PRESENTACIÓN

 

Comunidades campesinas: nuevos contextos, nuevos procesos

 

Alejandro Diez¹ y Santiago Ortiz²

1 Coordinador de la Maestría y Doctorado en Antropología, Pontificia Universidad Católica del Perú. Correo electrónico: adiez@pucp.edu.pe
2 Profesor del Departamento de Sociología y Género, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO. Correo electrónico: sortiz@flacso.edu.ec

 

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La tradición antropológica peruana y sudamericana tuvo a la comunidad indígena como uno de sus temas centrales. Contando entre sus fundadores y precursores textos como Nuestra comunidad indígena (Castro Pozo, 1924) o El ayllu (Saavedra, 1913), que desde perspectivas distintas reivindicaban o denigraban la organización indígena andina, la comunidad como realidad sociológica y antropológica era considerada un elemento central y totalizante en la sociedad andina, constituyéndola al mismo tiempo una realidad a comprender y analizar, así como a aprovechar o transformar desde una óptica de transformación (deseada) de la sociedad y de los países -desde una perspectiva de desarrollo, diríamos hoy en día. Tras su institución como disciplina académica en San Antonio Abad y San Marcos, ocuparía un lugar central en los estudios antropológicos andinos durante algunas décadas, incluidos los años del experimento Vicos y su generalización en los proyectos del Plan Nacional de Integración de la Población Aborigen (PNIPA), así como los estudios sobre los cambios sociales desarrollados desde el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) (Urrutia, 1992).

Desde entonces muchas cosas han cambiado: la disciplina ha ido enriqueciéndose, transformándose, adoptando nuevos paradigmas y preguntas, haciéndose escéptica de conceptos y realidades totalizadoras, abriéndose a nuevos campos y preguntas. Aunque por un momento los antropólogos «siguen» a los comuneros en su migración a la ciudad, analizando cómo proyectan la lógica de sus instituciones y prácticas en el mundo urbano (Golte y Adams 1987; Blondet, Degregori y Lynch 1986), pronto dejarán de ser un sujeto de preocupación, generándose un período de apertura a nuevos temas y sujetos y dando paso hacia otros temas como la etnohistoria, el agro reformado, los movimientos sociales o los conflictos (Pajuelo, 2000). En algún momento, los comuneros y campesinos llegan a perder sentido como locus de la investigación en aras de temas más específicos y la comunidad deja de proporcionar las pistas suficientes para explicar los comportamientos y prácticas sociales de sus miembros (Golte, 1992).

Los trabajos sobre comunidades, si bien no desaparecen, disminuyen considerablemente, con la excepción notable del volumen de Debate Agrario dedicado al tema (1992) y unos pocos artículos publicados en los números posteriores. En la década de 1990, las comunidades campesinas parecían un sujeto caduco para el análisis social y antropológico.

Mientras tanto, el número de comunidades reconocidas se seguía incrementando sostenidamente: en la década de 1990 llegaron a 5000, y a la vuelta del milenio sobrepasaron las 6000. Los pocos trabajos publicados hacia fines de la década de 1990 daban cuenta de una aparente crisis de la comunidad y de la proliferación de «asociaciones voluntarias» especializadas, que suplen las antiguas funciones y median en la interacción entre pobladores rurales y las instituciones del Estado y proyectos de desarrollo de organismos privados (Diez, 1999).

Durante la última década, en el marco de la expansión de políticas neoliberales y de la inversión privada en zonas rurales, la comunidad vuelve a ser sujeto de preocupación desde la política y la academia. Desde las perspectivas del gobierno y los inversionistas, la comunidad empieza a ser vista como un obstáculo a superar en el proceso de desarrollo y crecimiento del país. El presidente de la república les dedica «El síndrome del perro del hortelano» en uno de los diarios de mayor circulación del país¹, acusándolas de subutilizar recursos y obstaculizar el progreso del país. Y es que, desde la segunda mitad de la década de 1990, las comunidades vuelven a ser doblemente protagonistas. Por un lado, participan visiblemente en numerosas protestas a lo largo del país, clasificadas las más de las veces como conflictos «socioambientales» referidos a disputas por el uso de recursos como agua y tierra, pero también por contaminación ambiental y oposición a proyectos de inversión minera en sus territorios. Por otro, en el marco de los procesos contemporáneos (urbanización, expansión de la economía de mercado, movilidad de la población, descentralización y crecimiento de presupuestos locales), las comunidades cambian incorporando nuevas funciones y reglas internas, cambiando sus formas de ser interlocutor con el Estado y los agentes privados.

