I. INTRODUCCIÓN¹

Durante la primera década del siglo XXI, una serie de reformas legislativas y acuerdos regionales y bilaterales se configuraron en torno al panorama dominante de la migración intrarregional en Sudamérica. Como señalan numerosas investigaciones, el Acuerdo de Residencia del Mercado Común del Sur (Mercosur) firmado en el año 2002 representó una de las transformaciones políticas más significativas en materia migratoria al introducir el criterio de nacionalidad como requisito suficiente de «ingreso» y «permanencia» en los países sudamericanos (^{Brumat & Artola, 2015}; ^{Rho, 2018})². En esta clave regional, también se instauró la «ciudadanía sudamericana» en Ecuador, en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), a inicios de 2017 (^{Ramírez, 2017}); mientras que, en agosto de 2021, entró en vigencia el Estatuto Migratorio Andino (Disposición N.° 878), que incorpora el criterio de residencia para nacionales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Es, pues, una legislación que amplía las bases sobre la libre circulación establecidas desde 2015 por el Estatuto Andino de Movilidad Humana en el ámbito de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) (^{Ramírez & Ceja, 2017}).

Estas iniciativas se desarrollan en un contexto de regionalización e internacionalización de las políticas de migración en el espacio sudamericano (^{Domenech, 2019}), signado por la modificación de las legislaciones migratorias de Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia y Chile entre mediados de la década del año 2000 e inicios de la década de 2020. Sin estar exentos de cuestionamientos, los cambios normativos y acuerdos regionales implicaron una importante ampliación de derechos para migrantes regionales cuyo reconocimiento había sido sistemáticamente negado durante las últimas décadas (^{Acosta & Freier, 2015};^{Brumatet al., 2018}). No obstante, estos procesos políticos también contribuyeron a consolidar la división entre migrantes «regionales» y «extrarregionales» como elemento distintivo del régimen sudamericano de migración y fronteras (^{Domenech, 2019}).

Ciertamente, Domenech y ^{Dias (2020}) muestran cómo la intensificación de la migración «extrarregional» y venezolana en la región sudamericana a lo largo de la década de 2010 ha desatado nuevos conflictos en torno a la configuración y subversión de los controles migratorios y fronterizos. Así, en lo que respecta a las migraciones «extrarregionales» del Caribe y África, es posible observar cómo, a medida que su presencia o circulación se incrementa en determinados países de la región andina y el Cono Sur, el control diferenciado según jerarquías interestatales, raciales, étnicas, de género y de clase se profundiza y toma forma a través de heterogéneos procesos de ilegalización y precarización laboral (^{Stefoniet al., 2018}; ^{Álvarez Velasco, 2020b}; ^{Pedone, 2020}; ^{Trabalón, 2021}). Por ello, las políticas de «regularización» son comprendidas en el marco de los esquemas de control migratorio y fronterizo más generales, que reconfiguran el «régimen de ilegalidad migrante» en el espacio sudamericano durante la última década (^{Domenech, 2011}, ²⁰¹⁵; ^{Domenech & Dias, 2020}).

En este complejo escenario regional, el artículo se focaliza inicialmente en el uso político de la categoría estatal de «permanencia» para la regulación de la migración caribeña y africana en cuatro países de la región (Argentina, Brasil, Chile y Ecuador), donde estos grupos han protagonizado tensiones y disputas explícitas entre su movilidad y los marcos legales e institucionales existentes. Este panorama general permite, posteriormente, indagar en las singularidades de la migración haitiana en Argentina, con eje en las experiencias de jóvenes (varones y mujeres) que llegan al país con el objetivo de realizar sus estudios universitarios³. Precisamente, junto con la intensa movilidad de migrantes de origen haitiano entre y a través de distintos países sudamericanos, el crecimiento y expansión de estas redes migratorias en Argentina durante la segunda mitad de la década de 2010 genera reconfiguraciones jurídico-políticas significativas que alteran visiblemente el vínculo entre fronteras legales y fronteras temporales. Es así como, entre los años 2017 y 2018, se destacan prácticas como el aumento de los rechazos en frontera por vías aéreas (^{Trabalón, 2020b}; ^{Domenech, 2020}), la imposición de un visado consular (de turismo) en agosto de 2018 (^{Trabalón, 2018}) y la activación de múltiples obstáculos burocráticos por parte de las universidades nacionales, la Embajada Argentina en Haití y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) (^{Trabalón, 2022}).

El presente artículo tiene como objetivo analizar las tensiones y reconfiguraciones que operan entre ilegalización, fronteras temporales y vida cotidiana de personas haitianas en Argentina, en conexión con procesos regionales de mayor envergadura vinculados al gobierno político de la migración «extrarregional» caribeña y africana en el contexto sudamericano reciente. Más allá de la alternancia entre gobiernos «progresistas» y de «derecha», y de sus matices particulares, las prácticas de control implementadas sobre los modos de «permanencia» de migrantes de origen haitiano en Argentina expresan de modo paradigmático cuál ha sido la respuesta política dominante a los nuevos patrones, circuitos y conflictos migratorios emergentes en la región a lo largo de la década de 2010. Así, en contextos de racismo sistémico, la definición estatal e institucional en torno a la autorización de «permanencia» de nuevas migraciones en la región se ha caracterizado por la exclusión política del refugio, la reafirmación o instauración de criterios diferenciales de residencia, el reforzamiento de mecanismos de ilegalización a través de diversas modalidades de contención, subordinación o disuasión, y la multiplicación de las fronteras temporales alrededor de la residencia. Al mismo tiempo, estos procesos regionales se han manifestado local y nacionalmente de múltiples maneras, destacándose en Argentina el fenómeno de «intermitencia legal» que refiere a la dinámica conflictiva y cambiante que se establece entre ciertas prácticas jurídico-políticas, la emergencia o mutación de las experiencias temporales de control, y el despliegue de estrategias de negociación fronteriza por parte de los sujetos.

