I. INTRODUCCIÓN

En septiembre de 2021, se congregaron en Iquique, una ciudad nortina chilena, más de 5000 personas, quienes marcharon al ritmo de los gritos de «Chile para los chilenos» y «No más inmigración ilegal». Bajo la idea de la invasión y la migración como focos de delincuencia, dichos ciudadanos demandaron la expulsión de los extranjeros en irregularidad. Algunos migrantes, para evitar ser agredidos, tuvieron que resguardarse bajo protección policial; sin embargo, un grupo de manifestantes quemó parte de sus pertenencias, entre las que se encontraba carpas, ropas, juguetes y un coche de bebé. Uno de los afectados señaló que «nos tiraron piedras, botellas, de todo. Y la gente, en vez de ayudar, grababa con sus teléfonos; era como un show para ellos. Nos sentimos humillados, tratados como animales, como una basura» (^{Paúl, 2021}, s.p.).

Lo acontecido fue condenado unánimemente. Felipe ^{González (2021}), relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, declaró que fue una «inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables, afectándolos en lo más personal. El discurso xenófobo, asimilando migración a delincuencia, que por desgracia se ha ido volviendo cada vez más frecuente en Chile, alimenta esta clase de barbarismo» (s.p.).

Lo sucedido en la Región de Tarapacá es un aliciente para reflexionar sobre la política migratoria chilena reciente, los discursos esgrimidos y sus consecuencias. Constituye, además, un ejemplo que expone los alcances de vincular irregularidad a criminalidad, una asociación que no es inofensiva, ya que cuando los desplazamientos se restringen a una problemática de seguridad, se abordan con un mayor control fronterizo (^{Valencia & Ramos, 2021}, p. 405). Esta forma de comprender la movilidad humana hace caso omiso de los alcances que ha tenido la política gubernamental en los últimos años; esto es, la imposición de medidas que han acrecentado la irregularidad y la vulnerabilidad de las travesías (^{Thayer, 2021a}, p. 7). Precisamente, este trabajo explorará cómo las medidas decretadas en Chile se articulan con una narrativa de derechos humanos; es decir, bajo la lógica de la gobernabilidad migratoria.

Para analizar esta gestión, cabe considerar que Chile ha experimentado en los últimos años una significativa alza migratoria: de 2017 a 2019 se duplicaron los extranjeros residentes, pasando de 750 000 a cerca de 1,5 millones. En particular se incrementó el arribo de ciertas nacionalidades, como la venezolana y la haitiana, observándose una tendencia de nuevos colectivos que provienen más allá de las fronteras inmediatas (^{INE & DEM, 2021}, p. 4).

Ante este escenario, la Administración de Piñera, desde su asunción en 2018¹, valiéndose de la expresión «ordenar la casa», ha impuesto una serie de mecanismos presentados con el objeto de facilitar la inclusión; sin embargo, como observa la literatura, estos más bien han obstaculizado el ingreso y la permanencia regular (^{Dufraix et al., 2020}, p. 172; ^{Stefoni et al., 2021}, s.p.). Así, la política chilena reciente ha estatuido la precarización de los flujos (^{Thayer, 2021a}, p. 7).

En el año 2018 se inició esta nueva etapa en política migratoria, definida en torno a la restricción, al orden y a la institucionalización de las condiciones de exclusión (^{Thayer, 2021a}, p. 12). El Gobierno de Chile, como plantean ^{Stefoni et al. (2022}), ha avanzado «hacia políticas de recrudecimiento del control fronterizo, con una tendencia a la militarización, y a la selección de quienes pueden ingresar al territorio a partir de criterios discriminatorios y discrecionales» (p. 151). Este complejo panorama se agudizó aún más con el cierre de fronteras terrestres en marzo de 2020, las cuarentenas decretadas y la restricción de las circulaciones producto de la pandemia de COVID-19 (^{Liberona, 2020}, p. 49; ^{SJM, 2021}, p. 6).

El objetivo de este artículo es analizar la política migratoria chilena durante los años 2018- 2022, en especial las principales medidas instauradas con la finalidad de gestionar los desplazamientos y los discursos que las han sustentado, indagando cómo dicha política se corresponde con el enfoque de la gobernabilidad migratoria, exponiendo sus implicancias y ejemplificando con lo acontecido en un determinado territorio. La delimitación temporal obedece a que en 2018 se instauró la inmigración internacional como prioridad en la agenda pública y se dictó una serie de medidas, lo que conlleva que pueda considerarse una política migratoria como tal (^{Oyarzún et al., 2021}, p. 107).

En términos de estructura, el trabajo se divide en cinco secciones. En el primer apartado se describe la metodología empleada, detallando el análisis documental efectuado. En la segunda sección se explicita brevemente el marco teórico que sustenta el estudio. El tercer apartado explora cómo el paradigma de la gobernabilidad migratoria se expresa en el segundo mandato de Piñera, identificando tres elementos clave: imposición de visas, mediatización de expulsiones y fronterización. En la cuarta sección se aborda el caso de Tarapacá para ejemplificar cómo las consecuencias de esta gestión y la narrativa se enfatizan en un espacio en particular. Cabe indicar que se ha seleccionado este caso debido a que esta región fronteriza, como se expondrá más adelante, cuenta con una serie de características que la hacen un territorio-nicho para la investigación (Tapia & Liberona, 2018, p. 17). Finalmente, se plantean las principales conclusiones que se derivan del trabajo, así como una futura línea de investigación.

