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El sufrimiento del migrante: la migración cubana en el sueño ecuatoriano de la libre movilidad

The suffering of the migrant: Cuban migration and the Ecuadorian dream of free human mobility

 

Luisa Feline Freier*

Ahmed Correa álvarez**

Valeria Arón***

*Universidad del Pacífico, Lima, Perú lf.freierd@up.edu.pe

**University of California, Merced, Estados Unidos acorrea7@ucmerced.edu

***Universidad del Pacífico, Lima, Perú valeriaaron6@gmail.com

 

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Resumen. Este trabajo explora la tensión entre el concepto del sufrimiento en el discurso humanista frente a la migración mantenido durante el mandato de Rafael Correa y la experiencia de los inmigrantes cubanos en Ecuador. A pesar del discurso revolucionario recogido en la Constitución ecuatoriana, los migrantes cubanos sufren una triple discriminación: social, económica y legal, en el contexto de las políticas migratorias tanto de Ecuador como de Cuba. El artículo aporta a la literatura sobre la migración y el sufrimiento y, a la vez, a la emergente literatura sobre la brecha discursiva existente en la liberalización de las políticas migratorias de América Latina.

Palabras clave: migración; sufrimiento; política migratoria; migración sur-sur; Ecuador; Cuba.

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Abstract. This paper explores the tension between the concept of suffering as employed in the humanist migration discourse of Rafael Correa and the migratory experience of Cuban immigrants in Ecuador. Despite the former president’s revolutionary discourse, Cuban migrants face triple discrimination: social, economic and legal, in the context of both Ecuadorian and Cuban migration policies. This study contributes to the literature on migration and suffering, as well as the emerging literature on the discursive gaps inherent in Latin American immigration policy liberalization.

Keywords: Migration; suffering; migration policy; south-south migration; Ecuador; Cuba.

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Introducción

Toda ciencia implica, entre otras cosas, la invención de su objeto de estudio. Los estudios migratorios no están exentos de dicha lógica. Tal y como nos recuerda Oboler (2006), en muchos trabajos se estudia las vidas y experiencias de la migración de manera tal que los migrantes mismos figuran como meros objetos de análisis, algunas veces incluso como especímenes de laboratorio, en lugar de como humanos con experiencias migratorias diversas: con sueños, esperanzas, expectativas, frustraciones y desilusiones. De manera similar, Haas argumenta que las teorías que tratan de explicar las migraciones, especialmente las neoclásicas y otras teorías funcionalistas, carecen de un modelo comprensivo del «comportamiento» y, por tanto, tratan a los migrantes como simples «peones» que se encuentran bajo el balanceo de macrofactores estructurales (2010). Son pocos los académicos que se han enfocado en las posibilidades y obstáculos que determinan y estructuran las dinámicas de pertenencia social y construcción de identidad al nivel de la experiencia individual (Oboler, 2006) o, en palabras de Sayad, los que se concentran en «el sufrimiento de los inmigrantes» (2004).

Este trabajo se interroga sobre la tensión entre el concepto del sufrimiento en el discurso político humanista del Gobierno de Rafael Correa frente a la migración y la experiencia real de inmigrantes cubanos en Ecuador. El sufrimiento como concepto clave para entender la experiencia de la migración internacional fue desarrollado por Bauman (1995b, 1999, 2002, 2016) y por Sayad (2004). Como destaca Bauman (2016), las políticas de migración tienen un efecto directo sobre la experiencia migratoria y por consiguiente sobre el potencial sufrimiento de los mismos migrantes, lo que hace importante entender el acercamiento ideológico al manejo político de los flujos migratorios y su impacto. En este contexto, es especialmente interesante estudiar la región latinoamericana, ya que muchos de sus países han liberalizado tanto sus discursos sobre inmigración como las políticas migratorias y las leyes referidas a la incorporación de migrantes con un enfoque sin precedentes en los derechos humanos (Ceriani & Freier, 2015). Al mismo tiempo, la literatura emergente sobre la liberalización de políticas migratorias en la región ha recalcado la necesidad de estudios que aborden en qué medida dichas políticas están siendo implementadas en la práctica y de qué manera afectan el bienestar de los migrantes (Acosta & Freier, 2015; Freier & Zubrzycki, 2018).

Ecuador es un caso paradigmático de brechas políticas entre discursos progresistas, basados en derechos humanos, y la falta de implementación de políticas al respecto (Acosta & Freier, 2015; Vega Solís, Gómez Martín, & Correa Álvarez, 2016). En este sentido, en el presente artículo buscamos analizar de qué manera el discurso en materia migratoria entre 2008 y 2017 se caracteriza por el reconocimiento del sufrimiento en la experiencia migratoria y, por tanto, de la necesidad de una política de inmigración humana y de fronteras abiertas; a la vez, ese discurso se compara con la experiencia de los inmigrantes cubanos en Ecuador.

Encontramos una brecha significativa entre el discurso político de Correa y la experiencia migratoria de los cubanos en Ecuador en el contexto de las políticas migratorias tanto de Ecuador como de Cuba.

En el imaginario general, la migración cubana, en especial la anterior a las medidas de Obama eliminando la política de «pies secos/pies mojados», ha sido vista como una migración privilegiada. Más allá de las diferencias y las condiciones de violencia que en efecto han padecido históricamente otras migraciones en tránsito migratorio en la región, en el presente artículo se interpela dicho imaginario en torno a la migración cubana, tomando como referente el estudio de caso de Ecuador (Álvarez Velazco, 2011). A pesar de los derechos migratorios establecidos en la Constitución ecuatoriana, miles de inmigrantes, sobre todo cubanos, se encontraron en Ecuador sin la posibilidad de regularizar su situación migratoria.

A lo anterior, se suma la legislación migratoria cubana, la cual limita las posibilidades de retorno de los cubanos migrantes a la isla. Inicialmente, dicho límite se aplicaba a aquellos que sobrepasaban los 11 meses y 29 días fuera del país y, desde la reforma de 2013, a quienes sobrepasan los 24 meses en el extranjero1. Tal marco normativo, heredero del contexto de la Guerra Fría, implica, como se verá más adelante, una condición que puede exponer a las y los migrantes cubanos a situaciones de apatridia de facto (Correa Álvarez, 2017). Tal condición se agudiza si tenemos en cuenta las limitaciones para la regularización migratoria en Ecuador. A pesar de la apertura de fronteras y la regulación migratoria de la Constitución de Montecristi, la libre movilidad fue en buena medida subordinada al libre ingreso y la permanencia por 90 días, permitidos con estatus de ingreso turístico. En general, las posibilidades de regularización bajo la normativa migratoria fueron reduciéndose paulatinamente para poblaciones migrantes como la cubana.

En este sentido, es pertinente analizar el sufrimiento causado por el limbo legal en el cual se llegan a encontrar los cubanos en Ecuador. Es a causa de ese dilema político y legal que, a pesar del discurso revolucionario del expresidente Correa, los cubanos en Ecuador sufren triple discriminación: social, económica y legal.

El presente artículo es resultado de un trabajo colaborativo que cubre varias experiencias de investigación en Ecuador, las cuales pueden ubicarse temporalmente entre 2010 y 2016, principalmente en Quito y Guayaquil. En ellas se prioriza las dinámicas de nacionales cubanos, pero en un contexto migratorio más amplio. En este sentido, se ha podido hacer uso no solo de información testimonial recogida en entrevistas, sino también de otros formatos, como información testimonial, periodística, gráfica y videográfica. Las técnicas utilizadas fundamentalmente para obtener la información fueron observación participante y entrevistas semiestructuradas a profundidad, entre las que destacan los testimonios de 58 inmigrantes cubanos y de 47 funcionarios o personal oficial, así como también de representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales. Todo lo anterior brindó un conjunto de material empírico que sirvió de base para los argumentos que a continuación se presentan. Cabe recalcar que nuestro estudio del sufrimiento en las experiencias de migrantes fue inductivo. El concepto de sufrimiento se aplicó como marco para el análisis e interpretación de las entrevistas, pero no en la elaboración de las preguntas de investigación.

