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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE ESTUDIO
El pasado año 2022, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (2022), hubo 49 mujeres víctimas mortales de violencia de género, y una de ellas menor de edad (Ministerio de Igualdad, 2022). Por su parte, el año 2023, perdieron la vida 58 mujeres, siendo la cifra más alta desde 2016 (Ministerio de Igualdad, 2024). En efecto, el Ministerio del Interior ha tenido que reunirse de manera urgente en repetidas ocasiones tras este repunte de asesinatos machistas y reforzar las medidas de protección contra las mujeres. Todo esto añadido al aumento en el 12 % respecto al año anterior de delitos contra la libertad sexual, contabilizando en los primeros nueve meses 3.693 agresiones sexuales en España (Rodríguez, 1 de diciembre de 2023).
Ante este escenario es imprescindible que nuestras políticas tomen medidas. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha sido aprobado para su renovación por todos los partidos políticos, salvo Vox; además, se ha trabajado en una nueva Ley Orgánica 10/2022, más conocida como Ley de Solo Sí es Sí, cuyo principal objetivo es proteger a la víctima ante estos hechos. Entonces, ¿qué está fallando en nuestra sociedad para que los datos no dejen de aumentar año tras año? Posiblemente, a pesar de que las leyes y las políticas amparen a víctimas y castiguen a culpables, el tratamiento que de estos hechos hacemos como sociedad deba ser modificado.
Este cambio debería darse, especialmente, en uno de los principales medios de comunicación que transmiten asesinatos y violaciones de mujeres diariamente: la prensa. Desde que en 2003 el Gobierno proporciona los datos actualizados de víctimas mortales, su procedencia y las características de su caso (si existían denuncias previas, si hubo quebrantamiento de orden de alejamiento y si tenía hijos), las mujeres asesinadas se han convertido, en palabras de Ramón Reig (22 de julio de 2019), en un simple número: “Han matado a una mujer y esta hace ya el número mil y pico desde que se empezaron a contar los asesinatos. Punto. Suma y sigue” (s/p). Esto se ha visto reflejado en que la mayoría de los espectadores leen por encima los artículos que tratan estos temas y dejan de atender la televisión cuando se denuncia otro caso de violencia de género.
Sin embargo, el 7 de julio de 2016 algo cambió en nuestra sociedad española cuando a una chica de tan solo 18 años la violaron cinco hombres en un portal en plenas fiestas locales de Pamplona. La conmoción del caso fue tal que los artículos en prensa no dejaban de seguirse, incluso haciendo hilos informativos los días del juicio. Esto conllevó a la exposición pública de los cinco presuntos agresores, por aquel momento, en cuanto saltó la noticia con artículos como “Así son los miembros de La Manada: Unos “patanes” aficionados a sexo, fútbol y fiestas” de OkDiario1. También a querer descubrir quién era ella, la víctima, siendo esta herramienta empleada por el abogado de los culpables en el juicio. Así, no fue raro ver noticias con titulares tales como “La vida “normal” de la chica violada en San Fermín: universidad, viajes y amigas” (El Español, 9 de noviembre de 2017), muy criticado en las redes sociales y que tuvo su contestación en el diario La Vanguardia (16 de noviembre de 2017): “Llevar una vida normal no demuestra que no haya habido violación”. En efecto, serán estos dos artículos los cuales analizaremos más adelante en nuestro trabajo para ver cómo se ha realizado el tratamiento de la información en ambos casos.
Respecto a la estructura de este estudio, la cual guarda relación con los objetivos que perseguimos en su realización, abordaremos, en primer lugar, la evolución del tratamiento de las agresiones sexuales y la violencia de género en los medios de comunicación españoles, principalmente en prensa. En segundo lugar, expondremos el caso de “La Manada”. Por último, realizaremos una comparación entre los dos artículos previamente citados, analizando sus discursos en ambos casos.
2. EL TRATAMIENTO DE LAS AGRESIONES SEXUALES Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PRENSA ESPAÑOLA
Las malas noticias, indudablemente, copan nuestros periódicos y, en concreto, aquellas que se relacionan con actos violentos. Uno de los tipos de violencia que encontramos en la actualidad es la violencia de género, la cual hasta los años 80, en España, era un secreto a voces. Antes de esta fecha estos casos no eran señalados como malos tratos y ni siquiera eran noticia, a menos que el agresor fuera un desconocido para la víctima. Estos crímenes eran tratados como consecuencia de las pasiones, derivadas de una ruptura, de celos o de infidelidades, casi siempre dejando cierta sombra de culpabilidad en la mujer.
