ARTÍCULOS

Estado y empresarios atraviesan coyunturas de crisis: condiciones y posibilidades para la diversificación productiva en Mendoza (1901-1939)¹

State and entrepreneurs facing situations of crisis: conditions and possibilities for diversification of production in Mendoza (1901-1939)

 

Florencia Rodríguez Vázquez

Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, Incihusa; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Conicet, Argentina

frodriguezv@mendoza-conicet.gob.ar

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Resumen

Durante las primeras décadas del siglo XX, las crisis de la vitivinicultura argentina evidenciaron su carácter vulnerable, dado por la especialización en el cultivo de variedades para elaborar vinos, la propensión a las plagas y contingencias climáticas y una oferta rígida que no podía adaptarse a una demanda inelástica. Esas coyunturas propiciaron la elaboración de diagnósticos y un amplio debate sobre el impulso de otros sectores productivos. El objetivo de este artículo es demostrar el fortalecimiento de proyectos diversificadores en Mendoza como un complemento de la vitivinicultura (actividad central) para matizar los efectos adversos originados en la producción de materia prima crónicamente excedentaria. Se verifica, así, el surgimiento de nuevos sectores durante la década de 1920 y su potenciación a partir de un contexto de impulso al mercado interno en la década de 1930. Este proceso estuvo motorizado, finalmente, por la fruticultura a partir del fomento y regulación estatales y la llegada de agentes extrarregionales (comerciantes mayoristas) y foráneos.

Palabras clave: diversificación productiva; vinicultura; fruticultura; agricultura; Argentina.

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Abstract

The crises in Argentine winemaking during the first decades of the 20th century exposed its vulnerability, resulting from specialization in the cultivation of grape varieties for winemaking, susceptibility to pests and climatic contingencies, and a rigid supply that could not adapt to inelastic demand. These circumstances led to appraisals and a broad debate about the promotion of other production industries. The goal of this article is to describe the strengthening of diversification projects in Mendoza to com-plement winegrowing (the central activity) and offset the adverse effects of chronic raw material surpluses. This led to the emergence of new industries during the 1920s and their consolidation, thanks to the impetus provided by the domestic market, in the 1930s. This process was ultimately driven by fruit production, based on state promotion and regulation and the arrival of extra-regional (wholesale merchants) and foreign agents.

Keywords: Productive diversification; wine and wine making; fruit-culture; agriculture; Argentina.

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Siglas y abreviaturas usadas

BAP Buenos Aires al Pacífico

BOPM Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

CCT Centro Científico Tecnológico

Conicet Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Incihusa Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales

Magraf Medios Audiovisuales y Gráficos

MAN Ministerio de Agricultura de la Nación

PIP Proyecto de Investigación Plurianual

Sadfa Sociedad de Agentes Distribuidores de Frutas Argentinas

Sectyp Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado

 

1. A modo de introducción. La historiografía sobre crisis vitivinícolas regionales

El estudio de las causas y consecuencias de las coyunturas críticas en la provincia de Mendoza, al menos hasta la primera mitad del siglo XX, aparece inexorablemente ligado a la agroindustria vitivinícola. Así, es posible asociar la especialización en el cultivo de uvas para la elaboración de vino común y la dependencia del mercado interno con la sucesión de contextos críticos recurrentes (Barrio, 2010a, 2016; Coria López, 2014), potenciados por coyunturas adversas que deprimieron la demanda de vinos, como la Primera Guerra Mundial. En ese marco, las políticas estatales anticíclicas no tuvieron un carácter unívoco, puesto que alternaron la promoción con la regulación y la intervención para atemperar los efectos de esas coyunturas, como ha sido señalado también para el caso español en la denominada etapa postfiloxérica, afectada por crisis cíclicas de sobreproducción (Pan-Montojo, 2005). Aun así, es posible detectar algunas orientaciones comunes, por ejemplo, para establecer y estabilizar el precio del vino, mejorar su calidad a través de controles que eviten su adulteración y favorecer la formación de cooperativas (Olguín, 2014; Barrio, 2014). También en esos contextos, se conformaron entidades sectoriales con grados variables de injerencia sobre la dirigencia local (Barrio 2010a, 2010b, 2016; Mateu, 2014).

Estos abordajes destacan la atención estatal en esos períodos críticos, ensayando o implementando propuestas no siempre innovadoras, desde el control de la calidad de los caldos, iniciativas para promover el consumo de vinos, la eliminación de los intermediarios entre el productor y el consumidor a través de la formación de cooperativas y la diferenciación entre pequeños y grandes empresarios en relación con la ayuda estatal.

Parte de la bibliografía regional entiende que las iniciativas públicas anticrisis fueron apoyadas por las asociaciones empresariales, pero hicieron oídos sordos a los consejos de los expertos acerca de la incorporación de mejoras en el proceso productivo (Mateu, 2005; Mateu & Stein, 2006), lo que habría incidido entonces en el carácter sucesivo que adoptaron esas coyunturas críticas. Otros trabajos demuestran que los diagnósticos elaborados con motivo de la crisis de 1901-1903 revelaron falta de criterio técnico en la vinificación, con ello se estimuló un proceso institucionalizado de generación y divulgación de conocimientos de base local que cristalizó, luego, en la progresiva incorporación de técnicos y peritos en el Estado y en bodegas (directores técnicos) (Richard-Jorba & Rodríguez Vázquez, 2013). La relación entre el saber técnico y el sector productivo se ha verificado en los cuestionamientos a la vulnerabilidad de la industria y las propuestas presentadas por economistas, agrónomos y enólogos para el aprovechamiento integral de la materia prima excedente. Concretamente, mientras el enólogo italiano Arminio Galanti estuvo al frente de la Dirección de Industrias, él impulsó diversos proyectos para la industrialización múltiple de la uva (Barrio & Rodríguez Vásquez, 2016). Más tarde, con motivo de la crisis de 1930, el economista Alejandro Bunge asesoró la formación de la Compañía Vitivinícola de Mendoza, entidad desde la cual se intentó corregir los desequilibrios entre la oferta y la demanda y, de modo accesorio, se recuperó la idea de elaborar diversos productos con la uva (Mellado & Olguín, 2006).

Para el período analizado, también ha sido central la producción de estudios acerca del rol de la Junta Reguladora de Vinos durante los críticos años 1930, creada por la Ley Nacional Nº 12137 (1935). Mateu (2005, 2014) y Ospital y Cerdá (2016) pusieron en evidencia las facultades de este organismo para controlar la oferta y equilibrarla con el consumo a través de la fijación de un precio mínimo a los vinos con vistas a graduar las ventas y garantizar cierta rentabilidad a los productores, la compra (y hasta el derrame) de vinos –y luego de uva² –. La Junta Reguladora también promovió la agrupación de los productores de uva sin bodega en entidades cooperativas para la industrialización y comercialización de sus cosechas. Por otro lado, Ospital (2013) y Ospital y Cerdá (2016) detectaron que esta Junta procuró detener la expansión del viñedo, no solo a través de su extirpación, sino también de indemnizaciones a los productores que plantaran variedades distintas a las Vitis vinifera –aptas para vinificación–, promoviendo su sustitución con variedades para uva de mesa o con otros cultivos –en especial, frutales–. Asimismo, impuso gravámenes a las hectáreas plantadas. Ospital (2013) considera que estos mecanismos habrían generado una sustitución automática de los viñedos por montes frutales y explicarían el dinamismo que adquirió la fruticultura regional a partir de la década de 1930. Sin embargo, es necesario atender a la evolución espacial de los cultivos para verificar si esos mecanismos efectivamente incidieron en la fisonomía productiva provincial, es decir, si hubo una migración –parcial o masiva– de viñateros a fruticultores y horticultores.

