SIMPOSIO

 

Justicia Ambiental vs Capitalismo Global Experiencias, Debates y Conflictos en el Perú

Environmental Justice vs Global Capitalism Experiences, Debates and Conflicts in Peru

 

Franklin Américo Canaza Choque

Maestría en Administración Educativa, Universidad Nacional del Altiplano Puno – Perú

Correspondencia email: Leo_123fa@hotmail.com

 

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RESUMEN

El estudio detiene su análisis en las múltiples manifestaciones socioambientales germinadas en el territorio peruano frente a un capitalismo globalizado. La metodología toma su impulso en la investigación documental y el análisis bibliográfico. Ante la expansión de la actividad minera en los últimos años y de los altos impactos socio-ambientales provocados en el Perú, los afectados emprenden luchas en busca del reconocimiento de una justicia ambiental. Para los vulnerables en Santa Ana (2011), Conga (2011-2014), Las Bambas (2015) y Tía María (2015) la idea de justicia climática es un derecho que está siendo lesionado.

PALABRAS CLAVE: Actividad Minera, América Latina, Cambio Climático, Conflictos Socioambientales, Extractivism.

 

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ABSTRACT

The study stops its analysis in the multiple socio-environmental manifestations germinated in the Peruvian territory against a globalized capitalism. The methodology takes its momentum in the documentary research and the bibliographical analysis. Faced with the expansion of mining activity in recent years and the high socio-environmental impacts provoked in Peru, those affected undertake struggles in search of the recognition of environmental justice. For the vulnerable in Santa Ana (2011), Conga (2011-2014), Las Bambas (2015) and Tia Maria (2015) the idea of climate justice is a right that is being injured.

KEYWORDS: Mining Activity, Latin America, Climate Change, Socio-Environmental Conflicts, Extractivism.

 

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INTRODUCCIÓN

Ante la incertidumbre del mañana, uno de los desafíos más colosales del siglo XXI es frenar el cambio climático (CC) (CEPAL, 2017). En el transcurso, se ha desencadenado una serie de efectos y daños multidimensionales alrededor del planeta (Raynal-Villaseñor, 2011; Brutto & Vázquez, 2015). Tales desórdenes climáticos afectan en gran medida a los sistemas geofísicos, biológicos y socioeconómicos, y sin duda, el CC representa la mayor amenaza al bienestar de la humanidad (Gallardo, 2012). Enfrentar, solucionar o mitigar el problema, requiere de acciones e intervenciones tanto globales como locales (Ulloa, 2017).

Frente a la crisis sistémica del modelo neoliberal y los mecanismos de poder. Con una variada intensidad y de principios opuestos al sistema existente, las alternativas contrahegemónicas toman notoriedad en América Latina y el Caribe (ALC). Desde la propuesta de una economía social y solidaria en el Brasil y Venezuela (Hintze, 2010) hasta aterrizar en espacios andinos del Ecuador y Bolivia con el Sumak Kawsay o Buen Vivir (Gudynas & Acosta, 2008; Estermann, 2012; Viola, 2014). Ambas proyecciones, van más allá de las fronteras y límites de solo implementar disyuntivas a la crisis planetaria, su contenido recoge prácticas sociales, vivencias locales, experiencias y saberes particulares, en efecto, son constructos que canalizan otras formas posibles de vivir desde el Sur.

A la par, al verse amenazado la existencia en el planeta y demás componentes, desde hace un buen tiempo, los movimientos sociales no sólo se han convertido en el foco de resistencia de la vida y del ambiente, sino también, en una lucha por la justicia mundial ante un capitalismo depredador (Fogel, 2012). Es una realidad, que "el extractivismo minero perpetúa la base económica primario exportadora, la dependencia externa y la colonialidad" en América Latina (AL), pero también, es una verdad que –como enfatiza Martínez (2018: 35)– "sus límites se hallan precisamente donde comienza el poder constituyente de la democracia".

