Argentina 1969-1976: ¿qué insurgencia obrera?

En esta sección, se presenta una sistematización muy abreviada de las principales manifestaciones de la movilización política¹.

El año 1969 marcó un hito en el proceso de movilización, caracterizado por las acciones insurreccionales en distintas localidades del interior del país. En el «Cordobazo», sin duda el de mayor envergadura, los trabajadores automotrices ocuparon un lugar destacado. Asimismo, en el sector automotriz se produjeron dos importantes conflictos con huelgas de larga duración (40 días en una de las empresas), asambleas masivas, piquetes y enfrentamientos con «agentes de la patronal», etc. En ambos casos, además, se puso de manifiesto la creciente gravitación de sectores «combativos», así como el progresivo recelo de la dirigencia nacional del sindicato hacia estos (en los dos conflictos, el SMATA comenzó acompañando a los trabajadores y terminó cerrándolos unilateralmente, a la vez que denunciando a los sectores más combativos).

En 1970, la CGT declaró, en tres ocasiones, la huelga general y se repitieron las acciones insurreccionales en las provincias. Además, entre los trabajadores mecánicos, se consolidaron y ganaron visibilidad los sectores políticos «clasistas», «antiburocráticos» y «combativos». Por un lado, se organizó la Tendencia Avanzada de Mecánicos (orientada por una de las fracciones del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT-LV), mientras que, por otro lado, en la provincia de Córdoba, estos sectores «recuperaron» la dirección de los sindicatos de las plantas de Fiat (Sitrac-Sitram). En paralelo, se constituyó, a partir de protagonizar un proceso de ocupaciones fabriles, una corriente opositora a la dirección oficial del sindicato.

El año 1971 fue sumamente intenso para estos sectores: participaron junto con el resto de los trabajadores automotrices de Córdoba (y el grueso del movimiento obrero de esa provincia) en los hechos insurreccionales de marzo, conocidos como «Viborazo»; organizaron un plenario de alcance nacional «clasista y combativo»; y, finalmente, en el mes de octubre, el Gobierno de facto de Lanusse canceló su personería gremial y reforzó el proceso de desmovilización mediante la ocupación militar de las plantas fabriles. Dentro del SMATA, los conflictos alcanzaron resultados distintos, dependiendo de la relación de los trabajadores de base con la dirección del sindicato. En el caso de los trabajadores de Chrysler, cuando la empresa resolvió despedir a un grupo de activistas (incluidos delegados, todos vinculados a la opositora TAM), se lanzó un paro por tiempo indeterminado que, al no contar con el apoyo de la dirección sindical, finalmente fue levantado sin lograr la reincorporación de los despedidos. Mientras que, en el conflicto protagonizado por los trabajadores de Citroën cuando se produjeron despidos masivos en el mes de diciembre, los trabajadores también resolvieron declarar un paro por tiempo indeterminado, se movilizaron y organizaron una cena para Nochebuena en la plaza de Mayo. En este caso, contando con el apoyo de la dirección, se logró la reversión de los despidos.

Las elecciones en el SMATA de 1972 expresaron las dos tendencias que se venían desarrollando en su interior. Por un lado, al nivel de la dirección nacional, la lista oficial volvió a imponerse sin que las posiciones críticas lograsen articularse en una alternativa institucional. Por el otro lado, los sectores combativos en oposición a esta dirección continuaron creciendo en los lugares de trabajo y lograron imponerse en la seccional cordobesa del sindicato. En ese caso, la lista Marrón, encabezada por Salamanca (militante del Partido Comunista Revolucionario, con una fuerte presencia entre los mecánicos de la provincia, especialmente en la mayor planta del sector, Santa Isabel - Renault) logró la victoria. Estas crecientes tensiones en la vida sindical, que acompañaban el desarrollo de la movilización política general, se hicieron presentes en el conflicto protagonizado por los trabajadores de la fábrica Peugeot. En abril de ese año, murió asesinado por la tortura policial el obrero Juan Lachowski; los trabajadores resolvieron paralizar la producción, la dirección del sindicato acompañó la medida de fuerza y declaró el «estado de alerta» de la organización. Sin embargo, el conflicto fue dinamizado y conducido por un grupo de delegados pertenecientes a la agrupación 1.º de Mayo -orientada por el Peronismo de Base-, que cuestionaba a la dirección del sindicato. La empresa amenazó con despidos masivos y el conflicto se extendió en el tiempo. Finalmente, el consejo directivo del SMATA expulsó a los delegados opositores del sindicato y organizó la vuelta a la normalidad de la producción (^{Carrera, 2010}).

Con la vuelta del peronismo al Gobierno, en mayo de 1973, no se detuvo el proceso de movilización general, sino que se modificó su dinámica. En junio, se firmó el Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, la Liberación Nacional y la Justicia Social -el denominado «Pacto Social»-, que contaba con el compromiso de la Confederación General del Trabajo y la Confederación General Económica. Constituía el eje central del nuevo Gobierno peronista. Se buscaba que el acuerdo por dos años permitiera estabilizar la economía, centralizaba la discusión salarial quitándola del ámbito de actuación de las organizaciones gremiales de base -las más movilizadas- y remarcaba, como condición para la estabilización y el éxito de la política de concertación, la necesidad de centralizar la representación por parte de las dirigencias sectoriales. El choque entre esta necesidad de centralización y el proceso de movilización social que continuaba en auge se constituyó en uno de los rasgos más característicos del período. Dicha necesidad se hizo particularmente visible en la orientación desmovilizadora y de reforzamiento del control vertical sobre sus organizaciones gremiales que profundizaron las direcciones sindicales. La nueva dinámica de la movilización pasó a tener como uno de sus escenarios privilegiados a los lugares de trabajo: al no poder discutir salarios, la movilización se canalizó a través del cuestionamiento de las condiciones de trabajo, con lo que aumentó el protagonismo de los sectores «combativos», que fueron consolidándose en los cuerpos de delegados y comisiones internas. En ese escenario, se consolidaron, también, las agrupaciones que los nucleaban. Y no solo competían con las direcciones de los sindicatos, sino que también se oponían a la política de concertación del Gobierno peronista. En abril de 1973, se constituyó la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) (expresión gremial de la «Tendencia Revolucionaria» en el peronismo, que finalmente confluiría en Montoneros); y, en julio, surgió el Movimiento Sindical de Base (frente sindical del Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo, PRT-ERP).