II. METODOLOGÍA

Este artículo examina cualitativamente la política migratoria chilena reciente, utilizando herramientas de carácter analítico y fuentes que la cuantifican. A nivel metodológico, con el objeto de comprender cómo el Gobierno ha abordado la movilidad humana de 2018 a 2022, se empleó el análisis documental, una estrategia de recolección y examen de la información que permite «simplificar el contenido de los documentos y representarlos de una forma diferente a la original, tomando solo sus elementos esenciales o referenciales» (^{Peña & Pirela, 2007}, p. 63).

Para este trabajo, el análisis documental se efectuó de la siguiente manera:

Los diversos textos se analizaron desde su contexto histórico específico, considerando que «interpretar supone el intento de entender el documento en el contexto de las condiciones (materiales, sociales) de su producción y de su lectura» (^{Valles, 1999}, p. 136). Para ello se tuvieron en cuenta las inferencias o significaciones, tanto expresas y latentes, dentro del marco determinado en el que cobran sentido (^{Andréu, 2002}, p. 2).

Asimismo, este artículo se ha influenciado metodológicamente de presupuestos del análisis crítico del discurso, que entiende al discurso como una práctica social bidireccional configurada por las relaciones, las instituciones y las estructuras sociales que le dan sustento. Este enfoque plantea que el discurso cumple un papel trascendental en la reproducción de las relaciones de poder y de las identidades sociales, por lo que indaga en el discurso como práctica social; esto es, considerando el uso lingüístico como un modo de acción situado histórica y socialmente (Van-Dijk, 2016, p. 205).

III. GOBERNABILIDAD MIGRATORIA DESDE EL SUR GLOBAL

En la década de los años ochenta, la escuela de estudios críticos de Copenhague acuñó el término «securitización» para referirse al proceso mediante el cual una cuestión se transforma en un problema de seguridad, con total independencia de su naturaleza objetiva o la importancia del supuesto riesgo (^{Buzan et al., 1998}, pp. 23-24). Desde esta perspectiva, se construyó una retórica que, a través de la identificación de las amenazas que ponen en riesgo la sociedad, ha erigido al extranjero en potencial enemigo, redefiniendo quiénes pertenecen a la comunidad y quiénes se encuentran excluidos (^{Cociña-Cholaky, 2019}, p. 164; ^{Treviño, 2016}, p. 256).

Desde el Cono Sur, este régimen que caracteriza al régimen global de la movilidad ha sido reinterpretado, entendiendo que con la perspectiva securitista coexiste un discurso de derechos humanos que legitima el control sobre los desplazamientos, aunque estos se enmarquen en procesos de movilidad forzada (^{Blouin, 2021}, p. 158; ^{Clavijo et al., 2018}, p. 12; ^{Dalmasso, 2016}, p. 132). La gobernabilidad migratoria aúna ambas miradas para securitizar las migraciones: una noción restrictiva y punitiva de la movilidad, y una retórica de garantías fundamentales (^{Domenech, 2017}, p. 36).

^{Domenech (2013}) denominó a estos mecanismos como «políticas de control con rostro humano»; es decir, políticas que, amparadas en la promoción de una migración ordenada, segura y regular, gestionan los flujos de personas para que sean manejables, predecibles y circulen por los canales establecidos (p. 2). En otras palabras, se trata de políticas que, legitimándose en el enfoque de derechos humanos, buscan controlar las circulaciones (^{Blouin, 2021}, p. 148; ^{Domenech, 2018}, p. 111; ^{Stang, 2016}, p. 104).

Esta perspectiva, sustentándose en un control eficiente de las travesías o migration managment, plantea que el «excedente de movilidad» debe ser objeto de control y vigilancia, desechando lo que se considera inútil e indeseable (^{Düvell, 2003}, s.p.), dicotomizando la movilidad en positiva/negativa e instaurando la política de la deseabilidad (^{Achón, 2019}, p. 71; ^{Finn, 2019}, p. 172). Desde este prisma, el control migratorio actúa como válvula reguladora, impidiendo los arribos indeseados (^{Quinteros, 2016}, p. 108).

Como apunta ^{Santi (2020}), la migración ordenada no es una idea reciente, sino que tiene más de medio siglo (p. 3) y se observa a nivel mundial, regional y local (Pereira & ^{Domenech, 2021}, p. 289). En este sentido, Sudamérica no constituye una excepción al control global, sino que la exigencia de visados se establece más bien como la respuesta inmediata del Estado frente al arribo de comunidades de extranjeros no «deseables», consagrándose así una regulación selectiva que normaliza la criminalización de los extranjeros mediante argumentos securitarios y/o humanitarios (^{Trabalón, 2018}, p. 167). De ahí que ^{Quinteros et al. (2021}) insten a comprender «la actual criminalización de la migración en América como el resultado histórico de una política migratoria construida a partir de diversos procesos de securitización y clasificación» (p. 75).

Chile, en particular, ha transitado desde la doctrina de la seguridad nacional a la gobernabilidad migratoria, un paradigma que, amparado en la retórica de los derechos humanos, los gestiona para que sean predecibles y útiles (^{Stang, 2016}, p. 83). Es decir, bajo argumentos humanitarios y/o que resguardan la seguridad, los derechos humanos y la «vulnerabilidad», se restringen ciertos flujos. De esa manera el Gobierno, mediante esta retórica, oculta sus propósitos reales frente a los aparentes (^{Finn & Umpierrez de Reguero, 2020}, p. 42).

