1. Introducción

El problema de los federalismos durante el siglo XIX en Latinoamérica y su contenido social y político han preocupado a los investigadores casi desde los inicios de las historiografías nacionales. La razón del interés es que ese es el nombre que toman diversos movimientos políticos durante el período que media las secesiones del Imperio español y la construcción de verdaderos Estados nacionales, cuya periodización media entre la década de 1820 y la de 1880, con las variaciones regionales (^{Carmagnani, 1993}). Muchos de esos movimientos se dedicaron a reclamar diversos grados de autonomía de unidades menores, una pretensión de soberanía propia, y hasta llegaron a declarar su «independencia» (^{Rodríguez, 1996}). Por lo tanto, plantean un verdadero interrogante acerca del vínculo entre la independencia y la construcción de los Estados nación, la dinámica de la transición, las formas de articulación política entre las diferentes instancias de gobierno y la forma definitiva que iban a tomar los nuevos Estados, cuyo elemento meramente geográfico dejó lugar a otras variables tan o más importantes (^{Oszlak, 1978}; ^{Botana, 1977}; ^{Piqueras, 1995}).

Asimismo, un novedoso e interesante cruce entre la Historia y la Ciencia Política se interroga sobre las condiciones y dinámicas de la construcción estatal (^{North, Summerhill, & Weingast, 2000}) y su relación con las finanzas estatales (^{Brautigam, Fjeldstad, & Moore, 2008}) realizando comparaciones entre diversas experiencias sobre la base de la fiscalidad y el «patronazgo» (^{Herrera & Ferraro, 2013}) o sobre el peso del despliegue o delegación del poder central (^{Soifer, 2015}). En ese marco, las preguntas sobre el significado de esas «soberanías» y las condiciones de esas autonomías cobran un sentido especial (^{Annino, 1995}). Esas soberanías, entendidas en un sentido muy específico, lejos de resultar una novedad, remitían a (y serían herencia de) una tradición jurídica más antigua (^{Benson, 1955}), lo que llevaría a volver a pensar las periodizaciones (^{Agüero, 2005}; ^{Calderón & Thibaud, 2010}).

En el caso de la historiografía argentina, este cuadro fue interpretado por la historia más tradicional como un período intermedio de disolución de una nación preexistente (^{Sarmiento, 1845}; ^{Mitre, 1887}; ^{López, 1913}) y, por lo tanto, de «anarquía» (^{Levene, 1954}) y «vacío institucional» (^{Ayarragaray, 1904}). En consecuencia, se habría impuesto la violencia como instancia de resolución de conflictos y el predominio de personalismos ligados a la figura del «caudillo» (^{Wolf & Hansen, 1966}-1967; ^{Salvatore, 1991}). Algunas variantes de esta mirada hacían hincapié en la psicología de masas (^{Ramos Mejía, 1899}); otras, en la feudalidad o en una relación clientelar (^{Lynch, 1993}), aunque ciertos trabajos explicaron ese período como un antecedente del sistema federal (^{Zorraquín Becú, 1939}). En todos los casos, el problema parece expresarse en dos variables claves: el predominio del espacio rural por sobre el urbano y el reemplazo de un ejército de línea nacional por milicias locales (^{Halperín Donghi, 1972}).

No obstante, nuevas investigaciones permitieron develar que, ante el derrumbe de la antigua estructura heredada del virreinato, se asiste a la formación de Estados autónomos sobre la base de las unidades políticas que podían ser agentes de Derecho: las ciudades-provincias, transformadas en Estados autónomos como punto de partida para una construcción institucional más amplia (^{Goldman & Salvatore, 1998}). Esas provincias implementan un sistema normativo propio (^{Goldman, 1993}), amplían la representación y la ciudadanía al espacio rural (^{Cansanello, 2003}), y establecen un ordenamiento militar propio bajo la forma de milicias (Garavaglia, 2003; ^{Fradkin, 2014}; ^{Barriera & Nobile, 2006}; ^{Tío Vallejo, 2011}), una problemática que implica la relación entre los habitantes, su condición y sus imaginarios identitarios (^{De la Fuente, 2007}). Entonces, el período que media entre la autonomía provincial y la crisis del orden rosista resulta aún abierto a nuevos descubrimientos.

Durante las últimas décadas, los estudios sobre los federalismos han puesto énfasis en las autonomías de las entidades políticas regionales, que incluso son llamadas «Estados» (^{Chiaramonte, 1997}). El minucioso y novedoso estudio del vocabulario político hispánico del período inmediatamente anterior advirtió que, en estas décadas de transición, las trasposiciones y las ambigüedades terminológicas eran corrientes (^{Palti, 2007}; ^{Chiaramonte, 2010}). Para el caso que nos interesa, se advierte un hiato entre el vocablo «provincia», equivalente a «parte», proveniente de la tradición administrativa española inmediatamente anterior (como «parte»), y una realidad muy diferente: ciudades y sus jurisdicciones que reasumían su soberanía como Estados (^{Chiaramonte, 1995}). De la misma forma, el término «federación» no alude a lo que hoy conocemos como estado federal, sino a una alianza entre Estados independientes que conforman una confederación voluntariamente (^{Souto, 2008}) y cuyas expresiones pueden encontrarse incluso en la década revolucionaria (^{Herrero, 1995}; ^{Ternavasio, 2007}).

Según esta concepción, desde la crisis de 1820 hasta la conformación del Estado nacional a partir de 1880, las provincias no pueden ser concebidas simplemente como fragmentos (más rebeldes o más dóciles, según el caso) de un todo que demoraba su actualización, sino entidades independientes (derivadas de los «pueblos», según la acepción del antiguo régimen) que habían reasumido la soberanía ante el colapso de la monarquía hispánica y el fracaso del Gobierno de Buenos Aires de tomar su lugar en la década de 1810. Entonces, y para el caso rioplatense, las llamadas «provincias» habrían sido, en realidad, «Estados independientes», que conservan su soberanía durante gran parte del siglo XIX, hasta que la delegan en un proceso de negociación hacia finales de la centuria. Esta orientación historiográfica aparece como una respuesta a la mirada clásica, ligada a las lecturas liberales y revisionistas, que desde finales del siglo XIX insistieron en considerarlas parte de una nación preexistente a su organización definitiva, que afirma su identidad en las revoluciones de independencia y que, por diferentes vicisitudes, demora su conformación final.