Una serie de estudios sobre comunidades buscan dar cuenta del nuevo contexto y los cambios que experimentan. El volumen editado por Laos (2004) y el trabajo de Arpasi (2005) se ocupan de las comunidades en el marco del proceso de cambios normativos en curso (aún inacabados y pendientes) respecto de la concordancia entre la legislación sobre comunidades campesinas en el marco de la nueva Constitución. Las comunidades campesinas e indígenas actuales tienen que desenvolverse en marcos jurídicos desfasados o que se encuentran «en proceso», que dependen de una serie de transformaciones que involucran derechos y no solo de los procesos históricos y regímenes de los estados, sino también de procesos globales y marcos normativos internacionales.

Así, en los últimos quince años asistimos a una nueva generación de estudios sobre comunidades que resaltan diversos procesos en marcha, afirmando transformaciones, pero también retos y posibilidades, y multiplicando las entradas analíticas sobre el sujeto «comunidad» desde diversas perspectivas. Trabajos como los de Landa (2004) o Castillo y Urrutia (2007) analizan la participación de las comunidades campesinas en los nuevos marcos legales descentralistas de la gestión municipal local; estudios como el de Etesse (2012), Flórez (2012) y Barrio de Mendoza (2012) nos remiten a los cambios generados por la municipalización y urbanización de las comunidades; los procesos de fragmentación y negociación con empresas mineras son estudiados por Burneo y Chaparro (2010) y Barriga (2012); las nuevas formas de utilizar y controlar la propiedad, el territorio y sus recursos han sido estudiados por Burneo (2012), Diez (2011 y 2012b) y Rodríguez (2012); Colque, Choque y Plata (2008) y Laos (2011) sistematizan discusiones sobre los retos contemporáneos para el desarrollo de las comunidades.

En Ecuador, Guerrero y Ospina (2003) conectan la tradición de los estudios de comunidad con los nuevos procesos y retos de los movimientos indígenas; en Bolivia, la problemática de las comunidades estará ligada a los procesos post Reforma Agraria, y sobre todo al proceso de reconocimiento de los Territorios Comunitarios de Origen (Barragán, Colque y Urioste 2007; Colque 2008): la nueva Constitución terminaría por elevar las formas comunitarias de gobierno al rango de la legislación del Estado.

En 2007, el Grupo Allpa (2007) publica un trabajo de balance sobre el estado de la cuestión en los estudios sobre comunidades sobre la base de cinco ejes: situación jurídica (Castillo, 2007), propiedad comunal (Burneo, 2007), política y poder (Diez, 2007), género (Urrutia, 2007) e identidad (Del Valle, 2007), señalando no solo los trabajos existentes sino estableciendo líneas de análisis y temas de debate. Más recientemente, una publicación del Cisepa (Diez, 2012a) reúne once estudios de caso sobre diversos procesos que afectan el desenvolvimiento de las comunidades contemporáneas, organizándolos a partir de tres ejes: los procesos comunales, los nuevos recursos comunales y los retos políticos contemporáneos.

El conjunto de trabajos mencionados muestra la diversidad de entradas, enfoques y procesos por las cuales las comunidades tanto se adaptan y reinventan a sí mismas, en el marco de relaciones cambiantes al interior de ellas, así como en su relación con el Estado, empresas o procesos globales.

El conjunto de artículos reunidos en este número especial da precisa cuenta de dichos procesos, así como de una serie de temas pendientes y nuevas problemáticas que afectan a las comunidades.