Este planteo busca contribuir a la discusión sobre las migraciones clasificadas como «extrarregionales» e introducir nuevos elementos al debate político actual en el campo de los estudios migratorios, muchas veces eclipsado por el foco puesto en la masividad de la migración venezolana o en la ampliación y alcance efectivo de los derechos en torno a la migración regional. Vale la pena discutir, en particular, el argumento estatal e institucional del porcentaje comparativamente reducido de la migración «extrarregional» en Sudamérica, una justificación que ha contribuido a minimizar y relegar políticamente (por acción u omisión) la necesidad y urgencia de visibilizar, cuestionar y debatir profundamente las precariedades, desigualdades y violencias legales cotidianas que dan forma y condicionan la vida de miles de migrantes «extrarregionales» que viven, transitan y cruzan fronteras en y a través del espacio sudamericano. Por ello, al poner el eje en las fronteras legales y temporales que se configuran en torno a los modos de «permanencia» de las migraciones «extrarregionales» caribeñas y africanas, este artículo se propone aportar a la mirada crítica sobre el mapa migratorio regional actual y las realidades político-administrativas de aquellos grupos que, además de estar atravesados por diferentes exclusiones y subordinaciones según género, «raza», idioma, clase y edad, son en general los que mayores barreras legales enfrentan para el desarrollo de sus proyectos migratorios y de vida en los países sudamericanos.

El trabajo se estructura en seis secciones. En la segunda, desarrollo el marco teórico y metodológico de la investigación. En la tercera, analizo algunas tendencias regionales vinculadas al control de la «permanencia» de las migraciones «extrarregionales» caribeñas y africanas en el espacio sudamericano, con eje en los países de Argentina, Chile, Brasil y Ecuador. En la cuarta, examino la relación entre mecanismos de ilegalización y fronteras temporales, así como sus efectos sobre las trayectorias particulares de mis interlocutores de origen haitiano en Argentina. En la quinta, abordo las experiencias temporales de control en el desarrollo de su vida cotidiana y las estrategias de negociación desplegadas en torno a la residencia. Y en la sexta, expongo las conclusiones y posibles líneas de indagación a futuro.

II. MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO: FRONTERAS TEMPORALES E «INTERMITENCIA LEGAL»

Este trabajo se inscribe teóricamente en el campo de los estudios críticos sobre migraciones y fronteras. En particular, recupera aportes de investigaciones sobre la producción de «ilegalidad migratoria» y los debates más recientes en torno a las diversas y desiguales temporalidades que atraviesan la configuración de los regímenes fronterizos contemporáneos. Hace ya más de dos décadas que, desde los estudios fronterizos críticos,^{De Genova (2002}) ha propuesto atender no solo a los efectos que tiene la «ilegalidad migratoria» sobre las experiencias cotidianas de los sujetos, sino también a su producción sociojurídica e históricamente situada. En diálogo con diferentes investigaciones sobre esta temática, la fórmula de la «producción legal de la ilegalidad» como correlato de la subyugación racial e inclusión subordinada de trabajadores migrantes al Estado-nación estadounidense (De^{Genova, 2002}, ²⁰⁰⁴, ²⁰¹⁸) ha servido como base para la comprensión de múltiples «configuraciones de ilegalidad», que se estructuran en variados contextos y con relación a distintos grupos de migrantes.

En sintonía con los debates abiertos por esta línea de trabajo, también se han propuesto diferentes categorías que permiten complejizar y enriquecer la mirada en torno al binario «legalidad-ilegalidad» y mostrar las ambigüedades, solapamientos y contradicciones que expresan los estatus migratorios en la vida cotidiana de las personas migrantes. Entre ellas, ^{Baileyet al. (2002}) definen como «temporalidad permanente» al estado de precariedad e incertidumbre ocasionado por los plazos y fechas límite de tiempo que se establecen para renovar la residencia a partir de estatus migratorios sujetos a condiciones (siempre) cambiantes que se prolongan en el tiempo. Por su parte, ^{Menjívar (2006}) utiliza el concepto de «legalidad liminal» para referirse a las áreas grises y los límites difusos que se establecen entre «legalidad» e «ilegalidad», y sus efectos sobre las diferentes esferas de la vida cotidiana. Goldringet al. (2007) proponen el concepto de «estatus legal precario» para aludir a las formas variables de estatus migratorio, incluido el «no estatus»; y Basok y Wiesner (2017), por su parte, utilizan la noción de «legalidad precaria» para remitir a las características que asumen los planes de regularización y las dificultades asociadas a su acceso y renovación. Estas teorizaciones, además de reparar en las heterogéneas formas de «ambigüedad legal», colocan en el centro del debate lo que ^{Calavita (2005}) señala como el carácter temporal de los estatus migratorios y su sujeción a interrupciones continuas; es decir, los diferentes planos en los que opera la ley para impedir u obstaculizar el sostenimiento del estatus migratorio a lo largo del tiempo. Asimismo, en el contexto sudamericano, ^{Domenech (2011}) propone el concepto de «régimen de control de la migración ilegal» para visibilizar y analizar críticamente la construcción histórica de la «ilegalidad migrante» en el marco nacional argentino y en la región sudamericana durante las últimas dos décadas (^{Domenech, 2015}, ²⁰²⁰; Domenech & ^{Dias, 2020}).