Entonces, esta nueva perspectiva, inaugurada por aquella renovación historiográfica, ofrece nuevas líneas de investigación en términos históricos y un aporte metodológico. En cuanto a lo primero, nos indica que los conflictos armados entre provincias y contra Buenos Aires no deberían ser concebidos como «guerras civiles» o «resistencias» a la unidad nacional, sino como la afirmación de los derechos e intereses de sociedades diferentes. En cuanto a lo segundo, nos advierte de las consecuencias de realizar una historia retrospectiva, de intentar comprender el proceso a partir de su resultado (o incluso reemplazar al primero por el último) y de colocar al principio lo que no es sino el punto final.

Sin embargo, esta perspectiva no deja de examinar un aspecto del problema. Para adquirir una mirada global del proceso, hace falta contrastar las formulaciones jurídicas y discursivas con otros aspectos de la realidad. Incluso, en ese mismo campo (el jurídico-intelectual), estas posiciones han sufrido algunas críticas recientes de notable sagacidad (^{Agüero, 2019}). En efecto, la presunción de autonomía, soberanía o independencia estatal de las llamadas «provincias» está construida a partir de la documentación jurídica o los discursos políticos, que sostienen la intención de instaurar la soberanía de los pueblos (según la acepción antigua) o las «repúblicas». Así pues, se subestiman las variables materiales que deben sostener cualquier autonomía o cualquier independencia: una economía capaz de sostener un Estado, un Estado capaz de realizar ciertas tareas para imponer su autoridad, y una mínima autonomía financiera y operativa, que haga de ese Estado una entidad realmente independiente. El problema aquí es confundir las voluntades de los dirigentes, gobernantes e intelectuales con la realidad misma y, en consecuencia, reducir el conjunto social a unas pocas variables. Un Estado no es una idea. Es, ante y sobre todo, una realidad material que debe ser sostenida. Entendemos aquí al Estado como un organismo político, material, complejo y unitario, que ordena a -y se sostiene en- las relaciones sociales que reproducen la sociedad como tal². Por tanto, su naturaleza y composición no es ahistórica, sino que se define por la sociedad de la que brota (^{Godelier, 1974}). Asimismo, no es un ente neutral sino que actúa al servicio, y en defensa, de la clase dominante (^{Gramsci, 2000}; ^{Miliband, 1978}; ^{Vilar, 1999}; ^{Cohen, 1986})³.

Ahora bien, esas dos variables citadas anteriormente, el Estado como una realidad material y la forma de sostenerla, nos enfrentan a dos problemas. Primero: ¿quién o qué lo sostiene? Esto nos hablaría de su grado de la llamada «autonomía» (y deberíamos también definir con respecto a quién). Segundo: ¿qué es lo que se puede sostener? Cuestión que nos llevaría a medir el grado de estatidad.

Esas deficiencias, marcadas en el acápite anterior, generan un vacío y una pregunta: ¿en qué medida esas unidades administrativas llamadas «provincias» eran realmente Estados autónomos, más allá de las definiciones jurídicas o políticas de los contemporáneos? ¿Qué debe entenderse como «autonomía»? Para ello, se hace necesario revisar dos variables. En primer lugar, su evolución fiscal. Es decir, en qué medida esa entidad tenía una autonomía material y económica real. En segundo, cuáles son las funciones que ese «Estado» realmente podía llevar a cabo. Es decir, en qué medida esas unidades políticas merecen tal denominación.

Este trabajo propone comenzar el abordaje de esas variables a partir de un caso: la provincia de San Luis durante la última década rosista. La elección regional obedece a que, justamente, la historiografía de San Luis reafirma, aún hoy, la existencia de una identidad «puntana» como baluarte de la autonomía o independencia de la provincia. La elección del período tiene que ver con los años en los que esa autonomía habría llegado a un grado elevado, pasadas las guerras civiles y las conmociones políticas que preceden a la Pax Rosista, a partir de 1835. La hipótesis que vamos a tratar de defender aquí es que, tanto en su aspecto fiscal como en su despliegue material, la administración provincial de San Luis, en esta década, no muestra evidencias de autonomía económica ni rasgos de estatalidad acorde a las funciones que reclama un Estado independiente.

2. La historiografía de San Luis

La historiografía tradicional local (^{Pastor, 1970}; ^{Núñez, 1980}) ha sostenido que la existencia de San Luis en la primera mitad del siglo XIX responde a una conciencia de la «identidad puntana», es decir el deseo de existir en torno a costumbres, creencias y modos de vida que se remontan y hunden sus raíces en la época hispánica (^{Villegas, 2011}). A su vez, esa «identidad» es integrada en una conciencia nacional que es compartida con el resto de las provincias del Río de la Plata (^{Gez, 1916}; ^{Sosa Loyola, 1944}; ^{Tobares, 1995}). La integración de San Luis al Estado nacional plantea una serie de interrogantes que no han encontrado una respuesta clara desde la historiografía regional. Esta variable de integración se relaciona con el proceso histórico particular en donde la conformación del Estado provincial que comienza en la década de 1820 pasa a un momento fundamental durante la etapa rosista (^{Saá, 1947}). Entre 1830 y 1853, se sucedieron dos gobernadores federales, Calderón y Lucero. En dicho período, San Luis pasó de la casi desaparición como provincia, alcanzando un punto crítico en 1841⁴, a una época de recuperación y modesta estabilidad a partir de 1845.

