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Apuntes

Print version ISSN 0252-1865

Apuntes vol.43 no.79 Lima July/Dec. 2016

 

ARTÍCULOS

Políticas públicas y empresas recuperadas por sus obreros en Argentina. Un análisis del Programa de Trabajo Autogestionado 2004-2012

Public Policies and Companies Recovered by their Workers in Argentina. Analysis of the Worker Self-Management Program 2004-2012

 

Juan Pablo Hudson*

Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires


Resumen

El objetivo principal de este artículo es analizar la compleja relación entre las empresas recuperadas por sus obreros y el Estado en la Argentina durante la última década. Para cumplir con este plan, exploraré la evolución de las políticas públicas implementadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para estas experiencias autogestionarias. Una conclusión fundamental del estudio realizado señala que los gobiernos desde 2003, luego de la grave crisis social, política y económica causada por la aplicación sistemática de políticas neoliberales, requirieron una progresiva incorporación de las formas autoorganizativas creadas y consolidadas por movimientos sociales de base, como lo son las empresas recuperadas.

Palabras claves: autogestión obrera; Estado; políticas públicas; mercado.


Abstract

This article explores the complex relationship between the companies recovered by their workers in Argentina and the state during the last decade through an analysis of the evolution of Ministry of Labor, Employment and Social Security policies regarding these self-management experiences. A central conclusion of

this study is that Argentine governments since 2003, after the serious social, political and economic crises resulting from the systematic application of neoliberal policies, had to progressively incorporate the various forms of self- organization that were created and consolidated by social movements such as the recovered companies.

Keywords: Workers’ management; state; public policy; market.


1. INTRODUCCIÓN

El proceso de desindustrialización que sufrió la Argentina se inició durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) como consecuencia de las políticas implementadas fundamentalmente por su primer ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. En la década de 1990 y los primeros dos años del siglo XXI, estas políticas neoliberales tuvieron continuidad, provocando una crisis política, social, económica y financiera sin precedentes. Como consecuencia, en 2001 el país padeció un 25% de desempleo entre su población económicamente activa.

En este marco, los obreros de múltiples provincias del país comenzaron a luchar por la recuperación de las empresas que se encontraban en situación de quiebra económica. El proceso implicaba la toma por la fuerza de las instalaciones o la fijación de guardias en los portones de ingreso junto a organizaciones de derechos humanos, movimientos de desempleados, estudiantes universitarios, medios de comunicación alternativos y partidos de izquierda, entre otros. El objetivo era evitar que los empresarios retiraran las maquinarias o cerraran las fábricas de manera definitiva. La opción legal y organizativa que eligieron para reiniciar la producción fue la creación de cooperativas de trabajo.

Han pasado quince años desde los primeros casos de recuperación de empresas: entre 1999 y 2004 se recuperaron 161, ocupando a un total de 6.900 trabajadores en todo el país. En la actualidad hay más de 311 casos. Se trata mayormente de pequeñas y medianas empresas, con un promedio de cuarenta obreros. Los ramas de la industria principales que incluyen son las siguientes: metalúrgica (20%), alimentaria (13%), gráfica (10%), textil (9%), gastronómica (5%), industria de la carne (7%) y de la construcción (5%). Un dato analítico indispensable es que entre 2005 y 2013 se recuperaron 149 empresas (Programa Facultad Abierta 2013). Resulta notable esta cifra porque durante ese periodo se produjo un sostenido crecimiento económico en la Argentina. No se trata, entonces, de una herramienta de lucha política exclusiva para las etapas de crisis económicas extremas (como la padecida entre 1999 y 2003), sino de una metodología ya incorporada al repertorio de luchas de la clase obrera más allá de coyunturas específicas.

La vinculación entre empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT) y el Estado no ha tenido un desarrollo en profundidad en la bibliografía especializada, aún en los años de masiva proliferación de trabajos de investigación, más cercanos al nacimiento de estas experiencias. En los estudios que analizan dicha relación (Rebón 2004, 2007; Deux Marzi y Escobedo 2005; Fernández 2006; Gracia y Cavaliere 2007; Salgado 2012), se trata de desarrollos mayormente acotados al rol del Estado durante la década de 1990, al que se caracteriza como el responsable de la desindustrialización padecida en nuestro país, o a las respuestas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial durante los años de emergencia de los primeros casos (1999-2003). Por su parte, otros estudios (Cafardo y Domínguez Font 2003; Rebón 2004; Fajn 2003; Magnani 2003; Heller 2004) dieron cuenta del debate entre aquellas experiencias que proponían la creación de cooperativas autónomas y otras que impulsaban la estatización de las fábricas bajo control obrero. Se trató de un debate inicial, prontamente superado cuando la opción cooperativa resultó la predominante.

Este conjunto de investigaciones, sin embargo, no incorporó las nuevas políticas que fueron desarrollando los sucesivos gobiernos que llegaron al poder desde 2003 (Néstor Kirchner 2003-2007; Cristina Fernández de Kirchner 2007-2011 y 2011-2015); en algunos casos por tratarse de publicaciones tempranas, previas a 2003, y en otros porque se perdió de vista la importancia de analizar las nuevas políticas estatales que incorporaron la recuperación de empresas y la autogestión como herramientas fundamentales para desarrollar políticas de empleo y de asistencia social.

La reducida bibliografía que se ha ocupado con mayor detenimiento de esta problemática (Allegrone et al. 2007; Hudson 2009, 2011; Programa Facultad Abierta 2010, 2013) se concentró justamente en esos nuevos modos de gestión puestos en marcha, a través de programas específicos, marcando un quiebre profundo respecto a lo realizado por las anteriores administraciones. Allegrone et al. (2007: 7) dieron cuenta de esta nueva orientación de las políticas públicas: «Fue así como desde la administración del gobierno de [Néstor] Kirchner, se diseñó una estrategia política orientada a promover "formas asociativas y de trabajo autogestionado", construida discursivamente en oposición a las expresiones focalizadas y "asistencialistas" de los noventa». Por su parte, el Programa Facultad Abierta, especializado en el estudio de empresas recuperadas, caracterizaba de la siguiente manera la acción del Estado en el periodo 2004-2010:

[…] la entrega de subsidios a ERT por parte del gobierno nacional empezó a crecer. Tanto el Ministerio de Trabajo como el de Desarrollo Social, como el propio INAES1 (que había tenido una intervención marginal hasta mitad de la década, a pesar de ser la autoridad de aplicación de las cooperativas), desarrollaron una política más activa […]. En este sentido, el 85% de las ERT encuestadas manifestó haber recibido algún tipo de ayuda estatal. (Programa Facultad Abierta 2010: 70)

En los años recientes sí han proliferado publicaciones que analizan la vinculación entablada durante el kirchnerismo entre el gobierno y los movimientos sociales que protagonizaron las principales resistencias al neoliberalismo. Las principales tesis de dichas investigaciones se han dividido entre miradas que reducen ese vínculo a la cooptación y la subordinación (Svampa 2003, 2005; Svampa y Pereyra 2004; Zibechi 2008; Fornillo 2009; Massetti 2009) y las que encuentran un reflujo y una desmovilización con recorte de la autonomía ante la relegitimación del Estado como regulador de lo social (Rajland y Campione 2006; Pereyra et al. 2008); también han proliferado estudios que determinaron un impasse en la radicalidad política de las organizaciones sociales en el marco de desarrollo de nuevas formas de gobernabilidad a nivel nacional y regional (Colectivo Situaciones 2009).

