La administración chilena entre los aymaras: resistencia y conflicto en los Andes de Arica (1901-1926)

Alberto Diaz Araya; Rodrigo Ruz Zagal; Carlos Mondaca Rojas

El presidente recibió el siguiente telegrama del gobierno de Nueva Imperial, señor Martínez, por el cual le comunica el patriótico ofrecimiento hecho a la patria por 15 mil indios araucanos:

Testigo el honor de comunicar a VE: que hoy se han presentado a esta gobernación un grupo de ciento cincuenta indígenas entre caciques y caciquillos en representación de 15 mil indios aptos para el servicio militar; a saludar al infraescrito como representante del ejecutivo y a ofrecer su concurso a Chile en caso de peligro nacional. Venían con cornetas y banderas chilenas a la cabeza de la columna, mandados por el cacique principal don lgnacio Nelcumán. Manifestación grandiosa pueblo Imperial impresionado patrióticamente. Martínez.

Diario El Ferrocarril, 25 de diciembre de 1918.

LLEGAN LOS ROTOS. LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA CHILENA EN EL DEPARTAMENTO DE ARICA DESPUÉS DE LA GUERRA DEL PACÍFlCO⁶

¡Gloria eterna al color rojo!
Rojas son las grandes almas y mis
mejores ideas y las más bellas mortajas.
Rojo es el hierro candente
que cauteriza las llagas,
rojo fue el blasón que usaron, sobre
su cota de malla, los caballeros
cruzados;
roja es la lengua que canta y maldice
a los tiranos...
Y roja, en fin roja y blanca,
la bandera que más amo,
¡la bandera de mi Patria!

Himno rojo.
Federico Barreta, poeta peruano.

¡Salud rotos esforzados!
¡Loar eterna, eterna paz,
al invicto y gran chileno,
que ha hecho tocar el freno
al enemigo otra vez!
Que está haciendo al entremás,
que terció en casas ajenas, purgar a bala a sus perros.
¡Que así siempre los aniquile!
¡Vivan los hijos de Chile!
¡Vivan las madres chilenas...!

Poema anónimo
publicado en Arica en 1880.

Tras el triunfo en la guerra del Pacífico (1879-1883) el Estado chileno necesitó implementar una organización que le permitiera administrar eficientemente la zona en litigio (Arica- Tacna) y obtener tanto un dominio soberano del territorio como la aprobación de la población local que iba a votar en el plebiscito acordado en el Tratado de Ancón de 1883.7 Para ello se construyeron caminos hacia los valles y sistemas de drenaje de acequias en Tacna; se implementaron campañas de salubridad y de alfabetización; se establecieron controles tanto sobre las naves que transitaban por la costa como sobre los hitos fronterizos; etc. Con esta finalidad, hacia el año 1885 un decreto administrativo estableció los límites de la intendencia de Tacna, de las gobernaciones y de las subdelegaciones. Dichas subdelegaciones estaban organizadas de acuerdo con una estructura definida que estaba bajo el control del gobierno central por medio de la jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores. En la zona en litigio, el Ministerio del Interior no podía emitir ni designar cargos administrativos.

En términos de relaciones políticas, el gobierno central designaba todos los cargos de la administración pública de la zona con el propósito de controlar todas las actividades de la intendencia de Tacna. A él deberían dirigirse todo tipo de consultas, partes, informaciones secretas, censos, etc. Después venían, en orden jerárquico, el intendente, usualmente, un antiguo militar, dadas las condiciones bélicas de la zona. Los cargos de gobernadores eran designados desde Santiago y recaían tanto en civiles como militares, aunque se privilegiaba la condición militar. Posteriormente, venía la Junta de Alcaldes, nombrados por el presidente. Los cargos de subdelegados recaían en ciudadanos chilenos vecinos de Arica o inmigrantes del centro del país que gozaban de la confianza de la junta de alcaldes, del intendente y del gobernador. En la mayoría de los casos, estos funcionarios debían vivir en sectores rurales -zonas inhóspitas de complicado acceso- donde residían los campesinos. El subdelegado rural, era el encargado de llevar a la práctica las políticas administrativas en las zonas interiores. A él le debían respeto los inspectores de distrito, los jueces de letras, los policías y la comunidad campesina en general.

Donde se presentaba una particularidad es en el nombramiento de inspectores de distrito y jueces de letras de las diferentes subdelegaciones. Estos eran miembros activos de las comunidades aymaras. Se trataba de comuneros que gozaban de la confianza del subdelegado, de la comunidad y también del gobierno local. Esta información resulta importante, debido a que en una zona de conflicto de soberanía se contaba con la participación de comuneros peruanos para ejercer cargos públicos. Esta situación se torna comprensible si tenemos en cuenta el plebiscito, ya que serían de los habitantes de la región de Tacna y Arica -e incluso los de las zonas interiores- los que tendrían que emitir el sufragio para elegir con qué Estado se quedaban (Chile o Perú). En tal sentido, las autoridades buscaban ganarse la confianza en la población, sobre todo la campesina, que se consideraba como la más reticente a la política administrativa chilena. Por otro lado, contar con el apoyo de comuneros influyentes o con el de la clase dirigente o élite dándoles acceso al poder político local -y con ello al reconocimiento y prestigio comunitarios-8 permitía acercarse a la población para implementar reformas administrativas y campañas chilenizadoras.

