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Anthropologica

Print version ISSN 0254-9212

Anthropologica vol.33 no.34 Lima  2015

 

ENTRE LA HISTORIA Y LA ANTROPOLOGÍA

 

Imágenes de la violencia. Los retos de la justicia transicional y su costo emocional1

Images of violence. Challenge of transitional justice and emotional cost

 

Tesania Velázquez, Evelyn Seminario e Iris Jave

Pontificia Universidad Católica del Perú

 


RESUMEN

En el presente artículo se reportan algunos resultados preliminares de una investigación sobre el impacto psicosocial de la justicia transicional en el Perú, a diez años de la entrega del Informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación - CVR. El objetivo consistió en conocer las percepciones que se tienen sobre los procesos de justicia transicional, en particular en el caso de la CVR en el Perú. Para ello, se analizaron materiales gráficos y discursivos que dan cuenta de una narrativa individual y colectiva en víctimas directas e indirectas de la ciudad de Huamanga que fueron obtenidos en el marco de un estudio mayor sobre el impacto psicosocial de la CVR. Los resultados sugieren que existen diversas vivencias de la violencia, caracterizadas por ser recurrentes y continuas en el tiempo a pesar de los procesos de justicia transicional. Más aún, que estos últimos tienen costos emocionales al momento de realizarse, pero que también pueden traer oportunidades que nos permitan construir una convivencia democrática en la sociedad.

Palabras clave: CVR, justicia transicional, violencia política, Huamanga.

 


ABSTRACT

The present article reports on preliminary results of a research in the psychosocial impact of transitional justice in Peru, after ten years of the Final Report of the Truth and Reconciliation Committee - TRC. Its general objective was to learn about the perceptions on transitional justice processes, particularly in the case of the TRC in Peru. Graphics and discursive materials that account for individual and collective narrative of direct and no direct victims in Huamanga were analyzed, which were obtained as part of a larger study on the psychosocial impact of the Truth and Reconciliation Committee - CVR. The results suggest that there are different experiences of violence that are characterized by being recurrent and continuous in time despite transitional justice processes and that the processes have emotional costs but also benefits that allow us to build democratic coexistence in a society.

Keywords: CVR, transitional justice, political violence, Huamanga.

 


En la última década ha tenido lugar en el Perú una experiencia de confrontación del pasado violento mediante mecanismos de verdad, justicia y reparaciones. El núcleo institucional de esa experiencia fue el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación - CVR, creada en el año 2001, en el contexto de la transición política abierta en el país después de la caída del gobierno de Alberto Fujimori. Durante veintiséis meses, la CVR investigó el período de violencia política sufrido por el país entre los años 1980 y 2000. En el año 2003 se realizó la entrega del Informe final de la CVR al gobierno de Alejandro Toledo y a la opinión pública.

El presente artículo se ocupa del impacto psicosocial que dicho ejercicio de revelación de la verdad, ocurrido hace diez años, ha tenido en un grupo de hombres y mujeres residentes de Huamanga, Ayacucho. Además, se recogen pistas que se formalizan en los testimonios discursivos y gráficos de esas personas para construir una convivencia democrática. Esta investigación se fundamenta en un análisis cualitativo del material gráfico y discursivo obtenido en los grupos focales realizados con víctimas directas e indirectas del conflicto armado interno en el Perú y se inscribe en un estudio mayor sobre el impacto psicosocial de la CVR en la opinión pública. En consecuencia, el objetivo principal es analizar en qué medida el legado de la violencia de origen político ha sido superado, mitigado o transformado por la memoria del pasado, propiciado por una entidad institucional (CVR) y sostenido por diversas iniciativas de la sociedad civil. El interés central de este trabajo es describir las percepciones y diferentes narrativas que han tenido los hombres y mujeres de Huamanga, en un proceso de búsqueda de la verdad atento a los derechos de las víctimas.

El proceso de justicia transicional en el Perú ha quedado definido en sus grandes líneas por la narrativa oficial del informe de la CVR, que ha planteado una serie de políticas reparadoras del Estado, muchas de las cuales se cumplen insuficientemente y de forma muy lenta. El argumento central del texto sostiene que dicha narrativa se convierte en un espacio de negociación y de nueva producción de significados desde la percepción de la población de Huamanga, y que los dibujos expresan una micropolítica de representación del conflicto, de sus secuelas directas y de las políticas de la justicia transicional.

CONFLICTO ARMADO INTERNO EN EL PERÚ

La forma de violencia que se desarrolló en el Perú entre los años 1980 y 2000 ha sido catalogada como un conflicto armado interno, siguiendo la terminología del derecho internacional humanitario. La CVR señaló que este fue el episodio de violencia política de mayor duración en el país, el que ha tenido el impacto más extenso sobre el territorio nacional y el de más elevados costos humanos y económicos de toda la historia republicana. La violencia armada se tradujo en casi 70 000 muertes: el 35% de los víctimas provenía de las regiones más pobres del país, el 55% trabajaba en actividades agropecuarias y más del 75% tenía como lengua materna el quechua u otra lengua nativa (Comisión de Entrega de la CVR, 2008a).

