Introducción

En este artículo abordamos la cuestión de los derechos de cuidados en América Latina, específicamente en Argentina y México, destacando, en particular, los procesos legislativos sobre sistemas integrales de cuidados en los niveles subnacionales y nacionales de dos casos: Ciudad de México (CDMX) en 2018 y 2019, y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en 2019, y los ámbitos legislativos nacionales de sus respectivos países en el presente.

La elección de los casos se funda en la relevancia que estos tienen en el mapa de las experiencias latinoamericanas. Como se mostrará enseguida, no son muchos los países que cuentan con iniciativas de creación de un sistema integral de cuidados. Después de la muy reconocida experiencia de Uruguay, Argentina y México son dos de los países más grandes que presentan avances en la materia. En la actualidad, ambas naciones se inscriben en el amplio arco de los denominados gobiernos progresistas, en el cual el actual gobierno México es considerado "progresista moderado" (^{Modonesi, 2021}). Ambos poseen una matriz federal y sus ciudades capitales son dos de los centros urbanos más grandes de la región. Históricamente, los gobiernos de estas urbes han ejercido su autonomía liderando la agenda de problemas sociales del Estado. Además, como sostienen Carla Zibecchi y Vilma Paura, es relevante considerar el lugar de los gobiernos subnacionales como una unidad de análisis (las autoras refieren a la generación de políticas sociales pero lo mismo puede decirse de los procesos legislativos), ya que identificar y caracterizar los arreglos institucionalizados de bienestar a escala subnacional se presenta como "una vía potente para captar la singularidad y la diversidad, y para discutir y aportar desde allí a una definición "nacional" que esté presente en una agenda de investigación futura" (Paura & Zibecchi, 2021, p. 28). En ambas ciudades hubo iniciativas de legislación sobre sistemas integrales de cuidado en 2018-2019 y, actualmente, existen procesos en curso a nivel nacional encabezados por legisladores de los mismos partidos políticos que presidieron los procedimientos en el nivel subnacional. Creemos que este es un dato que aporta a la comprensión del fenómeno que queremos estudiar y, por eso, centramos el análisis en los casos de Argentina y México en los dos niveles señalados.

Nuestro punto de partida es que los procedimientos legislativos sobre sistemas integrales de cuidado constituyen tentativas de reparación de las históricas violencias de género en América Latina y, por lo tanto, en su análisis, la consideración de las demandas de los movimientos de mujeres y feminismos es un aspecto crucial. La acción de estos movimientos sucede principalmente en las ciudades que, durante los últimos dos siglos, se han afirmado como el escenario principal para el activismo (^{Kern, 2020}).

En función de lo expuesto, en este artículo, nos aproximamos a los protocolos legislativos relativos a sistemas integrales de cuidado desde una perspectiva socio-histórica comparativa y de género en el ámbito de CDMX y CABA, y en el ámbito nacional de los respectivos países. Abordamos el estudio en relación a las condiciones sociales de violencias de género, y las dinámicas sociales y políticas que participan de la construcción de la demanda¹. Reconocemos al cuidado como un derecho universal: toda persona tiene derecho a cuidar, ser cuidado y a auto cuidarse (^{Pautassi, 2007}). Así, entendemos que los Estados tienen el deber de ser garantes fijando estándares para su implementación, y son un actor fundamental a la hora de atender la cuestión. En este artículo, examinamos al Estado en su brazo legislativo.

Para referirnos a la violencia, retomamos la idea que sostiene que el orden patriarcal de género desarrolla un "proyecto de dominación-explotación de la categoría social hombres (que) exige que su capacidad de mando sea auxiliada por la violencia" (^{Saffioti, 2018}, p. 585). Esta no es únicamente física sino que remite a conjunto de violencias más amplio que abarca "el entramado hetero-cis patriarcal en los diferentes niveles en los que opera (sexual, violencia económica, por nombrar algunas)" (^{Nijensohn, 2019}, p. 38-39). Las violencias de género que se encuentran en la base del sistema capitalista abarcan "desde el femicidio hasta las violencias sexuales o económicas, entre otras, comprendiendo que la sexual no es sino la punta del iceberg de toda una serie de agresiones, dentro de las cuales la económica adquiere especial importancia" (Nijensohn, 2018, p. 43). En este marco, entendemos que el trabajo de cuidado lleva consigo una forma particular de violencia económica, pero que también puede acarrear otras maneras.

Por otra parte, hoy se sabe que el cuidado ha estado históricamente asociado a las mujeres e identificado como un recurso natural de ellas con el objetivo de justificar la condición no paga (^{Federici, 2018}). Sobre esta situación se delimitó la división sexual del trabajo de forma jerarquizada, la explotación y la consecuente violencia hacia los cuerpos de las mujeres. Como nadie puede sobrevivir sin ser cuidado, esta tarea se transforma en un aspecto central del bienestar y del desarrollo humano y, por ende, de la sociedad (^{Faur & Jelin, 2013}). Utilizar el concepto "trabajo de cuidado" permite cambiar la óptica de la naturalización de la tarea como un aspecto inherente a la condición femenina a una mirada atenta a identificar quiénes son sus proveedores, las características peculiares de la labor y los derechos que la asisten. Recientemente los feminismos comenzaron a acuñar el concepto "economía del cuidado" para abordar este fenómeno. Con él se cuestionan "los modos en los que se genera distribución de los trabajos, los tiempos y los ingresos para poner la producción de bienestar en el centro del análisis" (^{Esquivel, 2011}, p. 23).

Como ya se ha mencionado, en este documento, planteamos la cuestión de los derechos que asisten al trabajo del cuidado a partir del análisis de los proyectos de ley². Para ello adoptamos el concepto "proceso legislativo" que refiere a la articulación de actos y procedimientos ordenados cronológicamente para la formación de leyes que resulta "de la correlación entre las condiciones sociales existentes y el orden jurídico disponible" (^{Giordano, 2013}, p. 26). Como metodología de investigación, asumimos la propuesta de ^{Facio (1992}) de "análisis de género del fenómeno legal" y tomamos los componentes "político-cultural" (p. 52) y "formal normativo" (p. 64). El primero alude a los sujetos que lo redactan, la doctrina jurídica que sirve para sustentarlo, las tradiciones valoradas y los intereses políticos y de los grupos sociales de mayor incidencia, entre otros elementos. El segundo se remite al texto en cuanto a su redacción literal.

