total de la población durante los años 2016 y 2020 (INEC 2020). Según cálculos de la UNICEF (2020), tras concluir el año 2020, la tasa de pobreza aumentaría un 10 %, sumando 1.8 millones de habitantes a la situación de pobres y algo así como 1.4 millones de personas a la situación de pobreza extrema. Ante esto último, el mismo organismo internacional esboza el argumento de que el país andino duplicó la cantidad de años requeridos para abandonar la situación de pobreza transitando de 8 a 19 años.
Respecto al ámbito fiscal, el déficit público, una vez contabilizadas las pérdidas de ingresos fiscales y la urgencia de aumentar el gasto en materia de salud y política social en aras de atender la crisis socioeconómica vinculada a la pandemia, transitó de los -3.200 millones hasta alcanzar los -5.937 millones de dólares al concluir el año 2020. Las mismas fuentes oficiales indican que este déficit fiscal del sector público abrió las puertas para recurrir al endeudamiento público, transitando este de un 10.5 % del PIB en los años 2018 y 2019 al 16 % del PIB en el 2020 (FMI 2021, MEF 2020a). Este aumento de la deuda pública genera presiones adicionales al Gobierno nacional, pues la relación de los pasivos alcanzó el 63.4 % del PIB a principios del 2021 (MEF 2021, FMI 2021).
Por su parte, la fragilidad del sector monetario y financiero se acentuó con el creciente nivel de racionamiento del crédito orientado a la producción, la persistencia de los altos costos del dinero manifestados en el aumento de las tasas de interés, en las altas comisiones bancarias y, más ampliamente, por el limitado acceso de los ecuatorianos a la banca y al financiamiento.18
El financiamiento público deficitario aumentó hacia finales del 2020 al contraer un préstamo de Facilidad de Fondos Extendida para enfrentar la crisis socioeconómica relacionada con la crisis epidemiológica global, así como el garantizar un mínimo de salud en las finanzas públicas. Cabe recordar que esta modalidad de programas enfatiza en el ajuste presupuestario y en el pago del servicio de la deuda pública, por la vía de la disminución de la inversión pública y del gasto corriente. Es de destacar que estos criterios de política económica disminuyen la demanda agregada, de tal manera que ello, al conjuntarse con la restricción monetaria, afecta en el dinamismo económico de mediano plazo.
Anotando una primera conclusión respecto al análisis macroeconómico del Ecuador, la crisis pandémica agravó la recesión económica experimentada desde el año 2015,19 generando, a su vez, una desarticulación de los encadenamientos productivos (UCE 2020) y ampliando los riesgos que recaen sobre la cadena de pagos y el acceso a la liquidez en el propio país (ESPOL 2020). En este escenario, y tomando en cuenta los impactos del programa económico del FMI, tienden a constreñirse los márgenes de maniobra en materia de política económica. No menos importante es el proceso de transición y conflictividad política dado regularmente con el distanciamiento entre las distintas facciones políticas que se despliegan en la Asamblea Nacional.
Por su parte, la nación azteca desde la década de 1980 experimenta una dinámica macroeconómica de estancamiento estabilizador y de desmantelamiento del mercado interno en aras de afianzar una inserción subordinada y dependiente respecto a la economía internacional -principalmente a la economía norteamericana-. La apertura comercial, expresada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en el ahora T-MEC, es el principal instrumento de esta inserción actualizada de México y el condicionante principal de lo que en otro espacio denominamos la urgencia mexicana de pensar con cabeza propia las posibilidades de desarrollo nacional.20 A lo largo de estas décadas, la economía mexicana experimentó la erosión y desarticulación de su mercado interno y de las cadenas productivas, al tiempo que desmontó todo indicio de política industrial y desplegó la vocación del país como plataforma exportadora de insumos maquilados, mostrando como ventaja comparativa los bajos salarios. En estas condiciones, la economía mexicana registró un magro crecimiento económico promedio del 2.31 % entre 1983 y el 2018.21
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año 2019 el crecimiento económico tuvo un comportamiento del -0.1 %, y la contracción alcanzó su punto más alto desde el 2009 con un -8.5 % registrado el pasado 2020. Los factores son múltiples y no se atribuyen exclusivamente a la incidencia de la crisis pandémica y el confinamiento global, sino que responden a tendencias variadas registradas en el mediano plazo y que hunden sus raíces en el predominio de una racionalidad tecnocrática que privilegia la austeridad fiscal y las posturas titubeantes del Estado ante el proceso económico. Además, con el cambio de Gobierno en el 2018, se recrudecen los aparentes enfrentamientos entre la oligarquía rentista y facciones de las élites políticas que se asumen como progresistas; ello pese a que el modelo económico continúa intacto en sus fundamentos.22 Dicha oligarquía decidió no canalizar inversiones a la producción y emprender la fuga masiva de capitales hacia bancos estadounidenses en un orden -según datos de la Reserva Federal de los Estados Unidos- de 21 088 millones de dólares desde el año 2018, para acumular a noviembre del 2020 un total 93 618 millones de dólares. Estas medidas corporativas y tomadas por los propietarios de las principales fortunas solo postergan ese estancamiento económico al caer la inversión productiva privada y al no generarse empleos suficientes.23
El carácter estratégico de la inversión privada es tal porque solo uno de cada siete pesos mexicanos gastados en el aparato productivo corresponden al sector público. Con esto se evidencia la fragilidad, inoperancia y retracción del Estado en el proceso económico y en los sectores estratégicos, así como en las posibilidades de ampliación del bienestar social entre una clase trabajadora aún castigada con los bajos salarios y la informalidad laboral. Es de destacar que las decisiones económico/financieras fundamentales no se adoptan en México y ante ello es extremadamente limitada la capacidad de intervención y operación del Estado, pues esas decisiones responden a la racionalidad de la economía mundial, a los sistemas de la manufactura flexible, y a los fondos de inversión globales y sus megabancos. Lo anterior es parte de la desnacionalización integral24 acarreada desde la década de 1980.