IV. CLAVES DE LA POLÍTICA MIGRATORIA CHILENA (2018-2022)

La segunda Administración de Piñera desde el año 2018, bajo la idea de «ordenar la casa» (^{Stefoni & Brito, 2019}, p. 2; ^{Dufraix et al., 2020}, p. 172), seleccionó y controló los flujos de extranjeros. Esta política, definida en torno a la premisa de «migración ordenada, segura y regular» (consagrada en el artículo 7 de la nueva Ley de Migración y Extranjería, Ley N° 21.325), se sustenta en el supuesto caos y la necesidad de solucionarlo, configurando la regularidad como eje central para acceder a derechos e institucionalizando por vía administrativa las condiciones de exclusión (^{Thayer, 2021a}, p. 12). Por ende, la irregularidad se establece como categoría clave para criminalizar ciertos desplazamientos (^{Achón, 2019}, p. 58). De este modo, bajo la gobernabilidad migratoria (^{Stang, 2016}, p. 83), se adoptó una política selectiva que, si bien históricamente se ha asentado en Chile (^{Oyarzún et al., 2021}, p. 100), se intensifica en el periodo presidencial 2018-2022.

Esta política, que enfatiza la gestión de las fronteras, se ha acompañado de un entramado mediático, que recurre a la narrativa de los derechos humanos y, en particular, a la «vulnerabilidad» del migrante para restringir las circulaciones, condicionando las garantías fundamentales de quienes se desplazan (^{Cociña-Cholaky, 2019}, p. 446; ^{Stang et al., 2020}, p. 188). Ello se ha desarrollado a través de diversos mecanismos, como la exigencia de visas, la espectacularización de las expulsiones y la fronterización del linde norte, medidas que se analizarán a continuación.

IV.1. Visas consulares que han incrementado la irregularidad

El 9 abril de 2018 el presidente de Chile comunicó el establecimiento de diversas medidas para abordar la movilidad humana, como la imposición devisas consulares a haitianos y venezolanos.

IV.1.1. Visas exigidas a personas venezolanas

El Gobierno anunció la visa de responsabilidad democrática (VRD) para la estadía de un año, prorrogable por una vez por igual periodo. Esta visa, cuyo valor asciende USD 30, permite a los venezolanos trabajar en el país (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2022, s.p.). Dentro de los fundamentos de su creación, Piñera afirmó que fue «tomando en consideración la grave crisis democrática que actualmente afecta Venezuela, y recordando la política humanitaria que tuvo Venezuela que acogió a muchos chilenos en tiempos en que ellos lo necesitaban y que buscaban refugio en sus fronteras» (^{Prensa Presidencia, 2018a}, s.p.).

Adicionalmente, en junio de 2019 la Administración exigió a los venezolanos visa consular de turismo, que tiene un valor de USD 50 y permite una estadía máxima de noventa días (^{Ministerio de Relaciones Exteriores, 2022}, s.p.). Ambas visas se establecieron a pesar de la magnitud de la crisis venezolana, que a agosto de 2022 registra 6,8 millones de desplazados y refugiados, de los cuales 5,7 millones se encuentran en Latinoamérica, siendo Chile el cuarto mayor receptor en la región con 448 000 venezolanos, lejos de Colombia con casi 2,5 millones y de Perú con 1,3 millones (^{R4V, 2022a}, p. 1).

Por tanto, en la política migratoria se aprecian señales equívocas debido a que, por una parte, a los venezolanos se les exige visas consulares para residir y con fines de turismo, las que han sido otorgadas escasamente; y, por otra, se reconoce la crisis y la necesidad de brindarles acogida. En este sentido, en 2018, en la 73.^a Asamblea de Naciones Unidas, el presidente de Chile reconoció que «Venezuela, de hecho, es un país que está viviendo una tragedia, porque sus habitantes están huyendo de condiciones ínfimas y precarias de existencia. Muchos, demasiados, están perdiendo literalmente sus vidas, por falta de alimentos y por falta de medicamentos» (^{Prensa Presidencia, 2018b}, s.p.). De ahí que, en febrero de 2019, el jefe de Estado viajara a Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, para entregar ayuda humanitaria. Sin embargo, como ya se señaló, luego se les impusieron visas a los ciudadanos venezolanos, que se han concedido escasamente, como se expone a continuación.

Tabla N°1.  Visas consulares exigidas a venezolanos en Chile de 2018 a 2021 

Fuente: elaboración propia con base en información remitida por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores ante la solicitud de información N° AC001T0003680 de 2021.

La Tabla N° 1 presenta las visas consulares para venezolanos y su estado de tramitación. La columna A muestra el total de visas solicitadas, las que en conjunto superan el millón. En cuanto a su concesión, como exhibe la columna B, ambas visas no divergen mayormente, ya que se concedió el 13 % de las VRD y el 8 % de las de turismo, un escaso otorgamiento que se podría explicar por su extensa tramitación y debido a que su concesión se pausó en la pandemia de COVID-19 (^{Cociña-Cholaky & Andrade-Moreno, 2021}, s.p.; ^{Stefoni et al., 2021}, s.p.). La columna C presenta las visas en tramitación: como se visualiza, hay un bajo porcentaje en dicho estado (7 % en VRD y 6 % en turismo). Por último, la columna D expone las visas rechazadas, que suman en conjunto 927 985 y un alto nivel de denegación, que gira en torno al 84 %.

