1. Duración del matrimonio

De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, tanto el modelo conyugal de domesticidad como el orden de género fueron cuestionados por las prácticas que se reconstruyen a partir de los expedientes judiciales. El vínculo matrimonial, con todo, no desapareció, sino que siguió hegemonizando las prácticas sociales, aunque, en esa alta sincronía jurídica y social, la aparición de la separación de cuerpos - de hecho o jurídica - y, luego, el divorcio vincular manifestó que el matrimonio podía no ser para toda la vida.

Una aproximación a la búsqueda de respuesta a la pregunta de cuánto duró el matrimonio se puede obtener si se tiene en cuenta la fecha del casamiento y la fecha de la separación de hecho, es decir, en el que una de las partes, o ambas, dejan de convivir bajo el mismo techo. En 15 de los 52 casos, se mantuvo la relación durante un lapso de tiempo que incluyó de unos pocos meses de convivencia a 4 años. Luego, en 20; la relación continuó entre 5 y 9 años. Disminuye el número en 10 casos, en los que el matrimonio se separó de hecho luego de vivir entre 10 y 14 años juntos. Solo en 3 casos la relación se preservó por entre 15 y 19 años; y en el resto, entre 20 y 29 años. Ello implica que los matrimonios bajo estudio se efectuaron, fundamentalmente, entre la década de 1930 y 1950.

Fuente: elaboración propia sobre la base de expedientes

Figura 1 Duración del matrimonio (desde la fecha de casamiento hasta la separación de hecho) 

En cambio, si adoptamos como medida la fecha del matrimonio y la de la sanción final del divorcio en términos formales (en general, salvo excepciones, cercana a la fecha en que se inicia la causa), el tiempo en que estuvieron casadas las parejas evidencia que era común que se separaran y, hasta mucho tiempo después, no iniciaran acciones legales. Aproximadamente, pasaron unos 15 años en promedio. Muchos motivos pueden explicar esta situación, entre los que no pueden dejar de considerarse las implicancias económicas, sociales y emocionales que implicaba llevar el caso a los tribunales. Si se tiene en cuenta que, de los casos ingresados en los tribunales en el período bajo estudio, más del 10% no se pudo implementar por cuestiones técnicas; fundamentalmente, gracias al hecho de que las personas no continuaban la acción iniciada y no presentaban pruebas, se comprende que este aspecto instrumental no es menor.

2. Perfil socioeconómico

La historiografía sobre Europa ha identificado una serie de perfiles sociales respecto de las personas que emprendían el divorcio. Según Anne Marie ^{Sohn, el divorcio presentó dos modelos distintos en Francia y en Inglaterra (2000}). En Francia, "benefició ante todo a las mujeres (...) de origen urbano (...), obreras o empleadas, junto con las mujeres capaces de dominar su fecundidad, pues la mitad no tiene hijos y la otra mitad solo tiene un promedio de 0,84 hijos" (Sohn, 2000, p.150).⁴

Por oposición, en Inglaterra, "se imponía un procedimiento muy caro, que solo podía llevarse a cabo en Londres" (p.150) que desalentó los juicios contrastando los 200 casos anuales de comienzos del siglo XX con los 15.000 de Francia, relación que apenas se modificaría con el tiempo.

Para nuestras latitudes, Cosse señala que, durante la década de 1940 y 1950 del siglo XX, algunas voces vinculadas al catolicismo, o presentes en la prensa de divulgación, afirmaban que "el divorcio importaba a las clases acomodadas y poco a los trabajadores, argumentando de ese modo en su contra" (2010, p.122). A partir de cinco cartas enviadas al Estado y de una encuesta presente en el semanario Esto Es, la autora discute esas aseveraciones y concluye que la preocupación por el divorcio cruzaba transversalmente los diferentes estratos sociales del ámbito nacional. Sin embargo, estas declaraciones arriesgan conclusiones que podrían sustentarse mejor sobre un análisis que privilegie conocer los perfiles socioeconómicos de las personas que efectivamente se divorciaban. Dora Barrancos ha avanzado en la indagación de un corpus de 931 casos de matrimonios realizados en Argentina, tanto de personas de origen nativo como residentes, que contrajeron nupcias en Uruguay en el lapso de 1930. De allí, la autora ha indicado que un 37 % de los casos puede corresponderse con quienes pretendían rehacer el vínculo matrimonial. En ese universo y, seguramente por los costos que debía implicar el traslado al vecino país, predominaban personas empleadas, propietarias de comercios y una amplia franja de profesionales liberales, en contraste con las pocas personas definidas como trabajadoras manuales (^{Barrancos, 2014}).