A partir de 1980, diferentes asociaciones de mujeres por todo el país comenzaron a asistir y a apoyar a las mujeres víctimas de estos crímenes en sus procesos judiciales. Dos pasos importantes que se dieron en esta década fueron la creación del Instituto de la Mujer en 1983 y la publicación de las primeras estadísticas sobre malos tratos, destacando la portada del periódico El País de 1988. Derivado del Informe de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, se publicaron diferentes editoriales en los que, además de analizar las causas de la violencia hacia las mujeres, se pedían medidas a todos los órganos estatales: político, legislativo y judicial.
En los años 90, la violencia doméstica empieza a tomar protagonismo, aunque parecía un problema que solo incumbía a las mujeres, ya que su presencia en los medios se limitaba a programas y revistas donde su público era mayoritariamente femenino. A pesar de que aún muchos ciudadanos siguen pensando que esto simplemente es “una cosa de mujeres”, se comienzan a aportar más datos cada vez que se produce un asesinato de este tipo y, sobre todo, el debate se instala en el marco político español.
Sin embargo, en 1997 hubo un punto de inflexión en la historia de la violencia machista en España. Ana Orantes, granadina de 60 años, asistió a un programa de Canal Sur para manifestar públicamente las agresiones que sufría por parte de su exmarido, José Parejo, al cual ya había denunciado sin éxito alguno ante la policía hasta en quince ocasiones. Sus 40 años de calvario de malos tratos finalizaron días después de su denuncia pública, pues fue asesinada por el propio Parejo, quien la ató, la roció con gasolina y después la quemó viva. Ana Orantes fue la víctima número 59 de violencia de género de aquel 1997, pero su caso provocó tal conmoción en la sociedad española que promovió innumerables cambios en la legislación de nuestro país y, sobre todo, en el cambio de visión de esta lacra. En efecto, así fue también su denominación dentro de los noticiarios, dado que ya no se hablaba de “crímenes pasionales”, y los términos violencia de género y malos tratos empezaron a copar los titulares de estos casos. Este hecho es de relevancia, ya que como indica Postigo (2015): “este cambio es importante porque constata que buena parte de estos episodios violentos reproducen una pauta de desigualdad de género, y que este tipo de violencia debe ser considerado como un tema público” (p. 16).
La visibilidad de la violencia de género en los medios de comunicación fue total durante los años 2000, aunque con grandes modificaciones. En la primera década se trabajó en el marco político y legislativo en la creación de la primera Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 1/2004. No obstante, el foco de las noticias seguía poniendo hincapié en por qué las víctimas habían llegado a esta situación, si tenían a su alcance herramientas como la denuncia ante la policía o el divorcio, sin tener en cuenta el maltrato psicológico o, simplemente, el miedo. Por lo tanto, el problema no residía por entonces en los agresores o en por qué se repiten constantemente estos casos mientras seguía subiendo, sin sentido alguno, el número de víctimas año tras año.
El 20 de enero de 2008, el periódico Público redactó un manual para sus trabajadores sobre cómo debían informar acerca de este tipo de sucesos, cuyas directrices se seguirían por el resto de los periódicos de tirada nacional. En su sumario, recoge la necesidad de calificar este tipo de actos como ““violencia de género”, “violencia machista”, “violencia sexista”, “violencia masculina contra las mujeres” […] Rechazamos las expresiones “violencia doméstica”, “violencia de pareja” y “violencia familiar”” (s/p). Entonces, determinan la violencia de género como un problema social y no como un suceso, por lo que los elementos morbosos no tendrán cabida en sus noticias; así como tampoco las especulaciones u opiniones de personas cercanas a víctimas y agresores, pero que no hayan sido testigos de los hechos. En ningún caso se tratará de justificar los motivos que han llevado al agresor a cometer el delito ni tampoco a recoger opiniones positivas acerca de este, el cual mantendrá su presunción de inocencia y anonimato hasta la sentencia. Además, en todas las noticias de este calado “siempre incluiremos el teléfono gratuito de ayuda a las víctimas (016) y cualquier otra información que les pueda ser útil” (s/p).
Un condicionante que no tuvo en cuenta en su decálogo el periódico Público, así como tampoco el resto de los diarios, fue el sensacionalismo del que se nutren las crónicas de sucesos. Para Redondo (2011), el sensacionalismo altera los hechos de la noticia en favor de sus aspectos más sonoros y espectaculares con el único fin de provocar un impacto en el lector. En la prensa, este efecto se provoca a través de diferentes titulares, sumarios y fotografías en primera plana que hagan al lector querer seguir leyendo o estar al tanto de ese hilo informativo.