Bajo estas líneas, Perú es un país que posee una enorme riqueza de recursos naturales y una política flexible en cuanto al ingreso de capitales transnacionales. En el mediano y largo plazo, el crecimiento acelerado de la industria minera en el Perú se ha convertido en el motor y de mayor impulso de la economía nacional. Empero, sus impactos han generado riesgos ambientales, de sanidad, problemas territoriales, la transgresión de los derechos humanos y del cuestionamiento por parte de la gran mayoría que se ha visto afectada (Saade, 2013).

El estudio detiene su análisis en las múltiples manifestaciones socioambientales germinadas en el territorio peruano frente a un capitalismo globalizado en depreciación. La metodología toma su impulso en la investigación documental y el análisis bibliográfico. Ante la expansión de la actividad minera en los últimos años y de los altos impactos socioambientales provocados en el Perú, los afectados ambientales emprenden luchas en busca del reconocimiento de una justicia ambiental. Para los vulnerables en Santa Ana (2011), Conga (2011-2014), Las Bambas (2015) y Tía María (2015) la idea de justicia climática es un derecho que está siendo lesionado.

Los signos de conflictividad de rasgos ambientales detonados en el Perú. Muestran a un Estado ineficiente en la solución y el manejo de conflictos, y que desde la subalternidad, se desprenden luchas entre minorías étnicas y la enorme maquinaria transnacional. Retornar al análisis de experiencias pasadas, no sólo ha permitido reconocer el grado de importancia de estos procesos en el presente, sino que ayuda a desarrollar contenidos novedosos, de rellenar vacíos y que permiten añadir elementos de reflexión y de asociar nuevas variables en relación a un pasado que se ha dejado atrás, pero que se deben de recordar como antecedentes que implicaron la eclosión de subjetividades y miradas desde los vulnerables.

METODOLOGÍA

La investigación es de carácter documental, tiene un enfoque teórico-explicativo. Se realizó con una revisión literaria, aplicando de manera genérica el método analítico-sintético. La estrategia de investigación recae en el diseño bibliográfico. El instrumento por el cual se obtuvieron los datos fue la recopilación documental bibliográfica de impresos mayores, menores, de referencia y de estudio, tanto de fuentes primarias como secundarias. En cuanto a la técnica, se resume en la utilización de fichas: bibliográficas (libros); hemerográfica (artículos de revista científica y periódicos); y de información electrónica.

Adicionalmente, este estudio se alimenta del aporte de expertos nacionales e internacionales. Asimismo, de la amplia información que brindan instituciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la Defensoría del Pueblo y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Dos mundos en existencia: Justicia Ambiental vs. Capitalismo Global

Al final de su trabajo, Raquel Neyra (2017: 174) escribía, "la conflictividad socioambiental es provocada por dos mundos que corren paralelamente en sentido inverso: uno busca preservar la vida y el otro extraer beneficios sin importarle las consecuencias". Este último, por su dinámica "tiene un alcance generalizado, ya que compromete las formas de producción y de consumo basadas en el uso descontrolado de recursos naturales que rompe los equilibrios que permiten la vida del planeta" (Fogel, 2012: 13). Para Žižek (2010: 49), el ascenso del capitalismo global daba por terminado la época del Estado de bienestar, este poder que no obedece ley alguna "se nos presenta así como un destino fatal contra el que no se puede luchar: o bien uno se adapta a él, o queda al margen de la historia y se ve aplastado". Sin embargo, su escrito aún no termina, el esloveno, comenta, la lección del presente: "Habrá que romper la barrera del sonido, habrá que asumir el riesgo de respaldar de nuevo decisiones colectivas a gran escala.

El filósofo hegeliano y lacaniano es claro, en referencia a los que están dentro y fuera del sistema, los que permanecen dentro, se adaptan a relaciones nuevas y asimilan formas de comportamiento que obedecen a toda una esfera de poder, en muchos casos, sus vidas terminan por ser controladas y diluidas. Mientras que para los que están fuera, pierden oportunidades, se les vulneran sus derechos, perecen de notoriedad y se hacen invisibles. Ir contra el sistema, requiere formar una ola de afectados con el ideario de romper todos los muros existentes que han imposibilitado la libertad y el derecho a existir en mundo sano. Este, viene a ser una de las responsabilidades más grandes de nuestra historia.