La fase de violencia más intensa de este período concluyó hacia los años 1992 y 1993, después de la derrota militar del PCP-SL, pero se considera que el proceso de violencia terminó completamente en el año 2000, con el fin del segundo gobierno de Alberto Fujimori. No obstante, la vivencia de la violencia en diferentes regiones del Perú sigue presente.

La CVR estableció que la exclusión y la discriminación fueron las causas históricas que favorecieron el surgimiento del conflicto (Comisión de Entrega de la CVR, 2008a). Asimismo, que la población más afectada correspondía a un perfil racial, étnico y social cuyo acceso al poder ha sido tradicionalmente limitado (Comisión de Entrega de la CVR, 2008a; Theidon, 2004). En el Perú se observa que la exclusión social, manifestada como prejuicio y discriminación, supone el escenario para la aparición de situaciones de conflicto e impide el tránsito de una sociedad jerarquizada y excluyente a una democrática e inclusiva (Manrique, 2002; Merino, 2007).

En general, el prejuicio y la discriminación se desarrollan en el marco de relaciones de poder entre grupos, y de manera más específica, en los procesos de exclusión social. Según el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, en el Perú la discriminación y la estigmatización por características como género, raza y discapacidad han sido la fuente principal de exclusión (Espinosa, 2011). A partir de las relaciones de poder establecidas en cada sociedad, los contenidos transmitidos de prejuicio y discriminación pueden convertirse en un conjunto de prácticas de exclusión social ejercidas por los grupos de mayor poder. La consecuencia es que los grupos subordinados quedan fuera del ámbito de la justicia (Bierbrauer, en Morales, 2003).

De esta forma, tan necesario como el conocimiento público de los hechos de un conflicto debe ser el acceso a la justicia como una forma de resarcir e instaurar una cultura de respeto a los derechos humanos en cualquier sociedad (Méndez, 2011). Asimismo, Reátegui (2010) ha mencionado que los procesos judiciales posteriores a violaciones masivas de derechos humanos en conflictos armados internos son fundamentales, no solo porque el derecho internacional los menciona como una obligación, sino también porque permiten resarcir aquellos actos de desprotección en los que se encontró la ciudadanía frente a un sistema judicial inoperativo durante períodos de autoritarismos o dictaduras. Así, el descrédito de las instituciones de justicia podría ser afrontado con la judicialización de estas violaciones a los derechos humanos. Dicho autor afirma que «el funcionamiento de la justicia suele ser el motor o la locomotora que arrastra a todas las otras instituciones, porque tiene que ver con los básico, elemental y más palpable de la situación previa, que es ese estado de criminalidad impune que se hereda de la etapa previa a la transición» (Reátegui, 2010, p. 39).

CONSECUENCIAS PSICOSOCIALES DE LOS CONFLICTOS ARMADOS

El conflicto armado interno, según el Informe final de la CVR, generó secuelas importantes no solo en las víctimas y familiares, sino también en la sociedad en su conjunto. Es así que las secuelas psicosociales no solo abarcaron los niveles individuales (discapacidad física, ansiedad, irritabilidad, actitudes violentas y abuso del alcohol), sino también el nivel familiar (deterioro de las relaciones de pareja y familiares, desconfianza, inseguridad, abandono y conflictos, familias estigmatizadas, desintegración familiar, orfandad) y el nivel comunal (desidia colectiva, incremento de conflictos intercomunales, intracomunales, consumo masivo y compulsivo de alcohol, pandillas juveniles, pérdida de valores culturales). En concordancia con otros episodios de violencia política en la región, la CVR encontró que el conflicto armado interno en el Perú generó secuelas que abarcaron niveles individuales, interpersonales y colectivos de afectación (Comisión de Entrega de la CVR, 2008b).

Específicamente, los efectos de todo ello en la salud mental individual y colectiva son múltiples y complejos (CVR, 2003). Diversos autores (Alarcón-Henríquez et al., 2010; Martín-Baró, 2000; Mullet y otros, 2010) sugieren que en el plano social uno de los efectos más graves es la normalización del uso de la violencia. Esto suele dar origen a sociedades donde las relaciones humanas se deterioran, ocasionando un impacto negativo de manera individual y colectiva. Otra grave afectación es el deterioro de los lazos afectivos entre los individuos y sus sociedades. En este sentido, períodos prolongados de guerra interna, como la vivida en el Perú, dañan o socavan las piedras angulares donde el individuo forma su identidad. En este sentido, las familias fueros dañadas, las comunidades dispersadas, las organizaciones comunitarias desarticuladas y los referentes culturales, como las fiestas patronales, prohibidos (Comisión de Entrega de la CVR, 2008b; Cárdenas et al., 2005; Jiménez, 2009; Gonzales, 2011).

Por lo tanto, al igual que en otros países afectados por largos períodos de violencia, uno de los efectos más devastadores es el deterioro de las relaciones sociales (Arnoso et al., 2011; Bronéus, 2008; Cárdenas et al., 2005; Comisión de Entrega de la CVR, 2008b; Theidon, 2004) y el aumento de emociones colectivas negativas, como el miedo y la inseguridad (Bar-Tal et al., 2007; Comisión de Entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2008b; De Rivera, 1992; Martín-Baró, 2000; Techio et al., 2011). En este ambiente de desconfianza generalizada no solo se dificulta la posibilidad de relacionarse en un nivel microsocial; por el contrario, también se pierde la confianza en instituciones macrosociales como el Estado (Cárdenas et al., 2005; CVR, 2003; Theidon, 2004).