1. La migración y el sufrimiento. Una aproximación teórica

El sufrimiento es un concepto central implícito en mucha de la literatura sociológica. Ya Wiese (1934) afirmaba que el sufrimiento tiene una relación directa con lo social y establecía la predominancia de las relaciones sociales como la causa fundamental del sufrimiento frente a cualquier otra causa, como la salud (1934). La noción de sufrimiento no suele ser parte explícita en las investigaciones, de ahí que no exista tal cosa como «una sociología del sufrimiento» (Harvey, 2017; Wilkinson, 2005). Según Harvey, el sufrimiento se ha convertido en un tema de relativa importancia en las ciencias sociales, sin embargo, sigue siendo abordado principalmente por psicólogos y antropólogos o, en menor medida, por historiadores y geógrafos (2017).

Al hablar del sufrimiento social, resulta esencial remitirnos a la obra del sociólogo Zygmunt Bauman. Para Jacobsen y Marshman (2008), es posible encontrar una sociología del sufrimiento en la obra de Bauman, ya que, si bien su perspectiva sobre este tema puede haber cambiado a lo largo de los años, se mantiene siempre constante al enfatizar sus aspectos sociales. Tal como estos autores señalan, el sufrimiento social supone una descripción de las raíces y orígenes sociales de las relaciones de las personas, así como también de las repercusiones sociales de lo social, lo económico y lo cultural, entre otras condiciones. El sufrimiento social está relacionado al poder que tienen algunos grupos o individuos sobre otros, lo que lo hace al mismo tiempo fundamentalmente político. Esta concepción del sufrimiento social nos invita a evaluar el efecto concreto de las decisiones de gobiernos, leyes y políticas en la vida y, por ende, en el sufrimiento de las personas.

En relación a la teorización sobre el sufrimiento en contextos de migración, resulta relevante el libro de Abdelmalek Sayad (2004) The Suffering of the Immigrant, donde se considera que el fenómeno de la inmigración debe analizarse tanto desde la lógica de la sociedad de emigración como desde la de la sociedad de la inmigración, así como desde las relaciones políticas e históricas entre ambas. En este sentido, Sayad expande el entendimiento del fenómeno migratorio para que contemple los factores en origen y en destino. De esta manera, propone configurar una mirada holística frente al fenómeno de la migración, el cual no puede reducirse a «nada más que un mero desplazamiento de la fuerza de trabajo» (Sayad, 2004, p. 3). Asimismo, reconoce que la condición de ser un no nacional ubica inmediatamente al sujeto migrante en una condición de desigualdad frente a los nacionales. Esta posición, reconocida igualmente por Zygmunt Bauman (1994), implica situaciones de subordinación que se encuentran presentes tanto en ámbitos sociolaborales, como en espacios legales o políticos.

A pesar de que la globalización ha borrado las distinciones entre el «adentro» y el «afuera», al mismo tiempo ha permitido que sigamos operando en base a las nociones de «nosotros» y «ellos». Bauman describe a las sociedades contemporáneas señalando la necesidad de mantener a los «otros» afuera, lo cual contribuye al hecho de que los migrantes están siendo obligados a vivir una vida de «vagabundos» debido a las desigualdades del capitalismo global o a diferentes «conflictos étnicos». En la «modernidad líquida» descrita por Bauman, los extranjeros se convierten en una amenaza para el orden social y la noción de pureza y, por tanto, deben ser mantenidos en constante vigilancia, de manera tal que no contaminen el ordenamiento social.

En el contexto del tiempo posterior al 11 de Setiembre, los refugiados, fugitivos, extranjeros y asilados se han convertido en arquetipos de chivos expiatorios. En Extraños llamando a la puerta (2016), el último trabajo publicado antes de su muerte, Bauman presenta un análisis en el que hace uso de la psicología cognitiva y del psicoanálisis para intentar explicar el impacto que el estigma de ser percibido como «los otros», como vidas inútiles, tiene sobre el sufrimiento de los migrantes, así como la estigmatización que surge como respuesta social.

En cuanto al sufrimiento propiamente dicho, este suele darse como consecuencia de distintos factores propios de la inmigración: discriminación, distinta cultura y prácticas sociales diferentes, entre otros. Estos factores, propios asimismo del espacio al cual se ha migrado, generan sentimientos de inseguridad, desconcierto y confusión, que devienen en un sufrimiento generalizado.

Resulta importante mencionar también el aporte de la psicología en la teorización del sufrimiento producto de la migración. En este sentido, la corriente de la Psicología de la Liberación «trata de identificar, analizar y transformar las situaciones que legitiman y sustentan un statu quo, en el que se naturalizan relaciones asimétricas entre los grupos» (Sevillano, 2010, p. 225). Coincidiendo con Sayad (2004), puede afirmarse que la migración se concibe como un proceso de transición que implica la incorporación a un nuevo contexto sociocultural. De esta forma, se toma en cuenta también la dimensión de vulnerabilidad y riesgo de exclusión de la población inmigrante, así como la creación de mecanismos que se buscan para superar dichas injusticias.

Como podrá advertirse, este artículo propone aplicar dichas concepciones de migración y sufrimiento al caso de la migración cubana en Ecuador. En tal sentido, exploraremos la tensión entre el concepto del sufrimiento en el discurso humanista frente a la migración de Rafael Correa, por un lado, y las experiencias de inmigrantes cubanos, por el otro. Resulta relevante incorporar las voces de los migrantes a través de citas directas con el propósito de entender sus experiencias migratorias desde una esfera más personal.

2. Selección del caso

2.1 La liberalización de discursos y políticas migratorias en América Latina

Durante las últimas dos décadas, Gobiernos sudamericanos de izquierda o de centroizquierda asumieron la implementación de discursos y políticas excepcionalmente aperturistas sobre la inmigración y los derechos de los migrantes. Esto supuso un cambio importante frente a los discursos restrictivos y focalizados en el inmigrante como amenaza, los cuales predominaron durante las dictaduras militares en las décadas de 1970 y 1980 (Ceriani & Freier, 2015). Resulta relevante estudiar la región debido a ese giro hacia un acercamiento proderechos frente al fenómeno de la migración. Ese nuevo paradigma regional –como puede advertirse en las declaraciones anuales de la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM) y en los documentos de los foros de migraciones del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Comunidad Andina– enfatiza el derecho a migrar, la no criminalización de los inmigrantes y su acceso a derechos con independencia de su situación administrativa (Acosta & Freier, 2015).

En algunos casos, los Gobiernos han ido más allá de las declaraciones de intención y han promulgado leyes e implementado políticas que apuntan a salvaguardar los derechos de los migrantes. Lo anterior constituyó un marco de referencia regional en el que la apertura de derechos parecería establecer limitaciones al sufrimiento migratorio. De manera explícita, el derecho a la migración ha sido incorporado en las legislaciones actuales de Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador.

Sin embargo, el tratamiento de tal derecho ha sido muchas veces declarativo y carente de contenidos o garantías específicas. En términos generales, la ambigüedad de dicho tratamiento ha dejado ver una tensión entre, por una parte, el derecho a la emigración, entendida en relación con los nacionales del Estado emisor de dichas regulaciones y, por otra, el derecho a la inmigración, que atañe a la existencia del extranjero. En no pocos de los países sudamericanos es posible encontrar además una brecha discursiva entre declaraciones políticas de apertura y legislaciones nacionales de menor jerarquía de naturaleza restrictiva, o cuando menos contradictoria (Cantor, Freier, & Gauci, 2015; Freier & Acosta, 2015). Lo anterior ha configurado un régimen migratorio descrito por Eduardo Domenech como «control migratorio con rostro humano» (2013).

2.2 La brecha discursiva en la política migratoria en Ecuador

El discurso presidencial de Rafael Correa y las políticas recientes en Ecuador referidas a las migraciones son un ejemplo paradigmático en este contexto. La migración y específicamente la emigración se convirtieron en asuntos de prioridad en la estrategia discursiva del presidente Rafael Correa desde su campaña electoral de 2006. Los derechos de los migrantes fueron un tema principal en la construcción de una plataforma de identificación para su movimiento político Patria Altiva y Soberana (PAÍS), de manera que ellos fueron convocados como asambleístas a la Asamblea Constituyente de Montecristi (Margheritis, 2011; Ramírez & Quezada, 2014).