A modo de resumen de estas múltiples perspectivas, encontramos un punto en común: el recrudecimiento de los conflictos entre la autonomía de los movimientos y el nuevo rol del Estado a partir de 2003. Los estudios de Maristella Svampa han instalado con contundencia la imagen de una pronta cooptación e institucionalización de las organizaciones sociales por parte del Estado. Este tipo de afirmaciones pierden de vista las ambivalencias y las tensiones que han caracterizado esos nuevos vínculos entre movimientos y Estado desde 2003, a la vez que desconocen que la construcción de alianzas con un gobierno no significa la pérdida inmediata e irremediable de una postura autónoma y crítica. Salvo en términos teóricos, la autonomía no se constituye necesariamente, a la manera de un dogma, a distancia de las políticas estatales. Sobran ejemplos de movimientos que se incorporaron a la gestión del Estado en el kirchnerismo, pero rompieron con esta fuerza cuando tuvieron disidencias políticas o, al menos, plantearon serias críticas públicas.

En este artículo, el objetivo es determinar, a través de un estudio de caso, qué efectos produjo en el desarrollo de las ERT la creación de programas específicos para dictaminar políticas hacia este sector en reparticiones estratégicas del Estado nacional. El análisis se focalizará en la tensión entre la afirmación de la autonomía obrera y los procesos de institucionalización estatal2. Asimismo, me propongo explorar cuáles han sido las transformaciones en los métodos de gestión puestos en marcha por los gobiernos nacionales en el periodo 2003- 2013 a partir de ese estrecho vínculo que fueron construyendo con las ERT.

Si bien el Estado está conformado por tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– que tienen incidencia directa en la vida de las ERT, en este trabajo analizaré las políticas diseñadas por el Ejecutivo nacional. Para ello estudiaré un caso específico: el Programa de

Trabajo Autogestionado, creado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (en adelante: Ministerio de Trabajo) en 2004. Así se fundamenta su creación:

El Programa de Trabajo Autogestionado surge como una respuesta concreta a diversas demandas de apoyo que venían realizando ex-empleados de empresas y fábricas implicados en procesos de recuperación de plantas productivas y fuentes de trabajo. […] Desde el comienzo mantuvimos contacto con las organizaciones que agrupan a las empresas y fábricas, así como con trabajadores que se acercaban espontáneamente, con el objeto de estructurar un programa acorde a las demandas y necesidades de los destinatarios. (Ministerio de Trabajo 2004b)

A través de documentos e informes internos elaborados por este programa al cierre de los años 2004, 2007, 2010 y 2013, me propongo analizar dos ejes fundamentales: primero, la evolución de sus líneas de acción y los recursos financieros transferidos a las ERT en el periodo 2004-2012; segundo, las variaciones de los destinatarios previstos por el programa en dicho periodo. También desarrollaré dos hipótesis fundamentales. Primera hipótesis: la adopción por parte del Estado argentino de la autogestión cooperativa fue una herramienta estratégica para la creación de empleo e inclusión social después de la crisis económica y laboral de principios de siglo. Segunda hipótesis: las nuevas formas de gobernabilidad puestas en marcha a partir de 2003 encontraron en las redes no estatales construidas en el periodo 1995-2003 un profuso arsenal de saberes y haceres colectivos surgidos a partir de la autoorganización de vastos sectores de la población en el marco de una gravísima crisis económica y social. En tal sentido, los principales planes sociales en materia de empleo implementados por el Estado entre 2004 y 2013 se basaron en formas autogestionadas y cooperativas similares a las puestas en marcha por las organizaciones sociales durante el periodo de lucha antes mencionado.

2. LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES AUTÓNOMOS

El ciclo de luchas protagonizado por movimientos sociales de base en la Argentina –y en buena parte de los países de nuestra región– durante la década de 1990 y los primeros dos años del siglo XXI, provocó rupturas en el paradigma neoliberal de gestión que había primado (en el caso argentino) desde el inicio de esa década. La incorporación de críticas y exigencias fundamentales del repertorio de luchas impulsadas por las organizaciones de desempleados, las ERT, los organismos de derechos humanos, los movimientos indígenas, las minorías sexuales y los medios de comunicación alternativos, entre tantos otros, generó lo que se ha denominado nuevas formas de gobernabilidad en países como Argentina, Bolivia, Venezuela, Brasil y Ecuador, por nombrar los casos más emblemáticos. En este artículo, haré uso de la definición «nueva gobernabilidad» formulada por el Colectivo Situaciones:

Está formada por la irrupción de las dinámicas sociales que cuestionaron la legitimidad del neoliberalismo puro y duro y la posterior llegada al poder de los gobiernos «progresistas» en el Cono Sur. Gobiernos que fueron determinados, de modos e intensidades variables, por la repercusión alcanzada por el nuevo protagonismo social en la alteración del régimen de gobierno puramente neoliberal. [… F]ue el poder destituyente de estos movimientos el que impugnó y puso en crisis los dispositivos financieros, de asistencia social subordinada, de expropiación ilimitada de los recursos y de racismos consolidados […] y el que permitió de uno u otro modo la llegada al poder de los gobiernos «progresistas». A tal conjunción de dinámicas se debe la nueva gobernabilidad. (Colectivo Situaciones 2009: 18)

Complementamos esta definición con la caracterización que realiza Raúl Zibechi sobre la nueva gobernabilidad:

Oleadas de activismo social modificaron la relación de fuerzas en América Latina y tuvieron como consecuencia indirecta la instalación de un conjunto de gobiernos progresistas y de izquierda en la mayor parte de los países de Sudamérica. La acción colectiva canceló el periodo neoliberal caracterizado por las privatizaciones, la desregulación y la apertura de las economías, y abrió una etapa más compleja en la que conviven rasgos del mismo modelo con búsquedas de caminos basados en un mayor protagonismo de los Estados y la construcción de la integración regional. (Zibechi 2010: 33)

En el caso de las ERT, durante los años de emergencia de los primeros casos (entre 1999 y 2002), los trabajadores impulsaron fuertes reclamos y movilizaciones frente a los organismos públicos para que se otorgara un reconocimiento jurídico y político a sus flamantes proyectos. Se trató de un trabajo fatigoso como consecuencia del desconocimiento reinante, pero también del rechazo que generaban estos actores en lucha, los cuales cuestionaban, en medio de una profunda crisis social, política, económica e institucional, el fundamento del sistema capitalista: la propiedad privada.