Aunado a todo ello, en medio de la crisis pandémica el Gobierno mexicano actual se suma a las anteriores administraciones al evidenciar incapacidad y falta de voluntad política para impulsar una política fiscal progresiva que grave las fortunas, las herencias y el consumo de lujo (poseídas por el 1 % de la población), así como para reivindicar la relevancia de contar con una política industrial propia que se acompañe de una soberanización científico/tecnológica que abra ciertos márgenes de maniobra y autonomía en esos rubros. Todo ello refuerza el Estado mínimo y postrado, sin capacidades para incidir ampliamente en el proceso económico y sin instrumentos eficaces para regenerar el tejido institucional y contar con mecanismos para hacer frente a la crisis sistémica y ecosocietal que se amalgama con la pandemia de COVID-19.
Las estrategias de política: hacia una agenda económica alternativa y signada por el pacto social
Recuperando los debates teóricos en torno al consenso, el conflicto y la gobernanza, y tras reconocer el carácter disruptivo de las múltiples crisis padecidas en América Latina y que son exacerbadas por la pandemia de COVID-19, uno de los objetivos del presente estudio consiste en esbozar los rasgos generales de lo que denominamos como Agenda Económica Consensuada o nuevo pacto económico que contribuya al logro de cuatro propósitos generales para cada uno de los países referidos.25
Para el caso de Ecuador, destacan cuatro objetivos expustos en la siguiente tabla:
Tabla 1 Objetivos y alcances de una Agenda Económica Consensuada en Ecuador
| N | Objetivos |
| 1 | Estimular la reactivación y recuperación progresivas de la economía nacional, a la par del “aplanamiento” de la curva de contagio de COVID-19 y la adopción de una masiva vacunación de los ecuatorianos. Con ello, la prioridad sería la creación de empleos productivos y bien remunerados; la procuración de la soberanía y la seguridad alimentarias; el equilibrio territorial entre lo rural y el medio urbano; la agregación de valor a través de los avances científico/tecnológicos y los conocimientos ancestrales, y a través de la explotación sostenible de la naturaleza. |
| 2 | Propiciar la eficiencia y sostenibilidad fiscal mediante una asignación ordenada del presupuesto público que suponga: evaluar la orientación y ejercicio del gasto, trastocar la relación entre incentivos tributarios y beneficios (más incentivos a quien genere empleo productivo), combatir la evasión y elusión fiscal, disminuir el gasto fiscal, abatir el contrabando y la corrupción en sus distintas formas, y promover la correspondencia y la relación orgánica entre la política fiscal y los acuerdos para el pacto social, de tal modo que sean garantizado los derechos. |
| 3 | Ampliar y robustecer las redes de seguridad social que garanticen márgenes de bienestar entre los ecuatorianos; ello a partir de un mínimo goce de derechos sociales y la expansión de capacidades, con prioridad en los estratos excluidos y marginados. Para ello será importante la inversión sanitaria y educativa, y la promoción del disfrute masivo y de calidad a servicios públicos que integren a las distintas regiones y territorios. |
| 4 | Acelerar y ampliar un proceso transicional en el medio natural que proteja los derechos de este último a través de la preservación de la flora, la fauna y los recursos acuíferos, así como el impulso de la bioeconomía circular, la matriz energética y de los llamados materiales sostenibles. Para ello será crucial procurar la aplicación y el cumplimiento de legislaciones en materia de actividades extractivas -hidrocarburos, minería legal, entre otras-, y suprimiendo la explotación ilegal de los minerales. Esto bajo el imperativo de la eficiencia productivo/energética que suponga un cambio radical en los patrones de producción y consumo. |
Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación ESQUEL (2020)26
En lo inmediato es preciso atender la crisis sanitaria y revertir las múltiples problemáticas socioeconómicas experimentadas por el Ecuador desde marzo del 2020. En el mediano y largo plazo será necesario impulsar la reestructuración socioeconómica para “no volver atrás” en la atención de los problemas propios de la estructura económica ecuatoriana. Para ello se necesita, en principio, de un plan nacional de vacunación como primera urgencia que anteceda la recuperación de la economía.