En clara reacción a la masiva emigración ecuatoriana después de la crisis económica de 1999, la inclusión de la figura del migrante, en especial del retornado ecuatoriano, se convirtió en un elemento constitutivo del movimiento político2. Mas allá de la medida en que dicha inclusión fue resultado de agendas heredadas por un movimiento social diverso o de convicciones arraigadas dentro de la Alianza País, es claro que la invocación política de los derechos migratorios se convirtió en un argumento utilizado por el movimiento (Acosta & Freier, 2015; Freier, 2016; Margheritis, 2011; Eguiguren, 2011). Sin embargo, este discurso encontró un limitado respaldo a nivel legislativo, toda vez que la Asamblea Nacional pospuso la promulgación de una normativa que recogiera el mandato constitucional en materia de movilidad humana. Por lo anterior, Ecuador mantuvo vigente durante el mandato de Correa las normativas migratorias de la década de 1970, con un marcado carácter restrictivo. Solo en el contexto preelectoral de 2017, pudo gestionarse la promulgación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, otra vez como un claro mecanismo de movilización del voto en el exterior.

Como parte del primer proceso electoral tras la promulgación de la Constitución de 2008, Correa prometía implementar un «gobierno de migrantes». Así, el discurso político mantenido comenzó a gestarse en torno a los derechos humanos (Margheritis, 2011), siempre en contraposición a las políticas migratorias «inhumanas» de Estados Unidos y los países europeos (Acosta & Freier, 2015). En 2008, Correa calificaría a la Directiva de Retorno Europea como «directiva de la vergüenza» y también expresó su rechazo a las visas y pasaportes, a los que llamó «invenciones del siglo XX» (Acosta & Freier, 2015).

Esa estrategia discursiva de movilización de la diáspora ecuatoriana se evidencia, por ejemplo, en la intervención de Correa durante la posesión presidencial en Quito, el 10 de agosto de 2009:

Quisiera, como siempre, mencionar en forma especial a nuestros migrantes, aquellos exiliados de la pobreza, que, expulsados de su propia tierra, debieron abrir horizontes y espacios en otras latitudes. No olvidemos jamás a los responsables de ese éxodo, hoy todo juntos y revueltos con la Revolución Ciudadana. Nosotros dijimos, de manera responsable, que los migrantes no son ilegales, lo que existe son prácticas ilegales y aberrantes, como el racismo, la xenofobia y el coyoterismo; pero, atrás de todo está la irresponsabilidad e insensibilidad de los gobiernos que jamás se preocupan por el destino de sus compatriotas, seguramente porque la inmensa mayoría eran pobres y marginados... A nuestros hermanos migrantes, muchas gracias, este es su gobierno (Correa, 2007).

Esta cita demuestra la manera en que Correa reconoció el sufrimiento inherente en la experiencia migratoria forzosa en su discurso oficial, identificó a Gobiernos anteriores como responsables de ese desplazamiento y, a la vez, sugirió la necesidad de una política de inmigración más humana y liberal, dado que «los migrantes no son ilegales».

La Constitución de Montecristi que entró en vigor en 2008 constituye una de las constituciones más representativas del llamado «nuevo constitucionalismo latinoamericano». Sin lugar a dudas, entre sus objetivos más ambiciosos se encuentran la regulación constitucional de los derechos de libre movilidad y la aspiración a la ciudadanía universal –en su artículo 416– como principio de las relaciones internacionales. Asimismo, el artículo 40 reconoce el derecho a migrar y establece que ningún ser humano puede ser considerado como «ilegal». Tal regulación, entre otros preceptos relativos a la movilidad humana, supone una gran novedad en perspectiva comparada. Se trata de la primera Constitución del mundo que de manera orgánica establece el derecho a migrar (Acosta & Freier, 2015).

Por otro lado, la llamada «política de fronteras abiertas» fue implementada mediante la eliminación del requisito del visado a través del Decreto Ejecutivo del 20 de junio de 20083. Esta medida, junto al atractivo de una economía dolarizada y en crecimiento, convirtió rápidamente a Ecuador en una plaza de destino para varias poblaciones migrantes provenientes de flujos tanto intrarregionales como de países previamente restringidos de África, Asia y el Caribe, pero también de España y Estados Unidos (Freier & Holloway, 2018). Frente al incremento de estos flujos, el Gobierno reintrodujo visas para Afganistán, Bangladesh, China, Cuba, Eritrea, Etiopía, Haití, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Senegal y Somalia. El Gobierno ecuatoriano justificó esta inversión parcial de la «política de fronteras abiertas» como una política de seguridad para detener el tráfico y la trata de personas desde estos países. Sin embargo, se ha demostrado que dicha preocupación estaba estrechamente relacionada con prejuicios étnicos, racismo e islamofobia entre actores políticos nacionales e internacionales (Freier, 2017) y su deseo de mantener a los «otros» afuera.

Ahora bien, si las prácticas restrictivas y los discursos discriminatorios por parte de Gobiernos invocando nacionalismos excluyentes generan sufrimiento en los migrantes (Bauman, 2016), las contradicciones y limitaciones del discurso y las políticas aperturistas también causan condiciones que afectan la existencia de las personas migrantes. En este sentido, la situación de poblaciones migrantes como la cubana durante los mandatos de Rafael Correa nos invita a analizar el efecto de dichas contradicciones en la vida y, por ende, en el sufrimiento de las personas que eligieron migrar a Ecuador.

2.3 La inmigración cubana a Ecuador

Si bien han existido nacionales cubanos en Ecuador desde principios del siglo XX, su entrada aumentó como consecuencia del contexto de la política de fronteras abiertas de 2008, de manera que desde entonces los inmigrantes cubanos se volvieron un grupo social visible dentro de la sociedad ecuatoriana. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, ellos se ubicaban como la quinta población extranjera, debajo de españoles, peruanos, estadounidenses y colombianos. A pesar de las dinámicas comerciales transnacionales de los migrantes cubanos –que implican para muchos no residir permanentemente en Ecuador–, su volumen no ha sido tan numeroso como recurrentemente han afirmado varios medios nacionales (Correa Álvarez, 2014; Univisión Noticias, 2015). Si bien desde 2010 hasta 2016 fue evidente el incremento de esta población en el país, las cifras la siguen ubicando por detrás de otras nacionalidades4. Expertos entrevistados en Quito en 2011 estimaron la población de los inmigrantes cubanos en alrededor de diez mil, cifra que corresponde con datos sobre la migración neta (entradas menos salidas) para el período 2008-2014, que es de 14.443 personas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las cifras sobre entradas netas registran entradas múltiples de una misma persona durante un año, lo cual para el caso cubano supone una alta posibilidad si tenemos en cuenta las prácticas de comercio transnacional.

Como puede verse en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el porcentaje de hombres cubanos inmigrantes es mayor que el de mujeres (65% de las entradas registradas entre 2008 y 2014 fueron de hombres) y el promedio de edad general es 38 años. En la misma línea, las dos características más notables de la migración cubana fueron, primero, los altos niveles de escolaridad de la mayoría de inmigrantes –quienes poseían un título de educación terciaria– y, segundo, el estatus migratorio irregular de muchos de ellos en Ecuador.

También es importante mencionar que sus posibilidades de inserción están condicionadas por los capitales con los que cuentan y otros elementos diversos, entre los que destaca la identificación racial. Aunque no podamos ofrecer cifras sobre la composición étnico-racial de la migración cubana en Ecuador, está compuesta mayoritariamente por personas blanco-mestizas. Lo anterior, sin dudas, responde entre otras cosas a la realidad económica desfavorable que tiene la población negra en Cuba. Si se tiene en consideración los costos de pasaporte, ticket de avión, legalización de documentos o de cartas de invitación y permisos de salida –cuando dichos requisitos se encontraban vigentes–, la relativamente pequeña presencia de migrantes afrocubanos en Ecuador evidencia los efectos desiguales que ha tenido el Estado cubano en el orden social, donde el racismo se muestra como un factor muy importante en lo socioeconómico en el momento posterior a la década de 1990 (Abd’Allah-Alvarez, 2017; Zurbano, 2013). Es importante señalar que, junto a la condición de extranjero, el migrante negro padece la doble estigmatización de prácticas de discriminación racial y xenofóbicas. Lo anterior complejiza aún más las posibilidades de acceso a empleo y vivienda, por citar algunos ejemplos.