De este modo, los inspectores y jueces de distrito debían controlar y entregar a la administración chilena todo tipo de información concerniente a conflictos de tierras, enfrentamientos, festividades, robos, conflictos por el agua, entre otros. Las subdelegaciones se convirtieron en microestructuras administrativas, enclaves políticos en los sectores alejados de los núcleos urbanos. Estas se superpusieron a los distritos e inspectorías sobre cuyo personal tenían autoridad legal y comunitaria. En consecuencia, la nueva administración chilena rompió con las estructuras de poder local y, con ello, la delicada red de organizaciones tradicionales propias del escenario andino.

Las políticas administrativas chilenizadoras establecidas sobre la base de subdelegados rurales daban un importante papel al cargo que ocupaba el juez de distrito en los sectores interiores, cargo que estaba directamente relacionado con el nexo necesario entre la comunidad y el Estado. La asignación de autoridad al juez de distrito buscaba establecer redes sociopolíticas y administrativas entre el Estado y las comunidades distritales, con el fin de cimentar las políticas que la administración chilena impartía de manera homogénea para todo el territorio en conflicto diplomático.

Dichas políticas fueron destinadas a fortalecer el sentimiento de nacionalidad y patriotismo en la nueva frontera norte de Chile. En ocasiones, ello generó medidas represivas frente a los sentimientos antichilenos (Díaz y otros 2000: 147). El proceso de chilenización se caracterizó por actuar simultáneamente en diferentes esferas de acción: adelantos en materia de construcción, imposición de la cultura nacional en las escuelas primarias rurales por medio de la castellanización, alfabetización en los poblados rurales -que, en ese momento, eran sinónimo de peruanidad o incivilización bajo una lógica sarmientana-. En el área de Arica se construirían escuelas destinadas a generar conciencia nacional chilena en los educandos; en ellas los profesores actuarían como verdaderos promotores de la identidad y soberanía patriótica chilenas, por lo que el Estado destinó tempranamente maestros normalistas para entregarles el servicio de instrucción escolar. Para estimular el proceso de chilenización se ofrecía instrucción solo a los niños inscritos como chilenos. Así, en un escrito confidencial a los subdelegados, el gobernador de Arica, Emiliano Bustos, señala lo siguiente: «Sírvase instruir convenientemente a los Directores de escuelas Públicas y particulares de esa subdelegación en el sentido de que deben concretar la enseñanza que dan solamente a los niños menores de 16 años, quedando prohibido enseñar a leer, escribir, o a firmar a aquellos que tengan mas edad de la indicada, que no sean chilenos netos […]». Más adelante en el oficio, agrega: «Por otra parte, es necesario tratar de que aprendan, aunque sea Solo a firmar los chilenos netos de esa subdelegación que no lo sepan hacer. Recomiendo especialmente a usted poner en práctica, desde luego esta medida».9

Solamente los niños que aún estaban en proceso de aprendizaje y de instrucción, y que podían catalogarse por la edad de chilenos, podían acceder a la educación que el Estado chileno les brindaba. Solo los chilenos deberían tener educación y una instrucción adecuada. De este modo, los campesinos de Putre, que mantuvieran su afiliación peruana, eran marginados.

También se aplicaron ordenanzas municipales y decretos destinados a modificar las conductas de los aymaras. Por ejemplo, para efectuar fiestas patronales y carnavales, debían solicitar permiso a los carabineros para organizar bandas de bronces o comparsas de laquitas. Estas eran aceptadas siempre y cuando acompañaran las celebraciones patrióticas (21 de mayo, 7 de junio, 18 de septiembre) y se ejecutaran los himnos y marchas militares chilenos. Así, la chilenización del área implicó cambios significativos para la población del actual norte de Chile. El estado desplegó grandes esfuerzos para cimentar las bases del gobierno chileno en todo el sector.

En los albores del siglo XX, era común solicitar permisos para la entrada de músicos al área -preferentemente de instrumentos de viento-, como la presente circular N° 55, del 13 de agosto de 1926, la cual dice:

Señor Comandante del escuadrón de Carabineros de Putre:
El vecino de este pueblo Feliciano Loayza, ha solicitado permiso de esta oficina para celebrar la fiesta relijiosa de los días 14 y 15 del corriente, se le otorgó lo solicitado, según costumbre rejional, hacen dispares de camaretes, y tocadores de zampoñas acompañan a solemnizar estas fiestas. Lo que pongo en su conocimiento para los fines del caso.
Saluda a ud.
Horacio Cornejo C.
Subdelegado

Como podemos deducir de la cita anterior, el ritual y la tradición se mantienen integrando dinámicamente nuevos elementos. La obligación de pedir permiso para vivir las tradiciones parece una medida poderosa, ya que cualquier expresión que se alejase de los patrones de identidad chilena podía ser juzgada como manifestación de querer ser peruanos. Por otro lado, el gobierno local estaba al tanto de las actividades y movimientos de este sector de la población que iba siendo integrado a la administración estatal por medio de complejas redes de dependencia.