A su vez, esta profusa y fructífera producción historiográfica insinúa la presencia de proyectos diversificadores, que pueden entenderse como un aprendizaje de esas coyunturas críticas para delinear, con grados variables de planificación, cuál era el rumbo a seguir una vez recuperada la estabilidad³. De modo que, como consecuencia mediata de la sucesión de esos contextos, se identifican otras manifestaciones productivas de base agrícola que convivieron con la principal desde la década de 1920. El carácter complementario de los nuevos cultivos respecto a los viñedos es entendido como una debilidad de los intentos diversificadores⁴. Ahora bien, para analizar este proceso, son enriquecedores los aportes de Cerutti (2015), Almaraz (2013) y Cerutti y Lorenzana Durán (2009), quienes sostienen, para el caso mexicano, que, no obstante la centralidad de un sector productivo estratégico, es posible la convivencia con otras ramas, agrícolas e industriales, que generan efectos multiplicadores al desencadenar eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás, extender las zonas irrigadas con nuevos cultivos e incorporar nuevos actores que complejizan el tejido productivo.

Con base en esos antecedentes, surgen interrogantes acerca de los siguientes aspectos: ¿cuáles fueron los sectores productivos que se destacaron dentro del programa de diversificación diseñado e implementado en la década de 1930 en Mendoza?, ¿de qué modo se articularon entre sí y con la principal industria?, ¿en ese proceso, se observa para el período un plan de promoción estatal para impulsar y apoyar a los productores que adoptaran esas nuevas propuestas?, ¿o, por el contrario, se advierte un cúmulo de iniciativas impulsando diversos cultivos en función de las potencialidades ambientales locales y oportunidades del mercado? Y, finalmente, ¿cuál fue el grado de recepción entre empresarios y productores a esas propuestas impulsadas desde el Estado?

Una primera respuesta anticipa que durante las décadas de 1920 y 1930 se discutieron e impulsaron diversos sectores productivos de base agrícola como un complemento a la vitivinicultura a fin de matizar los efectos adversos originados en la producción de materia prima crónicamente excedentaria. Se verifica así el surgimiento de nuevas ramas durante la década de 1920 y su potenciación a partir de un contexto de impulso al mercado interno en la década siguiente.

Para finalizar este apartado, resta mencionar que la atención a manifestaciones alternativas a la vitivinicultura en Mendoza reconoce antecedentes en estudios tanto sobre los orígenes de la exportación de uva y los cambios técnicos introducidos –en las fases productiva y comercial– para que la materia prima llegara a destino en óptimo estado tras un extenso traslado; como en los inicios de la agroindustria frutícola, primero fuertemente orientada a la comercialización en fresco (1920-1940) y luego con un rol predominante en la elaboración de conservas (Oszlak, 1984; Martín, 1992; Rodríguez Vázquez, 2016). También, se han realizado análisis de las industrias derivadas de la principal agroindustria, es decir, las que utilizan subproductos de la vinificación o la uva y el vino en sus producciones (elaboración de alcohol vínico, licores y ácido tartárico), que surgieron a partir de las demandas de la vitivinicultura moderna regional, de base capitalista, y de las experiencias de algunos emprendedores de origen inmigratorio para controlar el excedente de materia prima y la consecuente saturación del mercado vínico (Pérez Romagnoli, 2010). Estos aportes problematizan la visión de las economías regionales como monoproductoras, resaltan la existencia de estímulos diversificadores a partir de contextos críticos y atienden las respuestas empresarias a las oportunidades y demandas del escenario productivo y del mercado consumidor.

2. Los diagnósticos que nutrieron las ideas sobre diversificación productiva (1914-1930)

Con el advenimiento de la primera crisis vitivinícola del siglo XX (1901-1903), se detectan algunas iniciativas para impulsar nuevos sectores, pero, en rigor, fueron propuestas con un escaso nivel de concreción.

Luego, tras un período de boom vitivinícola (1908-1912) interrumpido abruptamente por otro contexto adverso (1914-1918), se reabrió la discusión sobre el destino de la producción local. Tanto la prensa como los boletines de entidades empresarias y diversos discursos públicos señalaron y discutieron las debilidades del sector –en concreto, el predominio de variedades para elaboración de vino común y las dificultades para comercializar los volúmenes crecientes de vino– e indicaron soluciones posibles. Entre muchas, la expansión de otros cultivos para resolver las repercusiones negativas sobre las bases de la cadena productiva, es decir, la existencia de pequeños productores, viñateros sin bodega y bodegueros trasladistas.

Sin embargo, estos primeros diagnósticos resultaban simplistas, puesto que asociaban dichos problemas al carácter monoproductor de la economía, pero soslayaban los determinantes multicausales de las crisis, tales como la orientación cuantitativa del modelo productivo y su carácter de sobreproducción, la incidencia de prácticas como la adulteración del vino para «estirarlo» y las condiciones del mercado nacional (subconsumo, carestía, capacidad de compra). De la mano del consenso acerca de que el monocultivo vitivinícola implicaba un panorama sombrío para la economía local, surgieron propuestas «moderadas» para renovar los productos vitivinícolas y los mercados para el vino; tal fue una de las vertientes del plan del gobernador Francisco Álvarez, consistente en la reducción de la oferta para equilibrarla a una demanda alicaída y así salir de la crisis de 1914-1918 (Barrio, 2016). Otros debates se centraron en los sectores productivos que propiciarían una progresiva diversificación del escenario local sin que ello implicara el avance de unos cultivos sobre los ya existentes, sino una complementariedad. Así, ya en 1908 y con mayor énfasis en la década de 1920, se ensayaron cultivos frutícolas y hortícolas orientados al consumo interno y al extranjero.

En este sentido, más que la planificación o proyección de un rumbo económico distinto, advertimos un proceso de prueba y error de diversas manifestaciones agroindustriales, motorizado por condiciones ambientales aptas, disponibilidad de vías de comunicación e interés en posicionar a la provincia como proveedora de insumos para otras industrias (como remolacha para elaboración de azúcar, seda para la industria textil, frutas y hortalizas para conservas) y de productos en fresco para el mercado de consumo nacional. Algunas de esas expresiones ya funcionaban en la provincia de modo artesanal.