3. El sufrimiento de los migrantes cubanos en Ecuador

Tal como se ha expuesto en líneas anteriores, el proceso de la migración debe entenderse en su totalidad, desde la emigración hasta la inmigración, para así comprender las implicancias que estas experiencias tienen sobre los migrantes, las cuales suelen estar caracterizadas por el sufrimiento. Es así que

[...] inmigrar significa inmigrar con su historia, con sus tradiciones, sus maneras de vivir, de sentir de actuar y de pensar, [...] así como todas las demás estructura sociales, políticas y mentales de su sociedad, [...] en suma, con su cultura (Sayad, 2004, p. 22).

La emigración es vista como un síntoma de desintegración de la sociedad de origen. En la medida en que los migrantes deben adaptarse a las nuevas condiciones de la sociedad a la cual han migrado, al mismo tiempo la emigración se constituye así como un nuevo comienzo debido a la ruptura fundamental que se da con la sociedad anterior (Sayad, 2004, p. 88).

A pesar de la histórica politización que ha pesado sobre la migración cubana después de 1959, la mayoría de las personas que abandonan el país lo hacen fundamentalmente por razones de búsqueda de oportunidades económicas. Tal noción ha ido paulatinamente incorporándose en la comprensión que Cuba tiene sobre la emigración de sus nacionales, tal como quedó dicho por Raúl Castro en vísperas de la reforma migratoria de 2012. Las difíciles condiciones económicas que vive el país, junto a las escasas posibilidades de realización profesional, favorecen la salida anual de un número creciente de cubanos y cubanas. Para otros, se trata de la combinación de falta de oportunidades económicas y falta de libertad5. Como declaró Jordan, de 34 años:

Yo no soporto mi país. Las cosas son muy duras ahí. [...] En Cuba es un salario muy bajo. No hay libertad de expresión.

Tal como explica Sayad, resulta relevante entender las condiciones en las cuales vivían los cubanos antes de su experiencia migratoria y las concepciones que tenían sobre esta. Sayad establece que «todo estudio de los fenómenos migratorios que descuide las condiciones de origen de los emigrados está condenado a no dar más que una visión a la vez parcial y etnocéntrica del fenómeno migratorio» (2004, p. 56). Un análisis compresivo de las causas que llevan a los cubanos a emigrar superaría el alcance de este trabajo. Sin embargo, así como se tiene que considerar la experiencia migratoria a partir del país de origen y de destino, también se debe considerar de qué manera las políticas de migración del país de origen y del país de destino influencian en la experiencia migratoria y en el sufrimiento de los migrantes.

En el presente análisis, se evaluará el actual escenario político-jurídico en el que vive la población cubana en Ecuador. De cualquier manera, no se debe perder de vista que Sayad expone un modelo que, aunque fundamental para una mirada holística del entendimiento de las migraciones, es planteado en términos dicotómicos: entre un origen y un destino. Entender la experiencia migratoria de cubanos en Ecuador no solo pasa por comprender los condicionamientos y el contexto de Cuba y de Ecuador, sino también la influencia del marco político-jurídico estadounidense en la población cubana (Correa Álvarez, 2014).

3.1. La discriminación legal en Ecuador

Como mencionamos anteriormente, la política ecuatoriana de «fronteras abiertas» de 2008 es un ejemplo paradigmático de la brecha discursiva que existe en Sudamérica entre declaraciones políticas sumamente liberales y legislaciones nacionales comparativamente restrictivas o contradictorias. El reconocimiento constitucional de la libre movilidad y la ciudadanía universal no supuso una modificación significativa de los procedimientos tradicionales de regularización de la condición migratoria en Ecuador. Si bien en los primeros años de la revolución ciudadana fue posible para los migrantes cubanos (así como para los de otras nacionalidades) acceder a visas de residencia permanente, tales condiciones se revirtieron posteriormente.

El distanciamiento del aperturismo declarado –que no ocurrió mediante la implementación de modificaciones legislativas importantes y tampoco en el discurso político– operó fundamentalmente a nivel de decisiones administrativas. La anulación de matrimonios fraudulentos, la negativa de servicios notariales, la exigencia de documentos innecesarios o el rechazo de inscripción de títulos profesionales en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) fueron algunas de las medidas administrativas que limitaron la regularización de la población cubana en Ecuador. El tratamiento de la libre movilidad implicó para el migrante, en la práctica, apenas la eliminación del visado y la autorización de residencia en Ecuador por 90 días en calidad de visitante turístico. Si tenemos en cuenta los límites de retorno de la legislación migratoria cubana, es entendible que aquellos que no pudieron regularizarse pasado los 90 días se exponían además a situaciones de apatridia de facto (Correa Álvarez, 2017).

La importancia de acceder a una visa de residencia para los cubanos en Ecuador ha estado marcada por una doble necesidad: por una parte, evitar la detención prolongada y eventual deportación y, por otra, adquirir un estatus migratorio sin tener que perder los derechos de residencia en Cuba (Correa Álvarez, 2014). Sin embargo, la gestión de la inmigración cubana en Ecuador en el período analizado estuvo caracterizada por constante cambios, por ejemplo, en los requisitos de ingreso o en las condiciones para realizar ciertos tramites en el país. Dicho hecho debe entenderse en el contexto de presiones tanto domésticas como internacionales con la intención de frenar el flujo migratorio de cubanos a Ecuador (Freier, 2017).

Como consecuencia, la interacción de las políticas de Ecuador y Cuba ha puesto a miles de inmigrantes cubanos en Ecuador en un verdadero limbo jurídico: muchos no son ni ciudadanos ni residentes en destino y han perdido los derechos (civiles, políticos, y sociales) de origen. Como destaca Correa Álvarez:

Hacer parte de este limbo jurídico significa encontrarse vulnerable ante la discriminación y la injusticia; la imposibilidad de ver a familiares y no tener defensa alguna ante la explotación laboral; significa no ser sujeto de derecho; es permanecer privado de la libertad en un aeropuerto o un centro de detención por no pertenecer ni a Cuba ni a Ecuador; es pasar mediante una suerte de nueva capitis diminutio a un estado de silencio que borra el futuro y la esperanza (Correa Álvarez, 2014, p. 81).

Si bien la no exigencia de visa como requisito de ingreso en 2008 favoreció el ingreso de población extranjera (Freier & Holloway, 2018), los mecanismos de regularización que permiten acceder a un estatus migratorio una vez sobrepasados los 90 días permitidos por la legislación ecuatoriana no han sido sencillos. A pesar de la novedosa regulación que adquiere la movilidad humana en la vigente Constitución ecuatoriana, la situación de desprotección de los migrantes sin estatus regular continuó siendo gestionada punitivamente al amparo de la Ley de Migración, Ley N° 1889 (1971), y de la Ley de Extranjería (1971) con su respectivo reglamento (1986)6, normas que fueron abrogadas con la nueva Ley Orgánica de Movilidad Humana7.

Al amparo de ellas, y en contradicción con la norma constitucional, han existido incontables procesos de detención y deportación de migrantes cubanos, como de otras nacionalidades, que se encontraban en situación de irregularidad migratoria8.

Además, en correspondencia con una orientación política restrictiva ya en ejecución, se impuso el visado como requisito de ingreso a los ciudadanos cubanos al suelo ecuatoriano mediante el Acuerdo Ministerial N° 0098 (25 de noviembre de 2015). El argumento que se sostuvo entonces, y que aún se repite como justificación de las medidas restrictivas, es que la medida buscaba proteger a los migrantes cubanos para que no fuesen víctimas del tráfico ilícito de migrantes.

La imposición del visado, además de suponer una limitación práctica importante, ha sido acompañada por la implementación del Acuerdo Ministerial N° 00067 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (julio de 2015), que entró en vigor en enero de 2016, y que convirtió a la visa ecuatoriana en una de las más caras del mundo. Los nuevos costos, incluyendo el trámite de solicitud, se elevaron a 550 dólares norteamericanos para las visas de inmigrantes o residentes permanentes y a 450 dólares para las visas temporales. Aunque el Gobierno ecuatoriano accedió a legalizar a los cubanos que entraron al país hasta noviembre de 2015, en abril de 2016 pocos cumplían con los requisitos para cambiar su visa temporal por una que les permitiera prolongar su estancia en el país (de trabajo, estudio o amparo). Especialmente la legalización de los títulos universitarios representó un problema para quienes solo cumplían los requisitos para la visa profesional por la negativa del Consulado de Ecuador en Cuba de validar los diplomas.