Al mismo tiempo, investigaciones más recientes han propuesto ahondar en el estudio del papel del tiempo y la temporalidad en los procesos de ilegalización y las múltiples maneras en que la espera es políticamente producida, pero también experimentada y resistida por los sujetos migrantes (^{Griffits, 2014}; ^{Jacobsen & Karlsen, 2021}; ^{Khosravi, 2021}). En el marco de estas discusiones, las «fronteras temporales» adquieren una relevancia central para el análisis crítico de las tensiones entre movilidad y control (^{Mezzadra & Neilson, 2017}; ^{Tazzioli, 2018}; ^{Khosravi, 2021};^{De Genova, 2021}). En línea con la propuesta analítica recuperada y trabajada por ^{Domenech (2020}), se trata de reparar en el uso estratégico del tiempo y la producción de temporalidades específicas a partir del accionar de múltiples actores vinculados a las disputas entre movilidad y control. Es decir, atender a la «temporalidad del control» (^{Tazzioli, 2018}) que remite a las técnicas y modos de intervención para «seleccionar, gobernar y disciplinar la migración» (p. 15).

Así, para destacar las diversas formas en que la dimensión temporal atraviesa el control vinculado a la residencia o autorización de la «permanencia», este artículo retoma la discusión sobre las fronteras temporales en referencia a los «retrasos institucionalizados» que generan desigualdades entre quienes esperan según «raza», clase y estatus migratorio (^{Khosravi, 2021}). Paralelamente, con el objetivo de hacer foco en las temporalidades que remiten al plano subjetivo y cotidiano de la migración, la categoría de «temporalidades experienciales» propuesta por ^{Griffiths (2014}) permite aludir a cómo la construcción del tiempo también aparece como medio a través del cual las personas migrantes expresan «las experiencias vividas de la administración de la migración» (p. 1992).

En este marco, es importante subrayar el carácter móvil de las fronteras (^{Balibar, 2005}) y diferenciar entre las luchas y los conflictos que se desatan en la frontera, y aquellos que tienen lugar o se manifiestan en el «centro de los espacios políticos formalmente unificados» (^{Mezzadra & Neilson, 2017}, p. 302). Así, en este trabajo, el estudio de las temporalidades involucradas en los procesos de ilegalización no hace referencia a las disputas que se configuran en torno a las prácticas de selección, disuasión, detención, aceleración o contención de la movilidad involucradas en los viajes migratorios y los controles en zonas fronterizas o puntos de tránsito migratorio; más bien, busca dar cuenta de cómo opera el control a través del tiempo a partir de las jerarquizaciones y estratificaciones que se producen sobre las distintas categorías de migrantes al «interior» de los Estado-nación, en tensión con la emergencia de formas subjetivas de contestación y negociación espacial y temporal.

Tal como lo refleja la reciente publicación deldossier Sociologia e fronteiras: Aprodução da ilegalidade migrante na América Latina e no Caribe(^{Dias & Domenech, 2020}), una literatura creciente se viene abocando al estudio de la «producción legal de la ilegalidad migrante» en el contexto latinoamericano y sudamericano, en particular. Por otra parte, también existe una línea de investigación emergente que viene señalando el potencial heurístico que supone la introducción del tiempo y la temporalidad como eje analítico para la comprensión de los procesos migratorios y las políticas de control en América Latina (Domenechet al., 2022). Así, en el contexto sudamericano se van perfilando diferentes líneas y objetos de análisis. ^{Domenech (2020}) aborda la «temporalidad del control» que atraviesa la política de deportación en el contexto nacional argentino reciente mediante el análisis de las luchas migrantes y las prácticas de detención, expulsión y rechazo en frontera. Asimismo, otros antecedentes se concentran en el estudio de diferentes dimensiones vinculadas a la «espera» que abarcan desde su producción política en diferentes zonas fronterizas y albergues (^{Miranda, 2021}; ^{Blouin, 2021}; Ceja, en prensa) hasta las relaciones entre género, cuidados y acceso a la residencia (^{Mallimaci & Magliano, 2020}). Por último, otras contribuciones remiten al abordaje del carácter temporal y precario de los estatus migratorios y sus efectos sobre la vida cotidiana de ciertos grupos de migrantes en Chile y Argentina (^{Thayeret al., 2016}; Thayer & Tijoux, 2021; ^{Trabalón, 2021}).

En este marco, el presente artículo busca contribuir tanto a los estudios sobre la producción de «ilegalidad migratoria» como a las discusiones sobre las temporalidades que se configuran en torno a las disputas entre movilidad y control en Argentina y el espacio sudamericano. Con este fin, utilizo la noción de «intermitencia legal» para referirme a la dinámica conflictiva y cambiante que resulta de las tensiones entre los mecanismos de ilegalización, las experiencias temporales de control y el despliegue de diversas estrategias de negociación fronteriza. La categoría de intermitencia legal busca destacar la centralidad que adquiere la negociación de los sujetos con las fronteras legales y temporales en los ritmos y frecuencias que marcan sus «entradas» y «salidas» constantes y recurrentes a la «legalidad» o «ilegalidad». En esta línea, también me refiero a dos tipos específicos de «temporalidades experienciales» (o «experiencias temporales»), que distingo analíticamente como «temporalidades perturbadas» (cuando la interrupción en la trayectoria de «legalidad» se interpreta subjetivamente como «momentánea») y «temporalidades desarticuladas» (cuando la interrupción en la trayectoria de «legalidad» se interpreta subjetivamente como «permanente» o «irreversible»). Esta distinción permite señalar y abordar los efectos desiguales que pueden tener las dislocaciones temporales del estatus migratorio de acuerdo a cómo se interpreta su duración y los modos en que interviene en la proyección de futuros posibles en trayectorias y grupos sociales específicos.