El corpus bajo estudio nos permite refinar esos casos para la provincia de Buenos Aires con quienes efectivamente accedieron a la justicia. Si bien no tiene la envergadura cuantitativa del consultado por Barrancos, ello se debe a las características del archivo, antes que a una decisión metodológica a priori. Al analizar en detalle 35 expedientes, es posible detectar que estas personas que, en 1955, se separaron, o solicitaron la conversión de una separación anterior en divorcio vincular, tenían un perfil socioeconómico predominantemente trabajador: se trataba de sujetos que vivían de los ingresos generados por su participación en diferentes actividades del mercado laboral, tanto en relación de dependencia (trabajadores manuales o empleados) como bajo modalidades autónomas (propietarios de comercios). Esta preponderancia no excluyó sectores acomodados, aunque, en el conjunto de casos que conforma el corpus, su presencia fue mínima.

Comenzaremos nuestro recorrido por este caso excepcional. Es, sin duda, el ejemplo más emblemático de sector acomodado en el conjunto de casos: una pareja que formaba parte de la nobleza. De hecho, la profesión del esposo y de la esposa fue definida en el acta de matrimonio y durante el juicio como "miembro de familia". Ella era alemana; él, húngaro. Se refugiaron en Argentina durante la entreguerras. Para probar su vínculo, a falta del acta de matrimonio que quedó en un país destrozado por las secuelas de la guerra, consignaron tapas de medios gráficos que captaron el casamiento y, durante el juicio, desfilaron como testigos casi una decena de integrantes del servicio doméstico de habla alemana y castellana. Tenían una vida de comodidades, aunque no contaban con la posesión de bienes ni se reclamaban bienes gananciales. Las causales de divorcio invocadas por la esposa y convalidadas por el juez demuestran que ella y sus hijos vivieron un deterioro material a causa de que el marido no contribuyó "ni directa ni indirectamente al sostenimiento" de ellos y debieron abandonar la casa familiar en Olivos. En este caso, además, una distinción muy singular es consignada por el juez. La demandante reclama injurias graves de parte del marido, que el juez confirma ante la ausencia de "maneras" y del "lenguaje respetuoso para los miembros de su familia, máxime para su esposa, dentro de las normas y costumbres que el título de la nobleza impone" (Expediente T de Z, A. vs. Z, G.). Entonces, no solo el esposo no cumplía con sus tareas de proveedor material, sino que, además, no acataba las formas culturales consignadas como propias de su posición social.

Si esta pareja puede identificarse entre las que tienen un perfil socioeconómico y status privilegiados, hay un salto enorme con el resto de los casos del corpus, incluso, si tomamos en cuenta como pertenecientes a un sector acomodado al pequeño número de comerciantes que tienen una situación material desahogada (4 casos). Lejos de este universo, entre las personas asalariadas en relación de dependencia, las parejas casadas ponen de relieve una composición social que aglutina a los sectores mejor posicionados en el mercado laboral: catorce varones y una mujer del conjunto total integraban la burocracia pública en el momento del casamiento. Sin embargo, las condiciones de vida que se aprecian en los expedientes denotan una proyección socio-económica de alcances limitados. Basta señalar la ausencia de la casa propia en la mayoría de los casos y la condición de inquilinos, o la cohabitación con los padres y familiares de algunos de los cónyuges. Algunos ejemplos resultan emblemáticos. Un empleado de la Dirección de Vialidad y su esposa, modista, fueron a vivir con los padres de ella que les alquilaban una pieza, pues, cuando intentaron vivir por su cuenta, no pudieron sostenerse (Expediente G., B.N. vs. A. de G., E.). Situación semejante vivió el matrimonio de un empleado y una vendedora de libros que fueron a vivir con sus suegros y, cuando quisieron hacerlo por cuenta propia, perdieron pequeñas comodidades que tenían en aquella casa. Así, tal cual se describe en la demanda, pasaron de vivir en una casa en la que "contaban con (...) tres dormitorios, dos baños, living comedor, comedor de diario y cocina", a otra en la que "contaba un dormitorio, cocina de chapas de cinc y un baño sin instalar" (Expediente P., A. J. vs. L. E. C.).