Existen trabajos de corte general sobre la historia de San Luis que abordan de una manera muy tangencial y superficial la cuestión de la fiscalidad. La bibliografía de extracción liberal antirrosista (^{Gez, 1910}) hace hincapié en los aspectos de orden político-militar del Gobierno de Lucero, resaltando cierta administración y acciones de gobierno, pero tildándolo de «iletrado» y bajo la influencia negativa de Rosas. Por otro lado, la vertiente revisionista de la historiografía local (^{Fourcade, 1979}; ^{Menéndez, 1986}) rescata aspectos positivos del Gobierno de Lucero en cuanto al orden y honestidad del gobernador, pero sin despegarse de la crónica político-militar. En definitiva, ambas líneas coinciden en la perspectiva de análisis, por lo que carecemos de estudios profundos en la temática que nos interesa; es decir, la relación entre fiscalidad y Estado.

Las imperfecciones de una contabilidad como la de los Estados provinciales que estudiamos convierten en una compleja tarea de reconstrucción el propósito de establecer el conjunto de sus recursos y gastos. Existen diversas investigaciones académicas que han abordado la cuestión de la fiscalidad en torno a las provincias argentinas en el período estudiado por nuestro trabajo. Un trabajo pionero sobre la economía de las provincias durante este período ha sido, sin duda, el de ^{Miron Burguin (1969)}, pero solo en las últimas décadas se ha profundizado sobre esos aspectos. El resultado han sido investigaciones que han descubierto el funcionamiento fiscal de las diferentes formaciones provinciales. Se destacan los trabajos de ^{Chiaramonte (1986}; ¹⁹⁹¹; ^{Chiaramonte, Cussianovich, & Tedeschi, 1993}), en los cuales se aborda la fiscalidad de las provincias del litoral y Santa Fe, así como también los trabajos para el caso de Tucumán (^{Parolo, 2013}), de Córdoba (^{Romano, 1992}) y de Buenos Aires (^{Halperín Donghi, 1972}; ^{Santilli, 2010}), además de un reciente trabajo de largo aliento (^{Achdjian, 2017}). En el caso de Cuyo, constituyen avances importantes las investigaciones que plantean las relaciones político-económicas en las entidades que emergen de la desintegración de la provincia de Cuyo (^{Bransboin, 2015}) y, por otro lado, el examen de las cuentas fiscales de Mendoza en el período que vamos a estudiar (^{Coria, 1998}). En todos los casos, si bien resulta en un avance del conocimiento, no abordan los problemas de autonomía y estatidad. Para el caso de San Luis, el retroceso es aún mayor, pues no hay antecedentes de historia económica ni fiscal que haya trabajado con fuentes primarias.

3. Cuestiones metodológicas

Este trabajo realiza una primera aproximación sobre las interrogantes planteadas a fin de explicar cómo se sostiene el Estado de San Luis, su evolución fiscal y su dinámica en el tramo previo a su integración al Estado argentino. En este sentido, dicho análisis de la documentación permitirá en las próximas instancias de la investigación poner de manifiesto el entramado del aparato gubernamental de San Luis con el correspondiente despliegue de funciones, en especial aquellas ligadas a la administración y la defensa.

Nuestro observable está compuesto por una serie de fuentes primarias consultadas en el Archivo Histórico de la Provincia de San Luis. Entre ellas, se encuentran las carpetas de correspondencia oficial, los documentos de cargo y datas de la aduana provincial y los escasos libros de estados generales. Cabe destacar que, si bien la documentación presenta ciertas lagunas por ausencia de documentos o mal estado de estos por acción de la humedad⁵, es posible acceder a cuentas del Estado provincial, lo cual es ventajoso y permite comenzar la reconstrucción de la fiscalidad en el período estudiado. También hemos recurrido a la documentación del Archivo General de la Nación.

En esta primera etapa de investigación, hemos abordado una década que contiene los primeros dos Gobiernos del federal Pablo Lucero (1841-1848) y parte de su tercer Gobierno, ya que constituyen, por un lado, un punto de inflexión en el orden fiscal al comenzar a realizarse registros y cierto orden en las cuentas provinciales. La aparición de Lucero coincide con la tendencia «a la aparición de fuertes poderes personalistas encarnados en figuras que han sido denominadas como “caudillos” y la construcción y afirmación de estados provinciales con aspiraciones autonómicas» (^{Bransboin, 2015}, p. 116). La época expresa la configuración de un poder personal legitimado por los vínculos establecidos con las milicias que otorga estabilidad y, por ello, cierto consenso de las principales familias de la provincia.

La estructura de nuestro trabajo consta de tres partes. En primer lugar, presentaremos los datos obtenidos de los ingresos de la provincia de San Luis en el período 1840-1850, para luego realizar un análisis de dicha información y presentar una breve conclusión. En segundo lugar, mediante el mismo procedimiento, abordamos los egresos del fisco y su correspondiente explicación. Por último, esbozaremos las conclusiones parciales y la apertura de interrogantes que guiarán los próximos estudios. La reconstrucción de los ingresos y egresos se realiza a partir de la correspondencia oficial y de los estados generales de Aduana y la Intendencia de Policía del Archivo Histórico de San Luis (AHSL).

4. Balanza de pagos y cobro de impuestos⁶

Durante esta etapa, los desafíos y problemáticas que debió abordar San Luis para sostener y desarrollar su capacidad de reproducción como estado provincial y sociedad fueron múltiples. La situación de ser una población de frontera interior ante la presencia de pueblos «indígenas»⁷ llevó a que su materialidad estuviera puesta siempre en vilo ante la amenaza constante tanto a su vida social organizada como al espacio físico por ella representado. Por otro lado, la provincia también se vio afectada por ser el escenario de reiterados intentos unitarios⁸ por hacerse del poder, en algunos casos con efímero éxito (1840-1841 y 1847). Estas dos problemáticas confluyeron en más de una ocasión en planes coordinados (junto con caciques ranqueles y exiliados criollos como Manuel Baigorria) contra los Gobiernos provinciales federales, con el consiguiente descalabro en las finanzas como consecuencia del desorden que se cernía sobre la economía doméstica, tanto en la producción como, esencialmente, en el comercio.