Como consecuencia de esta práctica periodística, el morbo se instala en las redacciones de los periodistas y las víctimas de los hechos en un gancho que vende ejemplares o, en esta nueva era, que recibe multitud de visitas. En el proceso por construir estas noticias, se vulneran multitud de principios éticos y deontológicos que nada tienen que ver con los prometidos anteriormente, los cuales se relacionaban con un compromiso social: “El compromiso social de este estilo de prensa debería ser mayor que el de la prensa “seria” o tradicional pues se aproxima más que cualquier otra prensa a la “realidad”, las representaciones y las expectativas de la gente común” (Saad, 2011, p. 13). Así, se busca una constante implicación emocional del lector, sin importar que por ello se deba ahondar en las vidas de la víctima o de los agresores, situación que crea un debate social sobre quién debe ocupar en realidad cada papel.
En efecto, esto sucedió en nuestro país en 2016, cuando saltó la noticia de una violación grupal a una chica de 18 años en un portal en las Fiestas de San Fermín. No es que hasta entonces no hubiera en España violaciones en grupo, pero sí fue la primera vez que la prensa se hizo eco de ello, bien por las circunstancias de los hechos o bien por los perfiles de los agresores y de la víctima. El caso conmocionó a la sociedad, pero al contrario de lo que podríamos llegar a pensar, no la unió en favor de la víctima, pues las declaraciones ante los magistrados de todos ellos (víctima y agresores) se publicaron íntegramente en los medios de comunicación, quedando así el caso no solo en manos de la justicia, sino también de la sociedad que criticaba los hechos en base a lo que se exponía en la prensa. No obstante, para conocer más acerca de este caso, a continuación procedemos a presentar brevemente el caso de “La Manada”.
3. LA MANADA: EXPOSICIÓN DEL CASO2
El 7 de julio de 2016 la Policía Municipal de Pamplona detiene a cinco jóvenes de entre 26 y 29 años como presuntos autores de una agresión sexual a una chica de 18 años. Según denunció la víctima ―después se corroboraría su versión y se recogería en la sentencia Nº000038/2018 en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra―, fue rodeada por los cinco hombres, conducida hacia un portal y presionada a mantener relaciones sexuales con todos ellos sin su consentimiento. Ante su imposibilidad de pedir ayuda o de salir huyendo, la víctima adoptó una actitud de sometimiento y pasividad, obligándole a hacer todo lo que los cinco hombres le pedían y manteniendo siempre los ojos cerrados. Durante el desarrollo de estas actuaciones, uno de los agresores grabó con un teléfono móvil varios vídeos y tomó dos fotografías. Tras terminar de agredir y abusar de la víctima, la abandonaron en el cubículo del portal en el que ocurrieron los hechos, pero antes de irse le robaron su propio teléfono móvil para asegurarse de que no pudiera pedir ayuda. Cuando sus agresores se marcharon, la víctima salió del lugar de los hechos y comenzó a llorar por la situación, la cual aumentó al darse cuenta de que le habían robado el terminal y no podía pedir ayuda. Se marchó a la calle y se sentó en un banco, donde llamó la atención de una pareja por su actitud desconsolada y de ansiedad. En ese momento contó lo que había sucedido y la pareja llamó al 112, personándose una patrulla de la Policía Municipal para dar parte de los hechos.
Tras la detención de los cinco hombres, se decretó prisión provisional por la gravedad de los actos cometidos hasta el juicio y ya entonces se habló de agresión sexual: “El juez decreta el ingreso en prisión por delitos de agresión sexual de los cinco detenidos por violar a una joven en Pamplona” (Comunicación Poder Judicial, 2016). Además, en octubre de ese mismo año, cuatro de los cinco imputados son procesados por otro caso de presunto abuso sexual a una joven de 21 años en Pozoblanco, y en el que se observó que siguieron el mismo modo de actuar que en las fiestas de San Fermín: “El juez atribuye otra agresión sexual a los supuestos violadores de San Fermín” (El País, 2016).