En las asambleas del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) regional Rosario registré (Hudson 2009, 2011) los aprendizajes que iban incorporando los obreros en todo lo que atañe al funcionamiento y a las intrincadas dinámicas internas de las reparticiones públicas. Si algo se evidenciaba era que los ministerios, oficinas y secretarías no actuaban como entes coordinados y homogéneos entre sí. En efecto, solo después de intensas luchas para obtener apoyos legales y subsidios, los trabajadores estaban en condiciones de reconocer las áreas específicas de una municipalidad o de un ministerio provincial o nacional que presentaban algún tipo de apertura mínima hacia el sector y también de diferenciar, al interior de cada área, el personal con el que ya habían gestionado con éxito ciertos trámites. Dicho aprendizaje se socializaba entre las diferentes experiencias que se iban sumando al MNER en su etapa fundacional. Eran los presidentes y los secretarios los encargados de impulsar los pedidos de apoyo político y, fundamentalmente, de gestionar subsidios que les permitieran reconstruir las unidades productivas quebradas. Las escasas respuestas positivas que se obtenían dependían exclusivamente de voluntades individuales de funcionarios o legisladores.

Pero el masivo surgimiento de nuevos casos y la intensificación de las protestas y presiones fueron provocando, a partir de 2004, una incipiente apertura del gobierno nacional3. No se trató, por cierto, de una excepcionalidad para el caso de las ERT. Las potentes resistencias populares a la economía de mercado en el periodo 1995-2003 pusieron en crisis la capacidad del Estado argentino para regular y fijar por sí mismo un orden en la sociedad. El punto cúlmine de las revueltas sociales se produjo en el mes de diciembre de 2001, con multitudinarias marchas en las calles que provocaron la renuncia de cuatro presidentes de la Nación en el lapso de una semana. A partir de 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, el Estado motorizó una reinvención de sí mismo a fin de poder garantizar la gobernabilidad. Dicha apertura y plasticidad se materializó en los nuevos vínculos que fue construyendo con aquellos mismos movimientos sociales antagonistas (de desempleados, derechos humanos, empresas recuperadas, etc.) que habían enfrentado y deslegitimado el neoliberalismo.

En el caso específico de las ERT, las principales transformaciones se pusieron de manifiesto a partir de la creación de equipos y programas para implementar políticas públicas hacia el sector. La primera consecuencia fue una proliferación de canales de comunicación antes inexistentes. En segundo lugar, comenzaron a ser los propios funcionarios los que acudieron para interiorizar el panorama de estas cooperativas obreras. Así lo manifiesta el primer documento emitido en 2004 por el Programa de Trabajo Autogestionado:

Gran parte del trabajo realizado en estos meses consistió en identificar y contactar a los trabajadores de cada una de las Empresas y Fábricas recuperadas, con el propósito de difundir el Programa. Desde el comienzo nos pareció muy importante que las líneas de acción fueran conocidas en forma directa y homogénea por la totalidad de las E/FR [Empresas y Fábricas Recuperadas], como una manera de democratizar la información y el acceso a los recursos que ofrece el Programa. (Ministerio de Trabajo 2004b)

Desde entonces comenzó a generarse un flujo permanente de comunicaciones y visitas de funcionarios a las fábricas. Así lo narra una activista del MNER en la ciudad de Rosario:

En los primeros años no nos recibía prácticamente nadie en el Estado. Teníamos que usar parte de mi salario para apoyar a las fábricas. Ahora pasaron los años y por suerte con el Estado nacional creo que se revirtieron mucho las cosas. Y lo tenés a la vista, porque dentro del Ministerio de Trabajo se creó un programa especial para empresas autogestionadas que trabaja muy bien. Ahí te encontrás con gente que baja y conoce a cada una de las empresas, saben de sus problemas, se saben los nombres de los trabajadores, te ayudan a implementar los programas, los cambian de acuerdo a las necesidades que ven en cada caso en particular. Hay funcionarios de segunda y tercera línea que realmente están y se contactan con nosotros y empiezan junto con vos a armar lo que vas necesitando. Igual, así como resalto esta cuestión, también hay que decir que los fondos no son tantos en ese Ministerio. Necesitaríamos bastante más. Pero después, en lo otro, en lo que respecta a la gestión, vos llamás a las funcionarias del Programa y ellas vienen y a los dos días están sentadas con nosotros y te ayudan a armarlo. Lo importante es que dan lugar a nuestra participación en la conformación de los programas. Ellos los van modificando de acuerdo a nuestras opiniones y pedidos concretos y le buscan la vuelta para ver de qué manera pueden ayudar y apoyar a las fábricas más concretamente. (Hudson 2011: 60)

El relato pone de manifiesto dos procesos simultáneos que establecen una ruptura con las formas de gestión estatales previas a 2003: la generación de canales de comunicación directos con los trabajadores; y la construcción de los diagnósticos, programas y proyectos apostando a un protagonismo de los obreros. De manera complementaria, desde el Programa de Trabajo Autogestionado, se impulsó la realización de un registro de las ERT existentes en el país, estableciendo el inicio de una exhaustiva investigación: «[…] para identificar y habilitar a las unidades productivas y trabajadores sujetos del Programa resulta pertinente crear un registro de Unidades Productivas Autogestionadas por los Trabajadores» (Ministerio de Trabajo 2004b).

Desde el nacimiento de los primeros programas destinados a las ERT han pasado diez años. De allí la relevancia de analizar a través de este caso específico los pormenores de un vínculo complejo entre estas experiencias autogestionadas y las nuevas formas de gobernabilidad impulsadas desde el Estado nacional.

3. ESTADO Y AUTOGESTIÓN EN EL MERCADO

En la Resolución N° 203 aprobada por el Ministerio de Trabajo el 26 de marzo de 2004, se explicitan los objetivos del flamante programa, acordes a un contexto todavía cercano a la crisis que había desestabilizado el país durante trece años continuos: «El Programa de Trabajo Autogestionado tiene por objetivo contribuir a la generación de fuentes de trabajo y/o el mantenimiento de puestos existentes, a través de la promoción y fortalecimiento de unidades productivas, tanto de bienes como de servicios, autogestionadas por los trabajadores» (Ministerio de Trabajo 2004b).

El primer relevamiento efectuado arrojó la existencia de 180 ERT que incluían a diez mil obreros. El principal propósito del programa fue la creación de condiciones mínimas para que estas experiencias, mayormente precarias desde un punto de vista legal, financiero, comercial y de infraestructura, pudieran reinsertarse en sus respectivos mercados4. Así se explicitaba: «Progresivamente, el interés está en procurar condiciones que hagan sostenibles a este tipo de proyectos en los aspectos jurídicos, productivos y económicos» (Ministerio de Trabajo 2007).