Frente a la devastación del planeta y contra la dominación global, la idea que nace desde los de abajo, es la resistencia, −para De Sousa (2018: 15)– este, debe basarse en luchas −simultáneamente− anticapitalistas, anticoloniales y antipatriarcales. Es así, que en estos escenarios de falsas promesas, una "nueva generación (...) está apareciendo, conceptos nuevos como refugiados ambientales, desplazados, resistencia ambiental, justicia climática, justicia hídrica, están emergiendo desde los bucles de las sociedades contemporáneas" (Valencia, Aguirre, & Ríos, 2015: 339). Desde espacios locales, los afectados emprenden su lucha por el reconocimiento del existir en el planeta, movimientos sociales que buscan posibilidades para recobrar los derechos humanos que se les ha denegado por el sistema. En este camino, su protesta aún no concluye, sin antes hacer válido una justicia ambiental de alcance universal.

Con una visión acertada, como aconseja el lingüista estadounidense, Noam Chomsky (2004: 336), mientras se tenga la oportunidad de cambiar la historia, "lo que importa es que logremos despertarnos de la pesadilla antes de que lo consuma todo y podamos traer un poco de paz, justicia y esperanza a un mundo que está, ahora mismo, al alcance de nuestras posibilidades y nuestra voluntad".

2. Expansión minera y conflictos socioambientales

En las últimas décadas, el crecimiento y la dilatación de la actividad minera viene apropiándose de diversas regiones de AL, esto no solo ha provocado transformaciones en el marco jurídico, tal expansión se ha traducido en protestas socio-ambientales (Huwiler, Godfrid, & Duárez, 2015) que tienen su punto de partida en los desperfectos ocasionados por la megaminería (Martínez, 2018). De manera que, el extractivismo minero ha tomado protagonismo en el mundo de hoy. Su importancia y sus efectos, comienzan por despertar el interés de los gobiernos en rediseñar con urgencia políticas públicas (Toche & Zeballos, 2013).

En el Perú, la explosión de concesiones y operaciones extractivas de la gran minería tiene sus inicios en los años noventa. Siendo alguno de ellos: Yanacocha (Cajamarca), Pierinan (Ancash), Tintaya (Cusco), Cerro Verde (Arequipa), Majaz (Piura), Tía María (Arequipa), Toquepala (Tacna), Antamina (Ancash), Quellaveco (Moquegua), Shougang (Nazca-Ica), Las Bambas (Apurímac), Tambogrande (Piura), Cerro Quilish (Cajamarca), Chinchinga (Ayacucho), Doe Run Perú (La Oroya-Junín), Santa Ana (Puno), etc (Pinto, 2013; Pinto & Luyo, 2017).

Sin embargo, estos proyectos, más allá de haber generado ingresos significativos en la economía nacional. La expansión ha reabierto la discusión por los efectos negativos en los niveles macroeconómicos, sociales y políticos (Sanborn & Dammert, 2013). La falta de legitimidad del gobierno, la desconfianza en las empresas y demás irregularidades (Bolaños, 2013), ha terminado por alimentar el miedo y de reproducir temores nunca antes vistos en las comunidades en conflicto.

Desde su instalación en contextos vulnerables, se desprenden interacciones conflictivas entre la minería y las comunidades del entorno (Pinto & Luyo, 2017). Tal es el caso en donde las grandes empresas reconfiguran la economía local en función de la minería, así como provocan una serie de impactos negativos en el ambiente y las condiciones de vida de la población aledaña (Svampa, 2011). Finalmente, en algunos casos, el contacto termina con el despojo de tierras a campesinos e indígenas (Damonte, 2011).

Cabe señalar que, a pesar de la existencia de normas de protección ambiental y social, la actividad minera sigue siendo el causante de múltiples daños medioambientales (Ramírez, 2015). Y que a la par de un aumento de proyectos mineros, los conflictos de contenido ambiental se han incrementado progresivamente, a tal punto, de que se llega a cuestionar la legislación nacional en materia social, las políticas ambientales y de los métodos alternativos para el manejo y la gestión de conflictos (Huamaní, Macassi, Galarreta, & Rojas, 2012).

