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Anthropologica

Print version ISSN 0254-9212

Anthropologica vol.31 no.31 Lima Dec. 2013

 

ARTÍCULOS

 

Elementos para volver a pensar lo comunal: nuevas formas de acceso a la tierra y presión sobre el recurso en las comunidades campesinas de Colán y Catacaos1

Elements to re-think the communal: new forms of access to land and pressure on the resource in the communities of Colán and Catacaos

 

María Luisa Burneo

Investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y profesora a tiempo parcial en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Correo electrónico: mlburneo@yahoo.com

 


RESUMEN

El presente artículo plantea que viene ocurriendo una transformación de la relación entre la tierra, los comuneros y las comunidades que, en el caso de la costa norte peruana, se vincula con una doble dinámica: (i) la creciente presión externa sobre el recurso por capitales privados nacionales y trasnacionales, y (ii) el surgimiento de nuevas formas y motivaciones de acceso a la tierra por los comuneros. En este escenario, las comunidades buscan desarrollar mecanismos de contención que, sin embargo, escapan a las lógicas de control propias del ámbito comunal e implican, de manera paradójica, el riesgo de un progresivo desmembramiento de porciones del territorio comunal.
Para sustentar lo anterior, el texto analiza los nuevos usos (y usos potenciales) de la tierra que generan expectativas entre los comuneros, así como las nuevas estrategias de acceso al recurso que se disputan diversos actores. Para ello, toma como referencia el estudio de dos comunidades de la costa norte peruana: San Lucas de Colán y San Juan Bautista de Catacaos. Retomar elementos de su historia de conformación permitirá observar cómo varían las formas de acceso a la tierra a lo largo del tiempo y qué nuevas lógicas aparecen en las últimas décadas. Finalmente, a manera de hipótesis, el artículo sugiere que estas nuevas lógicas cambian el sentido de lo comunal y la naturaleza del vínculo entre comunidad y comuneros: estos últimos buscan, de manera creciente, acceder a nuevas tierras sin que ello implique necesariamente su permanencia en el territorio comunal ni un uso productivo de sus parcelas. De esta manera, las comunidades de la costa norte se encuentran frente al reto de una posible transformación como referente principal de acceso y defensa de la tierra.

Palabras clave: comunidades campesinas, tenencia de la tierra, concentración de la propiedad rural, presión sobre la tierra, gobierno comunal.

 


SUMMARY

This article argues that there is a transformation in the relationship between land, peasant communities and its members or comuneros. In the case of the communities of the Peruvian northern coast, this transformation links with a double dynamic: (i) the increasing external pressure on the resource from the private-national and transnational capitals, and (ii) the emergence of new means and motivations of access to land among the communal members. under these circumstances, the communities seek to develop mechanisms of containment that, nevertheless, escape to their own logics of control and imply the risk of a progressive division of shares of the communal territory.
In order to demonstrate this, the article examines new uses (and potential uses) of the land that generates more expectations among the comuneros, and new strategies of access to the resource that different actors compete for. Two peasant communities in the north coast of Peru, San Lucas de Colán and San Juan Bautista de Catacaos, are used as case studies. In orther to understand the variation of acces to land trought time and to point out the new logics in the last decades, this article will examine the history and configuration process of land tenure in these communities. Finally, the article suggests as a hipothesis that these new logics transform the meanning of community and the relationship between the peasant communities and ithe comuneros. The latter seek to gain access to new lands without necesarily involving their permanency in the communal territory nor having a productive use of their plots. Hence, the north coast communities are facing the challenge of a possible transformation in their functions like the control and defense of land.

Keywords: peasant communities, land tenure, land grabbing, communal government, communal property.

 


1. INTRODUCCIÓN

Se ha afirmado, con distintos énfasis y en distintos períodos de la historia de la antropología peruana, que las comunidades campesinas cambian y se reconfiguran a lo largo del tiempo. Ya en la década de 1980, Comunidades campesinas: cambios y permanencias (Flores Galindo [ed.], 1987), fe una importante complicación de estudios sobre comunidades que elegió resaltar en su título la tensión entre los procesos de cambio y aquellos elementos que permanecerían como propios de lo comunal. Estudios posteriores han buscado definir estos elementos; varios de ellos coinciden en que uno de los más importantes sería el rol de la comunidad como defensora del territorio comunal. A pesar de ello, no se ha discutido mucho sobre cómo varía el sentido que tiene la propiedad comunal para los comuneros y cómo cambian los usos de la tierra; es decir, qué se defiende y para quiénes.

En los últimos diez años, las comunidades campesinas pasaron a ser sujeto de un nuevo contexto: el proceso de expansión de las industrias extractivas en territorios comunales. Esto llevó a que varios de los estudios sobre este proceso priorizaran un análisis de la relación entre comunidades y empresas, o de los conflictos sociales vinculados con la extracción de minerales e hidrocarburos, centrándose en sus causas y en las posturas de los actores frente a la extracción. Si bien incluyen a la comunidad campesina en su análisis como un actor territorial, no son estudios sobre las comunidades campesinas. Por otra parte, diversas investigaciones realizadas en la última década sobre sociedades rurales parten de un marco interpretativo en el que el territorio y la gobernanza ocupan un rol protagónico como categorías de análisis (Hernández Asensio, 2012)2.

Con resultados interesantes, ello implicó, también, alejar la mirada de temas centrales para comprender las dinámicas comunales, como la tierra y las formas de propiedad que operan en la comunidad (Burneo y Chaparro, 2010). Por supuesto que hay importantes excepciones, pero el debate se desplazó hacia el territorio y su reconfiguración con la llegada de la industria extractiva poniendo el peso en el ámbito institucional. Luego de sucesivos trabajos de campo en dos de las comunidades más antiguas de la costa norte, pienso que los procesos actuales nos exigen volver al tema de la tierra —a cuestionarnos por su significado, sus usos y valoraciones— y del poder —quién se queda con la tierra, qué estrategias se utilizan, qué formas de despojo surgen—, para comprender los cambios que se dan en el gobierno comunal y en la relación con los comuneros; en suma, para poder discutir en qué están deviniendo las comunidades. Este artículo desarrolla esta discusión.

Como parte de su estudio sobre los cambios en el altiplano peruano Ethel del Pozo se pregunta: «¿Quién quiere la tierra y para qué?, ¿Como recuperación de un patrimonio? ¿Como herramienta de trabajo? ¿Como simple bien comercializable?» (Del Pozo, 2004, p. 63). Sus preguntas me parecen centrales. El significado y valoración que se le otorga a la tierra hoy en día —y cómo ello ha variado en el tiempo— puede ser una pieza clave para una comprensión antropológica de los procesos que atraviesan las comunidades. Si bien en el caso de la costa norte, son otros los procesos que dan origen a la parcelación y a la actual estructura de propiedad, y otras las dinámicas que generan presión sobre la tierra, las preguntas de Del Pozo siguen siendo pertinentes. Así, los casos que hemos estudiado —las comunidades campesinas San Juan Bautista de Catacaos y San Lucas de Colán— nos servirán como punto de partida para una reflexión sobre los cambios que se vienen dando en las comunidades en el contexto actual de reconcentración de la tierra en la costa peruana. Estos muestran nuevas estrategias de acceso a la tierra así como nuevas disputas por este recurso, el regreso de un despojo que aumenta en la última década, y con ello, nuevos intentos de las dirigencias comunales por la recuperación y el control de la tierra.

El artículo propone que, en este proceso, la valoración y el significado de la tierra cambian, y con ello, la configuración del ámbito político comunal. No solo por los nuevos roles y funciones que debe asumir el gobierno comunal, sino también porque cambian los temas sobre los cuales se debe tomar decisiones, se transforman los espacios de debate sobre el futuro de los recursos comunales y los argumentos de este debate, y finalmente, cambia el sentido de la defensa del territorio comunal.