Según los datos estadísticos extraídos de documentos oficiales, se pusieron en marcha convenios destinados a, en primer lugar, complementar la exigua repartición de ganancias entre los socios de las cooperativas (se abonaban 150 pesos complementarios para cada trabajador); en segundo lugar, otorgar subsidios para fortalecer las dimensiones más frágiles: adquisición de materias primas, reparación de equipos, reacondicionamiento de infraestructura, asistencia técnica específica y apoyo a la comercialización. El monto para esta segunda línea de subsidios ascendía en 2004 a un equivalente a 500 pesos por trabajador, aunque se fijó 50.000 pesos como monto máximo para cada cooperativa, incluso si superaba los cien trabajadores inscriptos.

El año 2004 se cerró con la firma de veintiocho convenios con veintinueve ERT, lo que representaba un 16% del total de empresas registradas a nivel nacional. El monto asignado a la línea I (ayuda económica individual) ascendió a 714.150 pesos (62% del total); en lo que refiere a la línea II, destinada al fortalecimiento de la infraestructura, la adquisición de insumos y maquinarias y la formulación de planes de negocios, el monto alcanzó 446.000 pesos (38%). Al cierre de ese primer año de gestión, el total transferido a las ERT fue pues de 1.160.150 pesos. Hubo una subejecución del 39%, puesto que el monto presupuestado alcanzaba 2.982.429 pesos.

Pero sistematicemos dos imágenes: en primer lugar, el programa nace exclusivamente destinado a empresas ya recuperadas (situación que variará en los años posteriores) con el objetivo de mantener las diez mil fuentes de trabajo generadas por los obreros en el marco del 12% de desempleo que medía el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) al cierre del 2004; en segundo lugar, el Estado se propuso intervenir en dimensiones claves para que las cooperativas pudieran sostener y ampliar la capacidad de producción y comercialización en sus mercados respectivos, pero dejando en claro, al mismo tiempo, sus limitaciones para regularlos. El cierre del primer informe elaborado por el programa es contundente sobre la acotada capacidad de intervención estatal en ese plano:

Actualmente observamos que los sectores de actividad beneficiados por el contexto económico, en especial los vinculados a la sustitución de importaciones o con posibilidades de exportación, son un marco más propicio para el desarrollo de algunos conjuntos de unidades productivas. Por ejemplo, la industria metalúrgica, la textil y el calzado en el primer caso y los frigoríficos, los dedicados a la fabricación de maquinaria y la industria química en el segundo grupo. Sin embargo, nos encontramos en un contexto económico sumamente sensible a intereses internacionales que pueden hacer variar el comportamiento macroeconómico de tal manera que lo afirmado en el párrafo precedente puede devenir en un escenario incierto. (Ministerio de Trabajo 2004b)

La incertidumbre, la variabilidad permanente, las arbitrarias condiciones impuestas por los principales actores económicos son las características esenciales de mercados que combinan variables locales e internacionales. En este punto, así como los obreros dejaron de padecer la disciplina patronal, desde el primer día en que reiniciaron la producción debieron enfrentar nuevos dispositivos de control y disciplinamiento que antes desconocían. La autonomía plena en la vida interna encontró prontamente su límite en un contexto económico, comercial y financiero regulado por la economía neoliberal. A modo de hipótesis, decimos que apoyos estatales como los proporcionados por el Ministerio de Trabajo más que alejar a las ERT de estas lógicas mercantiles, lo que se propusieron fue tratar de estabilizar dimensiones mínimas que les permitieran sobrevivir al interior de escenarios caracterizados por una permanente inestabilidad. El mercado, en este punto, puede mantenerse indiferente respecto a esa mayor intervención estatal en la medida en que colabore en reinsertar a las ERT en escenarios cuyas reglas de juego determina y regula. Vale la pena incluir al respecto el testimonio del presidente de una ERT de Rosario que produce herramientas para corte en la industria:

Con el Estado estamos mejor. Hemos avanzado bastante. La Nación colabora mucho con las fábricas. A nosotros nos han dado ya varios subsidios importantes en Desarrollo Social y en Trabajo. Pero, después, con el mercado es difícil. Esto cambia demasiado rápido y vos tenés que estar muy atento y por momentos haciendo malabarismos. Porque en todo lo que es financiamiento, aún con la ayuda estatal, que ha sido importante, igual nos cuesta todavía mucho. Nos pasó lo siguiente: el Estado nacional nos dio un subsidio –130 mil pesos– para comprar las materias primas, que es nuestro principal problema. El tema es que justo nos agarró una crisis internacional, se cayeron las ventas y nos lo terminamos comiendo. O como nos pasó con un cliente del Chaco, que le compramos también una cantidad importante de materia prima, eran como 70 mil pesos. Bueno, la cuestión [fue] que el trabajo para el que habíamos comprado semejante cantidad se nos cayó de un día para el otro. Y se cayó porque empezó a entrar la misma cuchilla de afuera a un precio menor. Lo que el cliente pagaba prácticamente la cuchilla completa era lo que nosotros pagábamos por el material. Se te suma que por ahí los brasileros pasan a hacer una cuchilla de otro tamaño o con otra forma y a vos te cuesta muchísimo armar una máquina capaz de meter esos cambios.5

El balance realizado por los funcionarios del programa, pero también por activistas y obreros, deja en claro que ese novedoso acercamiento gubernamental es relevante, pero, a la vez, acotado. El propio Estado admite sus límites para intervenir en mercados extremadamente sensibles a variables internacionales. Los obreros, por su parte, afirman que padecen la variación constante de las reglas de juego, ya sea a partir de la innovación de los productos ofertados en tiempos cada vez más acotados, acelerando los tiempos productivos como consecuencia de la capacidad tecnológica de las marcas líderes, ya sea sometidos a agresivas estrategias de comercialización a través de la saturación de productos o su sustracción repentina, tal como ocurre, por ejemplo, en el mercado de las pastas frescas o de lácteos que investigué durante ocho años.