El año 1973 fue especialmente agitado en el sector automotriz. A los conflictos crecientes en las plantas, donde se enfrentaban los sectores combativos con la dirección del sindicato, se agregó la conmoción producida por el atentado que acabó con la vida del secretario general del SMATA (Kloosterman), reivindicado por una organización armada de la izquierda del peronismo. En ese marco, se profundizó la presión por fortalecer el control político e ideológico en el interior del sindicato, persiguiendo y denunciando a los sectores opositores por su falta de lealtad a la organización, al Gobierno y «al pueblo».

El fortalecimiento del control político e ideológico se puso expresamente de manifiesto en 1974 cuando, después de volver a ganar las elecciones para conducir la seccional en Córdoba, los sectores «clasistas y combativos» fueron expulsados del sindicato por la dirección nacional (que mediante una intervención pasó a conducir la seccional). El carácter general de esta necesidad de centralización se expresó a su vez en la sanción gubernamental, en diciembre de 1973, de la nueva Ley de Asociaciones Profesionales, que vino a reforzar la posición de las dirigencias tradicionales, restringiendo el espacio para expresiones opositoras. El Gobierno participó, además, directamente en este proceso de desmovilización castigando a las organizaciones que desafiaban abiertamente su política de concertación social. Durante el tercer gobierno peronista, se quitó la personería gremial a la Federación Gráfica Bonaerense y se intervino la Asociación de Periodistas de Buenos Aires, el Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba, la UOM Villa Constitución, la Asociación Obrera Minera seccional Sierra Grande, la Uocra Salto Grande y Bahía Blanca, el Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma, la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata y de la Universidad del Sur, y la Asociación del Personal de la UBA (^{Fernández, 1985}). En este mismo sentido, se sancionó la Ley de Seguridad, que prohibió las ocupaciones fabriles, así como las huelgas y paros por reclamos de salarios. Y se avanzó en la represión abierta de los conflictos gremiales.

A estas medidas de represión legal, que tanto el Gobierno como la dirigencia de las organizaciones sindicales comenzaron a oponer al proceso de movilización, se agregaron las acciones de represión clandestina que comenzaron a realizar agrupaciones paraestatales como la Triple A (alianza anticomunista argentina), la Juventud Sindical Peronista, el Comando de Organización, etc.². Decenas de activistas, militantes y dirigentes de base de los sectores disidentes fueron secuestrados y asesinados entre 1973 y 1976³.

En ese escenario de choque creciente entre el proceso de movilización encabezado por los sectores combativos y antiburocráticos, con sus bases arraigadas en los lugares de trabajo, y las direcciones sindicales en alianza con el Gobierno nacional (ambos representantes políticos generales de esas bases con las que estaban chocando), se produjeron los acontecimientos conocidos como las «jornadas de junio-julio» de 1975. Se trató de la movilización desatada por el nuevo plan económico -un conjunto de medidas de ajuste conocidas como «Rodrigazo»-, que coincidió con el retorno de la discusión salarial colectiva. De este modo, el objeto de reducir los salarios, que el Gobierno declaró casi explícitamente mediante los distintos intentos por poner un techo a los aumentos salariales negociados mientras el resto de los precios se incrementaban «sin límite», coincidió con la discusión paritaria con mayor movilización y participación de la historia. A través de masivas asambleas fabriles, paralizaciones productivas, ocupaciones de plantas, movilizaciones multitudinarias sobre la Capital Federal, enfrentamientos abiertos con las fuerzas de seguridad y la creación de organismos de coordinación con anclaje territorial, se fue estableciendo una situación de huelga general de hecho durante varias semanas. El impulso principal vino desde las organizaciones de base en los lugares de trabajo y fue creciendo articuladamente y desbordando a las cuestionadas direcciones sindicales que, ante la imposibilidad de frenarlo, pasaron a intentar controlarlo -para reducir daños- y terminaron poniéndose a la cabeza, declarando la primera huelga general de la CGT a un Gobierno peronista. El activismo automotriz nutrió y dinamizó al conjunto de coordinadoras de gremios, comisiones internas, delegados y activistas, que actuaron en los principales cordones industriales por fuera y, en muchos casos, en contra de las direcciones institucionales de sus gremios⁴.

Durante los últimos meses del Gobierno peronista, se profundizaron los procesos represivos: fueron desplazados institucionalmente y/o de facto gobernadores vinculados a los sectores disidentes, se convocó a las fuerzas armadas para que intervengan en la represión de las organizaciones político-militares -«operativo independencia» en la provincia de Tucumán- y se multiplicaron los casos de activistas y militantes asesinados por organizaciones paraestatales. Esto no implicó, de ningún modo, la desaparición de las acciones de lucha efectuadas por los trabajadores. Los trabajadores mecánicos protagonizaron paros y ocupaciones fabriles en varias empresas en el segundo semestre de 1975, destacándose por su duración, por la intervención de organizaciones político militares y por el enfrentamiento que significó con la dirección del SMATA, la huelga de los trabajadores de Mercedes Benz en el mes de octubre. Finalmente, cuando el Gobierno realizó un nuevo intento de ajuste económico, a través del denominado «Plan Mondelli» en marzo de 1976, volvió a enfrentar la resistencia de los trabajadores movilizados.