Para desarrollar estos temas, iniciaremos el texto retomando algunos elementos de la historia de las tierras y el territorio comunal. En una segunda sección, expondremos ejemplos de estrategias de acceso a la tierra y formas actuales de despojo desplegadas tanto por comuneros como por capitales privados y por el Estado peruano. Finalmente, a partir de ello, abordaremos la discusión final del texto sobre los cambios en el gobierno comunal y su vínculo con los comuneros.

Un breve balance y una nota metodológica

Antes de entrar a los casos, me parece necesario referirme a estudios previos sobre estos. Sobre la comunidad San Lucas de Colán no se encuentran estudios o publicaciones3. La comunidad San Juan Bautista de Catacaos, en cambio, ha sido sujeto de investigaciones y acalorados debates por su rol político en las décadas de 1970 y 1980, sus vínculos con la Confederación Campesina del Perú (CCP) y su oposición al modelo de sinamos en los primeros años de la Reforma Agraria. Existen algunas publicaciones que no debo dejar de mencionar: Bruno Revezs publicó en 1992 un artículo obligatorio para quienes estudiamos las comunidades de costa: «Catacaos, una comunidad en la modernidad» donde expone el proceso histórico de la comunidad y su evolución en el tiempo, la importancia del desierto y del río en la construcción de una espacialidad particular que junto con las formas comunales de apropiación y organización, produjo lo que es hoy en día el territorio de la comunidad y la forma de vivirlo.

Está también el trabajo de Alejandro Diez publicado en el sepia XIV en 2012 «Gobierno comunal: entre la propiedad y el control territorial. El caso de la comunidad de Catacaos», donde ubica tres grandes momentos históricos: la formación de la comunidad de indígenas 1905-1968; la etapa «clasista y de consolidación comunal» (1969-1990), y «el período contemporáneo y las consecuencias de la globalización» (1991-2010). En su texto, Diez brinda un panorama de los cambios en la estructura de propiedad y la lógica de regulación del territorio de la comunidad a nivel global en estos grandes períodos. Es justamente en el tercer periodo en el que considero hay importantes temas por explorar, sobre todo, en lo que se refiere a las estrategias de los comuneros para acceder a la tierra, los nuevos retos del gobierno comunal y los nuevos usos de la tierra en el contexto actual de presión sobre el recurso. De otra parte, más que centrarme en una mirada de los procesos generales de la comunidad, intento mostrar cambios que ocurren en las iniciativas y tensiones entre los comuneros, así como entre estos y los actores extracomunales.

Finalmente, no quiero dejar de mencionar dos trabajos impulsados por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CipCa) de Piura. Desde CipCa nacen interesantes documentos de trabajo como el de Marlene Castillo (1991) sobre la formación y lucha de las Unidades Comunales de Producción (UCP), y el de Edgardo Cruzado sobre la titulación de tierras en Catacaos (2001)4. Si bien estos estudios no han sido publicados, son claves para entender lo que sucedió con la tierra, las organizaciones agrarias y la titulación en la comunidad en las décadas de 1980 y 1990. Con excepción del texto de Diez, no hay trabajos sobre lo sucedido en la comunidad desde el año 2000 en adelante5.

Para el caso de la comunidad de Catacaos, por tanto, el texto utiliza material recogido en trabajos de campo propios —el último realizado entre los meses de noviembre y diciembre de 2012—, pero recoge y discute elementos de los estudios mencionados arriba. No desarrollaré el caso de cada comunidad en detalle, sino que utilizaré ejemplos de ambas para mostrar las dinámicas sobre la tierra. Luego presentaré ideas que, si bien toman como base los cambios en estas dos comunidades de costa, pretenden poner en el tablero nuevos elementos para el debate sobre la transformación de las comunidades campesinas.

2. VOLVER A LA HISTORIA PARA SITUAR EL CONTEXTO ACTUAL DE LAS COMUNIDADES

El origen de ambas comunidades se remonta al siglo XVI y se vincula con las antiguas reducciones de indios organizadas durante la Colonia. Los documentos que conservan las comunidades señalan que sus territorios fueron adquiridos a través de compras de tierra a la Corona a favor de los llamados pueblos de indios, cuyos derechos fueron reconocidos luego a través de documentos firmados por los virreyes Toledo y Blasco Núñez de Vela. A lo largo de estos siglos, las comunidades San Lucas de Colán y San Juan Bautista de Catacaos han atravesado períodos de estabilización de la propiedad de la tierra, desestructuración parcial y recomposición. Primero, por un proceso interno de apropiación y distribución de tierras a través del cual esta se fragmenta en unidades familiares, formándose así las zonas conformadas por las parcelas de quienes los comuneros llaman los «pequeños propietarios»6.

Durante el siglo XX, tenemos dos períodos claves para entender la formación de lo que son hoy en día estas comunidades: (i) la expansión de las haciendas y la lucha con proyectos de irrigación de inversionistas privados (Burga y Manrique, 1990), y (ii) la Reforma Agraria7. La primera, generó no solo la pérdida de importantes extensiones de tierra que pasaron a manos de hacendados, sino también disputas y enfrentamientos por recuperar parte de estas, generándose así una memoria de la defensa del territorio de la comunidad. Por su parte, la Reforma Agraria no solo significó la recuperación (y no entrega, como enfatizan siempre los comuneros) de parte de estas tierras, sino que además generó una organización basada en el modelo asociativo del gobierno velasquista, que se impuso sobre la estructura de propiedad comunal, generándose nuevas tensiones8. Esto trajo consigo la inscripción de miles de nuevos comuneros: los beneficiarios de la Reforma, que pasaron a engrosar el padrón comunal, pues los predios que se les fueron adjudicados fueron entregados formalmente a las comunidades, que fueron reconocidas como propietarias de las tierras. Este reconocimiento fue en parte resultado de una lucha política de las propias comunidades9.

En la década de 1990, la situación de las tierras de las comunidades campesinas en el país cambió significativamente con las reformas del régimen fujimorista. Estas reformas estaban orientadas a fomentar el libre mercado de tierras para promover inversiones privadas en territorio de comunidades campesinas (Urrutia y Monge 1999; Del Castillo, 2005). Sin embargo, es en la última década cuando se inicia lo que algunos han denominado el proceso de reconcentración de tierras (Eguren, 2007; CEPES, 2009; Burneo, 2010).

Los estudios señalan que este proceso tiene diversas variantes, pero en la costa peruana se dan fundamentalmente dos de ellas: una, vinculada con la expansión de grupos empresariales extranjeros y nacionales, dedicados a la siembra de cultivos para la agroexportación en el desierto; la otra, relacionada con la concentración de tierras en manos de capitales trasnacionales y nacionales que producen biocombustibles y requieren de enormes extensiones para sembrar caña de azúcar y convertirla en etanol. Una muestra de ello es que el 10% de la superficie agropecuaria de la costa peruana está en manos de capitales extranjeros y que en Piura existen 30 000 hectáreas en poder de tan solo siete propietarios10.

Podríamos agregar una tercera modalidad, que si bien no encaja en las variantes identificadas como parte de este proceso, también genera presión sobre la tierra. Se trata de la presencia de la industria extractiva: en el caso de San Lucas de Colán, opera desde hace seis años la empresa de explotación de petróleo y gas Olympic S.A.C Sucursal Perú, la cual tiene pozos petroleros operando en territorio de la comunidad. Con ello, se ha generado una serie de negociaciones y nuevas figuras de compensación por uso de las tierras en posesión de comuneros.

