Introducción

Desde el retorno de la democracia en 1983, las relaciones entre los poderes político y eclesiástico en Argentina fueron tanto de confrontación como de acercamiento. Las presidencias de Raúl Alfonsín (1983-1989), Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) se caracterizaron por mantener un vínculo de conflictividad con la jerarquía de la Iglesia católica, lo que propició un contexto de oportunidades políticas para la ampliación de los derechos a la ciudadanía sexual y la diversidad sexogenérica, históricamente demandados por el movimiento feminista y las disidencias sexuales.

La Ley de Divorcio (Ley 2393) sancionada en 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, fue duramente cuestionada y combatida por la Iglesia católica; y lo mismo sucedió respecto al levantamiento que dicho Gobierno hizo de las restricciones que obstaculizaban el acceso a los métodos anticonceptivos. Ambas medidas fueron consideradas por la Iglesia católica como una amenaza para la preservación de la institución de la familia y de la moral sexual de la nación. Por su parte, los distanciamientos entre Néstor Kirchner y la jerarquía episcopal estuvieron fundados, entre otros aspectos, en el avance que su Gobierno hizo en políticas públicas vinculadas al ejercicio y reconocimiento de los derechos sexuales y (no) reproductivos; en los acercamientos políticos que integrantes de su gabinete mantuvieron con sectores del catolicismo disidente y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En cambio, la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se caracterizó por mantener una relación política ambivalente con la Iglesia, ya que, si bien existieron momentos de tensión con los obispos -debido al apoyo a la Ley de Matrimonio Igualitario (Ley 26618) y a la Ley de Identidad de Género (Ley 26743)-, su postura opositora a la legalización del aborto le permitió articular una relación de acercamiento con la jerarquía eclesiástica.

En contraste con los Gobiernos mencionados en el párrafo anterior, las presidencias de Carlos Menem (1989-1999), Fernando De la Rúa (1999-2001) y Eduardo Duhalde (2002-2003) fueron de connivencia política con la Iglesia católica. El vínculo de acercamiento entre Carlos Menem y las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se sostuvo en la postura opositora del Gobierno al aborto y a los derechos sexuales y (no) reproductivos. Estos últimos fueron tema de discusión de la V Conferencia de Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 1995), organizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y donde los representantes del Estado argentino oficiaron como aliados del Vaticano, considerando estos derechos dentro de los perjuicios ocasionados por la ideología de género. Asimismo, y en el plano local, el menemismo buscó atender las prerrogativas de la Iglesia católica, que presionaba por incorporar al proyecto de Reforma de la Constitución Nacional Argentina de 1994 una cláusula de reconocimiento de los embriones/fetos como personas jurídicas desde el momento de la concepción, a la vez que pretendía la declaración de inconstitucionalidad para toda tentativa de legalización del aborto en el país. De igual manera, Fernando de la Rúa pretendió continuar con la línea del menemismo haciendo de la oposición al aborto un nexo político entre su Gobierno y los obispos. Sin embargo, la crisis socioeconómica y político-institucional que atravesó la Argentina en 2001 concluyó con la renuncia de De la Rúa a la presidencia y la asunción de Eduardo Duhalde como presidente transicional entre los años 2002 y 2003. Si bien este último se caracterizó por ser un actor cercano a las filas conservadoras del catolicismo y mantener una postura reticente hacia el aborto, su relación con la Iglesia Católica transitó por momentos de debilidad, productode la adhesión que representantes de su Gobierno hicieron a la sanción de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley 25673).

Este artículo repara, además, en el análisis del posicionamiento que tuvo la Iglesia católica en el debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri. Dicho proyecto de ley logró obtener media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, pero resultó finalmente denegado por voto mayoritario en el Senado. Hasta el momento, el aborto, en Argentina, es considerado una práctica ilegal seguida de penalización, salvo causales reguladas por el artículo 86 del Código Penal de la Nación (CPN) en los siguientes puntos: (1) cuando se encuentra en riesgo la vida y la salud de la mujer y (2) cuando el embarazo es producto de una violación. El denegado proyecto de ley ampliaba el derecho de todas las mujeres a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional, preservando el modelo de causales para casos de violación y de riesgos para la salud y la vida de la madre, y agregando la posibilidad de acceder a un aborto terapeútico ante casos de malformaciones fetales graves. Quienes desde la militancia feminista y la dirigencia política se posicionaron a favor de la Ley de IVE, lo hicieron sobre la base de considerar el problema del aborto clandestino como la primera causa de mortalidad materna en el país; en cambio, para la Iglesia católica, se trataba de una propuesta de ley que pregonaba el infanticidio y el crimen de niños inocentes en el vientre materno. Dicho debate significó un momento histórico para Argentina, dado que implicó la movilización masiva de la sociedad civil proveniente de sectores vinculados al catolicismo y a las Iglesias evangélicas, así como a organizaciones feministas identificadas con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El objetivo de este artículo es dar cuenta de los distintos escenarios y coyunturas sociopolíticas de la democracia argentina en los que el poder eclesiástico ha contribuido a obstruir el reconocimiento de los derechos sexuales y (no) reproductivos e interceptar toda propuesta de legalización/despenalización del aborto. La relación entre los Gobiernos presidenciales y la Iglesia católica respecto a los debates por la ciudadanía sexual ha sido de marcadas contradicciones y/o consensos, pero también de indecidibilidades, oscilaciones y claroscuros políticos. Para la realización del presente escrito, se procedió a la revisión metódica y sistemática de fuentes documentales que incluyen homilías, cartas pastorales, declaraciones episcopales y materiales extraídos de los boletines de la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA), así como del Archivo Histórico del Arzobispado de Buenos Aires y de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). También se trabajó con fuentes de los principales periódicos de circulación masiva del país, entre ellos los diarios Página/12, La Nación, Clarín, Crónica y Perfil; y publicaciones pertenecientes a organizaciones feministas, como la revista Nuevos Aportes, y de organizaciones civiles católicas opositoras al aborto, como Aciprensa y la Revista Familia y Vida.

1. La Iglesia católica en tiempos de la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989): conflictos sobre la Ley de Divorcio y el "peligro" de legalización del aborto en democracia

Las relaciones entre el Gobierno de Raúl Alfonsín y la Iglesia católica fueron de constantes tensiones y conflictos. Desde sus inicios, el alfonsinismo se presentó como un Gobierno democrático que venía a poner límites a las injerencias del poder eclesiástico sobre las políticas de Estado. Históricamente, en Argentina, la Iglesia católica se caracterizó por utilizar las estructuras estatales con el propósito de extender y reproducir su programa pastoral al conjunto de la sociedad civil en cuestiones como el dictado de la educación religiosa en las escuelas públicas y la regulación de la sexualidad y el matrimonio. La llegada a la presidencia de Raúl Alfonsín en representación de la Unión Cívica Radical (UCR) -partido político de perfil laico y anticlerical- significaba, para las autoridades de la Iglesia, una pérdida de poder y una amenaza para la preservación de los valores cristianos del país. En efecto, el compromiso asumido por el alfonsinismo en la defensa de los derechos humanos y la restauración del Estado de derecho posdictadura militar reavivó en el espacio público la presencia de colectivos de mujeres vinculados al feminismo, quienes vieron en la apertura democrática de 1983 y en el anticlericalismo de la UCR un contexto de oportunidades políticas para el reconocimiento y la ampliación de los derechos a la ciudadanía sexual (^{Di Marco, 2012}; ^{Brown, 2014}).