Argentina post-1976, ¿qué desmovilización?: terrorismo de Estado y oposición obrera

El golpe de Estado del 24 marzo de 1976 y la instauración de un Gobierno dictatorial encabezado por las fuerzas armadas, implicó un salto de calidad en el proceso represivo y, con ello, en el proceso de desmovilización de los distintos actores políticos que venían protagonizando los acontecimientos en los últimos años. La dictadura militar comenzó anulando todo el ordenamiento legal vigente e instauró una serie de reglamentaciones tendientes a restringir institucionalmente la capacidad de acción de las organizaciones sindicales. A lo largo de los primeros meses, el Gobierno militar (con algunos cambios realizados en 1979) suspendió el derecho a huelga; intervino la CGT (y sus delegaciones regionales), al igual que 40 federaciones sindicales y casi 200 organizaciones de primer grado; desconoció (y disolvió) las confederaciones; eliminó el fuero sindical; prohibió la realización de asambleas, elecciones y cualquier tipo de actividad gremial; redujo el acceso a recursos económicos para las organizaciones sindicales; reglamentó restrictivamente el proceso de elección de delegados; prohibió la actividad política de las organizaciones gremiales; vedó la agremiación conjunta de trabajadores jerárquicos y no jerárquicos; y buscó delimitar el ámbito de actuación de cada organización a la Capital Federal o a cada una de las provincias (^{Fernández, 1985}, pp. 62-64; ^{Senén González, 2012}, p. 314).

Sin embargo, sería el proceso sistematico de represión clandestina organizado y ejecutado desde el Estado el que daría forma contundente al proceso de desmovilización. A fuerza de desapariciones, asesinatos, persecuciones y detenciones masivas, centradas principal pero no exclusivamente sobre los sectores que venían protagonizando la movilización política, el operativo terrorista logró frenar casi toda actividad política de los trabajadores; y, en estos acontecimientos también, los trabajadores automotrices tuvieron un rol protagónico.

En las primeras semanas de la dictadura, se produjeron más de 1200 secuestros de trabajadores. En el sector automotriz, durante el primer semestre de 1976 se produjeron una serie de ocupaciones de fábricas por parte de las fuerzas represivas: en la última semana de marzo de 1976, ingresaron a las plantas de Peugeot y Renault; en abril, ocuparon la planta de General Motors; en julio y en agosto, hicieron lo mismo en las plantas de Mercedes Benz y Chrysler, de donde se llevaron a 10 delegados (^{Pozzi, 2008}, pp. 58-59, 118; ^{De Santis, 2000}, pp. 595-597). En el caso de Ford, el ejército montó dentro de la planta (en el sector destinado a las actividades de recreación de los trabajadores, el «quincho») un destacamento permanente que funcionó, además de puesto de abasto y comedor para el personal militar que realizaba los operativos en las zonas aledañas a la fábrica, como centro clandestino de detención donde fueron llevados transitoriamente varios de los propios trabajadores de la empresa que fueron detenidos⁵. Los dirigentes clasistas desplazados de la seccional cordobesa del SMATA fueron desaparecidos inmediatamente después de iniciada la dictadura, la misma suerte corrieron numerosos trabajadores, extrabajadores y exdirigentes que habían participado en los conflictos en las plantas cordobesas de Fiat (y aquellos que conformaron la mesa de gremios en lucha que habían coordinado las acciones de junio-julio de 1975 en Córdoba) (^{VV. AA., 2015}, pp. 293-300). En el caso de Mercedes Benz, se produjeron los primeros allanamientos en las casas de los trabajadores, amenazas de secuestro y la primera detención de un delegado dentro de la fábrica (que en esa ocasión logró ser revertida)⁶. En 1977, se produjo la desaparición masiva de los delegados que todavía trabajaban en la empresa (^{Harari & Guevara, 2015}, p. 6). Además, los trabajadores automotrices se vieron fuertemente afectados por el rápido crecimiento del desempleo⁷ (aunque menos drástica, otra vía de imponer disciplina social).

De todos modos, y a pesar del durísimo golpe que significó la represión, los trabajadores lograron desarrollar un conjunto de acciones reivindicativas y de protesta. Fuera del sector automotriz, en 1976 y 1977, se destacaron las medidas de fuerza realizadas por los trabajadores metalúrgicos, portuarios, ferroviarios y, especialmente, los trabajadores electricistas de Segba (que protagonizaron uno de los conflictos de mayor duración y que terminó con la desaparición del secretario general del sindicato). En el último trimestre de 1977, se suspendieron actividades, por reclamos salariales, en 21 sectores de actividad, implicando la participación de cerca de un millón de trabajadores. En 1978, aumentó el número de conflictos: 1300 en el primer semestre, 2700 en el segundo. En 1979, continuó la multiplicación de conflictos locales: hubo ocupación obrera de planta en Aceros Ohler, en Crua Hnos., en IME y en la Cantábrica, y los trabajadores de Alpargátas lanzaron un paro por tiempo indeterminado. Los trabajadores mecánicos desarrollaron acciones desde el día mismo del golpe de Estado. En Renault, redujeron la producción a la mitad, en marzo de 1976, a través del «trabajo a reglamento»; en la sección pintura de General Motors, pararon en abril; en mayo, los trabajadores de Mercedes Benz realizaron una serie de paros rotativos de 15 minutos y acciones de sabotaje (cortes de luz, desaparición de herramientas de trabajo, etc.); en Chrysler también se produjeron cortes de luz breves que afectaron la producción; mientras que las plantas de Fiat en la provincia de Buenos Aires se vieron afectadas por reclamos salariales a finales del año. El sabotaje se produjo también en General Motors, donde el 25% de los autos salían dañados; en Peugeot, se afectó la producción de motores; en Ford, se estropearon los motores de los autos destinados a la Policía Federal; y, en Renault, se dejaron bulones dentro de los motores. En septiembre de 1976, se produjeron reclamos salariales en casi todas las empresas del sector; paros parciales, de brazos caídos, trabajo a desgano, petitorios, etc., fueron realizados en Chrysler, General Motors, Fiat, Ford, Mercedes Benz, Perkins y Thompson Ramco⁸. En octubre de 1977, la huelga de los trabajadores de Renault en reclamo de aumento salarial fue respondida con la ocupación de la planta por personal del ejército y derivó en los incidentes que terminaron con cuatro trabajadores asesinados por la represión y una movilización masiva que logró hacer trascender el conflicto más allá de los límites del lugar de trabajo (al costo de 130 trabajadores detenidos y despedidos).