Creemos que los derechos del cuidado han cobrado particular importancia en el contexto de emergencia de la pandemia por SARS-CoV-2. Esta agudizó la ya existente "crisis de los cuidados", pues evidenció que el aislamiento preventivo y obligatorio necesario para evitar los contagios se está pudiendo sostener gracias al trabajo no remunerado de cuidado de las mujeres e identidades feminizadas dentro de los hogares y que es necesario atender a esta problemática a partir de soluciones integrales (^{Pautassi, 2020}).

El artículo consta de tres partes. La primera presenta un mapa de situación de la cuestión de los derechos de cuidado en América Latina. Tomamos como fuentes la información disponible en los sitios gubernamentales de los países y de los organismos internacionales. La segunda parte examina los procesos legislativos en CDMX y CABA desde una perspectiva comparativa y de género. Para ello empleamos los textos de los proyectos de ley presentados en ambos espacios, notas de prensa y bibliografía específica. La tercera parte estudia las iniciativas en curso en el ámbito nacional. Para ello, analizamos fuentes parlamentarias y notas de prensa. Por último, en las conclusiones, revelamos algunas reflexiones de síntesis que surgen de los hallazgos más contundentes, que esperamos sean un aporte para desentrañar la complejidad de los procedimientos legislativos en materia de derechos del cuidado en América Latina.

Hacia sistemas integrales de cuidados en América Latina

Como se sabe las tareas de cuidado involucran todas aquellas actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la reproducción de las personas, brindándoles los elementos físicos y simbólicos que les permiten vivir en sociedad (^{Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado [MIPC], 2020}). Existe una distribución históricamente desigual de las responsabilidades del cuidado que se manifiesta, principalmente, en dos esferas: entre los hogares, el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias, y entre varones y mujeres (^{Rodríguez Enríquez, 2015}). Históricamente, también, ha primado un régimen "familista" mediante el cual se naturaliza una relación de explotación y de dominación que produce que el trabajo de cuidado recaiga en general sobre las mujeres y que este sea no remunerado (^{Batthyány, 2015}; Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento [CIPPEC], Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], Organización Internacional del Trabajo [OIT] & Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef], 2018; ^{Instituto Friedrich Ebert Stiftung [IFES] México, 2019}; ^{Giordano, 2012}). En las últimas décadas, la crisis de los populismos y de los modelos de Estado con ampliación de derechos ha traído aparejada una mayor "sobreexplotación de las mujeres y una crisis de la organización social de los cuidados" (^{Franganillo et al., 2019}, p. 47). Para afrontar esta situación crítica, se ha comenzado a elaborar el concepto "sistemas de cuidado", el cual refiere a lo siguiente:

[C]onjunto de acciones públicas y privadas intersectoriales que se desarrollan de forma articulada para brindar atención directa a las personas y apoyar a las familias en el cuidado de los miembros del hogar (...) Se trata de un componente central del sistema de protección social y se sustentan en la definición del cuidado como un bien público, como un derecho y una dimensión de la ciudadanía (^{Batthyány, 2015}, p. 25).

Como es evidente la apropiación por parte de los Estados de esta forma de concebir los cuidados depende de múltiples factores. A nivel internacional, la Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 establece, expresamente, que uno de los principales obstáculos para avanzar hacia un desarrollo sostenible con igualdad es la división sexual del trabajo y, en particular, la injusta organización social del cuidado. En América Latina, todos los gobiernos han aprobado este documento en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Comisión Económica para América Latina [Cepal], 2016).³

Debido a que la cuestión de los derechos del cuidado ha ingresado en este registro muy recientemente, se entiende que no sean muchos los países de la región que cuentan con sistemas integrales de cuidados. Entre ellos cabe destacar a Uruguay, que, en 2015, promulgó un sistema de este tipo⁴, que articula "componentes de política para todas las poblaciones afectadas por las necesidades de cuidado y una orientación fuerte hacia la universalidad, con metas graduales de cobertura" (CIPPEC, PNUD, OIT & Unicef, 2018, p. 130). El proceso a partir del cual se llegó a esta instancia fue largo, y tuvo un decidido apoyo de sectores académicos y de la sociedad civil en su conjunto. El objetivo fue involucrar en las tareas de cuidados no solo a las familias y a sus comunidades de referencia sino también al Estado y al mercado, a partir del "diseño e implementación de políticas públicas que constituyan un modelo solidario y corresponsable entre familias, Estado, comunidad y mercado"⁵. La ley estipula la coordinación de diez instituciones públicas que se reúnen en una Junta Nacional de Cuidados⁶. Asimismo, establece un comité que es el que garantiza la participación social en el sistema.

Si bien Uruguay es reconocido como un caso ejemplar, cabe señalar que, en otros países de la región, se ha progresado en la materia. En Colombia, en 2010, la Ley Nº 1413 ordenó crear la Comisión Intersectorial de Economía del Cuidado (que luego se concretó por Decreto N° 2490 de 2013), la aplicación periódica de la Encuesta de Uso del Tiempo (ENUT) y la inclusión del trabajo de hogar no remunerado en el Sistema de Cuentas Nacionales mediante una cuenta satélite. En 2015 hubo una iniciativa auspiciosa: la creación de la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado. Ella se presenta de la siguiente manera:

Un equipo de trabajo de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas e instituciones políticas y de entidades del Estado, comprometidas con la formulación de un Sistema Nacional de Cuidados e incidencia en políticas públicas relacionadas con la redistribución social del cuidado en un marco de justicia de género y de derechos como un asunto estructural para el desarrollo sostenible y la construcción de la paz⁷ (Mesa Intersectorial de Economía, 2018).

Esta propuesta ha tenido una agenda activa y nutrida. Sin embargo, hasta el momento no ha habido instancias concretas de formulación de legislación sobre un sistema nacional de cuidados. En Paraguay, en 2016, se instauró el Grupo Interinstitucional Impulsor de la Política de Cuidados (GIPC), liderado por el Ministerio de la Mujer. El GIPC forma parte del Sistema de Protección Social Vamos, lanzado en 2019 por el gobierno nacional y actualmente conformado por la Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS) y por otras diez entidades del Estado. Se trata de un proyecto en curso que cuenta con apoyo del presidente Mario Abdó, según se expresa en una noticia publicada en el sitio web del gabinete social del gobierno⁸.

En México, se diseñó una Estrategia Nacional para el Cuidado con el fin de articular programas y acciones ya existentes en el país, según afirma el informe titulado "Bases para una Estrategia nacional de Cuidados" realizado en 2018 por el ^{Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y Organización de las Naciones Unidas (ONU)} Mujeres. Si bien este es un elemento de peso, cabe decir que, desde 1996, el país ha venido implementando la ENUT, una acción actualmente puesta en funcionamiento por Inmujeres, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Se trata de un instrumento que ofrece información valiosa para la formulación de política pública, ya que permite "visibilizar las diferentes asignaciones de tiempo de mujeres y de hombres, aportando insumos y evidencias para las políticas públicas de igualdad en los ámbitos social y económico" (Cepal, 2016, p. 5).