En América Latina, los procesos de democratización que advinieron con el fin de las dictaduras militares tuvieron como correlato la activación en la esfera pública de demandas por la concreción de un Estado laico, ajeno a los intereses y prerrogativas de los poderes eclesiásticos (^{Blancarte, 2015}). En particular, el Gobierno de Raúl Alfonsín en Argentina se caracterizó por fomentar un proceso de modernización y laicización del Estado (^{Ezcurra, 1988}; ^{Dri, 1997}; ^{Martín, 2009}; ^{Mallimaci, 2015}); así, el impulso y sanción de la Ley de Divorcio (1987) fue uno de los puntos clave que marcaron su distanciamiento de la Iglesia católica. Otros puntos clave fueron: el proyecto político del alfonsinismo de promover un modelo de educación pública laica, y las políticas públicas de planificación familiar basadas en el reconocimiento de las parejas a decidir libremente en el terreno de los derechos sexuales y (no) reproductivos. En 1986, el Gobierno de la UCR procedió, mediante el Decreto Presidencial 2274, a poner fin a los obstáculos que, en el acceso a los métodos anticonceptivos, habían impuesto tanto la dictadura militar (1976-1983) como el tercer Gobierno peronista (1973-1976). Estos últimos habían desplegado políticas pronatalistas -apelando al discurso de la escasez demográfica como un problema que afectaba la defensa de la soberanía del territorio nacional (^{Cepeda, 2008}; ^{Felitti, 2012})- en lo que se denominó el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional. Por medio del Decreto 659 (1974), el Gobierno de Juan Domingo Perón restringió la comercialización y venta libre de pastillas anticonceptivas. Asimismo, prohibió actividades relacionadas con el control de la natalidad en el sistema público de salud. En 1977, el Gobierno de la dictadura ratificó dicho decreto anteponiendo también como argumento el bajo crecimiento demográfico y el descenso de la tasa de natalidad, y considerando que las políticas de control poblacional tenían como trasfondo intereses foráneos que ponían en riesgo la soberanía nacional.

El levantamiento de las restricciones al acceso a los métodos anticonceptivos por parte del Gobierno de la UCR significó un avance importante en el reconocimiento del derecho de las parejas a decidir de manera libre y responsable sobre la planificación familiar. Dicha acción de gobierno se dio en el marco de la suscripción que la Argentina hizo, en 1985, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw por sus siglas en inglés), que recomendaba a los Estados nación no incurrir en la aplicación de políticas demográficas coercitivas que afectasen el desarrollo de la autonomía reproductiva de las mujeres. A propósito de ello, el Ministerio de Salud de la Nación procedió a atender las recomendaciones de las Naciones Unidas realizando campañas informativas sobre el uso de métodos anticonceptivos, además de incorporar la entrega gratuita de pastillas en los centros asistenciales de salud pública. Para la Iglesia católica, dicha política de Estado contribuía a subvertir la relación natural entre sexo y procreación; mientras que asociaciones civiles, tales como el Consorcio de Médicos Católicos y la Sociedad Argentina de Ética y Moral Médica y Biológica (Saemb) montaron campañas publicitarias para informar a la opinión pública sobre los efectos abortivos de las píldoras anticonceptivas.

El 7 de noviembre de 1983, y con inmediata posterioridad a las elecciones presidenciales que dieron como ganador al partido de la UCR, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) publicó un documento titulado Ante la nueva etapa del país (AICA, 7/11/1983). En dicho escrito,los obispos exhortaron al nuevo Gobierno a no incidir en el tema del aborto y el divorcio, y a respetar el modelo de la familia heterosexual como una institución que preexiste culturalmente al Estado. En consecuencia, con la aprobación de la Ley de Divorcio en 1987, la relación tensa entre el Gobierno de la UCR y la Iglesia católica tendió a recrudecer. Para los obispos, la presidencia de Raúl Alfonsín denotaba una clara aversión por los valores cristianos, y la aprobación de dicha ley significaba el riesgo de advenimiento de la legalización del aborto en el país. Desde la cúpula eclesiástica, se organizaron movilizaciones en la esfera pública para protestar en contra del Gobierno. Obispos como Emilio Ogñenovich (obispo de Mercedes) y Juan Carlos Aramburu (arzobispo de Buenos Aires) fueron los principales referentes y encabezaron los reclamos de la feligresía católica. No obstante, otro de los focos de conflicto entre la Iglesia y el Gobierno de la UCR había sido la realización del Segundo Congreso Pedagógico Nacional (1984) ante la propuesta del presidente Alfonsín de reorganizar la educación pública bajo parámetros laicos e introducir en las escuelas la enseñanza de la educación sexual (^{Esquivel, 2004}; ^{Fabris, 2011}).

En definitiva, el retorno de la democracia en 1983 significó la presencia del movimiento de mujeres en la esfera pública, y, en ese marco, tuvieron visibilidad demandas vinculadas al reconocimiento de los derechos sexuales y (no) reproductivos y a la legalización del aborto. En 1988, en Buenos Aires, surgió la Comisión por el Derecho al Aborto (Codeab), un espacio conformado por mujeres con trayectoria militante en el feminismo que habían sido exiliadas del país durante los años recientes de la dictadura militar. Para las integrantes de la Codeab, la clandestinidad del aborto era una problemática de salud pública que afectaba de manera directa a las mujeres de sectores socioeconómicos más desaventajados. El tema de la interrupción voluntaria del embarazo ya se había hecho presente durante la celebración del primer Encuentro Nacional de Mujeres (Buenos Aires, 1986), instancia en la que también se trataron cuestiones como la violencia doméstica y los derechos a la participación política femenina². En suma, el período de transición democrática en Argentina habilitó la inscripción de demandas de las organizaciones feministas en el espacio público. Pero, si bien se trató de un escenario político favorable para la concreción de derechos como la Ley de Divorcio y la remoción de barreras que obstruían el acceso a los métodos anticonceptivos seguros, no fue hasta la década del 1990 que el aborto logró alcanzar mayor visibilidad como tema de debate y discusión sociopolítica.

2. La cruzada antiabortista: relaciones entre la jerarquía eclesiástica y el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999)

Desde los inicios de su candidatura a la presidencia de Argentina en 1989, Carlos Menem contó con el aval y el apoyo de la Iglesia católica. Durante su campaña electoral, el candidato por el Partido Justicialista (PJ) demostró compromiso y proximidad ideológica con los principios del catolicismo, en tanto que su competidor y candidato a presidente en representación de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo César Angeloz, era rechazado por los miembros del clero tras la experiencia política del alfonsinismo. En pleno escenario electoral, los obispos se pronunciaron a favor de la elección de candidatos antiabortistas y que mantuvieran compromiso con la defensa del modelo de la familia católica. El arribo de Carlos Menem a la presidencia implicó, para la Iglesia católica, la posibilidad de retomar su lugar de poder sobre el Estado y, a la vez, de volver a constituirse en fuente de legitimidad de los procesos políticos e institucionales.

A diferencia de lo sucedido durante la presidencia de Raúl Alfonsín, las primeras acciones de gobierno de Carlos Menem fueron de concomitancia con los intereses de la jerarquía eclesiástica. Ejemplos de ello fueron el nombramiento de intelectuales orgánicos del catolicismo para ocupar cargos de jerarquía en el Ministerio de Educación de la Nación y el posicionamiento antiabortista que el propio Menem asumió tanto en el escenario político local como en el internacional. Carlos Menem fue uno de los principales aliados del Vaticano en las Conferencias de El Cairo (1994) y Pekín (1995), adoptando una postura antiabortista y de no reconocimiento de los derechos sexuales y (no) reproductivos. El exmandatario argentino tuvo además la particularidad de oficiar como creador de alianzas políticas con otros jefes de Estado de Latinoamérica, convenciéndolos de adoptar una postura contraria al aborto en las Naciones Unidas. En el plano local, las declaraciones públicas de rechazo a la legalización del aborto por parte del presidente Menem tuvieron como compensación el apoyo político de la jerarquía eclesiástica. En diversas oportunidades, Menem se encargó de hacer pronunciamientos antiabortistas que generaron certidumbre en la Iglesia católica. En 1994, y en vísperas de la celebración de la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo, Menem envió una carta a Juan Pablo II manifestando que en la Argentina el aborto no iba a ser impulsado bajo ninguna opción (AICA, 11/5/1994). El mismo año, y en un discurso ofrecido en ocasión del lanzamiento del Plan Materno Infantil, declaró que la vida comienza desde el momento de la concepción y que el aborto debía ser considerado como un delito penal (AICA, 11/5/1994).