Este relativo ascenso de los conflictos fue preparando el escenario para que, el 27 junio de 1979, un agrupamiento de sindicatos que iniciaban la confrontación con la dictadura -llamada «Comisión de los 25»- lanzara el primer paro general por 24 horas en una jornada de repudio al Gobierno militar. En ese marco, la dirección nacional del SMATA (que actuaba a pesar de la intervención militar al sindicato) fue retomando el control y la conducción de las acciones desarrolladas por los trabajadores automotrices. Simultáneamente, desempeñó un rol destacado en la oposición obrera que, cada vez más, estaba enfrentando a la dictadura, participando tanto de la «Comisión de los 25» como en la reunificada CGT. En el marco de los conflictos que se estaban desarrollando en algunas empresas, el 17 de junio de 1981, el SMATA convocó a un paro nacional del sector y realizó una concentración masiva en las puertas de la sede del sindicato intervenido. La policía cortó los accesos a la ciudad para impedir la movilización de los trabajadores mecánicos y reprimió la concentración en la sede sindical, realizando 1750 detenciones. Además, fue uno de los gremios convocantes de la nueva huelga general realizada por la CGT el 22 de julio de ese mismo año, así como de la masiva movilización nacional del 30 de marzo de 1982. Hasta octubre de 1983, momento en que se realizaron las elecciones generales que marcaron el fin de la dictadura, el sindicato participó de las tres huelgas generales convocadas por la CGT (^{Giniger et al., 2010}, p. 153; ^{VV. AA., 2015}, pp. 35, 505-506; ^{Pozzi, 2008}, pp. 58-71; ^{Senén González, 2012}, p. 324; ^{Fernández, 1985}, p. 90).

Esta oposición obrera a la dictadura, de todos modos, no logró recuperar la condición masiva de la movilización gremial, y mucho menos el carácter insurgente que había presentado 10 años atrás.

Participación de la Argentina en la acumulación global de capital mediante la división internacional del trabajo

El modo de producción capitalista, estructurado a partir de la extracción de plusvalía relativa, se reproduce sobre la base de transformar permanentemente las condiciones de producción. Este movimiento constante resulta, en algunos momentos, en transformaciones cualitativas particulares, que determinan la estructuración de fases diferenciadas en el proceso general de acumulación de capital. Por ejemplo, la automatización creciente en el calibrado de la maquinaria y los desarrollos tendientes a la progresiva robotización en la línea de montaje, que comenzaron a expandirse desde la década de 1950, conllevaron una simplificación relativa de partes del proceso inmediato de trabajo que, junto con innovaciones en transporte y comunicación, posibilitaron la fragmentación internacional del proceso productivo. Se comenzaron a relocalizar, así, partes de la producción hacia regiones con fuerza de trabajo relativamente más barata. Las regiones en las que hasta entonces se encontraban los procesos de producción integrales concentraron los aspectos más complejos del proceso productivo; principalmente desarrollo tecnológico, diseño de productos y coordinación de una producción crecientemente globalizada. De este modo se fue conformando la denominada Nueva División Internacional del Trabajo (NDIT) (^{Fröbel, Heinrichs, & Kreye, 1980}), identificada como una nueva fase en la producción global de plusvalía basada en la diferenciación internacional de las condiciones de reproducción de los trabajadores, con eje en la producción de la fuerza de trabajo particularmente requerida para cada uno de los momentos en que se fragmentó el proceso global de producción (^{Iñigo Carrera, 2013}, pp. 75-80; Starosta & ^{Caligaris, 2017}, pp. 218-225).

Esta NDIT se diferencia de aquella que, a partir de entonces, comenzó a señalarse como División Internacional del Trabajo Clásica (DITC). Esta última se caracteriza, desde su consolidación a mediados del siglo XIX, por la participación diferencial de ámbitos nacionales especializados en la producción de materias primas y medios de vida, mientras otros concentraban el grueso de la producción general de mercancías industriales⁹. Sin embargo, la consolidación de la NDIT no significó el desplazamiento absoluto de la DITC. Por el contrario, ambas modalidades de organización del trabajo comenzaron a coexistir como formas diferenciadas de extracción de plusvalía relativa, alimentando conjuntamente la producción global de valor.

Esta coexistencia conllevó, de todos modos, una serie de transformaciones en el modo en que los distintos recortes nacionales se organizan y estructuran su participación en el proceso global de producción.

Como se acaba de mencionar, la fragmentación internacional de la producción de las mercancías industriales en general permitió la relocalización de los procesos productivos más simples hacia ámbitos nacionales con fuerza de trabajo relativamente más simple, barata y disciplinada, mientras que, en aquellos países donde hasta entonces se producían en su integridad, se concentraron los procesos productivos más complejos. Concretamente, esta dimensión de la fragmentación se hizo visible, de modo paradigmático, en el crecimiento y expansión de la actividad industrial en los países del sudeste de Asia. Y, simultáneamente, en la reducción y salida, más allá de sus fronteras, de una serie de actividades productivas desde Estados Unidos y Europa occidental. A pesar de la apertura de nuevos espacios de producción más complejos, su menor demanda relativa de fuerza de trabajo resultó en que crecientes porciones de la población obrera de estos países viesen amenazadas sus condiciones de vida.