Como se señaló en la metodología, existen inconsistencias en las cifras de VRD remitidas por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, ya que la sumatoria de las VRD otorgadas, en trámite y rechazadas da 488 784, lo que no se corresponde con las VRD solicitadas (461 208). Estos números debieran coincidir, pero la suma de las tres categorías (otorgadas, en trámite y rechazadas) supera el 100 %, razón por la que se sacó el 100 % considerando dicha suma y, de allí, se calcularon los porcentajes. Al margen del problema de registro, la inexactitud detectada no afecta significativamente el análisis, pues la tendencia de las VRD (baja concesión y mayoritaria denegación) se manifiesta igualmente. De todas maneras, con el objeto de reforzar el examen efectuado, se cotejó la información con las estadísticas publicadas por el SJM (que considera un par de meses adicionales: hasta febrero de 2022). La comparación arrojó que el nivel de concesión y denegación es casi idéntico: mientras que el SJM informa que un 14 % de las VRD fueron otorgadas y un 79 % rechazadas (^{SJM, 2022}, pp. 4-5), los datos remitidos por la Subsecretaría dan un 13 % de concesión y un 81 % de VRD denegadas.

Por tanto, tal como muestra la tabla N° 1, las visas tienen un escaso nivel de otorgamiento, siendo la gran mayoría rechazadas. Además, estas cifras no comprenden a las personas venezolanas que no pudieron solicitar las visas, ya sea por la dificultad de obtener los documentos exigidos (en especial, el pasaporte y el certificado de antecedentes penales), los costos asociados, lo extenso del proceso o por la limitada capacidad de los consulados para tramitar las solicitudes, entre otros motivos (^{SJM, 2022}, p. 20).

IV.1.2. Visas exigidas a personas haitianas

En Chile la regla general es que basta con el pasaporte para ingresar como turista; sin embargo, la Administración de Sebastián Piñera instituyó visas a ciertas nacionalidades, por ejemplo, en 2012 a dominicanos, en 2018 a haitianos y en 2019 a venezolanos, que han tenido como correlato el aumento de las denuncias de ingresos por pasos no habilitados de los colectivos en cuestión.

En el caso de los haitianos, el Decreto N° 776 (2018) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública «Establece visto consular de turismo a nacionales de Haití», apelando a una gestión integral que tienda a la gobernabilidad migratoria. Las estadísticas del periodo 2018-2021 muestran que se han otorgado 1470 vistos, lo que representa el 12,5 %, mientras que la gran mayoría (un 70 %) se ha rechazado (8177 de 11 697 solicitados por haitianos)³. El panorama no es más alentador en la visa de reunificación familiar (VRF), que se instituyó en 2018 exclusivamente para personas haitianas, pues menos de un tercio de estas se ha concedido, tal como se observa a continuación.

Tabla N°2.  Visas de reunificación familiar a haitianos en Chile de 2018 a 2021 

Fuente: elaboración propia con base en información remitida por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores ante la solicitud de información N° 11512 del Servicio Nacional de Migraciones.

La Tabla N° 2 expone cómo han evolucionado las visas de reunión familiar de los haitianos desde su creación en 2018 hasta 2021. La columna A presenta las visas solicitadas, las que se concentran en los primeros años, en especial en 2019, cuando las VRF solicitadas se triplican con relación a 2018, lo que podría deberse a que recién en abril de 2018 se anunció esta visa; mientras que en los años siguientes (2020 y 2021) decaen fuertemente las solicitudes. La columna B exhibe cuántas VRF se otorgaron, dando cuenta de que disminuyen con el tiempo, llegando en 2021 a no concederse ninguna. La tasa de concesión se grafica en la columna C, que varía con los años: en tanto que en 2018 el otorgamiento es mayor a la mitad, en 2019 es cercano al tercio, en 2020 es mínimo (un 5 %) y en 2021, inexistente. Las VRF en tramitación se exhiben a nivel neto (en la columna D) y relativo (en la columna E), valores que se concentran en 2019 y 2020, años en que casi el 70 % de las VRF está en tramitación, lo que podría explicarse debido a la extensa tramitación de estas visas. Por último, las columnas F y G exponen las VRF rechazadas en términos numéricos y porcentuales, y la denegación varía: mientras que en 2018 es cercana al 40 %, en 2019 es mínima (3 %), en 2020 representa un cuarto y en 2021, todas las VRD se rechazaron, lo que es llamativo.

A nivel general, la Tabla N° 2 expone que cerca de un tercio del total de VRF solicitadas han sido concedidas, un 14 % denegadas y más de la mitad están en tramitación. Se desconoce por qué un porcentaje tan alto de las VRF no han sido resueltas, en particular considerando que, en su mayoría, ha trascurrido un par de años desde su solicitud. Una de las hipótesis es que esta categoría también comprende las VRF desistidas, ya sea por su compleja tramitación, por su valor, por la barrera idiomática y/o porque se recurre a otras vías. El primer supuesto responde a que el 11 de junio de 2020 el Gobierno estableció nuevos lineamientos para simplificar los requisitos con el objeto de asegurar un procedimiento más expedito de esta visa -así lo señala literalmente el instructivo dictado- (^{Ministerio de Relaciones Exteriores, 2020}, s.p.). También puede deberse a que probablemente muchos haitianos no concluyeron su tramitación por el costo de la visa, que en 2018 ascendía a USD 100 (^{Vargas, 2018}, p. 251), o por no comprender el castellano, lo que les habría dificultado concluir el trámite. El último supuesto es acudir a otras vías, como los procesos de regularización efectuados en 2018 y 2021. Más allá del motivo, las estadísticas de VRF dan cuenta de que hay una serie de factores que inciden para la no terminación del proceso de obtención de visa de reunificación familiar.