De estas instancias de discusión y proyección del destino económico y agrícola para la provincia, surgió un acuerdo tácito acerca de que una diversificación posible y sostenible en el tiempo debía estar impulsada por el fomento privilegiado de la fruticultura bajo criterios técnicos que otorgaran un carácter más intensivo a la producción. Se esperaba que el cultivo de frutales complementara al de vides⁵ y fuera una «vía de escape» en contextos críticos de la economía provincial, pero no se planeaba en modo alguno una reconversión integral del panorama productivo. Identificamos así un conjunto de lecturas y diagnósticos sobre las crisis productivas en la provincia, que no solo ensayaban mecanismos de regulación de precios de la uva y del vino, intervención del mercado y formación de cooperativas, sino que alentaban la extensión de otras industrias de base agrícola que fueran subsidiarias de la principal. Este esquema se mantuvo casi sin alteraciones hasta el desarrollo de las explotaciones de hidrocarburos, hacia fines de la década de 1930. Es oportuno señalar que este debate se inscribió en propuestas de diversificación estimuladas por Alejandro Bunge (1940/1984, pp. 197-198) a escala nacional, partiendo de la idea de ampliar el mercado interno abasteciéndolo con productos y manufacturas elaboradas localmente (Bacolla, 2008; González Bollo, 2004), propuestas que se replicaron en otras provincias, como La Rioja (Olivera, 2000, 2001) y Jujuy (Bernasconi & Fandos, 2015)⁶

2.1 ¿Cómo y qué diversificar? De la proyección a la concreción de las propuestas de transformación

Hacia 1918, la irrupción de un Gobierno radical lencinista⁷en la provincia significó mayor intervención en la economía –con el correlato de tensas relaciones con la burguesía empresaria local– y atención a los sectores más débiles de la cadena productiva⁸, así como algunos proyectos de autarquía económica. A su vez, se prestó especial atención a la promoción y fomento de la fruticultura, con la consecuente formación de un nuevo sector empresarial y agroproductivo. El contexto resultaba favorable para concretar los proyectos de diversificación agroindustrial discutidos previamente, de la mano de una economía local relativamente estable, del incremento de la demanda debido al crecimiento demográfico y la urbanización, así como de la difusión de los ensayos realizados desde las estaciones experimentales del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico (BAP). Frente a las múltiples agroindustrias sugeridas por entonces –sericicultura, remolacha azucarera, piscicultura, cultivo de cáñamo–, el cultivo y exportación de uvas finas y el cultivo e industrialización de frutas fueron los subsectores que más se extendieron por entonces. Estas actividades evidencian así los inicios de un proceso diversificador entre las décadas de 1920 y 1930 como consecuencia, primero, de tal contexto favorable y, luego, de la sucesión de políticas locales de promoción y regulación sectorial y de políticas nacionales de sustitución de importaciones, consecuencia del impacto de la crisis de 1929.

Diversos motivos así lo permiten entender. Por un lado, la inestabilidad y fragilidad institucional de la gestión lencinista en Mendoza –signada por cuatro intervenciones federales– hizo mella en la aplicación de una política a largo plazo, no obstante los objetivos expresados en los programas económicos y agrarios de los tres gobernadores (José Néstor Lencinas, Carlos Washington Lencinas y Alejandro Orfila) que se sucedieron entre 1918 y 1928.

Más tarde, en el período signado por los Gobiernos neoconservadores en la provincia⁹, se retomaron algunos de estos lineamientos. El entonces gobernador Ricardo Videla (1932) –quizá como consecuencia de su expertise como ingeniero agrónomo y su trayectoria como asesor técnico del Ferrocarril BAP– delineó diversos proyectos agroindustriales que fueron concretados y/o profundizados durante los Gobiernos que lo sucedieron. Dichos proyectos fueron potenciados por una política nacional de sustitución de importaciones de ciertos bienes de consumo masivo, lo que, para el caso local, asumió un marcado tono regulador, sobre bases técnicas, para hacer competitivas esas producciones en el mercado de consumo, nacional y subsidiariamente extranjero, y de acuerdo con criterios sanitarios y estándares de comercialización. El diseño de esta tecnología institucional, que no fue unilateral ni pasiva, respondió al decisivo incremento de la comercialización de productos en fresco como resultado de la producción plena de variedades cultivadas en etapas previas. Se consideraba que la incorporación de estos criterios iba a redundar en un incremento del consumo de frutas en fresco y la extensión de industrias derivadas e inducidas de la fruticultura. Asimismo, otro lineamiento asociado a la diversificación fue la promoción de «nuevas» industrias, a través del otorgamiento de primas y exenciones impositivas para la instalación de fábricas que procesaran productos agrícolas (conserveras) y/o subproductos de la vinificación (alcohol vínico, ácido tartárico), que abastecieran a otros sectores (cementera, papelera) y/o se tecnificaran para superar su carácter artesanal (destilerías y elaboración de frutas secas).

La atención estatal permite entonces sopesar su rol en la consolidación de un sector en expansión (el frutícola) y complejizar una visión previa del Estado en este período, como exclusivamente centrado en la implementación de políticas anticíclicas mediante la regulación de la industria vitivinícola.

2.2 La especialización productiva: del monocultivo vitivinícola a la extensión de los cultivos frutales

La idea de que las propuestas diversificadoras no implicaron la sustitución o el abandono de cultivos existentes se corrobora a partir de la distribución espacial de las nuevas plantaciones, así como de la incorporación de espacios donde la actividad agrícola había sido minoritaria. Para comprender este proceso, es importante saber que la economía de oasis estructura la provincia de Mendoza y determina de especial manera la organización de las actividades económico-productivas a partir del acceso al agua (Figura 1).

En la zona, hay tres grandes oasis: el Norte, regado por los ríos Mendoza y Tunuyán; el Centro-Oeste, por el río Tunuyán –además de otros arroyos y cauces menores–; y el Sur, principalmente por los ríos Atuel y Diamante. Ellos conforman tres sistemas distintos tanto por las condiciones medioambientales como por los niveles de interconexión que se fueron extendiendo en forma progresiva. De modo que la disponibilidad de servicios de comunicación y la ampliación de la red hídrica explican el desenvolvimiento diferencial de los espacios, como ha sido señalado para otros territorios con similares características ambientales (Cerutti, 2010, 2015).

En este proceso de incorporación de nuevas tierras y cultivos, el departamento San Rafael (oasis Sur) se erigió como núcleo de la diversificación agroindustrial, por lo que puede decirse que lideró una segunda modernización de la matriz productiva local, motorizada por la expansión de los frutales, primero, y por su industrialización, después. Ese departamento no representaba una extensión importante con viñedos (Tabla 1, Figura 1). Las estaciones del ramal del ferrocarril Gran Oeste Argentino comunicaban en forma directa la subregión Sur con el oasis Norte de la provincia y con el mercado de la región del Litoral desde 1903; luego, en 1908, el Ferrocarril Central Oeste compró tierras en Colonia Alvear –limítrofe de San Rafael– y amplió así la conexión con Buenos Aires y otras líneas secundarias. Estas conexiones ferroviarias fueron decisivas para el lugar prioritario que le cupo al departamento –y a la microrregión Sur– como productor de frutas y tomates –con respecto al oasis Norte– que eran comercializados en el Litoral argentino. En 1925, de las casi 5.700 ha cultivadas en la provincia, un 35% se concentraba en el Sur, zona secundada por Rivadavia y Junín (microrregión Este), sumando casi 1.216 ha cultivadas con frutales, con alta densidad y subdivisión de las propiedades.