En un primer estudio (Álvarez García 2021), se estipuló un conjunto de políticas públicas para cumplir con varios de los objetivos expresados en el cuadro anterior. A saber, estas fueron las propuestas:
Reactivación y recuperación económica con generación de empleo productivo:
Materializar un pacto público-privado entre los agentes bancarios y las entidades estatales reguladoras de las actividades bancario/financieras para adoptar mecanismos técnicos en torno al manejo de las tasas de interés. La finalidad de ello consistiría el asegurar la incorporación masiva al crédito manteniendo en ciertos márgenes aceptables los costes financieros.
Diseñar instrumentos de liquidez y mecanismos de pago electrónico que faciliten, por una parte, la reducción de la demanda de circulante en papel moneda y en metálico, y a su vez promover la inclusión banacrio/financiera de amplios sectores de la sociedad ecuatoriana.
Robustecer el financiamiento orientado a la producción, privilegiando con ello microempresas, medianas empresas, organizaciones de la economía social, popular y solidaria, así como formas de organización de la economía campesina o de autosubsistencia.
Reestructuración de pasivos y deudas contraídas ante el sistema financiero nacional, considerando las nuevas condiciones adversas de los ingresos familiares y de las empresas.
Adoptar estrategias emergentes de encadenamientos, asociatividad, cooperación y emprendimientos en rubros productivos como los insumos, bienes y equipos necesarios en el sector salud; alimentos procesados y naturales producidos en los espacios locales; vivienda, ordenamiento territorial y desarrollo urbano; e innovación informática y tecnológica.
Consensuar y echar a andar una reforma laboral capaz de generar “empleo decente” de largo plazo, y que considere lo siguiente: proporcionalidad en los costos de despido, flexibilidad en la jornada laboral, promoción del teletrabajo con garantías y prestaciones sociales y de salud psicológica, flexibilización en el esquema de aportación a la seguridad social y ampliación de la base de aportantes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Eficiencia y sostenibilidad fiscal:
Adoptar una reforma fiscal integral que trascienda el carácter disperso de los tributos y facilite el eficiente cobro de impuestos, así como la progresividad y equidad tributarias, con especial atención en las fortunas, el patrimonio y las herencias por encima de los impuestos regresivos que recaen sobre el consumo.
Renegociar o condonar -según sea el caso- la deuda pública y su servicio a través de estrategias que no asfixien los presupuestos públicos.
Adoptar un renovado pacto para la descentralización fiscal que privilegie la cohesión intra e interregional, la procuración de servicios, la inversión pública en infraestructuras básicas necesarias, el fomento e incentivos a la producción y la gestión del deterioro del medio natural.27
Incentivar las asociaciones público-privadas que atraigan financiamiento a canalizarse en la obra pública y la apertura de empleos productivos, adoptando para ello criterios horizontales que eviten la opacidad y la corrupción en su manejo.
Evaluación y reestructuración del gasto tributario (aquello que el Estado no recauda como parte de exenciones y deducciones tributarias).
Ampliación y robustecimiento de las redes de seguridad o protección
social:
Reorganizar y reforzar el sistema nacional de protección social para cumplir con dos propósitos cruciales: apoyar a los ecuatorianos más pobres y vulnerables, y proveer servicios y bienes públicos sanitarios, educativos, así como aquellos que procuren una mayor calidad de vida, privilegiando la inclusión, la eficiencia y su provisión oportuna.
Construir plataformas logísticas para la distribución de alimentos, facilitar el disfrute de agua potable y saneamiento, así como de insumos sanitarios a todos aquellos ecuatorianos en situación de vulnerabilidad y exclusión.
Adoptar programas para la atención, prevención y abatimiento de la violencia intrafamiliar, infantil y de género.
Reforzar y consolidar la articulación del Sistema Nacional de Salud.
Ampliar y perfeccionar la conectividad y el acceso a internet, con especial énfasis en los sectores depauperados y excluidos.
Proceso transicional en lo energético y ambiental:
Uso racional de la capacidad instalada en energía hidroeléctrica y creación de programas e incentivos -monetarios e impositivos- para la introducción y/o expansión de las llamadas “energías limpias” y demás procesos preservadores de la naturaleza en el aparato productivo ecuatoriano.
Crear mecanismos que eviten la opacidad en la estipulación de los precios de extracción, procesamiento y comercialización de los energéticos.
Acelerar y acentuar los progresos en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, considerando, a través de una política integral, la disponibilidad de financiamiento proveniente de fondos internacionales.
Introducir el bioconocimiento en la producción agropecuaria y pesquera, en aras de agregar mayor valor y facilitar la diversificación productiva.