Este artículo adopta un enfoque metodológico cualitativo que, desde una aproximación multiescalar, articula las técnicas de análisis documental, observación participante y entrevistas. En primer lugar, el análisis documental se efectuó sobre políticas y normativas vinculadas al «ingreso» y «permanencia» de migrantes procedentes del Caribe y África en Argentina, Brasil, Chile y Ecuador. Estos países sudamericanos han sido identificados como aquellos en los que la presencia o circulación de estos grupos de migrantes «extrarregionales» adquiere especial relevancia política y repercusión regional a lo largo de la década de 2010. Además de tener como objetivo reconstruir el panorama político en la región, el análisis documental también se centró específicamente en las normativas y disposiciones de diferentes instituciones estatales vinculadas al control de los modos de «permanencia» de migrantes de origen haitiano en Argentina, en particular la DNM, las universidades nacionales y la Embajada Argentina en Haití.

En segundo lugar, la observación participante y las entrevistas en profundidad tuvieron lugar entre noviembre de 2017 y octubre de 2019, en las ciudades de Córdoba y Rosario (Argentina). En total se entrevistó a treinta y ocho personas de nacionalidad haitiana: diecinueve en Rosario y diecinueve en Córdoba, veinticinco varones y trece mujeres, la mayoría con edades entre 20 y 32 años, incluidos integrantes de las cuatro organizaciones haitianas existentes durante este periodo en ambas ciudades. Las entrevistas fueron realizadas longitudinalmente a través de uno, dos o tres encuentros con cada persona entrevistada. Paralelamente, la observación participante tuvo lugar en diferentes reuniones y espacios institucionales, culturales, deportivos, gastronómicos y políticos que permitieron interactuar con un gran número de jóvenes, además de quienes participaron de las entrevistas. La particularidad referida a estos grupos de jóvenes que son apoyados por sus redes familiares y transnacionales para llevar adelante sus proyectos educativos universitarios y los procesos de desclasamiento que experimenta gran parte de ellos, a pesar de la gratuidad de la educación superior en Argentina, permitirá poner de relieve los diversos modos en que se expresa la dimensión política y temporal del control en el desarrollo de experiencias migrantes singulares.

III. LA MIGRACIÓN «EXTRARREGIONAL» CARIBEÑA Y AFRICANA EN EL CONTEXTO SUDAMERICANO RECIENTE

Destacar la relevancia que poseen los acuerdos regionales y bilaterales en materia de residencia no implica desconocer los mecanismos de ilegalización que operan sobre migrantes regionales en el espacio sudamericano⁴. No obstante, durante la última década, el tratamiento político que recibe la migración «extrarregional» expone y profundiza las desigualdades de «ingreso» y «permanencia» que se configuran alrededor de la distinción entre migraciones regionales y «extrarregionales» (Domenech & ^{Dias, 2020}), así como también contribuye a producir, reforzar y cimentar la construcción racializada de estas últimas en tanto «migraciones irregulares» que urge combatir (^{Trabalón, 2021}). De hecho, la producción política de sujetos racializados a través de mecanismos selectivos de ingreso, tránsito y residencia en el espacio sudamericano se ha manifestado con particular evidencia en aquellas migraciones que alteraron o transformaron los esquemas legales e institucionales dominantes durante la última década. El arribo de poblaciones africanas y caribeñas «negras», en particular, reconfiguró y complejizó las dinámicas raciales existentes, multiplicando las categorías de migrantes y revelando matrices de poder que se tradujeron en formas distintivas de experimentar la desigualdad con relación al acceso y las condiciones en que se produce el movimiento en la región sudamericana.

Durante la década de 2010, además de la masiva y omnipresente migración venezolana en Sudamérica y de la invisibilizada y escasamente estudiada migración asiática⁵, los movimientos migratorios del Caribe y África han ido ganando protagonismo político en distintos países sudamericanos. Es el caso de migrantes procedentes del Caribe (principalmente de Cuba y Haití, pero también de República Dominicana) y de distintos países de África (como Eritrea, Senegal, Ghana, Camerún o Angola) en Ecuador (^{Pedone, 2020}; ^{Colectivo de Geografía Crítica, 2021}). Precisamente, desde la suspensión de visados en 2008 y su posterior reimposición para ciertas nacionalidades, en lo referente a estos grupos se han evidenciado tanto sus precarias formas de «permanencia» como la activación de sus tránsitos migratorios hacia el norte y sur del continente americano (^{Correa, 2019}; Álvarez Velasco, 2017, 2020a, 2020b; ^{Herrera, 2019}; ^{Herrera & Berg, 2019}; ^{Pedone, 2020}). Se trata de un panorama migratorio semejante al de Brasil en tanto que, desde inicios de la década del año 2000, viene consolidando su posición política como «puerta» de entrada de diversas migraciones africanas y caribeñas (^{Álvarez Velascoet al., 2021}; ^{Miranda, 2021}). Brasil, además, desde los primeros años de la década de 2010, experimenta un crecimiento significativo en el número de migrantes procedentes de Haití, pero también de países como Senegal, Angola, República Democrática del Congo, Nigeria, Guinea, Guinea Bissau, Somalia, Marruecos, Camerún, Ghana, Sierra Leona y Cabo Verde, entre otros (^{Moulin & Thomaz, 2016}; ^{Oliveira, 2017}; ^{Baeningeret al., 2019}). Para Chile, en cambio, se ha vuelto más notoria la presencia de migrantes del Caribe, especialmente de Haití y, en una proporción bastante menor, pero constante, de países como República Dominicana y Cuba (^{Stefoniet al., 2018}; ^{Stanget al., 2020}; Thayer & Tijoux, 2021; Conchaet al., 2021). Por último, aunque Argentina cuenta con antecedentes históricos de migraciones africanas (^{Maffia, 2010}) y de ciertos grupos del Caribe, durante la década de 2010 las manifestaciones políticas más significativas se estructuran alrededor de la convergencia entre migraciones de origen caribeño y africano procedentes de Senegal, Republica Dominicana y Haití (^{Zubrzycki, 2018}; Domenech & ^{Dias, 2020}; ^{Trabalón, 2021}).