4. LA AUTOGESTIÓN COMO MODELO DE GESTIÓN ESTATAL

En un nuevo informe elaborado por el Programa de Trabajo Autogestionado a finales de 2007, se incluye una primera definición de lo que es una ERT desde la perspectiva del Estado argentino:

Se entiende como «empresa autogestionada» un modelo de organización en el que las actividades económicas se combinan con la propiedad y/o disponibilidad de los bienes de capital y trabajo, con la participación democrática de la gestión por parte de sus miembros. Este modelo promueve la cooperación del conjunto de los trabajadores en las actividades productivas, servicios de administración, con poder de decisión sobre la gestión integral de la empresa. (Ministerio de Trabajo 2007)

El relevamiento de cooperativas indica que la cantidad de casos pasó de 180 en 2004 a 203 en 2007, sin incluir 8 unidades que cerraron sus puertas. En esta segunda fase, el programa se propuso asistir a cien ERT, aunque determinó una serie de requisitos indispensables para aprobar los convenios:

Un número de trabajadores que oscile entre 6 y 100; ventas anuales inferiores a U$S 5 millones; personería jurídica otorgada bajo la forma de cooperativas de trabajo o sociedades comerciales, en cualquiera de sus formas, con participación mayoritaria de los trabajadores; forma autogestionada demostrable a través de estatutos, conformación de cargos y reglamentos internos, preferentemente con balances aprobados en tiempo y forma por los organismos competentes; o inscripciones acreditadas en caso de primer ejercicio; desarrollo de actividades productivas y/o de servicios, comercialización de sus productos y/o servicios y disposición de sede y equipamiento y; un porcentaje no inferior al 30% del total de los trabajadores integrantes que acredite trayectoria o continuidad laboral en el ejercicio de sus saberes u oficios, con al menos 6 meses en la rama de actividad de la empresa autogestionada. (Ministerio de Trabajo 2007)

La imposición de este tipo de requisitos ha significado un límite importante para experiencias como las ERT, mayormente sumidas en la precariedad. Se sumó aquel año una inclusión significativa, preámbulo indispensable de un viraje que se profundizaría en los años posteriores: el propósito de sistematizar y difundir experiencias exitosas a fin de que pudieran ser «aplicadas y replicadas en los ámbitos nacional y regional» (Programa de Trabajo Autogestionado 2007). Para cumplir con este nuevo objetivo, se pusieron en marcha actividades destinadas a la recopilación, sistematización y análisis de las diferentes experiencias, junto con la organización de talleres, seminarios de fomento de buenas prácticas y eventos para el desarrollo de actividades comunes entre las empresas.

Mencionemos nuevamente la segunda hipótesis antes de seguir: las nuevas formas de gobernabilidad puestas en marcha a partir de 2003 encontraron en las redes no estatales construidas en el periodo 1995-2003 un vasto arsenal de saberes y haceres colectivos surgidos a partir de la autoorganización de múltiples sectores de la población en el marco de una gravísima crisis en la Argentina. En la actualidad, el conjunto de los planes de empleo e inclusión social implementados por el Estado se basan en formas autogestionadas y cooperativas similares a las puestas en marcha por las organizaciones sociales durante el periodo 1995-2003 (Gago 2014; Forni y Castronuevo 2014; Allegrone et al. 2007; Srnec 2013).

No se trató, por cierto, de una incorporación pasiva de los lenguajes y herramientas gestados por los movimientos sociales. En el caso de las ERT, sus creaciones e innovaciones más radicales fueron traducidas a una lengua técnica, típica de la gestión estatal. Así analiza esta problemática el Programa Facultad Abierta:

A pesar de reconocer su importancia y la calidad de algunos programas, las acciones de política pública hacia las ERT continúan dispersas entre diferentes organismos, siguen sin ser consideradas política económica ni productiva sino política social o laboral […]. Incluso los escasos fondos que apuntan a la formación o capacitación de los trabajadores siguen ignorando las particularidades del trabajo autogestionado y en particular de las empresas recuperadas, adoptando enfoques dirigidos al cooperativismo clásico, a la llamada economía social y, dentro de esta, al fomento del «emprendedorismo» y la microempresa, algo que a esta altura no es necesario explicar que son fenómenos totalmente diferentes de la recuperación de empresas por los trabajadores. (Programa Facultad Abierta 2013)

En una misma línea, Allegrone et al. (2007: 5) destacan la importancia de reflexionar sobre las «disputas en torno al concepto de "autogestión" que se ponen en juego al momento de considerar las relaciones entre políticas y programas sociales y los colectivos de trabajadores/as de fábricas/empresas recuperadas […] señalando los riesgos de considerar a la autogestión como una mera técnica administrativa».

Hacia finales de 2007 se comienza a analizar la posibilidad de incorporar a otros actores que no provenían de procesos de recuperación, siempre que respondieran al modelo de autogestión asociativa (Ministerio de Trabajo 2010). Un antecedente inmediato de esta apertura estatal se había producido en diciembre de 2006 con el nacimiento de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta), como consecuencia de la fractura del MNER6. La principal innovación de este nuevo movimiento sectorial fue justamente la incorporación de otros tipos de cooperativas y microemprendimientos no surgidos de un proceso de ocupación y recuperación. La apertura novedosa que propuso la Facta ratifica una hipótesis: primero fue el impulso de iniciativas autónomas de los trabajadores y, en segunda instancia, la incorporación de dichas herramientas por el Estado.

El año 2007 se cerró con un monto total de transferencia a las ERT de 5.982.347 pesos, una cifra sensiblemente mayor a la implementada en 2004 (1.160.150 pesos)7. Las líneas de acción del programa se mantuvieron con una distribución similar: la línea I, de ayuda económica individual a los trabajadores fue la prioritaria: 3.910.500 pesos (65%); en el caso de la línea II, los fondos para inversión productiva (insumos, equipamiento e infraestructura), la cifra total ascendió a 2.071.847 pesos (35%). La cantidad de unidades productivas asistidas o con convenios ascendió a 127, involucrando a 6.859 trabajadores.

Se sumaron ese año nuevas acciones destinadas a la promoción y difusión, como fue la organización de la I Exposición Latinoamericana de ERT, más tarde la II Exposición Nacional de Empresas y Fábricas Recuperadas por los Trabajadores y también la presentación de una nueva línea destinada a la asistencia en materia de higiene y seguridad.

5. LA TRADUCCIÓN ESTATAL DEL LENGUAJE AUTÓNOMO

La promoción desde el Estado o, incluso, por parte de organismos internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etc.) de la asociatividad como estrategia de inclusión de los sectores populares era ya una constante en la Argentina con anterioridad a 2003, fundamentalmente durante los años 1990. Así lo expresa Maristella Svampa:

[Lo que el Estado] exige dentro del mundo popular no es auto-regulación individual (no es posible, a falta de soportes materiales), sino más bien la auto-organización comunitaria. No es raro por ello que los organismos internacionales avalen y fomenten el desarrollo de redes comunitarias locales, antes vistas como residuos arcaicos u obstáculos a la modernización y al desarrollo. (Svampa 2003: 6)

Desde la perspectiva de Svampa (2003: 6), esa promoción de la autoorganización comunitaria impulsada desde «el estado neoliberal desarrolla el control biopolítico de la población pobre. Orientado a una estrategia de contención del conflicto social y de la miseria, su objetivo es integrar al excluido en tanto excluido». Desde tal perspectiva, la finalidad de estas propuestas se reduce a una manipulación desde arriba que redunda en cooptación. Si bien coincido en que la promoción del cooperativismo en los sectores populares tiene su antecedente inmediato en la década de 1990, mi perspectiva es opuesta a la planteada por Svampa. Básicamente porque, cuando me refiero a trabajadores o a integrantes de los sectores populares, los asumo como poblaciones activas, capaces de hacer un uso estratégico de los recursos y los planes estatales sin abandonar una posición crítica y autónoma. En la práctica política concreta, la autonomía no necesariamente excluye la vinculación con el Estado, en la medida en que esa relación tienda justamente a fortalecer (en lo económico, productivo y legal) la capacidad de trabajo autogestionado.