Implementar programas de economía circular, ecoeficiencia tanto a nivel de hogares (cocinas inducción, uso de energía solar, etc.), así como en los sectores productivos, especialmente micro, pequeñas y medianas empresas.
Impulsar programas de educación y promoción para un mayor consumo responsable y sostenible de los ciudadanos.
Para el caso de México, una posible nueva Agenda Económica Consensuada podría articularse a partir de varios pilares. A saber, estas son las propuestas:
Un ambicioso programa de construcción de infraestructura que incentive la actividad económica y que se oriente a la vertebración, integración, fortalecimiento y expansión del mercado interno. Aunque el actual Gobierno federal cuenta con proyectos emblemáticos como el llamado Tren Maya, el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, la Refinería de Dos Bocas en el sureño estado de Tabasco y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y pese a que en octubre y noviembre del 2020 se anunciaron 68 proyectos de infraestructura a financiarse con inversión público/privada, es pertinente que se impulse una ambiciosa política de infraestructura que sea intensiva en mano de obra y no en tecnología para reincorporar a millones de mexicanos en condición de desempleo, subempleo o informalidad laboral, y que se acompañe de políticas fiscales expansivas que tomen en cuenta una recuperación substancial del salario y del poder adquisitivo. No es dato menor que en los primeros meses de la pandemia se perdieron, según estimaciones del INEGI, cerca de 12 millones de puestos de trabajo informales y 1 157 000 de empleos formales.
Preciso será que este programa de infraestructura se arraigue en el mercado interno y estimule una irradiación multisectorial, intra e interregional, y que detone vastas sinergias territoriales. No es viable ni provechoso en el mediano y largo plazo que se continúe dependiendo del expediente de las remesas generadas y enviadas por el trabajador migrante que radica y labora en los Estados Unidos, las cuales muestran un incremento sustancial en los últimos años, pero que en el fondo evidencian la estrechez e insuficiencia del campo laboral mexicano. De ahí que una estrategia económica intensiva en mano de obra considere la relevancia de erigir diques contenedores a la migración forzada con miras a aprovechar el bono demográfico dotado de mano de obra joven y en edad productiva.
Generar los consensos entre los actores y agentes estatales, privados y extraestatales para impulsar una reforma fiscal de gran calado que grave a quienes más tienen, y que ello sea el fundamento de nuevas políticas redistributivas. Sin una política fiscal progresiva resulta inviable toda (re)construcción de un proyecto de nación, pero más lo es si los impuestos no se cobran a las fortunas y herencias, así como a las grandes corporaciones nacionales o extranjeras, y si no se sancionan y suprimen los mecanismos de evasión, exención y condonación de tributos. Entre el 2006 y el 2018 fueron condonados más de 21 mil millones de dólares y se beneficiaron a 108 grandes contribuyentes. En materia de evasión fiscal, para el 2020 se registró un monto de 2500 millones de dólares por fraude a través de facturas falsas, siendo sus protagonistas grandes empresas transnacionales. Sin el freno a esa sangría de recursos, el Estado no contará con financiamiento suficiente para contener y revertir su debilidad y postración y para abatir las condiciones de desigualdad extrema exacerbadas con la crisis pandémica.
Un círculo vicioso y pernicioso puede gestarse al contraerse la economía mexicana y al restringirse con ello la recaudación fiscal. Si persiste la dependencia respecto a la producción y exportación de hidrocarburos, y al ampliarse las posibilidades de su agotamiento, son limitadas las posibilidades del Estado mexicano en el aumento de sus ingresos tributarios si no se adopta una profunda reforma fiscal que grave a quienes más riqueza poseen, y cuyos impuestos recaudados se canalicen a la reintroducción de la política industrial y al financiamiento público de la inversión productiva.
El Estado pobre, depredado y fiscalmente débil prevalecerá si no se rompe con la inercia histórica y autoinmoladora de asumir a las élites empresariales como clientelas que brindan legitimidad al poder de las élites políticas, así como con el temor de estas últimas ante una muy posible respuesta virulenta por parte de las oligarquías que controlan la opinión pública a través de los mass media, y del resto de las fuerzas y poderes fácticos beneficiados con el modelo rentista, neo-extractivista y desnacionalizador.