La incorporación de los campesinos andinos al proceso de nacionalización supuso la reestructuración de sus costumbres de acuerdo con los lineamientos del Estado chileno. Estas políticas administrativas y psicológicas definían los marcos dentro de los cuales podían mantener sus tradiciones culturales, pero también introducían nuevas prácticas como, por ejemplo, la interpretación del himno nacional, el de Yungay, bailar cuecas, y todo lo relacionado con el patriotismo chileno (Díaz 2000).

En esta relación de las personas que componen el comité de fiestas patrias para celebrar el aniversario de la independencia nacional, del 14 de septiembre de 1925, existe todo un programa que refleja lo dicho:

Las siguientes personas componen el comité de fiestas patrias para celebrar el aniversario Nacional, en Caquena:

Presidente don Juan C. Yucra.-
Secretario don Lucio Mamani F.-
Tesorero don Félix Garnicas G.-

El siguiente programa se ha elaborado para celebrar el aniversario Nacional:

1.- 7 horas.- La banda de zampoñeros recorrerá las calles tocando los himnos de Yungay.-
2.- 8 horas.- Izamiento de la bandera patria.-
3.- 11 horas.- Concurso de cuecas.-
4.- 15 horas Partido de football, entre los club de Niquela (versus) Angostura.-
5.- 16 horas.- Carreras en sacos, palo enjabonado y rompecabeza.-
6.- 17 horas.- Carreras y topeaduras a la chilena en burros.-
7.- 18 horas.- Baile social.-
8.- 22 horas.- Fuegos artificiales.-

Para el día 19 desfile por los reservistas, y repetición de algunos números del día anterior.-

Félix Garnica G.
Inspector de Distrito

La visión de un Estado chileno rico en recursos (como el salitre), poderoso en influencias en el ámbito latinoamericano, y poseedor de un ejército fogueado y vencedor permitió que la óptica sarmientana de civilización contra barbarie se aplicase a los pobladores andinos del área de Arica. Se creía que la idea chilena de progreso o de un Estado hacedor se impondría en el comentado plebiscito. Los ciudadanos apoyarían la gestión del buen gobierno del nuevo Estado, y Chile se consolidaría soberanamente en este territorio. Paralelamente se aplicaban medidas represión indirecta, tales como hacer comparaciones con los países limítrofes de Perú y Bolivia. Por ejemplo, la administración publicaba bandos en los que ordenaba que se debía mantener el orden y la limpieza en las casas y calles, lo que hacía clara referencia a que esto es civilizado en contraste con las costumbres bárbaras de los barrios y poblados del Perú y Bolivia.

Sin duda, quienes sufrieron más violentamente este fenómeno fueron las poblaciones aymaras de la zona, que vieron sus tierras comunales y tradiciones -ya aculturadas desde la Conquista- sometidas a la influencia del Estado chileno. Muchas de sus tierras fueron expropiadas, sobre todo al construirse el ferrocarril internacional Arica-La Paz. En tal sentido, se aprecia:

Se entrega el valor de los terrenos de: Marcelo Gutiérrez ($269.50), N. Almonte ($198.00); M. Morro ($245.90); J. Mendoza ($69.10). Todos éstos terrenos ubicados en el valle de Lluta, para la construcción del Ferrocarril Arica-La Paz. 10

En otro documento se observa:

Los valores de los terrenos a expropiar son: Marcelino Collao ($118.05); Petrola Alanoca ($128.20), del valle de Lluta, para el Ferrocarril Arica-La Paz.11

La vida cotidiana fue un tanto hostil para los campesinos aymaras durante la chilenización. Tenían que adaptarse a un nuevo sistema de gobierno. Las tierras comunales pasaron a pertenecer al Ministerio de Tierras y Colonización. Las tierras las compraba el Estado, y los campesinos de los valles bajos estaban obligados a vender, aunque la oferta no fuera la mejor. Más aun, en ocasiones no se respetaban los predios que pertenecían a lugareños con tendencias favorables al Perú. No obstante, hubo aymaras que negociaron sus tierras sin mayor problema y se adaptaron al nuevo Estado que se imponía en la región.

Este es el contexto en que los aymaras tuvieron que desenvolverse. Muchos fueron expulsados; otros optaron por huir al Perú o a Bolivia; otros emigraron a los puertos o salitreras. Unos pocos mantuvieron sus actividades productivas, ganaderas y económicas. Entretanto, en la sierra ariqueña lentamente los campesinos andinos anidaron la idea de que estas tierras eran peruanas y que ellos, como peruanos que eran, debían defenderla, incluso a costa del derramamiento de sangre, como a continuación se expondrá.

RESISTENCIA PERUANA EN LA SIERRA DE ARICA

Frente a las políticas administrativas implementadas por las autoridades chilenas en Tacna y Arica, la población peruana de la sierra ariqueña vio transformarse el manejo tradicional de los recursosl2 de uso comunitario y sus manifestaciones festivo-religiosas. Ello fue dando origen a formas de resistencia. En este sentido, nos parece necesario planteamos la siguiente pregunta: ¿existió en la precordillera de Arica (Putre) una identidad étnica por parte de las autoridades locales?; ¿identidad étnica o identidad sociopolítica o ciudadana?