En una etapa transicional, la década de 1920, caracterizada por la estabilidad económica local, el mayor incremento porcentual de superficies cultivadas con frutales se dio en las zonas del cercano Este y Valle de Uco, aunque en términos absolutos el crecimiento estuvo liderado por San Rafael. La década siguiente se caracterizó por el notorio incremento de los volúmenes comercializados y la continua ampliación de la superficie cultivada con frutales en el oasis Sur y en el Valle de Uco, es decir, zonas donde la actividad vitivinícola no era prioritaria, lo que permite cuestionar la asociación entre la extirpación de viñedos y su reemplazo por frutales.

Se identifican, a su vez, polos especializados en actividad frutícola en los departamentos del Valle de Uco –donde la actividad agrícola era inexistente hasta entonces– y del cercano este –donde podría constatarse un proceso de reconversión, probablemente por la existencia de pequeños productores afectados por las crisis previas–, al mismo tiempo que el decidido e ininterrumpido dinamismo del sur provincial, propiciado por la difusión de plantaciones de frutales hacia las zonas periféricas de la provincia¹⁰ (ver la Figura 1 y más adelante la Tabla 2). Esto último se debió a varios factores: condiciones climáticas y ambientales aptas para el cultivo de frutales, disponibilidad de tierra cultivable a menor precio que en el oasis Norte, una red hídrica apta para riego y conexiones ferroviarias directas con el mercado de consumo del Litoral y de Buenos Aires (Gran Oeste Argentino y BAP).

Asimismo, la extensión de estos cultivos se dio precisamente en espacios donde la vitivinicultura no era una actividad central, por lo que el discurso acerca de implantar nuevos cultivos como salida para las crisis vitivinícolas, o bien no hizo mella entre los productores con amplia tradición en ese sector, o bien estos mantuvieron sus explotaciones vitícolas y adquirieron nuevas parcelas para dedicarse a la actividad frutícola. Hasta el momento, no hemos podido verificar una migración «masiva» de viticultores hacia la fruticultura, sino, sobre todo, algunos casos de bodegueros industriales capitalizados que incorporaron nuevas tierras con frutales a sus explotaciones. Algunos, incluso, con un marcado grado de integración de toda la cadena.

Veamos entonces, brevemente, cuál fue el derrotero de esas iniciativas y las «oportunidades» que brindaban para que empresarios y productores atravesaran las coyunturas críticas.

3. Las formas de la diversificación en Mendoza. Un intento de periodización (1922-1939)

3.1 Diversificación moderada: la exportación de uva en fresco (1922)

Dinamizada desde principios de la década de 1920 en la denominada Zona Núcleo de difusión de la vitivinicultura de base capitalista (solo en los departamentos Godoy Cruz, Maipú, Guaymallén y Luján), la propuesta no implicó una reconversión en el uso productivo del espacio, sino el cultivo de variedades aptas para soportar largos traslados, puesto que se proyectaba comercializarlas en el extranjero, prioritariamente. Esto implicó cierta «ruptura» con el modelo vitivinícola moderno de orientación cuantitativa en un doble sentido: por un lado, para focalizar los esfuerzos en producir uva de calidad y estandarizada que respondiera a las demandas del consumidor, pero también a las disposiciones y reglamentaciones sanitarias internacionales; por otro lado, para orientar al subsector a mercados nuevos (Rodríguez Vázquez, 2016). En relación con esto último, la experiencia implicó un sostenido antecedente de exportación para una economía regional dependiente del mercado interno.

Además de los requerimientos técnicos –agrícolas y fitosanitarios– para volcarse a este emprendimiento, la posesión de tecnología de refrigeración y la conformación de redes comerciales resultaban decisivas para que tales experiencias se consolidaran en el tiempo y marcharan en la dirección de los pronósticos alentadores para el sector, dados sobre todo por la buena recepción de los envíos experimentales. Estas consideraciones permiten anticipar que solo un subsector de empresarios vitivinícolas integró tal experiencia, en tanto que «aprovechó» su conocimiento, capitales y vínculos comerciales previos para abastecer un mercado (Estados Unidos) liberado por la restricción impuesta a la uva procedente de Almería (España). Un ejemplo de esta trayectoria lo representa el destacado empresario vitivinícola Pedro Benegas, hijo del gobernador Tiburcio Benegas, quien fue un introductor temprano (1907-1913) de variedades y equipamientos. Él poseía, además, una casa comercial en Buenos Aires que lo vinculaba directamente con los exportadores, prescindiendo así de intermediarios y disponiendo de información preferencial sobre las condiciones del mercado. Este itinerario demuestra que una empresa que tradicionalmente había abastecido al mercado interno –con vinos comunes y finos– replanteó su estrategia comercial y orientó parte de sus recursos a nuevos sectores del mercado de consumo (cultivo de uvas finas para Estados Unidos), controlando prácticamente todos los eslabones de la cadena.

Hacia agosto de 1928, se formó la Sociedad de Productores de Uvas de Exportar, en una estrategia para lograr, corporativamente, beneficios sectoriales y, a su vez, diferenciarse del Centro Vitivinícola Nacional¹¹, entidad que nucleaba a los bodegueros más capitalizados. Inicialmente, tal sociedad se abocó a la defensa y promoción de la producción y el comercio de uvas de mesa de la provincia en el mercado exterior, a servicios de inspección en el extranjero¹² –tarea que hasta entonces cumplían los delegados del Ferrocarril BAP y los técnicos del Ministerio de Agricultura de la Nación (MAN)– y a la construcción de un depósito frigorífico¹³, concretada en 1931 en la ciudad de Mendoza. Aunque la incorporación de esta tecnología resultaba muy costosa, era decisiva para resolver el problema de conservación de una producción rápidamente perecedera¹⁴ y su acceso a la zona productora era una ventaja competitiva para la provincia, puesto que no se había extendido en otras zonas frutícolas. Sin embargo, su capacidad no era suficiente para cubrir la demanda creciente del servicio.

No obstante los promisorios pronósticos para el sector, la crisis de 1929 afectó al principal comprador de uvas en fresco (Estados Unidos) y con ello desplomó esas expectativas. Asimismo, el sector se vio afectado por la escasa disponibilidad de buques durante la Segunda Guerra Mundial; incluso el descenso de la comercialización en este rubro explicaría que uno de los emprendedores, el español Manuel Ruano, orientara inversiones a la fruticultura y lograra integrar las etapas de cultivo, empaque y comercialización a través de la contratación de agentes de venta exclusivos en el Litoral argentino.

3.2 Repercusión local de la política de sustitución de importaciones: las conservas de tomate

Otro de los cultivos que se originó y consolidó en la década de 1930 fue el del tomate, un alimento –en fresco e industrializado– incorporado a la dieta nacional por la importante participación poblacional de la inmigración italiana¹⁵. Los factores que incidieron en la expansión de esta agroindustria son de carácter macroeconómico. Primero, en el contexto de la crisis internacional y la consecuente ruptura de la multilateralidad del comercio y de los pagos, Argentina restringió, entre otras medidas, la entrada de bienes sustituibles y promovió los acuerdos bilaterales (Rapoport, 2000). En el caso del tomate, se observa una caída de su importación a partir de 1930, hasta que en 1933 una subida de su precio del orden del 126% (de 19 centavos a 43 centavos el kilo)¹⁶ impulsó la celebración de un acuerdo bilateral con Italia, el principal proveedor de pasta de tomate. Dicho acuerdo siguió un esquema común a otros tratados de esa década: rebaja de aranceles aduaneros a determinados productos agropecuarios y agroindustriales: carnes enfriadas, granos, lanas y cueros procedentes de Argentina; aceites, conservas y productos manufacturados –tejidos de seda, lana y algodón– italianos (República Argentina, 1934). Como resultado, se fortalecieron las condiciones para la comercialización del tomate industrializado local (pasta, extracto y conservas).