Reestructurar a fondo el sistema de salud nacional para contener la privatización de facto que se cierne sobre él desde hace más de tres décadas, enfatizando en la cobertura universal y en la provisión de servicios oportunos y de calidad. La pandemia de COVID-19 evidenció este rasgo de la desigualdad mexicana: un sistema sanitario en esencia excluyente, precario, expoliado y con servicios insuficientes que no atienden, en condiciones de calidad, enfermedades crónico/degenerativas y otras comorbilidades (diabetes, hipertensión, obesidad, etc.) que potencian el impacto del coronavirus, SARS-CoV-2. La inoperancia del Estado mexicano en su forma más extrema se expresa en la incapacidad para garantizar el derecho a la salud y en el empobrecimiento de las clases populares tras hacer frente a los onerosos gastos cobrados en el sistema sanitario privado. De ahí que sea preciso transformar la institucionalidad y el sentido de las organizaciones sanitarias gestionadas desde el sector público, así como acotar el desbordamiento de la atención sanitaria privada que se encuentra desregulada y al margen del sistema nacional de salud. La relación de los centros de investigación en ciencias de la salud con estos urgentes cambios atraviesa también por regenerar la capacidad del Estado para investigar, diseñar, producir y distribuir vacunas que sean asumidas como bienes públicos al alcance de la población. Sin esa mínima autonomía, persistirá el predomino de las farmacéuticas y laboratorios privados.
Hacer valer el derecho a la salud y a los cuidados supone también una reforma educativa que interiorice en sus contenidos y pedagogías hábitos sanitarios preventivos y regidos por una gastronomía regional que excluya -entre niños y jóvenes- la junk food (“comida basura o chatarra”). Una medicina preventiva por encima de la curativa supone también reivindicar la masiva atención primaria en materia de medicina familiar y comunitaria.
Crear y, en su caso, ampliar y fortalecer una red de protección social mínima que se fundamente en la corresponsabilidad de la ciudadanía, con especial atención en la población económica activa (PEA) empleada en el sector informal y que alcanza a alrededor del 60 % de dicha PEA. Sin políticas sociales redistributivas, toda posibilidad de abatir la desigualdad tiende a diluirse. Una de las razones de ser del Estado consiste en dotar a las poblaciones excluidas de mínimas capacidades cuando el mercado, por sí mismo, no cuenta con los mecanismos de regulación que atemperen la desigualdad. No se trata de reproducir las políticas sociales neoasistencialistas que imperan desde la década de 1990 en México, sino de crear mecanismos de corresponsabilidad entre los ciudadanos beneficiarios y que se apueste con ello a regenerar el tejido social, la densidad institucional y, en general, el espacio público a partir de la creación de ciudadanía y no de clientelas electorales.
A grandes rasgos, las ausencias, debilidad y postración del Estado mexicano queda al descubierto -entre otras razones- con su incapacidad e inoperancia para dirigir el proceso económico y para fomentarlo con principios y estrategias de política pública que no respondan ni se sujeten a las inercias del Consenso de Washington y al neoconservadurismo y disciplinamiento de los organismos financieros internacionales. Con la crisis pandémica, esta lógica heredada del pasado reciente se magnifica y surgen condiciones y escenarios signados por la incertidumbre, y que terminan por comprometer las posibilidades de crecimiento económico y bienestar social. No solo se perpetúa el modelo económico desnacionalizador, neoextractivista, maquilador, desindustrializador, privatizador, rentista y fundamentado en la corrupción e impunidad, sino que son perpetuados el estancamiento estabilizador, la inserción dependiente en la economía mundial, y la racionalidad tecnocrática que inhibe la capacidad de pensar el desarrollo con cabeza propia y a partir de ciertos márgenes de autonomía en la toma de decisiones estratégicas. Esto último se observó en las negociaciones comerciales en la región norteamericana y que desembocaron en el llamado Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), evidenciando con ello que México es incapaz de diversificar sus relaciones económicas internacionales.
Mientras el Banco de México persista en la concepción monetarista que subordina el pleno empleo y el crecimiento económico a la estabilidad de las principales variables macroeconómicas -en lo que también es una falsa disyuntiva con objetivos mutuamente excluyentes-, salir de la crisis pandémica y de sus secuelas económicas se torna lejano y marcha a contracorriente de distintos bancos centrales radicados en el mundo desarrollado que consideran aquellos como objetivos complementarios.
Cabe anotar que erradicar la pobreza multidimensional y la marginación en una sociedad ancestralmente asediada por esos flagelos sociales solo será posible con el socavamiento sistemático, desde el Estado, de las condiciones de desigualdad social y sus nuevas manifestaciones y conflictividades que le son consustanciales. Más todavía, un nuevo pacto social amerita la gestación de mínimas condiciones de justicia social que se cimenten en el impostergable esfuerzo de alterar-trastocar -e incluso revertir- el carácter contradictorio, excluyente y desigual del patrón de acumulación -que en el caso de México se rige por el rentismo, el neoextractivismo, la desposesión, el despojo, la criminalización de los pobres, la superexplotación de la fuerza de trabajo y la transferencia de excedentes- ejercido desde la década de 1980 tras el debilitamiento de la acción colectiva y el declive de lo público. Atender la crisis de Estado28 es un imperativo impostergable frente a la triple crisis que asedia a México: la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis de violencia criminal.