Así, en aquellos países sudamericanos como Argentina, Brasil, Chile y Ecuador, en los que las nuevas migraciones africanas y/o caribeñas adquieren mayor presencia o circulación, es posible observar cuatro tendencias vinculadas al control de sus modos de «permanencia» durante la década de 2010. En primer lugar, en un contexto generalizado de asfixia regional del sistema de refugio y lentos procedimientos burocráticos (^{Gómez, 2021}), se destaca como práctica dominante la exclusión política del reconocimiento del refugio de la gran mayoría de migrantes provenientes del Caribe y África⁶. Así, es posible atender no solo las dificultades y jerarquizaciones inherentes a los procesos de elegibilidad (^{Clavijo, 2018}), sino también a las prácticas de disuasión de pedidos de refugio y a la distancia que opera entre las solicitudes y el reconocimiento de las mismas para ciertas nacionalidades (^{Nejamkis & Nievas, 2012}; ^{Clavijo, 2018}; ^{Gómez, 2020}; Conchaet al., 2021; ^{Baeningeret al., 2019}; ^{Pedone, 2020}). Esto implica que la exclusión del refugio y, en gran cantidad de casos, su sustitución por categorías «humanitarias» de residencia (^{Moulin & Thomaz, 2016}; ^{Gómez, 2021}; ^{Pereira & Clavijo, 2022}) responden a definiciones políticas e institucionales preestablecidas, antes que a evaluaciones debidamente fundadas en torno al principio de no devolución y el derecho al refugio instituido en convenciones de carácter regional o internacional, como la Declaración de Cartagena de 1984 o la Convención de Ginebra de 1951.

En segundo lugar, rige la pauta política y normativa basada en el establecimiento de criterios (y tasas) diferenciales de residencia que, desacoplados de la realidad social de ciertos grupos de migrantes «extrarregionales» del Caribe y África, se tornan inaccesibles o inalcanzables. El acceso a la residencia por medio del «empleo formal» o la comprobación de «medios lícitos de subsistencia» suele ser el criterio más usual en estos países sudamericanos⁷, pero también el que mayores obstáculos interpone en su consecución y sostenimiento en el tiempo. Este hecho ha contribuido a reforzar la relación entre procesos de ilegalización y precarización laboral según jerarquías sociales y raciales específicas (^{Stefoniet al., 2018}; ^{Álvarez Velasco, 2020b}; ^{Trabalón, 2021}). A diferencia de Argentina, Chile y Ecuador, es importante destacar para el caso de Brasil la existencia del Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), un número fiscal que permite realizar y recibir giros de dinero (remesas) y acceder a diferentes recursos y derechos (salud, educación inicial, beneficios sociales, etc.) sin necesidad de contar con un estatus migratorio «legal». Aunque este documento otorga beneficios concretos a pesar de no contar con la residencia o el refugio, su uso exclusivo también expresa la realidad de precarización laboral que atraviesa a buena parte de migrantes del Caribe y África. Ello en la medida en que el CPF no habilita la obtención de empleo formal, al cual solo se puede acceder a través de alguna categoría de «residencia legal». Asimismo, es necesario considerar que en junio de 2021 se emitió una disposición (Instrução normativa N.° 2.034) que, bajo la distinción entre «residentes» y «no residentes», generó nuevas categorías de acceso al CPF. En los hechos, esto supuso prohibir la tramitación del CPF a migrantes «indocumentados», planteando así un reacomodamiento significativo con relación a las configuraciones de la «ilegalidad migrante» instituidas en este país.

En tercer lugar, existe una tendencia hacia el reforzamiento de los mecanismos de ilegalización a través de la aplicación de visados consulares y nuevas disposiciones normativas implementadas por las diversas instituciones involucradas en la tramitación de las distintas categorías de residencia. Las restricciones de ingreso en la región (^{Salmón Gómez, 2017}; ^{Trabalón, 2018}, 2019; Domenech & ^{Dias, 2020}; ^{Álvarez Velasco, 2020a}) no solo han funcionado como mecanismos de contención de las «nuevas migraciones» caribeñas y africanas bajo diferentes principios de «apertura regulada»⁸, también lo han hecho como prácticas de subordinación de la movilidad fronteriza Sur-Sur y Sur-Norte, y como prácticas de precarización de las condiciones de vida al «interior» de los Estados-nación sudamericanos. Con relación a este último punto, las diversas modalidades de restricciones de ingreso han provocado, según grupos nacionales y circunstancias específicas, un aumento de los ingresos por pasos no autorizados que niega la posibilidad futura de acceso a la residencia en aquellos países donde se establece normativamente ode factocontar con el sello de «ingreso» como requisito para acceder a cualquier categoría de residencia, como ocurre en Argentina, Chile y Ecuador⁹.