La rápida expansión de esta producción estuvo dada porque el tomate es un cultivo anual que necesitaba menos capital y podía reaccionar más ágilmente al comportamiento del mercado. Esto abrió un nicho que fue aprovechado por inversores privados que con antelación habrían estado ensayando su cultivo a gran escala y luego instalaron plantas procesadoras. Al menos hasta 1933-1934, la extensión cultivada con plantas de tomate en el oasis Sur (General Alvear) igualó y superó a la de frutales en un lapso muy breve. Las pequeñas explotaciones de colonos servirían para abastecer a esas fábricas, por lo general, en manos de empresarios extrarregionales. Sin embargo, esto iba a generar una coyuntura de superproducción que afectaría prontamente al sector (Barrio & Rodríguez Vázquez, 2018).

A poco de extenderse la superficie cultivada con tomates, se evidenciaron problemas similares a los de la etapa de implantación de la vitivinicultura de base capitalista: sobreproducción y falta de criterios técnicos que guiaran las labores culturales. Como probable consecuencia del acuerdo comercial con Italia y el floreciente interés de los pequeños productores locales en proveer de materia prima a las industrias locales, en la temporada 1934-1935 la superficie cultivada aumentó un 177% respecto del año anterior, superando ampliamente la demanda de las plantas procesadoras aledañas y de los mercados consumidores. Se generaron entonces dos respuestas: una mayor intervención del Estado y la disminución estrepitosa de las hectáreas cultivadas.

Aun así, la fabricación de conservas continuó como una alternativa en las industrias que también procesaban frutas. Los argumentos esgrimidos fueron similares a los utilizados con la fruta: la industria del tomate disminuía la vulnerabilidad de la producción de un bien perecedero, se podía regular la oferta, se satisfacía un mercado insatisfecho y se tenía mayor rentabilidad. De modo que una característica de este período es la conformación de fábricas multiproductos como estrategia ante ciclos críticos.

3.3 El motor de la diversificación: el cultivo de frutales

Es oportuno explicar que la expansión del desarrollo frutícola regional argentino tuvo como epicentro el Alto Valle del Río Negro (Patagonia), caracterizado por la conformación de un entramado de productores minifundistas, muy vulnerables frente a empresas extranjeras integradas verticalmente y dotadas de tecnologías avanzadas y vinculadas con otros agentes económicos. En este proceso, el capital británico –a través de la acción de la empresa Ferrocarril Sud– fue decisivo para la reconversión de los cultivos (Miranda, 1992; Bandieri & Blanco, 2007; De Jong, 2010). La continuidad geográfica entre Mendoza y la Patagonia argentina permiten pensar que la experiencia rionegrina funcionó como modelo a imitar en el caso mendocino. Asimismo, se ha sostenido que las políticas públicas agrarias implementadas por el MAN durante la década de 1930 junto con el impulso de la prensa especializada (Ospital, 2013) incidieron en la extensión de cultivos frutícolas en Mendoza.

Ahora bien, las explotaciones frutales en la provincia datan de fines del siglo XIX, intercaladas con viñedos y destinadas para el autoconsumo. Tanto desde el discurso técnico como desde la dirigencia local y desde las entidades vitivinícolas, hubo consenso en que el fomento estatal de la fruticultura iba a dotar a este sector de la competitividad necesaria para incorporarse al mercado de consumo nacional y dinamizar la economía local. Quizá con base en esas consideraciones, el frutícola fue el sector que más atención estatal recibió en términos de mecanismos de promoción (créditos, facilidades para la compra de maquinarias, distribución de semillas) y regulación (legislación específica sobre empaque y envíos, organización de dependencias estatales afines). Ya en 1907 se había intentado estimular cultivos accesorios (frutales, olivos), aunque la iniciativa fue infructuosa en términos de extensión de cultivos ante la preferencia por los viñedos, que atravesaban una etapa de boom. Con posterioridad, en la década de 1920 se ensayaron proyectos similares para la expansión de cultivos frutales. Como resultado, hacia fines de esa década se observa el incremento notorio de explotaciones agrícolas, que entrarían en producción precisamente en la década de 1930 (Tabla 2).

De este modo, el contexto crítico que caracterizó a la vitivinicultura por esos años tuvo como contrapartida el florecimiento de la comercialización de frutas hacia el Litoral, incorporándose sin dilaciones al paradigma nacional de diversificación agroindustrial y desarrollo del mercado interno como alternativa, total o parcial, a la economía abierta (Bacolla, 2008). Tal proceso no estuvo exento de conflictos, lo que marcó, precisamente, una de las mayores vulnerabilidades del sector. En efecto, el promisorio e incesante incremento de la producción frutal encontró, prontamente, obstáculos para insertarse en un mercado de consumo nacional en el que convergían también las producciones del Delta del Tigre y del Alto Valle del Río Negro.

Esta problemática intentó ser resuelta en diversas oportunidades por los empresarios desde una vertiente asociativa. Por ejemplo, en 1913 se formó una cooperativa de venta de frutas y vinos mendocinos y naranjas correntinas –estableciendo un acuerdo hasta entonces inédito con productores de otra provincia–, pero tuvo una existencia efímera por las dificultades para insertarse en un mercado controlado por una importante red de agentes e intermediarios extrarregionales.

Los escuetos envíos de la segunda mitad de la década de 1920 fueron sucedidos por un aumento global del 117% en las temporadas comerciales 1932-1933 a 1938-1939, destacándose los duraznos y peras característicos del oasis Sur (Tabla 3). La «elección» de esta variedad de frutas –dada por las condiciones ambientales adecuadas– implicaba entrar en competencia con la producción característica de la Patagonia (peras) y del Delta del Tigre (duraznos). Sin duda, a partir de la temporada 1932-1933 y, marcadamente, desde 1935-1936, se inició un boom comercial para el sector –en contraste entonces con la coyuntura del sector vitivinícola– que permite entender y redimensionar el especial interés que prestó el Estado provincial al diseño de criterios sobre empaque y traslado de frutas y a la dotación de infraestructura y personal capacitado técnicamente para ello. Este corpus apostaba a la estandarización, por un lado, de la producción, selección y empaque de frutas frescas y, por el otro, de los productos industrializados, lo que era fundamental para la inserción de esa producción en mercados nacionales y extranjeros.