Contrarrestar la desigualdad social no solo amerita del consenso para una reforma fiscal progresiva y redistributiva, se requiere ante todo de una reforma del Estado a partir de un nuevo pacto social capaz de trastocar los desequilibrios de fuerza y las distorsiones entre el Estado, el capital y la fuerza de trabajo. De ahí la relevancia de revertir la inserción desigual en el proceso económico que vastos contingentes de la sociedad mexicana padecen y que los posiciona en los contornos de la marginación, la pauperización y la exclusión social.
Una condición primigenia para procurar el imperativo de la justicia social distributiva en una colectividad excluyente, pauperizada y asediada por los impactos múltiples de la crisis epidemiológica global es la generación de mínimas bases de justicia laboral inclusiva, así como erradicar las condiciones de precarización del trabajo. Ello en el supuesto de que la procuración de empleo productivo decente, dignamente remunerado y dotado de prestaciones sociales es, por sí mismo, la más pertinente política social y la más equitativa distribución del ingreso y de la riqueza.
Si la administración a cargo de Andrés Manuel López Obrador no muestra interés en el contexto de la pandemia por abrir la posibilidad de diseñar y adoptar una actualizada política industrial -o una estrategia de reindustrialización-, vinculada a una política de ciencia, tecnología e innovación que brinde márgenes de autonomía o de soberanización respecto a las decisiones económico/financieras estratégicas, entonces se extravía en el horizonte y se aleja la posibilidad de atemperar la condición de dependencia respecto a la economía mundial, en tanto que la transferencia de excedentes mediante la explotación de la mano de obra barata en territorio nacional -e, incluso, a través de la fuerza de trabajo migrante- y la importación de insumos, productos o servicios acabados y con valor tecnológico agregado continúan. Esto es, son perpetuadas las vulnerabilidades y riesgos de la economía nacional con relación a los vaivenes y turbulencias de la economía norteamericana, el comportamiento de las remesas generadas por las comunidades migratorias, y las divisas que ingresan por el turismo internacional y las exportaciones petroleras, así como las condiciones de dependencia comercial, financiera y tecnológica respecto a los Estados Unidos.
En tanto los salarios deprimidos, la precarización laboral, la cercanía geográfica al mercado estadounidense, el despojo y el fácil acceso a los recursos naturales, y las exenciones tributarias representen los incentivos centrales para la atracción de los capitales extranjeros, la economía mexicana postergará y ampliará la pobreza y pauperización de su fuerza de trabajo, en un escenario histórico mundial signado por la pérdida de poder del salario con relación al capital -especialmente el financiero- y sus beneficios, y en el contexto del actualizado maremágnum que se cierne sobre las clases medias y populares. La gran reclusión vino a exacerbar estas tendencias y a radicalizar sus impactos en el mundo subdesarrollado. El mismo consenso pandémico -en el contexto de la ausencia de cooperación internacional- monotematizó la eventual salida de la crisis sanitaria al privilegiar el tema de las vacunas, pero menospreciando el conjunto de eventos y acontecimientos desencadenados o acelerados con la pandemia.
Lo anterior amerita reconocer en las políticas públicas que la pobreza multidimensional es producida por la desigualdad social y que esta se reproduce y perpetúa entre los distintos ingresos de los hogares, sectores económicos y regiones, como entre los salarios y las ganancias del capital. Si no se reconoce y asimila la histórica estratificación social y la lógica excluyente que asume la nueva división de clases sociales, cualquier estrategia de combate a la pobreza será inviable y sus impactos se tornarán simples paliativos efímeros a manera de apagafuegos en aquellas regiones y territorios constituidos en “focos rojos”. El nuevo pacto social -para el caso de México- precisa de una amplia reforma del Estado que regenere y fortalezca las instituciones, así como de un distanciamiento gradual respecto a las estrategias de apertura económica irrestricta que privilegian las condiciones de la economía internacional; las políticas fiscales contraccionistas y que enfatizan en la disciplina y la austeridad fiscal; y respecto a las estrategias neoasistencialistas que no procuran la corresponsabilidad y la participación de los beneficiarios en la producción, sino la canalización focalizada o universal de transferencias monetarias cuyo único propósito es estimular el consumo familiar y evitar que estos ciudadanos excluidos y marginados no reincidan en la pobreza extrema. En suma, crear un nuevo pacto social -con su implícita reforma del Estado- implica desplegar la imaginación creadora y la capacidad para pensar con cabeza propia las posibilidades y alternativas de desarrollo nacional.
El debate en torno a las posibilidades de nuevos pactos sociales en Ecuador y México
Aquí recuperamos una tesis central de la investigación: con la crisis epidemiológica global se tornó evidente y se radicalizó el colapso sistémico/disruptivo en todos los ámbitos de las sociedades de América Latina y el Caribe. Ante ello, se suscitan condiciones objetivas para esbozar, con mínimas dosis de imaginación creadora, respuestas y alternativas dotadas de un carácter holístico y complejo, y alejadas de criterios parciales, sectoriales o inconexos.