Esta presión sobre la tierra brinda un contexto particular para el análisis de los cambios en la comunidad, porque genera nuevas dinámicas alrededor de la tenencia de la tierra y las formas en que se ejerce la propiedad. Estas dinámicas transforman no solo las lógicas de apropiación y uso del recurso, sino también al gobierno comunal y su relación con los comuneros, pues estos se ubican en un nuevo campo de disputas por la tierra en el que deben enfrentarse a ofertas y propuestas de agentes externos que vienen desarrollando un conjunto de estrategias para acceder a la tierra, las cuales escapan al ámbito del control comunal. Las transacciones de tierras han existido desde el origen mismo de estas comunidades, eso no es lo nuevo; se trata de una diferencia tanto cuantitativa como cualitativa: no solo son miles de hectáreas que se concentran en manos de pocos propietarios, sino que los usos de la tierra son distintos —hoy la tierra no es solo para cultivarse; es también una forma de acceso para la extracción—. Las transacciones ya no se realizan solamente entre comuneros con más o menos poder, sino con grandes trasnacionales. Ya no se trata de una lucha con el hacendado o la compañía irrigadora por recuperar la tierra para trabajarla, sino que el acceso y control de la tierra se piensa, también, en función de otras variables: las compensaciones de la industria petrolera, la posibilidad de arrendarla a las trasnacionales e, incluso, de venderla a grupos económicos extranjeros o nacionales. Podríamos decir que se trata de despojos con forma de negocios, en los que intervienen tanto comuneros como dirigentes comunales, empresarios locales y corporaciones globales11. Veamos a continuación algunas de estas nuevas disputas y estrategias.

3. VIEJAS Y NUEVAS DISPUTAS POR LA TIERRA: ENTRE PRESIONES EXTERNAS Y DEMANDAS INTERNAS

Las comunidades campesinas San Lucas de Colán y San Juan Bautista de Cata-caos (Colán y Catacaos en adelante) son dos de las cinco grandes comunidades de la costa norte que los comuneros de la zona llaman las comunidades madre, junto con Sechura, Paita y Olmos. Como dije anteriormente, estas comunidades cuentan con resoluciones virreinales en función de las cuáles su testimonio fue inscrito en el Archivo Regional de Piura en 1934:

Soy tenedor de instrumento político relativo a la formación de las comunidades de Olmos, Sechura, Catacaos, Payta y Colán, en el cual corren diversas resoluciones del tiempo del virreinato de donde emanan los derechos de las comunidades […]. El título que poseo tiene importancia para todas esas comunidades, […] por lo que vengo a pedir a usted, de conformidad con lo dispuesto […] se sirva ordenar que este documento se archive para que el notario de a los interesados los testimonios que necesitan (Piura, 1934. Tomado del Testimonio original. Archivo Regional de Piura).

En este documento se buscaba validar las ordenanzas de los virreyes Blasco Núñez de Vela y Toledo, donde consta la cesión de tierras a los indios de estas costas. Ello sucede en un contexto particular: junto con el desarrollo del indigenismo, como sugiere Del Castillo (1995), se podría hablar de un período de proteccionismo de las tierras comunales, que se expresa, por ejemplo, en la Constitución de 1933. Sin embargo, desde esa época, estas comunidades han venido perdiendo miles de hectáreas a través de distintas formas de despojo: primero con la expansión de las haciendas, luego, en épocas más recientes, con expropiaciones del propio Estado para megaproyectos, o por acciones extrajudiciales de grupos empresariales nacionales (algunos piuranos) que han logrado inscribir tierras comunales a su nombre. En buena cuenta, lo anterior tiene que ver con el tan discutido tema del título de propiedad comunal12. Sobre este tema, quiero plantear dos ideas centrales para entender las disputas actuales:

  1. La historia de la titulación ha sido y sigue siendo conflictiva tanto al interior de las comunidades como con el Estado peruano; en el caso de Catacaos, el punto crítico de este conflicto se dio durante el régimen fujimorista y la titulación individual de parcelas de comuneros en territorio comunal que llevó adelante el Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT) en lla década de 199013. A pesar de contar con lo que las comunidades llaman sus títulos ancestrales, estas no tienen títulos inscritos en registros públicos hasta la actualidad. La imposibilidad de estas antiguas comunidades de tener un título global de todo el territorio comunal es muestra significativa de esa historia de tensiones14. Ello ha generado, entre otras cosas, que las comunidades se encuentren en una situación de inseguridad jurídica frente a grupos empresariales que buscan acceder a los eriazos comunales, así como una superposición de usos irresueltos hasta la fecha.

  2. La falta de títulos comunales y el otorgamiento de títulos individuales a comuneros dentro de territorio comunal sin consentimiento del gobierno de la comunidad fue un fenómeno de la década de 1990 e inicios de 2000 que si bien generó incertidumbres y tensiones, había terminando por ser regulado dentro de acuerdos y prácticas locales. Incluso algunos grupos de comuneros no recogieron nunca sus títulos luego del empadronamiento del PETT y, hasta hace cinco años, no sabían si estaban titulados o no15. La recepción de títulos individuales expresaba, entre otras cosas, el deseo de los comuneros por tener mayor seguridad sobre sus parcelas, pero también respondió a la expectativa por el acceso a créditos generada por el Estado ante la imposibilidad de los comuneros de acceder a otro tipo de financiamiento16. Hoy en día, en el contexto de presión sobre la tierra estos acuerdos tácitos se disuelven para dar paso a conflictos y disputas entre comuneros y comunidad.

Tenemos entonces que la falta de titulación de los eriazos comunales, la entrega de títulos individuales en diversas zonas del territorio comunal, así como el desorden generado en la situación del catastro y la superposición de derechos, son variables que juegan un rol importante en las dinámicas actuales de apropiación de la tierra que veremos a continuación.

¿Para qué acceder a los eriazos comunales? Ambivalencias de las nuevas formas de acceso a la tierra

Hace algunos años —diez en algunos casos, uno en los más recientes—, se empezaron a formar en ambas comunidades las llamadas Asociaciones de comuneros para solicitar a la comunidad nuevos repartos de tierra. Con ello, los comuneros le reconocen a la comunidad una de sus funciones más importantes: la regulación del acceso a las áreas comunales, que en el caso de la costa están conformadas por los eriazos. Veamos el ejemplo de Catacaos.

En Catacaos se han venido constituyendo las Asociaciones Agropecuarias Comunales, conformadas por los comuneros sin tierras que buscan acceder a las zonas eriazas de la comunidad. Ello tiene un antecedente histórico: las Unidades Comunales de Producción, las UCP del desierto, conformadas en los años setenta por comuneros sin tierras que no se beneficiaron de la Reforma Agraria, a quienes la comunidad entregó tierras en posesión. La comunidad creó esta figura como parte de su posicionamiento político frente al modelo del gobierno de Velasco al mismo tiempo que agrupaba comuneros vinculados por el acceso a esas tierras. Así, los «sin tierras» se convertían en socios de las UCP y comuneros con tierras, bases organizadas de la comunidad. La historia de las UCP17, es una historia de lucha, y las narraciones de sus socios tienden a poner énfasis en lo duro que fue convertir esas tierras en tierras cultivables:

Hemos sufrido ese trabajo, la comunidad nos ha apoyado, ha sido sangre sudor y lágrimas […] yo recuerdo con emoción porque ha sido un sufrimiento, pero lo hemos hecho […]. Tengo que salir a las cuatro de la mañana en carreta, porque las tierras de la Unidad son pasando la [carretera] Panamericana, nos pasamos trabajando el día y de nuevo horas de vuelta, pero son nuestro sostén. (entrevista a comunero socio de la UCP Vega de la Yuca, año 1999).

Como afirma Castillo (1991), en la década de 1980 las UCP fueron la base política de la comunidad. Pero con el paso de los años, luego de 1990, las UCP se parcelan debido a una combinación de factores: falta de crédito, baja del precio del algodón, debilitamiento de la comunidad —que desde entonces cuenta con mucho menos apoyo de la cooperación internacional y vive una seguidilla de conflictos entre dirigencias—, problemas de gestión internos entre los socios, entre otros18. A pesar de ello, durante la década de 1990 varias UCP continúan trabajando como grupos de socios para gestionar préstamos o comercializar su producción. En la última década, varios socios dejaron de sembrar sus parcelas en las UCP y a la poca organización interna que permanecía le siguió una gestión individualizada. La transformación de las UCP genera, además de un cambio en la tenencia de la tierra, una alteración del vínculo de los comuneros socios de UCP con la comunidad. Tanto Diez como Revesz coinciden en señalar que la década de 1990 fue el inicio de un quiebre en la comunidad. ¿Qué sucede entonces luego de ese quiebre? Los extractos de las entrevistas realizadas, una en 1999 y otra en 2012, nos dan pistas interesantes:

Nosotros somos hijos de la comunidad, estas tierras son nuestras porque la comunidad nos ha dado para trabajarlas. Con ella hemos luchado hombro a hombro […] No, no se podría vender, ¡¿Cómo vamos a vender?! Si estas tierras son de la comunidad, cualquier alcance habría que llevarle a la comunidad (presidente de la UCP Vega de la Yuca, año 1999).