Por su parte, aquellos países que estructuraron su participación en la acumulación global a partir de su especialización en la producción y exportación de materias primas, también habían desarrollado, aunque limitados, procesos de producción de mercancías industriales¹⁰. En los países del cono sur de América Latina, por ejemplo, se desplegaron sucesivas oleadas de industrialización, sustituyendo parcialmente importaciones, desde la década de 1930. Esta producción industrial se caracterizó históricamente por la baja productividad del trabajo aplicada y por tener escalas restringidas a los mercados internos. Características que diferenciaban cuantitativa y cualitativamente las condiciones de producción locales de las vigentes en los países «industriales» y que ponían de manifiesto la necesidad de existencia de fuentes de riqueza extraordinaria, que compensasen las condiciones particulares de valorización de los capitales que operaban localmente (principalmente, a través de la apropiación de renta del suelo -que afluye con las exportaciones primarias- y, por momentos, complementada por la compra de la fuerza de trabajo por debajo de su valor). El desarrollo histórico de la industria automotriz en la región resulta particularmente ilustrativo de ese modo de valorización. La obsolescencia técnica de los medios de producción utilizados (y la organización del proceso colectivo de trabajo correspondiente), la elevada participación de la subjetividad productiva obrera en el proceso inmediato de producción, la orientación hacia mercados internos protegidos, la presencia masiva de pequeños capitales a todo lo largo de la cadena productiva, la profunda brecha de productividad que la separa de los principales países productores, la virtual dependencia de la existencia de políticas públicas de promoción y demás mediaciones estatales (políticas cambiaria, comercial, tributaria, laboral, etc.), dan cuenta de la especificidad de la acumulación de capital en la región (^{Arteaga García, Guevara, & Pinto, 2020}). La consolidación de la NDIT fue reduciendo progresivamente las bases específicas sobre las que se venían reproduciendo.

Para Argentina, en particular, el crecimiento en la productividad del trabajo industrial que implicó el desarrollo de las nuevas condiciones globales de producción, significó una profundización de la brecha que separaba las condiciones locales de producción de las condiciones normales. Y, con ello, se incrementó la necesidad de riqueza compensatoria. Además, como la NDIT tiene una de sus bases en el abaratamiento relativo general de la fuerza de trabajo, se ralentizó el crecimiento del consumo global de alimentos y, con ello, se produjo una reducción relativa de los precios de las materias primas y, con ellos, de la renta agraria que fluye hacia el proceso nacional. Es decir que tendió a reducirse la afluencia de la crecientemente necesaria riqueza compensatoria, agudizando las dificultades para la reproducción del proceso de acumulación de capital.

Ahora, para el objeto particular de este trabajo, interesa avanzar en el reconocimiento de las formas históricas concretas en que estas transformaciones globales se fueron desplegando. Si bien, como se dijo antes, ambas modalidades de organizarse internacionalmente el trabajo coexisten, en la década transcurrida desde principios de la década de 1970 hasta principios de la de 1980, se produjo la transición de una fase en la que la DITC resultaba predominante a una en la que la NDIT comenzó a serlo. La crisis general de 1972-1982 fue la que dio curso a esta reestructuración productiva del capitalismo.

El ciclo de crecimiento relativamente sostenido del período de la segunda posguerra se cerró en un movimiento contrapuesto entre una primera etapa de aceleración en la subida de los precios generales de las materias primas (cuyo hito principal fue el petróleo), en combinación con el estrangulamiento de la rentabilidad de los capitales, y, luego, la subsiguiente caída -también acelerada- de los precios, y la correspondiente retracción en el empleo y los salarios, que dieron inicio al proceso de recuperación de la tasa de ganancia. Es decir, la década de 1972 a 1982 volvió a poner de manifiesto «el curso de vida característico de la moderna industria», pasando de la «producción a todo vapor» que antecede a la «crisis y estancamiento» señalado por Marx ([1867] ²⁰¹⁴, p. 563).

El despliegue y el tránsito de esta crisis, a su vez, se fue desenvolviendo mediante formas políticas que presentaron ciertas características comunes -«el ciclo internacional de luchas»- en el momento de producirse el cierre de la antigua fase, tanto entre países industriales como en aquellos especializados en la producción primaria. Sin embargo, el curso seguido en la apertura de la nueva fase puso un abrupto fin a esas similitudes.