Tampoco considero que el problema se reduzca a que el Estado incorpore las invenciones de los trabajadores y las traduzca a una lengua burocrática. Por el contrario, es una virtud que sus formas organizativas, al menos de manera parcial, hayan sido institucionalizadas por organismos oficiales, en tanto ello refleja su potencia y trascendencia. Los interrogantes, en todo caso, se concentran en si las empresas recuperadas por obreros han sido capaces de avanzar en la construcción de entramados políticos propios con el objetivo de hacer un uso efectivo de las políticas públicas que se han impulsado desde 2004, pero sin relegar ni detener la creación de nuevos lenguajes, proyectos y estrategias organizativas autónomas (volveremos sobre este aspecto). Mi trabajo de campo durante ocho años en ERT y en movimientos sectoriales me permite afirmar que desde el inicio hubo serias dificultades para que la mayor parte de los trabajadores participaran de los movimientos sectoriales, obturando así la posibilidad de conseguir una mayor articulación entre las cooperativas. En la actualidad los vínculos reales entre las ERT se han resumido en acciones de solidaridad en momentos críticos (desalojos o fallos adversos de la justicia en las contiendas con los empresarios), habiendo quedado atrás aquel impulso de proyectos de mayor envergadura (bancos cooperativos, seguros de salud, compra colectiva de insumos, etc.), pergeñado en los años de emergencia de estas experiencias.

En el informe elaborado por el Ministerio de Trabajo en 2010, se explicita un quiebre fundamental: la incorporación de la autogestión cooperativa como modelo de gestión más allá de las ERT. Así lo manifiesta:

Frente a este universo y experiencias heterogéneos que implicó que durante la crisis y primeros años post crisis el Ministerio de Trabajo jugara un rol de gestor de la política social dando respuestas a proyectos de trabajadores desocupados que surgían claramente como alternativas frente a la crisis, el desafío actual consiste en la asimilación del concepto del «trabajo autogestionado en forma asociativa» como una «alternativa en el mundo del trabajo». (Ministerio de Trabajo 2010)

Ya los convenios no se limitaron a las ERT, sino que incluyeron a nuevos actores –organizaciones sociales ligadas al impulso de economías regionales–, cadenas de valor sectoriales y empleo ambiental con desarrollos tecnológicos innovadores encuadrados en el sector de la economía social. Lo mismo en el caso de la incorporación de cooperativas en el sector de la construcción, integradas por beneficiarios de planes sociales y promovidas por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y otros organismos del Gobierno Nacional. Así se formulaba entonces el programa de promoción de la autogestión como política esencial en la generación de fuentes de trabajo:

[…] la política sustentada sobre el empleo como eje articulador de la vida de la ciudadanía y del destino económico del país requiere incorporar la consolidación de los procesos protagonizados por los trabajadores: autoempleo, emprendedorismo y trabajo autogestionado asociativo en el desafío del «pleno empleo» para la Argentina actual y futura. (Ministerio de Trabajo 2010)

En 2010 se incorporaron al listado de beneficiarios 422 unidades productivas, de las cuales 280 eran ERT y el resto emprendimientos cooperativos no surgidos de un proceso de recuperación. El total de trabajadores ascendía a 16.400, correspondiendo el 71% a ERT y el restante 29% a empresas no recuperadas. El total de fondos transferidos a partir de la firma de convenios fue de 46.408.300 pesos. Esta cifra muestra un marcado crecimiento si se la compara con los montos totales de los años precedentes. La distribución fue a través de las líneas ya existentes y de otras nuevas recientemente creadas: línea I, de ayuda económica individual: 37.992.600 pesos, alcanzando a 313 empresas y a 10.682 trabajadores; línea II, de apoyo técnico y económico para mejorar la capacidad productiva: 3.833.100 pesos distribuidos en 69 empresas, alcanzando a un total de 3.043 trabajadores; línea III, de apoyo técnico y económico para la mejora de la competitividad: 929.600 pesos; línea IV, de asistencia técnica y capacitación para la mejora de la capacidad de gestión de las unidades productivas: 763.000 pesos, distribuidos en 9 empresas en 2010, con un monto comprometido hacia futuro de 3.675.000 pesos; finalmente, para la línea V, de asistencia para higiene y seguridad, se comprometieron 2.890.000 pesos con destino a 34 empresas, con un monto comprometido hacia futuro de 10.625.000 pesos8.

El 3 de julio de 2012, el Ministerio de Trabajo emitió un decreto en donde se formaliza el ingreso en el programa de experiencias cooperativas no surgidas de la recuperación de empresas:

Impleméntase en el marco del Programa de Trabajo Autogestionado un esquema de asistencia integral destinado a unidades productivas autogestionadas no provenientes de un proceso de recuperación de empresas cuya actividad productiva principal se oriente hacia el sector privado de la economía. […] Podrán acceder al esquema de asistencia integral implementado por la presente medida, unidades productivas autogestionadas que […] reúnan las siguientes condiciones: 1) tener personería jurídica otorgada; 2) estar integradas por hasta treinta (30) trabajadores asociados; 3) estar inscriptas en el registro nacional de efectores de desarrollo local y economía social del Ministerio de Desarrollo Social y/o ante la Administración Federal de Ingresos Públicos; 4) acreditar como mínimo un funcionamiento previo de seis (6) meses; 5) tener el tamaño de una microempresa, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Resolución n° 24 del 15 de febrero de 2001 de la entonces secretaría de la pequeña y mediana empresa y sus modificatorias; 6) generar ingresos económicos mensuales individuales para sus trabajadores asociados inferiores al salario mínimo, vital y móvil. (Ministerio de Trabajo 2013)

Hacia finales de 2013, el número de empresas autogestionadas no recuperadas había crecido por encima del de las propias ERT, sector por el cual se había creado el área. De un total de 786 unidades productivas relevadas, 468 (60%) ya no correspondían a procesos de recuperación y 318 eran ERT. Al mismo tiempo, un proceso que ya venía insinuándose en el informe anual de 2010 se torna relevante: el pasaje de políticas dirigidas a unidades productivas individuales hacia la promoción de sectores o ramas de la industria, como es el caso del textil, el cuero, la carne y los medios de comunicación. Muestra de ello es la organización de jornadas nacionales de debate sectorial en 2010, 2011 y 20139. A ello se suma la firma de convenios particulares para fortalecer a dichas ramas. Esta promoción de sectores productivos se emparenta con una tendencia minoritaria al interior de los propios movimientos de ERT actuales. Tal es el caso de la conformación de la Red Gráfica Cooperativa, la Red de Cooperativas Metalúrgicas, la Red Textil Cooperativa y la Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos.