Además, para una doble mirada, es conveniente mencionar que:

Los impactos positivos de la minería tienden a distribuirse en las zonas urbanas y entre la población de mayores recursos y nivel educativo (...). En cambio, para la población rural y pobre—que en muchos casos también es la población más indígena—las oportunidades para mejorar su situación con la expansión minera pasan por el impacto indirecto de los tributos mineros, generados por las obras de sus autoridades elegidas y/o por programas de inversión social directa de las empresas. (Sanborn & Dammert, 2013: 11-12)

Son dos realidades totalmente diferidas las que se vienen formando, por un lado, una parte de la población tiene un acceso relativo a los beneficios que genera la actividad minera, por otro, los desfavoridos no tienen oportunidad alguna. Uno de los casos a los que refiere Saade (2013: 54), es que "generalmente los proyectos mineros se ubican en las regiones más pobres (...) por lo que el acceso a internet no es una prioridad de muchas comunidades lo que ha ocasionado una ausencia de información en muchas poblaciones". El tener acceso a la información ambiental es un mecanismo imperante al momento de hacer valer los derechos y la justicia ambiental (Bermúdez, 2010).

En efecto, el problema no necesariamente recae en aquellas poblaciones que son vulneradas después de haberse concesionado el proyecto minero, sino que además, antes de ello, los actores afectados también incluyen a los inversionistas al momento de desarrollar el proyecto de exploración minera. Según Pachas (2014: 323), "lamentablemente, la existencia de vacíos legales y la burocracia administrativa genera múltiples retrasos para la obtención de dichas autorizaciones, incrementando el referido ‘costo fijo’ y, en algunos casos," los ha empujado hacia la informalidad. Y que a su vez, desencadenan en signos de conflictividad social en torno a la industria extractiva.

Los datos que brinda la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS-PCM, 2013), señalan que durante el primer mes del año 2013 hubo 63 conflictos derivados de la minería, de este total, la minería informal representaba el 17.5%, seguido por actividades hidrocarburíferas (14.3%), agrarios (11.1%) y de demarcación territorial (9.5%). Las investigaciones indican que la minería informal no sólo ha producido problemas en la salud de trabajadores mineros y de la "población que vive a los alrededores de las minas", sino que además, ha aumentado de manera vertiginosa el deterioro de la biósfera (Bustíos, Martina, & Arroyo, 2013).

En lo que se refiere a este problema, según los informes de Ipenza y Valencia (2014: 175), "no se ha logrado detener esta actividad ilegal ni formalizar a los informales. Todas las regiones del Perú tienen presencia de minería ilegal e informal; incluidas 17 áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, en mayor o menor grado". Siendo referentes de este problema Madre de Dios y Puno, solo en el primero de ellos, "existen alrededor de treinta mil mineros informales, pero que son a su vez los principales dinamizadores de la economía local, aunque también fuente de serios conflictos sociales" (Comisión de Investigaciones Politai, 2013: 102). Cuando las soluciones para mitigar el problema se encuentra en la aplicación e implementación de leyes y políticas públicas por parte de los actores estatales, estos, teniendo la capacidad y los criterios, políticamente y de manera intencionada no lo hacen (Dargent, 2015). Esta falta de profesionalización en los gobiernos regionales-locales en la resolución de conflictos ambientales, es un añadido más al problema que tiene que corregirse (Chirinos, 2015).

Tanto la minería ilegal como la informal atraviesan y sobrepasan las capacidades de control y fiscalización del Estado, son problemas de enorme complejidad no sólo porque al momento de generar políticas sea dificultoso, sino también por la cantidad de peruanos que están involucrados de forma directa e indirecta. El escenario se complejiza, porque esta actividad viene construyendo un conjunto de redes y flujos ilegales a nivel local-global (Ipenza & Valencia, 2014).