Desde su primera implementación, la mencionada encuesta se aplicó en dos oportunidades más: 1998 y 2002, como parte de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Desde 2009, se administra cada cinco años y ha sido erigida como una herramienta especial e independiente. Cabe añadir que dentro de la población encuestada se incluye a la población indígena, clave para calibrar la incidencia de los factores étnicos y de racialización en los análisis de los cuidados en un país como México con un alto componente de población originaria, y una histórica subordinación y exclusión de la misma⁹. Otro medio valioso con el que cuenta el Estado mexicano es la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM). En este caso se trata de un elemento que estima el valor económico del trabajo no remunerado (en labores domésticas y de cuidados) de los hogares y la participación que este representa en la economía nacional¹⁰.

Argentina es otro de los países que se halla entre aquellos que han legislado o han dado algún paso en pos de la legislación de un sistema integral de cuidados. A partir de la asunción del candidato triunfante por el Frente de Todos, Alberto Fernández, el 10 de diciembre de 2019, se observa un cambio rotundo en las políticas del Estado respecto de aquellas ejecutadas por su antecesor Mauricio Macri y su partido Cambiemos (2015-2019). En cuanto a las políticas específicamente referidas a la protección social, el gobierno de Fernández es continuista de las medidas puestas en marcha por los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015) por el Frente para la Victoria. Es decir, desde el Estado se apuesta por las políticas de inclusión y a un abordaje universal e integrado quebrando la lógica focalizada que había promovido el gobierno anterior. Actualmente, el gobierno de Fernández defiende un abordaje integral. Entre las principales acciones implementadas en relación a la agenda de cuidados, se encuentra la creación de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado en julio de 2020 (MIPC, 2020), que recientemente ha derivado en la conformación de una comisión redactora del anteproyecto de ley para elaborar un sistema integral de cuidados con perspectiva de género (^{Boletín Oficial de la República Argentina, 2020}). La primera reunión de esta comisión ocurrió en noviembre de 2020 y estuvo dirigida por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta (^{Télam, 2020}).

Ahora bien, estas iniciativas tienen un antecedente directo en la ENUT, que fue un módulo que se aplicó en la EAHU en 2013 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Este fue el primer intento de un cambio de perspectiva en el modo en el que el Estado se ocupa de los asuntos del cuidado, y un primer paso en el camino hacia una mirada integral. El 20 de diciembre de 2019, se publicó en el boletín oficial la sanción en el Senado de la Ley Nº 27532 que institucionalizó la ENUT¹¹. En su artículo, Inciso b, exige desarrollar políticas públicas que promuevan una equitativa distribución del trabajo remunerado, y no remunerado entre mujeres y varones. Entre los objetivos se identifica la medición del aporte económico del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado desagregando los datos por género y edad¹². La ENUT se aplicará por primera vez en 2021.

Los procesos legislativos sobre sistemas integrales de cuidados en Ciudad de México y Ciudad de Buenos Aires

Tanto la Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 como la experiencia de la creación del Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay han sido antecedentes que promovieron una mayor atención a la cuestión de los cuidados en América Latina. A partir de estas instancias, los países han elaborado informes de diversa índole para ordenar los datos disponibles sobre la temática. En este marco, Argentina y México presentan avances significativos. En el caso de Argentina, cabe mencionar el informe sobre la situación en torno a las políticas de cuidado de CIPPEC, PNUD, OIT & Unicef (2018). En el caso de México, cabe consignar el documento sobre la situación de las políticas de cuidado del Instituto Friedrich Ebert Stiftung (2019). Además, entre 2018 y 2020, en las ciudades capitales de ambos países, se pusieron en marcha iniciativas legislativas, que han tenido proyección en el ámbito nacional. CDMX y CABA son dos de los centros urbanos más grandes de la región, cuyos gobiernos históricamente han ejercido gran influencia en la formulación de la agenda de problemas sociales del Estado nacional.

En lo que concierne a las condiciones sociales de violencias de género, Argentina, al igual que el resto de la región, presenta altos niveles de violencias por motivos de género, así como altas tasas de femicidios, travesticidios y transfemicidios (^{Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad , 2020}). Aun así, a diferencia de México, los números no aumentaron de forma considerable en los últimos años¹³.

Durante 2020 y el comienzo de 2021, en el contexto de Aislamiento Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia del SARS-CoV-2, comenzó a alarmar la constancia de las cifras de femicidios y el contraste con otros datos de delitos que disminuyeron de forma considerable (^{Latfem, 2020}). Por este motivo, en junio de 2020, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la nación lanzó el Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género (^{Tiempo Argentino, 2020}), que tiene como principal objetivo la prevención, asistencia y erradicación de todas las formas de violencia por motivos de género, y que, como novedad, incorpora dentro de su población destinataria a las identidades LGBTIQ+. Esta medida evidencia un rol activo del Estado en la lucha contra las violencias de género, como así también la traducción en política pública de los reclamos y demandas de los feminismos que, desde la primera movilización convocada por el colectivo Ni Una Menos en 2015, establecen como consigna la urgencia de erradicar todo tipo de violencia de género y acabar con los femicidios (^{Ni Una Menos, 2015}).

En contraste, en CABA, el gobierno de Juntos por el Cambio (continuación de Cambiemos), encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, redujo el presupuesto para las políticas vinculadas a la lucha contra las violencias de género. Analizando los datos de 2020, este se incrementó apenas en un 11,8% y, considerando que la inflación fue de un 29%, esto revela un recorte del 17, 19% para el presupuesto de la Dirección de la Mujer de CABA (^{La Izquierda Diario, 2020}). Además, las trabajadoras de esta dirección, durante diciembre de 2020, realizaron una serie de paros por su situación de precarización laboral (^{La Izquierda Diario, 2020}). Como apreciaremos luego, estas decisiones tomadas por el gobierno de Juntos Por el Cambio, en CABA, se diferencian de las políticas del Frente de Todos en el gobierno nacional y son expresión de la distancia que separa a los feminismos respecto del gobierno porteño.