El momento del juicio, ya en noviembre de 2017, reunió una gran audiencia y, además, los medios de comunicación se dedicaron a dar cuenta minuciosamente de cada jornada del juicio, a pesar de que este era a puerta cerrada para preservar la privacidad de la denunciante. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que el apoyo de la sociedad no fue unánime. La credibilidad del testimonio de la víctima fue puesta en tela de juicio en numerosas ocasiones, ya no solo por parte del abogado de los agresores, quienes contrataron un detective para que la siguiera y diera parte de su vida y actitudes las semanas después de los hechos; sino que también numerosas personas de nuestra sociedad ocuparon las redes sociales y la parte de comentarios de las noticias de esos días para cuestionar el relato de veracidad de la víctima. Esto provocó que las asociaciones de mujeres congregaran manifestaciones en apoyo a la denunciante con gritos como: “Hermana, yo sí te creo”, o “aquí está tu manada”, frases que se volverían a escuchar el 8 de marzo de 2018 en la mayor manifestación feminista de nuestro país. Ante estas actitudes, para Eva Calleja y Círculos Feministas (2017), el tratamiento que los medios hicieron del juicio fue muy irresponsable, lo cual denigró la imagen de la mujer:
El tratamiento irresponsable de este caso en algunos medios de comunicación ha servido para denostar la imagen y arrebatarle la intimidad a una mujer que, además de haber sufrido una agresión sexual gravísima, se ha visto sometida a un juicio mediático y social paralelo. […] De hecho en varios medios se han abierto continuamente debates que alimentan a los maltratadores, generando por un lado excusas sociales para seguir violando, matando y maltratando a las mujeres, aun con cierta repulsa, y por otro lado, dando cobertura a los que perpetran estas atrocidades. Los medios de comunicación tienen un compromiso social que deben recuperar, por lo que abogamos por un periodismo socialmente responsable, realmente feminista y transformador (s/p).
Si el juicio fue mediático, aún lo fue más su sentencia que no fue la esperada, ya que los cinco implicados fueron condenados por un delito continuado de abuso sexual, pero no de agresión sexual. Así, su pena se redujo a nueve años de prisión en lugar de dieciocho años, pues el tribunal no observó violencia ni intimidación cuando sucedieron los hechos. La repulsa de la sentencia fue desorbitada en todos los ámbitos y la mayoría de los partidos políticos pusieron en entredicho la correcta pena, e incluso el Ministro de Justicia de aquel momento, Rafael Catalá, planteó una revisión del Código Penal para este tipo de delitos. En la sociedad la protesta se hizo saber en las calles a través de numerosas manifestaciones y también en redes por medio de una campaña en Change.org que instaba al Tribunal Supremo a la inhabilitación de los magistrados que se habían encargado de dictar la sentencia, y que contó con casi millón y medio de firmas.
Ante esta situación, la Fiscalía recurrió la sentencia para que la condena se rectificara por agresión sexual y no por abuso. Sin embargo, desde el último juicio y a la espera de la nueva sentencia, se producen hechos que denotan aún más la vulnerabilidad de la víctima, pero también la poca eficacia de la justicia. En este periodo, todos los miembros de La Manada salen de la prisión y quedan en libertad provisional tras pagar su fianza de 6.000 €. Al mismo tiempo, se filtran en internet datos privados de la víctima que se habían intentado mantener en todo momento en el anonimato por razones claramente psicológicas. Además, los vídeos que fueron grabados el día de los hechos son encontrados en una página web de alto contenido sexual.
De este modo, la justicia pone fin a este capítulo con la última sentencia del Tribunal Supremo, quien hace historia con su decisión por primera vez en nuestro país: “El Supremo eleva la condena a La Manada a 15 años: fue una violación múltiple, no un abuso sexual” (Rincón, 2019). En efecto, al contrario que la Audiencia Provincial de Navarra, en este caso se consideró que La Manada perpetró al menos diez violaciones en aquella madrugada a la víctima y no una sola agresión sexual. No obstante, esta sentencia no subsanó el juicio social al que fue lanzada la víctima, mayoritariamente, por los medios de comunicación y derivado de artículos que ponían en tela de juicio su credibilidad, los cuales analizamos a continuación.
4. ANÁLISIS DE ARTÍCULOS DE LOS PERIÓDICOS EL ESPAÑOL Y DE LA VANGUARDIA
La metodología que hemos seleccionado en nuestro estudio se basa en el Análisis Crítico del Discurso (ACD) de Teun A. Van Dijk, ya que considera el discurso de los medios y, en particular, la noticia, una manera de práctica social. Por tanto, esto nos va a permitir no solo analizar los artículos desde una visión textual (diferentes estructuras del discurso periodístico), sino también contextual. De esta forma, examinaremos ambos titulares, subtítulos, el cuerpo del texto y el empleo de fotografías y vídeos en caso de que hayan recurrido a la utilización de estos. Asimismo, para Van Dijk (2003) es importante considerar si el medio se sitúa a favor o en contra de la víctima, esto es, si la culpabiliza o no y, por ende, si existe sexismo o machismo:
Si tenemos interés en un estudio crítico del papel del discurso en la reproducción del sexismo o el machismo en la sociedad, es característico que no nos limitemos a estudiar las bastante específicas estructuras de la entonación y el volumen, y lo más probable será que comencemos, por un lado, con un estudio del control de la interacción, y con un análisis del «contenido» (como la elección de temas, proposiciones y elementos lé- xicos), por otro. La razón estriba en que estas formas de significado parecen estar más directamente relacionadas con las creencias, y de ahí las actitudes y las ideologías que los hombres sexistas verifican o expresan cuando hablan con (o acerca de) las mujeres. (p. 148).