Otro efecto lacerante de situaciones de guerra prolongada es que la afectación no se circunscribe a las personas que fueron afectadas directamente por la situación de violencia, ya que existe una transmisión generacional de estos efectos, constituyéndose en una herencia social y convirtiéndose en una historia que se vive como cercana (Cárdenas et al., 2005; Cueto et al., 2013; Theidon, 2004). Se debe sumar a lo anterior que las condiciones que facilitaron el conflicto y los signos de violencia se encuentran presentes en la sociedad peruana (CVR, 2003; Thorne et al., 2011). Estos signos son, por un lado, secuelas del período anterior y por otro, reflejo de la descomposición del sistema de mediación y representación política en el Perú que viene desde la década de 1990.

Entre los signos de violencia observados actualmente se encuentran: (i) los remanentes armados de SL en algunas áreas rurales del país, principalmente, entre las zonas de Ayacucho y Junín, donde tiene lugar la actividad de tráfico ilícito de drogas, y (ii) la aparición de una organización política, el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales - Movadef, que actúa como vocero en el espacio público de la ideología y los intereses de SL. Aunque la influencia de ambos actores no es hegemónica, el impacto en los medios de comunicación y en la opinión pública termina generando una estigmatización de los jóvenes que intentan participar de la vida política local, a quienes se les atribuye una relación tácita con el PCP-SL. Esta estigmatización de los jóvenes ayacuchanos, quienes son asociados con SL, es un fenómeno que se debe tener en cuenta al preguntarse sobre la relación del Perú con su pasado de violencia. Esta estigmatización mantiene como vehículos a los medios de comunicación y a la propia familia, que suele asociar un conjunto de estereotipos y prejuicios acerca de espacios educativos en los que se ha desarrollado la violencia del conflicto en mayores dimensiones. Así, esta estigmatización muestra sus peores consecuencias en la discriminación laboral y profesional entre los jóvenes estudiantes, según un reciente estudio de caso sobre las universidades San Cristóbal de Huamanga y San Marcos de Lima (Jave, 2014a).

Entre otras secuelas indirectas, se debe mencionar la recurrencia de conflictos sociales en el contexto de las protestas contra proyectos de inversión privada en extracción de recursos naturales. Estos conflictos constantes devienen en violentos con frecuencia y, principalmente, asumen la forma de enfrentamiento entre la población movilizada y agentes de seguridad del Estado. Según la Defensoría del Pueblo, en un lapso de cinco años, entre 2009 y 2013, estos enfrentamientos produjeron la muerte de 229 personas y dejaron heridas a 3 406 personas (Defensoría del Pueblo, 2014).

Algunos autores proponen que una manera de reconstruir este tejido social es trabajar en el proceso de recuperación de la memoria colectiva de estos hechos, a pesar de que este proceso puede ser sumamente doloroso (Dobles, 2009). En este sentido, procesos de justicia transicional, como el realizado por la CVR, apuntalarían a la reconstrucción de vínculos afectivos y procesos de reconciliación nacional. Sin embargo, luego de este proceso poco se sabe acerca del impacto que este ha tenido en los niveles tanto individual como societal.

Algunos estudios señalan que ha existido un proceso de victimización que no necesariamente ha fortalecido el derecho de las víctimas. La categoría de víctima tiene implicancias sociales y políticas. De hecho, puede llegar a ‘banalizarse’ —en los términos de Todorov— parte del proceso de conmemoración a las víctimas, o trabajarse como un proceso de asistencia social (Ulfe, 2013). Así también, estas implicancias parecieran presentarse como nuevos mecanismos a través de los cuales las víctimas y sus asociaciones parecen seguir una lucha por acceso a derechos civiles y políticos, a una demanda por ser reconocidos como ciudadanos plenos. Los mecanismos de justicia transicional también aparecen como oportunidades para desarrollar esta agencia de las víctimas en su búsqueda de derechos efectivos e inclusión en el desarrollo del país (Jave, 2014b).

En ese sentido, nos interesa describir el efecto de la violencia en la vida cotidiana de las víctimas y cuáles son las percepciones que se tienen sobre los procesos de justicia transicional, iniciados después de la presentación del informe de la CVR (2003), aunque de manera insuficiente. Además, la perspectiva de la investigación coloca el énfasis en las propuestas planteadas para la construcción de una convivencia democrática por las víctimas de la ciudad de Huamanga.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

La investigación se realizó con hombres y mujeres de sectores urbanos y urbanos marginales de Huamanga (58), Ayacucho, una de las ciudades más afectadas por el conflicto armado interno. Las edades oscilaban entre los 18 y 60 años. La distribución de los sexos fue de 52% hombres y 48% mujeres.