Nosotros lo que queremos es ganar proyectos, ser empresa y para eso necesitamos apoyo, crédito que el gobierno nos va a dar por ese programa. La comunidad ya no da nada […] para eso necesitamos titularnos ya como Asociación, ya no como comunidad. Queremos título individual de la Asociación […]. Claro, se podría vender, porque serían nuestras tierras. [¿y qué pasaría con la comunidad?] La comunidad ya no existiría tal vez, creo que ya todo debería ser asociaciones (presidente de la Asociación El Milagro, caserío de Monte Castillo, 2012)19.

Tenemos entonces que un cambio importante es la motivación que tienen algunos comuneros para la formación de las Asociaciones. Las UCP son un antecedente en esta forma de acceso a la tierra: aquella en que la comunidad cumple la función de distribución y control del recurso comunal. Pero los argumentos de quienes buscan este acceso han cambiado profundamente. En el primer caso, los nuevos socios formaron parte de un proyecto colectivo, una lucha por acceder a las tierras con fines productivos para los comuneros y un trasfondo político para la comunidad. Hoy en día, las razones, motivaciones y argumentos han cambiado para dar paso a proyectos individuales que implicarán, más bien, una ruptura del vínculo con la comunidad, o por lo menos, un distanciamiento importante.

Si bien no podemos afirmar que este discurso es generalizado, sí se encuentra presente entre varios miembros de las Asociaciones. Además, estas tienen, en principio, fines agropecuarios, pero sus socios no descartan la posibilidad de arrendar o vender las tierras en el futuro si es que el proyecto no resulta. Un aspecto clave es que para lograr financiamiento estatal el Ministerio de Agricultura impone como requisito contar con el título de propiedad individual a nombre de la Asociación. Ello implica que, técnicamente, esa porción se desmiembra del territorio comunal. Aunque la dirigencia 2010-2012 dice no tener un archivo de todas las Asociaciones20, hemos registrado la existencia de al menos veinte de ellas que tienen entre 300 y 1000 hectáreas cada una, cedidas por la comunidad y en proceso de titulación. Algunas han abandonado parcialmente sus iniciativas hace algunos años, pero otras están camino de lograr titularse con apoyo del propio Estado y desmembrarse de la comunidad para convertirse en propiedad privada21.

Algo similar sucede en el caso de Colán, donde hace tres años la comunidad inició el proceso de «reparto de las zonas altas» (los eriazos comunales), a través del cual se otorga diez hectáreas a cada comunero sin tierra que se inscriba en el padrón de solicitantes con un pago de cien soles. Hasta agosto de 2012, había más de seiscientos inscritos y hacia fines del mismo año se había procedido a la entrega de tierras a los primeros grupos. Este proceso empezó tras una sugerencia del comité de tierras de la comunidad, que pensó que sería mejor distribuir las tierras entre comuneros que seguir perdiéndolas por el avance de grupos empresariales piuranos, nacionales y extranjeros, así como por acciones del propio Estado22. La decisión fue aceptada en Asamblea comunal, sin embargo, las expectativas que tienen los comuneros y comuneras sobre esas tierras no siempre dialogan con el objetivo de la comunidad: contener el avance de las empresas en su territorio.

Así, hemos recogido diversos testimonios de comuneros inscritos en el padrón para el «reparto de las zonas altas» que reconocen haberse inscrito no con la expectativa de trabajar esas tierras en un futuro, sino porque «ahora hay empresas que arriendan tierras, que compran tierras y pagan bastante». El título de propiedad entra a jugar nuevamente en esta historia: los comuneros buscan la regularización de las actas de entrega comunales —al igual que las Asociaciones— para gestionar con ellas sus títulos de propiedad. Frente a ello, la comunidad se encuentra en una situación de debilidad pues no aparece como propietaria de las tierras en Registros Públicos. Resulta paradójico que la comunidad tenga la función —recocida como legítima por comuneros y en la Ley de Comunidades Campesinas— de decidir sobre el acceso a esas tierras, y que al mismo tiempo, al distribuirlas entre sus comuneros, se exponga a perderlas progresivamente por no poder desplegar una estrategia en el ámbito formal.

De esta manera, las comunidades van perdiendo control de porciones de su territorio que se desmiembran progresivamente. En ambos casos, ello ha generado que las directivas entrantes asuman la titulación a nivel comunal como uno de los objetivos de su gestión. Luego de que el tema de la titulación quedara parcialmente dejado de lado por casi una década, en el contexto de presión sobre la tierra reaparece como una medida de defensa del territorio comunal, pero también, como veremos más adelante, como un medio para la recuperación de tierras que han sido sujeto de despojo y que están en manos de empresarios, muchas veces piuranos. Aparece así, desde las dirigencias, un discurso centrado en la recuperación de las tierras que busca colocar a la comunidad como actor central de este proceso. Tanto en Colán como en Catacaos, sucede algo que no sucedía desde los años anteriores a la Reforma Agraria, pero con una importante diferencia: mientras en las décadas de 1970 y 1960 lo que movilizaba a los comuneros era la recuperación de las tierras para que retornen a la comunidad y/o a ellos mismos para trabajarlas, hoy en día se trata de un nuevo sentido de recuperación. Actualmente, entre otras razones, la comunidad quiere recuperar el control esas tierras, pues hoy adquieren nuevos usos potenciales que no son necesariamente agrícolas.

Por otra parte, existen grupos de comuneros que buscan acceder a esas tierras para eventualmente arrendarlas e incluso venderlas a empresas privadas. Asimismo, mientras las viejas luchas se daban muchas veces en el terreno y generaban una estrecha relación entre bases comuneras y dirigencias, hoy en día las disputas se dan en acciones legales, procesos judiciales y estrategias de contención, que exigen a la comunidad especializarse y contratar una serie de nuevos servicios técnicos y de asesoría. Así, pues, la naturaleza del vínculo comunidad-tierra-comuneros parece estar cambiando en el contexto global de la entrada de grandes capitales y las dinámicas de reconcentración de la tierra de la última década.

«Lo que vale la tierra hoy»: nuevos usos y presión sobre la tierra

Antes de pasar a la discusión final, expondré dos ejemplos de las dinámicas generadas por la presión sobre el recurso y las respuestas de la comunidad. Ello mostrará que existen dos formas distintas de presión sobre el recurso relacionadas entre sí: la presión generada por las demandas y estrategias de grupos de comuneros por acceder a tierras —y, en algunos casos, desmembrarse del territorio comunal—, y la presión del capital privado que busca acceder a tierras para desarrollar sus inversiones. Tomemos como ejemplo el caso de Colán.

El primer proceso es el del ingreso de una industria extractiva a territorio comunal. Colán, como otras comunidades de la zona, ha firmado un contrato con la empresa de capital trasnacional Olympic-Sucursal Perú para la extracción de gas y petróleo por treinta años. Ello implica otorgar el derecho de paso y uso en todo el territorio comunal, así como la instalación de pozos23. Dos niveles distintos de trato se desarrollan para las contraprestaciones de tierra: (i) con los comuneros posesionarios de las parcelas donde se han instalado y se encuentran operando pozos petroleros; y (ii) con la directiva de la comunidad, por los pozos que se encuentran en tierras eriazas de propiedad comunal (que no es igual que colectiva)24.