En otro escalafón social, se distingue otra pareja del este europeo en la que la mujer alegaba una demanda por injurias graves, y malos tratamientos de palabra y acción. Las penurias económicas son manifiestas a pesar de que habían podido construir su propia casa en Sarandí y el crédito hipotecario que pesaba sobre ella la obligaba a solicitar pequeños préstamos para la subsistencia cotidiana. La demandante informaba en la demanda que su marido, mecánico, ganaba muy poco y destinaba alrededor de un 20% al sustento de ella y los hijos de ambos, y se quejaba y la agredía cuando la comida no alcanzaba. Agregaba que la situación era tan penosa que no podía comprar prendas de vestir y se veía obligada a vivir de prestado. Asimismo, la mujer consignaba que, antes de instalarse en Sarandí, habían vivido con lo producido en una granja que ella explotaba mientras que el marido había estado desocupado por seis meses. El esposo se negaba a seguir trabajando como mecánico, dado que, a raíz de su salud deteriorada, había abandonado esa tarea y trabajaba como albañil, por lo que ganaba menos que lo que endilgaba su esposa.

Estas situaciones confluían con las expuestas en el caso anterior: la falta de dinero, el sacrificio que no alcanzaba a compensarlo y el modo en que afloraban las miserias entre la pareja conducían a un deterioro en las relaciones. Entre las 19 personas que se dedicaban - al momento de su matrimonio - al trabajo manual, se incluyen 16 varones (jornaleros - rurales y urbanos -, mecánico, pintor, albañil, entre otros oficios) y 3 mujeres (una obrera y dos costureras/modistas) quienes no lograban solventar sus necesidades alimentarias, de vivienda, de vestimenta, - entre otras dimensiones asociadas a las condiciones de vida - y vieron resquebrajada su pareja por las consecuencias más o menos directas de esa acuciante situación, la misma que se complejizaba cuando había hijos.⁵

En conjunto, en estos casos sensibles a los problemas habitacionales y la cohabitación con las familias, así como las necesidades económicas apremiantes, estos conflictos fueron aducidos como claves para comprender las contrariedades de convivencia que habían, incluso, cambiado el carácter del o la cónyuge a tal punto que se hacía insostenible la vida en común.

3. Trabajo y género

Los cambios en los roles de género expectables, como razón que llevó al desquiciamiento de la relación, fueron comúnmente alegados en los testimonios judiciales indagados. Estos, en general, intentaban acercarse por distintos medios a las disposiciones de la Ley de Matrimonio Civil que, claramente, adjudicaba roles a la esposa y al esposo, como hemos señalado. En el caso de los varones denunciados, muchas esposas atacaron directamente la imposibilidad de este de ser proveedor del hogar. A continuación, se presenta un ejemplo muy elocuente en el descargo de la demandada:

Unida a un hombre haragán, sin responsabilidad alguna y sin concepto de las obligaciones morales y materiales que había contraído al casarse, que continuó después su vida de juergas y vicios... El actor nunca se preocupó por conseguir trabajo para sostener su casa; le resultaba más cómodo y fácil vivir sin hacer nada y darse los gustos con la ayuda de los demás. De los diez y seis años de casado habrá trabajado ocho, y eso a instancias mías y porque nosotros - mis familiares y yo - le procurábamos trabajo. Cuando se le conseguía algún empleo, siempre encontraba un inconveniente para no aceptarlo (Expediente B., B. R. vs. I. de B., A. S.).