El volumen creciente –pero aún moderado en relación con los recursos que movilizaba la vitivinicultura incluso en períodos críticos– de los envíos echa por tierra entonces la posibilidad de una crisis de sobreproducción, como se aducía desde la prensa y algunos agrónomos. En rigor, lo que se detecta son cuellos de botella o inconvenientes para insertarse en el mercado consumidor. Es importante aclarar que la comercialización estaba atravesada por dos etapas fundamentales: la conservación en frigoríficos y la distribución. Esta última conecta varias fases: estandarización, transporte y venta. Desde el lado de la «oferta», se adjudicaba el fracaso de la distribución a que la mercadería debía pasar necesariamente por Buenos Aires –aunque las ventas fueran en otras provincias–, a la falta de frigoríficos regionales y a dificultades para organizar cooperativas. Al respecto, se explicaba que «para Mendoza sería una gran ventaja, si su producción pudiera ser trasladada a las provincias del Norte del país, sin pasar obligatoriamente por la Capital, como sucede ahora con los envíos a las localidades que no están dentro de la zona servida por el ferrocarril» (Wetzler, 1941, p. 69). Sin embargo, el mercado de distribución de frutas se encontraba en Buenos Aires, lo que determinaba que toda la producción pasara por allí antes de su destino final (Wetzler, 1941, p. 45).

Por otro lado, las «casas fruteras» imponían precios excesivos, «por lo que la fruta termina siendo un artículo de lujo y se impide su popularización», categoría esta en la que entraban «los puesteros del mercado central»¹⁷. Tales cuestionamientos remiten a las críticas a los intermediarios como agentes parasitarios de la cadena. Sin embargo, el conocimiento de esas facetas pone en duda dicha caracterización peyorativa y los ubica como agentes necesarios para la efectiva colocación de la producción (Lluch, 2015, pp. 17-19), puesto que disponían de información crucial para garantizar la conservación de la mercadería –esto es, contactos con los frigoríficos– y concretar las ventas a través de su vinculación con agentes mayoristas y minoristas. En efecto, varios empresarios locales contrataban consignatarios del Litoral para la colocación de la producción. No obstante la crítica a la concentración de los envíos a Buenos Aires, debe advertirse que esa ciudad representaba el mayor aglomerado poblacional con capacidad de compra (Tabla 4) y disponía de la tecnología de refrigeración, prácticamente inexistente en el resto de las provincias¹⁸. Finalmente, la salida al mar abría la posibilidad de comercializar la fruta en Europa y Norteamérica.

Estas consideraciones dan cuenta de la complejidad intrínseca para la colocación de la creciente producción de fruta en el mercado de consumo y permiten interponer la idea de que las dificultades iniciales que atravesó el sector no tenían que ver tanto con crisis de sobreproducción –cuestión que sí iba a aparecer sobre todo a partir de la temporada 1942-1943–, sino con la posibilidad de acceder a tecnologías y canales de distribución que garantizaran la comercialización. Vale mencionar que estos problemas animaron proyectos para la industrialización de fruta (secaderos y conserveras)¹⁹ que cobraron centralidad hacia fines de la década de 1930.

La imposibilidad de organizar envíos escalonados –mediante variedades que maduraran en distintas épocas del año– junto con el acelerado proceso de maduración de las frutas y la escasa disponibilidad de bodegas por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, hicieron eclosión hacia 1939, como producto de las dificultades para colocar las frutas de la Patagonia –especialmente peras– en el extranjero²⁰.

Se detectan en esta coyuntura, diversos intentos para estimular el consumo y regular el mercado. Un antecedente puede verse cuando el MAN organizó un mercado distribuidor de fruta en los centros de consumo de la Capital Federal y de la zona del Litoral, aunque Cuyo no pudo plegarse a esa iniciativa por las distancias que debía recorrer la producción. Similar proyecto fue retomado en 1933 mediante la organización de una cámara concentradora de frutas, para lograr el abaratamiento de la fruta fresca en los sectores populares²¹. Dos años después, el MAN presentó un proyecto, en conjunto con municipalidades de grandes metrópolis, para fomentar el consumo y la venta directa de fruta de Río Negro, Mendoza y San Juan mediante asociaciones de productores y para evitar, así, a los intermediarios²². Esta fue una iniciativa de dudosa concreción, pues el consumidor debía encargar la fruta, pagarla –junto con el costo de envío– y luego recibirla. Más tarde, en 1939, se volvió sobre un plan similar a través de la Dirección de Frutas y Hortalizas del mismo ministerio para intensificar la venta de peras Williams en los comercios minoristas de todo el país (puestos municipales de Capital Federal, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, Santa Fe y Tucumán). Los productores que adhirieran a este plan –previa inscripción en un registro especial²³– cobrarían entre 4 y 5 centavos por cajón y concertaban el precio minorista de la fruta en 25 centavos el kg. A su vez, se fijó un precio de venta sobre vagón de 2,9 pesos por caja de 20 kg para gastos de cosecha, clasificación, empaque, acarreo y valor de la fruta²⁴. Con esto se buscaba, por un lado, evitar que las empresas empacadoras y/o los consignatarios depreciaran el pago a los productores primarios²⁵ y, por el otro, la fijación de precios para estimular el consumo de un bien rápidamente perecedero y con sobre-stock. Como resultado del plan del ministerio, se colocaron 50.000 cajones (1.000 toneladas) en «el interior» y 90.000 cajones en la Capital Federal, es decir, 3.000 toneladas²⁶. En total, esto equivalía a la cuarta parte de lo comercializado en la temporada 1937-1938 desde Mendoza.

En simultáneo, el Gobierno provincial firmó un convenio con la misma finalidad, aunque más ambicioso, puesto que se preveía una mayor colocación de la fruta a partir de un acuerdo con la Sociedad de Agentes Distribuidores de Frutas Argentinas (Sadfa). La firma se comprometía a colocar 150.000 cajones (de 35 kg) de peras Williams, pagando 6 centavos al productor y vendiéndolos a 30 centavos el kg²⁷. Este precio de venta –acordado finalmente en 20 centavos, es decir, 5 centavos menos que el de las peras del plan del MAN– favorecería la efectiva colocación de la producción y estimularía un régimen dietético saludable en los sectores medios y populares. Sin embargo, el convenio presentaba algunos rasgos «ingenuos»: por un lado, anunciaba la eliminación de intermediarios («parásitos») –pero ¿qué rol cumplía entonces Sadfa?–, lo que iba a significar el consecuente abaratamiento de la fruta y con ello un inmediato y drástico aumento del consumo; por otro lado, no se advirtieron variables para alentar el consumo –como la posibilidad de realizar envíos escalonados– ni variables técnicas –capacidad de los frigoríficos en los puntos de destino²⁸, adecuación a requerimientos técnicos de empaque–, tampoco la situación de saturación del mercado dada por el ingreso de fruta de la Patagonia.

De los 140 productores que se acogieron inicialmente al convenio del Gobierno provincial, solo quedaron 50 y sobre el total de cajones comprometidos por la empresa, solo se enviaron 28.000²⁹; e incluso en diciembre de 1940, la Sadfa aún no había pagado a varios productores del sur que habían firmado el acuerdo³⁰. Si bien el Gobierno calificaba el plan como satisfactorio porque se había prescindido de los intermediarios, la entidad fue la que nucleó todas las operaciones de intermediación y distribución de la mercadería. No es algo menor señalar que estas propuestas se realizaron en el marco de un debate acerca de la regulación y fiscalización estatal sobre el mercado y la posibilidad de conformar «bolsas de frutas», fuertemente rechazada por la Corporación Frutícola Argentina³¹ –entidad que nucleaba a los exportadores de frutas de todo el país–. Si bien esta reconocía que los precios más bajos iban a redundar en un mayor consumo entre las clases populares, cuestionaba abiertamente la injerencia estatal en esa iniciativa³².