La tierra, tanto en el valle como en las zonas eriazas, ha pasado de ser un bien para ser usado (cultivado y vivido) a ser una cuadrícula para extraer petróleo. Esa cuadrícula se convierte a su vez en capital financiero a través de las figuras de contraprestaciones de tierra. Pero «la parcela», como se dice en la zona, no solo es un instrumento de producción, es también un lugar; un lugar donde se pasa el tiempo, que crea un vínculo con el territorio de la comunidad, que es el nexo con una historia compartida, que es la herencia para los hijos. Como dice Juan Changanaqué sobre su parcela: «¿Dónde paso el tiempo ahora que estoy viejo? Acá vengo, acá estoy, es lo que me queda […] ¿Qué haría sin mi parcela?»25.

Así, las parcelas dejan de ser un lugar para los comuneros y se convierten en medidas de tierra otorgadas por décadas a la petrolera a cambio de un pago anual de U$1250 por hectárea. Estas parcelas no serán recuperadas en muchos años y varios de sus actuales «propietarios» no estarán para ver su devolución.

Las contraprestaciones de tierra han generado numerosas quejas y descontentos de comuneros que aceptaron el trato, tanto porque ahora consideran que la suma «no es justa» como por una serie de incidentes, que van desde el incumplimiento de acuerdos laborales hasta derrames no compensados. Hoy es tarde para deshacer esos acuerdos. Buscan entonces la intervención de la comunidad para que los «defienda» de la empresa. ¿Es esto una paradoja? No necesariamente si entendemos el contexto de presión y las estrategias utilizadas para acceder a estas tierras; por ejemplo, cuando la decisión sobre estas se ve ligada a ofrecimientos de puestos laborales para los hijos o los yernos26.

Lo que ocurre entonces es que la presión por acceder a porciones del territorio para extraer recursos del subsuelo produce un cambio en los usos de la tierra tanto de las zonas del valle (en posesión individual) como de los eriazos comunales. Y este cambio, a su vez, genera tensiones entre los comuneros y la comunidad, ya que esta muchas veces se ve en la imposibilidad de gestionar y resolver quejas de los comuneros que sobrepasan las competencias del gobierno comunal, y que requerirían, más bien, la intervención de entidades estatales de fiscalización.

El segundo proceso es el de la empresa Maple Etanol S.R.L., que muestra cómo, en ocasiones, el despojo puede darse también a través de instancias subnacionales de gobierno27. Haciendo una síntesis gruesa, resumiré el caso señalando que fue el mismo Estado, a través del proyecto especial Chira-Piura y con la aprobación del gobierno regional de Piura, quien vendió a un precio US$ 60 la hectárea, la cantidad de 10 676 hectáreas de tierras eriazas para un proyecto de producción de etanol28. Sin embargo, dentro de este territorio se encontraban incluidos centros poblados —con los que luego Maple tuvo que negociar— y 1000 hectáreas del territorio de la comunidad campesina de Colán. Ante esta situación, la comunidad inició un proceso judicial para revertir la compra de estas 1000 hectáreas que se encuentran dentro de su territorio, aludiendo que es la propietaria legítima de esas tierras y que estas no eran tierras en abandono.

Iniciado el proceso judicial, ninguna de las partes puede utilizar las tierras en disputa y ambas partes saben bien que este proceso podría durar largos años. Ante esta situación, Maple propone una oferta a la comunidad: arrendarle 224 hectáreas dentro de las 1000 que están en disputa. El acuerdo propone lo siguiente: «de manera inmediata y hasta que se resuelva el proceso judicial, se permite a Maple poder continuar con el desarrollo de su proyecto». Para ello Maple ofrece un pago de una «compensación económica anual» por el uso de los terrenos en disputa que alcanza los S/. 335 000 anuales y la comunidad se compromete a no iniciar ninguna acción judicial destinada a restringir el derecho de Maple a desarrollar el proyecto sobre el área ubicada en los terrenos en disputa. Asimismo, el acuerdo establece que si la comunidad fuese declarada propietaria de las tierras en controversia, esta se compromete a darle prioridad de arriendo de los terrenos a la empresa Maple.

Lo anterior permite concluir que, a pesar del proceso de litigio, la empresa encontró una figura privada para acceder a las tierras que requería para completar el nivel de producción estimado por su proyecto. La aprobación de esta transacción fue motivo de una tensa asamblea comunal desarrollada en agosto de 2012, debido a las distintas posturas de los comuneros frente a la propuesta de la directiva de la comunidad de aceptar la oferta de Maple. Si bien un grupo importante de comuneros apoya dicha iniciativa, también existen cuestionamientos. Una interpretación frecuente del Acuerdo que genera incertidumbre y temor entre los comuneros, se expresa en las opiniones expuestas por comuneros durante el desarrollo de la asamblea:

¡No! ¡No hay que aceptar! Si ceden la tierra ya es potestad de Maple. Ya la comunidad no va a tener ya nada que ver, va a perder. ¡Esas ya son tierras perdidas! (comunero 1 , asamblea comunal).

¡Yo estoy en desacuerdo! ¡Que no se firme el documento! Lo que vale es la propiedad no el dinero. ¡Una vez que le den el poder a Maple chau comunidad! ¡Si se las den en uso, ya se las dan en propiedad! (comunero 2, asamblea comunal).

Ambas citas revelan varios temas importantes: (i) la desconfianza en el Estado, ya que piensan que el Poder Judicial fallará a favor de la empresa luego de que esta ocupe los terrenos; (ii) la equivalencia que realizan los comuneros entre arriendo y cesión definitiva de tierras, ya que a pesar las cláusulas del acuerdo que protegen a la comunidad, la idea de que las tierras sean usufructuadas por un tercero se entiende como una cesión definitiva, y (iii) la idea de que lo importante para la comunidad es tener la propiedad de las tierras, no el dinero.

Esta última idea es compleja y expresa una ambigüedad en el sentimiento de los comuneros: por un lado, su preocupación por mantener los eriazos en propiedad comunal porque «la comunidad sin tierras desparecería» o porque «son tierras de la comunidad», y por otro, el interés personal —revelado en los procesos descritos en la sección precedente— en aprovechar los títulos individuales para aceptar eventuales ofertas de arriendo o venta de tierras en beneficio propio. Expresa, también, que se está produciendo un cambio en la manera en que se concibe la tierra, pero que este es aún lento y difícil: todavía está presente la idea de que las tierras son para usarse, pero la tierra ahora puede convertirse, también, en capital financiero29.

4. ¿DEFENSA O NUEVAS VALORACIONES Y USOS DE LA TIERRA? HIPÓTESIS PARA DISCUTIR LOS CAMBIOS SOBRE EL SENTIDO DE LA COMUNIDAD Y SUS FUNCIONES PRIMARIAS

Como señala el último informe publicado por el Observatorio de los Derechos sobre la Tierra en el Perú: la «extranjerización» de las tierras en la costa peruana va acompañada de políticas de Estado que han generado normas ad hoc para confiscar tierras a comunidades sin usar la figura de la expropiación: alrededor de 200 000 hectáreas han sido transferidas ya sea al Estado o a capitales privados mediante usos de lo que el Observatorio denomina «los disfraces legales de la confiscación».30 Su correlato geopolítico es el creciente mercado global de biocombustibles y los acuerdos internacionales de libre comercio; en la práctica, estos se traducen, en más de un caso, en estrategias de despojo locales respecto de las cuáles el Estado peruano ha decidido tomar distancia o avalar estos procesos con la modificación de reglamentos y decretos sectoriales que pasan desapercibidos en el debate público nacional. Enmarcada en este contexto se da la disputa por los eriazos comunales, a los que ahora grupos de comuneros buscan acceder con nuevas estrategias. En algunos casos, ello representa un cambio profundo con implicancias políticas: desmembrarse de la comunidad, por ende, dejar de ser comuneros.