El trabajo de Ingrid Hall nos remite a los discursos y sentidos que las comunidades construyen en sí mismas y para sí mismas, en función de afirmar su cohesión y la propiedad de la tierra. Partiendo de constatar el proceso de gestación de la comunidad de Llanchu en el Cusco con la Reforma Agraria, muestra cómo las políticas de la palabra y la etiqueta interna de la comunidad, signada por las dinámicas del «respeto» debido dentro de la comunidad, son tributarias de los procesos de construcción de un nosotros comunal construido sobre tensiones y grupos diversos en el marco de lucha por la tierra. Los grupos sobre los que se construye la historia comunal no desaparecen sino que se redefinen, mostrando la importancia de la historia y la reinvención de la comuna como sustento de su legitimidad. Todo ello tiene consecuencias en los procesos y proyectos desarrollados en la comunidad, en la que están siempre presentes sus diferencias fundacionales al mismo tiempo que todos se esfuerzan por ser una verdadera comunidad.

La misma necesidad de afirmación de lo comunal aparece en el trabajo de Osorio sobre la comunidad de Cátac, en la sierra de Ancash. En este caso, la acción colectiva se construye alrededor de la gestión y el manejo de una comunidad que cuenta desde sus inicios con una «empresa comunal». A lo largo de las décadas que transcurren desde su reconocimiento comunal y su constitución como tal a partir de terrenos de hacienda, pasando por procesos de recuperación de tierras en el contexto de Reforma Agraria, la comunidad y la empresa comunal se redefinen continuamente. Los grupos de interés al interior de la comunidad se redefinen, así como las tensiones y problemas que enfrenta la empresa comunal, que poco a poco se diversifica para terminar cubriendo ámbitos tan amplios como la producción ganadera, el comercio, los servicios, la minería y el turismo. Las diversas tensiones generadas por la diversificación y diferenciación de los comuneros terminan por ser resueltas por la acción colectiva institucionalizada en el marco de la construcción y conservación de la unidad comunal.

La necesidad de la cohesión comunal se pone en cuestión en el análisis que Burneo hace sobre los problemas de acceso a la tierra, pero también sobre los significados que esta asume contemporáneamente en medio del asedio interno de las nuevas generaciones de comuneros y del asedio externo de las empresas trasnacionales y el Estado, que utilizan la lógica de titulación de la propiedad comunal en su beneficio. Las comunidades de Colán y Catacaos reivindican un territorio ancestral, «adquirido» desde tiempos coloniales pero que no cuenta con títulos de propiedad reconocidos por el Estado que les garantice el acceso exclusivo a dichos terrenos. En este contexto, diversas empresas presionan al Estado y a las comunidades para el acceso a los territorios comunales, obligando a las comunidades a implementar estrategias de defensa de la propiedad. Así, la respuesta comunal histórica, su función primigenia de defensa de la tierra parecería conspirar contra la propia comunidad: las estrategias de cesión de tierras eriazas a los comuneros, implementadas para facilitar la defensa de la propiedad colectiva se desdibujan cuando los propios comuneros interpretan estos procesos -en el marco del desarrollo de políticas de titulación- como un medio para el acceso individual a la tierra.

Un cuarto eje de discusión se centra en la condición indígena (o no) de las comunidades y en las consecuencias analíticas (y políticas) que conlleva la inclusión de una variable étnica para el análisis de las comunidades campesinas. Barrio de Mendoza y Damonte nos introducen a las dificultades que enfrenta la condición de indianidad de las poblaciones. Los múltiples cambios del término indígena, que durante la Reforma Agraria termina por decantarse hacia la condición campesina de la población comunal andina y costeña, dificultan la identificación de poblaciones claramente indígenas y dejan un amplio margen de discrecionalidad en su caracterización. Las fuentes de definiciones se clasifican en tres grandes grupos: los organismos multilaterales; los académicos y políticos, y los propios movimientos indígenas. Así, se abre un amplio campo de negociación y tensión que se expresa, en el Perú, en las dificultades para definir los sujetos de consulta en el marco del Convenio 169 de la OIT y la Ley de Consulta aprobada por el Perú.