Al mismo tiempo que el Estado incorporó la autogestión, e incluso la propia recuperación de empresas, a sus propios métodos de gestión, los últimos ocho años muestran un marcado retroceso en el desarrollo de los diferentes movimientos de ERT. Esto no significa que hayan desaparecido, sino que no se ha logrado avanzar en la creación de un conjunto mínimo de instituciones propias capaces de conformar un sector en red más persistente y complejo. Esta limitación no permite a las cooperativas diseñar estrategias más beneficiosas en los vínculos establecidos con los mercados. La creación de una red institucional autónoma podría permitirles sustraerse en dimensiones claves de los imperativos del mercado o al menos afrontarlos de una manera sectorial; lo mismo en el caso de la dependencia financiera respecto al Estado, que podría atenuarse. En diferentes periodos de los últimos quince años se barajó al interior de los movimientos (en especial en el MNER) la posibilidad de fundar bancas cooperativas, obras sociales, centros de comercialización propios, espacios de formación educativa y cadenas productivas con otros movimientos sociales, pero esto nunca logró concretarse por múltiples motivos que exceden los objetivos de este artículo.

Este espacio vacío ha sido ocupado en buena medida por proyectos estatales como los que impulsa el Programa de Trabajo Autogestionado.

6. REFLEXIONES FINALES

En julio de 2014, la fábrica de autopartes Visteon anunció el cierre de su fábrica en el municipio de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, provocando la pérdida de 240 fuentes de trabajo. A partir de entonces, la Unión Obrera Metalúrgica, el gobierno de esa ciudad, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Producción llegaron a un acuerdo en el marco de la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis: el gremio y el municipio de Quilmes se harían cargo junto a los trabajadores organizados a través de una cooperativa de la explotación de la fábrica de autopartes. A su vez, el Ministerio de Trabajo anunció que se radicarían allí talleres de formación y capacitación laboral.

Este tipo de alternativas que impulsa el propio Estado, en acuerdo con sindicatos, municipios y movimientos de ERT, es una imagen ya habitual en los últimos años que se aleja de aquella perplejidad y rechazo que provocaban las primeras ocupaciones10. Podemos establecer contrapuntos respecto al Poder Judicial y el Poder Legislativo, dos poderes del Estado que lejos están de apoyar a los trabajadores en el marco de los cruciales inconvenientes que padecen en lo que respecta a la propiedad de los inmuebles; pero es insoslayable, en el caso del Ejecutivo, la progresiva aceptación e incorporación de la recuperación y la autogestión de empresas como dos alternativas viables para solucionar procesos de crisis terminales de unidades productivas.

A partir del análisis de la evolución de las líneas de acción puestas en marcha por el Programa de Trabajo Autogestionado, verificamos un pasaje decisivo: un área que había nacido exclusivamente para vincularse y dictar políticas tendientes a consolidar a las ERT en pocos años llevó a cabo una apertura estratégica de los beneficiarios, incluyendo emprendimientos no provenientes de una recuperación, que prontamente superaron en número a las primeras. La autogestión obrera devino en una herramienta que necesariamente debió ser incorporada por los gobiernos nacionales para generar trabajo e inclusión social. No se trató de una decisión coyuntural, tomada al calor de la crisis, sino el resultado de una investigación exhaustiva llevada adelante por funcionarios y profesionales del Ministerio de Trabajo a lo largo de una década. Para esa tarea se llevaron a cabo censos periódicos, se generaron permanentes canales de diálogo, se pidió asistencia a otras instancias del Estado –como las universidades– para producir saberes específicos y se organizaron jornadas nacionales e internacionales, entre otras medidas. A través de esas instancias investigativas se construyó un corpus conceptual desde el Estado en torno a estos procesos autogestionados. Vale destacar, en tal sentido, que el lenguaje estatal sobre las ERT dejó de lado sus posicionamientos políticos más radicales: cuestionamiento de la propiedad privada y la división del trabajo, denuncias del rol cómplice del Poder Judicial en la resolución de los conflictos obreros, complicidad de los sindicatos en el vaciamiento de las fábricas, denuncias de las reformas laborales favorables a los empresarios, etc. Pero aun con estos atenuantes, debemos destacar que el Ministerio de Trabajo tuvo que transformarse en un especialista en ERT para incorporar sus principales formas autoorganizativas a sus políticas públicas en materia de empleo e inclusión social.

Los discursos gubernamentales desde 2003 suelen reducir las revueltas populares acontencidas en diciembre de 2001 a una hecatombe económica, social e institucional que azotó a la población argentina. Esa retórica oculta, en realidad, el potente nivel de autoorganización alcanzada por una multiplicidad de movimientos sociales en un periodo caracterizado por porcentajes históricos de desempleo, pobreza e indigencia. Las gestiones estatales en el periodo 2003-2015 debieron, sin embargo, asentarse sobre esas mismas redes cooperativas no estatales que se habían consolidado con eficacia en lo profundo de lo social. Mencionemos un ejemplo clave que involucra al movimiento de desempleados y las ERT: los principales planes sociales en la actualidad han dejado de concebirse como apoyos económicos transitorios a desocupados, para transformarse en financiamientos a formas colectivas de empleo y a cooperativas, similares a los puestos en marcha por las organizaciones sociales durante los últimos veinte años.

El seguimiento de las políticas públicas que llevamos a cabo en este artículo pone en evidencia una relación ambigua con los mercados. Por un lado, el Estado ha intervenido como un estabilizador de las ERT (fortaleciendo dimensiones estratégicas vía subsidios), a fin de que puedan reinsertarse en los circuitos de comercialización; pero, por el otro, ha dado muestras de impotencia en su capacidad de regulación de las condiciones de comercialización. Los propios documentos emitidos por el programa admiten esta situación. Una conclusión al respecto: la persistente crisis de los movimientos de empresas recuperadas desde 2006 conmina a cada cooperativa a navegar en las tumultuosas aguas del mercado. Sin una red institucional propia, autónoma, las cooperativas padecen en forma individual los controles y disciplinamientos diarios que imponen las lógicas mercantiles.

También es oportuno remarcar, tal como se demostró a través de cifras concretas, que mayormente los subsidios se destinaron a compensar los bajos niveles de ingresos que suele obtener cada trabajador de las ERT, con un marcado descenso en los montos dirigidos a modernización tecnológica o reconversión productiva.

Han pasado quince años de recuperación de empresas en la Argentina. En este periodo, la brillante capacidad de autogestión demostrada por los obreros (tan solo el 3% volvió a padecer una quiebra) ha abierto un camino no solo para cada fábrica que intenta ser cerrada por sus dueños, sino para el propio Estado a la hora de pensar sus políticas sociales.