Para poder desenmarañar esta compleja trama nos centraremos en el análisis de un caso: el de una autoridad comunitaria perteneciente a la élite local de Putre a comienzos del siglo XX, a la que tanto la memoria como las fuentes documentales describen como un personaje clave en el debate de la identidad nacional durante la chilenización. La figura mencionada es la del comunero putreño Antonio Mollo, personaje de enorme significación e influencia en esta comunidad entre fines del XIX y comienzos del siglo XX.

La memoria putreña menciona que Antonio Mollo puede haber sido peruano, y que puede haber llegado al pueblo hacia fines del siglo XIX desde alguna localidad del sur del Perú. Esta sería la explicación evidente de su resistencia a la chilenización. Sin embargo, es necesario preguntamos cómo este personaje adquirió notoriedad en el círculo de la élite putreña, y por qué utiliza esta notoriedad para resistir a la política chilena.

El conflicto se planteó en tomo a la controversia entre la autoridad local comunitaria y la autoridad política. Antonio Mollo, quien ostentaba el cargo religioso de fabriquero de la iglesia del pueblo, se negó a aceptar la autoridad del subdelegado de Putre, quien, de acuerdo con las órdenes del gobernador, privó a la autoridad local de su función tradicional y religiosa de resguardo de la fábrica del templo. La documentación recabada por Tudela nos expresa los primeros conflictos con Mollo y, con ello, las primeras reacciones de parte de la autoridad chilena:

Señor Gobernador: Ayer recibí el oficio de Ud. del 25 mayo, juntamente con otro dirigido a Ud., por el Subdelegado de Putre. No es efectivo que los señores Antonio Mollo y Pedro Humires hayan sido nombrados fabriqueros. Les he encargado de las llaves de la iglesia de Putre y Socoroma a condición de que procedan de acuerdo con las autoridades civiles de las respectivas localidades que es deber de todos los habitantes del territorio. Si los expresados señores no lo hacen así, encargaré de las llaves a las Sras. Directoras de las escuelas o a otras personas, previa inspección de lo que sucede. (Citado en Tudela 1994: 11)

La intervención del obispo evidencia el rechazo de la Iglesia a la insumisión de las autoridades locales:

A mi juicio Ud. debe ser todo lo benigno que puede con su gente de la subdelegación, pero debe ser inexcavable para hacer respetar las leyes y los bienes del fisco. En cuanto a la iglesia el fabriquero debe proceder de acuerdo con Ud. que es persona que me merece y tiene toda mi confianza. Esta es mi última palabra; si no proceden de acuerdo con Ud. se nombrará otro fabriquero. Yo quiero paz en el pueblo y el respeto a la autoridad. (Citado en Tudela 1994: 11)

Durante los primeros días de agosto, surge una disputa por el incierto destino de la chafalonía de la iglesia de Putre, en la cual Mollo servía como fabriquero. De esta forma, desde la gobernación de Arica se emite un oficio dirigido al subinspector de policía en comisión en Putre, don Juan Dávila, con el siguiente contenido:

Sírvase practicar las investigaciones necesarias para averiguar el paradero de la chafalonía perteneciente a la iglesia de Putre, chafalonía que estaba en depósito en poder del señor Antonio Molla. Para encontrarla proceda a los allanamientos que fuesen necesarios, conseguido el fin que se persigue, la trasladará a esta gobernación, previo inventario que hará levantar el Subdelegado.
Para el procedimiento de todas estas delijencias sírvase proceder de acuerdo con el Subdelegado señor Herrera.
Dios guíe. a Ud.
Luis Arteaga. 13

La polémica por la custodia de los bienes se mantuvo, y el gobernador de la provincia tomó una activa participación en la investigación por medio de un informe dirigido al promotor fiscal de la provincia, con fecha 9 de agosto de 1919; en él se expresa de la siguiente manera:

Señor Promotor:
Adjunto acompaño a US. los antecedentes que se relacionan con la sustracción de algunos bienes de la Iglesia, efectuada por Antonio Mollo, bienes que consisten en ciento dos piezas de plata vulgarmente llamada Chafalonía, con un peso de 29.1/2 libra, como consta del recibo otorgado por el propio Mollo el 23 de Junio de 1902, fecha en que se recibió esas especies para conservarlas en custodia, además de las cuarenta y tres piezas de plata á que se refiere la foja dos de este espediente.
Como en mi calidad de Gobernador del Departamento, me incumben las atribuciones que las leyes de Patronato confieren al Ejecutivo, sírvase US. imponerse de los antecedentes adjuntos y en mérito de ellos, obtener del Juzgado una orden de retención de los bienes de Mollo, para responder á los de la Iglesia que se ha sustraído y que importan seguramente un valor de mas de $5.000.