En 1994, Carlos Menem impulsó el proyecto de Reforma de la Constitución Nacional Argentina con el objetivo de ser reelecto como presidente para un segundo mandato. Dicho escenario resultó propicio para la jerarquía de la Iglesia católica, que procedió a presionar a los convencionales constituyentes, y al propio Menem, para incorporar al Preámbulo de la Constitución Nacional la referencia a Dios como fuente de toda razón y justicia, y para incluir en la nueva carta magna una cláusula antiabortista. El escenario de la Reforma dio lugar a sucesivas instancias de lobby político entre los obispos y los asambleístas constituyentes, en especial con aquellos/as que pertenecían a la corriente política del oficialismo. Rodolfo Barra, ministro de Justicia de la Nación, fue uno de los principales operadores políticos del lobby de la Iglesia (Página/12, 13/8/1994). El hecho de incorporar una cláusula antiaborto al texto de la Constitución Nacional significaba la posibilidad de evitar, en un futuro inmediato, toda posible propuesta de ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. Por su parte, y en medio del debate de la Reforma, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitió un documento titulado En favor de la vida, en el que se dirigía a los asambleístas constituyentes para advertirles que "autorizando el aborto, el Estado introduciría el principio que legitima la violencia contra el inocente indefenso y renunciaría a defender el derecho de los más débiles" (Comisión Permanente del Episcopado Argentino, AICA, 11/8/1994). En la misma línea, durante una entrevista pública, el cardenal Antonio Quarracino -presidente de la CEA- declaró que quienes quisieran promover el aborto en Argentina serían juzgados por la historia como "criminales" y "responsables de la matanza de niños inocentes" (Clarín, 17/6/1994).

La postura asumida en contra del aborto permitió a Carlos Menem fortalecer sus vínculos políticos con la jerarquía eclesiástica. Así, además de Antonio Quarracino, Menem contó con el apoyo de obispos del ala más conservadora de la Iglesia católica, como Raúl Francisco Primatesta, Juan Rodolfo Laise, Juan Carlos Maccarone, Héctor Aguer y Alfonso Delgado, quienes veían al presidente como un estandarte de la lucha antiabortista y un férreo defensor de la cultura católica. Sin embargo, la política económica neoliberal aplicada durante el menemismo -privatización de las empresas públicas, desregulación económica, flexibilización laboral, aumento del desempleo-generó la reacción de un sector importante de obispos que resultaron críticos del Gobierno. Entre estos, obispos como Estanislao Karlic, Jorge Casaretto, Miguel Hesayne, Jorge Novak, Italo Di Stefano, Justo Laguna y Jaime De Nevares consideraban que la supuesta defensa del derecho a la vida, impulsada por el propio Menem, resultaba un acto demagógico ycontradictorio con el incremento de los índices de pobreza y el deterioro del bienestar de la sociedad. A propósito de ello, el obispo de Viedma, Miguel Hesayne, envió una carta al presidente Menem en la que le increpaba no tener autoridad moral para hablar en nombre del derecho a la vida cuando en Argentina preocupaban la agudización de la desigualdad y el incremento de la pobreza (AICA, 5/1/1994).

El objetivo de la Iglesia católica de incorporar al texto de la Constitución Nacional una cláusula antiaborto fue finalmente fallido, producto de la resistencia feminista y de la actitud de un grupo de convencionales constituyentes pertenecientes a la Unión Cívica Radical (UCR) y al Frente Grande, y de un sector de mujeres del Partido Justicialista (PJ), entre las que se encontraban Virginia Franganillo, Marcela Durrieu y Juliana Marino. La avanzada de la Iglesia católica y de sectores políticos conservadores durante el escenario de la reforma constitucional activó la movilización de colectivos feministas en las calles. En dicho año, se produjo la emergencia del colectivo de Mujeres Autoconvocadas para Decidir en Libertad (Madel), un frente multisectorial conformado por alrededor de 100 organizaciones de mujeres de diversos perfiles políticos, provenientes de la militancia sindical y de organizaciones de base de la sociedad civil. Desde Madel, se llevaron adelante una diversidad de acciones de lucha para contrarrestar las presiones de la Iglesia católica en torno a la clausura del debate por el aborto. Entre las más destacadas, se encuentran las movilizaciones en la esfera pública, el lobby con los/las convencionales constituyentes y la publicación de solicitadas en los principales diarios del país con el objeto de combatir los embates del fundamentalismo católico e instalar en la opinión pública el aborto como una problemática de salud pública y de derechos humanos de las mujeres (^{Gutiérrez, 2002}, 2009; ^{Bellucci, 2014}). En una nota publicada en el diario Página/12, las integrantes de Madel se dirigían al presidente Menem cuestionando su ignorancia encuanto a la situación de las mujeres que morían a causa de la clandestinidad del aborto y que, producto de su penalización, eran coaccionadas a asumir una maternidad forzada y de riesgo.

En conjunto con Madel, la Comisión por el Derecho al Aborto (Codeab) adquirió en la década de 1990 un protagonismo central en la lucha por la legalización/despenalización del aborto. En 1991, las integrantes de la Codeab mantuvieron altercados con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Antonio Quarracino, quien las había difamado acusándolas de corruptas y de promover el aborto como negocio. Desde la Codeab respondieron a las descalificaciones del obispo retrotrayendo a la memoria las complicidades de la Iglesia católica con la desaparición forzada de personas durante la dictadura militar de 1976-1983. Tanto Madel como la Codeab reclamaban al Estado la aplicación de políticas públicas que tuvieran por finalidad evitar la propagación de las muertes de mujeres por abortos inducidos. En 1994, y en pleno contexto de la reforma constitucional, Dora Coledesky -militante y referente de la Codeab- increpó al presidente Menem por su doble moral frente a la defensa de la vida, identificándolo como responsable de las muertes de mujeres por abortos inseguros, el aumento de la pobreza y el desmantelamiento del sistema público de salud debido a las consecuencias de su política económica de gobierno.

En 1998, Carlos Menem firmó el Decreto 1406, que instauró en Argentina el 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer. Argentina fue un país pionero a nivel mundial en celebrar dicho acontecimiento. La primera celebración oficial ocurrió el 25 de marzo de 1999 en el teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires y contó con la presencia de representantes de la jerarquía eclesiástica local e invitados especiales como Bernard Law (arzobispo de Boston, Estados Unidos), Francisco Gil Hellín (secretario del Pontificio Consejo para la Familia del Vaticano) y Renato Martino (observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas). Participaron además representantes de organizaciones provida de Latinoamérica y miembros de las Iglesias ortodoxas y cristianas, y de las religiones judía y musulmana. Además, Juan Pablo II envió una carta al presidente Menem expresando su reconocimiento por el compromiso asumido con la defensa de la vida de los no nacidos. El mismo año, y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Codeab emitió un comunicado en el que se convocaba al movimiento de mujeres a redoblar la lucha por la despenalización del aborto en Argentina. En el documento, la Codeab criticabaa la Iglesia católica y a Juan Pablo II por sus connivencias políticas con las recientes dictaduras militares en Latinoamérica y sus hipocresías con la defensa de la vida (Codeab, 8/3/1999). En el mes de septiembre, y en una nueva solicitada en el diario Página/12, la entidad desestimó la campaña antiabortista del presidente Menem haciendo alusión a declaraciones públicas de su exesposa, Zulema Yoma, quien, en una entrevista reciente, había revelado que en el año 1969 había abortado con el consentimiento de su pareja en ese entonces (Página/12, 28/9/1999).