Lo anterior propició la posibilidad de esbozar mínimos fundamentos teórico/estratégicos para la confección de renovados pactos sociales y económicos, apoyados en nuevas agendas de política económica distantes del llamado Consenso de Washington, y que a su vez ameritan la configuración de objetivos, instrumentos y estrategias realizables en el contexto de dos sociedades específicas como Ecuador y México. Distantes dichos pactos de planteamientos maximalistas y sobre-innovadores, pero con la posibilidad real de reconocer y hacer partícipes a los sujetos con derechos caracterizados por su pluralidad y múltiples demandas e intereses. Todo ello adoptando lo que los especialistas denominan como una política económica contingente, regida por la “lógica de lo adecuado y lo necesario”.29 Dicha óptica escapa a las falsas dicotomías incontrastables de “más mercado y menos Estado” o “menos mercado y más Estado”.
Los planteamientos esgrimidos a los largo del presente artículo se corresponden con la necesidad y la posibilidad de confeccionar pactos sociales multinivel entre las sociedades y su característica diversidad -actores, agentes, organizaciones, sectores empresariales y productivos en sus distintas modalidades-, y el Estado en sus diferentes poderes y niveles de la administración pública, con establecimiento de objetivos y metas compartidos que aprovechen las vocaciones territoriales, así como las capacidades endógenas. Más allá de buenos deseos y de retóricas, ello es un imperativo urgente para el caso de los dos países analizados y que se enfrentan a los desafíos que plantea la pandemia.
Cabe anotar también que América Latina es la región del mundo que, de manera acentuada y categórica, en el transcurso de su contradictoria, periférica y dependiente historia, simboliza la desigualdad extrema que caracteriza al capitalismo. Las disrupciones, transiciones y colapsos eslabonadas con la crisis pandémica acentúan esas contradicciones y desigualdades, y postran a sus sociedades nacionales ante una nueva década perdida. En la región la pandemia es algo más que una crisis sanitaria; es un fenómeno derivado de la desigualdad, la pobreza y la pérdida de soberanía en los sistemas alimentarios, así como del achicamiento -por privatización de facto, carencia de inversión, despojo, corrupción y relaciones clientelares- de los sistemas de salud y del socavamiento del Estado, y de sus estrategias desarrollistas y endógenas. El carácter complejo de todos estos procesos conduce a que en América Latina se adopten manifestaciones inéditas y diferenciadas a medida que se profundiza la crisis económica y sus secuelas de hiperdesempleo y pauperización social.
Consideraciones finales sobre la investigación
De cara a la crisis sistémica y ecosocietal o a la crisis disruptiva anudada en la pandemia de COVID-19, sea América Latina en su conjunto o, en específico, sociedades como la ecuatoriana o la mexicana, precisan comprender el carácter complejo y multifacético de esos fenómenos inéditos y, a su vez, pensar y repensar el tipo de respuestas que desde sus particularidades necesitan adoptar más allá del reduccionismo de la pandemia a un fenómeno estrictamente sanitario. Es de destacar que la crisis de la praxis política es parte de un colapso civilizatorio que se exacerba con las problemáticas socioeconómicas y ambientales acaecidas en ambas naciones analizadas; de ahí la urgencia de imaginar renovados cauces para la construcción de pactos sociales.
Las transformaciones que amerita la actual crisis disruptiva suponen trastocar múltiples conductas para enfrentar los impactos y consecuencias de la crisis pandémica desde la sociedad organizada e inspirada en la noción de gobernanza, que genere no solo nuevos mecanismos para enfrentar la crisis, sino que proyecte una realidad distinta en lo que se perfila como la era post-pandémica. Sin voluntad política y sin compromiso de la ciudadanía no habrá salida a la crisis sanitaria. Esta lógica de comportamiento social también se aplica a la economía, para lo cual se requiere pluralidad ideológica, política y ética en aras de resolver sus problemas y los conflictos que le son consustanciales.
Es de destacar que de lo expuesto en el estado del conocimiento se rescata la noción de consenso social en tanto instrumento de valor económico capaz de trascender la vacua retórica de cara a contextos escenarios socioeconómicos inciertos. Aquí aparece el potencial de la interdisciplinariedad: desde la ciencia política se abreva de nociones como gobernanza y poder para comprender el carácter complejo de los entramados institucionales y de los mecanismos de participación social, en tanto que desde la ciencia económica se recuperan conceptos de la escuela francesa de la regulación para comprender las transformaciones contemporáneas del capitalismo y el sentido de las instituciones económicas; y, finalmente, con el neoestructuralismo latinoamericano se comprende que el proceso económico se entrelaza con dimensiones institucionales, políticas y ambientales, regidas todas ellas por lo que denominan como poder político institucionalizado. Estos enfoques teóricos logran trascender el carácter reduccionista de la teoría económica neoclásica que privilegia en sus análisis a un individuo ahistórico, dotado de un comportamiento oportunista y una racionalidad ilimitada. A su vez, con esos cruces entre las ciencias políticas y las ciencias económicas es posible apreciar que todo proceso económico y la sociedad en su conjunto no funcionan sin entramados institucionales, éticos y simbólico/culturales que se diferencian de un territorio a otro.