En cuarto lugar, sobresale como rasgo constitutivo (aunque no exclusivo) la multiplicación de las fronteras temporales mediante los mecanismos de ilegalización vinculados a la residencia. El control a través de la regulación del tiempo aparece como práctica de gobierno dominante de las nuevas migraciones «extrarregionales» caribeñas y africanas a partir de dos prácticas diferenciadas, pero complementarias: la dilatación de los tiempos de espera burocráticos y el carácter temporal del estatus migratorio. De una parte, la dilatación de los tiempos de espera para acceder a la residencia o a la documentación necesaria para tramitar la residencia implica una ralentización del tiempo burocrático, que opera a través de múltiples instituciones, actores y prácticas. Entre ellas, como revelan diferentes investigaciones sobre migraciones caribeñas y africanas en la región y la revisión de políticas implementadas en distintos países sudamericanos, se destacan los tiempos y plazos implicados en la obtención de diversos documentos. Esto se da, en particular, con los trámites en las embajadas sudamericanas de los países de origen (antecedentes penales, certificados de estudio o profesión, partidas de nacimiento, etc.), cuya demora discrecional y/o atada a las contingencias sociopolíticas de cada país, en general, no coincide con los tiempos requeridos por las administraciones migratorias de los países sudamericanos. Esto es crucial pues se pueden tener todos los requisitos para calificar a la residencia, pero si no se obtiene esta documentación por las demoras institucionales, no es posible acceder a ella. Además, las dificultades en la tramitación de estos documentos se amplifican para quienes no poseen recursos económicos suficientes para pagar los costos de las traducciones y legalizaciones (o apostillado), y más aún para aquellos grupos nacionales que no poseen representación diplomática de o en los países sudamericanos. Por ello, entre otras cosas, deben viajar a terceros países que posean embajadas de los Estados-nación en los que se encuentran o depender de otras personas (familiares, conocidos o gestores) para realizar procesos burocráticos de larga prolongación en el tiempo que incluyen, además de los visados y trámites fundamentales, como la renovación de los pasaportes o de los documentos de identidad.

Por otra parte, el carácter temporal que asumen los estatus migratorios se presenta como producto de diversas situaciones, entre las que destacan tres en particular. Primero, tal como se trasluce en la ya mencionada distancia observada entre las solicitudes de refugio y el reconocimiento de las mismas para estos grupos nacionales, la interrupción temporal del estatus «legal» puede producirse a causa de las denegaciones finales del reconocimiento del refugio. En efecto, la denegación de las solicitudes de refugio, luego de cumplir con un determinado número de apelaciones posibles, implica que, si estas no son judicializadas, no es posible continuar con la renovación de las constancias de la «solicitud en trámite» mediante las cuales, frente a la falta de opciones legales de residencia, buena parte sostiene estratégicamente su estatus «legal» (precario) durante algún tiempo.

Segundo, el carácter temporal del estatus migratorio también aparece como resultado de los obstáculos legales y políticos que existen para realizar el cambio de la categoría migratoria de residencia «temporal» a «definitiva» o «permanente» en estos países, así como por la imposición de diversos límites en el número de renovaciones posibles para sostener la residencia temporaria en algunos de ellos. Por ejemplo, en Ecuador la residencia temporaria válida por dos años permite una sola renovación (Ley Orgánica de Movilidad Humana, 2017, art. 60); mientras que, en Chile, hasta el año 2021, la residencia temporaria (válida por un año) tenía establecido el límite de una sola renovación. En este último país, además, la transición a la residencia definitiva es particularmente compleja (^{Thayer & Tijoux, 2022}), a la vez que las solicitudes de residencia definitiva son continua y recurrentemente denegadas a ciertos grupos a pesar de cumplir con todos los requisitos para su obtención.

Tercero, la temporalidad de los estatus migratorios se manifiesta con especial claridad en el establecimiento de planes temporales de regularización como único medio de acceso a la residencia para quienes no pueden cumplir con los criterios diferenciales existentes. Estos planes de regularización, además de poseer en ciertos casos requisitos excluyentes, como el ingreso por pasos autorizados, en general no son renovables y representan solo un «consuelo temporal» que arrastra una fuerte sensación de incertidumbre acerca del «futuro legal» en estos países (^{Trabalón, 2021}). En muchos casos, por otra parte, son implementados con el objetivo explícito de descomprimir la presión generada sobre las solicitudes de refugio como vía de acceso al estatus migratorio «regular». Así, mientras que en Ecuador se estableció un único plan temporal de regularización para migrantes de Haití en 2010 (Decreto Ejecutivo 248), en Argentina se efectuaron planes temporales de regularización para personas dominicanas y senegalesas en 2013 (Disposición 1 y 2), y para haitianas en 2017 (Disposición N.° 1143). Por su parte, Brasil estableció un plan de regularización para migrantes de Senegal y República Dominicana en 2019 (Portaria interministerial N.° 5 y N.° 10); mientras que, para migrantes procedentes de Haití, se establecieron planes de regularización que fueron definidos dentro de la órbita de medidas «humanitarias» e implicaron otros procesos de (dis)continuidad legal. De modo que estuvieron caracterizados por una renovación ininterrumpida de los planes, pero bajo la incertidumbre constante producida por las diferentes prórrogas de autorización de permanencia (en general, válidas por un año) y, hasta 2018, condicionadas por un acceso supeditado al pedido de visado consular en Haití (^{Chaves, 2022}). Finalmente, aunque en Chile los dos últimos planes extraordinarios de regularización, en 2018 y 2021, se implementaron para la población migrante en general, en la práctica las medidas se orientaron principalmente a aquellos grupos nacionales que poseen criterios diferenciales de residencia. Así, mientras que en 2018 fueron migrantes de Venezuela, República Dominicana y Haití quienes debieron enfrentar los mayores obstáculos burocráticos para acceder al plan (^{Huerta & Ramos, 2021}), en 2021 el nuevo requisito del sello de ingreso al país por paso habilitado¹⁰evidenció con mayor claridad el carácter restrictivo y punitivo de la medida de «regularización», en estrecha conexión con los cambios recientes en las políticas de deportación de ese país.