3. En búsqueda de la bendición clerical: las posturas antiabortistas de Fernando De la Rúa (1999-2001) y Eduardo Duhalde (2002-2003)

El tema del aborto no quedó ajeno a las elecciones presidenciales de 1999. Los principales candidatos a presidente de la Nación, Fernando De la Rúa -en representación del espacio político de la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, una coalición política entre la UCR y el Frepaso (que nucleaba un sector no oficialista del Partido Justicialista [PJ] enfrentado con el menemismo)- y Eduardo Duhalde -del Partido Justicialista-, incluyeron en sus plataformas electorales su oposición a la interrupción voluntaria del embarazo. Ambos candidatos procuraban hacer de su oposición al aborto un nexo político con la jerarquía eclesiástica, al mismo tiempo que pretendían buscar la adhesión del electorado católico. En vísperas del día de las elecciones, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en conjunto con la Santa Sede, organizó en la Ciudad de Buenos Aires el III Encuentro de Legisladores y Políticos de América Latina. Tanto De la Rúa como Duhalde fueron invitados a participar, y el aborto fue uno de los temas principales de la jornada. Ante la presencia de los miembros del clero, el candidato de la Alianza hizo explícito su rechazo a la legalización del aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo, a la vez que señaló que el apoyo económico a las mujeres embarazadas sería uno de los principales ejes de su gobierno (La Nación, 5/08/1999). Lo mismo hizo el candidato por el PJ, quien manifestó su compromiso de mantener a la Argentina en el camino de la defensa de la familia y la vida, tanto en el plano nacional como en el internacional, y en coincidencia con el Vaticano (Página/12, 7/8/1999).

La postura de Fernando De la Rúa no significó hegemonía en el interior del espacio político de la Alianza, donde figuras como Alfredo Bravo y Graciela Fernández Meijide se declararon públicamente a favor de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Esta última había participado como convencional constituyente en 1994 y había sido una de las opositoras al proyecto del menemismo y de la Iglesia católica para incorporar al texto de la Constitución Nacional una cláusula antiabortista. Los candidatos del PJ intentaron capitalizar las diferencias en el interior de la Alianza con el objeto de competir por el apoyo del poder eclesiástico. En este sentido, el entonces contrincante de Fernández Meijide por la gobernación de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, no tardó en calificarla como enemiga de los dogmas de la Iglesia católica y como "propiciadora del asesinato de bebés en el vientre materno" (Página/12, 7/8/1999).

Fernando De la Rúa resultó ganador de las elecciones presidenciales de 1999 y el tema del aborto fue motivo de disidencias entre los/as integrantes de su Gobierno. Pero la discusión no solo pasaba por el tema del aborto, sino también por el impulso del proyecto de Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, que generó la reacción de la Iglesia católica y de obispos como Jorge Luis Lona, quien advertía sobre los riesgos que dicha propuesta legislativa suponía en términos de la propagación de la "cultura de la muerte: aborto y anticoncepción" (Jorge Luis Lona, obispo de San Luis, AICA, 10/5/2001). Pese a las presiones de la Iglesia católica, en 2001, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, que finalmente fue tratada y aprobada por el Senado en el año 2002. Envuelto en un escenario de crisis social e institucionalidad política, Fernando De la Rúa renunció a la presidencia en diciembre de 2001³.

Eduardo Duhalde asumió como presidente transicional y durante su gestión convocó a la conformación de la Mesa del Diálogo Argentino, un espacio integrado por representantes de distintos sectores sociales con el propósito de arribar a acuerdos estratégicos para afrontar la crisis social y política por la que transitaba el país. La Iglesia católica fue convocada a participar de dicha mesa en un acto de reconocimiento del Gobierno como institución clave de la sociedad argentina y como hacedora del consenso nacional frente al desprestigio de la dirigencia política (^{Martín, 2008}; ^{Amegeiras, 2008}). Pese a sus acercamientos, la relación entre el Gobierno y la Iglesia no estuvo exenta de tensiones. Duhalde designó a cargo del Ministerio de Salud de la Nación a Ginés González García, quien, junto con Hilda Beatriz Duhalde, promovió la sanción de la ley que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley 25673). Dicha acción de gobierno fue cuestionada por los obispos y por el Consorcio de Médicos Católicos, quienes consideraban que los objetivos de la ley suponían una legalización encubierta del aborto (AICA, 3/12/2002). La Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable incluía medidas tendientes a reducir los índices de morbimortalidad materno-infantil, prevenir embarazos no deseados, promover la salud sexual en la adolescencia, contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual (VIH/sida y patologías genitales y mamarias), y potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y (no) reproductiva.

La Iglesia católica intentó obstruir la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable y su posterior aplicación. Las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se opusieron a la entrega gratuita de métodos anticonceptivos en los establecimientos públicos de salud, a la vez que exigieron el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud que estuvieran en desacuerdo con la implementación de dicha legislación (AICA, 31/10/2002). Los obispos consideraban que el propósito antinatalista de la ley era una de las estrategias del Gobierno para salir de la crisis económica y social, y para cumplir con las exigencias de los organismos internacionales de crédito respecto del control poblacional. El obispo Guillermo Rodríguez Melgarejo, secretario general de la CEA, envió una carta pública al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, para repudiar y manifestar su desacuerdo con la inclusión, dentro del programa, de métodos contraceptivos como el DIU (dispositivo intrauterino), la llamada anticoncepción de emergencia (píldora del día después), la ligadura de trompas y la vasectomía, estas últimas consideradas como "mutilaciones del organismo humano contrarias a la moral que exige la preservación de la persona en su integridad natural" (AICA, 17/10/2002). En la carta, el obispo Rodríguez Melgarejo demandaba de manera explícita el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y, en sintonía con la Corporación de Abogados Católicos, consideraba que dicha disposición jurídica implicaba la intromisión estatal en el ámbito privativo de la familia, invadiendo el derecho y la potestad de los padres a la información y orientación de sus hijos/as en temas de sexualidad. Esto, considerando que la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable tenía como destinatario principal a la población adolescente para la provisión de conocimientos y recursos vinculados al cuidado en las relaciones sexuales y la prevención de embarazos no deseados.

Héctor Aguer, arzobispo de la Ciudad de La Plata, fue uno de los principales opositores al ministro de Salud de la Nación y al Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, pues consideraba que se trataba de la difusión de métodos anticonceptivos con fines abortivos (La Nación, 31/10/2002). Tras las presiones constantes ejercidas, la Iglesia católica logró que dicho programa no fuera efectuado de manera obligatoria en los centros de salud confesionales, y que las instituciones educativas de adscripción religiosa no estuvieran exigidas a impartir conocimientos sobre salud sexual a sus estudiantes (Página/12, 20/1/2003). Organizaciones civiles vinculadas a la Iglesia católica, como Portal de Belén (Córdoba), la Asociación Familia y Vida (Tucumán) y el Consorcio de Médicos Católicos (Capital Federal), presentaron amparos judiciales contra el Ministerio de Salud de la Nación con el objeto de exigir a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) la prohibición de la venta y distribución de anticonceptivos hormonales de emergencia -píldora del día después- y reclamar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) la invalidación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en todo el territorio nacional. Dichas apelaciones fueron dejadas sin efecto por la CSJN. Para Ginés González García, se trataba de la acción de "fanáticos religiosos" que tenían por interés "voltear leyes y políticas de salud" que contribuían a empoderar a las mujeres del derecho a decidir sobre su sexualidad y autonomía (no) reproductiva (La Nación, 7/9/2003). Los procesos de judicialización fueron el modus operandi de la jerarquía eclesiástica y de las ONG provida con la intención de obstaculizar el funcionamientos de programas y políticas públicos favorables al ejercicio de los derechos sexuales y (no) reproductivos en Argentina.