Esta idea se basa en que para Van Dijk (2002) existen, al menos, tres áreas en la relación entre discurso y sociedad. En primer lugar, están las estructuras sociales, necesarias para la producción, construcción y comprensión del discurso. En segundo lugar, se encuentra el discurso en sí mismo, el cual “construye, constituye, cambia, define y contribuye a las estructuras sociales” (pp. 1-2). Por último, nos encontraríamos la conexión entre el discurso y la sociedad, es decir, esas partes del discurso que van a representar a la sociedad. A pesar de que Van Dijk pone en su ejemplo el racismo, su teoría es también aplicable a la situación que nos compete: las agresiones sexuales a mujeres. En estas noticias es importante ver cómo se transmite la información sobre estas personas vulnerables, la cual determinará el modo en el que se va a trasladar también a las conversaciones de la calle y, por supuesto, a los discursos de los partidos políticos. Por lo tanto, siguiendo las palabras de Wodak y Fairclough (2000), el discurso que los medios de comunicación lanzan en sus columnas va a cambiar, irremediablemente, a la sociedad:
Otra manera de expresar este fenómeno es decir que lo social moldea el discurso pero que este, a su vez, constituye lo social: constituye las situaciones, los objetos de conocimiento, la identidad social de las personas y las relaciones de estas y de los grupos entre sí. Las constituye en el sentido de que contribuye a sustentar y reproducir el statu quo social, y también en el sentido de que contribuye a transformarlo (p. 367).
Así, siguiendo la teoría del ACD, es evidente que el discurso será una de las fuerzas más poderosas para influenciar la realidad social y política. En efecto, para Pardo (1996), los discursos y las personas que tienen su dominio van a ejercer su control también en la transmisión de ideologías. Sin embargo, en nuestro análisis no damos por hecho de antemano que estos roles sexistas o machistas se den ya en las noticias seleccionadas, sino que partimos de la hipótesis para que nuestro estudio confirme o desmienta dicha conjetura. De esta manera, procedemos con el análisis de ambos artículos.
4.1. EL ESPAÑOL: “LA VIDA “NORMAL” DE LA CHICA VIOLADA EN SAN FERMÍN: UNIVERSIDAD, VIAJES Y AMIGAS” (09/11/2017, 01:58H.)
Este es el titular que abre la noticia, incluida en el apartado de Reportajes y firmada por Andros Lozano (2017). Aquí se plantea una serie de afirmaciones que aún no se habían confirmado; por ejemplo, se habla de que la chica fue violada cuando la noticia sale días antes de que comience el juicio y, por ende, de que haya una sentencia. Por aquel entonces todavía no se sabía que el tribunal iba a fallar en favor del abuso sexual y no de la agresión sexual, con el pertinente reclamo por parte de la sociedad y su posterior rectificación de pena y delito por el Tribunal Supremo. Igualmente, se entrecomilla el adjetivo normal, dando a entender a los lectores que la vida que ha retomado tras los hechos no es lo que esperaba de ella o, al menos, no lo que esperaba una parte de la sociedad. Así, se incide en que este año y medio, desde aquel 7 de julio de 2016, su vida se ha basado en ir a la universidad, viajar y estar con sus amigas. Algo que nos puede sorprender, salvo si tenemos en cuenta que hablamos de una joven de entre 18-20 años.
En el único subtítulo que le sigue ya indica que será María el nombre ficticio con el que se dirigirá a la víctima para preservar su identidad. Además, ahora ya sí incidirá en que en estos meses no solo se ha refugiado en sus amistades, sino también en sus padres. Esta vida de viajes y salir con amigas va a ser rápidamente comparada con la de uno de sus presuntos agresores, quien ha sido padre tras un vis a vis en prisión con su novia y que, además, pertenecía al cuerpo de la Guardia Civil.
El cuerpo del artículo nos lo va a relatar en parte una de las amigas íntimas de la víctima, quien se ha puesto en contacto con El Español para hablar sobre el estado de la joven. La amiga, también anónima, nos cuenta que aquel 7 de julio María era una cría que acababa de terminar el instituto y, tras dirigirse en coche a Pamplona con un amigo desde Madrid, los cinco presuntos agresores se cruzaron en su camino. De ellos se incide en su edad, la cual difiere de la víctima en diez años y en la fuerte relación de amistad que había entre los cinco, ya que se conocían desde pequeños al ser todos del mismo pueblo. Seguidamente, se señalan las dos versiones opuestas que hay entre víctima y agresores, pues ella sigue insistiendo en que lo que sucedió en aquel portal pamplonés fue una violación; mientras que los cinco hombres afirman que las relaciones sexuales fueron en todo momento consentidas.