Se realizaron seis grupos focales, con un promedio de nueve participantes cada uno. Los participantes se organizaron en los grupos focales en función de la variable edad y el grado de victimización (víctima directa o no directa). En función de la variable edad, se trabajó con el grupo de jóvenes, definido por pertenecer al intervalo entre los dieciocho y los treinta años, y con el grupo de adultos, definido por aquellos mayores de treinta años. El grado de victimización fue definido en función de si la persona, algún familiar o amigo cercano había sido víctima de la violencia de PCP-SL, la Policía o las Fuerzas Armadas durante los años 1980-2000, a partir de lo cual se definió la categoría víctima directa y no directa. Se opta por usar víctima por ser la categoría utilizada en la CVR y en la Ley de Reparaciones, sin pretender en este estudio problematizar sus implicancias semánticas.

Se utilizó la técnica de grupo focal porque permite comprender el fenómeno desde la perspectiva de los participantes, quienes tienen una vivencia y experiencia sobre el tema de estudio (Montero, 2009). La guía del grupo focal indagó sobre temas relevantes en función de los objetivos del estudio y fue organizada a partir de tres ejes:

Sobre el período de la violencia y sus efectos.

Sobre el trabajo de la CVR, el Informe final y su contenido.

Sobre las reparaciones, el perdón, el olvido y la reconciliación.

Los grupos focales fueron realizados entre fines de 2011 e inicios de 2012, casi diez años después de la entrega del Informe final de la CVR y aproximadamente a veinte años del período de mayor incidencia y expansión territorial de la violencia. El Instituto de Opinión Pública - IOP de la Pontificia Universidad Católica del Perú fue contratado para la convocatoria de los participantes y las coordinaciones logísticas respectivas. La moderación de los grupos focales estuvo a cargo del equipo investigador.

Al final de cada grupo focal se pidió a los participantes que hicieran un dibujo libre sobre aquellas ideas y emociones que, tal vez por razones de tiempo o por su contenido afectivo, no habían sido compartidas previamente de manera oral; es decir, se buscó facilitar la emergencia de otros contenidos alrededor de los ejes indagados. Los participantes de cada grupo focal fueron divididos en dos, para generar grupos más pequeños de trabajo —entre cuatro y cinco personas—, lo cual facilitó la organización o el ponerse de acuerdo para responder a la tarea. Adicionalmente, los participantes elaboraron un relato asociado al dibujo que fue expresado de forma oral y posteriormente transcrito para su análisis. Cada grupo de trabajo decidió cómo organizarse, qué dibujar, qué materiales utilizar y cómo construir el relato. Al final se obtuvieron doce dibujos, con sus relatos asociados, realizados de forma colectiva.

Los dibujos se convierten en un canal diferente de expresión, en este caso de expresión colectiva. Se privilegió esta técnica gráfica, pues es una herramienta útil cuando se busca una aproximación diferente a vivencias o temáticas difíciles de abordar mediante narrativas verbales (Velázquez, 2007a; Jara, 2008). Coincidimos con Portocarrero (2012) cuando señala que las imágenes, a diferencia de la palabra, están más cerca de dimensiones como lo emocional y lo corporal.

Los dibujos y los relatos son narrativas de las vivencias personales y colectivas de las participantes que nos permiten aproximarnos al impacto de la violencia, así como a las diferentes estrategias utilizadas para hacerle frente. Como señala Portocarrero (2012), si bien la imagen puede condensar diferentes significados sobre la experiencia vivida —lo cual facilita la comprensión—, es también un material ambiguo y poco preciso, lo cual limita el análisis. Conscientes de la paradoja, asumimos el reto de trabajar con este material gráfico, que surge luego de que la palabra ya no puede traducir las emociones.

Los materiales que utilizaremos para este artículo son algunos de los dibujos realizados en los grupos focales, los cuales fueron analizados en su estructura gráfica y contenido temático; además, se consideró el relato construido por los participantes sobre aquellos para el presente análisis. Se trabajó con el material generado en tres grupos focales: adultos víctimas indirectas, adultos víctimas directas y jóvenes víctimas directas, para contar con diferentes enfoques y perspectivas.

Respecto de los aspectos éticos, los participantes firmaron un consentimiento informado en el que se garantizaba el anonimato de su participación, la voluntariedad y el permiso para grabar sus opiniones y utilizarlas en el estudio. Finalmente, se han realizado reuniones posteriores con los participantes de los grupos focales en Huamanga con el objetivo de devolver y analizar los resultados que han permitido asegurar la coherencia y confiablidad de los hallazgos presentados.

VIVENCIAS DE LA VIOLENCIA RECURRENTE Y CONTINUA

La exposición a situaciones de violencia, como la vivida en el conflicto armado interno, suele dejar en las personas y comunidades secuelas en diversos niveles (CVR, 2003; Theidon, 2004). La intensidad del sufrimiento emocional y su persistencia en el tiempo impactan en la salud de las víctimas y en su relación con el entorno. En este sentido, al igual que en otros estudios, (Arnoso et al., 2011; Bronéus, 2008; Edelman y Kordon, 2005; Kanyangara et al., 2007) encontramos secuelas en los niveles tanto individual como colectivo, dos dimensiones que interactúan y se entrelazan.