Según los datos de U.S. Geological Survey – USGS figures y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Perú es el tercer país en el mundo en reservas de oro, plata, cobre y zinc. Sexto en producción mundial de oro y posee el 5% de las reservas mundiales. Segundo productor de plata y de las mayores reservas a nivel del planeta (120 mil toneladas métricas, 21% del total mundial). En 2015 se produjeron 4.102 toneladas, el 15% a nivel mundial. "Este boom en la producción y exportación de minerales ha convertido al Perú en el primer productor en Sudamérica de oro, cobre, plata y zinc" (Neyra, 2017: 161-162).

Sin embargo, a todo esto, como indica Honorio Pinto (2013: 218), "el sistema actual de concesiones mineras se ha convertido en los últimos años en un factor que genera y alimenta la desconfianza y temores de la población a impactos negativos como ya han ocurrido en Cerro de Pasco, Hualgayoc, Huancavelica, río Ramis, etc. Al respecto no hay información adecuada ni de parte del Estado ni de las empresas mineras".

3. Experiencias pasadas

Según el Relator Especial de las Naciones Unidas entre el 2010 y 2013 se han registrado un total de "226 conflictos socioambientales relacionados con proyectos extractivos de minería e hidrocarburos en territorios indígenas de América". Muchos de estos conflictos parten de la inexistencia de resguardo jurídico; la afectación de lugares sagrados; por la ausencia o la deficiente evaluación y estudio de impacto ambiental; por el incumplimiento de la consulta a pueblos indígenas; por la exclusión de los beneficios a pueblos oriundos en la explotación de recursos; y por la criminalización de la protesta social (Alicia Bárcena, Bielschowsky, & Torres, 2018: 441).

Los datos que muestra el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016), revela que en el 2015, en Perú, se han registrado alrededor de 174 conflictos socioambientales, los mismo que están ligados a la actividad minera (64,9%) e hidrocarburos (14,9%). Además, en las intervenciones realizadas ese mismo año, la Dirección de Turismo y Ecología de la Policía Nacional del Perú, reportó 438 delitos contra el medio ambiente y 680 delitos contra los recursos naturales. Según el informe del mes de Julio de 2017, la Defensoría del Pueblo (2017) ha registrado que de un total de 130 conflictos socioambientales, 84 (64,6%) casos son producto de la actividad minera, 17 (13,1%) por hidrocarburos, 12 (9,2%) por energía y otros.

En lo referente a estos problemas, la respuesta del Estado ha tenido un alto costo social. Solo para hacer mención, en el periodo 2001-2013, "los actos de violencia generados por los conflictos sociales han costado la vida a 207 civiles y 30 policías; con 1,799 civiles y 513 policías heridos" (Anicama & Paz, 2016: 14). Y como refiere Honorio Pinto (2013: 208), "todos estos problemas han generado y están generando muchos e intensos conflictos sociales que han precipitado crisis ministeriales, creando serias dificultades a los gobiernos de turno".

Es de saber que existe un amplio estudio sobre los conflictos socioambientales tanto de Santa Ana (2011), Conga (2011-2014), Las Bambas (2015) y Tía María (2015). El propósito en este apartado es retornar al análisis de experiencias pasadas, no sólo porque tienen un grado de importancia en el presente, sino que ayuda a desarrollar contenidos novedosos, de rellenar vacíos y que permiten añadir elementos de reflexión y asociar nuevas variables en relación a un pasado que se ha dejado atrás, pero que se deben de recordar como antecedentes que implicaron la eclosión de subjetividades y miradas desde los vulnerables.

Esta parte del trabajo abordará un breve recorrido por 4 conflictos que tienen parentesco socioambientales y elementos comunes que no desaparecen. Los "invisibles" –al que denomino De Sousa (2010)– trazan caminos hacia una mayor dignidad, justicia y reconocimiento de sus pueblos, derechos y territorios. Los afectados parten de la indignación, de la indolencia de las instituciones, de las amenazas que afectan y destruyen su mundo. De esta manera, los conflictos detonados en Santa Ana (2011), Conga (2011-2014), Las Bambas (2015) y Tía María (2015). Muestra a un Estado ineficiente en la solución y el manejo de conflictos socioambientales. Además, revela de las irregularidades que se presentan al realizar las concesiones, de la opacidad en la información del impacto ambiental y de los daños que este pueda presentar en la población adyacente.