 

Siglas usadas

Cifra Centro de Investigación y Formación de la República Argentina ERT Empresas recuperadas por trabajadores
Facta Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados
Inaes Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Indec Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
MNER Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas

 

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*Artículo recibido el 8 de enero de 2015 y aprobado para su publicación el 23 de marzo de 2016. Juan Pablo Hudson es doctor por la Universidad de Buenos Aires e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Ha publicado el libro Acá no, acá no me manda nadie. Empresas recuperadas por obreros 2000-2010, traducido al alemán y publicado por Mandelbaum Verlag (Viena). Correo electrónico: juanpablohudson@hotmail.com



1. Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Se trata de un organismo encargado de legislar, controlar y promover la economía social con respecto a cooperativas y mutuales. Representa la fiscalización pública y entre sus funciones principales se destacan: requerir la documentación que estime necesario, realizar investigaciones e inspecciones en las cooperativas, convocar de oficio a asambleas, asistir a asambleas, velar por el estricto cumplimiento de las leyes, autorizar el funcionamiento de las cooperativas, asistir y asesorar técnicamente, apoyar económica y financieramente y promover el desarrollo cooperativo.

2. Para un análisis teórico de esta tensión, ver Hudson (2010).

3. Vale mencionar el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pionera en el otorgamiento de subsidios y en el reconocimiento político a través de su legislatura a las cooperativas creadas por los obreros en dicha jurisdicción. Esta política, sin embargo, se detuvo en 2007, una vez que asumió la jefatura de gobierno el ingeniero Mauricio Macri. Para un análisis de estas transformaciones, ver Programa Facultad Abierta (2010; se trata de un programa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Secretaría de Investigación y Secretaría de Extensión Universitaria).

4. Cuando se nombra aquí la palabra «mercado» se hace referencia a los escenarios (con sus actores y lógicas específicas) económicos, financieros y comerciales en los que operan las ERT.

5. Testimonio brindado en Rosario, el 7 de setiembre de 2011.

6. El MNER, fundado en 2001, fue el movimiento sectorial con mayor cantidad de empresas recuperadas del país. Su ruptura en 2006 obedeció a una crisis terminal entre los principales referentes del movimiento. Una de las razones de esa puja interna fueron las diferencias en la lectura del ciclo político abierto en 2003, cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner. Para el sector que fundó la Facta, era fundamental sostener la autonomía, pero en el marco de una relación activa y sistemática con esas nuevas formas de gobernabilidad, que, según ellos, favorecían el trabajo autogestionado de los trabajadores. Para otros referentes, había que sostener una posición más crítica, combativa y a distancia del Estado. De todos modos, como decía, se sumaron otras razones que intensificaron las luchas de poder internas entre los dirigentes, pero explicitarlas excedería los objetivos de este artículo.

7. Este crecimiento tiene que ser considerado teniendo en cuenta el alto índice de inflación que hubo en la Argentina en el periodo 2004-2012. Según los estudios del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), los siguientes fueron los porcentajes para cada año de dicho periodo: 2004: 4,4%; 2005: 9,7%; 2006: 10,3%; 2007: 18,3%; 2008: 27%; 2009: 14,6%; 2010: 23%; 2011: 23,4%; 2012: 24,2% (Cifra 2015).

8. Para conocer las cifras finales de transferencia y también de subejecución en el periodo 2004-2012, ver el anexo.

9. El 5 y 6 de agosto de 2010, el Ministerio de Trabajo organizó la I Jornada Nacional de Debate Sectorial de Empresas Autogestionadas Textiles y del Cuero en la ciudad de Buenos Aires; el año siguiente, el 14 de abril de 2011, la II Jornada Nacional de Debate Sectorial de Empresas Autogestionadas de la Carne y el Cuero; y finalmente, el 27 de julio de 2013, por tercer año consecutivo se desarrolló la III Jornada Nacional de Debate Sectorial de Medios de Comunicación Autogestionados.

10. Se pueden sumar otros casos recientes, como la intervención del Ministerio de Trabajo en el conflicto de la planta frigorífica de Huinca Renancó, en la provincia de Córdoba, con el objetivo de promover la autogestión de los trabajadores, o las alternativas ofrecidas en este mismo sentido también por esta cartera ante el reciente intento de cierre de la gráfica RR Donnelley, en la provincia de Buenos Aires.

11. Sin desagregación por periodos por falta de información en el Ministerio de Trabajo.

12. Sin desagregación por periodos por falta de información en el Ministerio de Trabajo.



ANEXO

Aquí se incluyen cifras finales desagregadas de acuerdo a los informes del Programa de Trabajo Autogestionado emitidos por el Ministerio de Trabajo. Se clasifican de acuerdo al año de emisión del informe y no según cada año, dadas las limitaciones propias en la sistematización estadística realizada por el propio ministerio.

Línea I

Ayuda económica individual. Esta línea tiene como objetivo brindar apoyo en la fase de inicio de las actividades o cuando se atraviesan situaciones críticas que afectan el sostén de los puestos de trabajo y/o el normal desenvolvimiento de la actividad productiva (cuadro 1).

Línea II

Apoyo técnico y económico para la mejora de la capacidad productiva. El propósito de esta línea es contribuir al fortalecimiento de las unidades productivas en sus fases de puesta en marcha y/o consolidación de sus procesos productivos (cuadro 2).

Línea III

Apoyo técnico y económico para la mejora de la competitividad. Se concreta a través de la cofinanciación de proyectos de inversión de pequeña escala para bienes de capital y/o bienes de capital con capital de trabajo asociado y/o acondicionamiento de infraestructura e instalaciones. Recién fue discriminado como una línea de acción separada de las primeras dos a partir del informe de 2010 (cuadro 3).

Línea IV11

Asistencia técnica y capacitación para la mejora de la capacidad de gestión de las unidades productivas. Recién fue discriminada como una línea de acción separada de las primeras dos a partir del informe de 2010 (cuadro 4).

Línea V12

Asistencia para la higiene y seguridad en el trabajo. Recién fue discriminada como una línea de acción separada de las primeras dos a partir del informe de 2010 (cuadro 5).

El cuadro 6 muestra un resumen de los anteriores cuadros (1 a 5).

A continuación, en el cuadro 7 se presenta un resumen final de ramas de la industria asistidas por el programa (de empresas recuperadas por los obreros y otras). Se destaca que el 47% de las ERT asistidas se distribuye entre los sectores textil, gráfico, metalúrgico, de la alimentación, de la carne y el cuero. En el caso de las cooperativas no autogestionadas, el 54% pertenecen a los sectores de la construcción, textil, producción agropecuaria, comunicación y alimentación.

De los aproximadamente 28.000 trabajadores que involucran las 786 unidades productivas autogestionadas relevadas, el 48% corresponde a empresas recuperadas y el 52% a empresas que no fueron recuperadas. Se observa que las empresas recuperadas tienen un número promedio mayor de trabajadores que las no recuperadas.