Las investigaciones emprendidas por parte de las autoridades políticas en tomo a Mollo tienen un abrupto fin con la entrega voluntaria de Mollo de la chafalonía. En un oficio del 28 de agosto dirigido hacia el promotor fiscal, el Gobernador informa:

Señor Promotor:
Con relación á mis oficios Nºs 590 y 619 de 9 y 22 del presente mes sobre lo que el infrascrito creyó una sustracción de algunos bienes de la Iglesia de Putre que se atribuía a Antonio Mollo, debo manifestar a US. que los referidos bienes consistentes en algunas alhajas de plata, han sido devueltas por Mollo algunas, y otras estaban en la Iglesia de Putre.
Cree el infrascrito, que en vista de lo espuesto, ya no tiene lugar el juicio contra Mollo.

La memoria colectiva de los putreños recuerda a este personaje como aquel que asumió la defensa de las aguas de la comunidad cuando las mercedes de aguas entraron en litigio con parte de la población del sector de Angostura del Valle de Lluta. Don Alberto Primitivo Medina, octogenario vecino, rescata de los recuerdos el hecho de que:

Antonio Mollo después también tuvo un pleito con los lluteños este caballero; sí quería mucho a su pueblo, a Putre […] porque los de Lluta querían llevarse las aguas de Putre. Ya tenían tramitado en los tribunales y el representante legal de los lluteños era un señor de apellido Mayorga. Entonces, y [...] y además les inició en Belén, que era el primer distrito de esos tiempos. Entonces inició ahí la demanda. Entonces don Antonio dicen que en esa hora se iba pa' Belén, hablaba con el juez y la resolución se la llevaba él mismo a los tribunales de Arica [...] lo que los lluteños se confiaban con esperar que mandaran esto, porque aquí demoran en llegar [...] no sé cómo lo mandaban. Antes había un valijero que las llevaba. En cambio Antonio Mollo estaba entre ir y venir, iba y venía hasta que cuando ya salió la sentencia a favor de él, ya, listo. Cuando fueron los lluteños a ver eso, caramba que se molestaron. Casi lo linchan a Mayorga porque perdieron el pleito de las aguas en ese tiempo, a don Antonio muchos quedaron agradecidos.

El papel de Antonio Mollo como líder comunal lo enfrenta a la autoridad chilena y deja de manifiesto la tónica que adquirirían las relaciones entre los comuneros de Putre y el estado chileno durante un extenso periodo.

Hacia el temprano año de 1901, don Antonio Mollo, en fecha cercana al aniversario patrio peruano, izó en la puerta de su hogar la bandera del Perú y celebró con un grupo de miembros de defensores de la causa peruana denominados «Juventud Putrense». La actitud confrontaba las políticas de las autoridades chilenas. El subdelegado Jaime Fortuño informa a la gobernación que:

[…] pongo en conocimiento a Ud que el Domingo 23 i el Miércoles 26 de los corrientes se ha cometido por los vecinos de la Subdelegación en mis manos (Putre) los delitos de sedición, atentado contra la autoridad i desacato contra la misma i además se han desobedecido sus mandatos […] el Domingo 23 como a las 12 1/2 p.m. me apercibí de que en un edificio que según se me dijo era de propiedad de don Antonio Mollo, había izada una bandera peruana estando parapetados en la casa un grupo llamado “juventud putéense” y el cura párroco de Belén […] los conferencistas dijeron que no reconocían mi autoridad, que la bandera peruana permanecería izada i que ellos estaban dispuestos a todo […].14

Ante la revuelta, la guarnición chilena respondió violentamente:

La tropa de húsares i yo hicimos algunas descargas al aire reclamando el orden i como continuaran haciéndonos disparos se trabó un combate que duró como cinco minutos del que resultó muerto uno de los amotinados […] el que cayó en el mismo patio de la casa.15

Este episodio de violencia es temprano ya que, de acuerdo con lo planteado por diversos autores (Tudela 1994; Pachari 2000; Díaz, Mondaca y Ruz 2000), recién a partir de la segunda década del siglo XX comienzan a radicalizarse estas medida en las tierras en litigio. Por su parte, las autoridades chilenas tomaron una actitud relativamente tolerante frente a estos hechos, ya que consideraban a Mollo como una autoridad comunitaria que reclamaba sus derechos más que como un nacionalista peruano sedicioso. 16

LA TIERRA COMO RESISTENCIA. PERPETUIDAD EN LA TERRATENENCIA ANDINA

Hacia el año 1910, Mollo aparece nuevamente adoptando medidas tendientes a des legitimar el frágil control chileno en lo sectores interiores. Esta vez, el mecanismo de resistencia es mucho más elaborado.

Dentro de las principales y estrictas medidas de control estatal chileno sobre los sectores rurales estuvo la apertura de registros conservatarios en Arica, hacia el año 1885 (Gundermann 1998). Estos propiciaban la inscripción de las propiedades particulares, así hayan sido adquiridas por compraventa o por simple ocupación. De esta manera, desplazaban el antiguo régimen peruano de matrícula de predios rústicos establecido desde 1876 (Gundermann 1998).