Otro aspecto que limitó la posibilidad de los cubanos de llegar a Ecuador fue la adopción del requisito de «carta de invitación» por las autoridades ecuatorianas después de que esta y otras exigencias de salida fueran eliminados por la reforma migratoria cubana de enero de 20139. Lo mismo ocurrió

con la prohibición de que los profesionales cubanos sean beneficiarios del Programa Prometeo coordinado directamente por la Senescyt10. Los nacionales cubanos fueron excluidos de participar en él, un programa que promovía, bajo condiciones envidiables, la vinculación de investigadores extranjeros y ecuatorianos residentes en el exterior a universidades, escuelas politécnicas, institutos públicos de investigación y otras instituciones públicas o cofinanciadas que requirieran asistencia en el desarrollo de proyectos de investigación en sectores prioritarios. A propósito de lo anterior, el testimonio de Grecia, mujer de 44 años licenciada en Deporte, Cultura Física y Recreación, resulta muy ilustrativo, al demostrar las trabas que presentaba la Senescyt para los cubanos:

El Senescyt es, déjeme decirle como es, es la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces ahí es donde te aceptan como profesional del Ecuador. Si ya te aceptan como profesional del Ecuador, te dan una visa de profesional y puedes trabajar. Entonces, cuando yo me presenté al Senescyt, este... me faltaban esos documentos, ya mandé buscar a mi familia cuando regresaron, eso fue en el mes de febrero. Ya el primero, el primero de marzo, ya habían cambiado las leyes para los cubanos. [...] Porque cuando yo llego y yo vengo a ingresar mi carpeta, ya mi visa no servía, era otra visa, pero era el contrato de trabajo. Pero si usted no me da entrada al Senescyt, ¿cómo voy a tener contrato de trabajo? Es la contraposición sobre la oposición, no sé cómo explicarle.

A pesar del marco de apertura migratoria ecuatoriana, han sido pocos los nacionales cubanos que han tenido una experiencia de inserción positiva. En términos generales, la experiencia migratoria cubana en el contexto de los dos mandatos de Correa estuvo marcada por dinámicas de invisibilización, procesos de detención y deportación sistemática, así como precarización de la condición migrante en general (De Genova, 2002). Aunque gozan del derecho constitucional de migrar, un número importante de migrantes cubanos encontró limitaciones para acceder a un estatus migratorio regular. En el contexto de las entrevistas, se presenciaron muchas experiencias de detención de este tipo, como la de José Antonio (hombre, 27 años):

Me sueltan y me dicen regularízate. Y al final yo le pregunto: ¿dónde? ¿y cómo? ¡Y no existe! ¿Me entiendes? ¿Dónde está la oportunidad?

Es decir, se exigían procesos de regularización que no estaban realmente disponibles para los migrantes cubanos, lo cual conllevaba inminentes sentimientos de confusión, desesperación, angustia y frustración, los cuales están intrínsecamente relacionados con el sufrimiento.

Es en este contexto que debe entenderse el despliegue de diversas estrategias de regularización por parte de los ciudadanos cubanos en Ecuador. Puede mencionarse, por ejemplo, el incremento desde 2008 hasta 2010 de solicitudes de refugio ante el Estado ecuatoriano, a pesar de que los solicitantes no constituían poblaciones en condición de refugio (Herrera Vinelli, 2011). Según nuestras entrevistas con oficiales y representantes de ONG, ante las sistemáticas respuestas de rechazo por parte de la Dirección de Refugio, en muchos casos sin valoración individual de las solicitudes, se abandonó la presentación de solicitudes de refugio como mecanismo de regulación.

Quizás un mecanismo mucho más revelador como parte de las aspiraciones de legalización de la migración cubana fue el incremento de matrimonios con nacionales ecuatorianos. De 88 matrimonios entre ciudadanos cubanos y ecuatorianos en 2007, se pasó en 2008 a 456, y en un incremento notable en 2009 a 1.836 matrimonios (Herrera Vinelli, 2011). Este hecho generó una gran polémica a nivel nacional en torno a los mecanismos «fraudulentos» utilizados por migrantes cubanos a fin de obtener la nacionalidad ecuatoriana. Tal como se evidencia en las entrevistas realizadas, esa polémica resultó en prejuicios contra los cubanos y en su discriminación en trámites burocráticos, como ocurrió con Yanet (profesora universitaria, 41 años):

Había una pila de matrimonios que se hicieron falso, esto, lo otro, y entonces el cubano es perjudicado [...] porque fueron matrimonios entre comillas falsos y ahora, al registrarlos, al investigarlos.

La respuesta del Estado ecuatoriano fue inminente, procediéndose a cancelar alrededor de doscientas naturalizaciones que se habrían obtenido por esta vía e impugnándose otro tanto de matrimonios formalizados, juntamente con la encarcelación de funcionarios públicos implicados en la realización de estos actos11. Por otro lado, muchos inmigrantes cubanos entrevistados denunciaron las prácticas engañosas que utilizaban algunos ecuatorianos y que habían sido estafados. Al respecto, Roberto (hombre, 38 años) expresó:

Claro. A mí, me estafaron. Cinco mil [...]. Claro, se aprovechan. Que uno llega, me entiendes, no conoce de leyes, no conoce de nada.

Este tipo de testimonios fueron frecuentes y evidencian la condición de vulnerabilidad en la cual se encontraban los inmigrantes cubanos, así como la diferencia entre nacionales y no nacionales, siendo los primeros los que conocen las normas legales y sociales. Así, debido a la falta de conocimiento por parte de los no nacionales, se generan situaciones de desigualdad y de subordinación de un grupo al otro, como se comentó en líneas anteriores. Al mismo tiempo, numerosas investigaciones y pronunciamientos institucionales –incluyendo a la Defensoría del Pueblo– dan cuenta de la discriminación y xenofobia en contra de los cubanos por parte del Estado12.

Un ejemplo importante de la precaria situación de los migrantes cubanos en Ecuador fue el hecho ocurrido entre finales de junio y principio de julio de 2016 con los migrantes de El Arbolito: se expulsó de manera masiva a 121 personas hacia Cuba y se confinó a un grupo amplio de migrantes en tránsito clandestino a través de la selva del Darién. En la madrugada del 26 de junio, fuerzas policiales desalojaron violentamente a un grupo en las inmediaciones de la Embajada de México en Quito, donde se encontraban cubanos solicitando una visa humanitaria para llegar a México. Después del desalojo, y de dormir varias noches a la intemperie en un parque en la zona del centro norte de la ciudad, fueron autorizados por el Municipio de Quito a ubicarse en el histórico parque El Arbolito.

Días después, en la madrugada del 6 de julio un operativo militar con vehículos blindados y fuerzas antimotines, unidades caninas y francotiradores desalojaron al grupo de cerca de quinientas personas. En dicho operativo fueron detenidos 152 migrantes, incluyendo mujeres embarazadas, menores de edad, adultos mayores y personas enfermas. Después de quebrantar plazos de garantías jurisdiccionales interpuestas, recluir a migrantes en centros de detención de materia penal, despojarlos de sus pertenencias y violar el debido proceso en general, fueron expulsadas 121 personas en aviones de la Fuerza Aérea hacia Cuba. Se hizo así a pesar de la existencia de al menos 80 sentencias de no deportación, de que varios expulsados tenían vínculos familiares probados en Ecuador y de que había entre ellos personas en condición de refugio. En reacción a la discusión que ese incidente causó, el expresidente Rafael Correa declaró:

Aquí son bienvenidos todos los que quieran residir en este maravilloso país, aquí creemos en la movilidad humana, creemos en la ciudadanía universal, pero no vamos a servir de tráfico de personas para nadie, no nos vamos a convertir en un país de coyoteros compañeros, vamos a hacer respetar a Ecuador (Telesur, 2016).

Esa reacción demuestra el carácter securitista –es decir, el mantenimiento de lógicas de seguridad nacional– de la política migratoria de Ecuador bajo el régimen de Correa, a pesar de su discurso de apertura, lo que se explica por presiones nacionales e internacionales sobre su administración en el contexto de la transmigración hacia Estados Unidos (Freier, 2017). Si en la coyuntura se promovía la libre movilidad humana, resulta ilógico criminalizar la migración irregular y los coyotes que la facilitan, o «trafican», con aquellas personas que no pueden moverse mediante las vías legales. Lo descrito evidencia el carácter de «control con rostro humano» que describe Domenech (2013). En el caso ecuatoriano, el uso de eufemismos y argumentos paternalistas fue una constante en la representación discursiva de prácticas de control migratorio claramente inconstitucionales y restrictivas. De esta forma, un centro de detención migratoria era presentado como un «hotel temporal», la ilegalidad migratoria se calificaba como «irregularidad migratoria» y los migrantes cubanos en tránsito eran presentados como «víctimas» de redes transnacionales de coyotes. A través de este discurso, la detención y deportación, la imposición de visado y la prohibición de ingreso han sido legitimadas como medidas que buscan precautelar los derechos de los migrantes cubanos.