En los EE. UU. y los países de Europa occidental, por tomar un caso, la erosión en la rentabilidad del capital se venía haciendo visible por la fortaleza en la acción de les trabajadores: «obreros y estudiantes del Mayo francés»; la huelga en Fiat durante «el otoño caliente italiano»; los mineros, metalúrgicos y mecánicos alemanes y británicos que sacudieron Europa; los «disturbios raciales» en el núcleo obrero automotriz de Detroit (EE. UU.), etc. Desarrollada, durante la fase que se estaba cerrando, en su lucha salarial y por condiciones de trabajo (el capital necesitó, hasta ese momento, producir un obrero tendencialmente universal), esta fuerza obstaculizaba al capital. Este no lograba apropiarse plenamente de los beneficios (cada vez menos significativos) del enlentecido crecimiento de la productividad del trabajo. Los intentos de avance del capital para contener la caída de la rentabilidad, mediante la intensificación en la explotación y la búsqueda de disciplinar a la clase obrera para aumentar la productividad, agudizaban la conflictividad. Así, la movilización de los «fortalecidos y organizados trabajadores universalmente bien pagos» aguzó el incentivo para que los capitales avanzasen en el desarrollo e implementación de la nueva base técnica que fue dando forma a la NDIT -innovaciones en la producción para competir por la obtención de la ganancia extraordinaria (Marx, [1867] ²⁰¹⁴, pp. 283-287; Marx, [1894] ¹⁹⁹⁵, p. 261). De modo que la radicalización e insurgencia obreras, que desbordaron a las tradicionales organizaciones obreras (centrales sindicales, partidos socialistas y comunistas, etc.) que hasta entonces venían administrando su participación en la gestión política de la acumulación y eran la base de su fortaleza, resultaron en un incentivo particular al capital para introducir las innovaciones técnicas que permitieron dar el salto en la productividad del trabajo¹¹ que redundó en el aumento en la producción de plusvalía relativa. Esta nueva base técnica, a su vez, permitió al capital poner en actividad a parte de la sobrepoblación obrera que estaba latente hasta entonces (paradigmáticamente en el Sudeste Asiático) en aquellas actividades industriales cuyos procesos productivos se vieron simplificados. Así, lo que aparecía como un «simple impulso disciplinador» del capital sobre el trabajo en los países occidentales en realidad estaba dando un paso en la consolidación de las nuevas condiciones globales de producción de plusvalía en la NIDT¹². En el caso de la industria automotriz, nuevos actores comenzaron a desempeñar papeles protagónicos sobre estas nuevas bases: los capitales que operaban en Japón -en una primera etapa-, aquellos que comenzaron a producir desde Corea de Sur -luego- y -finalmente, hasta ahora, al menos- los que comenzaron a desplegar su actividad desde China y, en menor medida, desde el Asean (^{Fitzsimons & Guevara, 2023}).

Una vez consumada la reestructuración productiva, la clase obrera de los países occidentales vio retroceder su fortaleza política, fraccionarse sus organizaciones, agudizarse la competencia por la venta de su mercancía, etc. Sin embargo, este retroceso obrero tenía el límite que le puso el papel que estos procesos nacionales tenían que cumplir en la nueva división internacional del trabajo. Al especializarse en las tareas que concentran las fases complejas del proceso global de trabajo, necesitaban producir a, por lo menos una fracción de, la clase obrera con nuevos y más desarrollados atributos productivos (capaces de sostener y expandir la complejidad del trabajo). De modo que el fraccionamiento y la diferenciación en el interior de la clase obrera tenían por límite el punto en que se obstaculizara la capacidad de producir a esta fuerza de trabajo «compleja». La etapa «neoliberal» que se abrió después de la insurgencia dio curso, a nivel local, a esa diferenciación relativa en las condiciones de reproducción de la población obrera: se revirtió gradualmente el «Estado de bienestar» como herramienta de la producción universal de fuerza de trabajo de la etapa anterior y se desplegaron políticas públicas focalizadas, ajustadas a las distintas fracciones de la población obrera (además de administrar los procesos migratorios, tanto legales como ilegales, que permitieron agudizar más aún la diferenciación en las condiciones de reproducción). La etapa «neoliberal» en estos países significó el establecimiento del nuevo -aunque más antipático- «pacto social estable» (^{Guevara, 2019}, p. 37).

En Argentina, los cambios en las condiciones globales de producción se fueron haciendo visibles en el choque cíclico contra limitaciones en su crecimiento, reflejado en el movimiento de marchas y contramarchas que caracterizó al proceso de acumulación desde mediados de la década de 1950. El correspondiente movimiento cíclico, de contracción y expansión, experimentado por el empleo y el salario, determinó que, en la organización política y gremial de los trabajadores se manifestase, también, la diferenciación entre corrientes políticas que representaban adecuadamente los momentos de negociación y adaptación en las contramarchas, mientras otras encarnaban el espíritu y la voluntad adecuados para empujar y combatir en los momentos de crecimiento. En tanto estas limitaciones aparecían como consecuencia de imposiciones externas a la dinámica «normal» de la acumulación de capital, sea por el régimen político autoritario de los Gobiernos no democráticos, o bien por los «dictados del imperialismo yankee», o por efecto de los resabios del atraso de un capitalismo dependiente, la acción política obrera desarrolló expresiones ideológicas insurreccionales y antidictatoriales -en lucha por el retorno de la democracia plena-, antiimperialistas y convencidas de la necesidad de combatir para superar revolucionariamente -por lo menos- ciertas características del capitalismo nacional. De este modo, confluían estas expresiones ideológicas generales con aquellas más estrictamente gremiales que cuestionaban a las dirigencias negociadoras y se afirmaban en su necesidad de incrementar el carácter combativo y antiburocrático para barrer con los «cómplices internos» de la reproducción de estas limitaciones. Así, fueron creciendo y se fueron multiplicando las corrientes políticas «clasistas» que sostenían la necesidad de superar a «participacionistas, burócratas y traidores», fueran estos los dirigentes sindicales o políticos tradicionales del peronismo o los «anquilosados» y pacificados partidos socialista y comunista.

Cuando la crisis internacional se abrió paso, en su fase de crecimiento acelerado, la subida abrupta de los precios de las materias primas significó una ampliación vertiginosa de las bases sobre las que se reproducía el proceso nacional de acumulación de capital. El fortalecimiento de los mecanismos de mediación estatal para canalizar y distribuir la masa de riqueza social que multiplicaba su afluencia en ese momento, así como el crecimiento del empleo y el salario que se produjeron con la ampliación de la producción, dieron un mayor impulso y fortaleza a estas nuevas corrientes políticas e ideológicas que dinamizaron el proceso político del período. La movilización política multiplicada permitió el retorno del peronismo al Gobierno en 1973, después de 18 años de proscripción; las corrientes más radicalizadas y combativas dentro del movimiento alcanzaron diversas posiciones de dirección; incluso, algunos sectores políticos entendían que la dinámica de movilización sentaba las bases para la inminente superación del capitalismo hasta entonces vigente en Argentina.