Antes de pasar al análisis de los ingresos de la Provincia de San Luis en la década de 1840, nos parece importante mostrar en la figura 1 el balance fiscal del período. Como vemos, en líneas generales, se puede sostener que el balance arroja un superávit en la mayor parte de los años; sin embargo, tanto en 1841 como 1847, y su corta proyección a 1842 y 1848, respectivamente, muestra un déficit. Ambos períodos de crisis coinciden con los bloqueos al puerto de Buenos Aires por las fuerzas anglofrancesas. No obstante, el impacto en las finanzas de San Luis es indirecto. Si bien en esos años se evidencia un corte en el flujo de dinero de parte de Buenos Aires, la repercusión de dichos eventos de carácter internacional se refleja en San Luis en la organización y puesta en marcha de movimientos de rebeldía de grupos locales en coordinación con levantamientos generalizados liderados por jefes unitarios como Lavalle y el general Paz. Por lo tanto, el flujo comercial hacia Chile o Buenos Aires, de donde San Luis extraía el mayor caudal impositivo, no se vio afectado por el bloqueo sino por conflictos político-militares en su territorio, asociados a aquel.

Así pues, estos puntos de inflexión pueden ser explicados, en principio, por conmociones de orden político-militar, ya sea por levantamientos unitarios como por el recrudecimiento de la guerra de frontera con los pueblos al sur (llamados «indígenas»), o bien por la confluencia de ambas causas. Por otro lado, vemos que los gastos muestran una tendencia sostenida de aumento, que, como veremos más adelante, estuvo destinado principalmente a la cuestión militar.

A partir de lo hasta aquí registrado, se puede sostener que, durante la década de 1840, la provincia no pasó por demasiados sobresaltos fiscales, salvo en las crisis señaladas. Como primera aproximación, esto nos acerca al conocimiento de la fiscalidad en San Luis; sin embargo, para llegar a explicar de manera más certera dicha evolución, debemos ver a continuación la característica de los ingresos y los gastos.

Fuente: elaboración propia a partir de documentación del Archivo Histórico de la provincia de San Luis.

Figura 1 Ingresos y egresos de la administración de San Luis en pesos corrientes, 1840-1850 

Diversos estudios han mostrado cómo, en el plano fiscal, las diferentes entidades provinciales, incluso décadas después de la disolución del Virreinato del Río de la Plata, aún mantenían una estructura tributaria similar a la de la época colonial. Sin embargo, como veremos en la figura 3, a pesar de tener una base similar, las provincias incorporaron nuevos impuestos, como en el caso de San Luis.

Fuente: elaboración propia a partir de documentación del Archivo Histórico de la provincia de San Luis.

Figura 2 Recaudación anual de la provincia de San Luis en pesos corrientes,1840-1850 

En la figura 2, presentamos la evolución de la recaudación de la provincia de San Luis durante la década de 1840. En primer lugar, podemos identificar unos ingresos provinciales que, luego de escaso crecimiento hasta 1843, alcanzan un punto considerable hacia 1845 y vuelven a caer en 1847, para comenzar otro ciclo ascendente hacia 1850. Cuando analizamos las razones de esta dinámica, observamos que la recaudación, durante los primeros años de la década de 1840, se vio seriamente afectada por la acción combinada tanto del ataque indígena que asolaba la campaña⁹, como por los planes de facciones unitarias de San Luis en el marco de levantamientos unitarios generales¹⁰. Luego de concluido este proceso de inestabilidad¹¹, las fuentes muestran una recuperación del nivel recaudatorio partir de 1843. En este avance de los ingresos, confluyen el reordenamiento impositivo realizado por Pablo Lucero¹² y la fluidez del comercio que circula por la provincia hacia Mendoza y Chile como consecuencia de la pacificación de la frontera indígena al sur ante el establecimiento de una fuerza veterana pagada por Buenos Aires. Al respecto, cabe destacar que la llegada del Regimiento de Auxiliares de los Andes responde a una situación crítica que se remonta a la década de 1830.

En 1834, de manera conjunta, los gobernadores de Cuyo se dirigieron a Rosas manifestándole el estado de decadencia de sus provincias. Algo interesante por destacar es que, en la argumentación esgrimida por los gobernadores, en especial respecto a San Luis, aparece por primera vez que, de no mediar una ayuda por parte de Buenos Aires, se verían seriamente afectadas la defensa de las fronteras y la protección del tráfico. Para ello, Molina, Ruiz y Calderón solicitaban el envío de una fuerza de unos 200 hombres al mando de un jefe acreditado. A continuación, un fragmento de dicha misiva:

Este suceso, fatal para toda la República, lo será mucho más para la de Buenos Aires que, ligada por vínculos poderosos con el comercio de Chile, San Juan y Mendoza, o tendrá que consentir que queden rotos para siempre con incalculable daño de sus más vitales intereses, o se verá precisada a una empresa mucho más valiosa que lo que pudiera costarle la conservación de una fuerza de su dependencia en la frontera de San Luis.

La posición geográfica de aquella provincia reclama una preferente atención, como un territorio intermedio entre los demás pueblos de Cuyo y Buenos Aires sin cuya posesión no es practicable el intercambio comercial sin grandes gastos y peligros, como porque la fuerza que defendería a San Luis podría servir de base a las operaciones militares de la provincia de Córdoba contra los indios salvajes y, aumentando de hecho con seguridad, sería una barrera más levantada a la barbarie y el mejor estímulo a la industria de los puntanos. (^{Núñez, 1980}, p. 193)

Ahora bien, lo que nos interesa, a partir de este momento, es comprender cómo se compone esa recaudación, para lo cual elaboramos la figura 3, donde desglosamos las diferentes fuentes de ingreso y el peso de cada una de ellas en los ingresos totales del período. Para realizar la figura, se han sumado todas las cantidades de cada ítem a lo largo de los años registrados.