Debido a la magnitud de la crisis sistémica y ecosocietal que se condensa en la pandemia, y que se territorializa en América Latina de manera diferenciada, urge pensar en ese nuevo pacto social, a fin de trascender el carácter restrictivo y funcional de lo que oficialmente se denominó como Consenso de Washington, del Consenso Post-Washington (Stiglitz 2003) y del consenso pandémico. Reformar el Estado a partir de criterios y especificidades sociales y locales/regionales (armar a un país desde las regiones) es solo una primera fase en el marco de un proceso más amplio de generación de nuevos arreglos institucionales y pactos sociales. El problema mayúsculo consiste en enfrentar el foso y la enorme conflictividad social generada y acentuada con las estrategias de estabilización macroeconómica, privatización, apertura comercial y readecuación de las regulaciones económicas adoptadas en las últimas cuatro décadas; y ello implica revertir las desigualdades y los privilegios arraigados con las políticas inspiradas en el fundamentalismo de mercado y que privilegiaron el desmantelamiento del sector público, la desnacionalización, el rentismo, el neoextractivismo y la reprimarización de las estructuras económicas latinoamericanas.
Trascender estas múltiples disrupciones traslapadas supone para América Latina trascender la perspectiva de que la pandemia es únicamente una crisis sanitaria, o un fenómeno imprevisto (un “cisne negro”) que tomó por sorpresa a la humanidad, o un episodio transitorio, pasajero o coyuntural. Más bien se trata de un hecho social total con impactos estructurales, sistémicos, duraderos y con consecuencias acentuadas y diferenciadas en las relaciones sociales y familiares, así como en las dinámicas y comportamientos individuales, neuropsicológicos y emocionales.30 Todo ello supone también modificar sustancialmente, justo a través de la llamada gobernanza y la acción colectiva organizada, el patrón de producción y consumo, las relaciones de poder y los arreglos sociales en torno a la distribución desigual de la riqueza acentuadas durante el siglo XX y principios del XXI; y ello marcha a la par de la urgencia impostergable de deconstruir y trascender la argucia ideológica que supone la dicotomía Estado/mercado. Estimular la recuperación económica es una primera condición necesaria, pero insuficiente si no se acompaña de una ambiciosa estrategia de ampliación y masificación del derecho a la salud y los cuidados que se dote de una sólida institucionalidad y de presupuestos públicos no sujetos a la austeridad fiscal y a la corrupción y opacidad en su manejo. Restablecer los puestos de trabajo productivos destruidos y crear más es una condición indispensable que requiere de salarios dignos y de la erradicación de la precariedad laboral, y para ello resulta crucial canalizar a esa finalidad el gasto público y abolir o condonar la deuda y su servicio para aquellas sociedades latinoamericanas con Estados y estructuras económicas frágiles. Las políticas fiscales expansivas y los impuestos progresivos son urgentes, pero insuficientes si no se adoptan arreglos y reformas institucionales que propicien el retorno de la política. A su vez, resulta indispensable una mirada sistémica e interdisciplinaria que concilie las dimensiones microeconómica, mesoeconómica y macroeconómica, y que tome en cuenta el sentido de las relaciones de poder y el comportamiento del vigente patrón de acumulación. Solo así será posible reivindicar las especificidades de los espacios locales/ regionales, encarar la era de la incertidumbre acentuada con la crisis pandémica, y atemperar los efectos del colapso civilizatorio contemporáneo y sus impactos territoriales, ambientales y sociales.
La posibilidad de contener o abatir, en las próximas décadas, la pauperización y el deterioro de la calidad de vida en las sociedades subdesarrolladas implica asimilar el carácter inédito y los nuevos desafíos de la era post-pandémica y renovar las posibilidades de intervención el Estado y demás agentes de la gobernanza frente a las consecuencias estructurales de la crisis pandémica. La política del confinamiento global y el hiperdesempleo que derivó de ella se convirtieron en masificadores de la pobreza y la exclusión social, en catalizadores que agravaron las ancestrales desigualdades extremas globales y sus consustanciales conflictividades. Sin una sistemática toma de decisiones multinivel -y entre el sector público, la iniciativa privada y la ciudadanía local/nacional organizada- que enfrenten los retos y avatares del mundo post-pandémico, las políticas y estrategias para incidir en los flagelos sociales se tornarán ineficaces, desarticulados y desanclados de las necesidades locales, regionales y nacionales. El mayor desafío para América Latina de cara al consenso pandémico es el ejercicio constante, creativo y recursivo del pensamiento crítico, el pensamiento utópico y del pensamiento anticipatorio para hacer frente a la crisis de sentido y al colapso civilizatorio que gravitan en las sociedades contemporáneas y, particularmente, en las territorialidades subdesarrolladas.
