ARTÍCULO ORIGINAL

 

Las políticas sociales en la reducción de la pobreza y la mejora del bienestar social en Bolivia

Social policies in poverty reduction and improvement of social welfare in Bolivia

 

Braulio Ramos Menar^1*; Dante Ayaviri Nina²; Gabith Quispe Fernández²; Fortunato Escobar Mamani³

¹ Universidad Técnica de Oruro -Bolivia.

² Universidad Nacional de Chimborazo - Ecuador.

³ Universidad Nacional del Altiplano Puno Perú.

* Autor para correspondencia: Email: vdayaviri@gmail.com

 

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RESUMEN

Las políticas sociales han contribuido de forma importante en los procesos de desarrollo y crecimiento económico en los países y la mejora del bienestar social. En Bolivia, estas políticas han sido implantadas en periodos de crisis y estabilidad económica, el objetivo de las políticas estuvieron orientados a la reducción de la pobreza. El presente artículo tiene el objetivo de estudiar las diversas políticas sociales que se dieron en el periodo 1980 – 2016, en relación a los programas de transferencia condicionada implantadas en Bolivia. Para ello, se recurre a la revisión de la literatura especializada y los documentos e informes disponibles, por lo que la investigación comprende un análisis cualitativo e interpretativo. Los principales resultados se recogen haciendo especial énfasis a los logros y alcance de las políticas en el territorio nacional, y finalmente, se destaca la importancia de las políticas sociales como elementos o mecanismos que han acompañado la nueva configuración del Estado boliviano.

PALABRAS CLAVES: políticas sociales, economía boliviana, Estado, pobreza

 

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ABSTRACT

Social policies have contributed significantly to the development and economic growth processes in the countries and the improvement of social welfare. In Bolivia, these policies have been implemented in times of crisis and economic stability, the goal of the policies were aimed at reducing poverty. This article aims to study the various social policies that occurred in the period 1980 -2016, in relation to the conditional transfer programs implemented in Bolivia. To do this, we use a review of the specialized literature and the available documents and reports, so the research includes a qualitative and interpretive analysis. The main results are gathered with special emphasis on the achievements and scope of the policies in the national territory, and finally highlights the importance of social policies as elements or mechanisms that have accompanied the new configuration of the Bolivian state.

KEY WORDS: Social policies, Bolivian economy, State, poverty

 

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INTRODUCCIÓN.

El objetivo común de los países de América Latina está referido a la disminución de la pobreza y la necesidad de avanzar hacia una mayor igualdad (CEPAL, 2015) en la construcción de sociedades prósperas. En este sentido, a comienzos del siglo XXI varios países de América Latina han realizado importantes transformaciones que permitieron fortalecer sus sistemas de protección social (CEPAL, 2105) y, en general, en sus políticas sociales (Cecchini, et al., 2015, p. 25). Enmarcados en este propósito los gobiernos orientaron su accionar a la implementación de programas de transferencias consolidadas destinadas a las familias que viven en pobreza y vulnerabilidad (Monterrey, 2013; CEPAL, 2014). Así, en los procesos de desarrollo de los países han estado presentes reformas institucionales que contribuyeron a garantizar la efectividad de las políticas públicas (Stahl, 1994; González, 1999; Arrizabalo, 2000; Pellitero, 2003; Ayala, 2008).

En América Latina el estudio de las políticas públicas aparece en la década de 1960, mediante transformaciones políticas y económicas del Estado y la sociedad (Navarro, 2002). En este sentido, Harold Dwight Lasswell a partir de su obra "la orientación hacia las políticas" con el propósito del establecimiento de la relación gobierno-conocimiento para mejorar el desempeño administrativo y la acción gubernamental, capaz de generar un "buen gobierno" o "gobierno ilustrado" (Valencia y Álvarez, 2008, p. 98). Lasswell (2001) citado por Valencia y Álvarez (2008, p. 100) propone la interacción entre la teoría y la práctica, que permita la solución de problemas fundamentales de carácter público. Así, la política pública se considera que es una disciplina interdisciplinaria y una realidad holística y compleja. Al respecto, Roth (2002, 2006), Muller (1998, 2006) y Zimerman (2001), realizan una revisión de las políticas públicas en América Latina. En la década de los sesenta se implementan el modelo del Estado Bienestar, en los setenta surgen críticas de carácter estructuralista que cuestionan la capacidad del Estado de formular políticas públicas; en los ochenta, se trabaja agendas gubernamentales y configuración de actores y análisis del modelo y papel del Estado; en los noventa el cambio de la democracia representativa a una participativa, donde la población participa de las decisiones estatales que permite el renacimiento del estudio de las políticas públicas (Aguilar, 1996) citado por Valencia y Álvarez, (2008, p. 112).