Sin embargo, la crisis siguió su curso y dio paso a las fases de estancamiento y contracción, reduciéndose abruptamente la masa de riqueza social que alimentaba el proceso de producción. La nueva fase de la acumulación global de capital abría una nueva etapa para el capitalismo argentino. Más allá del freno abrupto del proceso de expansión experimentado en los primeros años de la década de 1970, se imponía una contracción aguda y sostenida de su escala, así como un retroceso brutal en los salarios y las condiciones de trabajo (y de vida en general) de la población obrera, conllevando un debilitamiento significativo de sus organizaciones gremiales y políticas. La gestión política de la contracción, que empezó a hacerse visible a partir de 1974, chocó de frente con el proceso de movilización política en marcha. La singularidad de este momento histórico radica en que expresó el punto crítico del cambio de fases y los cursos políticos que caracterizaron a cada una de ellas, resultando en un momento bisagra entre, por un lado, la fase expansiva, con crecimiento de empleo y salarios, fortalecimiento político de un Estado que distribuía la riqueza social multiplicada y que tenía en la movilización masiva y en las organizaciones políticas combativas, antiburocráticas, etc., una parte considerable de sus bases de sustentación; y, por el otro lado, la apertura de una fase de contracción, necesitada de reducir violentamente los salarios y el empleo para efectivizarse. Esta fase, para desplegarse, necesitaba una gestión tendiente a desactivar la movilización política, desarmar a las organizaciones, romper los mecanismos de coordinación, etc., a como diera lugar. El Gobierno peronista, a pesar de los intentos desplegados en ese sentido, resultó impotente para expresar políticamente la desmovilización de sus bases. El golpe de Estado en marzo de 1976 y el establecimiento de una nueva dictadura militar fueron, finalmente, las formas políticas mediante las cuales se impuso -a pesar de la resistencia obrera desplegada- la desmovilización que dio curso, a su vez, a la contracción del proceso de acumulación¹³. Adicionalmente, mediante estas mismas formas políticas se pusieron de manifiesto algunas de las características que tendrían vigencia durante toda la fase «neoliberal» local. Fase durante la cual, nuevamente, el sector automotriz resultó ilustrativo del proceso en curso. Después de alcanzar el pico histórico de producción y exportaciones en 1973, se dio paso a una contracción sostenida que llevó a la salida operativa de varios capitales del país durante los primeros años de esta nueva fase. Recién en la década de 1990, con la «consolidación de la fase neoliberal», se abrió un nuevo ciclo de resurgimiento relativo (con un menor grado de integración local) automotriz que permitió la supervivencia del sector (que se convertiría en protagonista durante la fase transitoriamente expansiva de comienzos de la década de 2000). Este resurgimiento relativo sentó sus bases en la modernización de plantas y de gestión de las relaciones laborales. Promovidas, las primeras, por el atraso cambiario durante la convertibilidad y la apertura para la importación abaratada de medios de producción (no necesariamente nuevos); y, la segunda, por la flexibilización y precarización laboral, así como por la caída de los salarios automotrices (condiciones que no llegaron a revertirse durante la reciente fase expansiva) (^{Guevara, 2020}; ^{Fitzsimons & Guevara, 2018}). Estas bases se «impusieron» sobre el debilitamiento, y fragmentación -se podría agregar-, de las organizaciones gremiales y políticas de la población obrera.

Perspectivas desde la recuperación democrática: a 40 años

En la síntesis presentada sobre el proceso histórico argentino entre las décadas de 1970 y 1980, se pueden reconocer las formas concretas mediante las cuales se realizó la movilización política general que tomó cuerpo en la «insurgencia obrera», en la coordinación «desde abajo», en el surgimiento de «nuevos actores» que disputaban la dirección del proceso y desafiaron a las conducciones establecidas proponiendo (y ejecutando) nuevas modalidades de acción y organización. También permite reconocer el despliegue simultáneo de las formas que fueron dando cuerpo al movimiento contrario, esto es, al desarrollo de acciones tendientes a obstaculizar, primero; controlar, luego; y enfrentar abiertamente, después, dicho proceso por parte de quienes ejercían la representación política general de los trabajadores (tanto a nivel gubernamental como sindical). Para esto, se tomó como «caso ilustrativo» el accionar de los trabajadores del sector automotriz. Adicionalmente, se puso de manifiesto que estas formas, características del «ciclo de ascenso en la lucha de clases», coincidieron con un proceso mundial. En distintos países de América Latina, en EE. UU., Europa occidental, en algunos países de África y Asia, e incluso en el interior del bloque soviético, se desarrollaron procesos insurgentes con algunas características en común. Parecía claro que el mundo estaba cambiando.

El ciclo internacional de luchas chocó, empero, contra un proceso de reacción de sectores conservadores (o fue traicionado por las dirigencias políticas tradicionales), que abrió paso a un período «de derrota». A partir de mediados de la década de 1980, el «ciclo histórico neoliberal» apareció como la forma política dominante. El Estado de bienestar comenzó a ser cuestionado, el acceso al consumo de determinados productos del trabajo pasó a estar regido inmediatamente por el mercado (profundizando las diferencias en las condiciones de vida vía los salarios individuales), las organizaciones solidarias de la clase obrera se vieron debilitadas y reducidas en su alcance y capacidad de incidencia política, etc.

Las formas políticas de este «ciclo internacional de retroceso» ya no fueron tan semejantes entre los distintos países afectados. En los EE. UU. y Europa occidental, se fueron desarrollando paulatinamente, mientras que en otras regiones el retroceso se impuso a sangre y fuego. Para el caso de Argentina, se expusieron muy brevemente las formas en que, a través del terrorismo de Estado ejecutado desde la dictadura militar, se dio curso finalmente al proceso desmovilizador.