En primer lugar, aparece la importancia de los ingresos de la aduana provincial, que comprenden poco más de la mitad de los ingresos totales durante el período. Si bien en una figura posterior desglosaremos aquellos elementos incluidos dentro de ese rubro, podemos decir que la aduana percibía los diversos impuestos al comercio. En especial, los principales recursos provenían del comercio que circulaba por San Luis tanto en dirección a Chile, haciendo escala en Mendoza, como hacia Buenos Aires, Córdoba y el Litoral desde San Juan y Mendoza¹³. La recaudación de estos impuestos tuvo su mejor momento el año 1845¹⁴. El aumento de la recaudación de este tipo de impuestos, hacia mediados de la década, pudo deberse, por un lado, al aumento del comercio en el espacio rioplatense (^{Irigoin & Schmit, 2003}) y, por otro, a la reorientación del circuito comercial del norte-Pacífico, que abandonó el puerto de Lamar, en Cobija (en ese momento bajo jurisdicción de Bolivia), para priorizar a Valparaíso (entre otras causas, por la excesiva emisión de moneda feble boliviana), lo que produjo un aumento del tráfico desde el espacio Salta-Jujuy hacia la región de Cuyo (^{Conti, 2003}).

Figura 3 Porcentaje de participación de las diferentes fuentes de recaudación en el ingreso total de la administración de San Luis, 1840-1850 

En segundo lugar en importancia, se encuentra el aporte de la provincia de Buenos Aires. La correspondencia oficial muestra la necesidad de estos fondos para el sostenimiento tanto de las tropas del Regimiento de Auxiliares de los Andes (sueldos, armamento, vestuario)¹⁵, como para el desarrollo de la educación mediante el envío de numerosos libros de estudio, tanto para las primeras letras como para una formación más avanzada. Este sostén por parte de Buenos Aires mostró ser fundamental tanto para asegurar la frontera interior como para sofocar los levantamientos unitarios y, por ende, contribuir a la estabilización del sistema de gobierno provincial y su desarrollo posterior. Es necesario puntualizar que estos envíos no se hicieron a modo de préstamo ni se consignó en ningún lugar que se realizaran en cumplimiento de un pacto previo¹⁶. Es decir, no se trataba de una transacción comercial entre dos entidades independientes, sino que Buenos Aires enviaba esos montos fruto del pedido concreto de Calderón y como parte de los gastos de su propia administración en forma arbitraria y solo a pedido expreso y personal del gobernador. Además, los integrantes del Regimiento eran enteramente bonaerenses, sin que se denunciara ninguna «ocupación» extranjera.

En el tercer puesto, encontramos el diezmo y la contribución directa. La particularidad de San Luis respecto al diezmo está dada por el hecho de que su percepción no se vio interrumpida desde el período colonial, a diferencia de otras provincias como Mendoza, en donde se suprimió en 1824, para volver a recaudarse en la década de 1840 (^{Coria, 1998}). Su importancia radica en que expresa la capacidad productiva de la provincia, la cual es por cierto modesta y solo tiene por fin el consumo local.

El diezmo convive con los otros impuestos y es recaudado por el Estado, el cual, con cierta posterioridad, giraba a la Iglesia católica una parte menor del total para su sostén. Podría pensarse que la pervivencia de un impuesto como el diezmo y su recaudación por parte del Estado como atributo del patronato heredado del período hispánico es un síntoma de poder. Sin embargo, si lo analizamos con detenimiento, vemos que su existencia expresa una debilidad del estado provincial para instaurar otro impuesto de contribución directa, por lo que, para financiarse, sostuvo el diezmo, que gravaba la producción desde tiempos de la Colonia y tenía como fundamento el orden social en el cual una institución religiosa como la Iglesia católica poseía preeminencia, donde el Estado se convertía en un usufructuario de aquella preeminencia.

La contribución directa, por otro lado, era una manera de modernizar la recaudación. Sin embargo, se seguía haciendo a través de la entrega de animales en lugar de dinero efectivo y no se convirtió en una fuente de ingresos considerable. Por ello, se podría explicar como una combinación con el diezmo en el plano de la recaudación propia de la provincia. Mientras que este impuesto gravaba la producción, la contribución directa fue un impuesto a la riqueza. Es decir, el primero afectaba a la creación de riqueza, mientras que el segundo, a su tenencia¹⁷. Es interesante destacar que, para el período de 1848, Lucero afrontó el intento de lograr un mayor conocimiento de la capacidad productiva de la provincia realizando censos de propietarios y su correspondiente número de cabezas de ganado vacuno, equino y caprino. A pesar de ello, dichos censos reposaban en las manifestaciones de los vecinos propietarios y su voluntad de manifestar números reales. En definitiva, dicha situación muestra un intento de mayor organización y recaudación, pero que aún no cuenta con la fuerza suficiente para convertir la contribución directa en una fuente de ingresos principal.

El último rubro es el de «Ventas de Estado», el cual reviste poca importancia. Por el momento, se consignan ventas de cueros de la hacienda del Estado. Posteriormente, cuando se establezca el estanco de tabaco, los ingresos serán mayores. En este ítem también suele aparecer la venta de terrenos del Estado a particulares. En cuanto a los empréstitos forzosos, si bien son casi irrelevantes en términos de volumen, están consignados con el fin de mostrar la debilidad y necesidad del Estado en momentos críticos, como los que hubo al comienzo de la década de 1840.