Sin embargo, desde este hecho han pasado 495 días en los que a María “le ha servido para volver a usar las redes sociales, retomar los estudios tras un parón de unos meses, viajar a las playas del Levante español este pasado verano, disfrazarse en los pasados Carnavales, salir con sus amigas…” (s/p). Actos que el reportero interpreta como “normalizar su vida”, aunque pone especial énfasis en los viajes a las playas y al uso de nuevo de las redes sociales, este último detalle muy criticado por el abogado de los agresores por una de sus publicaciones en el juicio. Además, horas antes del juicio, María “está confiada en que su relato va a convencer al tribunal” (s/p), pues, evidentemente, las pruebas de los hechos no son suficientes como para certificar la agresión que sufrió, sino que debe convencer al juez de que de verdad la sufrió.
Tras esta vida de una chica normal a la que, en apariencia, no le ha pasado nada, contrasta la vida de los cinco jóvenes que se encuentran en prisión preventiva desde hace 16 meses. Los miembros de La Manada han perdido sus empleos: uno en una peluquería; otro ha sido apartado de la Unidad Militar de Emergencia, de la cual era un soldado destacado como se indica más adelante. Otro, en cambio, se ha centrado en el deporte, pero, aun así, ha perdido mucho peso y su aspecto es muy dejado. Otro de ellos recibe “cabizbajo y deprimido” (s/p) las visitas de sus familiares; y un último que también ha recibido visitas es el miembro de la Guardia Civil que ha dejado embarazada a su novia y ahora ha sido padre, pero en prisión.
Llama la atención ese contraste entre esa vida normal que lleva la víctima que denuncia que algo tan grave le ha sucedido, pero que retoma sus hábitos y rutinas como si nada hubiera sucedido. En contraposición, tenemos a los presuntos agresores, presentados en prisión preventiva de los cuales se nos señala que los que tenían un trabajo lo han perdido, que sus familiares que viven en Sevilla tienen que ir hasta Pamplona a verlos al centro penitenciario e, incluso, la pena de un niño que va a crecer sin la figura paterna. Toda esta información llega, además, días antes de que se celebre el juicio, evento en el que es la víctima la que tiene que convencer con su discurso y no las pruebas, según el periodista.
La continuidad de la noticia detalla cómo se va a desarrollar el juicio, el cual tendrá una duración de dos semanas y será fundamental proteger la intimidad de la víctima, hecho que ya con este artículo hablando de su vida privada no sabemos si se lleva del todo a cabo. Durante la exposición de cómo se procederá en el juicio, se incide en hasta en dos ocasiones en la inocencia indirecta de los cinco presuntos agresores con frases como: “son capaces de demostrar que los hechos “no fueron fruto de un encuentro sexual consentido y sí una violación”” (s/p); y ya como punto final del artículo “tendrá que distinguir si aquello que sucedió la madrugada del 7 de julio de 2016 en un portal de una calle de Pamplona fue una violación o una relación sexual entre cinco hombres y una mujer” (s/p).
Ciertamente la presunción de inocencia se debe mantener hasta la sentencia del juicio; sin embargo, para estas fechas ya se conocía que estos hombres habían cometido otra agresión sexual a una joven de Pozoblanco meses antes. Además, se sabía de la existencia de los vídeos que se grabaron aquella noche y que fueron una de las pruebas determinantes para confirmar que esas relaciones no fueron consentidas en ningún caso, junto al examen físico de la víctima. Por lo tanto, si las relaciones sexuales que se sucedieron en ese portal esa madrugada fueron consentidas era una pregunta que, por aquel entonces, había quedado suficientemente respondida.
El artículo recoge cuarenta y dos comentarios, y es el último de ellos publicado el 15 de noviembre de ese mismo año ante el cual encontramos variedad de opiniones. Por una parte, leemos comentarios de personas que indican que este artículo es completamente innecesario y que no se deberían dar datos personales de la vida privada de la víctima, lo cual provocaría el aumento de las visitas en la página del periódico a raíz del morbo. Por otra parte, observamos otros comentarios que apelan directamente a la actitud de la víctima aquella noche: “Y que no beba tanto para no perder el control presuntamente” (s/p). Y otros en los que se critica que se ha perdido por completo la presunción de inocencia de los imputados, ya que, en su opinión, se les ha condenado de antemano.