Luego, se presentó un argumento que funda su explicación acerca de la evolución de las formas políticas sobre el movimiento general de la acumulación de capital. Es decir, en los procesos concretos mediante los cuales se va desenvolviendo el modo capitalista de producirse la vida de la sociedad. Puntualmente, para el período bajo estudio, se tomaron las transformaciones operadas en la base técnica de la producción en la segunda mitad del siglo XX, que se fueron desenvolviendo mediante una reestructuración de la división internacional del trabajo, como el contenido subyacente que tomó forma en los movimientos de la lucha de clases. Movimientos que pusieron de manifiesto que estaban cambiando, asimismo, las formas de participación de los distintos ámbitos nacionales en el proceso global de acumulación. Brevemente: se planteó que la explicación sobre las similitudes en las formas políticas de la movilización política podía rastrearse en la manifestación del fin de una fase general de la acumulación, que dejaba a la vista que ninguno de los procesos nacionales podría continuar reproduciéndose normalmente en las condiciones en que lo venía haciendo. Del mismo modo, se hacía evidente que la nueva fase, que estaban abriendo las nuevas condiciones de producción global de plusvalía, implicaba modalidades diferentes de participación en ella. Algunos países, con un rol más preponderante en la NDIT, donde se concentran las porciones más complejas de los procesos globales de producción, por ejemplo, recorrieron un camino de diferenciación en las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo que tiene por límite la necesidad de producirla con capacidades productivas capaces de sostener y aumentar la complejidad de trabajo requerido. En otros países, con una participación menos trascendente en la NDIT, estas transformaciones implicaron el paso masivo de porciones de la población obrera a la condición de sobrante consolidada para las necesidades del capital en su movimiento de acumulación. En estos, las formas políticas de la diferenciación, que requirieron desactivar los procesos de movilización política, resultaron mucho más violentas.

En Argentina, donde la acumulación continúa girando principalmente en torno a su participación en la DITC, las transformaciones globales significaron un límite a la posibilidad de continuar expandiéndose sobre su vieja base sin desarrollar posibilidades de hacerlo sobre la nueva. Se abrió así una fase de estancamiento y decadencia relativa de la acumulación, entre cuyas manifestaciones se encuentra la reducción del ámbito de acción de los capitales industriales que predominaron hasta entonces, singularmente ilustrado en el caso del sector automotriz. Esta fase, claro que mediada por la crisis internacional, continúa con ritmos variables hasta nuestros días.

De modo que la perspectiva analítica sostenida en este trabajo permite reconocer en la irrupción de la última dictadura militar en Argentina algo más que el despliegue brutal de las formas políticas que dieron curso a la desmovilización política de los trabajadores y el modo en que la escala de la acumulación de capital se contrajo. El retroceso político impuesto sobre los trabajadores, mediante la represión terrorista, permitió hundir los salarios de tal modo que se extendió y consolidó la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor como fuente de riqueza compensatoria para los capitales en su movimiento de acumulación¹⁴. Puso, así, de manifiesto el estancamiento de una porción creciente de la población obrera en la condición de sobrante para las necesidades del capital (Marx, [1867] ²⁰¹⁴, pp. 562, 572-574). Las condiciones generales de reproducción de la población obrera argentina dejan claramente a la vista esta nueva situación, ya que han seguido, desde mediados de la década de 1970, un curso marcadamente negativo. Los salarios presentan una tendencia sostenida a la baja, más allá de recuperaciones o estabilizaciones parciales que no pasaron de ser una pausa temporal en el movimiento de largo plazo. La magnitud y las condiciones de empleo manifestaron también los crecientes problemas que enfrenta para reproducirse la población obrera, tanto por la insuficiente velocidad de crecimiento de la tasa de empleo, como por la subida constante del piso en los niveles de desempleo y de informalidad laboral; sumados a la expansión de las condiciones cada vez más precarias de trabajo y contratación, así como a la multiplicación de los sectores de la población que deben ingeniárselas -individual o colectivamente- para conseguir formas de asistencia social que les permitan subsistir. Deterioro que queda reflejado a su vez en el movimiento tendencialmente ascendente seguido por los índices que miden la pobreza.

Cuando el inicio de esta nueva fase se consolidó, las formas políticas terroristas de la dictadura dejaron de ser necesarias. Debilitada, o casi eliminada, cualquier organización combativa, clasista, etc., de la clase obrera, cuyas organizaciones sindicales se encontraban plenamente centralizadas y en manos de las direcciones tradicionales más aptas para negociar las condiciones del retroceso en sus condiciones de reproducción, el capital pudo avanzar sobre el valor de la fuerza de trabajo bajo formas políticas democráticas. La reproducción del proceso de acumulación de capital desplegaba formas políticas más estables, civilizadas y aceptables que las brutales formas dictatoriales. Los momentos de relativa recuperación o expansión momentánea de la acumulación, como el denominado superciclo de las commodities de principios de siglo, vieron resurgir o revitalizarse expresiones más desafiantes dentro del movimiento sindical (al igual que durante el breve rebote en la reapertura democrática). Sin embargo, como ya se mencionó, estos episodios en los que se reactivó la movilización política, reaparecieron los cuestionamientos a las direcciones tradicionales, y se produjeron episodios más vistosos en la lucha de clases (no exentos de victorias parciales y avances relativos), no pasaron de ser un alivio pasajero en la tendencia de largo plazo. No lograron revertir significativamente, ni detener de modo sostenido, el deterioro sufrido en las condiciones de reproducción, que sigue su curso y amenaza con desarrollar formas más agudas.