Según Jacobsen y Marshman (2008), Bauman establece que la globalización y el debilitamiento de los lazos de solidaridad humana han producido vidas cada vez más gastadas y prescindibles. Siguiendo esto, el migrante es entendido como sujeto forzado a la condición de vagante, como una vida en desperdicio que puede ser recluida o deportada, donde el sufrimiento se convierte en un tema individual y privado que no puede traducirse en acción colectiva (Bauman, 1999, 1995a). El caso de cubanos y cubanas en Ecuador brinda un ejemplo significativo en este sentido. El proceso de deportación colectiva de los migrantes de El Arbolito puede leerse como el accionar del Estado frente a una forma de organización colectiva. Las personas vinculadas a dicho proceso, articuladas en torno a la identidad nacional cubana, desarrollaron una organización espontánea utilizando redes sociales. Durante la brevedad del proceso, ellos llegaron a articular decisiones sobre roles y funciones temporales en temas como elaboración de alimentos, comunicación y seguridad. La movilización generó varios liderazgos temporales, lográndose diálogos frente a varias instituciones –incluyendo la Embajada de México, a la cual se solicitó un salvoconducto para llegar a territorio mexicano–. Sin embargo, no se trató de un colectivo claramente definido, sino más bien conformado en base a intereses temporales compartidos13.

3.2 El contexto legal y político de la emigración de Cuba

A lo ya mencionado, se suma el efecto de la legislación migratoria cubana y los efectos de la estrecha relación diplomática de Ecuador con Cuba respecto al diseño de la política migratoria ecuatoriana. En 201214, se flexibilizaron los mecanismos para la salida del país, los cuales históricamente habían sido muy estrictos: se eliminaron requisitos como la carta de invitación y el pago de un arancel, que en la práctica constituía una suerte de arrendamiento de la ciudadanía cubana. Sin embargo, hay un elemento que permanece intacto a pesar de la reforma y que está en el centro mismo de la regulación migratoria en Cuba: la figura de la salida definitiva que, consecuentemente, condiciona las posibilidades de retorno.

Como ya se mencionó, una vez sobrepasados los 24 meses, los «ciudadanos cubanos emigrados» tienen un límite de 90 días (prorrogables) para visitar la isla y pueden solicitar al Ministerio del Interior la autorización correspondiente si desean establecer su residencia en el territorio nacional15. Esto implica, que, si se excede el tiempo de 24 meses en el exterior, se pierden los derechos políticos, civiles y sociales, o sea, una situación de apatridia de facto (Correa Álvarez, 2017). Lo anterior genera un sentimiento de incertidumbre y abandono para los migrantes cubanos, quienes, al no poder regularizarse en Ecuador y haber perdido la nacionalidad cubana, se quedan sin ningún tipo de ciudadanía. Así, el hecho de no ser considerado ciudadano de ninguna parte, sumado al de encontrarse completamente solo en el proceso de legalización de su nacionalidad, causa un fuerte sentimiento de sufrimiento en el migrante, tal como se puede ver en la entrevista a José Antonio:

¿Entonces, no tienes ciudadanía de Cuba? No tengo.

¿No tienes ciudadanía de ningún país?

No tengo. Es un poco el sentimiento raro, pero como decir no soy de Cuba, ni soy de Ecuador, soy del espacio. Ahora mismo, yo no soy ni de aquí, ni soy ni de allá. No soy de ningún lugar. Si yo perdí todos los derechos en Cuba, pierdes los derechos con relación a la educación, a la propiedad, a la medicina, a todo eso. Ya yo cuando vaya a Cuba, ya soy un extranjero.

Son muchos los entrevistados cubanos que han experimentado este tipo de experiencias. Las implicaciones de la normativa cubana, junto a las consecuencias que implica la situación de irregularidad, agravan la necesidad de regulación para la migración cubana en Ecuador.

Además de la política migratoria cubana, también existía influencia del Gobierno cubano frente a su población emigrante en Ecuador durante el Gobierno de Rafael Correa. En tanto aliado estratégico de este, las autoridades cubanas tenían incidencia en la toma de decisiones que afectaban a los nacionales cubanos en Ecuador. Según nuestras entrevistas con oficiales y representantes de ONG, así sucedió con la adopción del requisito de una «carta de invitación»16 y con la prohibición de que los profesionales cubanos pudieran ser beneficiarios con el Programa Prometeo.

En ese sentido, resulta diciente que el Consejo Consultivo de Política Migratoria haya justificado la implementación de medidas restrictivas como la prohibición de modificación de la categoría migratoria de profesionales cubanos con estatus de cooperantes, lo que se ha amparado en la petición del Gobierno cubano en la VII Ronda Bilateral de Conversaciones Migratorias para frenar «la contratación de médicos y de profesionales cubanos en entidades públicas y privadas del Ecuador». La interacción entre las políticas migratorias de Ecuador –el abrir fronteras sin dar oportunidades reales de inclusión legal– y de Cuba lleva a una doble exclusión política y psicológica del migrante cubano tanto «aquí como allá». Como nos recuerda Sayad:

El emigrante no tiene derecho, en el lugar donde reside, a pertenecer a una entidad política o a estar activamente involucrado –en otras palabras, el derecho a darle sentido y significado a su actividad, palabras y existencia–. Su exclusión significa que no es capaz de tener una historia, es decir, pasado y futuro o, aún más importante, de apropiarse de ese pasado y de ese futuro, de controlar esa historia (Sayad, 2004, p. 227).

3.3 Discriminación sociolaboral

La discriminación social contra los inmigrantes puede manifestarse de distintas maneras y como consecuencia de diferentes razones. Así, las prácticas discriminatorias hacia los cubanos se muestran desde la discriminación política y legal hasta los maltratos y la xenofobia experimentada en la vida cotidiana. Tal como explicó Jordan:

Aquí los cubanos, nosotros, aquí nos maltratan [...] En general, a todos. Aquí somos malmirados de los ecuatorianos. Qué sé yo, por cubanos será...

En la misma línea, Liz, de 49 años, es quien identifica las prácticas xenofóbicas, las cuales, dice, se presentan también ante otros inmigrantes en el país:

Sí hay discriminación y he visto xenofobia, también la he sentido. No solamente de ecuatorianos, sino de otras nacionalidades que están aquí. Porque tú sabes que cuando tú llegas a otro país tú quieres ser bien recibido. Eh, sí, he visto cierta... eso se puede llamar xenofobia.

Como destaca Bauman (2016), la discriminación sociopolítica y legal de los migrantes resulta devastadora debido a que, por un lado, se genera una completa humillación, que suele conllevar autodesprecio, mientras que, por otro lado, la reacción puede ser contraria: ocurre una reapropiación de la autoestima que se canaliza en sentimientos de venganza contra la sociedad que humilla. Esta ha sido una de las opciones de la migración cubana en Ecuador. A propósito de la conformación de La Florida como barrio cubano en Quito, señala Correa Álvarez: «Evidenciando el carácter performativo, dinámico y estratégico de la identidad, esta es acentuada y utilizada como parte de la disputa por la inserción social; expresada no solo en el cuerpo, sino también haciéndola visible en el espacio» (2014, p. 113).

Con respecto a la experiencia laboral de los inmigrantes cubanos en Ecuador, vale la pena destacar que la reflexión sociológica en torno al trabajo muchas veces ha tenido como sujeto abstracto del análisis a los individuos pertenecientes a una misma sociedad, mientras que sobre el extranjero no se han planteado interrogantes en relación a la función social del trabajo. Sin embargo, como plantea Medá, al ser considerado «mucho más que un medio para ganarse la vida», el trabajo ha sido tratado como la «relación social fundamental» o el «hecho social total» (1998, p. 24).