IV.1.3. Visas e incremento de la irregularidad

Desde 2018 ciertas nacionalidades de extranjeros se han visto sumamente dificultados de ingresar a Chile por los pasos habilitados, ya que el Estado les ha instituido requerimientos adicionales que dificultan su entrada regular a causa de la escasa concesión de las visas, la exigencia de múltiples documentos y la excesiva burocratización. ^{Finn (2019}) enfatiza sobre la burocratización y cómo los dispositivos estatales afectan a las personas que se movilizan (p. 172). De ahí que las medidas administrativas decretadas por el Gobierno incrementen la irregularidad, siendo una manifestación más de la política que institucionaliza la precarización de las travesías (^{Thayer, 2021a}, p. 6).

El bajo nivel de otorgamiento de las visas consulares a haitianos ha tenido como correlato una relevante alza del número de las entradas irregulares de este colectivo, que aumentó de 19 denuncias en 2018 a 644 en 2019 y a 1089 en 2020⁴. Dicha dinámica también se observa respecto de venezolanos, tal como se ilustra en el siguiente gráfico.

Fuente: elaboración propia con base en la respuesta de la PDI ante la solicitud de información N° AD010T0014834.

Gráfico N°1.  Denuncias de ingreso por paso no habilitado a Chile de venezolanos de 2017 a 2021 

Como se observa en el Gráfico N° 1, antes de que el Gobierno chileno les exigiera visas consulares a los venezolanos, el número de denuncias por entradas clandestinas respecto de esta nacionalidad no superaba la decena (9 en 2017); pero en 2018, una vez que se impuso la VRD, las denuncias se dispararon, aumentando de 2017 a 2018 más de 1 veces y 33 veces de 2018 a 2019. Esta irregularidad se agudiza con la exigencia de la visa de turismo en 2019, pues las denuncias se cuadruplicaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. Es decir, en un breve lapso de 4 años las denuncias de ingreso irregular de venezolanos se incrementaron más de 4827 veces. Atendido este escenario, no es de extrañar que en 2021 el colectivo venezolano haya representado el 77 % del total de denuncias de ingresos irregulares⁵.

Por otro lado, si bien en Chile las denuncias de ingresos clandestinos han crecido exponencialmente en los últimos años, no ha sido de manera equivalente al crecimiento de extranjeros, como se explica a continuación en la Tabla N° 3.

Tabla N°3.  Incremento de extranjeros en Chile versus denuncias de ingreso por paso no habilitado de 2017 a 2021 

Fuente: elaboración propia con base en informe del Instituto Nacional de Estadísticas y del Departamento de Extranjería y Migración (^{INE & DEM, 2021}, p. 27), y en la respuesta de la PDI a la solicitud de información N° AD010T0014834 de 2021.

La Tabla N° 3 expone cómo ha evolucionado la población migrante en Chile de 2017 a 2021 en relación con las denuncias por ingresos no habilitados. La columna A muestra el número neto en que han aumentado los extranjeros residentes habituales. En este periodo, destaca, la fuerte alza de 2017 a 2018 en que casi se dobla la cifra; luego, entre 2019 y 2020 se eleva la cifra, pero a un ritmo menor de crecimiento. El incremento relativo de los extranjeros se presenta en la columna B, en la que se resalta el alza (de 74 %) de 2017 a 2018; después, en 2019, aumenta en un 11 %; y en 2020 permanece casi constante, no superando el 1 % de crecimiento. Las siguientes columnas (C y D) muestran las denuncias de ingresos irregulares, dando cuenta de su número neto (columna C) y su incremento porcentual (columna D).

Como se visualiza en la Tabla N° 3, en el lapso de 5 años las denuncias por entradas clandestinas se disparan en Chile, pasando de cerca de 3000 denuncias en 2017 a más de 50 000 en 2021. De 2017 a 2018 se doblan, al año siguiente aumentan 1,4 veces, de 2019 a 2020 se duplican y de 2020 a 2021 se triplican. Se observa, pues, una gran eclosión que no se corresponde con el alza de los desplazamientos. Por tanto, de las cifras exhibidas se deduce que, si bien en los últimos años ha aumentado la inmigración en Chile (columna A), el incremento de las denuncias por pasos no habilitados (columna D) no se corresponde con el alza de extranjeros residentes (B).

Lo anterior se podría explicar por diversos motivos, uno de los cuales podría deberse a una política que, al imponer requerimientos difíciles de cumplir, incentiva la irregularidad. Esto se agudizó en el segundo mandato de Piñera pues, como exponen las cifras, el 70 % de las denuncias por ingreso clandestino de la última década se concentran entre 2018 y 2020, siendo el colectivo venezolano el que representa más de la mitad de las denuncias⁶. Esto también respondería al aumento de los rechazos en fronteras, que en 2018 registró «13.742 personas [que] fueron impedidas de ingresar a Chile, por no acreditar de manera fehaciente su calidad de turistas. El 48% correspondían a ciudadanos venezolanos que intentaron hacer ingreso por la frontera norte» (^{Pascual, 2020}, p. 398).