En primer lugar, encontramos situaciones de ‘ruptura’. Se puede observar de manera recurrente en los dibujos la interrupción de caminos, el incendio de casas, los cadáveres en los ríos, las matanzas, entre otras imágenes de violencia y destrucción. Lo que se encuentra es la ruptura con todo aquello que puede unir, articular o congregar. Esta vivencia de exterminio sería a su vez una vivencia de desolación psíquica que connotaría un resquebrajamiento no solo interno, sino también interpersonal y social. Por ello, se podría entender que lo que ha sido roto y dañado son los vínculos y la capacidad de vinculación.

Presentamos uno de los dibujos y su relato realizado por hombres y mujeres del grupo focal de adultos víctimas indirectas, a los cuales identificaremos como participantes y los diferenciaremos por números.

 

 

Relatos del dibujo 1

Participante 1. Bueno acá sobre el dibujo, eh, podemos observar en primer lugar cómo es la ciudadanía… podemos observar también cómo fue la tragedia, ¿no?, era una gran matanza, incendios, ahorcados, eh… Los coches bombas, y sobre todo siempre ataban sus banderas, sus banderas rojas, diciendo ‘acá nosotros hemos hecho todo esto’, ¿no? y ¿qué más? Y claro hacían su grafiti y nada más, podemos notar acá como era la desgracia, ¿no?, que ocasionaba a cada aldea que iban y el otro te decía ‘tú tienes que unirte a nosotros’ y a veces, si te resistías, ¿no?, pero si tú no estás conmigo no estás con nadie, entonces mueres, y eso es lo que hemos podido rescatar acá, gracias.

Participante 2. Yo observo, este… están botando al río a las personas sin piedad y muertes y nadie les reconocía, no lo ven, nadie, todos perdidos al río, no sé a dónde iban.

Participante 3. Sí, solamente para aportar, también, o sea, cortaban a las personas, las degollaban y las colgaban en los puentes, los botaban en las carreteras, era por esta zona. En la zona para Huanta era común ver muertos cuando viajaban a Huanta, Huamanga, hasta sin ir lejos: hay un puente cerca de Huanta, Ayarhuacuna, allí los colgaban con sus pintas que así mueren, a todos los colgaban los mataban.

Participante 4. Ya les voy a comentar un poco el dibujo que apreciamos, allá aparece la suposición que manejamos nosotros de que la persona que está en el suelo vive en esa casa, entonces en la noche había entrado otro movimiento y habían hecho una pinta, entonces en la mañana vienen el militar que estamos viendo, justo en la mañanita, justo el sol está saliendo… y bueno pues, mira la pinta, mira todo, es por eso que lo mata, porque piensa que él también está con ese partido, ¿no? Nada más acerca del dibujo.

En este dibujo se observa la presencia de diferentes elementos asociados con la muerte y la destrucción: cadáveres en el río, un ahorcado, así como el incendio en la casa y en el carro. Además, se dibuja y se hace mención a dos actores centrales del conflicto armado interno: el PCP- SL y las Fuerzas Armadas, a través de la presencia de simbolismos como la bandera roja y las pintas, y finalmente en el relato se hace alusión directa a los militares. Pareciera que es difícil comprender la diferencia entre unos y otros; los participantes recuerdan muertos por PCP-SL y por las Fuerzas Armadas en una misma familia. Es así que vuelve a aparecer la imagen de una guerra entre hermanos o prójimos; es decir, entre miembros de una misma comunidad (Theidon, 2004).

El dibujo y el relato ponen en evidencia la percepción del impacto de la violencia en los pobladores y las comunidades, cómo se ven ellos en relación con la violencia: se sienten atrapados entre dos frentes sin opción a salida. Esa sensación de fragilidad y temor, de mantener la vida a la intemperie, se acrecienta debido a la amenaza permanente de perder la vida ante cualquiera de los agresores. La violencia se masifica, se complejiza, diversos actores intervienen en ella. Ya no se trata solo de un agresor de uno u otro lado, sino de varios ‘otros’ que amenazan a la población. Al final no se sabía quién pertenecía a dónde: unos se hacían pasar por otros y todo era más confuso, por lo cual no se entiende cognitivamente qué pasó hasta ahora. El dolor está en la cabeza, por eso duele tanto, «no se puede olvidar ese dolor» (testimonio de un participante durante la elaboración del dibujo en el grupo focal).

Por lo anterior, se puede entender que la percepción de la violencia es masiva y compleja, quebrando la temporalidad de diferentes procesos cognitivos. Por ello, la memoria no los puede recuperar o procesar de manera decodificada (Jelin, 2002, 2003). Emerge la confusión en la narrativa, se confunden los actores y no se entiende por qué se producen la muerte y la destrucción. Lo anterior podría dificultar la superación de los efectos y la integración saludable de las víctimas y sus comunidades a su entorno social, tal como Larisgoitia et al. (2009) han encontrado en otros contextos sociales y culturales.