Quizá la repercusión más fuerte de estas medidas fue que se declararon como terrenos fiscales todas las propiedades que no estaban inscritas en los registros conservatarios chilenos. Con ello se rompió el control o régimen comunitario tradicional de los terrenos, utilizados para el uso agrícola, pastoreo y el forraje ganadero. El Estado chileno estableció arriendos por el uso de terrenos considerados anteriormente como comunitarios. De esta forma, en los registros de archivo de la subdelegación de Putre aparece una multitud de peticiones de arriendo de pastizales destinados al pastoreo, así como permisos para la extracción de llareta y queñoa, los cuales eran administrados anteriormente por normas comunitarias o por arreglos informales.

En este contexto, hemos logrado identificar uno de los distintos conflictos con la autoridad, relacionado con la terratenencia u ocupación de terrenos por parte de la población putreña y, en especial, por parte de Antonio Mollo. En un oficio emitido desde la localidad de Socoroma, el 23 de octubre de 1905, el subdelegado de Putre, don Emiliano Herrera, informa al gobernador del departamento de Arica lo que sigue:

Con motivo de que don Antonio Mollo vecino de Putre, está construyendo una casa i un corral en terreno fiscal, cerca de un lugar denominado «Las cuevas», camino de Putre a Choquelimpie [...]

En días posteriores, otra denuncia a la gobernación informa:

Pongo en conocimiento de Uso que ayer la subdelegación espidió una orden para notificar a don Antonio Mollo, para que suspenda los trabajos que ha empezado en la construcción de una tapia en el camino de «Lluscuma» (camino público de Putre a Ancache y LIuta) para deslindar unos terrenos en blanco que según dice los arrienda i también para que deje en su estado primitivo dicho camino [...] Me permito hacer presente a Uso que don Antonio Mollo, vecino de Putre, a mas, de demostrarse en varias ocasiones desobediente a las órdenes del juzgado o de la subdelegacion del lugar i no obstante algunas reconvenciones que se le ha hecho, siempre persiste él en hacer alguna obra nueva como tantas veces lo ha acostumbrado sin consulta ni pedir permiso a la autoridad competente.

Hacia 1910, un grupo de 24 comuneros de Putre decidió inscribir a la «Comunidad de Putre»17 como una propiedad comunitaria que abarcaba una gran extensión de terreno que se extendía hasta territorio actualmente peruano: iba hasta la Quebrada de Caullane -o Cavillane-, por el Este; llegaba hasta las altiplanicies de la actual comuna de General Lagos, por el Norte; y limitaba al Sur y al Este con los terrenos reconocidos por la comunidad de Socoroma y parte de Murmuntane, respectivamente.

En este periodo de litigio entre estados y de conflicto de nacionalidades no se puede dejar de lado las razones que tuvieron los comuneros para presentar su demanda ante el Estado chileno:

• La utilización de la legislación chilena como garantía de los derechos sobre sus tierras podría ser una manera de asegurarse la posesión de estos territorios si se daba el caso de que, luego del plebiscito, se mantuvieran en manos del Estado peruano.

• Recuperar tierras comunitarias y oponerse al arriendo de los terrenos, que el fisco calificaba como fiscales.

• La posibilidad de asegurar sus intereses utilizando la ley del invasor como vehículo para la perpetuación de la propiedad sin el peligro de expropiación y, así, entregarla a su descendencia, fuera cual fuera el resultado del plebiscito. Así, esta maniobra se transformaría en un instrumento para el resguardo de estas tierras que les pertenecían por uso y costumbres (Gundermann 1998).

• Por otro lado, también cabe mencionar la posibilidad que abrió el Estado chileno de efectuar la inscripción a título individual. De este modo, un número reducido de comuneros (al parecer los más pudientes) pudieron aprovechar la situación para proceder a inscribir los terrenos a su nombre, en desmedro del resto de la población, cuestión que puede ser explicada, a su vez, por el grado de representatividad de los comuneros titulares (Ruz y Gálvez 2001).

Nuevamente, don Alberto Medina, el vecino del pueblo de Putre, recuerda el papel cumplido por Mollo en esta inscripción de propiedad comunitaria, y menciona algunos alcances que tuvo la formación de esta comunidad restringida. Según narra, su abuelo fue convencido por Mollo para inscribir sus derechos y propiedades en comunidad con los 24 vecinos del poblado:

Él nunca quiso participar en la formación de la comunidad de Putre; él decía que su padre tenía su título, tiene su papel, «yo no necesito de eso, nosotros somos dueños de aquí y de allá, así que no». ¿Qué pasa? Que no podían inscribir las propiedades en comunidad dejando a uno así al margen. En este caso mi abuelo podía reclamar en el pueblo [...] entonces, dicen que estuvieron como dos o tres años [...] tratando de convencer al veterano y él dicen que era medio inclinado a esto [...] mire lo que son las cosas. ¿Curioso no? El abuelo mío también, por parte de padre, se encargó de tener mucho interés en formar comunidad. Le dijo «mira, Celedonio, te conviene hombre. Tú no tienes participación aquí en Huayllas, no tienes participación en Chapacalla, no tienes participación en varias majadas»; «ah pero tú me vas a quitar a mi»; «bueno, naturalmente que vamos a tener todos participación y tú vas a tener la misma participación». Nunca quiso. Entonces por allá, por el año […] entre el año nueve o diez, don Antonio Mollo llegó y trató de convencerlo. Lo llevaba a las fiestas, hasta que en una fiesta de Julio, del 16 de Julio, se celebraba la virgen del Carmen, lo convenció y lo presentó a la comunidad. Entonces entre mareadito el hombre, dice que le [...] dicen que dijo «lo voy a pensar». Ya, un aplauso y lo regaron al hombre. Entonces ya llegó la fiesta grande del pueblo, Asunta, el 15 de Agosto; ahí lo tenía ya preparado don Antonio Mollo [...] entonces hizo un gesto en su casa y lo llevó a Celedonio y los llevó a todos los demás, que eran 24 y ahí le sacaron el si. Listo, inmediatamente empezaron.