Los estudios en el ámbito de las políticas públicas evidencian la importancia de las instituciones y del Estado como organizaciones a través de los cuales los agentes públicos persiguen objetivos que no son exclusivamente respuesta a demandas sociales, así como configuraciones de organizaciones y de acciones que estructuran, modelan e influyen los procesos económicos como las clases o los grupos de interés (Roth, 1990; Mény y Thoenig, 1992; Salazar, 2000). Por otra parte, el número de beneficiarios y la inversión efectuada no se constituyen en indicadores respecto de la eficacia y eficiencia de los efectos directos e indirectos de las políticas públicas de un programa (Noruega, 2000, p. 2), los presupuestos de los gobiernos exigen que se actúe con eficiencia y eficacia la administración de los recursos públicos (Noruega, 2000; Navarro, 2002) y establecer mecanismos de control para maximizar su impacto y optimizar los recursos. Es importante que los recursos utilizados logren sus objetivos y el modo de aplicar los recursos y el impacto en la población (Heckman, 1997; Noruega, 2000; Ugarte y Bolivar, 2015). Es así, que a partir del año 60 comenzó a ser importante el análisis de las políticas públicas y se consideraba el éxito gubernamental en la cuantía de los resultados, además de los programas sociales como una alternativa de mejora del bienestar social (Mény y Thoening, 1992; Noruega, 2000).

Así, las políticas y los programas deben ser capaces de mantener su consistencia frente a un conjunto de presiones y demandas sociales y políticas cambiantes en el tiempo (Noruega, 2000). En Bolivia en la actualidad se tienen estudios relacionados sobre políticas de protección social; para el caso de los programas de transferencia condicionada, se encuentran los trabajos realizados por la CEPAL entendidos como sistemas de protección social (Cecchini et al., 2104) e instrumentos de protección social (Cecchini et al., 2015), o también como programas de transferencias condicionadas (Cecchini y Madariaga, 2011), conocidos también como programas de transferencias de ingresos para la erradicación de la pobreza (CEPAL, 2014). En consecuencia, el análisis de las políticas públicas ha adquirido una relevancia cada vez mayor y en particular en lo referente a la acción estatal y las relaciones del Estado con la sociedad (Salazar, 1995; Subirats y Gomà, 1997; Röth, 2003; Lahera, 2004; Satriano, 2006; Aguilar; 2008; Rodrigues, 2008; Filgueira, 2104; Herrero, 2014; López 2014).

En este marco, los programas de transferencias condicionadas (PTC) se aplicaron en América Latina como la principal forma de intervención de los gobiernos para atender a la población en situación de pobreza, a través de la asignación de recursos monetarios. Entre las políticas sociales de redistribución, las transferencias condicionadas se constituyen en una variable fundamental para reducir la pobreza focalizándose en la salud, educación y población de la tercera edad. Apesar de estos avances, aún persisten las desigualdades sociales y pobreza en el ámbito geográfico, estas iniciativas son programas de protección social de carácter no contributivo, en el sentido de que las familias destinatarias reciben transferencias monetarias desde el Estado (CEPAL, 2014, p. 13). Desde su creación a mediados de la década de 1990, los PTC han alcanzado una cobertura muy amplia en la región, tanto en términos del número de países que los han implementado, como en la cantidad de población usuaria. Los PTC pretenden dos objetivos en forma simultánea, reducir la pobreza en el corto plazo y en el largo plazo. Es por eso que la estructura básica común de estos programas consiste en la entrega de recursos monetarios (y no monetarios) a familias que viven en situación de pobreza o pobreza extrema (CEPAL, 2014; Osorio, 2015; Solange de Martino, 2015).