En suma, sea a través de la dilatación de los tiempos burocráticos o debido al carácter temporal que asumen las autorizaciones de «permanencia» del estatus migratorio, las fronteras temporales son consideradas como una dimensión constitutiva de las realidades políticas y legales de las nuevas migraciones en los países sudamericanos y, en particular, de las migraciones caribeñas y africanas¹¹. Por ello, en este trabajo me interesa inscribir las tendencias señaladas como parte de los modos de gobernanza de la migración «extrarregional» en el espacio sudamericano. Y, en este sentido, sostener que la exclusión política del refugio, los criterios diferenciales de residencia, el reforzamiento de los mecanismos de ilegalización y la sujeción temporal del estatus migratorio delinean regionalmente configuraciones específicas de «ilegalidad» en el marco de las cuales se inscriben y cobran pleno sentido las experiencias de mis interlocutores de origen haitiano en Argentina.

IV. MIGRACIÓN HAITIANA EN ARGENTINA: «INTERMITENCIA LEGAL» Y FRONTERAS TEMPORALES

La formación de redes migratorias de jóvenes de Haití que llegan a la Argentina con el objetivo de formarse profesionalmente en carreras de universidades nacionales, públicas y gratuitas data de mediados de la década del año 2000. Sin embargo, recién hacia 2015 se observa un crecimiento y una ampliación de estas redes que coincide con la diversificación de los perfiles sociales de la migración haitiana en Argentina. La dimensión temporal del control en las trayectorias de mis interlocutores procedentes de Haití adquiere particular resonancia entre 2017 y 2018, en un contexto de intensificación de los procesos de criminalización y securitización de las migraciones en el país (^{Penchazadeh & García, 2018}; ^{Domenech, 2020}; ^{Trabalón, 2020b}; ^{Caggiano & Mombello, 2020}; ^{Pereira & Clavijo, 2022}). Durante este periodo, también se asiste a un reacomodamiento de los mecanismos de acceso a la residencia mediante prácticas estatales que afectan perjudicialmente tanto a migrantes regionales como «extrarregionales», entre ellas el incremento de los costos de las tasas migratorias, el aumento de los controles de permanencia y la implementación de un nuevo sistema informático de radicación (^{Caneloet al., 2018}; ^{Jaramilloet al., 2020}; ^{Penchazadeh, 2021}). Además, como muestra el trabajo de ^{Jaramilloet al. (2020}) en particular, uno de los principales efectos de las políticas implementadas sobre el acceso a la residencia de migrantes regionales durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019) refiere a la «prolongación del tiempo de espera para acceder a su documentación» (p. 76) mediante el incremento en las demoras burocráticas para la iniciación y resolución de los trámites de la DNM desde 2017.

En este escenario, y a diferencia de otros grupos migratorios con proyectos migratorios centrados en lo laboral, el interés principal (o inicial) de mis interlocutores estaba definido por la posibilidad de avanzar en sus estudios profesionales en las universidades nacionales de Córdoba y Rosario. Por eso, la realización de sus proyectos migratorios, en tanto proyectos educativos, está indefectiblemente ligada a la posibilidad de acceder y sostener un estatus migratorio «regular» o «legal». Esto es así ya que, a pesar de lo establecido por la normativa migratoria argentina sobre el derecho a la educación, independientemente de la situación administrativa que posean las personas migrantes, tanto el ingreso como la permanencia en los espacios universitarios depende de la posesión del documento nacional de identidad (DNI) argentino en vigencia (^{Trabalón, 2022}). Por esta razón, para estas y estos jóvenes, la producción política de la experiencia de «ilegalidad» genera necesariamente una dislocación temporal en sus proyectos migratorios que es vivenciada de diferentes maneras, según cómo se interpreta su duración y los modos en que interviene en su proyección de futuro. En este sentido, son las configuraciones específicas de «ilegalidad» que los atraviesan y la exacerbación de los procesos de intermitencia legal durante estos años lo que permite explicar la dinámica que se establece entre ilegalización, fronteras temporales y vida cotidiana.