Ahora bien, el rubro «Aduana», tal como lo consignamos en la figura anterior, es una fuente de ingresos muy variada y heterogénea. Para evaluar la capacidad del espacio provincial de financiar su propia estructura política, debemos desglosar ese rubro y averiguar el peso de los diferentes ítems. Es lo que realizamos en la figura 4. Al observarla, vemos que los mayores porcentajes corresponden al tráfico comercial en las categorías de recuas de mulas cargadas, es decir, el transporte de mercancías que utilizan como animales de carga a mulas. Luego, observamos que el piso de carretas, mulas, caballos y hacienda se encuentran a continuación en el orden de importancia en los porcentajes. Si reunimos en un mismo ítem a dichos pisos, incluso, se convierten en la principal categoría como impuesto al paso por San Luis. Por otro lado, se encuentran los impuestos aplicados a la introducción de mercancías y su venta, representados en el derecho de alcabala¹⁸ y de patentes. Por último, observamos la presencia de los productos exportados como el cuero y el estaño, que corresponden a la producción local. Por lo tanto, vemos que cerca del 90% de los ingresos del rubro «Aduana» corresponden a recursos que provienen del comercio que circula por la provincia y tienen un origen en economías ajenas. Solo una parte menor proviene de la economía provincial.

Fuente: elaboración propia a partir de documentación del Archivo Histórico de la provincia de San Luis.

Figura 4 Porcentaje de participación de los diferentes rubros contenidos en el total del ingreso de la aduana provincial de San Luis,1840-1850 

Con el fin de determinar cuál es la capacidad fiscal de San Luis en cuanto a sus ingresos, hemos elaborado una figura que agrupa las diferentes fuentes de ingreso según sean externas (transferencias de otras provincias o imposiciones a la introducción de mercancías o tráfico) o propias (contribuciones directas, diezmos, extracción de cueros, utilidades de estaño, derechos de patentes y ventas del Estado). El resultado es la figura 5, donde apreciamos que el peso de los recursos foráneos es indiscutiblemente relevante, ya que, si solo sumamos los ingresos que provienen de la circulación de mercancías junto con los aportes de Buenos Aires, y los comparamos con los recursos genuinos de la provincia, los porcentajes totales arrojan que un 67% de los ingresos corresponden a la primera categoría, mientras que el 33% corresponde a la producción local. En principio, parece sumamente problemático hablar, para el caso de San Luis, de un «Estado soberano», por lo menos para la década de 1840.

Fuente: elaboración propia a partir de documentación del Archivo Histórico de la provincia de San Luis.

Figura 5 Porcentajes de mecanismos de recaudación en el ingreso total de la provincia de San Luis, 1840-1850 

5. Los egresos y la construcción material del Estado

En este apartado, vamos a ver cuál fue la evolución de los gastos provinciales y la relevancia de cada categoría de egresos en el volumen total. En primer lugar, hemos sumado el conjunto de los gastos, que se refleja en la figura 6. Allí, se muestra un progresivo aumento a partir de 1843, que alcanza un pico en 1848. Sin embargo, hay años en los cuales la información con la que contamos es fragmentaria y coincide, como hemos visto, con años de crisis político-militar.

Fuente: elaboración propia a partir de documentación del Archivo Histórico de la provincia de San Luis.

Figura 6 Gastos anuales y distribución, según rubro, de la administración provincial de San Luis en pesos corrientes, 1840-1850 

Asimismo, en la figura hemos desglosado los montos que corresponden a cada categoría administrativa. En ese sentido, al contemplar la distribución de los gastos, observamos que el aumento del gasto estatal se ve estimulado principalmente por el desarrollo del aparato militar, mientras que el resto de los gastos (Gobierno, Iglesia, Aduana y Justicia) se mantienen prácticamente en el mismo nivel de importancia, destacándose, en segundo orden de importancia, los egresos ligados a la administración de gobierno.

Para realizar un balance más pormenorizado de los gastos, hemos decidido presentar una figura con los egresos totales en toda la década, con los rubros desglosados según el tipo de gasto real, más allá de cómo figura en los documentos: gastos de guerra (haciendo la distinción entre Ejército regular y milicia), administración de gobierno (en donde se incluyen sueldos y gastos corrientes), los egresos destinados al sostenimiento del culto católico (por ejemplo, en ocasión de los festejos del patrono San Luis) y, por último, Justicia, en donde se agrupan sueldos de jueces de paz, en lo criminal y civil, y sus subalternos. Esta división comienza a mostrar las acotadas funciones de San Luis como Estado. Veamos, entonces, la figura 7.

Fuente: elaboración propia a partir de documentación del Archivo Histórico de la provincia de San Luis.

Figura 7 Porcentajes de los diferentes rubros de los gastos totales de la administración provincial de San Luis, 1840-1850 

Una primera reflexión implica reconocer la importancia de la estructura militar y del orden administrativo ligado al gobierno¹⁹. En este sentido, el despliegue de funciones de un Estado que va conformándose hace su aparición con claridad en los gastos de policía con sus libros de entrada y salida a partir del año 1843. Asimismo, registramos egresos relacionados con el control social, que se ejercía a través de los juzgados de paz y del crimen.

En este apartado, nuevamente, carecemos de datos para reconstruir los gastos de 1841 y 1842. Sin embargo, un aspecto por destacar es la evidencia de un crecimiento constante del gasto en el ejército regular²⁰, mientras que el gasto en la milicia se mantiene estable durante el período. En el año 1844, la provincia se pone al día con las deudas contraídas durante 1841, y su estabilidad se evidencia por la utilización de recursos para proveer a las tropas²¹. A partir del año 1845, Lucero y, por ende, el Estado provincial muestran una mayor dedicación de recursos a la Iglesia católica en una posición regalista, pero también en la cual se identifica la causa rosista con el catolicismo.