En México, en los últimos años, se ha registrado un aumento de los femicidios a la par de un alejamiento del Estado de los asuntos de la esfera social. En este contexto, la movilización ha tendido a organizarse en torno a la lucha contra esta problemática identificando al Estado como el principal responsable y gran ausente. Mientras los movimientos feministas mexicanos manifestaron "una conciencia de derechos humanos y (desplegaron) la performance de la ciudadanía en el espacio público para defenderlos" (^{Miller & Ortega, 2017}, p. 258), el Estado sucesivamente los ignoró. Por lo tanto, "Estado y sociedad civil en México están tomando caminos divergentes e incluso opuestos ante la crisis de violencia contra las mujeres que se vive en México" (2017, p. 258). En CDMX, pese a que la jefa de gobierno Claudia Sheimbaum se identifica como feminista, esta divergencia de caminos se replica y refuerza la distancia entre movimientos sociales y Estado, también en el nivel subnacional. Podemos observar las tensiones entre Sheimbaun y los feminismos principalmente en la represión a la marcha del 28 de septiembre del 2020 (^{Infobae, 2020}) y en la denuncia de la alcaldesa a los feminismos como principales responsables de la violencia en las calles en esa ocasión.

Estas condiciones subyacen a los procesos legislativos de CDMX y CABA. En el caso del proyecto de ley de 2019 de CDMX, la cuestión de la violencia aparece explícitamente mencionada en el texto. En el contexto de CABA, esta quedó enmarcada en un cuadro más amplio de defensa de los derechos humanos con perspectiva de género. De hecho, el legislador Carlos Tomada, autor del proyecto ingresado en la legislatura porteña en 2019, hizo la primera presentación de la iniciativa en la sede de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH)¹⁴. El panel estuvo integrado por el propio legislador; la presidenta de APDH, María Elena Naddeo; la abogada y feminista Nelly Minyersky, a la sazón presidenta del Parlamento de Mujeres en la Legislatura Porteña; y la legisladora porteña, Victoria Montenegro, por el mismo partido que Tomada y, hasta el 10 de diciembre de 2015, coordinadora de la Unidad Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres del Consejo Nacional de las Mujeres (^{Infobaires24, 2019}).

Como señalaremos enseguida, en el texto del proyecto de Tomada, no se hace referencia explícita a la violencia de género sino a los derechos humanos de las personas que necesitan cuidados y de las personas que los brindan. No obstante, consideramos que la conformación del panel en la presentación en sociedad respalda la idea que exploramos en este artículo de vincular los derechos del cuidado como una forma de reparación de las violencias de género, lo que evidencia, además, el vínculo entre Tomada y los feminismos.

En cuanto a las dinámicas sociales y políticas, en el caso de CABA, cabe indicar el alto grado de movilización de las mujeres y los feminismos, que, tras una lucha sostenida, se organizaron y encontraron los canales para marcar agenda en el nivel estatal. Especialmente, cabe precisar que, en los últimos años, "de la mano de los organismos de DDHH, y bajo la impronta populista, los feminismos inscribieron sus lemas y reivindicaciones -como nunca antes- en el campo popular" y, como consecuencia, muchas de las demandas de los feminismos comenzaron a articularse en frentes y agrupaciones peronistas y/o kirchneristas (^{Barros & Martínez, 2019}, p. 47). También, emergieron nuevos colectivos que se conformaron desde una tradición conjunta entre peronismo y feminismo, tales como Mala Junta (Frente Grande), Mumalá (Libres del Sur), entre otras.

El punto de inicio de la fuerte movilización en CABA fue, sin duda, el 25 de marzo de 2015, cuando se realizó la maratón de lectura bajo la consigna "Ni una Menos" que reunió a feministas del ámbito de la cultura y a familiares de víctimas de femicidio con el objetivo de visibilizar el aumento de las violencias de género (^{Ramacciotti & Zanganaro, 2019}). Después de este evento fundacional, se llevó a cabo un paro nacional feminista realizado en 2016, seguido de la paralización internacional de mujeres del 8 de marzo de 2017, ambos con la impronta protagónica del colectivo Ni Una Menos. La finalidad de estas protestas era reclamar por las desigualdades de género en el ámbito laboral y demostrar la importancia del trabajo que realizan las mujeres en todos los ámbitos de su desempeño, público y privado. Estas manifestaciones pusieron en evidencia el trabajo que realizan las mujeres en todos los ámbitos, y la cantidad de horas que dedican a la labor reproductiva no remunerada, principalmente las tareas de cuidado.

El paro del 2016, además de la lucha contra las violencias de género, incorporó demandas políticas y económicas. Esto ocurrió en una coyuntura de confrontación con las políticas implementadas por el gobierno de Macri (^{D´Alessandro, 2017}; ^{Latfem, 2018}), que, en tanto derechistas, apostaban abiertamente por la profundización de las desigualdades sociales y de género. Entre las principales medidas aplicadas por este gobierno, se pueden identificar las siguientes: la disminución de la inversión y las políticas públicas que beneficiaban a los sectores más desfavorecidos, la devaluación del 100% durante los primeros dos años, aumento del desempleo y de la inflación, reducción del presupuesto para programas que luchan contra la violencia hacia las mujeres, entre otras (^{García Delgado, 2018}; ^{Carbajal, 2019}). Estas políticas implicaron un aumento significativo de la pobreza, tanto es así que, para el primer semestre de 2019, el número de personas por debajo de la línea de la pobreza alcanzó el 35,4%, frente al 27,3% del mismo período de 2018. Cabe destacar que las mujeres fueron las más afectadas, ya que, dentro del 40% de la población de menores ingresos, el grueso está conformado mayoritariamente por mujeres (62,5%) (^{El Canciller, 2019}). La exacerbación de la movilización de la nueva ola ocurrió en el contrapunto entre un momento de ampliación de derechos de los gobiernos kirchneristas y otro de fuerte restricción, ahogo presupuestario y vaciamiento del Estado por parte del gobierno de Macri. En tanto enemigo común, el "macrismo" operó como eje articulador de los distintos actores de los feminismos, que se erigieron como "una fuerza opositora a las medidas neoliberales y antipopulares del gobierno (de Mauricio Macri)" (^{Nijensohn, 2019}, p. 79).

En sus fundamentos, el proyecto presentado por Tomada en la Legislatura de CABA en 2019 reconoce la importancia de los factores arriba mencionados y refiere expresamente a las desigualdades de género que impactan en la brecha salarial y forma parte del llamado "techo de cristal" que tienen las mujeres en el mercado laboral¹⁵.