Lo anterior, no obsta a que el mandatario en 2018 haya afirmado que se garantizará «una migración segura, ordenada y regular, y que abra las puertas a todo aquel que le hace bien a nuestro país, pero que cierre las puertas a todo aquello que le causa daño a los chilenos» (^{Prensa Presidencia, 2018a}, s.p.). La máxima autoridad yerra en su discurso al reducir la migración a la ecuación regular/irregular, garantizando a la primera el ejercicio de sus derechos y excluyendo a la segunda, lo que acentuó la dicotomía entre movilidad regular (a quién se le da la bienvenida) e irregular (a quién se le dificulta la entrada).

La narrativa esgrimida no deja de ser equívoca en la medida que presenta la irregularidad como una opción de quienes se desplazan, dado que, al no contar con los documentos para entrar regularmente y al constituir una movilidad en contexto de desplazamiento forzado como el venezolano, se ven conminados a procurarse otros caminos para ingresar. Así, empleando la irregularidad, se configuran «jerarquías en el acceso a la movilidad (De Genova, 2002), que termina por instituirse como una característica del propio migrante, cuando en realidad es una construcción del Estado receptor» (^{Stang et al., 2020}, p. 179). Este modo de gestionar los flujos da cuenta de las contradicciones aparentes de la política migratoria reciente, que se sustenta en la premisa de «migración ordenada, segura y regular», puesto que estatuyen políticas que generan lo contrario. Por tanto, como evidencian diversos estudios, la Administración chilena instituyó mecanismos que «resultan en mayor irregularidad y exclusión de las personas que migran hacia Chile» (^{SJM, 2020}, p. 3).

IV.2. Mediatización de las expulsiones

Frente al aumento de los ingresos por pasos no habilitados, la Administración empleó una política comunicacional que asocia irregularidad a criminalidad. En este sentido, el presidente afirmó en abril de 2018 que se deben «establecer acciones eficientes y seguras para luchar contra el ingreso clandestino al país, impidiendo, además, que personas con antecedentes penales en sus respectivos países entren a nuestro país» (^{Prensa Presidencia, 2018a}, s.p.). De esa forma, se asoció la entrada irregular con la delincuencia. En este marco, se ha apostado por la expulsión como solución, mediatizando deportaciones y materializando algunas expulsiones sin respetar al debido proceso (^{Cociña-Cholaky & Andrade-Moreno, 2021}, s.p.).

El segundo mandato de Piñera en particular ha puesto énfasis en la política de deportación (^{Stang, 2020}, p. 31), instalando la expulsión como el mecanismo frente a las entradas irregulares. Bajo esta lógica, en abril de 2021 el jefe de Estado señaló que

la nueva ley [de migraciones] facilita las expulsiones administrativas de los migrantes que ingresan a Chile en forma ilegal, por pasos clandestinos, sin cumplir nuestras leyes, ni tampoco validar sus antecedentes penales, en síntesis, con esta nueva ley estamos poniendo orden en nuestra casa, que fue un compromiso que asumimos como gobierno para proteger mejor los legítimos intereses de nuestros compatriotas (^{CNN, 2021b}, s.p.).

Con este discurso, la máxima autoridad política del país reforzaba la idea de que, ante los desplazamientos, es esencial «ordenar la casa» y resguardar a los chilenos, como si los migrantes constituyesen un peligro, una premisa que venía reiterando desde su asunción en 2018, cuando llamó a «cuidar y ordenar nuestro hogar común» (^{Prensa Presidencia, 2018a}, s.p.).

La literatura observa que la respuesta gubernamental chilena ha construido una retórica que vincula la movilidad humana a la infracción normativa, la ilegalidad y la delincuencia (^{Stefoni & Brito, 2019}, p. 2). A pesar de que en este país se ha enfatizado históricamente la representación del extranjero como equivalente de amenaza (^{Cociña-Cholaky, 2019}, p. 10), esta asociación se agudiza en periodos electorales, en que se responsabiliza a los desplazamientos de diversas problemáticas.

Por ejemplo, en el marco de la campaña presidencial de 2021, el programa del candidato José Kast estipulaba que «el aumento desorbitado de migrantes hace colapsar los territorios, servicios básicos y condiciones mínimas de vida», por lo que entre las medidas de respuesta proponía un «recinto transitorio de inmigrantes ilegales con el solo objeto de preparar su expulsión del país» (pp. 202-203). De este modo, se ha utilizado la deportación para fines político-electorales; así, al emplear la fórmula de «ordenar la casa», se fomenta el imaginario de que en Chile impera el caos y se requiere reestablecer el orden, el que se vincula al control de la movilidad.

Bajo esta dinámica, el segundo mandato de Piñera ha ejecutado expulsiones de extranjeros con un fuerte despliegue comunicacional, usando una espectacularidad que no se atiene a las cifras, pues si se consideran los datos es notorio que las deportaciones no han variado en los últimos años (de 2018 a 2020 hay un promedio de 1500-2000 expulsiones por año), incluso a pesar de que las denuncias por entrada irregular en dicho periodo se doblan o triplican anualmente; es decir, los ingresos clandestinos registrados son mucho mayores que las expulsiones ejecutadas, como se expone a continuación.

Fuente: elaboración propia con base en información remitida por PDI ante la solicitud de información N° AD010T0013869 de 2021.