En este caso, la imagen que encabeza la noticia tiene aspecto de dibujo en el que aparecen tres chicas aparentemente jóvenes de espaldas y remarcando la silueta de la del centro. El efecto que se quiere conseguir, dado el titular, es de la captación en imagen de la víctima, pero su difuminación por privacidad de ella. Justo después aparece un vídeo de creación propia por parte de El Español en el que se visualiza la entrada en diferentes furgonetas policiales y tintadas en lo que parece una comisaría o unos juzgados. El lugar no queda claro, pero el título que lo acompaña es “Detención de El Prenda y su “Manada””. Tras relatar la nueva vida de la víctima, muy normal al juicio del periodista, se incluye otra imagen del momento en el que ella denuncia ante la Policía Local de Pamplona los hechos en el banco del parque en el que fue encontrada por una pareja.
A continuación, se describe cómo ha cambiado la vida de los cinco jóvenes, que se encuentran en ese momento en prisión preventiva, y para ello se incluye el hipervínculo a otra noticia del propio periódico en el que aparecen las imágenes que se tomaron esa noche los cinco hombres, aunque eligen poner para este artículo la que se toman a la 13:55 del 6 de julio, todos ellos vestidos y muy comedidos. No puede decir lo mismo José Ángel Prenda de la siguiente fotografía que aparece, desnudo solo con la ropa interior, y fue clave en la identificación como agresor por los tatuajes que posee en el abdomen. Por el contrario, Antonio Manuel Guerrero, el Guardia Civil que ha sido padre en su estancia en prisión, aparece seguidamente junto a su novia, la cual aparece difuminada, en una posición completamente afable. Cierra la noticia la foto de la Sede de la Audiencia Provincial de Navarra a colación de la información que se nos aporta sobre quién es el juez que lleva el caso.
4.2. LA VANGUARDIA: “LLEVAR UNA VIDA NORMAL NO DEMUESTRA QUE NO HAYA HABIDO VIOLACIÓN” (16/11/2017, ACTUALIZADO A 17/11/2017, 09:33H.)
Redactada por Guillermina Torresi (2017), se publica una semana después del artículo anterior y justo cuando acaba de dar comienzo el juicio del caso. El titular ya deja patente que va a ser una respuesta al periódico El Español, el cual indirectamente desacreditaba el testimonio de la víctima relatando los últimos acontecimientos de la joven que no coincidían con los de una mujer destrozada que muchos esperarían. Así, La Vanguardia quiere demostrar que retomar los hábitos cotidianos no son síntomas de un falso testimonio y que, además, avalarán su redacción con la palabra de psicólogos y psiquiatras sobre cuestiones de abusos sexuales, como así indican en el subtítulo.
En la anterior noticia elidían que los imputados habían contratado a un detective privado para que siguiera a la víctima y así informara sobre cómo desarrollaba su vida tras los hechos, ya que ellos se valían de lo que les había relatado una amiga íntima de la víctima. No obstante, los hechos relatados supuestamente por esta y los señalados en el informe del detective y aceptados por el juez en el juicio por la parte del abogado de los agresores, indignando así a gran parte de la sociedad, son los mismos.
De esta manera, el desarrollo del artículo tratará de desmentir todos los condicionantes ideológicos, asentados en el sexismo, mediante la opinión de diferentes expertos en psiquiatría y psicología. Entre ellos, destacamos las palabras de Júlia Pascual (psicoterapeuta), quien indica que una de sus recomendaciones es que la víctima, tras vivir este tipo de sucesos, rehaga su vida normal lo antes posible y trate en menor medida de aislarse o quedarse en casa, ya que esto supondría un repunte de la ansiedad y el estrés postraumático, hecho que atrasaría la recuperación. Acerca de esto, Sonia Lamas Millán (psicóloga) incide en que la víctima retome sus rutinas, pero que esto no puede ser considerado como una excusa o justificación por parte de los agresores, pues “el estrés postraumático no puede servir de diagnóstico para exculpar el hecho de haber cometido un delito” (s/p).
Así, el artículo finaliza con un último párrafo en el que resume el escrito presentado por la acusación en el juicio. Se incide particularmente en que la víctima no se pudo defender por la superioridad física y de edad que le suponían sus agresores. Además, se detalla no solo la agresión a la que fue sometida en aquel portal aquella madrugada, sino también la violación de intimidad que supuso la posterior difusión de vídeos y fotografías (de los hechos de esa noche) entre los amigos de los agresores.
En este caso, la imagen que encabeza la noticia es la de la presunta víctima en el banco en el que se sentó tras lo ocurrido en aquel portal del horror. La imagen aparece completamente difuminada y, por ende, es imposible reconocer cualquier tipo de detalle de la chica. Asimismo, la noticia viene acompañada de un vídeo de creación propia por el periódico en el que la voz y las declaraciones de los expertos recogidas por escrito en el cuerpo del artículo se acompaña de imágenes del portal donde se cometieron los hechos, así como una fotografía de una cámara de seguridad de los cinco agresores, un vídeo de cómo los agresores salen de lo que parece el portal y nuevamente la fotografía de la víctima difuminada sentada en el banco.