Otra respuesta a esta coyuntura fue el impulso estatal a la Federación de Productores Frutícolas para organizar la comercialización y ganar nuevos mercados³³, federación que, en primer lugar, presentó un «plan de emergencia»³⁴ para potenciar los envíos al norte argentino como alternativa al saturado mercado del Litoral; pero no detectamos su concreción. Sin embargo, estas experiencias fallidas funcionaron como fundamento para alentar la organización de los productores, la planificación de los cultivos, el diseño de normas de calidad para la producción, la eliminación de la intermediación comercial y la industrialización del excedente (conservas). Todo ello, se dio en el marco de una concepción «dirigista» del Estado, es decir, de un conjunto de medidas destinadas a establecer condiciones de equilibrio en el mercado y asegurar la continuidad del ciclo de la producción primaria, entre otros aspectos, como la política monetaria y crediticia (Berrotarán, 2003; Jauregui, 2005).

Conclusión. ¿Cómo posibilitaron las crisis vitivinícolas la diversificación productiva en Mendoza?

En primer lugar, como respuesta mediata de las crisis que afectaron a la producción en las primeras décadas del siglo XX, se observa un temprano e intenso debate acerca de la necesidad de diversificar los cultivos en la provincia, para luego definir los carriles sobre los que se iba a erigir ese proyecto. Dicho debate complementó los diagnósticos y propuestas de regulación e intervención estatal para superar esas coyunturas adversas. En efecto, hubo un consenso generalizado acerca de que el monocultivo vitivinícola implicaba un ciclo intermitente de boom y crisis de sobreproducción, ciclo que solo se podría matizar a través de la extensión de otras manifestaciones agrícolas para su comercialización en fresco en mercados del Litoral argentino y en el extranjero.

Como consecuencia, los períodos de estabilidad económica aportaron el contexto para la puesta en marcha de estos proyectos, que tuvieron más rasgos de experimentación y de prueba y error que de premeditada planificación. Aun así, en este proceso intervinieron diversos sectores, especialmente el técnico-estatal, los empresarios y productores y el ferrocarril BAP como agente de divulgación de conocimientos técnicos y controlando el servicio de traslado de la mercadería. Los casos aquí reconstruidos (exportación de variedades finas de uva en fresco, industria del tomate y fruticultura) evidencian algunas particularidades en su derrotero. En el caso de la exportación de uva, hubo intentos de un reducido grupo de empresarios fuertemente capitalizados con acceso a tecnologías y conocimientos sobre las tendencias del mercado, pero que rápidamente se vieron afectados por la crisis de 1929. La industria del tomate surgió al amparo estatal (por un acuerdo bilateral con Italia) con el objeto de estimular su cultivo entre productores primarios de zonas deprimidas que abastecerían a industrias aledañas; no obstante la crisis de sobreproducción que padeció, el sector logró reacomodarse y mantener un lugar primigenio por varias décadas. Finalmente, el proceso diversificador estuvo impulsado por la fruticultura, que durante varios años ocupó un rango importante dentro de la producción agrícola –y también de conservas– provincial y nacional; sus manifestaciones, ya desde la década de 1920, verifican envíos experimentales para insertarse en mercados foráneos y la extensión de cultivos frutales en parcelas con mayor grado de especialización a partir de mecanismos impulsados por la administración radical lencinista (1918-1928).

Esta atención del Estado provincial, por un lado, demuestra que, no obstante la centralidad en el diseño de políticas reguladoras de la vitivinicultura por ser la principal fuente de recursos fiscales, se observa un relativo proceso de complejización para fomentar y atender las demandas de sectores que comenzaban a posicionarse en el escenario productivo y económico local. Por otro lado, prueba que los orígenes de la fruticultura intensiva se centran en la década de 1920, y no fueron una consecuencia del programa regulador de la oferta aplicado por la Junta en la segunda mitad de la década de 1930. Tampoco se advierte un proceso de sustitución automática de las explotaciones vitivinícolas por otros cultivos.

Para entonces es posible identificar ya la consolidación de la fruticultura, en un marcado contraste con la coyuntura crítica que atravesaba la vitivinicultura, que confirma la idea de que esas producciones complementarias funcionarían como marco de contención para matizar los ciclos depresivos de la principal industria. Es importante señalar que las políticas de orientación frutícola discutidas e implementadas durante los Gobiernos neoconservadores tuvieron un carácter más regulatorio que rasgos de intervención sobre el mercado, puesto que se diseñó y articuló una tecnología de control y estandarización de la creciente producción frutícola –comercializada prioritariamente en el mercado nacional– con el objetivo de ordenar una producción que se incrementaba sobre bases técnicas lábiles. El Estado comenzó, así, a ocuparse no solo de normas para el empaque y comercialización sino también de niveles crecientes de calidad de los productos. Sin embargo, quedó pendiente el control de los niveles de producción con el consecuente riesgo latente de la sobreproducción de un bien prescindible y/o no extendido en la dieta de los sectores populares.

El decidido énfasis en el mercado nacional para la producción frutícola regional puede explicarse, desde un punto de vista macro, por la crisis de 1929, que restringió la entrada de alimentos del exterior –generando un nicho para los bienes alimenticios nacionales–, lo que impulsó que las experiencias previas de diversificación productiva regional entraran en una etapa de consolidación. Desde el punto de vista regional, también incidió la experiencia fallida de exportación de uvas y el predominio de la zona valletana en esos destinos, alentada por los vínculos comerciales y empresarios del capital británico en el Alto Valle de Río Negro.

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Artículo recibido el 11 de mayo de 2018

Artículo aprobado para su publicación el 10 de diciembre de 2018

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1 Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación Plurianual (PIP) Conicet 2015-2017 «Agentes estatales, trabajadores y empresarios en las transformaciones políticas, económico-sociales y territoriales en la provincia de Mendoza entre el lencinismo y los albores del peronismo» y del proyecto de la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado (Sectyp) 2016-2018 «El Estado regulador durante la década de 1930: crisis vitivinícola, diversificación productiva, conocimiento técnico y obras de infraestructura», dirigidos por el doctor Rodolfo Richard-Jorba y la doctora Patricia Barrio, respectivamente. Una versión preliminar fue presentada en la II Reunión Tendencias y Debates en Historia Económica Argentina: Coyunturas de Crisis Económica desde la Perspectiva Regional-Provincial en la Argentina de los Siglos XIX a XXI, organizado por la Asociación Argentina de Historia Económica (Universidad Nacional de Jujuy) en octubre de 2017. La autora agradece los comentarios vertidos en esa oportunidad, así como los de los anónimos evaluadores de Apuntes.