En algunos casos, los varones reconocían que sus ingresos alcanzaban para llevar una vida modesta, mas eso no significaba que no proveyeran al hogar y, por lo tanto, tampoco requería que las mujeres ingresaran al mercado de trabajo y, mucho menos, tuvieran veleidades que su condición no permitía. El empleo femenino, en efecto, implicó un conjunto de cuestiones morales que convivieron con planteamientos vinculados a la falta de acatamiento a los roles esperados en una esposa. En el conjunto seleccionado de fuentes, fueron recurrentes y, en general, aparecieron cuando el que iniciaba la demanda era el marido.

La situación de empleo de las mujeres en el momento del matrimonio fue un aspecto problemático. Las actas de matrimonio recogen, con abrumadora repetición, la imputación de profesión: "quehaceres del hogar", "labores de su casa", "su casa" o "del hogar". En esta condición se declararon 18 mujeres mientras que, en otros 10 casos, directamente, se consignaron sin profesión o la misma no se declaró. En esta categorización, con todo, se han cotejado algunas inconsistencias, pues las mujeres, de tenerla, muchas veces no manifestaban su ocupación. A modo de ejemplo, se detectaron casos en los que las esposas realizaban tareas de costura o bordado en su domicilio, pero no revelaban su participación en los ingresos familiares y la ocultaban detrás de su identidad doméstica. Este tipo de situaciones trascendieron los expedientes de divorcio y se expresaron en los registros censales, lo que ocasionó la invisibilización de los aportes femeninos a las tareas productivas (^{Wainerman & Recchini de Lattes, 1981}).

De todas formas, la participación asalariada de las mujeres integró las argumentaciones esgrimidas por las partes para desarrollar los juicios. En este caso, en realidad, debe contemplarse un hecho relevante. Mientras que, en el momento del matrimonio, 18 mujeres adujeron ser amas de casa y, de 10, no se determinaron datos de su desempeño laboral, en el momento del divorcio, el cuadro era otro. En efecto, solo 10 seguían siendo amas de casa mientras que, de 8, no se registraban datos en ese sentido. Vale decir que de 28 mujeres que en el momento del matrimonio tenían una situación de amas de casa o de profesión desconocida o sin establecer, en el momento del divorcio, 10 de ellas habían cambiado su situación y se habían empleado.

De acuerdo con los principios de género normativos, el trabajo asalariado constituyó una actividad excepcional para las mujeres que solo la necesidad material podía justificar (^{Queirolo, 2020}). Revisaremos tres casos en los cuales las esposas eran empleadas. La primera se desempeñaba como administrativa en el Ministerio de Agricultura de la Nación y fue en el ámbito gubernamental donde conoció a su futuro marido, mientras reclamaba ante la postergación de su ascenso laboral, situación que nos introduce en el interés de la protagonista por participar en una carrera laboral, posible en el sector administrativo (^{Queirolo, 2018}). En el expediente judicial, su marido declaró que su esposa era de la siguiente manera:

Despreocupada en absoluto de sus obligaciones como ama de casa y hasta descuidada en su aseo personal. Baste para abonar lo expresado precedentemente la breve cita de hechos concretos que paso a enumerar: negativa a preparar las comidas y hasta el desayuno; negativa a ordenar la casa y las ropas, inclusive a realizar el lavado de sus prendas más íntimas.

Ella retrucó:

Jamás, su ropa, la que lucía diariamente, estuvo sucia, o falta de reparación, o descuidado. Entre mis funciones o mi trabajo, que era necesario e indispensable para mantener la casa y las cargas del hogar, entiendo, que hacía ya demasiados y considerables esfuerzos, muy superiores a las fuerzas, que normalmente, pudiere tener una mujer, cuyo horizonte es el hogar y cuyo fin es la armonía con su esposo y la organización de la familia (Expediente B., J. J. vs. P., M. M. A.).