5. CONCLUSIONES
Tras analizar ambas noticias observamos un tratamiento dispar de la información. Respecto al grado de objetividad que se plantea, primero debemos incidir en que el tema del que se ocupan no es en ningún caso imparcial, ya que se pone en duda la veracidad del testimonio de la denunciante a partir de su actitud tras los hechos. Aun así, podemos apreciar una mayor objetividad por parte de La Vanguardia, debido a que basa sus argumentos en la palabra de hasta tres expertos diferentes en materia de psicología. Por el contrario, El Español rescata ese informe del detective empleado posteriormente por el abogado de los acusados en el juicio, lo enmascara mediante el supuesto relato de una amiga íntima de la víctima y detalla con todo lujo de detalles los pasos dados desde que ocurrieron los hechos.
Asimismo, El Español es el único que ha intentado humanizar a los agresores. A través de diferentes técnicas, como describirnos la situación laboral de los acusados antes de los hechos e incidiendo en aquellos que tenían un trabajo visto de manera prestigiosa socialmente; también se remarca su situación en los centros penitenciarios, como pobres condenados a la cárcel antes de un juicio con las consecuencias que esto conlleva: depresión, pérdida de peso o no poder ver a sus familiares. En cambio, La Vanguardia solo se dirige a los acusados para indicar que contrataron a un detective privado para que investigara la vida de la víctima tras los hechos e incide en los delitos que cometieron aquella noche a través del escrito de la acusación.
Por todo ello, respecto a la existencia de ideología de género en las dos noticias tratadas, podemos afirmar lo siguiente. En el diario El Español vemos que la información “humanizada” que se nos ofrece de los autores, junto a la puesta en duda en varias ocasiones de si fue una relación sexual consentida de cinco hombres y una mujer o una violación, además de que es la denunciante la que deberá convencer con su relato al tribunal y no los acusados, parece indicar que quien escribe opina que los hechos cometidos fueron consentidos por la víctima. Esto contrasta con el posicionamiento a favor de la joven agredida que hace La Vanguardia, aludiendo solo a las palabras de sus abogados sin ofrecer protagonismo en su columna a los denunciados y remarcando en todo momento que en el juicio se juzgará una “presunta violación” (s/p) y no si los hechos fueron o no consentidos.
Este estudio nos ha permitido observar que la violencia hacia las mujeres es un tema que, desde el caso de Ana Orantes, en 1997, cada vez está más presente en nuestros medios de comunicación. No obstante, el modo de contarlo no hace que estas cifras bajen y, por ende, nos encontremos con que cada año los datos de agresiones sexuales y mujeres fallecidas por violencia de género aumenten sin consuelo. Posiblemente, una de las consecuencias de estos hechos sea la poca credibilidad que tiene la víctima ante estos fatales sucesos, así lo indica Tina Alarcón, presidenta de Fundación de Centros de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales: “de cada seis violaciones, solo se denuncia una. Es un delito que permanece oculto porque las mujeres siguen teniendo vergüenza, se sienten culpables, no se sienten bien entendidas por su entorno y en ocasiones incluso por la propia policía” (Europa Press, 2017). En efecto, la culpabilidad fue uno de los primeros sentimientos que indicó la víctima de La Manada que había sentido cuando fue consciente de lo que había sucedido. Sin embargo, esto no debe ser lo normal, puesto que debemos animar a las víctimas a denunciar en cuanto se cometen estos hechos para que no haya posibilidad de que se vuelvan a producir, como le ocurrió a la joven de Pozoblanco y se repitió en la madrugada del 7 de julio.
El problema es que la conducta de los medios de comunicación hace imposible que las víctimas se sientan seguras ante la denuncia, pues saben que van a ser juzgadas ya no solo por la ropa que vestían esa noche o lo que habían bebido, sino que ahora también se verán juzgadas por la actitud que mantienen tras los hechos, es decir, por el cómo retoman sus vidas de nuevo tras lo ocurrido. Esta forma de comunicar los hechos solo contribuye a seguir fijando aún más los estereotipos de género que viven en nuestra sociedad y que se resume en una única sentencia posible: no creer a la víctima.
En definitiva, un cambio en el tratamiento de la información de estos sucesos, mediante una ruptura total de los estigmas y parámetros perpetuados desde hace décadas, podrán lograr un verdadero cambio en esta lacra que vivimos en nuestra sociedad, lo cual permitirá hacerla más justa y, sobre todo, más igualitaria.