Constituida centralmente por los eriazos, la propiedad comunal se concibe como aquellas porciones del territorio de la comunidad, aún no parceladas, que son de disposición de la comunidad a través de decisiones de su directiva y de la asamblea de comuneros y que pueden tener diversos fines. Como vimos para el caso de Catacaos, hace tres décadas importantes extensiones de eriazos fueron convertidas en áreas cultivadas en una historia «en la que le hemos ganado al desierto» —como dicen los comuneros—, que dio origen a las UCP como parte de la acción política de la comunidad. Hoy surgen nuevos procesos y potenciales usos para los eriazos: (i) ser distribuidos entre comuneros sin tierras a través de las Asociaciones; (ii) servir de terreno para la expansión urbana de viviendas de los hijos de comuneros y la instalación de corrales familiares; (iii) ser cedidos a las municipalidades de centro poblado menor que solicitan áreas para urbanización; (iv) más recientemente ser arrendados a las grandes empresas de siembra de caña para etanol o de productos de agroexportación; (v) ser sujeto de procesos de negociaciones de contraprestaciones de tierra con empresas extractivas (gas y petróleo en la zona), y, (vi) eventualmente, ser vendidas ante una posible oferta de terceros, luego de acceder al título de propiedad individual.

Estas tierras, por tanto, siguen constituyendo un recurso político de la comunidad. Como afirma Testart, «la tierra tiene una función política» (2004, p. 46); en este caso, la función de distribución y regulación se mantiene en un contexto distinto ligado a estos nuevos usos: cambia la finalidad de esta distribución y lo que los comuneros esperan de ella. Pienso, además, que estos nuevos usos de la tierra alteran el sentido de la función llamada primaria de defensa de la tierra (Diez [ed.] 2012).

Si analizamos lo que viene ocurriendo en ambas comunidades, es posible afirmar que las expectativas de venta de la tierra a terceros son cada vez más frecuentes y que si bien ello origina tensiones entre comuneros por las distintas posturas existentes, no pocos aceptan que están inscribiéndose en el padrón comunal como nuevos comuneros para acceder a las «zonas altas» y luego separarse de la comunidad con un título individual. Hace diez años, cuando los comuneros hablaban de vender las tierras se referían a ventas entre comuneros; hoy incorporan la posibilidad de venderlas a empresarios privados. Este cambio no es tan sencillo: el cambio del tipo de propietario implica que esa porción de tierra no pertenecería más al territorio comunal; se trata de islas dentro del territorio sobre las cuales la comunidad ya no tiene control ni poder de regulación, y aparecen otros actores que «comparten» ese espacio31.

Esto no solo resulta conflictivo —como muestran casos ya existentes— porque los límites difusos al interior de la comunidad generan tensiones entre propiedades privadas que buscan avanzar sobre un área mayor a la que se accedió, sino también porque se trata de lógicas distintas de manejo del espacio. Un buen ejemplo de ello son las empresas de caña de grupos nacionales —como Caña Brava del grupo Romero— que ya han accedido a tierras dentro de la comunidad bajo la figura del arriendo o acuerdos con comuneros para que instalen caña en sus parcelas, y alrededor de las cuales surge una serie de reclamos y temores por la quema de caña que produce contaminación en el aire y por un uso distinto de la tierra y el agua, que genera tensiones con cultivos tradicionales de la zona. Asimismo, surgen tensiones por la gestión del agua en las zonas altas, dado que los comuneros asentados en estas no disponen del recurso, mientras que las empresas obtienen permisos estatales de uso de agua que extraen de pozos para regar sus sembríos, provocando contrastes y demandas (Van der Ploeg, 2006). Con todo lo anterior, la comunidad deberá aprender a regular un territorio sobre el cual solo tendrá acceso y control parciales, así como a negociar con diversos actores de rubros distintos —extracción, agroexportación, producción de biocombustibles, etcétera— que operan con estándares, criterios y estrategias diferenciados.

Lo anterior está estrechamente ligado a la manera como se constituye el vínculo con la comunidad, ya que, si bien no es exclusivo, para muchos el ser comunero pasa por el hecho de tener tierras en la comunidad. En efecto, como vimos en el caso de Colán, más de seiscientos nuevos comuneros se han inscrito en el padrón comunal desde que se inició el proceso de reparto de las zonas altas32. La comunidad, por tanto, estaría cumpliendo un rol de mediación para acceder a la tierra, pero en un contexto en el que esta tierra no necesariamente es considerada como un recurso para producir, ni como un lugar que genera un nexo con el territorio y con otros comuneros, ni como un elemento que otorga un lugar en la estructura social de la comunidad.

A manera de hipótesis diremos que la comunidad empieza a ser vista por algunos comuneros como una forma de acceso a la tierra de la cual uno puede eventualmente desprenderse para entrar a una dinámica privada. Por su lado, la comunidad, desde su órgano de gobierno, pugna por no perder el control de su territorio con una serie de estrategias que pueden resultar incluso contraproducentes: medidas de contingencia para el avance de las empresas entregando tierra a comuneros («para que las trabajen cuando haya recursos»), intentos por culminar el proceso de titulación comunal —lo cual abre la puerta a enfrentar un conjunto de litigios intra e intercomunales—, o incluso pidiendo a sus comuneros que no hagan valer los títulos del Estado que han recibido para realizar transacciones de tierra. En este último caso, se apela incluso a que los comuneros «devuelvan los títulos» y a «no traicionar a la comunidad»33.

Lo anterior nos hace ver que hay incertidumbre y tensión sobre el futuro de las tierras comunales, y que las dirigencias son conscientes de ello. Este es un proceso reciente y, como hemos visto, cargado de ambigüedades y estrategias que pueden aparecer como contradictorias. Es cierto que es necesario diferenciar las posturas de los comuneros sobre cómo cambia el significado la tierra, según su origen («histórico», ex cooperativista, ex socio de UCP, sin tierra, nuevo comunero) y según generaciones; este es un trabajo pendiente. Sin embargo, pienso que está operando un cambio en el vínculo entre comuneros y comunidad que tiene como elemento central una nueva forma de relación con la tierra. Y que este cambio, a su vez, se relaciona con una transformación progresiva de sus significados y valoraciones. Creo que esta transformación se explica, en buena parte, por la presión que existe sobre el recurso, la cual genera nuevas dinámicas de usos y rompe con las lógicas de transacciones de tierras que se habían dado en el ámbito comunal.

Las anteriores formas de regulación comunales pierden peso y son desplazadas en un contexto en el que las nuevas negociaciones imponen otras reglas. En el caso de las tierras de valle cultivadas por los «pequeños propietarios», por ejemplo, las contraprestaciones de tierras imponen una manera de asignar el valor de una parcela que se reduce a un cálculo monetario, se negocia por hectárea y ya no por la condición de la parcela ni su ubicación. Por otro lado, los eriazos se van perdiendo progresivamente, no solo por las estrategias de acceso y despojo de grupos empresariales, sino también por intereses y decisión de algunos sectores de comuneros, quienes recurren a la comunidad apelando a su función de distribución de tierras. De esta forma, las comunidades se encuentran en una encrucijada: entre la creación de nuevos vínculos con comuneros sin tierras, y el riesgo de que estos se desmiembren de la comunidad vía la titulación y la venta. Por otra parte, deben enfrentar el debilitamiento del vínculo con los comuneros «históricos», muchos de los cuales han dejado de asistir a las asambleas comunales pues perciben que las directivas se benefician de las negociaciones por tierras y desconfían de ellas.