En lo que respecta a los partidos políticos que respaldan los proyectos, en el caso de CABA, Tomada presentó el proyecto en representación del Frente para la Victoria (FpV), partido de gobierno de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Este legislador tiene una larga trayectoria de participación en las filas del peronismo, luego alineado con el kirchnerismo e incluso parte del gabinete de ministros del gobierno de Cristina Fernández. Cuando planteó la propuesta sobre el sistema integral de cuidados en la legislatura, lo hizo en calidad de representante de la oposición, pues la jefatura de gobierno de CABA estaba en manos de Juntos por el Cambio y de Horacio Rodríguez Larreta (sucesor de Macri en ese cargo). En línea con el ideario de ampliación de derechos del peronismo-kirchnerismo, el plan de Tomada fue el primero en abordar la cuestión integral de los cuidados en ese ámbito legislativo.

En el caso de los proyectos presentados en CDMX en 2018 y 2019, cabe aclarar que los actores sociales y políticos que participaron de la construcción de la demanda de derechos de cuidado son bastante diferentes. En lo que respecta a la movilización de las mujeres y los feminismos, en CDMX, el punto de inicio de la denominada nueva ola puede situarse en los sucesos del domingo 24 de abril de 2016, cuando miles de mujeres marcharon por las calles de Ciudad de México y de otras principales urbes del país para manifestarse en contra de las violencias que históricamente y, de manera dramática, las han azotado. La principal consigna fue decir basta a los femicidios cometidos de manera sistemática y en alto número en el país, de manera más visible desde hace un cuarto de siglo (^{Miller & Ortega, 2017}).

Cabe mencionar que el Ni Una Menos en Argentina también se articuló en torno a la lucha contra los femicidios, pero, como analizamos anteriormente, este movimiento fue ampliando sus ideales: "que no solo focalizan en la violencia de género, sino que incluyen el cuestionamiento al nudo crítico de la desigualdad: la distribución de las tareas de cuidado, la brecha salarial y la autonomía sobre los cuerpos" (^{Palumbo & Azparren, 2020}). A diferencia de México, en Argentina, esta tendencia logró generar una articulación con el Estado (^{Alcaraz & Goldman, 2021}). Como ejemplos notorios de esa vinculación, podemos señalar la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, a cargo de la feminista Elizabeth Gómez Alcorta (militante de la colectiva feminista "Mala Junta" del Frente Patria Grande¹⁶), y el establecimiento de la Dirección General de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la feminista Carolina Brandáriz (secretaria de géneros de Unión de Trabajadores de la Educación, militante feminista del movimiento "Evita").

Asimismo, es relevante destacar la incorporación en la estructura del gobierno nacional a dos referentes del feminismo en el país: por un lado, Dora Barrancos y su larga trayectoria política, académica y feminista y, por otro lado, a la legisladora Ofelia Fernández, joven militante de Vamos¹⁷, organización que forma parte del Frente Patria Grande¹⁸. Cabe resaltar la instauración del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad por parte de la actual presidencia como una conquista clave de los movimientos feministas y también como un gesto por parte del gobierno de Alberto Fernández hacia la integración del feminismo como política de Estado. En una entrevista a la ministra Gómez Alcorta, ella celebró la creación del ministerio como un triunfo de la movilización en las calles que vienen realizando los feminismos desde el 2015 (^{Alcaraz & Goldman, 2019}). En relación al cuidado, podemos dar cuenta de que "el gobierno de Alberto Fernández dio numerosas señales en relación con la importancia que otorga al cuidado como tarea y valor distintivo del nuevo gobierno" (^{Svampa, 2020}), signos que podemos apreciar en la creación de la Dirección General de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Cuidados del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, como acciones fundamentales que responden a demandas de los feminismos. En ese sentido, Svampa (2020) indica que a las funcionarias se les presenta el desafío de realizar políticas públicas que atiendan de forma conjunta al cuidado, salud y ambiente. En parte, el devenir del proceso legislativo en curso, en el ámbito nacional sobre sistemas de derechos integrales de cuidado, es un elemento que dará cuenta de ese desafío: los avances o los retrocesos.

Esta es una diferencia muy clara con la situación de México, ya que, en este país, los feminismos continuaron confrontados con el Estado y ciñéndose a la lucha contra las violencias (^{Palumbo & Azparren, 2020}). En el caso del proyecto presentado en abril de 2018, fue el propio jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien envió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) un proyecto de decreto para la Ley del sistema integral de cuidados. En la elaboración de la iniciativa, participaron Amalia García Medina, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno de Mancera Espinosa (del PRD, Partido de la Revolución Democrática) y Teresa Incháustegui Romero, directora general de Inmujeres-CDMX.

García Medina es una mujer de larga trayectoria en la lucha por los derechos de las mujeres y diversidades sexuales en su país. Además, es una política de tradición de izquierda (ex integrante del Partido Comunista Mexicano, Partido Socialista Unificado de México y Partido Mexicano Socialista). Fue presidenta de la Comisión de Seguridad de la ALDF entre 1991 y 1994, y, desde ese organismo, promovió la ley que creó la primera Comisión de Derechos Humanos en esa ciudad. Asimismo, como diputada (1988-1991), promovió una nueva legislación penal para convertir en delitos graves la violación, la violencia intrafamiliar y el hostigamiento sexual. Estos elementos son antecedentes claros de su compromiso con una agenda de género en materia de derechos.

Sin embargo, no fueron las ideas políticas y trayectoria partidaria de García Medina las que protagonizaron el impulso al proyecto de decreto de ley presentado por el jefe de gobierno Mancera Espinosa ante la ALDF, sino que una serie de otros elementos fueron más importantes. En primer lugar, fue una presentación de Mancera Espinosa, quien antes había encabezado la firma de un Memorándum de Entendimiento con ONU Mujeres (por el cual también se concibió la Comisión de Economía del Cuidado e Igualdad Laboral). Además, se contó con la colaboración de OIT, el Consejo Económico y Social de la CDMX, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, la Facultad de Estudios Superiores Aragón- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la Secretaría Nacional de Cuidados de Uruguay¹⁹. El momento de exposición del proyecto coincidió con el fin del mandato de García Medina y su alejamiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En ese momento también Mancera Espinosa anunciaba una licencia definitiva para dedicarse a la construcción de una fórmula política de coalición PRD/PAN (Partido Acción Nacional) de cara a las elecciones nacionales previstas para julio de 2018. García Medina no apoyó esa coalición.²⁰ En este contexto, el proyecto de decreto quedó estancado.