A continuación, analizaremos la estructura de gobierno, que podemos apreciar en el anexo I. Allí, vemos la importancia del aparato militar y la dispersión administrativa. Mientras una parte del aparato estatal se encuentra en la capital, las tareas militares y el poder político se encuentran en el pueblo de San José del Morro; la administración, en Renca; y los destacamentos regulares, en la frontera. La estructura del Estado, por ello, tiende a ser simple²², dirigida por un hacendado que ha hecho carrera en las armas. Las funciones no están diversificadas, el administrador de Aduana controla la caja del Estado y de allí recauda y distribuye los pagos. El intendente de Policía realiza tareas de seguridad en la ciudad y la campaña, y tiene a su cargo a los jueces de paz, a los comisarios, el cobro del diezmo y el sostenimiento de la milicia. La justicia posee tres jurisdicciones: civil, criminal y de paz, de la que dependen a su vez los comisarios de los partidos, encargados del cobro del diezmo y la contribución directa en cabezas de ganado. Sin embargo, más allá de la existencia de dichas jurisdicciones en la correspondencia, el presupuesto no parece contemplar un despliegue de estas atribuciones y no hay rastros de una actividad constante, lo que debería ser objeto de nuevas investigaciones.

En cuanto al poder legislativo, la Sala de Representantes, en teoría, se reúne una vez a la semana, pero en la correspondencia hace su aparición solo en momentos puntuales. Por ende, se infiere que no era estable y, ante la falta de evidencia, carecía de edificio.

Con todo, cualquier Estado, y más aún en este período inicial, no solo despliega sus funciones, sino que las amplía y perfecciona. Eso implica la expansión y la modernización de su estructura material (^{Oszlak, 1982}). Para examinar en qué medida la administración provincial expande y moderniza su capacidad de intervención, hemos discriminado los egresos que constituyen los gastos corrientes (sueldos y refacciones corrientes) de los que permiten una acumulación (construcciones, modernización, ampliación de funciones). El resultado es la figura 8.

Fuente: elaboración propia a partir de documentación del Archivo Histórico de la provincia de San Luis.

Figura 8 Porcentaje de acumulación y gastos corrientes sobre el total de egreso de la provincia de San Luis, 1840-1850 

Es importante destacar que, en el período analizado, existe un gasto de acumulación mínimo que se plasma en aspectos estructurales como la refacción de dependencias del gobierno, la reconstrucción de pueblos destruidos por malones, como, por ejemplo, San José del Morro, y la puesta en marcha y construcción del Cuartel general en la ciudad capital; y, en el plano educativo, la construcción de la Escuela de Primeras Letras y la Escuela de Latinidad, que dependía de la Iglesia católica pero era sostenida con recursos estatales. Por otra parte, se puso en funcionamiento, a partir de 1848, la imprenta estatal y una academia militar para formación y ejercicios de las tropas. En 1846, se produjeron una serie de gestiones que tenían por resultado la compra de sables para las tropas, hierros para la forja de herramientas y pólvora. A pesar de estos gastos, la figura 7 muestra un contundente resultado: el mayor volumen corresponde a egresos corrientes ligados al sostenimiento de tropas, a pertrechos y a refacciones.

La administración de aduana es un instrumento clave en la estructura, ya que no solo funciona como recaudadora de impuestos al comercio de mercancías, sino también como contaduría de las cajas del Estado. A su vez, la Intendencia de Policía y el entramado de comisionados y jueces civiles, de paz y del crimen se encargan de extraer recursos de la sociedad civil (contribución directa). Todas estas instituciones son responsables de la ampliación gradual de la intervención estatal en la vida social y, fundamentalmente, de la protección y reglamentación de la propiedad (delimitación y otorgamiento de terrenos, acción judicial ante robos, administración de sucesiones, etc.). En el terreno educativo, esto se manifiesta a través de la inspección de la escuela de primeras letras y de estudios mayores de latinidad y, por otro lado, el ejercicio del patronazgo sobre las cuestiones del culto católico.

En definitiva, el análisis de la estructura de gastos no nos permite concluir que estamos ante el desarrollo y expansión de las competencias estatales en la provincia de San Luis, sino más bien ante el mantenimiento de una precaria y dispersa estructura política en la cual el elemento militar prevalece sobre cualquier otra competencia.

6. Algunas conclusiones

En la década de 1840, San Luis se nos presenta como una provincia con un entramado político-administrativo sumamente modesto. En su derrotero histórico, había ido delineando una fisonomía que buscaba subsistir a los diversos embates de su entorno en medio de las guerras civiles y la amenaza «indígena».

Las fuentes evidencian que San Luis combinaba ingresos propios (principalmente derechos de aduana) con la transferencia de recursos en dinero y productos por parte de Buenos Aires. En el período analizado, percibía el 79% de sus ingresos a partir de la aduana y aportes de Buenos Aires. Así, pues, no podemos decir que estemos ante una administración que se sostenía con recursos de su propio espacio económico. Una parte era cubierta por la exacción de riqueza de otras provincias (tráfico interprovincial) y otra, por la transferencia de recursos monetarios y humanos de Buenos Aires. Dicho esto, no puede decirse que San Luis poseyera autonomía alguna, ni, menos aún, que se tratara de un «Estado independiente». Otra discusión surgiría si las transferencias se hubieran hecho bajo la forma de «préstamos», lo que podría llegar a entenderse como una transacción entre dos entidades separadas. Pero, como especificamos oportunamente, las fuentes no indican ningún pedido de retribución, ni se firmó ningún contrato entre partes. Por lo tanto, Buenos Aires consideraba esas transferencias como parte de sus obligaciones con un territorio común. Ahora bien, ¿qué es lo que le permitió sostener esas transferencias de riqueza ajena?

Como vimos, simplemente, lo permitió un pequeño aparato con visos de estatalidad con capacidad de institucionalizar su autoridad en un territorio acotado e imponerse a una serie de desafíos tanto locales como regionales, pero que entraba en una profunda crisis ante cualquier amenaza²³.