4. (Des)encuentros. La Iglesia católica y los debates por el aborto durante las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015)

En 2003, Néstor Kirchner asumió como presidente de Argentina en representación del Frente para la Victoria (FPV), una coalición política integrada mayoritariamente por referentes del PJ. A los pocos meses de ocupar su cargo en el Poder Ejecutivo de la Nación, Kirchner recibió en la Casa Rosada la visita de la conducción de la CEA. En la reunión participaron los obispos Eduardo Mirás (arzobispo de Rosario), Jorge Bergoglio (arzobispo de Buenos Aires), Domingo Castagna (arzobispo de Corrientes) y Sergio Fenoy (obispo auxiliar de Rosario). Durante el encuentro, Nestor Kirchner reconoció con beneplácito la labor social que llevaba adelante la Iglesia católica con los sectores más vulnerables, pero, al mismo tiempo, remarcó a los obispos que dicha institución debía "ser rectora de sus pensamientos y no de las acciones del Estado" (La Nación, 7/8/2003). Las declaraciones de Kirchner generaron disconformidad en el poder eclesiástico y, con el tiempo, la relación entre el Gobierno y la jerarquía de la Iglesia se fue tornando de conflicto y distanciamiento. Kirchner optó, en cambio, por la interlocución y el acercamiento político con sectores progresistas del catolicismo vinculados al trabajo con sectores populares -los denominados "curas villeros"-. Entre los aspectos centrales de su Gobierno caben destacar la revalorización de los derechos humanos como política de Estado (^{Lvovich & Bisquert, 2008}; ^{Barros, 2009}; ^{Andriotti Romanin, 2014}), la construcción de un liderazgo político con base en la memoria de la resistencia combativa de la década de 1970 en Argentina (^{Montero, 2012}) y la articulación política con organizaciones sociales de matriz nacional y popular enfrentadas con el modelo económico neoliberal (^{Pérez & Natalucci, 2010}; ^{Schuttenberg, 2011}; ^{Perelmiter, 2012}).

El aborto y los derechos sexuales y (no) reproductivos fueron puntos de tensión entre el Gobierno de Néstor Kirchner y la Iglesia católica. En el año 2004, el expresidente se había manifestado en contra del aborto, pero sosteniendo que en su Gobierno existía libertad de conciencia para quienes militaran y estuvieran a favor de su legalización. Las declaraciones de Kirchner se habían producido tras los cuestionamientos de las autoridades de la Iglesia católica a los pronunciamientos del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quién había opinado sobre la importancia de avanzar en una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Tal afirmación generó malestar en los obispos y, en particular, en el cardenal Renato Martino -presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz del Vaticano-, que se encontraba de visita en el país. Dicha controversia estuvo precedida de un cruce de acusaciones entre González García y el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, por el impulso de la educación sexual en las escuelas y por la distribución gratuita de profilácticos a la población adolescente en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Clarín, 27/11/2004).Otra de las confrontaciones que se evidenciaron en el mismo año entre el Gobierno y la Iglesia católica ocurrió a raíz de las postulaciones de Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco para ocupar cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Ambas juristas, propuestas por el Poder Ejecutivo, fueron objeto de campañas políticas de detracción por parte de los obispos y entidades como la Corporación de Abogados Católicos, por su adhesión a la legalización/despenalización del aborto y, en el caso de Argibay, por su condición de feminista y atea militante.

En 2005,un nuevo conflicto entre el Gobierno y la Iglesia católica tuvo otra vez como protagonista a Ginés González García. Este había vuelto a plantear el aborto como una problemática de salud pública que requería de la intervención del Estado: "Si el aborto se hubiera despenalizado, muchas de esas mamás que no concurren al médico, o que llegan al borde de la vida, se salvarían" (Ginés González García, Página/12, 14/2/2005).En consecuencia, el obispo Antonio Baseotto -vicario castrense- envió una carta al ministro de Salud para advertirle que sus dichos incurrían en la apología del delito de homicidio contra los no nacidos. Además, lo cuestionaba por inducir a los/as jóvenes a una "vida sexual prematura" al facilitarles el acceso a profilácticos y métodos anticonceptivos que derivarían en el "libertinaje sexual". Su condena, en términos bíblicos, lo consideraba merecedor de que "le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar" (AICA, 17/2/2005). Semanas antes del entrecruzamiento con Baseotto, González García había mantenido discrepancias con el obispo Héctor Aguer, quien sostenía que el proyecto de educación sexual en las escuelas tendía a promover la "corrupción sexual y la promiscuidad" en los/as adolescentes, y que el uso del preservativo no resultaba un método infalible para evitar el contagio del virus del VIH/sida (La Nación, 4/11/2005). Por su parte, los obispos Carmelo Giaquinta -Resistencia (Chaco)- y Luis Stöckler -Quilmes (Buenos Aires)- se acoplaron a las declaraciones de Baseotto y Aguer e incitaron a la desobediencia civil de la feligresía católica ante el inminente avance del proyecto de Ley de Educación Sexual Integral (AICA, 6/11/2005).

Las declaraciones del obispo Antonio Baseotto en las que sugiere arrojar al mar al ministro de Salud fueron repudiadas desde las esferas del Gobierno. Para Néstor Kirchner, las afirmaciones del prelado resultaban una apoteosis de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el período de terrorismo de Estado en la Argentina (1976-1983), cuando miles de los hoy desaparecidos eran adormecidos y lanzados desde aviones de las Fuerzas Aéreas a las profundidades del Río de la Plata en los llamados "vuelos de la muerte" (La Nación, 19/3/2005). La organización Madres de Plaza de Mayo se solidarizó con Ginés González García, y se sumó además el apoyo de un sector del catolicismo disidente, como Católicas por el Derecho a Decidir, identificado con el feminismo y crítico del patriarcado en la Iglesia católica. Néstor Kirchner solicitó,por intermedio de la Nunciatura Apostólica del Vaticano, la renuncia de Baseotto a su cargo de obispo castrense. Ante la negativa del Vaticano, Kirchner separó a Antonio Baseotto de su cargo de obispo castrense por decreto del Poder Ejecutivo, lo que contribuyó a profundizar la relación de conflicto entre el Gobierno y la Iglesia católica. Las declaraciones del obispo dieron lugar a denuncias judiciales por apología del crimen. Sin embargo, la jueza federal María Servini de Cubría sobreseyó a Basseoto argumentando que el obispo no había cometido delito alguno al citar una frase bíblica en la carta dirigida al ministro de Salud.