En esta línea, el trabajo es uno de los espacios fundamentales para que los migrantes puedan generar condiciones de inserción en la sociedad receptora y establecer nuevas relaciones. Es debido a esto que la discriminación laboral resulta un factor determinante para el sufrimiento de los migrantes cubanos en Ecuador en la medida en que no logran insertarse en la lógica laboral y –siguiendo a Medá– no logran realizarse personalmente ni tampoco desarrollar relaciones sociales. A través de las entrevistas realizadas, se puede evidenciar la dificultad que enfrentan los migrantes cubanos al momento de buscar su inserción laboral en el mercado. Ellos llegaron a Ecuador con aspiraciones diversas, que pueden ir desde crear empresa hasta trabajar en distintas profesiones, aunque muchos simplemente buscan una mejor calidad de vida, tal como explicó Grecia:

Eso es lo que mayormente busca un profesional cubano, ampliarse, enmarcarse en una vida social un poco más rica. Porque de qué me vale ser una buena profesional si mis recursos, ya sea por el bloqueo, ya sea por... no veo cómo desarrollarlos como yo quisiera.

Hacer una caracterización de la inserción de los inmigrantes cubanos en el mercado laboral ecuatoriano resulta un ejercicio sumamente complejo por varias razones. En primer lugar, por las circunstancias diferenciadas en las que colectivos migrantes acceden al mercado laboral ecuatoriano; en segundo lugar, por los riesgos propios de confirmar la existencia generalizada de «una experiencia» al interior de un mismo colectivo (Correa Álvarez, 2014). Otro elemento que debe considerarse en este sentido son las condiciones propias del mercado laboral nacional. En términos generales, es posible afirmar que este se caracteriza por tener altos niveles de informalidad y fragilidad en derechos laborales tales como la sindicalización o en los mecanismos de protección de la salud laboral.

Más allá de estos límites, se puede observar cierta segmentación de la participación de inmigrantes en el mercado laboral por lugar de origen.

Según nuestras entrevistas con representantes de ONG, pareciera que se presenta una concentración de nacionales colombianos o haitianos en prácticas laborales de menor prestigio social, mientras que otros flujos, como sucede con la población española, se ubican en espacios laborales de mayor reconocimiento y remuneración. Por su parte, la población cubana ocupa una posición que podría calificarse de intermedia: si bien ha estado marcada por limitaciones institucionales específicas, una parte de dicha población ha logrado insertarse en espacios de realización profesional. En Quito, de 2008 a 2010, las primeras cuatro categorías laborales de emigrantes cubanos fueron: trabajadores de servicios y vendedores; trabajadores nuevos; profesionales científicos e intelectuales; y oficiales, operarios y artesanos (Correa Álvarez, 2014, p. 147).

Otra de las aristas de la inserción laboral de los cubanos en Ecuador, también según nuestras entrevistas, ha sido el comercio transnacional de mercancías, que constituyó una de las prácticas laborales más visibles de la población cubana en Ecuador, desarrollada por verdaderos comerciantes transnacionales que al amparo de su situación migratoria regular en Ecuador pudieron viajar frecuentemente desde Cuba. Esta actividad tenía una naturaleza transnacional, sostenida mediante la existencia de redes de migración de las que hacían parte familiares, amigos y otras personas de confianza, que se encargaban de la recepción de la mercancía y de su posterior comercialización. Los comerciantes viajaban entre Ecuador y Cuba para comprar mercadería (ropa, calzado, electrodomésticos, etc.) en los mercados de La Ipiales en Quito o en La Bahía de Guayaquil y venderla en Cuba en mercados informales o de puerta en puerta. La variación de estas posiciones respecto al trabajo fortaleció la conexión del migrante cubano tanto con su lugar de origen como de destino.

Tal variación puede, en efecto, pensarse en torno al capital social y las posibilidades de gestión que de manera diferenciada condicionan cualquier proceso de inserción. Pero más allá de lo anterior, debe comprenderse como parte de los vaivenes de la política migratoria ecuatoriana frente a la presencia extranjera, política que para los nacionales cubanos ha estado mediada por el procesamiento de pedidos puntuales de las autoridades diplomáticas de la isla, buscando por ejemplo limitar la llegada de profesionales de la salud. La complejidad de este escenario se ve condicionada contradictoriamente por elementos como la existencia de valoraciones sociales diferenciadas sobre el otro-extranjero que favorecen a migrantes de países del norte mientras se estigmatiza a migrantes del sur global, a la vez que se genera una demanda de profesionales extranjeros en correspondencia con las políticas de reforma económica y educativa, entre otros (Vega Solís et al., 2016; Pedone & Izquierdo, 2018).

Según datos del Sistema Nacional de Información de Educación Superior de Ecuador, hasta el año 2012 los nacionales cubanos eran el colectivo extranjero más numeroso en cuanto a docentes de la educación superior en el país, aunque en cifras absolutas solo representan el 0,8% del total. El tema de la calificación no es una cuestión menor en este caso. Téngase en cuenta que aquellas personas con un título de tercer nivel o superior a este podían acceder a una visa 9 V de residencia indefinida, según lo establecido en la Ley de Extranjería N° 1897, vigente en Ecuador desde el 27 de diciembre de 1971. Al amparo de dicha norma, un número amplio de nacionales cubanos pudieron acceder a un estatus regular en Ecuador (Correa Álvarez, 2014).

La existencia de testimonios de personas legalmente establecidas y con un empleo formal exitoso, pero con escasos vínculos sociales con la población ecuatoriana, parece estar indicando que la formalidad laboral en sí misma no constituye un determinante para la inserción social. Asimismo, varios casos de cubanos entrevistados manifestaron que, a pesar de encontrarse en una situación migratoria irregular, mantienen importantes vínculos afectivos con sus compañeros de trabajo e indican que la informalidad laboral no constituye un elemento de limitación en las dinámicas de inserción social.

Sin embargo, la investigación reveló una sensación general por parte de los cubanos de ser discriminados y no obtener o perder puestos de trabajo debido a la falta de estatus migratorio regular. Yanet, que pudo regularizar su situación migratoria al casarse con un amigo ecuatoriano, expresó su consternación por el hecho de que la mayoría de los cubanos se sienten atraídos por lo que ella llama el «sueño ecuatoriano» de acumular dólares, pero luego terminan trabajando solo para pagar sus gastos de manutención o ni siquiera logran sostenerse bien:

Claro, aquí hay cubanos tristes, hay cubanos que les han metido seis meses viviendo en la calle. Viviendo en la calle, viviendo en el aeropuerto, en los buses. Sí, es triste, ¡eh! Un dólar para comer a la semana, compran un dólar de pan y comen la semana. Eso es triste.

Según nuestras entrevistas, estos fueron los migrantes cubanos que padecían de mayor sufrimiento en Ecuador, ya que, como muestra el testimonio, estaban viviendo vidas marcadas por la incerteza y la ausencia de seguridad en un futuro discernible; una condición que –siguiendo a Bauman– configura la noción de «vagabundos», lo que algunos percibirían como «vidas desperdiciadas».

4. A manera de conclusión

A través del caso de cubanos en Ecuador, en este artículo hemos indagado sobre los sentimientos que las políticas migratorias generan en los migrantes internacionales, principalmente, el sufrimiento. En Ecuador, bajo el Gobierno del presidente Rafael Correa, la Constitución de Montecristi de 2008 planteó un ambicioso proyecto de libre movilidad y fronteras abiertas. La experiencia migratoria de cubanos demuestra la brecha entre un discurso progresista y aperturista que buscaba limitar el sufrimiento de los migrantes y la implementación de la política migratoria. Asimismo, el presente trabajo ha buscado demostrar que más allá de los efectos políticos que puede tener dicha brecha discursiva, su impacto sobre el sufrimiento de los migrantes cubanos en Ecuador es impactante, tal como lo demuestran sus testimonios.

Si como bien apuntaba Bauman, el marco trinitario Estado, nación y territorio está cada vez más en disputa, no podemos desconocer que, al interior del contexto latinoamericano, proyectos políticos populares como el ecuatoriano implicaron no solo una reconfiguración institucional del Estado, sino también una acentuación territorial, y por tanto fronteriza, de la nación. En buena medida, fue en torno a la presencia de ciertos colectivos migrantes (incluyendo a los cubanos) que los discursos sobre la soberanía y las fronteras se articularon con medidas de seguridad. Lo anterior, sin embargo, no debe entenderse como consecuencia de la simple decisión del Gobierno de Rafael Correa.