2 La Ley N° 12355 instrumentó la compra de 20.000.000 de quintales de uva (1.300.000 pertenecientes a Mendoza) en zonas típicamente vitivinícolas. El Estado compró en 1935 un total de 3.084.080 quintales de uva para luego eliminarlos, provenientes de 45.648 hectáreas (ha); es decir, casi la mitad de la producción de Mendoza, cuyo 86% pertenecía a los viñateros sin bodega y 50% a uva francesa, proveniente en un 50% de propiedades no mayores a 5 ha.

3 En este sentido, es meritorio rescatar la propuesta de Carmona, Colomé, Pan-Montojo y Simpson (2001), que señalan los cambios forzosamente introducidos en la vitivinicultura española tras la crisis desatada por la filoxera: adopción de nuevas variedades y técnicas para la reconversión masiva del viñedo y diversificación de los mercados; aunque en este caso permaneció el patrón de elaboración de cultivo de variedades viníferas.

4 Algunos estudios enfatizan que la diversificación plena de la agricultura mendocina no ha sido posible a lo largo del siglo XX porque no constituye una alternativa válida, en términos económicos, al viñedo (Olguín, 2014; Tacchini, 2018).

5 La Palabra (1918).

6 Como es sabido, las tarifas aduaneras altas y el crecimiento del mercado local crearon las condiciones para que las empresas de bienes de consumo masivo encontraran más económico procesarlos en la proximidad a sus mercados que importarlos. Un analista contemporáneo observaba «la tendencia hacia una mayor participación de la producción del país en los consumos, debido a la constante diversificación de la producción local y al desarrollo de la manufactura» (Bunge, 1940/1984, pp. 197-198).

7 Gobierno liderado por José Néstor Lencinas (cfr. Rodríguez, 1979; Lacoste, 1994). Richard-Jorba (2014) disiente acerca del carácter revolucionario del lencinismo y lo caracteriza como una etapa reformadora, cuyas mayores expresiones se dieron en el tratamiento de la cuestión social, el abordaje de condiciones de vida de los sectores populares y el diseño de una política económica de mayor intervención, con atisbos de mayor autarquía. No obstante la imposibilidad institucional de concretarla acabadamente, esta idea puede vincularse a un «clima de época», en el que se debatía la orientación exportadora de la producción agropecuaria argentina frente al agotamiento de la frontera productiva.

8 La política económica de Lencinas estuvo signada por una fuerte intervención en la fijación de precios, de manera de evitar la depreciación de la uva por maniobras especuladoras de los bodegueros. Un análisis de los fundamentos políticos y económicos de los orígenes del lencinismo radical puede verse en Olguín (1956) y otro más reciente en Richard-Jorba (2014). Mateu e Iriart (2018) han reflexionado sobre las propuestas de «militantes lencinistas» para resolver los desequilibrios de la vitivinicultura en el período de entreguerras. Desde la sociología, se consideró a dicha política económica «como el intento de modificar las reglas de juego del modelo económico de la oligarquía, con un doble sentido: para expulsar de la organización económica a la oligarquía bodeguera y debilitar la dominación de la burguesía» (Martín, 1992, p. 132).

9 Gobierno de Ricardo Videla (1932 y 1935), sucedido por su ministro de Hacienda Guillermo Cano (1935 y 1938), por Rodolfo Corominas Segura (1938-1941) y por Adolfo Vicchi, que continuó el ciclo neoconservador (1941-1943). La administración de Cano coincidió con la implementación de los planes de la Junta Reguladora de Vinos.

10 Los consejos e informes técnicos elaborados por el BAP coincidían en la formación de zonas especializadas en determinadas variedades de frutas, por criterios ambientales y también económicos (cfr. por ejemplo, Revista Mensual BAP, Nº 175, junio de 1932). Los ensayos de adaptación en chacras experimentales y formación de viveros eran dirigidos y supervisados por los técnicos del BAP (como Mario Estrada), quienes alternaban esta actividad con visitas a ciudades frutícolas modelo de Estados Unidos y Europa.

11 Entidades con fines similares se formaron en San Juan entre 1928 y 1931.

12 Asimismo, en 1929 representó a un consorcio de empresarios mendocinos en Estados Unidos para concretar la venta de la producción local en aquel país (Los Andes, 19 de agosto de 1929, 20 de septiembre de 1929, p. 5).

13 Los Andes (20 de agosto de 1928, p. 5).

14 Desde 1914, diversos actores económicos e institucionales estudiaron técnicas de refrigeración para vagones y el traslado de frutas entre Mendoza y Buenos Aires con distintos grados de eficacia en sus resultados. No obstante algunos antecedentes, la concreción más importante al respecto es la que se menciona en este trabajo. Con motivo de la inauguración del depósito frigorífico, el diario Los Andes expresó: «[…] los fruticultores mendocinos han cumplido el programa concerniente a sus deberes de instituir el medio o factor […] a fin de expansionar la economía frutícola […] e intensificar la exportación» (26 de marzo de 1931), aseveración que da cuenta de la repercusión del frigorífico entre los productores locales.

15 Desde 1918, la pasta de tomate fue uno de los alimentos importados más consumidos en Argentina (Fernández, 2004, p. 8).

16 Boletín Agrícola (1935).

17 Los Andes (26 de enero de 1936).

18 Esta situación explica los numerosos proyectos de ley presentados desde la segunda mitad de la década de 1930 por representantes legislativos de distintas provincias para la construcción de frigoríficos regionales, por ejemplo, una red de galpones de empaque (limpieza, clasificación y empaque) y frigoríficos (quince en zonas frutícolas y tres en zonas de embarque). Poco después, otro proyecto, de Simón Padrós (diputado nacional por Tucumán), proponía la creación de cuatro frigoríficos regionales en zonas frutícolas del país –aunque otro texto indicaba ocho frigoríficos y ocho galpones de empaque, con vistas a controlar eventuales sobreproducciones– (Los Andes, 13 de junio, 15 de junio y 29 de julio de 1938).

19 Los Andes (28 de abril de 1938).

20 Río Negro fue la provincia más castigada, puesto que disminuyó su exportación –especialmente de peras– en más de 20.000 toneladas (Wetzler, 1941, p. 75).

21 Los Andes (19 de abril de 1933)

22 Los Andes (21 de enero de 1935).

23 Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, BOPM (1938).

24 Victoria (21 de enero, 4 de febrero de 1939).

25 Los precios pagados al productor independiente se denominan de «primera venta», es decir, los que recibe el productor por su fruta en el momento en que es colocada en el galpón de empaque. Son fijados arbitrariamente por la firma (galpón de empaque con sistemas frigoríficos de conservación y funciones de comercialización interna y exportación) (De Jong, 2010).

26 Victoria (8 de abril de 1939).

27 Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, BOPM (1938).

28 La conservación en frigoríficos permite, además, descongestionar la producción que por su simultaneidad supera las posibilidades de absorción del consumo.

29 Los Andes (2 a 14 de marzo de 1939).

30 Los Andes (16 de febrero de 1939); Victoria (9 de diciembre de 1940).

31 Revista de la Corporación Frutícola Argentina (1939, pp. 8-11).

32 Revista de la Corporación Frutícola Argentina (1939).

33 Victoria (26 de noviembre de 1938).

34 Los Andes (7 de enero de 1939).