En 2006, se produjeron nuevos enfrentamientos entre la Iglesia católica y el presidente Néstor Kirchner debido a la ratificación que el Gobierno argentino hizo del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw). Para los obispos, la validación de dicho protocolo significaba dar lugar a las recomendaciones de los organismos internaciones de legalizar el aborto en Argentina. Asimismo, otro frente de conflicto entre el Gobierno y la Iglesia surgió a raíz de la sanción de la ley que dio origen al Programa de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas (Ley 26150). Los contenidos de dicha legislación fueron cuestionados por la jerarquía eclesiástica por entender que resultaban violatorios del derecho de las familias de instruir a sus hijos en temas de sexualidad. Para la CEA, el Estado solo debía tener un rol subsidiario en la educación sexual, y era obligación de este respetar el derecho natural e inalienable de los padres de elegir para sus hijos/as una educación sexual de acuerdo con sus principios y creencias (AICA, 6/1/2006). Durante los días de discusión y posterior votación de la Ley de ESI en el Congreso de la Nación, los obispos se encargaron de enviar mensajes personalizados a los/as diputados/as y senadores/as con el objeto de evitar su aprobación. Históricamente, en Argentina, la Iglesia católica tuvo injerencia en la definición de los contenidos educativos, y la ESI suponía la posibilidad de romper con dichas injerencias (^{Esquivel, 2013}). Para el Gobierno kirchnerista, la educación sexual integral resultaba una herramienta social necesaria, en cuanto estaba orientada a optimizar los propósitos del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. En el plano parlamentario, fueron impulsores de dicha ley refrentes del FPV, pero también de la UCR y del Partido Socialista.

Durante 2007, el Ministerio de Salud de la Nación puso en funcionamiento la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos No Punibles. Dicha guía se caracterizó por ser un instrumento público aplicado a la regulación y el establecimiento de pautas para la atención sanitaria de casos de interrupción legal del embarazo.Mediante tal dispositivo, el Gobierno procuró reducir la existencia de barreras institucionales que obstruyeran el acceso a los abortos en los hospitales públicos por causales de salud o abuso sexual, y a la vez minimizar los riesgos para la salud y la vida de las mujeres, favoreciendo una atención segura y de calidad de los abortos legales contemplados por el artículo 86 del Código Penal de la Nación. La figura de González García se convirtió en un nexo entre el Estado y las organizaciones feministas nucleadas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito puesto que coincidían en la necesidad de avanzar en la elaboración de herramientas que garantizaran el acceso a la práctica del aborto y en su tratamiento como una problemática de salud pública⁴. La puesta en marcha de dicho protocolo recrudeció la relación entre el Gobierno de Kirchner y la Iglesia católica, y obispos como Héctor Aguer se referían a dicha normativa como a un "permiso para matar" y un autoritarismo sobre el ejercicio de la práctica médica (AICA, 14/4/2007)⁵.

El 10 de diciembre de 2007, Cristina Fernández de Kirchner asumió como presidenta de Argentina. Su primer enfrentamiento con la Iglesia católica ocurrió en el año 2008, a raíz del conflicto que su Gobierno tuvo con las entidades agropecuarias por la retención impositiva a la exportación de cereales (^{Giarraca & Teubal, 2011}). El entonces arzobispo de Buenos Aires, y máxima autoridad de la CEA, Jorge Bergoglio, había reclamado a la presidenta que tuviera un "gesto de grandeza" que le permitiera destrabar la situación de conflicto con el mencionado sector. Néstor Kirchner salió en defensa de la mandataria cuestionando al propio Bergoglio por sus alegatos y afirmando que "los que piden gestos de grandeza, abogan por las desigualdades" (La Nación, 5/6/2008). En 2010, el conflicto con la Iglesia católica se profundizó tras la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario entre personas del mismo sexo (Ley 26618), lo cual significó el reconocimiento legal por parte del Estado hacia las parejas gay-lésbicas y la eliminación de la influencia religiosa en la regulación de la institución del matrimonio (^{Vaggione & Jones, 2015}; ^{Biglieri, 2013}; ^{Hiller, 2017}). Para los obispos, la aprobación de dicha ley suponía la alteración del orden jurídico argentino y la "subversión de la naturaleza biológica del matrimonio" (Jorge Luis Lona, obispo de San Luis, AICA, 17/6/2010). Otro de los altercados entre el Gobierno de Cristina Fernández y la jerarquía eclesiástica se dio en 2012 ante la aprobación de la Ley de Identidad de Género (Ley 26743), que reconoce el derecho de las personas a modificar su nombre de acuerdo con su identidad de género autopercibida y acceder a intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales de reasignación de sexo.

No obstante, en varias oportunidades, Cristina Fernández manifestó su rechazo a la legalización del aborto. Su primera afirmación pública sobre el tema ocurrió en 2003, mientras se desempeñaba como senadora nacional. En esa oportunidad, se encontraba de gira internacional en la ciudad de París y, ante la consulta de una periodista francesa sobre los derechos humanos de las mujeres y la despenalización del aborto en Argentina, respondió de manera contundente: "Yo no soy progre, soy peronista. El problema es que no lo entienden. [...] Además,yo estoy en contra del aborto" (La Nación, 27/11/2003). Una situación semejante ocurrió en el año 2007, cuando, ya en su cargo como presidenta de la Nación, decidió no acompañar el primer Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ante el Congreso de la Nación. Dicha postura fue revalidada en 2011, en ocasión de la visita a la Casa Rosada de las nuevas autoridades de la CEA: "Ustedes ya saben lo que pienso sobre ese tema" (Clarín, 15/11/2011)⁶. Las reiteradas posturas antiabortistas de Cristina Fernández generaron un marco de certidumbre en la jerarquía de la Iglesia católica, lo que le permitió construir una relación de proximidad con los obispos, a diferencia de lo sucedido durante la gestión de Néstor Kirchner. Por otra parte, en marzo de 2013, el cardenal Jorge Bergoglio fue designado Sumo Pontífice de la Iglesia católica y, desde ese momento, se produjeron diversos encuentros de acercamiento con Cristina Fernández en el Vaticano.

Además de los consensos creados alrededor del aborto, otro de los puntos de confluencia entre la Iglesia y el Gobierno de Cristina Fernández giró en torno a la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en 2014. Entre las concesiones realizadas por el Gobierno a las exigencias de los obispos, se destaca la permanencia del art. 19, que establece el reconocimiento de la persona humana desde la concepción, y la prohibición de la gestación por sustitución (alquiler de vientres). El Gobierno de Cristina Fernández, si bien tuvo la particularidad de avanzar en políticas y legislaciones vinculadas a la ampliación de los derechos de ciudadanía en materia de género, no contó, entre los temas de su agenda, con la legalización del aborto. Esto último generó el cuestionamiento de un sector importante de las organizaciones feministas, quienes la consideraron cómplice de los intereses de la Iglesia católica y responsable de la reproducción de muertes maternas por abortos clandestinos.

5. La Iglesia católica y el debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) durante la presidencia de Mauricio Macri (2018)

Mauricio Macri asumió como presidente de Argentina el 10 de diciembre de 2015, imponiéndose en elecciones al candidato del entonces partido gobernante, Daniel Scioli, del Frente Para la Victoria (FPV). El triunfo de Macri se caracterizó por ser la primera vez en la historia del país que una coalición partidaria de centroderecha, como Cambiemos, lograba alcanzar la presidencia. Se trató de la primera conquista electoral de un candidato que no pertenecía a los espacios políticos tradicionales del PJ y la UCR, que en 2005 había fundado un frente partidario propio, autodenominado Propuesta Republicana (PRO). Este tuvo la particularidad de emerger en el contexto de la crisis de representación política de 2001 y, desde sus inicios, estuvo conformado por actores provenientes del mundo empresarial privado y de organizaciones no gubernamentales (^{Vommaro, 2014}; ^{Morresi & Vommaro, 2014}; ^{Bohoslavsky & Morresi, 2016}). Tras ser electo en dos oportunidades (2007 y 2011) como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 2015, Mauricio Macri participó y triunfó en las elecciones a presidente de la Nación representando a la coalición política Cambiemos, la cual estuvo conformada por el mismo PRO, la Coalición Cívica ARI y un sector de centroderecha de la dirigencia de la UCR⁷.