En las elecciones de julio de 2018, el candidato vencedor no provino de ninguno de los partidos protagonistas de la escena política de los años previos: ni el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ni el PAN ni el PRD lograron imponerse. En cambio, triunfó Morena (Movimiento Regeneración Nacional) encabezado por Antonio Manuel López Obrador (AMLO). Para ganar las elecciones, Morena estableció una alianza con el Partido Encuentro Social (PES) que tiene tradición evangélica, y rechaza abiertamente el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta asociación no solo pretendió constituirse con vistas a las elecciones, sino que se conformó con el objetivo de incluir los valores culturales, morales y espirituales que podía aportar el PES (^{Animal Político, 2017}). A lo largo de lo que va de su gobierno, AMLO ha sido denunciado por fortalecer discrecionalmente su vínculo con el evangelismo, como fue el caso de la denuncia de que líderes evangélicos cobraban como servidores de gobierno (^{Forbes, 2019}). Estas acciones implican un profundo alejamiento de los movimientos de mujeres y feminismos.

AMLO asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018. Un poco antes, el 17 de septiembre, se había llevado a cabo una reforma significativa de la Constitución de CDMX, por la cual se agregó un artículo que establece que el cuidado es un derecho. En estas circunstancias, el 4 abril de 2019, la legisladora Paula Soto Maldonado y el legislador Temístocles Villanueva Ramos, integrantes del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México (que por la reforma constitucional había reemplazado a la Asamblea Legislativa), presentaron un nuevo proyecto de ley para crear un sistema integral de cuidados en ese ámbito.

Soto Maldonado era la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en ese órgano legislativo y Villanueva Ramos era integrante de la misma comisión. Antes, Maldonado había ocupado la Dirección de Participación Social y Política en el Inmujeres, instancia desde la cual impulsó la paridad de género y la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Por su parte, también Villanueva Ramos tiene una trayectoria vinculada al compromiso por la igualdad de género. Entre 2012 y 2018, ocupó el cargo de Secretario de Diversidad Sexual de Morena. El proyecto fue presentado al Congreso bajo la jefatura de gobierno de Claudia Sheinbaum del mismo partido Morena. En su mandato, Sheinbaum lanzó la propuesta de protocolo de alerta de género para afrontar el problema de los feminicidios y se abocó a fortalecer la igualdad en el trabajo en el hogar. Sus declaraciones respecto de la visión de género son enfáticas:

Para mí una política pública, cuando está a cargo de una mujer, no es suficiente con que sea una mujer la que está en el rol. La mujer que llega a un puesto de elección tiene que reivindicar a las mujeres. Si no, se convierte en una reproductora de una cultura machista (^{El Heraldo, 2018}).

En este escenario, Morena se presenta como una alternativa, aunque moderada, y su posición está debilitada por la polarización y aglutinamiento de los partidos de la oposición en un mismo bloque. En este contexto, el proyecto de Soto Maldonado y Villanueva Ramos aún no ha sido tratado más allá de las comisiones, donde hubo debates acalorados entre legisladores de Morena y del derechista PAN, entre otras cuestiones, respecto de hacer extensivos los alcances de la ley a la esfera de los cuidados paliativos.

En el proceso legislativo de CDMX, se observa una diversidad de actores que establece la importancia de las ONG y los organismos internacionales en la construcción de demandas ante el Estado. En efecto, una característica de este país es la continuidad de las políticas neoliberales, que privilegian estas mediaciones sobre las político-partidarias (^{Ansaldi & Giordano, 2012}). En esta coyuntura, en las iniciativas legislativas en cuestión, se aprecia una fuerte presencia de mujeres vinculadas a las estructuras de la ONU y sus derivadas, a las ONG feministas y organismos internacionales²¹.

Con respecto al componente político-cultural de los proyectos legislativos, en el caso de CABA, es necesario precisar que la movilización popular constituye una de las "tradiciones más valoradas" por el kirchnerismo. Además, como se ha señalado, buena parte de la juventud que engrosó a los feminismos en el país se ha aglutinado en torno a esa fuerza política. En efecto, uno de los factores claves que explican la re-emergencia de los feminismos en el 2015 es la forma particular de politización de la juventud durante el kirchnerismo (^{Nijensohn, 2019}), que es considerado un legado fundamental para entender el vínculo entre los feminismos y el movimiento de derechos humanos (^{Barros & Martínez, 2019}). En cambio, en CDMX, ni existe una cultura política de articulación entre movimientos populares y partidos ni el Estado es un actor coordinador de las demandas con perspectiva de inclusión. De hecho la presentación del proyecto de Soto Maldonado y Villanueva Ramos en CDMX ocurrió en el marco de una profunda confrontación del gobierno de Morena con los movimientos de mujeres y feminismos manifestados en las calles.

Otro elemento que constituye un componente político-cultural esencial es el impacto de leyes ya escritas que informan las doctrinas jurídicas vigentes. En el caso de CABA, cabe reiterar que la propuesta fue elaborada por un legislador que antes había sido ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la nación de la segunda presidencia de Cristina Fernández. En 2013, por iniciativa del Ejecutivo y en la órbita del ministerio a su cargo, Tomada elaboró e implementó la ley que determina el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares²². Este ideario de protección social y de ampliación de derechos también está en la base del proyecto de ley de sistema de cuidados presentado por el mismo Tomada en la legislatura porteña en 2019. En cuanto a las leyes escritas que influenciaron el plan presentado en CDMX en 2019, cabe mencionar la reforma de la Constitución de la Ciudad del 17 de septiembre de 2018. Con este cambio, se añadió un artículo que posiciona al cuidado como un derecho:

Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez, y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado (Constitución Política de la Ciudad de México, 2018, Art. 9, Inc. B).

En torno al componente formal-normativo, en el caso de CABA, en los fundamentos del proyecto, Tomada destaca la necesidad de declarar la función social y económica del cuidado para desarmar "el engranaje fundamental del sistema en el que funciona nuestra sociedad"²³. En los cimientos de este sistema, se encuentra la división sexual del trabajo, por la cual se les asigna a las mujeres las tareas que aseguran la reproducción y la supervivencia de aquellos que no son parte de la población económicamente activa²⁴. Al apostar por un reconocimiento, redistribución y remuneración de estas labores, el plan tiene como eje la desarticulación de las desigualdades de género y, en términos más generales, las inequidades sociales. Es en este contexto que Tomada vincula la violencia de género con la violencia económica implícita en el "techo de cristal", fenómeno que contribuye a una reproducción de la feminización del trabajo. En la circunstancia de CDMX, cabe referir al proyecto presentado por Soto Maldonado y Villanueva Ramos en el que sostienen lo siguiente: "la división sexual del trabajo es la base sobre la que se cimienta el trabajo de cuidados, que da como resultado una organización social del cuidado injusta, con consecuencias negativas para las mujeres y niñas en términos de derechos y del logro de su autonomía"²⁵. En el mismo documento, también afirman que la falta de políticas que atiendan a esta situación conduce a la "persistencia de patrones socioculturales discriminatorios, que siguen reproduciendo la desigualdad y la violencia contra las mujeres"²⁶.