V. FRONTERAS LEGALES Y TEMPORALES EN DISPUTA

VI. CONCLUSIONES

El recorrido realizado sobre los procesos de intermitencia legal de migrantes de origen haitiano en Argentina ha permitido mostrar la dinámica conflictiva y cambiante que se establece entre ilegalización, fronteras temporales y vida cotidiana en contextos históricamente situados. A su vez, reparar en dichos procesos ha posibilitado destacar la centralidad que adquiere la negociación de los sujetos en los ritmos y frecuencias que marcan sus «entradas» y «salidas» a la «legalidad» o «ilegalidad» a lo largo de trayectorias concretas. En esta línea, el análisis realizado arroja luz sobre diversas formas de experimentar y negociar la espera (y la soberanía estatal) a partir de las relaciones desiguales de poder que producen las burocracias de la migración y las lógicas dominantes de control que atraviesan la (re)configuración del régimen sudamericano de migración y fronteras en los últimos años. Sobre esta base fue posible advertir algunos de los efectos performativos que la ciudadanía, como régimen normativo basado en la división entre nacionales y no nacionales, y en la diferenciación entre migrantes regionales y «extraregionales», institucionaliza y normaliza para estas y estos jóvenes, quienes van intentando disputar estratégicamente los tiempos que les imponen (o intentan imponer) para el desarrollo de sus proyectos migratorios y de vida.

En este escenario, las fronteras temporales se constituyen como una pieza central del engranaje de control de las migraciones internacionales, cuyo estudio permite no solo comprender cómo se refuerzan o acentúan los mecanismos de ilegalización existentes, sino también develar aquellas prácticas políticas que exacerban la desigualdad aun cuando las condiciones normativas permanecen intactas. Fronteras legales y temporales que, por otra parte, son constantemente disputadas a través de una heterogeneidad de estrategias que remiten a la estructuración micropolítica del entramado cotidiano -configurado en las experiencias vitales del día a día- en términos de lucha, (des)obediencia y negociación con las fronteras. Esto es prueba de que, frente a los diferentes modos de gobernar el tiempo que produce la precarización de la vida, tales precarizaciones «tienden a ser productivas, aunque sea solo por el hecho de que las personas humanas sometidas a ellas persisten obstinadamente en la búsqueda de formas de triunfar a pesar de ellas» (^{De Genova, 2021}, p. 194).

Sin duda, los mecanismos de ilegalización y las fronteras temporales adquieren matices específicos según los procesos históricos y políticos nacionales; las luchas de las organizaciones migrantes, sociales y de derechos humanos; los lineamientos regionales y globales establecidos sobre ciertas migraciones; y las disputas geopolíticas que atraviesan el tratamiento político de determinados grupos en el ámbito regional y global en coyunturas específicas. De hecho, casi al cierre de este artículo, y luego de una larga lucha de las organizaciones y activistas por los derechos migrantes en Argentina, el Gobierno nacional decretó dos planes de regularización en mayo de 2022: uno para migrantes de Senegal y otro para migrantes del Caribe (miembros de la Comunidad del Caribe [Caricom]), República Dominicana y Cuba. El logro de las organizaciones no solo radica en mejorar las condiciones de vida de una gran cantidad de migrantes del Caribe y África que viven en Argentina, sino también en la negociación sobre los plazos y tiempos autorizados de «permanencia» que se estipulan en dichos planes. A diferencia de otros planes de regularización, las actuales propuestas contemplan tres años de radicación temporaria que podrían empalmarse en el tiempo con el pedido de residencia permanente, evidenciando así la relevancia que tiene la negociación temporal en las luchas migrantes (^{Domenech, 2020}) por formas de vida más dignas en el país. Con todo, y como es señalado también desde distintas organizaciones, los planes de regularización siguen sin resolver el problema estructural de los criterios diferenciales de residencia que afectarán a futuros migrantes y a quienes por distintas razones no puedan acogerse a dichos planes. En este sentido, también es necesario destacar cómo los planes de «regularización» perpetúan los procesos de intermitencia legal, puesto que no logran (ni se proponen) modificar la desigualdad de acceso a la movilidad que rige a través de las jerarquías interestatales y los criterios sociales, raciales, étnicos y de género que impregnan los actuales marcos de «gobernanza global» de las migraciones en la región sudamericana.

Por el contrario, vista a la luz de procesos políticos e históricos más amplios, la «regularización» no necesariamente es considerada como un mecanismo de «inclusión», sino como parte de los esquemas de control que se van reactualizando según diversos movimientos, coyunturas e intereses políticos e institucionales. Por ello, la realidad de migrantes «extraregionales» en el espacio sudamericano permite exponer el funcionamiento de las políticas vinculadas a la «regularización» como parte de lo que ^{Domenech (2019}) entiende como los modos «no coercitivos» de control. En otras palabras, la «regularización» no necesariamente se configura como contrapeso o desequilibrio de las políticas de control, sino como dimensión determinante y parte constitutiva de su lógica de funcionamiento, tanto dentro de la órbita de medidas «humanitarias» como de aquellas de carácter más punitivo, como las que conciernen a las políticas de deportación y «retorno».

En tal sentido, el control sobre los modos de «permanencia» de migrantes de origen haitiano en Argentina es considerado como un caso paradigmático que permite exponer ciertas tendencias regionales en curso basadas en la exclusión política del refugio, la existencia de criterios diferenciales de residencia, el reforzamiento de mecanismos de ilegalización y la multiplicación de las fronteras temporales en torno a la categoría estatal de «permanencia». Invita así a considerar los modos en que se articulan los mecanismos de ilegalización y las fronteras temporales en trayectorias sociales y luchas específicas. Finalmente, la pregunta por los modos de gobernanza a través del tiempo resulta hoy más crucial que nunca en un contexto en el que todavía resta mucho camino por dilucidar los efectos devastadores que han tenido la pandemia de COVID-19 y las nuevas temporalidades del control desatadas por ella en la precarización de las vidas migrantes en el contexto regional y global actual.