La esposa demandada no solo legitimó su trabajo asalariado como necesario para mantener el presupuesto familiar, sino que denunció la superposición de tareas laborales y domésticas que padecía en su cotidianeidad. La segunda empleada consiguió un puesto administrativo en el gobierno provincial en 1946. Según su declaración, el objetivo que perseguía era el siguiente:

Soy una mujer que trabaja, lo que no significa que haya descuidado mis deberes de esposa y de madre (...) si bien obtuve un puesto administrativo, lo he hecho con la finalidad de contribuir, en la medida de lo posible a la subsistencia de mi madre anciana, que es pobre y no dispone de más recursos que una pensión alimentaria (Expediente B., J. J. vs. P., M. M. A.).

En cambio, su esposo había denunciado lo siguiente:

Hacía tres años que mi mujer insistía que quería emplearse para tener - según ella - derecho a la independencia que gozan las mujeres que trabajan. Me opuse a ello, pues a mi criterio su primera obligación era estar junto a su hijita y marido, atender la casa y velar por el cuidado y bienestar del hogar. (...) Desde [que es empleada] tuve que hacer de ama de casa, vestir, dar de comer y llevar a la escuela a nuestra hijita; llegando a tal grado la desatención de la casa por parte de la demandada, que más de una vez me vi precisado a hacer la comida (Expediente F., C. E. vs. S. de F., F.).

Aquí, los argumentos de la necesidad y la yuxtaposición de tareas competían con los de una alteración de la división genérica del trabajo en la que el marido dejaba entrever una masculinidad herida que lo motivaba para iniciar la demanda de divorcio.

Por último, nos detendremos en una mujer que ingresó al comercio en el que pasó de vendedora de mostrador a encargada apostando también a la carrera laboral. Según su marido, lo había hecho "para distraerse": "Nuestras relaciones se mantenían cordiales gracias a mi carácter y mi bonhomía, pues mi esposa, con el pretexto de sus obligaciones se alejaba cada vez más de mí y de sus obligaciones con el hogar". En cambio, según ella, su ingreso al mercado era "para remediar nuestro descalabro económico y no para distraerme (...), pude emplearme como encargada de una casa de comercio, con una remuneración que me permitiría afrontar los gastos" (Expediente B., B. R. vs. I. de B., A. S.). Esta vez los argumentos de la necesidad económica competían con los de la banalidad asociada al entretenimiento. Precisamente, esta operación de significación fue frecuente para desestimar la participación asalariada de las mujeres como, por ejemplo, se pone en las palabras de un marido cuya esposa ingresa a trabajar en una fábrica: "Del producido de su trabajo, nada dedicó para el hogar. En cambio empleó ese producido en vestidos atrayentes y en lujos disonantes con nuestra condición de hogar humilde" (Expediente E., S. vs. S. de E., A. R.). Claro está que tampoco faltaron las intervenciones de las esposas que denunciaron que precisamente como sus maridos no cumplían con la función de proveedor material eran ellas quienes debían asumirlas (Expediente A. de L., S. vs. L., J.).

De acuerdo con lo anterior, tanto la participación femenina asalariada como el incumplimiento del papel de proveedor alteraron la división genérica del trabajo, implícita en la carrera matrimonial. Precisamente, el cumplimiento de esa segmentación otorgaba vida a las responsabilidades de la edad madura, que era independiente de la cantidad de años. Sin embargo, los expedientes evidencian que ello fue ciertamente problemático.

4. La edad en el matrimonio

Un último aspecto a analizar se vincula con la diferencia de edad como elemento coyuntural para comprender el desgaste de las relaciones matrimoniales. En relación a la muestra que hemos seleccionado, cabe establecer que las edades de casamiento entre varones y mujeres demuestran que solo en tres casos ellas se casaron con hombres más jóvenes (hasta 6 años). En el conjunto general, los maridos tienen más edad que las esposas. La diferencia de edad es de hasta cinco años, aunque puede llegar a ser de hasta diez años e inclusive mayor (en siete casos de la muestra se registró una diferencia de edades de 11 a 19 años).