Es necesario comprender dicho giro en relación al rechazo de clases bajas y medias a la presencia de colectivos como el de los cubanos, alimentado en muchos casos por el manejo sensacionalista de los medios de comunicación, lo cual además ha sido utilizado estratégicamente por actores políticos de oposición (Freier, 2017). Las dinámicas de discriminación que afectan a la población cubana en Ecuador pueden rastrearse a nivel cotidiano –como dinámicas de discriminación social–, pero también a nivel institucional. En este contexto, la condición de irregularidad migratoria ha supuesto la exposición a dinámicas de discriminación y explotación laboral, pero también a invisibilización ante los procesos de detención y deportación y a precarización de la condición migrante en general. Es frente a este escenario que debe entenderse el proceso de reorientación del proyecto migratorio de una proporción amplia de la población cubana en Ecuador, que ha reemigrado, principalmente hacia Estados Unidos.

La interacción entre las políticas migratorias de los países de origen y los de destino afecta la experiencia migratoria y, por lo tanto, incide sobre el sufrimiento de los migrantes. Sin embargo, la opacidad de una noción de sufrimiento migratorio es mantenida desde fundamentos epistémicos que favorecen un análisis donde la centralidad la ocupan categorías que contribuyen al análisis de coyunturas y a la confirmación de una racionalidad política. La existencia de migrantes y refugiados es convertida así en una variable sopesada en sus implicaciones políticas para los Gobiernos involucrados.

 

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Artículo recibido el 1 de octubre de 2017

Artículo aprobado para su publicación el 29 de octubre de 2018

 

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1. El artículo 9.2 del Decreto Ley N° 302/2012 establece: «Se considera que un ciudadano cubano ha emigrado, cuando viaja al exterior por asuntos particulares y permanece de forma ininterrum- pida por un término superior a los 24 meses sin la autorización correspondiente». Téngase en cuenta que, para retornar a Cuba de manera definitiva, las personas consideradas como emigrados deben someterse a un proceso de repatriación, según lo establecido en el artículo 48.1 del Decreto 305/2012, modificativo del Reglamento de la Ley de Migración (19 de julio de 1978).

2. Así, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador publicó una carta abierta, firmada por Correa, dirigiéndose a «todos los ciudadanos ecuatorianos del mundo», en la cual invitaba a los emigrantes a regresar a su país de origen. El texto criticaba las políticas de los Gobiernos pasados que forzaron a los ecuatorianos a dejar «su amado país», así como también las políticas discriminatorias de los países receptores del norte. La carta menciona además las políticas de inmigración, declarando así que no hay «ciudadanos ilegales, solo prácticas que violan los derechos de las personas»; agrega además que Ecuador demanda derechos para sus ciudadanos en otros países y promueve los mismos derechos para los inmigrantes en Ecuador.

3. «El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración informa que, por expresa disposición del Señor Presidente Constitucional de la República, a partir del día viernes 20 de junio de 2008, los ciudadanos de cualquier nacionalidad podrán ingresar al Ecuador, sin necesidad de visa, y permanecer por un período de noventa días, en aplicación del principio de libre circulación de personas y con el fin de fortalecer las relaciones entre el Ecuador y todos los países del mundo, y promover el turismo» (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2008).

4. Las estimaciones de nacionales cubanos fuera de la isla hablan de entre 1,7 y 2 millones de personas, lo cual es una cifra significativamente alta para un país de poco más de 11 millones de habitantes. Aunque Estados Unidos ha sido por razones diversas la histórica plaza de recepción de los emigrantes cubanos, en los últimos años las rutas migratorias se han diversificado y han encontrado disímiles destinos. Investigaciones desarrolladas desde el Centro de Estudio de Migraciones Internacionales de la Universidad de la Habana (CEMI) reportan la presencia de nacionales cubanos en cerca de 150 países (Aja, 2007; Rodríguez, 2011).

5. Más allá de que en efecto pueden existir motivaciones políticas en las salidas del país y experiencias especificas que configuran la condición de refugiados, es imporante valorar dichas opiniones en el marco del contexto del diferendo Cuba-Estados Unidos, con la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano, que garantiza protección y regulación migratoria para los sujetos entendidos por la ley y, por tanto, considerados como víctimas del sistema cubano. En Ecuador fue posible presenciar la experiencia de un colectivo cuestionando la opinión de un individuo que afirmaba haber salido de Cuba por razones económicas: en medio de un debate acalorado, algunos integrantes del grupo ejercieron presión sobre este individuo para convencerlo de que las razones de su salida de Cuba eran políticas.

6. El vigente reglamento de 1986 subrogó al Reglamento N° 1900 (1971).

7. El 5 de enero de 2017, después de nueve años de espera, al menos dos anteproyectos presentados y diversos encuentros de discusión con actores sociales e instituciones vinculadas a poblaciones migrantes, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Movilidad Humana para reemplazar la legislación migratoria vigente, concebida en los años 1970 bajo la doctrina de la seguridad nacional. Siguiendo el trámite legislativo correspondiente, el presidente Rafael Correa ratificó dicha ley en presencia de migrantes ecuatorianos en la ciudad española de Barcelona a menos de un mes de las próximas elecciones generales. Aunque la nueva ley fue aplaudida por algunas organizaciones como un paso importante para la protección de los derechos de los migrantes, esta se enfoca principalmente en los derechos de los emigrantes ecuatorianos, aunque también reconoce derechos de refugiados, apátridas, víctimas de tráfico y trata de personas y extranjeros en general.

8. El artículo 40 de la vigente Constitución ecuatoriana establece: «Se reconocerá a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria».

9. Seis días después de la entrada en vigor de la reforma migratoria cubana, mediante Boletín de Prensa N° 014 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH) (15 de enero de 2013), el Estado ecuatoriano estableció el requisito de la carta de invitación, el cual contribuiría a mantener «un flujo migratorio ordenado entre ambos países, e impedir el tráfico de personas».

10. Las condiciones del Programa Prometeo incluyen remuneraciones salariales que pueden llegar a los 6.000 dólares, cinco meses de alquiler (500 dólares), seguro médico y fondo para adquirir libros (2.000 dólares) y para viajes académicos (2.500 dólares) (ver: http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec).

11. Al respecto, ver el artículo de prensa: «Cancillería anulará 174 matrimonios de cubanos por ilícitos» (El Universo, 2010).

12. Véase el «Pronunciamiento Defensorial N° 005-dnrt-2010 de la Defensoría del Pueblo del Ecuador». En esta resolución, se hace una sistematización de las vulneraciones de derechos de personas en movilidad por parte de órganos del Estado ecuatoriano, en especial en el operativo denominado Operación Identidad, implementado por la Dirección Nacional de Migración en junio de 2010 (Arcentales, 2010). Ver, además: «Informe de verificación sobre las condiciones de detención de personas privadas de la libertad en el marco de operativos de detención de irregulares en la ciudad de Quito», realizado por Coaliciones por las Migraciones y el Refugio, Inredh, y la Defensoría del Pueblo (2010); así como el Informe Temático N° 2 elaborado por Javier Arcentales (2010) para la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo de 2010.

13. En efecto, no puede desconocerse la existencia de temores e intereses individuales, pero cabría interrogarse cuál acción colectiva no tiene este tipo de dinámicas disruptivas en su interior. Después de la arremetida violenta de militares ecuatorianos, al colectivo se articularon defensores de derechos humanos y organizaciones externas que ayudaron incluso en el desarrollo de acciones legales, incluyendo la presentación de un habeas corpus colectivo en favor de los 151 detenidos iniciales. Incluso el efecto de estampida clandestina que siguió al fallo judicial negativo frente al habeas corpus presentado se generó también de manera colectiva.

14. Decreto Ley N° 302 (11 de octubre de 2012), modificativo de la Ley N° 1312, Ley de Migración (1976).

15. Ver el artículo 40, inciso a) del Decreto N° 305 que modifica el reglamento de la Ley de Migración (19 de julio de 1978) de Cuba.

16. Seis días después de la entrada en vigor de la reforma migratoria cubana, mediante Boletín de Prensa N° 014 del MREMH (15 de enero de 2013), el Estado ecuatoriano estableció el requisito de la carta de invitación, el cual contribuiría a mantener «un flujo migratorio ordenado entre ambos países, e impedir el tráfico de personas».