Los PTC más que modelos definidos de manera rígida, son instrumentos versátiles que se pueden aplicar desde distintas concepciones ideológicas a diferentes realidades socioeconómicas, políticas e institucionales (Cecchini y Martínez, 2011). Las políticas de entrega directa de dinero en efectivo a grupos focalizados respecto de la implementación de programas y proyectos económico-productivos generan una disyuntiva de prioridades entre el aspecto social y económico, entre el presente y el futuro. En su estudio, Cecchini et al., (2104) mencionan que la protección social surgió como un eje conceptual que pretende integrar una variedad de medidas orientadas a construir sociedades más justa e inclusivas, y a atender necesidades particulares de determinados grupos de población. En estas líneas, los autores explican que la protección social es una política fundamental para contribuir a la plena realización de los derechos económicos y sociales de la población y enfatizan que si bien la protección social está orientada prioritariamente a atender las necesidades de determinados grupos de población (Cecchini et al., 2015, p. 42).

Al respecto, el trabajo de Pribble (2013), citado por Farías (2014) analiza los factores que explican los grados de universalismo presentes en las reformas en América Latina, incorporando las dimensiones extensión de cobertura, transparencia en la administración de las políticas, aseguramiento de la calidad de los servicios públicos y reducción de la segmentación en el tamaño de las transferencias y la sustentabilidad y equidad de los mecanismos de financiamiento. En este contexto el artículo analiza la importancia de las políticas sociales implantadas en Bolivia en el periodo 1980 – 2016, en la que se implantaron una serie de políticas operativizadas a través de programas sociales cuyos objetivos fueron la protección social, inclusión social y la búsqueda del bienestar social de la población boliviana.

MATERIALES Y MÉTODOS.

La investigación contempla un análisis descriptivo documental e interpretativo, dado que se estudia un periodo de tiempo 1980 - 2016, en la que se dieron distintas leyes que llevaron a una nueva configuración social, donde las características y contextos fueron diferentes del uno al otro. Se recurre a la literatura especializada en materia de políticas sociales e información estadística del Instituto Nacional de Estadística y centros de investigación especializados en el abordaje de la temática social, política, y en concreto, los programas de transferencia monetaria condicionada aplicadas en Bolivia y cómo ellos fueron implantadas.

RESULTADOS.

a) Organismos internacionales y pobreza

En el tema social, diferentes organismos internacionales enfocan sus atenciones a la reducción de la pobreza; en este sentido, priorizan variables sociales tales como salud, educación, derechos, igualdad y protección, entre otros, descritas en la siguiente tabla:

b) América Latina, pobreza y PTC.

En la actualidad los programas de transferencias condicionadas, denominados también programas con corresponsabilidad, es una de las principales políticas de protección social aplicada en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, con el propósito de reducir la pobreza (Cecchini, y Madariaga. 2011, p. 5). En este sentido, la evolución de la pobreza y la indigencia en América Latina en el periodo 19802015 se expone en el siguiente gráfico:

En América Latina la tasa de pobreza en el año 2014 fue del 28,2% que representa 168 millones de personas; a su vez, la tasa de indigencia representa el 11,8%, es decir 70 millones de personas se encontraban en situación de indigencia. Según la CEPAL, el año 2015 ambos indicadores tendrían un incremento, la tasa de pobreza alcanza el 29,2% y la pobreza extrema el 12,4%. En el periodo 1980-2014 la pobreza y la indigencia disminuyeron en 12,3 y 6,8 puntos porcentuales, respectivamente (CEPAL, 2106). En los Estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela, se aplicaron programas de transferencias condicionadas, transferencias no condicionadas y asignaciones familiares (CEPAL, 2014). La cobertura de los PTC respecto de la población beneficiaria y el porcentaje de inversión en relación del Producto Interno Bruto (PIB) se presentan en el siguiente gráfico:

Como se puede observar, entre el período 2000-2013 la cobertura de las transferencias por ingresos, sufrió un incremento de 11,1% al 22,2% de la población, en el mismo periodo, la inversión pública social en la UNASUR aumentó del 7,0% al 39% del PIB. En este contexto, los programas sociales permitieron el cumplimiento del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM), "erradicar la extrema pobreza y el hambre"; es así que entre 1994 y 2013, en el conjunto de países de América del Sur disminuyó en un 63% la incidencia de la extrema pobreza (CEPAL, 2014, p 7). Las transferencias de ingresos para la erradicación de la pobreza se constituyen en un elemento importante de los sistemas de protección social en la mayoría de los países de la UNASUR, los programas de transferencias de ingresos para la erradicación de la pobreza alcanzan una cobertura amplia de aproximadamente 90 millones de personas que participan (22,2% del total de la población); la inversión de los programas representa el 0,4% del PIB (CEPAL, 2014).

A partir de las primeras experiencias en Brasil y México, a mediados de la década de 1990 se aplicaron en América Latina y el Caribe distintos PTC para la erradicación de la pobreza (Cecchini y Madariaga, 2011), los mismos difieren respecto de la población beneficiaria, condicionalidad, requisitos, procedimiento, cobertura e inversión; pueden incluir transferencias monetarias y en especie, apoyo psicosocial, seguimiento a las familias, programas de capacitación y microcrédito, entre otros (CEPAL, 2014). Autores como Cecchini et al., (2014), afirman que los sistemas de protección tuvieron grandes avances en relación con el aumento de la calidad, variedad y especificidad de las poblaciones atendidas.

-Indicador de Bienestar: Índice de Desarrollo Humano

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), construye el Índice de Desarrollo Humano (IDH), indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable (salud, medida según la esperanza de vida al nacer), educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años de duración de la educación obligatoria) y nivel de vida digno (riqueza, medido por el PIB per cápita en dólares internacionales). En siguiente tabla se observa el comportamiento del IDH para los principales países de América Latina.

Según el PNUD el IDH de América Latina experimentó un avance ligero; sin embargo, hay diferencias muy importantes entre países; para el año 2014, Argentina (puesto 40) y Chile (puesto 42) se constituyen en los únicos países latinoamericanos con un desarrollo humano muy alto. Posteriormente, Uruguay (52), Venezuela (71), México (74), se constituyen en los primeros tres países con un IDH alto; finalmente Paraguay (112) y Bolivia (118) están catalogados con un IDH medio. c) Bolivia, política social y pobreza

Bolivia hasta mediados del 2005, presentaba elevados indicadores de pobreza, siendo considerado uno de los países con mayores niveles de desigualdad en la redistribución del ingreso de América Latina. Posteriormente, la aplicación de políticas sociales permitió mejorar estos indicadores; sin embargo continua existiendo brechas sociales en la población boliviana. Desde la perspectiva de los modelos económicos, en Bolivia se distinguen marcadamente dos periodos, el primer periodo 1985-2005 referido al capitalismo o neoliberalismo, y el segundo periodo 2006-2016 concerniente al establecimiento del modelo económico social comunitario productivo. Para el presente trabajo la política social implementada en Bolivia se clasifica en cinco periodos.

En el periodo 1980 y 1985 Bolivia, atravesó una profunda crisis económica con repercusiones en el aspecto social, el crecimiento del PIB fue negativo, alcanzando el valor más bajo (-4%) en el año 1983, la tasa de inflación que en 1980 llegó a 24% alcanzó el valor de 8,17% en 1985. El 29 de agosto de 1985 a partir del Decreto Supremo 21060 se aplica un programa de estabilización; el mismo consistía en diferentes medidas de política fiscal y monetaria, tales como la racionalización del gasto público, reducción del medio circulante, liberalización de precios, liberalización del mercado de trabajo, unificación cambiaria, medidas de alivio a la deuda externa y apertura del comercio exterior. Luego de cinco años la economía registró una tasa de crecimiento positivo de 2,5% en el año 1987; a su vez la tasa de inflación disminuyó del 66% en 1986 a 17% en 1989. Durante el periodo 1980-1989, los gobiernos priorizaron diferentes políticas fiscales, monetarias y cambiarias orientadas a promover el crecimiento económico, antes que las políticas sociales que focalicen el desarrollo del capital humano (Loayza et al., 1997, p. 115).