DESENLACE

La constante hostilidad ejercida por los pobladores pro peruanos -uno de cuyos líderes fue Antonio Mollo- se manifestó a partir de los primeros años de la ocupación chilena y se extendió en el tiempo, lo que provocó una contrarreacción del gobierno de Chile. Este fue radicalizando su postura y haciéndola cada vez más violenta (sobre todo entre los años 1920 y 1926). La expulsión de población campesina aymara con claros sentimientos peruanos se realizó de forma progresiva y constante. De esta manera se decretó la expulsión de un número considerable de peruanos, hacia 1922, que partieron a Bolivia.

Las acciones agitadoras de Antonio Mollo prosiguieron con la finalidad de mantener la lealtad de la población peruana hacia la causa de su país y volver a la antigua administración peruana al acercarse el plebiscito de 1926. La realización de una ronda plebiscitaria legal, en 1926, llevó a Mollo de vuelta a Putre llevando propaganda para la causa peruana -recordemos que fue expulsado de la zona en 1922-. Allí los ánimos habían cambiado debido al bombardeo de medidas modernizantes emprendidas por el gobierno chileno en su búsqueda de ganar adeptos a la gestión chilena. La comisión de propaganda no logró su fin y el enfrentamiento con elementos opositores no tardó en llegar. Así, a inicios del mes de abril de 1926, en la localidad de Putre, Antonio Mollo muere en un enfrentamiento con carabineros. El periódico nacionalista peruano La Voz del Sur informó sobre el fallecimiento de Mollo: «Ha muerto en Putre don Antonio Mollo, ciudadano peruano, que fue perseguido tenazmente por nuestros adversarios».18

La historiografía peruana también trata del tono violento que habrían adquirido las políticas chilenas hacia la segunda década del siglo XX, especialmente en los sectores rurales:

No tengo una lista completa de la gente buena y humilde que murió en 1925 Y en 1926 porque era peruana. He aquí una relación provisional de ella, según los datos que he compilado. [...] En Azufrera Aguas Calientes: Juan Vargas Barreda. En Palca: Aurelio Flores. José Melchor y Manuel Quispe, y el niño Juan Yufra. [...] En Arica: Miguel Herrera Salas, Teófilo Vilca. En Azapa: Lorenzo Zegarra. Manuel Cruz, Cipriano Quispe, Juan Odzon, Paula flores de Oviedo. En el Pago de Ayca: los hermanos Sebastián y José Silvestre Ibarra, Lorenzo Cohaila y su nieto René. En Lluta: Lorenzo Humire. En Villa Industrial: Mateo Lluque, Humberto Colque y Eufemia Ponce. En Huanune: Doroteo y Elisa Cárdenas, Gregorio cacheo […] En Putre: Antonio Mollo.19

REFLEXIONES FINALES

Antonio Mollo fue un caso significativo para la zona de Putre y sus alrededores -se presentaron casos similares en otras localidades como Codpa, Belén o Camiña-, donde los comuneros izaron banderas peruanas y desestimaron la autoridad del subdelegado, de los policías y maestros, y de la administración pública chilena en general.

El estudio de la situación política y social en la zona de Arica, y en particular de la región interior, deja de manifiesto que el estado chileno actuó de manera directa para ocupar efectivamente estos territorios. Esta actitud generó movimientos o gestos de resistencia nacional a las políticas chilenizadoras. Así, líderes comunales con poder y autoridad local encabezarán acciones, principalmente en el área de la sierra ariqueña.

De esta manera, tenemos que la resistencia no se produjo como respuesta de un grupo de ciudadanos que reclamaban sus intereses al Estado, sino como la defensa de la causa peruana dentro de un marco jurídico de acuerdos diplomáticos en busca de alternativas para poner fin al conflicto. Por lo tanto, sugerimos que es errado pensar que el aymara es un pueblo que se ha mantenido intacto y que no ha asumido posturas ciudadanas. Por el contrario, los aymaras han participado activamente en las políticas nacionales del Estado peruano -como ha quedado demostrado en este estudio-, así como en las políticas de los estados boliviano y chileno.

Las identidades colectivas son dinámicas, al igual que la cultura, y el ethos de una sociedad o grupo va cambiando y adaptándose a distintos escenarios, sobre todo en territorios caracterizados por la diversidad cultural, como es el norte chileno. Antonio Mollo y sus comuneros andinos responden a un momento de la historia reciente caracterizado por el conflicto de identidades nacionales. Los actuales aymaras de Tarapacá responden a otras demandas y desafíos que el nuevo milenio les depara, ahora como ciudadanos chilenos.