A diferencia de estos trabajos sobre el Perú, el estudio sobre Otavalo y Cotacachi, en Ecuador, revela los profundos cambios en las relaciones políticas entre las comunas, el sistema político y el Estado. La etnicidad aparece más decantada en estos casos, y en el marco de un proceso de afirmación y reconocimiento étnico y político, los debates y análisis versan sobre la capacidad real de la población comunera de ejercer poder y de articularse a procesos y proyectos políticos partidarios más amplios sin perder identidad ni la perspectiva de las comunidades de base que le dan sustento. Ortiz nos presenta a los indígenas defendiendo su representación étnica, mientras reivindican demandas de acceso igualitario a los programas y servicios públicos que ofrece el gobierno con sus políticas redistributivas, negociando cuotas de poder local con el partido mayoritario Alianza País de Rafael Correa. Esta combinación de reivindicaciones étnicas y ciudadanas se debe a una experiencia de larga data de relación con el Estado, pero al mismo tiempo a una visión indígena de «más Estado», de un Estado proteccionista, que se contrapone a la perspectiva neoliberal de los gobiernos anteriores a la «revolución ciudadana».

Hay una serie de dinámicas que atraviesan la sociedad rural y que ponen en tensión la persistencia misma de las comunas, su capacidad de adaptación o reinvención, mientras los territorios se modifican por la presencia de actores empresariales imbricados con el propio Estado. Este número de Anthropologica se pregunta sobre esos cambios en el ámbito local, tanto en lo territorial y económico como en la organización, las relaciones políticas y las identidades,

Analizando diferentes casos de comunas en Perú y Ecuador, los artículos aquí presentados examinan la relación del poder y el territorio. Por una parte se revelan procesos de adaptación económica ante la presencia de actores empresariales, pero también se incorporan nuevos significados que superan la «defensa» de la tierra para incorporarla como mercancía, recurso de negociación con las trasnacionales o espacio para la demanda de vivienda. En el terreno político se advierte la adaptación de los indígenas comuneros del norte del Ecuador que revindica sus autoridades étnicas en medio del avance arrasante de la corriente igualitarista y homogeneizadora de la «revolución ciudadana», que no contempla cambios estructurales en el campo. Todo ello en el marco de nuevas dinámicas territoriales en el contexto con el avance de la minería, las empresas agroindustriales y el Estado que imprimen nuevas lógicas de ocupación territorial y formas de presencia política.

El conjunto de trabajos presentados en este número dan luz sobre algunos de los temas pendientes respecto de la problemática de las comunidades campesinas: la importancia y preeminencia de la afirmación de la propiedad y el control territorial, en la base de la institución comunal y muchas veces leit motiv de los problemas y conflictos que padecen: los múltiples procesos de transformación institucional, que enfrentan nuevas funciones, retos y procesos internos y externos de revalorización en diversos planos y ámbitos de significado de los recursos comunales que obligan a la institución comunal a transformarse; los reos de la acción política y el autogobierno en contextos de movilidad y de transformación de referentes, la multiplicación de las arenas o escenarios políticos en los que tienen que desarrollarse desde las políticas internas de la directiva y la asamblea comunal hasta las lides municipales regionales y nacionales, además de los foros y movimientos internacionales; la creciente importancia de las consideraciones étnicas en las políticas de las comunidades, que se fundan al mismo tiempo en la ancestralidad recuperada y transformada y en los movimientos y procesos globales de reivindicación de derechos y transformación de sentidos y alternativas de desarrollo; la permanente necesidad de relacionarse con un Estado múltiple desde sus políticas de inversión, su aparato legislativo y judicial, así como sus políticas de reconocimiento étnico y los derechos asociados a ello.

Todos estos temas nos reafirman en la actualidad y necesidad de regresar a las comunidades campesinas como sujeto de análisis, entendiéndolas en el marco de procesos de transformación más amplios pero también a ellas mismas como procesos. El análisis de las múltiples dimensiones de lo comunitario nos coloca en la encrucijada de múltiples temas de debate y disyuntiva que competen a las comunidades mismas, al Estado y al conjunto de nuestra sociedad, en marcos institucionales que combinan política, propiedad, etnicidad, descentralización, pero también inversión, desarrollo, historia e identidad.

 

REFERENCIAS

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1 Diario El Comercio, domingo 18 de octubre de 2007.