Gráfico N°2.  Denuncias de ingresos por pasos no habilitados versus expulsiones de extranjeros en Chile de 2017 a 2021 

El Gráfico N° 2 exhibe cómo han evolucionado en Chile las expulsiones de extranjeros de 2017 a 2021 en relación con las denuncias de ingresos por pasos no habilitados. Se observa que de 2017 a 2018, mientras las denuncias se duplican, las expulsiones se incrementan en un 50 %; y que entre 2018 y 2019, mientras las denuncias aumentan en más de 2500, las expulsiones se elevan en 200. La brecha se hace más visible de 2019 a 2020, y se agudiza entre 2020 y 2021, cuando las denuncias se disparan y las expulsiones disminuyen.

Entonces, en los últimos años, mientras los ingresos clandestinos han experimentado una significativa alza -en especial en 2021-, las deportaciones se mantienen relativamente constantes. Por tanto, las expulsiones no se condicen con las denuncias, sino que son menores. De ahí que el 5. ^o Boletín del Observatorio de Políticas Migratorias evidencie que en Chile «la política de expulsiones está disociada de la situación de irregularidad en el ingreso» (^{Universidad Católica Silva Henríquez, 2021}, p. 1). El sistema de deportación chileno responde a una lógica de costos y eficiencia (^{Brandariz et al., 2018}, p. 762) que impone «una gobernanza que más que expulsar, precariza los flujos migratorios» (^{Cociña-Cholaky, 2022}, p. 191).

No obstante lo anterior, la Administración ha insistido en presentar las expulsiones como performance, realizando puntos de prensa en los que se vincula la movilidad humana con la delincuencia. Esto se manifestó, por ejemplo, el 10 de febrero de 2021 con la expulsión administrativa más grande de migrantes, según el ministro del Interior (^{Lara, 2021}, s.p.). Para ese proceso, tres ministros de Estado se trasladaron al norte para presenciar la deportación de 138 extranjeros, vestidos en overoles blancos, con chalecos amarillos reflectantes, esposados y acompañados de un policía. No es inocua la puesta en escena efectuada, pues mientras el overol expone al extranjero como vector de contagio, enfermedad y peste, el que hayan sido conducidos al avión esposados y con un funcionario de la policía de investigaciones subraya la imagen del migrante como criminal. Se trata de un despliegue comunicacional que incentiva una representación de las personas que se desplazan como amenazas a la salud y la seguridad, individuos que constituyen la alteridad in extremis.

Además, algunas de estas órdenes de expulsión se notificaron en plena madrugada, lo que imposibilitó ejercer eficazmente la tutela judicial; de allí que los tribunales superiores de justicia, reconociendo el derecho a la defensa, hayan acogido acciones constitucionales a favor de los migrantes para evitar la materialización de deportaciones que contravinieron el debido proceso y el estándar exigido por el derecho interno e internacional humanitario (^{Cociña-Cholaky & Dufraix-Tapia, 2021}, s.p.). Atendiendo a ello, las Naciones Unidas y organizaciones como Human Right Watch (2021, s.p.) hicieron un llamado al Gobierno chileno a detener inmediatamente las expulsiones arbitrarias (^{ONU, 2021}, s.p.), en tanto no cumplía con el derecho internacional al no respetar el debido proceso, separar familias y realizar expulsiones colectivas (^{Jiménez, 2021}, p. 423).

En ese sentido, en los últimos años las deportaciones de extranjeros materializadas en Chile se corresponden con una puesta en escena criminalizante que emplea discursos que apelan al reforzamiento del control fronterizo, entregando un mensaje (dirigido a la población nacional) de endurecimiento de la política migratoria. De este modo, la Administración de Piñera captó la atención pública, prometiendo ponerle freno a la migración irregular mediante la intensificación de los controles administrativos y policiales. Este modo de gestionar la movilidad es acorde con la espectacularización que observa ^{Domenech (2021}, p. 6) en Argentina, donde en un breve tiempo se han intensificado diversos dispositivos de control que han hecho uso de la teatralidad en las detenciones y expulsiones de extranjeros.

V. EL EPICENTRO DE LA COYUNTURA MIGRATORIA: LA REGIÓN DE TARAPACÁ

Se ha seleccionado la Región de Tarapacá para este estudio por, al menos, cuatro razones:

A lo anterior se le adicionan las problemáticas preexistentes en la frontera norte, evidenciada por la literatura especializada como un territorio marcado por la inseguridad, la desigualdad, la exclusión y el abandono histórico (^{García, 2015}, p. 82; ^{Rojas Pedemonte et al., 2016}, p. 61). Estos elementos inciden en una convivencia tensionada y conflictiva. Los factores descritos son vitales para comprender por qué dicha región se ha transformado en el epicentro migratorio en los últimos años.

A nivel discursivo, se ha instalado la idea en Chile, y con especial fuerza en la Región de Tarapacá, de que los desplazamientos constituyen una amenaza en todo ámbito, lo que sin duda constituye una representación errónea que fomenta estereotipos (^{R4V, 2022c}, p. 1). Lo anterior se manifiesta en declaraciones esgrimidas por autoridades que vinculan la migración al peligro. Por ejemplo, la senadora de Tarapacá, Luz Ebensperger, interpuso en septiembre de 2021 una acción constitucional para defender los derechos de la población local pues, según su parecer, estarían gravemente afectados. El recurso de protección perseguía «restablecer el imperio del derecho y [que] dejen de ser vulnerados los derechos de los tarapaqueños que están sufriendo por la crisis migratoria» (^{Diario Constitucional, 2021}, s.p.). Este relato enfatiza una visión de los extranjeros como riesgo, exacerbando la alteridad (^{Aranda & Ovando, 2018}, p. 78) y los sentimientos antimigración en esta región (^{R4V, 2022b}, p. 1).