Si pienso en las conversaciones que tuve con comuneros y dirigentes en Cata-caos entre los años 1999 y 2003, podría afirmar que los comuneros, aun con sus intereses particulares, seguían pensando en la comunidad como la «dueña de las tierras» y no veían la posibilidad de que esta desapareciese. Si bien querían sus títulos individuales, esta expectativa no implicaba desvincularse de la comunidad; varios comuneros pensaban incluso que la comunidad era la entidad que debía otorgar los títulos y que era posible conservar las boletas de la comunidad a pesar de haber recibido títulos del Estado. Pero en la última década, la concentración de la tierra y el avance de grupos empresariales trasnacionales y de la industria extractiva, así como las respuestas de la comunidad, han generado un cambio importante. En los casos estudiados, la lógica de las nuevas transacciones de tierra ya no se enmarca solo en el campo de lo comunal, y es justamente por ello que es un asunto tan complejo: actualmente existe más de un registro en el que se mueven las transacciones de tierras y las disputas se dan un ámbito en el que intervienen actores de múltiples escalas, con sus propias lógicas de valoración de la tierra y sus propios parámetros para asignarle un valor de cambio.

Para complementar la idea anterior, resulta interesante lo que señala Del Pozo con relación a los jóvenes comuneros de su ámbito de estudio, que solicitaban a un programa de asignación de lotes para viviendas en centros urbanos que se ampliase a las zonas rurales para la entrega de «tierra para trabajarla» (Del Pozo, 2004, p. 182). Aun con lógicas distintas de las de sus padres —con miras a modernizarse y a encontrar nuevas estrategias de comercialización—, los jóvenes querían la tierra para cultivarla y la percibían como un sustento para la economía familiar.

Sin intento alguno de comparación, el hallazgo de la autora nos llevó sin embargo a reflexionar sobre el punto. Así, encontramos que en los casos de Catacaos y Colán los jóvenes entrevistados dicen ya no querer dedicarse a la agricultura; prefieren dedicarse a servicios diversos (mototaxis, construcción, transporte rural, entre otros) o trabajar en embarcaciones de pesca artesanal en la zona de Paita34. Señalan que lo más probable sea que solo uno entre los hermanos se quede en la parcela de su padre y asuma su conducción, inscribiéndose eventualmente en la comunidad. Las nuevas generaciones no tienen el vínculo con la comunidad que tuvieron sus padres, no vivieron las luchas por la tierra, ni el proceso de Reforma Agraria, ni los años de mayor presencia de las comunidades en la vida de los comuneros. Tampoco recuerdan una relación fuerte de sus padres con la comunidad, ya que el vínculo político y económico debilitado a inicios de la década de 1990 no ha logrado reconstruirse. Actualmente, en el nuevo contexto de disputas por la tierra, algunos de los comuneros mayores vuelven a participar con cierto escepticismo del debate comunal, pero la mayoría de los jóvenes se mantiene al margen mostrando poco interés.

Así, tenemos que en el caso de las grandes comunidades de la costa norte, se da una combinación entre la pérdida progresiva de áreas del territorio comunal, la convivencia conflictiva con nuevos usuarios y propietarios y las nuevas expectativas sobre la tierra, con el cuestionamiento a las dirigencias comunales por temas de corrupción y tráfico de tierras, y la falta de nuevos cuadros de comuneros jóvenes. En este escenario, surgen también dirigencias que apuestan por asegurar la propiedad comunal sobre parte de las tierras, buscando concluir procesos de titulación. Ya no se trata, por tanto, solo de «adaptarse» a este contexto de disputas y presión sobre la tierra, sino que se está produciendo una transformación profunda incluso en las formas en que los comuneros conciben la propiedad comunal. Si las comunidades continúan perdiendo tierras eriazas y control del espacio comunal, si las asociaciones siguen titulándose y desmembrándose en lugar de formar parte de estas, y si las dirigencias no logran figuras innovadoras para ponerse al frente de estas disputas35, podríamos estar acercándonos al fin de las comunidades históricas.

Hoy en día, la función primaria de defensa de la tierra ya no es solo de defensa: como hemos visto a lo largo del texto, las dirigencias piensan ahora en recuperar las tierras también con el objetivo de tener el control de estas para negociar de manera más justa diversos tipos de transacciones con capitales trasnacionales e industrias extractivas, en una búsqueda aún ambigua por no perder el control total del territorio36. Se generan entonces formas de regulación y uso de las tierras comunales que hace unos años hubiese sido muy difícil concebir, como la cesión de áreas a grupos de comuneros, aun sabiendo que irán titulándose de forma individual paulatinamente, o como el arrendamiento de tierras en disputa a los sujetos enfrentados en la disputa misma. Así, algunas de las permanencias se disuelven, dando paso a nuevas figuras, vínculos y sentidos de la propiedad comunal. Conciliar estas nuevas posibilidades de regulación de los recursos comunales con los intereses y demandas de los distintos sectores de comuneros será el reto mayor para estas comunidades en lo que parece ser una nueva etapa de su historia.

 

REFERENCIAS

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1 Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Canadá, bajo la Iniciativa Think Tank.

2 En el balance realizado por Raúl Hernández Asensio sobre dinámicas territoriales rurales para el sepia XIV, el autor da cuenta de este fenómeno, al que varios estudiosos se han referido como el «giro territorial de las ciencias sociales». Con una colega escribimos hace un par de años un artículo en esta revista que podría ubicarse dentro de esta línea; finalmente, en el camino llegamos a darnos cuenta que en realidad estábamos hablando de los cambios sobre los usos de la tierra y el control comunal sobre este recurso más que de territorio.

3 Conocí la comunidad de Colán en el año 2010, en un trabajo de campo exploratorio. Volví durante 2011 y 2012 para hacer trabajo de campo; la data que usamos para este texto es producto de este.

4 Este estudio fue financiado por una beca CLACSO y puede ubicarse en http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/clacso/becas/20110120071316/cruzado.pdf

5 Sobre la base de un trabajo de campo realizado a inicios de la década de 1980, en 2006 el investigador holandés J. Van Der Ploeg publica «El futuro robado: tierra, agua y lucha campesina». Desde la mirada de algunos dirigentes comunales, este libro narra las luchas por la tierra en la comunidad campesina de Catacaos.

6 Aquí el término «propiedad» no se refiere a una noción jurídica sino a una forma de acceso y tenencia de la tierra, originada por la herencia familiar y no por cesión de la comunidad ni por adjudicación de la Reforma Agraria. Esta forma de tenencia implica que los comuneros deciden sobre esas tierras de manera individual, con la excepción —hasta hace poco— de la venta a terceros no comuneros.

7 En el caso de estas dos comunidades, la expansión de las haciendas abarca solo algunas porciones del territorio comunal. Sin embargo, está muy presente en la memoria de los comuneros la idea de «la recuperación de las tierras y la lucha con el hacendado» y forma parte de una historia compartida por varios grupos de comuneros.

8 La comunidad de Catacaos logró el reconocimiento de un modelo alternativo a las CAP e instaló las Cooperativas Comunales de Producción (CCP).

9 Esta historia ha sido reconstruida a partir de entrevistas a antiguos dirigentes y ex presidentes de las dos comunidades, así como a dirigentes de las ex cooperativas, tanto en el año 1999 como 2008, 2010 y 2011. Tanto Diez (2012) como Revesz (1992), con distintos énfasis, han analizado este proceso en los documentos citados anteriormente.

10 Eguren 2007 y Boletín del Observatorio por los derechos de la tierra. CEPES-ILC, 2013.

11 Esta es una discusión que venimos desarrollando con el antropólogo Erik Pozo. La manera en que utilizo el término despojo en este artículo, se desprende de ese trabajo conjunto que plasmamos en la ponencia: «Haciendas globales y despojos locales: usos, valoraciones y disputas por la tierra en una comunidad de la costa norte de Piura». sepia XV. Chachapoyas, agosto de 2013.

12 Este tema por demás largo e interesante ha sido abordado en diversos artículos especializados, en particular, los publicados por Laureano del Castillo y Pedro Castillo entre los años 1996 y 2011 (ambos del Centro Peruano de Estudios Sociales-Cepes).