LOS PROCESOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y SU COSTO EMOCIONAL

Frente a las consecuencias psicosociales mencionadas, muchas de las víctimas adultas sintieron la imperiosa necesidad de contar lo que les había sucedido, como si el testimonio fuera una de las principales funciones del sobreviviente (Jelin, 2002, 2003). Sin embargo, se encontró que las víctimas jóvenes están irritadas y molestas de seguir contando lo que les sucedió sin que esto lleve consigo a alguna clase de acción, ya sea de las autoridades del Estado, de asociaciones de víctimas o de familiares de víctimas, o incluso de los investigadores acerca del conflicto armado interno. Tal como se encuentra en otros estudios con víctimas de conflicto (Beristain et al., 2010), la percepción de falta de cambio en la situación socioeconómica o en el estatus social de los sobrevivientes genera en ellos emociones tanto de ira como de escepticismo.

Por ejemplo, en el dibujo realizado por el grupo de jóvenes víctimas directas se presenta una serie de siglas de diferentes instituciones sociales y del Estado que han participado en los diferentes procesos de justicia transicional. Sin embargo, estas instituciones están contenidas en una persona que ha sido mutilada por el conflicto armado interno, por lo que el dibujo muestra el continente humano, a su vez dañado y percibido como insuficiente.

 

 

Relatos del dibujo 2

Participante 1. La cosa es que habíamos quedado en dibujar una persona; en el proceso hubo otra discusión de si iba a ser hombre o mujer, o iba a ser niño, y había un grupo que decía no, que hay que dibujar las mujeres porque son las mujeres las que más han sufrido; otros decían no, mejor que sea varón porque a los varones más los desaparecieron, se los llevaban. Otro decían que no, mejor que sea niño, porque los niños se han quedado huérfanos, han vivido sin papá, sin su mamá. Y otros dijeron ¿cómo lo dibujamos, de cuerpo entero? Y bueno, salió ese dibujo, ¿no?, que como ustedes pueden ver que la pierna derecha muestra la violencia política, que ha sufrido toda una comunidad, región, lugar geográfico, de los procesos de la violencia política, y el pie izquierdo muestra las secuelas de la violencia política, ¿no?, cómo sucedió, después que te hayan quitado a tu mamá o a tu papá, o hayan quitado a tu hermano, a tu hermana, terminas, eh, este, cómo se llama, migrante de un espacio a otro espacio, que es un espacio nuevo, distinto para ti, y que también te puedes acoplar fácilmente. Después de ese proceso, de la cintura para arriba vemos, este, todo lo que es el tema de la CVR, el tema de PIR, del Plan Integral de Reparaciones, después viene RUV, el Registro Único de Víctimas, y por último viene la CEMAN, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, ¿no?, y a la mano derecha podemos ver, como grupo, este, este, vemos a la sociedad en sí que no nos apoyó mucho, este, aislados, y a la mano derecha vemos… a la izquierda, que diga, este gobierno, y bueno, en la parte central importante para mí y para el grupo, vemos en la cabeza a los afectados de la violencia política, ¿no?, y al costado vemos dos signos de interrogación, no vayan pensar que somos terroristas, y hemos querido poner la hoz y el martillo, por eso hemos puesto un signo de interrogación para decir que es el grupo social que no está siendo atendido, que es un grupo importante que necesita atención, primordial diría yo. Y todo este espacio, había discusión si lo hacemos en la ciudad y ellos dijeron en el campo, por eso se puso eso. Y al margen de todo eso, un comentario, este, no es que gracias a la CVR se hayan dado todos esos procesos, sino que detrás de todo eso hay un grupo de personas organizadas, que se han podido organizar, ir a marchas nacionales, a Lima, a reclamar sus propios derechos, por ahí que se conforma la Comisión de la Verdad, que no ha sido bendición de Dios, ha bajado Dios o a alguien se le ha ocurrido, sino ha habido, han venido personas extranjeras de otros países con… a Ayacucho, y nos han metido esa idea, y con esas fuimos a las marchas a Lima, en donde reclamamos esos tipos de derechos, y es por eso que se conformó la Comisión de la Verdad, que elaboró un registro de víctimas, todo eso es.

El dibujo es altamente emblemático, pues se trata de un cuerpo mutilado, un cuerpo dañado irreversiblemente, pero que ya no tiene una actitud doliente ni de derrota personal, sino que con su mirada afronta el porvenir. Su cuerpo posee marcas, expresadas en siglas y en palabras, que remiten a experiencias multitemporales, un pasado presente del conflicto armado interno y un presente futuro, ya que remite a los efectos de largo plazo de ese conflicto, y de los intentos de reparación bajo los marcos de la justicia transicional.

En este contexto, si bien la CVR tuvo un rol importante luego del conflicto armado interno, al mismo tiempo generó insatisfacción y confusión (Velázquez et al., 2013a). Lo mismo ocurre con el conjunto de instituciones derivadas y creadas posteriormente: se sabe de su existencia, pero no se diferencian funciones y objetivos. Además de la percepción de fragilidad de los vínculos familiares y la falta de figuras que medien o ayuden a procesar el dolor, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales se perciben como poco eficaces o que fallan en su función de contención. Específicamente, la CVR ha generado una narrativa oficial sobre lo sucedido, reconocida por el Estado, aunque cuestionada por organizaciones políticas de alcance nacional (el APRA y el fujimorismo). Aunque, ya se han iniciado procesos de judicialización y reparación, no menos importante es dar a conocer lo que pasó, pero con una mirada prospectiva que contribuya con la legitimidad y eficacia de la justicia transicional.