Santa Ana – Puno (2011):Conflicto entre autoridades y pobladores aimaras de los distritos de Huacullani y Kelluyo (provincia de Chucuito) y la empresa canadiense Bear Greek Mining Company, Sucursal Perú (BCMC-SP), que tuvo una duración de entre marzo y mayo del 2011. Movimiento antiminero que paralizó a la región de Puno por 45 días (Comisión de Investigaciones Politai, 2013). Proyecto que sería a tajo abierto, con un período de construcción aproximado de 12 meses. Se estimó una producción total de 63,2 millones de onzas. La mina tendría una vida aproximada de 11 años. La fase de exploración inició a mediados del 2004 continuando el 2007, se tenía previsto empezar la etapa de producción en 2012 (Pinto, 2013).

De las conclusiones se tiene:

• Los distritos donde se ubicó el proyecto Santa Ana están marcados por la pobreza y la extrema pobreza. Su principal actividad es la agropecuaria... Son vulnerables al Estado, a la empresa y a los intereses de agrupaciones políticas.

• El proceso para obtener la concesión fue irregular... Se generó especulaciones y desconfianza. Parte de la población de Huacullani estuvo a favor de la minería, posiblemente por falta de información transparente y por los beneficios recibidos.

• El Estado y el Gobierno regional fueron incapaces de manejar el conflicto. El primero no puso en práctica el principio de prevención. El segundo estuvo presionado por el Consejo Regional. El Estado enfrentó el problema en el momento más difícil y aceptó la mayoría de las demandas del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno.

• El conflicto escaló de una dimensión local, a distrital, luego provincial, enseguida regional. Finalmente tuvo un impacto nacional e internacional. (Pinto, 2013: 218-219)

Conga – Cajamarca (2011-2014):El Proyecto Minero Conga (PMC) ha representado ser, el quiebre de las relaciones entre el Estado y las comunidades por la actividad minera. Una operación por parte de la Minera Yanacocha SRL (MYSRL) (Marín & Rébora, 2015) que se ubicó en los distritos de Huasmín y Sorochuco, provincia de Celendín y Hualgayoc, Cajamarca. En una región que muestra niveles altos de pobreza y desigualdad. El GORE Cajamarca, autoridades locales y comunidades en conjunto manifestaron su desacuerdo con la ejecución del PMC por considerar que este genera impactos negativos en la estructura social y del medio ambiente (particularmente en el sistema hídrico). Es el PMC para los comuneros la amenaza de los "recursos y formas de vida... por las obras ingenieriles y la posterior extracción de minerales". En la región, la situación se agudiza y toma notoriedad con la muerte de 5 personas en Celendín y Bambamarca, resultado del enfrentamiento entre unos 200 manifestantes opositores al PMC y las fuerzas del Ejército y la Policía Nacional, en la provincia de Celendín (2011) (ONDS-PCM, 2013; Lorena, 2013: 149).

Las Bambas – Apurímac (2015): El Proyecto Minero Las Bambas (PMLB) se localizó en los distritos de Challhuahuacho y Progreso de la provincia de Cotabambas, región Apurímac. El contraste "se da entre dos fuerzas; de un lado, están las organizaciones sociales y sus dirigentes y, del otro, la alianza entre el gobierno y la empresa minera". Protestan por supuestos incumplimientos de la empresa minera Xstrata Copper haciendo mención a 17 compromisos en beneficio de las comunidades del área de influencia del proyecto, una plataforma de lucha de treinta demandas dirigidas al Estado y a la empresa. En 2013 se fusionan Xstrata-Glencore. Un año después Las Bambas cambian de dueño. Este hecho agrieta el conflicto, pues se introducen cinco modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) original. Sobre estos cambios solo se informó a las autoridades locales y no a los pobladores de las comunidades (Pinto & Luyo, 2017; Defensoría del Pueblo, 2017).