Desde sus inicios en la política, la relación entre Macri y la Iglesia católica fue de distanciamiento. Durante su etapa como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su vínculo personal con Jorge Bergoglio estuvo atravesado por constantes desencuentros, producto de las críticas del prelado al capitalismo neoliberal y su simpatía ideológica con el peronismo. Previamente al balotaje de la elección presidencial de 2015, el Sumo Pontífice recibió en el Vaticano la visita de Cristina Fernández, junto con el candidato del FPV Daniel Scioli. La concreción de dicha visita generó malestar en la dirigencia de Cambienos, quienes consideraron que se trataba de un apoyo político del prelado hacia el candidato del kirchnerismo. Como contrarrespuesta, el asesor político de campaña de Macri, Jaime Durán Barba, declaró ante la prensa que "lo que diga o haga un Papa no cambia el voto ni de diez personas, aunque sea argentino o sueco", agregando que, durante el gobierno de Cambiemos, "el aborto será legalizado en Argentina" (Clarín, 19/11/2015). Tales afirmaciones fueron interpretadas como una provocación por parte de la jerarquía eclesiástica local, aunque inmediatamente, en 2016, el propio Macri se encargó de aclarar ante la prensa que el aborto no sería legalizado durante su presidencia: "Hay que defender la vida. Conmigo, despenalización del aborto no, ni pensarlo" (Perfil, 3/8/2016).

Por ello, la decisión de Mauricio Macri de habilitar el debate por la legalización del aborto en 2018 tomó por sorpresa a la Iglesia católica. En un principio, la actitud de los obispos fue moderada, pues interpretaron que se trataba de una operación política del Gobierno para invisibilizar la crisis social y económica del país, producto del aumento de la inflación y el incremento de la pobreza y los índices de desocupación. Pese a los vaticinios de la Iglesia, el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) -presentado por séptima vez por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito- prosperó a nivel político, logrando alcanzar tratamiento parlamentario y obteniendo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación: 129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención. Desde el poder eclesiástico, responsabilizaron al presidente Macri por instalar dicho debate en la agenda pública, mientras que en el interior del espacio dirigencial de Cambiemos existió heterogeneidad de posiciones entre quienes se pronunciaron de manera positiva o negativa respecto al aborto. Una vez avanzado el tema, la estrategia política de Mauricio Macri fue la de posicionarse en terreno neutral, aunque, en oportunidades, se encargó de hacer circular la versión de que, de aprobarse la ley, sería vetada por el Poder Ejecutivo. A su vez, desde el Gobierno, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, asumió una postura tajante y clara al manifestarse en contra del aborto, al que consideraba una práctica ilícita hasta en los casos de abuso sexual: "Lo que tiene una mujer adentro de su cuerpo no es su cuerpo porque tiene un ADN diferente al del papá y al de la mamá. Ningún ser humano puede decidir sobre la vida de otro" (La Nación, 10/6/2018).

El proyecto de Ley de IVE contó con el respaldo de legisladores/as de distintos bloques partidarios, entre ellos/as, Victoria Donda (Libres del Sur), Brenda Austin (UCR), Mónica Macha (FPV), Romina del Plá (Partido Obrero / Frente de Izquierda de los Trabajadores) y Daniel Lipovetzky (PRO). Previamente a la votación en Diputados, se realizaron reuniones de comisiones para las que se convocó a profesionales de la ciencia y técnica, expertos de las ciencias jurídicas, médicos/as e investigadores/as de las universidades públicas y privadas del país, con el propósito de debatir de modo integral los objetivos de la ley. Quienes se anunciaron a favor, desarrollaron argumentos con base en la necesidad de tratamiento del aborto como una problemática de salud pública, la urgencia de disminuir las estadísticas de mortalidad materna por abortos inseguros y la importancia de modernizar el marco jurídico que regula el aborto en Argentina. Por el contrario, quienes se manifestaron en contra, lo hicieron mediante argumentos centrados en la protección jurídica del derecho a la vida del feto desde la concepción, la criminalidad del aborto, y la colisión de derechos entre el embrión/feto y la mujer que decide abortar. Los debates con expertos continuaron posteriormente en la Reunión Plenaria de las Comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales y Constitucionales del Senado de la Nación, con anterioridad a su tratamiento y votación en la Cámara Alta⁸.

La votación de la Ley de IVE en el Senado de la Nación tuvo como resultado su denegación: 38 votos a favor y 31 en contra. Semanas antes, numerosos obispos reclamaron a los/as legisladores/as que se pronunciaran en contra de la propuesta de ley, en una actitud muy distinta a lo que había sido la postura endeble de la Iglesia católica durante el descenlace en Diputados. En esta oportunidad, la estrategia de los obispos fue acudir a la presión y el lobby político con los gobernadores y representantes legislativos de las provincias del interior del país para exhortarlos a optar por el voto negativo. Históricamente, en Argentina, la Cámara de Senadores se identifica como un ámbito conservador en materia de derechos de género. Por ello, en vísperas de la votación de la ley en la Cámara Alta, los obispos emitieron comunicados y brindaron homilías en sus respectivas provincias exigiendo la actitud y compromiso de los/as senadores/as con el derecho a la vida de los no nacidos: "No cedan ante la falacia de elegir entre una vida y otra, entre un derecho y otro, entre una persona y otra" (Ángel Macín, obispo de Reconquista, Santa Fe, AICA, 2/8/2018).

2018 fue un año histórico para el feminismo en Argentina, no solo por ser la primera vez que se logró discutir a nivel parlamentario un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino también por la movilización masiva que se observó en las calles en acompañamiento a las iniciativas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Se trató de un escenario clave para el movimiento feminista, tal como lo habían sido las recientes manifestaciones de Ni Una Menos contra los femicidios en 2015 y el Paro Internacional de Mujeres en 2016. Desde sus inicios, en 2005, la Campaña Nacional adoptó el pañuelo verde como símbolo iconográfico de la lucha por la legalización del aborto en Argentina y, durante los días del debate en Diputados y Senadores, sucesivas manifestaciones ocurrieron en todo el país en lo que se autodenominó la "marea verde" y los "pañuelazos". Como contraofensiva, los obispos incitaron a la comunidad de creyentes laicos a manifestarse en contra del aborto y organizarse en manifestaciones públicas en contra de la ley: "Esto no implica una espera pasiva mientras otros deciden. Es importante participar de todas las convocatorias a las diversas manifestaciones que ayuden a expresar el rechazo al aborto" (Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo, AICA, 5/8/2018).

Al igual que en Latinoamérica y en distintos países a escala transnacional, en Argentina, los grupos provida comprenden una red de actores interreligiosos cuyo protagonismo se fue incrementando en las últimas décadas a medida que se puso en discusión el reconocimiento de los derechos sexuales y (no) reproductivos (^{Vaggione, 2017}; ^{Gudiño Bessone, 2017}a; Morán Faúndes y Peñas Defago, 2015). Durante los días del debate por la ley de IVE, dichos grupos intensificaron su presencia en la esfera pública, y se realizaron diversas movilizaciones callejeras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en provincias del interior del país, como Tucumán, Mendoza, Chaco, Entre Ríos, Corrientes y Córdoba. La adopción del pañuelo celeste con la inscripción de la consigna "Salvemos las dos vidas" fue parte de la performance de las movilizaciones y protestas de los grupos antiabortistas en el espacio público, y en dichas manifestaciones participaron tanto actores de adscripción católica como de las Iglesias evangélicas. Las alianzas entre actores católicos y evangélicos en contraposición a la Ley de IVE y articulados en espacios políticos como Unidad Provida permiten dar cuenta de los impactos que, en el transcurso de la democracia, los movimientos feministas y de la diversidad sexual generaron sobre el campo de lo religioso en términos de su reconfiguración, su reposicionamiento, su dinámica y su desplazamiento de sentidos. Los actores religiosos son sujetos políticos que intervienen de manera activa en la arena democrática. Mientras tanto, en los últimos tiempos, la proliferación de colectivos y organizaciones "provida" en Argentina se ha convertido en una manifestación de cómo las propias religiones se van reinventando en la creación de núcleos de participación ciudadana que tienen por objetivo la defensa de una moral sexual religiosa enemistada con la "ideología de género", los cuales resultan claves en el sostenimiento de una agenda conservadora, heteronormativa y desfavorable a la ampliación de la ciudadanía sexual.