Entre las reformas más importantes en el año 1990 se identifica la Ley de Administración y control de los recursos del Estado (SAFCO), Ley de inversiones, Ley de Hidrocarburos. De la misma manera se promulga la Actualización Código de Minería (1991), Código Tributario (1992). En el año 1993 el Régimen de Zonas Francas, Ley de Privatización, Ley de Exportaciones, Ley General de Bancos. A partir del año 1994, se implementan reformas estructurales mediante la Ley de Capitalización, Ley de Participación Popular y la Ley de Reforma Educativa. Finalmente en el año 1996 se promulga la Ley de Pensiones, Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria y las Reformas al sector salud. Las transformaciones se dieron a partir de 2006 y la orientación fue hacia el "Modelo Económico Social Comunitario Productivo", basado en el paradigma del "Vivir Bien" caracteriza el desarrollo de diferentes programas sociales, siendo el modelo económico es plural, constituida por las formas de organización comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. Con respecto al marco legal, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia estable que el Estado debe garantizar el bienestar, protección, seguridad alimentaria, acceso a la educación, salud y promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y erradicación de la pobreza; en este contexto, en la tabla siguiente se describen las políticas sociales instituidas en la Constitución Política del Estado.

Pobreza

Los trabajos iniciales de medición de la pobreza bajo el enfoque de ingresos fueron presentados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1991 y la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) en 1993, sin embargo no tenían el carácter oficial. En 1995, la Unidad de Análisis de Políticas Sociales (UDAPSO) y CEPAL elaboraron una canasta básica de alimentos para la definición de líneas de pobreza. Posteriormente, los trabajos de UDAPSO (1997), UDAPE (1998 y 1999), y por su parte CEPAL a partir de 1997, presentan datos con mayor consistencia sobre la evolución de la pobreza en Bolivia (UDAPE, 2004, p. 131). A su vez, el INE en el año 1999, a iniciativa del Banco Mundial inició el Programa de Mejoramiento de las Encuestas y Medición sobre Condiciones de Vida (MECOVI) con el propósito de recopilar información sobre condiciones de vida de la población boliviana para la generación de indicadores de pobreza. Considerando la justificación técnica precedente, se presenta las estadísticas de la pobreza en Bolivia a partir del año 1996:

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), se observa que durante el periodo 1996-2015, la pobreza moderada disminuyó 26,2 puntos porcentuales (de 64,8% a 38,6%), hasta alcanzar en el año 2015 el valor de 38,6% a nivel nacional. A su vez, considerando el mismo periodo, la pobreza extrema en Bolivia disminuyó en un 24,4% (de 41,2% a 16,8%). Según el área de residencia, la pobreza extrema en el área rural, presentó una disminución de 34,5 puntos porcentuales durante el periodo 19962015 (de 67,8% a 33,3%); de la misma manera, la pobreza extrema en el área urbana se redujo en 14,4%. Sin embargo, en el año 2015 la brecha de la pobreza extrema en el área urbana-rural fue de 21,8 puntos porcentuales, este aspecto denota que todavía persiste la desigualdad geográfica.

-Política social: Programa de Transferencia Condicionada

Con el propósito de abordar la problemática de la pobreza, a partir del año 2006 se ha implementado en Bolivia programas de protección social, denominados programas de transferencias consolidadas, focalizadas a los estudiantes, personas de la tercera edad, madres embarazadas y niños menores de dos años. Estos programas tienen la finalidad de cumplir los objetivos a corto plazo y largo plazo; el primero a través del incremento en el ingreso (proceso para estimular la demanda) y el segundo principalmente relacionado con la mejora del capital humano. Los programas mencionados con alcance a nivel nacional, se describen en la siguiente tabla:

El organismo responsable de ejecutar el Bono Juancito Pinto es el Ministerio de Educación y es financiado con recursos del Tesoro General de la Nación, se basa en el Bono Esperanza implementado en el Municipio de El Alto del Departamento de La Paz; por otra parte, la Renta Dignidad es un programa de transferencia monetaria vitalicia para el adulto mayor, forma parte del régimen de Seguridad Social no Contributivo, la institución responsable es la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, es ejecutado por las Administradoras de Fondo de Pensiones, financiado por los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y dividendos de las empresas públicas, la Renta Dignidad reemplazó al Bonosol (Bono solidario) que consiste en un pago anual de $us. 258,63 a todas las personas de 65 o más años. Por otra parte, el pago del bono Juana Azurduy está a cargo del Ministerio De Salud y Deportes y actualmente es financiado con recursos internos del Tesoro General de la Nación. Estos programas han permitido la mejora del bienestar social de la población más vulnerable de Bolivia.