De las conclusiones se tiene:

• Causas que originan el conflicto: a) La negativa del gobierno a informar a las comunidades sobre las modificaciones en el EIA de Las Bambas; b) El no cumplimiento de las 17 condiciones sociales contenidas en el anexo K; c) Las cinco modificatorias al EIA amparadas en el D.S. Nº 054-2013-PCM. Este decreto supremo permite a las empresas modificar el EIA sin realizar nuevas audiencias o talleres, tan sólo presentando un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) y un Plan de Participación Ciudadana (PPC); d) Debido a las modificaciones del EIA disminuyen las áreas de influencia directa e indirecta. En consecuencia quedan excluidas muchas comunidades y centros poblados de los posibles beneficios del proyecto minero; e) La presentación de actas de talleres supuestamente manipuladas y el desconocimiento de parte de MMG de los compromisos asumidos por Glencore, Xstrata. El cambio de dueño de Las Bambas ha agudizado el conflicto; f) La violencia institucional del Estado expresada en la presencia de la PNP y de militares en la región; g) La contaminación o su amenaza; h) La distribución de los beneficios de la minería; i) La difícil compatibilidad entre la actividad minera y agraria; y j) La generación limitada de empleos locales, etc. Todo este conglomerado de factores, terminó por desencadenar "las protestas trágicas del 28 de setiembre de 2015 y del 14 de octubre de 2016 (por) los cambios en el EIA que se hicieron sin información transparente a las comunidades". (Pinto & Luyo, 2017: 232-233)

Tía María – Arequipa (2015):El Proyecto Minero Tía María (PMTM) de la empresa Southern Copper Corporation (SCC) del Grupo México. Islay, fue el escenario en donde agricultores, pobladores y autoridades del Valle de Tambo (VDT) se opusieron a este proyecto por considerar que su ejecución generaría impactos que perjudicarían al ambiente, la actividad agrícola y a la población en general. Todos, motivados por las "deficiencias en el primer y segundo EIA; el problema del posible stress hídrico... contaminación por efecto de los vientos; los problemas derivados de las instalaciones mineras; las irregularidades en los talleres y audiencias públicas y la herencia negativa de la Southern". Fueron luchas violentas, intensas y prolongadas que vieron su inicio en 2009 y que continuaron hasta el 2015. 4 paros indefinidos: 2 en 2010, uno en 2011 y el ultimo en 2015, la convulsión tuvo como resultado "un saldo trágico de siete muertos y cientos de heridos". ¡Agro sí, mina no! Es a la conclusión final a la que llegan los pobladores en su movilización (Pinto, 2016: 200-212).

Un extenso citado de Raquel Neyra (2017)quizá pueda resumir estos conflictos de tipología socioambiental:

A la luz de las luchas, resistencia y protestas, encontramos un factor común en casi todos los casos presentados: los que luchan, se organizan y resisten son los mismos pobladores concernidos por el proyecto, ya sean comuneros de los Andes o indígenas amazónicos o agricultores de la costa. Todos provenientes de la clase popular, del pueblo mismo que sufre y vive la pobreza, los estragos de la colonización y posterior República en la que fueron reducidos primero a esclavos, sirvientes y luego peones o campesinos siempre explotados... Muchas veces, el ecologismo popular consigue detener proyectos destructivos aunque sea a costa de numerosas víctimas mortales y heridos... En otros casos, el conflicto es de índole laboral y preocupa el empleo, los salarios y también la salud dañada por la contaminación (La Oroya, Cerro de Pasco). Muchos conflictos son a la vez ecológicos, de derechos humanos y en defensa de territorios indígenas o campesinos. (2017: 172)

Frente a una alteración en la territorialidad y del ambiente que los vio nacer, los damnificados emprenden discursos de resistencia, abren caminos ante las grandes barreras que se les ha impuesto. Es la causa, la determinante de unirlos, es el dialogo y el sentir de todos el que va formado redes irrompibles ante la mayor amenaza de sus tierras. Los desplazamientos del accionar colectivo nos conducen en la búsqueda de una serie de alternativas ante las transformaciones del capitalismo global o de su posible implosión. Reconocer y respetar las nuevas miradas y espacios desde los que emergen, es una oportunidad de ver que la vida empieza ahí, con ellos, con los que tienen voz y no fueron escuchados alguna vez.