En definitiva, en ambos casos, se ratifica la idea de que una política integral de cuidados constituye un modo de reparación de las violencias de género. Ahora bien, en el análisis, hemos identificado una diferencia crucial que consideramos afecta el modo en el que actualmente se están tramitando las iniciativas sobre esta cuestión en el nivel nacional: la pauta de mediación entre Estado y sociedad civil.

Los procesos legislativos sobre el Sistema integral de Cuidados en el nivel nacional en Argentina y México

Recordemos que, en CABA, Tomada reveló el plan sobre Sistema integral de Cuidados en la legislatura porteña en abril de 2019, bajo la jefatura de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta del PRO (Propuesta Republicana) dentro de la alianza Juntos por el Cambio, actualmente la principal fuerza opositora. En octubre de ese año, hubo elecciones nacionales y la fórmula del Frente de Todos Alberto Fernández-Cristina Fernández resultó ganadora. En su discurso de asunción, el presidente mencionó la agenda de la economía del cuidado como una prioridad y al feminismo como la principal fuerza impulsora. En una entrevista, la socióloga Virginia Franganillo comentó que la comisión de cuidados del Partido Justicialista (PJ) había acercado a Fernández este punto para su inclusión en la agenda de gobierno. En la misma ocasión, Franganillo reconoció la importancia del movimiento de mujeres y feminismos movilizados en las calles como sostén de la posibilidad de formular agenda en el nivel nacional sobre la cuestión del cuidado (^{Paz Frontera, 2019}).

En este escenario, por iniciativa del gobierno nacional, en diciembre de 2019, se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y, como se dijo antes, se designó al frente a Elizabeth Gómez Alcorta, abogada, referente del campo de los derechos humanos y feminista (militante de la colectiva feminista Mala Junta del Frente Patria Grande). A poco de asumir, Gómez Alcorta participó de la XIV Conferencia de las Mujeres que organizó la Cepal en Chile, al cabo de la cual anunció que, en la órbita de su ministerio, se construiría un Mapa Federal del Cuidado en la Argentina con el apoyo de ese organismo internacional. En esa oportunidad, se afirmó que la iniciativa era "un primer paso en una agenda de políticas públicas de cuidado que impulsará el ministerio y que responde a un reclamo histórico de los movimientos feministas, sindicatos y de muchísimas mujeres que a diario sostienen estas tareas sin reconocimiento" (^{Paz Frontera, 2020}).

En febrero de 2020, se instituyó la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado con el fin de elaborar iniciativas orientadas hacia la igualdad de género y con un enfoque de derechos (MIPC, 2020). El propósito final era diagramar un Sistema Federal de Cuidados. El 28 de octubre del mismo año, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad comunicó la conformación de una comisión redactora del anteproyecto de ley para crear un Sistema integral de Cuidados con perspectiva de género, y determinó un plazo de ocho meses para elaborar el proyecto final (Boletín Oficial de la República Argentina, 2020). En el anteproyecto de ley, se asevera que la finalidad es contemplar los siguientes aspectos:

Garantizar un sistema integrado y federal de cuidados que promueva la igualdad y equidad de géneros; contribuir a un mayor reconocimiento, redistribución, socialización y remuneración de los cuidados, cuando así corresponda; considerar la diversidad de necesidades de las personas que requieren cuidados, en especial niños/as, personas mayores y personas con discapacidad, así como de la diversidad de personas que los brindan (MIPC, 2020)²⁷.

Consideramos que la apuesta por la conformación de Sistemas de Cuidados, al identificar como principales beneficiarias de las políticas sociales a las mujeres e identidades feminizadas que históricamente se hicieron cargo de las tareas de cuidado, puede contribuir a trasgredir el modelo de bienestar híbrido (^{Paura & Zibecchi, 2021}, p. 23). Este modelo de bienestar que caracteriza a la Argentina, desde el punto de vista de los derechos sociales, reproduce desigualdades de género, ya que los principales seguros sociales tienen como beneficiario histórico a los trabajadores (que en su mayoría son varones), lo que genera, así, una "diferenciación de hecho y de derecho para las mujeres"²⁸.

El 29 de diciembre de 2020, el Senado de la nación convirtió en ley la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación (la sesión culminó en la madrugada del 30 de diciembre). Se introdujo en conjunto con la Ley de Atención y Cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. La conquista de esta ley evidenció "la transversalidad feminista que fluye en el palacio de gobierno y en el Congreso" (^{Alcaraz & Goldman, 2021}). Cabe notar que esta normativa tenía, en la noción de salud integral, una sus aspectos más importantes, ya que este concepto obliga a tomar en cuenta todas las necesidades que tienen las personas con capacidad de gestar a la hora de optar por un aborto. Muchas veces estos imperativos están vinculados a las responsabilidades de cuidado con las que cargan las identidades feminizadas. Sin embargo, en los días previos a su definitiva promulgación en el Senado, este fue el punto más controversial y, finalmente, el componente de negociación para sumar votos de algunos senadores indecisos²⁹, que denunciaban que, bajo esa expresión, se podría habilitar todo pedido de aborto (^{Avena, 2020}). Es por esto que el gobierno nacional, con el objetivo de lograr la aprobación de la ley, se comprometió a vetar de forma parcial dos incisos (4 y 6) de la norma para eliminar la palabra "integral" de los textos de la ley (^{Página 12, 2020}).

El contraste con México es claro. Como se ha indicado, el presidente AMLO mantiene una relación conflictiva con los movimientos de mujeres y feminismos, y posiciones refractarias de la despenalización del aborto. Recientemente las instancias más álgidas de ese conflicto fueron las siguientes: en primer lugar, en septiembre de 2020, la ocupación de una sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por parte de madres de víctimas de feminicidio frente a la falta de respuestas por parte del Estado ante el aumento de los femicidios (^{Forbes, 2020}); y en segundo lugar, la represión estatal a la marcha del 8M en CDMX en 2021 (^{Latfem, 2021}).