REFERENCIAS

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NOTAS DE PIE

1. Para una discusión crítica sobre contextos construidos o elaborados afanosamente por distintos investigadores, sugerimos ver Hobsbawn, Eric y Terence Ranger. La invención de la tradición. Barcelona: Cátedra. 2002. Una discusión detallada sobre interpretaciones de conceptos identitaríos se puede ver en Lamín, Jorge. Identidad chilena. Santiago de Chile: LOM. 200l. pp. 49-74. Un análisis del pasado mapuche, en Bengoa, José. Historia del pueblo mapuche. Siglo XIX y XX. Santiago de Chile: LOM. 2000.

2. Para la dinámica de los nacionalismo, las identidades y el accionar de la prensa ver Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Londres: Verso, 1983.

3. Villalobos sostiene estos tipos de alegatos en los que afirma -en tono intolerante- que nuestro país «ha sido realmente una nación, con una población relativamente homogénea y con una cultura de gran uniformidad. En el gran cuadro del país, los indígenas, o mejor dicho, los mestizos de aspecto más autóctono, han sido agrupaciones de poca dimensión, en que sus costumbres propias tenían algo de reminiscencia anecdótica bajo la cultura dominante. Así ocurría con los escasos descendientes de los aimaras y de los araucanos». Villalobos, Sergio. Chile y Perú, la historia que nos une y nos separa. 1535-1883. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2002. p. 275. Posturas similares, en Góngora, Mario. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Santiago de Chile: La Ciudad, 1981; y Vial, Gonzalo. Historia de Chile (1891.1973). Santiago de Chile: Santillana, 1983.

4. Sobre esta temática, véase Pavilack 2000; Le Goff 1998; Braudel1952; Duby y Ariés 2001. También: De Certau, Michel. La invención de lo cotidiano. Vol. I. Artes de hacer. México: Universidad Iberoamericana, 1996, entre otros.

5. Para fines de este trabajo, se censaron sistemáticamente los documentos de la ex Subdelegación de Putre (ASP), de la ex intendencia de Tacna y de la Gobernación de Arica que se encuentran en el Archivo Histórico Vicente Dagnino (AHVD) de la Universidad de Tarapacá. Asimismo, se revisaron las fichas del Conservador de Bienes Raíces de Arica (CBRA). Además, se realizaron entrevistas a lugareños de Putre, Socoroma y Parinacota. Toda la información se ordenó y clasificó. Se triangularon las fuentes documentales con las orales

6. Mayores antecedentes sobre el sistema administrativo chileno impuesto en Tacna y Arica en Díaz; Mondaca y Ruz 2000.

7. Una descripción mucho más detallada sobre este periodo en Díaz y otros 2000: 147. También en Herrera, Pamela y otros. «Algunos antecedentes relacionados con la problemática política y social de Tacna y Arica. 1900-1929». Seminario de título de profesor de Historia y Geografía. Universidad de Tarapacá, 1995.

8. Cf. Mosca, Gaetano. La clase política. México: Fondo de Cultura Económica, 1984.

9. Oficio N° 18. 16 de febrero de 1923. Oficios confidenciales recibidos ASP. El subrayado de la cita es del autor del oficio, don Emiliano Bustos, gobernador de Arica.

10. Decreto N° 212. En Legajos de decretos emitidos por la Intendencia de Tacna, 1913, AHVD.

11. Decreto N° 224. En Legajos de decretos emitidos por la Intendencia de Tacna, 1913, AHVD.

12. Solicitudes para pastoreo y extracción de yareta y queñoa en cerros anteriormente comunitarios y ahora considerados como fiscales; elevación de solicitudes para efectuar festividades tradicionales; modificación de costumbres como, por ejemplo, mantener un ordenamiento y limpieza de las calles: “pintar las casas de color blanco con cal”. Para mayores antecedentes, véase Díaz y otros 2000.

13. CL Legajo N° 590, ASP.

14. Cf. Legajo N° 213. En Memoria de la Gobernación de Putre. 2 de julio de 1901, AHVD.

15 Cf. Legajo N° 213. En Memoria de la Gobernación de Putre. 2 de julio de 1901, AHVD.

16 Algunos de los tópicos aquí expuestos sobre la figura de Antonio Mollo y su biografía se encuentran en las actas de las II Jornadas Nacionales de Historia «Dr. Luis Caneño». Al respecto, véase Diaz y Ruz 1998

17. Registro Conservatario de Arica a fojas 152, N° 505, CBRA, año 1909; fojas 153, N° 506, año 1910. CBRA; fojas 153, N° 507, año 1910 (CBRA); fojas 154, N° 507, año 1910, CBRA. El documento inicial de 1909-1910 desapareció en el naufragio del barco que lo trasladaba hacia Valparaíso para luego ser trasladado a Santiago. En la actualidad, existe una reinscripción de la propiedad realizada en 1991.

18. La Voz del Sur. Arica, sábado 10 de abril de 1926.

19. Testimonio de Guillenno Auza Arce, en Relatos de un período trágico de la vida del pueblo tacneño. S.d.: Santa María, 1971. Citado en Yepes 1999.