En este contexto, el 24 de septiembre de 2021 la policía desalojó en Iquique un campamento de migrantes instalado en la plaza Brasil (uno de los parques de la capital regional de Tarapacá), en la que desde hace un año venían pernoctando más de cien familias. El desalojo fue criticado en tanto no se brindó una alternativa de albergue, fomentando una imagen criminalizadora de los migrantes (^{Red de Universidades por la Migración, 2021}, s.p.). Para desocupar la referida plaza se esgrimieron razones sanitarias y motivos de seguridad, ya que al día siguiente estaba convocada la denominada «Marcha Antinmigración Ilegal» (descrita en la introducción). En esta manifestación, como ya se señaló, además de demandar la expulsión de extranjeros en irregularidad, se agredió a migrantes y se quemaron sus pertenencias, por lo que diversos organismos criticaron la marcha, entre estos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que, por medio de un comunicado, expresó su condena antes «actos violentos y xenófobos en contra de personas migrantes» (2021, s.p).

Es esencial evidenciar lo ocurrido en la Región de Tarapacá en la medida que hace visibles violencias que se ejercen sobre personas migrantes, dando cuenta de cómo los discursos esgrimidos en la esfera pública repercuten en la sociedad. De esa forma, en un territorio marcado históricamente por los cruces de frontera, se produce «la reducción analítica de los migrantes a una condición de alteridad eterna» (Stefoni & Stang, 2017, p. 118).

Los hechos expuestos en este artículo (fronterización del linde norte, interposición de un recurso de protección para resguardar a la población tarapaqueña, desalojo de un campamento de migrantes sin alternativa de albergue, marchas con agresiones a extranjeros y quema de sus pertenencias) exhiben cómo la violencia se hace explícita en un espacio que se ha configurado en un lugar de tensión. Chile -y la Región de Tarapacá, en particular- se ha establecido en un lugar propicio para que los temores de ciertos sectores se expresen, erigiendo al migrante en chivo expiatorio. Así, una falaz construcción se ha ido situando en grupos de la población local, instalando una errónea percepción que no posibilita diálogo ni inclusión social.

VI. CONCLUSIONES

Este artículo se configuró como una invitación a explorar la política migratoria chilena reciente, identificando sus contradicciones y alcances. En este sentido, se observó que, bajo la premisa de «ordenar la casa», el segundo mandato de Sebastián Piñera utilizó el aparataje estatal para imponer visados, militarizar fronteras y ejecutar expulsiones en un entramado comunicacional que vinculó irregularidad a delincuencia. Estas medidas se enmarcaron en una narrativa que declaraba proteger los derechos de los migrantes; sin embargo, se precarizaron las travesías. Entonces, la paradoja es meramente aparente, pues valiéndose de una retórica humanitaria, esta Administración dificultó el ingreso y la permanencia regular de ciertos colectivos mediante una gestión selectiva que condiciona sus derechos y produce mayor irregularidad. Ello que es manifiesto en las estadísticas de este periodo, que exponen cómo las visas consulares exigidas fueron otorgadas escasamente, lo que tuvo como correlato un incremento significativo de las denuncias por ingreso por pasos no habilitados.

Bajo el paradigma de la gobernabilidad migratoria, el Estado chileno (2018-2022) abordó la inmigración mediante la excepcionalidad, robusteciendo los lindes y mediatizando deportaciones. Dado que la Administración no tiene la capacidad de hacer que las expulsiones sean más efectivas, utiliza los medios de comunicación como una oportunidad performativa para comunicar una imagen de efectividad.

En este contexto se ha esgrimido una narrativa que, subrayando la irregularidad, apostó por el fortalecimiento fronterizo, instrumentalizando la movilidad humana. Esta dinámica se acentuó en periodos electorales e incidió negativamente en el imaginario social, construyendo significaciones equívocas en torno al migrante. Como se evidenció, ciertos discursos de autoridades reprodujeron estereotipos y reforzaron temores frente a la presencia del otro, estableciendo una narrativa que no resultó inofensiva, sino que repercutió en la percepción del extranjero como amenaza. Lo acontecido en la Región de Tarapacá es un ejemplo de cómo esta gestión se agudizó, incidiendo en sectores de la población local.

A pesar de que la gestión gubernamental reciente problematizó la movilidad humana, presentándola como una amenaza, la migración constituye un complejo fenómeno sociocultural que debe abordarse desde un enfoque de derechos. Por lo mismo, el desafío pendiente en esta materia es desnaturalizar narrativas que asocian desplazamientos a peligrosidad e irregularidad a delincuencia. El Estado chileno tiene un rol esencial en esta tarea, promoviendo medidas que incentiven la regularización de la población migrante y retóricas que fomenten su inclusión efectiva. Un buen punto de partida para el diseño de una política migratoria en este sentido sería indagar cómo se han abordado los flujos de personas recientes en otros países. El estudio de la experiencia comparada debiese permitir sacar lecciones y aprendizajes.