-Política social vs Pobreza

En Bolivia a partir del año 2005 se redujo la pobreza extrema con mayor significación como consecuencia de diversos factores, tales como el crecimiento económico (que permitió la mejora en el ingreso de los hogares), las políticas gubernamentales de estabilización y principalmente la políticas de transferencia de recursos económicos, mediante la implementación de los programas sociales como el bono Juancito Pinto (2006), la Renta Dignidad (2008) y el bono Juana Azurduy (2009); sin embargo, es menester mencionar que en la actualidad persisten las desigualdades en el ámbito geográfico.

En la literatura se encuentran diferentes estudios relacionados con las evaluaciones de impacto de los programas sociales en Bolivia, se distinguen las investigaciones realizadas por Yañez (2010): "El impacto del Bono Juancito Pinto. Un análisis a partir de microsimulaciones"; UDAPE (2013): "Evaluación de impacto del Programa de Salud Materno Infantil Bono Juana Azurduy"; Aguilar (2014):"Evaluación de impacto del Bono Juancito Pinto en Bolivia"; UDAPE (2015): "El Impacto de la Renta Dignidad: Política de redistribución del Ingreso, Consumo y Reducción de la Pobreza en Hogares con Personas Adultas Mayores"; los resultados de las investigaciones concluyen que los programas sociales tuvieron un impacto favorable en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

La estimación realizada por UDAPE para el año 2014, concluye que en Bolivia, la transferencia de los bonos (Renta Dignidad, Bono Juancito Pinto y Bono Juana Azurduy) redujo aproximadamente el 1,8% la pobreza extrema.

DISCUSIÓN.

En Bolivia las políticas sociales permitieron mejorar las condiciones de vida de la población boliviana; sin embargo persisten grupos vulnerables a la pobreza, exclusión y desigualdad. Los avances que existen son importantes, pero queda abierto el debate si estos bonos son mecanismos reales para disminuir los índices de pobreza en el largo plazo, y además si son sostenibles, dado los problemas sociales que existen en el ámbito de la salud y educación. A manera de discusión, la presente investigación plantea algunas interrogantes, que a partir de ellos se pueden continuar profundizando el estudio de los programas de transferencia condicionadas, ¿cuáles son los problemas sociales más primordiales en Bolivia y cómo se pueden transformar las demandas de la sociedad en políticas sociales?, ¿son adecuados las programas de protección social en la economía boliviana y cuál es el papel de las políticas sociales en la reducción de los niveles de pobreza y de qué manera promueven mejores condiciones de vida en la población boliviana?

CONCLUSIONES

Las políticas públicas se constituyen en un instrumento de participación entre el Estado y la sociedad con el propósito de mejorar las condiciones de vida y el bienestar social, además de la lucha contra la reducción de la pobreza. Es así, a partir de la década de 1990 en América Latina y en Bolivia, se implementaron programas de transferencias condicionadas orientadas a reducir la pobreza y la desigualdad del ingreso, en el primer caso, se evidencia que coadyuvaron en ese objetivo.

El análisis de las políticas públicas en Bolivia permitió comprender la evolución de los programas sociales implementados, los cuales tuvieron en alguna medida connotaciones políticas e ideológicas; finalmente se concluye que los programas de transferencias condicionadas: Bono Juancito Pinto (2006), Renta Dignidad (2007) y Bono Juana Azurduy (2009) permitieron reducir la pobreza, la pobreza extrema y el bienestar social; sin embargo, todavía persisten las desigualdades sociales en el ámbito geográfico.

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Artículo recibido 25/02/2017

Artículo aceptado 18/06/2017

On line: 26/06/2017