En relación al vínculo entre las mujeres que se articulan bajo el ala política de Morena y los feminismos, ya hemos precisado que hay fisuras. Pese a que muchas se autoproclaman feministas, como es el caso de Sheimbaun y la directora de Inmujeres, Nadine Gasman, estas se encuentran muy distanciadas de las acciones del movimiento. Las diferencias se evidencian en el apoyo de Gasman a AMLO cuando afirma que es importante apoyar a la "cuarta transformación" que está derribando obsoletas estructuras (^{Morán Breña, 2021}). También, la directora general de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís, defendió abiertamente las últimas medidas del gobierno nacional haciendo hincapié en el incremento del 65% de los recursos destinados a los Centros de Justicia de las Mujeres (Morán Breña, 2021).

A pesar de que todos los proyectos de ley para la conformación de Sistemas Integrales de Cuidado en curso fueron presentados e incentivados por integrantes feministas del grupo parlamentario de Morena, los feminismos en las calles continuaron en conflicto con AMLO y con las mujeres feministas de su partido político. Así, por un lado, existen las que piensan que desde el Estado y, en particular, con este gobierno no se pueden producir grandes transformaciones y, por el otro, las feministas alineadas a Morena que reconocen que las transformaciones se pueden generar en articulación y dentro del Estado. Si bien, en el caso de Argentina, estas diferencias también existen, en el caso de México, la correlación de fuerzas se inclina hacia un empate de AMLO (Modonessi, 2021) y las fuerzas opositoras, y la debilidad de su gobierno para liderar la agenda de género, entre otras cuestiones.

En noviembre de 2020, la Cámara de Diputados de México aprobó por unanimidad la reforma de los Artículos 4 y 74 de la Constitución del país, por lo que se elevó a ese rango el derecho del cuidado como derecho humano. Asimismo, se certificó la obligación del Estado de crear una Ley General de Cuidados (a diferencia de una ley federal, la general obliga a los estados a adecuarse a ella), que contempla la creación de un sistema nacional de cuidados. Desde entonces la iniciativa todavía se encuentra a la espera de ser refrendada por el Senado.

En la Cámara de Diputados, la propuesta estuvo presidida por las legisladoras de Morena, con un rol destacado de Wendy Briceño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. En el Senado, encabezan la iniciativa las feministas Patricia Mercado (Movimiento Ciudadano) y Marta Lucía Micher Camarena (Morena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en esa cámara). En el mismo mes de noviembre de 2020, Inmujeres de México y el Senado firmaron un convenio de colaboración para avanzar en una agenda de género. Esto ha instalado la expectativa de pronto tratamiento legislativo de una ley de sistema de cuidados en el país³⁰. Queda esperar si, en efecto, habrá novedades³¹.

Conclusiones

A lo largo del artículo, abordamos las iniciativas legislativas de CDMX en 2018 y 2019, y de CABA en 2019 y de los procesos legislativos en curso en el ámbito nacional de los respectivos países. Desde un enfoque conceptual de proceso, hemos argumentado que las iniciativas legislativas sobre sistemas integrales de cuidado constituyen tentativas de reparación de las históricas violencias de género en América Latina. Desde una perspectiva socio-histórica comparativa y de género, hemos considerado las condiciones sociales de violencias de género, y las dinámicas sociales y políticas que participan de la construcción de la demanda de derechos del cuidado. En el análisis observamos que el modo en el que los protocolos legislativos sobre sistemas integrales de cuidado se proyectan en el ámbito nacional no es ajeno a la pauta de relación entre Estado y sociedad civil en ambos, y el vínculo con los movimientos de mujeres y feminismos.

En lo concerniente a las condiciones sociales de la violencia de género, en ambos casos tanto a nivel subnacional como nacional, se aprecia el modelo de movilización de las mujeres y los feminismos que denuncian la violencia y, en particular, el cuidado como un problema relativo al sistema de violencia. Así, examinando el componente formal-normativo de los proyectos sobre el Sistema integral de Cuidados, en general, este se caracteriza por cuestionar la distribución de las tareas de cuidado como injusta y desigual, y se reconoce que son estas injusticias y desigualdades las que producen y reproducen las violencias de género.

En cuanto a las dinámicas sociales y políticas, en ambos casos, hay continuidad entre la agenda planteada en 2019 por los partidos de inscripción de los legisladores Tomada (Frente de Todos), y Maldonado y Villanueva (Morena) en el ámbito de sus respectivas ciudades y la agenda planteada por esos mismos partidos a nivel nacional, que son, además, los partidos de gobierno. No obstante, en el caso de Argentina, la articulación en el Frente de Todos por parte del gobierno de Fernández, respecto de los movimientos sociales y los feminismos, augura prontos resultados en la materia dada la trama institucional que se creó recientemente para tales efectos. En cambio, en el caso de México, el carácter progresista moderado del gobierno de AMLO y los conflictos que se han suscitado entre este y los feminismos es un factor menos auspicioso. De hecho, mientras que, en el primer caso, los cuidados ya han asumido una robusta institucionalidad y la mirada sobre el carácter integral de los derechos del cuidado está presente desde antes de asumir el gobierno, en el segundo, las iniciativas en curso parecen estar empantanadas por la polarización política que atraviesa al gobierno de AMLO y la condición reticente del propio presidente a incorporar demandas de transformaciones profundas. Además, en Argentina, si bien es obvio que el gobierno de Fernández no engrana bajo su órbita a todos los movimientos de mujeres y agrupaciones feministas, lo cierto es que, en el seno de su gestión, ha dado participación a orientaciones diversas bajo la fórmula de la coalición de partidos que sostuvo su candidatura. En México, la demanda de los movimientos de mujeres y feminismo frente al Estado queda excluida e incluso las feministas de Morena aparecen enfrentadas a otras expresiones del feminismo. En este caso, la pauta de mediación de ONG y organismos internacionales es un factor que, históricamente, ha fragmentado al campo de los feminismos socavando su expresión articulada en el campo político partidario.

Con respecto al factor político cultural de los proyectos y proposiciones en curso, en ambos casos, resaltan las tradiciones jurídicas valoradas y la existencia de otras leyes sancionadas. En el contexto de Argentina, cabe enfatizar la tradición de ampliación de derechos que es bandera histórica del peronismo-kirchnerismo. En México, se advierte el peso de la matriz constitucionalista, tanto en el nivel subnacional como en el nivel nacional, donde las iniciativas sobre cuidados integrales estuvieron precedidas por sendas reformas de las cartas magnas.

Creemos que las variaciones entre casos que hemos encontrado, en relación a los procesos legislativos sobre sistemas integrales de cuidado, contribuyen a una complejización de la mirada sobre la cuestión de los derechos del cuidado en América Latina. Aún en su carácter preliminar, los resultados expuestos en este documento buscan aportar a la investigación de un fenómeno de suma importancia en el contexto de la pandemia: la creación de un Sistema integral de Cuidados en los países de América Latina.