En el dibujo se puede observar el protagonismo que tienen (o consideran que deberían tener) los afectados, pero ese signo de interrogación parece denotar que su ubicación o la atención por sus demandas aún no encuentra caminos claros ni en el Estado ni en la sociedad. La inclusión de las víctimas como verdaderos ciudadanos resulta una incógnita si se plantea desde el Estado. A esto debe sumarse la condición de jóvenes, ignorados y marginados por la sociedad, por tratarse de un grupo social en proceso de consolidación con múltiples identidades sociales (Strocka, 2008). Justamente estos procesos de reparación o conmemoración son vistos con expectativas respecto de la deuda de reconocimiento del Estado y la sociedad frente a las víctimas del conflicto. Así, parece existir una demanda por ‘probar’ como respuesta al proceso de ‘restricción de la ciudadanía’ que se concreta en la indiferencia por sus demandas y necesidades como secuelas del conflicto. Pero este proceso no acaba ni se limita a lo simbólico y cultural sino que requiere la práctica política, y con ello, brindar derechos iguales para todos y todas, con la finalidad de que las causas estructurales de esta ciudadanía restringida puedan desaparecer de la sociedad (Del Pino y Agüero, 2014).

No obstante, el dibujo muestra aspectos resilientes, tal como se ha encontrado en otros estudios realizados con jóvenes en la región de Ayacucho (Calderón y Zagal, 2013). La persona sigue en pie a pesar de la violencia y es capaz de exigir sus derechos desde el colectivo.

PISTAS PARA UNA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA

Uno de los caminos para la convivencia democrática y la reconciliación social se relacionaría con el emprendimiento de acciones que impidan la reproducción de la violencia (Schreiter, 2007). Desde el punto de vista de los participantes, una de las acciones a seguir sería escuchar y conocer lo acontecido. Pero esta escucha, como plantean algunos autores, no sería solo el acto pasivo de recibir la información; por el contrario, se buscaría una escucha activa, es decir, realizar un acto de reconocimiento hacia quien transmite la información (Hassoun, en Jelin, 2003). Este reconocimiento se basa en la valoración de la diversidad y en la posibilidad de un encuentro intercultural. Así, como mencionan Roht-Arriaza y Orlovsky (2011) para el caso de las reparaciones, como mecanismo de justicia transicional, estas pueden ser un primer hito para el reconocimiento ciudadano efectivo. Así, se afirma que, al igual que las reparaciones, el desarrollo en cualquier sociedad post conflicto no necesariamente —ni únicamente— está vinculado con la dotación de bienes o servicios, sino sobre todo con la restitución y respeto a los derechos fundamentales.

Una crítica a las diferentes acciones realizadas luego del conflicto armado interno sería que esta escucha y esta elaboración se han alejado de los marcos culturales e históricos de las comunidades y personas; es decir, se han alejado de sus contextos naturales y socializadores. Por lo tanto, estas acciones no llegarían a brindar el espacio suficiente para dar sentido a la vivencia de dolor, pues no comulgarían del todo o en parte con sus prácticas culturales y sociales. Por consiguiente, la palabra y la atención psicológica occidentalizadas no serían suficientes para facilitar la simbolización del dolor y el malestar. Por el contrario, como muestra el siguiente dibujo elaborado por un grupo de adultos —hombres y mujeres— víctimas en la ciudad de Huamanga, existirían otros elementos del entorno (los animales, las plantas, los cerros, las canciones, los bailes, etc.) que no solo hablarían de una manera de entender el dolor, sino que al mismo tiempo pueden ser herramientas para la contención y la elaboración (resignificar y comprender las vivencias) que permita desarrollar nuevas pistas para una convivencia democrática.

 

 

Relatos del dibujo 3

Participante 1. Este dibujo hemos hecho nuestro pensamiento. Este dibujo significa para mí porque en el tiempo de violencia que nosotros hemos afectado, hemos caminado, eso lo que hemos visto, hemos visto, ha pasado, todo. En el caso mío este marido, así recuerdo, a mi esposo cuando lo han llevado, lo han matado, así barranco, adentro, al huaico lo han botado, así su pantalón, su ropa, su cabecita, sus dientes, he encontrado. Pero buscando yo iba por este camino por el río, dentro de las chacras, este, siempre tomamos en agüitas, este… hinojo, había en una chacra hinojito ahí, y pasaba por esta chacra encontrado, en la mañanita nomás siete y media, a esa hora, mariposas bastante en este estaba sentando. Cuando he pasado, le toca, toda la mariposa se ha levantado bastante, toda clase de maripositas, chiquitos, grandes, colores, pero en este hinojito había dormido este mariposa, entonces parece una persona que me está llevando, que me está guiando, en mi delante toda la mariposa se había ido, entonces por eso a la mariposa le he hablado, ay, mariposa, tú sabes dónde está, por qué vas a mi adelante, guíame, cuéntame por qué está, quiero encontrar, eso ha sido, este mariposa, a mí en esa fecha. Por eso ahora, en cualquier sitio, en cualquier cosa, esa mariposa a mí me encanta, porque es mi guía, esta mariposa, y he encontrado así sus restos, así sus ropas, en un barranco (Ayacucho, mujer, víctima adulta).