En este marco, en ALC, los desafíos del reciente "Acuerdo Regional del Principio 10 de la Declaración de Río", adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú (Costa Rica). No sólo es una oportunidad de incluir a los más afectados, sino, simboliza una esperanza para la defensa de los derechos ambientales en Latinoamérica. El espíritu del "Principio 10" tiene como objeto el acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, elementos necesarios para alcanzar una democracia ambiental. Se trata de un instrumento jurídico en materia de protección ambiental, pero a la vez de un acuerdo y compromiso regional, que esperemos, tenga una aplicabilidad en dar "un paso más para hacer realidad la igualdad, el crecimiento económico sólido y el desarrollo sostenible para todos" (CEPAL, 2018: 9).

CONCLUSIONES

Contra todo pronóstico, la discusión del presente no aparta al CC de la formulación e implantación de políticas ambientales en escenarios locales y globales. Sin embargo, en el camino, el viejo Estado ha desaparecido y dentro del accionar de las políticas de climatización, el capitalismo global, ha encontrado la manera de intervenir, tensionar y expandir los procesos económicos globales extractivos en territorios vulnerables. Su impacto ha desencadenado una serie de degradaciones en los derechos humanos, el ambiente y las formas de vida en el planeta.

En su recorrido, la amenaza de un modelo de extractivismo neoliberal depredador y corporaciones transnacionales han llegado por explotar recursos naturales de enormes proporciones en AL. Tal es el daño de estos paraísos fiscales en el ecosistema y la vulneración de derechos en las regiones más frágiles de AL, que este ha generado simultáneamente discrepancias, convulsiones y la búsqueda de alternativas al arquetipo existente. En Perú, la explosión de la actividad minera tiene su notoriedad en los años 90. Y más allá de los ingresos económicos generados por gigantescos proyectos mineros, al verse la tierra amenazada y las condiciones de vida de la población indígena o campesina, nacen múltiples discursos contra-hegemónicos, formas de organización y de subjetividades en resistencia.

Los conflictos socioambientales detonados en Santa Ana (2011), Conga (2011-2014), Las Bambas (2015) y Tía María (2015). Muestran a un Estado ineficiente en la solución y el manejo de conflictos, y que desde la subalternidad, se desprenden luchas entre minorías étnicas y la enorme maquinaria transnacional. Retornar al análisis de experiencias pasadas, no sólo ha permitido reconocer el grado de importancia de estos procesos en el presente, sino que ayuda a desarrollar contenidos novedosos, de rellenar vacíos y que permiten añadir elementos de reflexión y de asociar nuevas variables en relación a un pasado que se ha dejado atrás, pero que se deben de recordar como antecedentes que implicaron la eclosión de subjetividades y miradas desde los vulnerables.

Frente a las políticas y el accionar internacional, no extraña que exista la fuerza de dos mundos opuestos: la primera, busca mecanismos para hegemonizar por completo el orbe, mientras que el segundo, desde la indignación construye redes de resistencia ante la amenaza de un posible cataclismo en la biósfera. La supervivencia de ambas fuerzas viene de larga data, sus destinos, quedan anclados en un tablero de ajedrez esperando a que uno de los contrarios haga la movida final.

Para concluir, en referencia a los que están dentro y fuera del sistema, los que permanecen dentro, se adaptan a relaciones nuevas y asimilan formas de comportamiento que obedecen a toda una esfera de poder, en muchos casos, sus vidas terminan por ser controladas y diluidas. Mientras que para los que están fuera, pierden oportunidades, se les vulneran sus derechos, perecen de notoriedad y se hacen invisibles. Ir contra el sistema, requiere formar una ola de afectados con el ideario de romper todos los muros existentes que han imposibilitado la libertad y el derecho a existir en mundo sano. Este, viene a ser una de las responsabilidades más grandes de nuestra historia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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Recibido: 23/03/2018

Aceptado: 28-06-2018

On line: 27/07/2018