Una situación en la que se pone de manifiesto el problema etario es en los casos en los que las mujeres ingresan al matrimonio con parejas mucho mayores que ellas o cuando ambos son muy jóvenes. Así, aquel empleado de 44 años no pensó que su esposa de 17 pronto se haría aficionada al baile en clubes sociales donde no quería concurrir con su marido. Cuando ella reconvino la demanda que él inició, señaló que su afición al baile era "lógica en toda mujer joven", aunque iba de tanto en tanto. Ella perdió el juicio iniciado por su marido y la reconvención, aunque conservaría la tutela de la hija mientras el demandante la del hijo (Expediente E., S. vs. S. de E., A.). Semejante fue el caso de un docente que, con 25 años, desposó a una joven de 15, que, al poco tiempo, se fue de su lado argumentando una enfermedad pulmonar que le impedía regresar a la humedad de la escuela de Santa Fe donde él vivía y trabajaba. El docente pidió el traslado a Córdoba, pero al comunicarle por medio de un telegrama la noticia a su esposa, esta le informó que quería divorciarse. A lo largo del juicio, se revela que ella había trabado una nueva relación - que perduraría hasta su muerte - con un médico, quien, aparentemente, la había atendido.

También el jornalero de 25 años que desposó a una muchacha de 16 se quejaba en la demanda de lo siguiente:

Mientras vivimos en casa de mis padres, jamás se ocupó de otra cosa que no fuera de su persona. Apenas si hacía el arreglo de su habitación; no sé si alguna vez llegó a ocuparse de las cosas de la cocina, lavar nuestra ropa era tarea que estaba a cargo de mi suegra y de mi madre, y esta también muchas veces se levantaba por las noches para pasear a nuestro hijo (Expediente A., H. vs. F., M.).

Según el juez, se había probado la demanda del actor y el fallo lo favoreció declarando el divorcio por culpa de que la muchacha incumplía sus funciones. Mientras que, en algunos casos, la edad no fue una atenuante que justificara el incumplimiento de las funciones, en otros, como la de la joven aficionada al baile, el juez falló a favor de él, pero indicó:

El retiro de la mujer casada, con sus hijos, para refugiarse en casa de la madre es la lógica reacción del elemento débil en la sociedad conyugal, ante las desavenencias graves, la disparidad de caracteres, edades y roces de la vida diaria, máxime cuando la cultura no pone freno que limite las posibles consecuencias de esos hechos. (Expediente S., V. vs. G. de S., A.).

Sin embargo, uno de los demandantes señaló que todo tenía un límite:

Contraje matrimonio con la demandada (...) bajo malísimos auspicios y contrariedades familiares, pues me vi forzado a él por circunstancias deleznables que, presionando mi espíritu y albedrío arbitrariamente, me lo impusieron como deber caballeresco para evitar males mayores. A poco de iniciar mi vida conyugal, comprobé mi error de haber considerado a mi esposa como capaz, por razón de su juventud, de morigerar su temperamento libertino y su conducta liviana para amoldarse a las obligaciones de decencia conyugal que debe observar una mujer que comparte el hogar con un hombre digno de ser respetado. Mi esposa, siguiendo su inclinación anormal, abandonó, casi inmediatamente de contraer su enlace conmigo, el hogar común para entregarse sin control, a una vida desordenada (Expediente S., V. vs. G. de S., A.).

En otros casos, la edad avanzada en la que la pareja había formalizado la relación fue expuesta por los jueces como parte de la prueba de la imposibilidad de mantener el matrimonio. Así sucedió con la pareja conformada por una rumana y un checoslovaco, que luego de enviudar y con hijos mayores de sus parejas anteriores, se habían casado contando ella con 41 años y él, con 48: "La lectura y sana crítica de la prueba vista nos lleva sin esfuerzo frente al cuadro de un matrimonio de personas de avanzada edad (...) situación agravada por la inexistencia de vástagos comunes", y las condiciones económicas que afectaron lo que se consideraba el normal desenvolvimiento de la vida conyugal. En otro caso, según el juez, había tenido en cuenta la edad de las partes con el fin de obtener un acercamiento que hubiese traído a sus espíritus la tranquilidad y la paz necesaria a esa altura de su vida, pero había sido fatuo el intento de conciliar aquella pareja que se había casado cuando ella tenía 40 y él 35, y se quería divorciar 20 años después (Expediente A. de L., S. vs. L., J.).