Por lo anterior, una escucha pasiva que no considera elementos mediadores del dolor, como la ‘mariposa’, falla en brindar la contención y comprensión psíquica necesaria para entender el efecto curador del entorno natural; se trata de animales, plantas que se constituyen como elementos que transmiten paz, guía y alegría. De esta manera se abre el camino hacia el duelo, la comprensión de la experiencia, y permite desarrollar pistas para recoger los diferentes mecanismos utilizados por las víctimas para hacer frente a la violencia, en este caso el reencuentro con la naturaleza. En el mundo andino, el sentido de pertenencia que devuelve el entorno natural es fundamental para el desarrollo del bienestar personal. El sujeto no se percibe disjunto de la naturaleza sino como parte armónica de ella, y en consecuencia, puede recibir reparación y consuelo de las plantas, cerros o animales.

Esta sería una pista para desarrollar propuestas comunitarias o planes de reparación psicosocial y de reconocimiento que incluyan esta dimensión en el diseño y en la intervención misma.

CONSIDERACIONES FINALES

La violencia, sus efectos y consecuencias recorren lo externo e interno de las personas. Muchas veces esta violencia se instala en el psiquismo de los individuos como una vivencia que resiste a la simbolización; lo que es peor, algunas veces la herencia familiar consiste en la trasmisión inconsciente de estas vivencias sin significado (Velázquez, 2007b).

La vivencia del conflicto armado interno del Perú está inscrita en un determinado contexto social e histórico y es reproducida socialmente (Martín-Baró, 2000; Comas-Díaz et al., 1998). Se observa que la vivencia de la experiencia de la violencia es recurrente y emerge de forma constante en palabras y gráficos. Asismimo, esta situación se acrecienta pues aún existe la necesidad de enfrentar los problemas estructurales que preceden, subyacen al conflicto armado interno y que siguen caracterizando actualmente al Perú (Arnillas, 2007).

Los hallazgos nos permiten señalar que existen siginificados sobre la violencia enraizados en la experiencia personal y colectiva, y que el marco cultural específico es central para su comprensión. La cosmovisión y racionalidad del mundo andino siguen operando sobre las percepciones y narraciones de las víctimas directas o indirectas de la violencia en la ciudad de Huamanga.

Al mismo tiempo, se constata que las vícitimas, aquellas que sufrieron de forma directa el impacto de la violencia, apuestan por la búsqueda de caminos que recuperen los ‘daños’ psicosociales, pero también por caminos que los reconozcan como ciudadanos. En ese sentido, sus demandas por una ‘mejor educación para los jóvenes’, una ‘explicación’ incluso de lo que realmente acontenció durante el período de la violencia (Velázquez y otros, 2013b) son tan importantes como la necesidad de conmemoración. La sanación pasa también por mejores oportunidades para las nuevas generaciones. La demanda por la atención a sus problemas no se hace solo desde un eco de protesta: se realiza también desde la inquietud por ser reconocidos como parte de la comunidad política nacional, como partícipes de un nuevo proceso social que los convierta en actores y les permita recuperarse del caos y el miedo producido por el período de violencia.

La CVR, entendida como un mecanismo de justicia transicional, es asumida como un proceso confuso, con información diversa, que genera un costo emocional pero a su vez produce esperanza en la sociedad. La CVR ha sido pieza central en la reconstrucción de la memoria de la sociedad, pero frente a las expectativas de las víctimas —cuya exigencia, comprensible, de verdad, justicia, memoria y reparación eran totales— pareciera no haber cumplido sus demandas de reconocimiento social y estatal2. En consecuencia, las secuelas siguen presentes y las heridas producidas por la violencia prevalecen, pero las vícitimas parecen hoy agenciarse de nuevos recursos para dialogar con el Estado y la sociedad en diversos espacios, aún pequeños pero con perspectivas de fortalecerse y empoderarlos como ciudadanos y ciudadanas.

 

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1 Este trabajo forma parte del estudio Impacto psicosocial de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, realizado entre los años 2011 y 2013 con el apoyo financiero del Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradecemos a Agustín Espinosa, Rosa María Cueto y Félix Reátegui, miembros del equipo de investigación.

2 La CVR fue creada como un mecanismo de justicia transicional y sus tareas fueron investigar para encontrar la verdad de los hechos ocurridos, identificar —en la medida de lo posible— a los perpetradores y recomendar reformas institucionales para que estos hechos no se repitan. Aunque sus recomendaciones no fueron vinculantes —es decir, no podía obligar al Estado peruano a realizarlas—, su trabajo permitió visibilizar a las víctimas e introducir un debate acerca de las memorias persistentes de uno y otro lado, que en el Perú aún no ha concluido.

 

Recibido: agosto 2014.
Aprobado: marzo 2015.

 

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