13 Para una revisión del proceso de titulación de tierras comunales en Catacaos, ver el documento de Edgardo Cruzado (2001): http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/clacso/becas/20110120071316/cruzado.pdf

14 En el mes de junio de 2013, la directiva (2013-2014) de la comunidad de Colán, logró concretar la titulación comunal de 14 000 (catorce mil) hectáreas de eriazos, quedando aún por titular más de la mitad de los eriazos comunales.

15 Este es el caso, por ejemplo, de los socios del Predio San Miguel, del caserío de Santa Rosa de Cura Mori, formado luego de parcelación de cooperativa Abraham Negri Ulloa. Debemos señalar, sin embargo, que esta situación es variable tanto entre comunidades como entre anexos de una misma comunidad. Así por ejemplo, en varias zonas de la comunidad de Colán, un buen porcentaje de los comuneros sí recibieron sus títulos. La situación, como se observa, es irregular y confusa para los propios comuneros.

16 Estas afirmaciones se desprenden de un trabajo de campo realizado en 1999, época del primer empadronamiento del Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT) en la comunidad de Catacaos, en el que encuestamos a cien comuneros sobre el tema, y su contraste con entrevistas realizadas en 2010.

17 La historia, objetivos y formas de organización de las UCP pueden encontrarse descritas en el documento citado de Marlene Castillo (1991).

18 En el año 1999, entrevistamos a quince socios de dos UCP de la margen izquierda y derecha del río Piura, y a sus presidentes en la época. Las razones que hallamos se repetían en ambos casos.

19 El nombre de la Asociación ha sido cambiado para conservar el anonimato del entrevistado a pedido suyo.

20 Hasta el año pasado existía en la comunidad de Catacaos un problema de duplicidad de dirigencias que se acusaban entre ellas de ser ilegítimas. Nos referimos aquí a la dirigencia de la lista blanca, que se encontraba en el local «tradicional» de la comunidad. En un local improvisado, se encontraba la dirigencia de la lista verde (se trata de las dos listas enfrentadas desde la década de 1990; en aquella época, igualmente con directivas paralelas, la lista blanca, asociada con el APRA y luego con el fujimorismo, es la que habría firmado los permisos al PETT para la titulación individual dentro de la comunidad. Ambas listas están hoy muy desprestigiadas entre los comuneros). Hemos entrevistado a las dos directivas sobre el tema y ambas afirman no contar con estadísticas sobre las Asociaciones. A inicios de 2013 ganó una nueva lista, presidida por un antiguo dirigente y ex presidente de la comunidad; la consigna de esta lista es recuperar a la comunidad del tráfico de tierras, recuperar las tierras comunales sujeto de despojos y lograr la titulación global de la comunidad.

21 El gobierno comunal no siempre está al tanto de estos procesos. Algunos de ellos se llevan a cabo entre los comuneros y algunos directivos e incluso miembros del equipo de técnicos, lo cual ha generado tensiones internas, divisionismo y cuestionamientos a las dirigencias. La decisión de ceder miles de hectáreas comunales, muchas veces no es debatida en Asamblea comunal como establece la ley de comunidades campesinas y los propios estatutos de la comunidad. El nuevo presidente de la comunidad de Catacaos (2013-2014) nos habló de su preocupación por este proceso, pero también de la dificultad para estar al tanto de todos estos movimientos y, por tanto, de la urgencia de levantar un nuevo diagnóstico de la situación de la tenencia de la tierra en la comunidad. Ordenar este tema es, pues, uno de los retos principales asumidos por la nueva directiva.

22 Por ejemplo, la comunidad ha perdido cientos de hectáreas de sus tierras eriazas por la apropiación de las fuerzas armadas que las toman como zonas de entrenamiento, utilizando la figura de tierras en abandono regulada por normas del sector agricultura.

23 La empresa tiene un contrato con Perú Petro desde 1996 que le otorga licencia para explorar y explotar hidrocarburos por treinta años a partir del inicio de la explotación comercial en el lote XIII ubicado en el desierto de Sechura. Entre sus accionistas están USA Olympic Oil & Gas Corporation y otras firmas extranjeras.

24 Según Testart (2003 y 2004), existe una confusión alrededor de la noción de propiedad colectiva. Traduciendo su argumento al caso peruano, diremos que la propiedad colectiva implicaría que esas tierras fuesen de todos los comuneros y que estos se beneficien de su uso por igual. En este caso, la propiedad comunal implica que son tierras de la comunidad, y que esta, a través de su órgano de gobierno, ejerce la función de control y distribución y puede incluso cederlas —como ocurre en Colán con la estrategia de contención—, a un número establecido de comuneros. La Asamblea comunal, actuaría en este sentido como un seguro para este tipo de transacciones en tanto aprueba la distribución. Sin embargo, en la práctica el asunto es más complejo por la dinámica de participación y los niveles de representación alcanzados en la Asamblea.

25 Como señala Barthez (1976), la asignación de un valor a la parcela es un tema controversial, pues este valor no depende solo de un cálculo matemático sino de una apreciación subjetiva. Así: «el valor de la productividad real [de la tierra] es un valor ficticio» (p. 71).

26 Considero que estas dinámicas de acceso a la tierra -que recurren a presiones y a formas aparentemente sutiles de manipulación, así como a la utilización de mecanismos contractuales aplicados sin una adecuada información-, constituyen una forma de despojo.

27 Para este caso particular, se retoman elementos del texto preparado para la ponencia del SEPIA XV: «Haciendas globales y despojos locales: usos, valoraciones y disputas por la tierra en una comunidad de la Costa Norte», en la que este se desarrolla con mayor detalle.

28 Datos tomados del Testimonio de la «Escritura de compra y venta entre el proyecto Chira Piura y la empresa Maple Etanol S.R.L., interviniendo el gobierno regional de Piura», en marzo de 2008. En ninguna parte del contrato preparado por el Estado peruano se menciona que parte de estas tierras se superponen a territorio comunal.

29 La idea de distintos niveles de aceptación o no aceptación del cambio de capital natural por capital financiero ha sido desarrollada por A. Bebbington en contextos de conflicto minero. Ver por ejemplo: La sostenibilidad social de los recursos naturales a partir de los conflictos mineros en Latinoamérica. (Bebbington, 2007).

30 Boletín Tierra y Derechos. Observatorio de los derechos sobre la tierra en el Perú, 3 (6). Cepes, marzo 2013.

31 En ambas comunidades se encuentran planos del territorio comunal donde los equipos técnicos han identificado múltiples «áreas de controversia» con diversos agentes privados y estatales, por miles de hectáreas.

32 Figurar como comunero inscrito en el padrón comunal es un requisito previo para poder inscribirse en el padrón de solicitantes de tierras en las zonas altas.

33 Este llamado fue hecho por el presidente de la directiva 2011-2012 de la comunidad de Colán en una Asamblea comunal donde se señaló que existen casos de ventas de tierras de comuneros a empresarios sin dar aviso a la comunidad. También lo hemos oído del nuevo presidente de Catacaos expresado en otros términos: «es necesario sensibilizar al comunero, capacitar al comunero, para que entiendan la situación de las tierras de la comunidad».

34 Estas afirmaciones se basan en entrevistas realizadas por tres alumnas del curso de prácticas de campo a veinticinco jóvenes de los anexos de Cura Mori (2010) y Monte Castillo (2012) en Catacaos y en Pueblo Nuevo de Colán (2011).

35 El caso del arriendo de tierras a la empresa Maple en Colán, aunque conflictivo y arriesgado, es interesante como ejemplo una respuesta distinta de una directiva comunal en el contexto de presión sobre la tierra.

36 Señalo que se trata de un intento por no perder el control total del territorio comunal, pues estoy considerando que existen porciones de este que ya han sido tituladas individualmente por el PETT o que se encuentran bajo control de empresas (grandes o chicas). Además, porque es la sensación que expresan varios de los dirigentes entrevistados en ambas comunidades, cuando se refieren a la pérdida progresiva de capacidad para regular todo el territorio comunal en el que, como hemos visto a lo largo del texto, interactúan (y chocan) distintos agentes con sus propias reglas y lógicas de apropiación espacial.