El debate por la Ley de IVE contribuyó a profundizar la relación de distanciamiento entre Mauricio Macri y la Iglesia católica, y quienes denotaron una mayor actitud crítica hacia el presidente fueron un sector de la jerarquía eclesiástica local próxima al papa Francisco. Seguidamente, un sector de la dirigencia política y sindical opositora al Gobierno de Macri hizo público su rechazo a la legalización del aborto y participó en una misa por la vida convocada por el obispo Oscar Ojea -presidente de la CEA- en la basílica de Luján. En representación del sindicalismo, se hicieron presentes figuras como Hugo Moyano (líder del Sindicato de Camioneros) y Hugo Yasky (secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA), mientras que, por parte del kirchnerismo, asistieron los diputados nacionales Daniel Scioli y Fernando Espinoza. Pese a sus reiterados y conocidos posicionamientos en contra del aborto, la propia Cristina Fernández había votado a favor de la Ley de IVE en su rol como senadora nacional. Sin embargo, a los pocos meses de asumir dicha decisión, Fernández llamó a la unidad entre quienes estuvieran a favor y en contra del aborto, con el fin de derrotar al Gobierno de Cambiemos, en un gesto político por no claudicar en su relación con la jerarquía eclesiástica y un intento por conservar el voto del electorado católico y evangélico de cara a las elecciones presidenciales de 2019: "La división no puede ser entre los que rezan y no rezan. Es una mala división que no es nacional ni popular. En nuestro espacio político hay pañuelos verdes y celestes. Tenemos que aprender a aceptar eso" (Cristina Fernández, La Nación, 19/11/2018). En síntesis, lo que quedó demostrado con la denegación de la Ley de IVE en 2018 es el lugar gravitante que continúa ocupando la Iglesia católica en la política argentina y sus injerencias determinantes en la definición de las políticas de Estado.

6. Conclusiones

En Argentina, en democracia, los conflictos por el reconocimiento de los derechos sexuales y (no) reproductivos y la legalización/despenalización del aborto tuvieron entre sus principales actores a la Iglesia católica y a las organizaciones feministas. La primera se caracterizó por sus constantes presiones al Estado en su intento por obstruir legislaciones favorables a estos conflictos, en un claro intento por resguardar la moral sexual católica como principio normativo e ideológico de ordenamiento cultural de la Nación. Las organizaciones feministas, en cambio, se abocaron a la lucha colectiva en la esfera pública para demandar la concreción de un Estado laico que garantice la no intromisión de los dogmas religiosos en la vida sexual y (no) reproductiva de las personas, y que atienda el aborto como un derecho de ciudadanía y una problemática de salud pública que afecta a las mujeres.

El aborto y los derechos sexuales y (no) reproductivos no fueron tratados del mismo modo por los distintos Gobiernos democráticos en Argentina y, la mayoría de las veces, estuvieron supeditados a las intrusiones de la Iglesia católica y sus influencias sobre el Estado. Hubo momentos en los que la relación conflictiva entre la Iglesia católica y los Gobiernos permitió avances en materia legislativa sobre los derechos a la autonomía sexual y (no) reproductiva de las mujeres, y otros en los que la hibridación entre lo político y lo religioso interceptó dicha posibilidad.

El objetivo de este artículo fue abordar las distintas etapas de conflicto y/o proximidades entre el poder político y eclesiástico en Argentina, desde la transición democrática en 1983 hasta el debate por la Ley de IVE en 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri. En líneas generales, la intención fue mostrar las tramas vinculares entre lo político y lo religioso y sus incidencias en la denegación de los derechos sexuales y (no) reproductivos. El artículo pretendió contribuir a entender el lugar que ocupan las instituciones religiosas en la política argentina, y comprender los modos en que las políticas de Estado han permanecido por momentos permeables a las intromisiones de la Iglesia católica. Desde el retorno del Estado de derecho en 1983, los conflictos sobre la ampliación y reconocimiento de los derechos a la ciudadanía sexual fueron ejes centrales de la dinámica de la democracia, y la Iglesia católica se caracterizó por su constante oposición al tema (^{Pecheny, Jones, & Ariza, 2016}).

El reciente debate por la Ley de IVE significó un escenario de oportunidades para las organizaciones feministas de Argentina, en tanto que les permitió demostrar su capacidad de movilización y convocatoria, e instalar en la agenda política y social el aborto como una problemática de salud pública y un derecho a la autonomía sexual y (no) reproductiva de las mujeres. La denegación de dicho proyecto de ley no hizo más que demostrar el arraigo confesional y conservador de una mayoría de la dirigencia política argentina, y el condicionamiento que continúa ejerciendo la jerarquía eclesiástica sobre las decisiones de Estado. Como plantean en sus análisis Fortunato ^{Mallimaci (2015}) y Juan Cruz ^{Esquivel (2015}), lo que prevalece en la cultura política argentina es la interconexión entre los principios y dogmas del catolicismo con la definición de las legislaciones, las políticas públicas y la construcción de los sentidos de la normatividad jurídica. Sin embargo, el tratamiento parlamentario por la legalización del aborto despertó el debate por la laicidad del Estado y planteó la discusión sobre la relación entre la política, la religión y la democracia (^{Felitti & Prieto, 2018}). Esto último teniendo en consideración el contexto sociopolítico actual de proliferación de demandas para la legalización del aborto, que permite visibilizar y poner en cuestión los modos históricos en que los derechos sexuales y (no) reproductivos han sido regulados e interceptados por los entrecruzamientos y permeabilidades entre la religión y la política.

El aborto, como problema de salud pública que afecta tanto a la Argentina como a otros países de Latinoamérica, pone de manifiesto las inconsistencias que existen entre la penalización de dicha práctica con relación a principios del sistema democrático como la igualdad y los derechos de ciudadanía de las mujeres. Lo que predomina es una correlación y permeabilidad permanente de sentidos entre formas de control de la sexualidad y el cuerpo de las mujeres, y discursos sociales hegemónicos y dominantes -religiosos, biomédicos y jurídicos- que cuestionan el derecho al aborto como una práctica moral ilegítima. Los obstáculos que existen en torno al ejercicio de los derechos sexuales y (no) reproductivos ponen en cuestión aspectos que contribuyen al desarrollo de las libertades y los derechos de las mujeres en democracia, al mismo tiempo que reflejan las debilidades e insuficiencias del derecho y de las políticas de Estado en cuestiones competentes a la profundización de la laicidad. En 2018, y como producto de la movilización colectiva de las organizaciones feministas, el aborto logró ser instalado como tema de debate en Argentina, lo que permitió ampliar las fronteras de lo decible y ubicó dicha temática tanto en el espacio público como en la agenda política. Como sostiene Mario ^{Pecheny (2014}), desde 1983, en Argentina, se registran avances importantes en materia de ciudadanía sexual, aunque la ilegalidad del aborto continúa siendo una deuda de la democracia. En este sentido, la denegación de la Ley de IVE confirma el carácter heteronormativo de un vasto sector de la dirigencia política, y los modos en que el desarrollo del sistema democrático supone el juego de intereses de sectores coorporativos.