En definitiva, podemos concluir esta primera aproximación sosteniendo que la dinámica fiscal en el período analizado permite visualizar la existencia de una entidad estatal con una relativa capacidad de reproducción, pero que, ante problemas militares y políticos, veía afectada su existencia²⁴. Dichas rebeliones políticas o la «amenaza indígena» afectaban los canales de donde se alimentaba el Estado y eso conllevaba la asfixia. La prestación de servicios fue escasa y en algunos casos, como educación y sanidad, casi nula.

En cuanto a la evolución del aparato militar, se constata una marcada preeminencia en el gasto estatal destinado a su sostenimiento y expansión. A medida que avanzaba la década de 1840, la inversión en las fuerzas militares aumentó por la regularidad en el pago de sueldos, aprovisionamiento de carne, vestimenta, compra de armamento, y arreglo y construcción de locaciones defensivas en lugares estratégicos del territorio. Una población que se limitaba a proveer a las tropas y contribuir a un Estado cuya principal función era la defensa frente al avance indígena y la conservación de un circuito comercial. Allí fueron a parar los principales gastos corrientes. Es importante destacar que, recién en 1848, el estado provincial adquirió una imprenta para uso de la administración gubernamental.

La estructura fiscal de San Luis en esta década tiene grandes semejanzas con otras provincias como Córdoba (^{Romano, 1992}), Santiago del Estero (^{Carrizo, 2014}), Santa Fe (^{Chiaramonte, 1993}) y Entre Ríos (^{Schmit, 2004}). En todos estos casos, se apela al impuesto indirecto (herencia del régimen anterior) antes que a la tributación «moderna» (directa). Salvo para el caso de Entre Ríos, a partir de la década de 1840, el resto de las provincias sufrió déficits crónicos (^{Conti & Salomé Boto, 1997}). Ante la incapacidad de apelar a la emisión de moneda, estrategia utilizada por Buenos Aires (^{Halperín Donghi, 1972}), las provincias debieron apelar a diferentes estrategias para cubrirlos (o disimularlos). Aunque todas combinaron diversas formas, Corrientes priorizó el intento de un proyecto proteccionista (^{Chiaramonte, 1991}); Córdoba, el empréstito forzoso y la venta de tierras; Santa Fe y San Luis se valieron principalmente de los aportes de Buenos Aires; y Santiago del Estero priorizó una combinación de los últimos dos.

En cuanto a los gastos, en todos los casos, el rubro militar se lleva el mayor porcentaje, aunque, en el caso de Córdoba, la diversificación y el despliegue de funciones de tipo estatales es mucho mayor. Si bien la recaudación de San Luis no llega a los niveles de Entre Ríos (1,5 millones de pesos), aparece con un volumen mucho mayor que el de Santiago del Estero (21 000 en el mejor año).

Pues bien, así como no podemos afirmar la capacidad de autonomía de la administración de San Luis (ni, mucho menos, de «independencia»), tampoco podemos referirnos a la existencia de un Estado en desarrollo, sino más bien a una estructura con elementos estatales (capacidad de coacción), pero muy precarios y endebles. Si bien es cierto que, a partir de 1833, con el Gobierno de Calderón, la provincia asumió oficialmente el federalismo, uniéndose a la Liga Federal, generando desde el poder símbolos²⁵, valores y sentimientos de pertenencia a una comunidad diferenciada, estos gestos simbólicos resultan insuficientes para explicar su existencia como entidad política escindida de sus vecinas.

Estos primeros resultados nos llevan a plantear una serie de interrogantes. La existencia de San Luis como una sociedad que erige su propio gobierno y delimita su espacio, al menos en la década de 1840, no se explica por su propio desarrollo. Más bien, parece sostenerse, en su elemento central (el militar), a partir de la ayuda de Buenos Aires. Su existencia como Estado no obedece a una dinámica propia.

En relación con el problema teórico de la construcción nacional, no se trata de recurrir a esencialismos fichteanos ni a la noción subjetivista (^{Gellner, 1993}), pactista (^{Löwy, 1998}) o cívica (Kohn, 1944). Simplemente, tener en cuenta que la perspectiva de las realidades nacionales como «comunidades imaginadas» (^{Anderson, 1993}), si bien puede aportar al análisis de un período posterior (en el cual el Estado legitima su origen), se constituye en un obstáculo epistemológico a la hora de examinar los procesos constitutivos, materiales, que no siempre coinciden con los discursos retrospectivos.

En relación con el caso concreto, aquellas hipótesis que conciben a la primera mitad del siglo XIX como una dispersión de soberanías y la aparición de Estados independientes, deberían ser relativizadas y reconsideradas para el caso de San Luis, al menos en la década estudiada. San Luis no tuvo ingresos propios suficientes para llevar una política autónoma, en especial respecto a Buenos Aires y, por otro lado, los gastos de acumulación eran insignificantes, limitándose a realizar egresos para fines coyunturales como defensa y administración.

Este escenario no parece muy diferente de lo que el propio Chiaramonte encontró para las provincias de Santa Fe o Entre Ríos, unidades que contenían los espacios económicos más prósperos, por detrás de Buenos Aires. Estos resultados sugieren una serie de preguntas nuevas para abordar el período, que se relacionan con la naturaleza de los lazos económicos, financieros, administrativos y militares entre las diferentes provincias. Esto llevaría a una mejor comprensión acerca de las causas por las cuales, ante la caída de Rosas en 1852, Urquiza pudo, inmediatamente, llamar a la unidad nacional, redactar una Constitución y lograr la adhesión de todas las provincias (^{Scobie, 1964}; ^{Garavaglia, 2015}) menos una: Buenos Aires, que, justamente, se negó a seguir drenando recursos, dando lugar a un largo y tortuoso proceso que culminó en una sangrienta batalla, la de junio de 1880 (^{Sábato, 2008}), a partir de la cual, finalmente y en forma definitiva, se la obligó a subordinarse a una construcción ajena a la que ansiaba.