LOS ASHÁNINKAS DEL RÍO AMÓNIA: DE LA LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN MADERERA AL «DESARROLLO SOSTENIBLE»

Durante la mayor parte del siglo XX, en razón de la ausencia de caucho en los cursos medio y alto del río Amónia, área habitada por los asháninkas, las familias indígenas mantuvieron una relativa situación de aislamiento de los blancos regionales, con quienes apenas mantenían un comercio intermitente. Para obtener los bienes industriales necesarios para su vida cotidiana, los asháninkas cambiaban periódicamente pieles de animales silvestres, carne de cacería, caucho y madera, sin que estas actividades causaran grandes impactos sobre su modo de vida ni sobre el medio ambiente. A partir de la década de 1970, esa situación de relativa tranquilidad comenzó a variar con la invasión del territorio indígena por los blancos. Las cacerías con objetivos comerciales se intensificaron y se vieron rápidamente acompañadas por la explotación predatoria de madera a gran escala realizada por emprendedores de la región.

En la década de 1980, la intensificación de la explotación maderera trajo consecuencias desastrosas para el medio ambiente y para la población nativa, afectando profundamente la organización social y la reproducción cultural de los asháninkas del río Amónia. Más de una cuarta parte de su territorio fue directa o indirectamente afectada por la actividad maderera intensiva. Tres invasiones de grupos de extracción maderera mecanizada abrieron un total de unos 80 kilómetros de caminos en la selva. A lo largo de estos caminos, importantes parcelas de bosques fueron destruidas y el río contaminado. Además de la tala de centenas de árboles de especies comerciales, principalmente de cedro y caoba, otras especies de árboles y plantas nativas desaparecieron, empobreciendo de un modo significativo la biodiversidad del área.

El impacto en el medio ambiente afectó directamente el modo de vida de las familias indígenas. Durante el auge de la explotación maderera, los asháninkas estiman que la población blanca en su territorio superaba las cuatrocientas personas: mucho más que el número de indígenas, que era de 256 personas en 1985 (^{Espírito Santo, 1985}). Con la invasión de los blancos, la pesca y la caza predatorias también se multiplicaron, lo que llevó a muchos animales a huir hacia regiones más tranquilas. La fauna se volvió escasa y algunas especies, como la taricaya (Podocnemis unifilis), desaparecieron del río Amónia durante ese período. Los asháninkas se refieren a esa época como un período de penuria y de hambre, contraponiéndolo a la situación de abundancia que existía cuando vivían más aislados de los blancos.

El período de explotación intensiva de madera de la década de 1980 también es considerado por los asháninkas como el momento de más enfermedades y muertes. El contacto permanente con los blancos se caracterizó por la multiplicación de gripes, neumonías, hepatitis, cólera, etc. A pesar de que no existen datos cuantitativos que permitan evaluar el impacto de estas enfermedades en la población indígena, los asháninkas afirman que se volvieron endémicas, causando gran cantidad de muertes que diezmaron muchas familias y que afectaban principalmente a los niños.

Así, los asháninkas consideran la época en que se produjo la intensificación de la explotación maderera como un período de profunda crisis ambiental y sociocultural. Sin embargo, los indígenas de Amónia también resaltan que fue en ese período de grandes dificultades y muchas incertidumbres cuando comenzaron a organizarse para conquistar sus derechos. Las consecuencias de la explotación maderera a gran escala llevaron a los indígenas a movilizarse y luchar por sus derechos territoriales. La coyuntura de crisis provocada por la intensificación de la explotación maderera constituye el escenario del cual emerge una nueva conciencia política asháninka. Este proceso comienza con la lucha por la demarcación de la tierra indígena, momento decisivo en su historia reciente.

La movilización política de los asháninkas del río Amónia en el campo interétnico empezó una nueva era en la historia de esta comunidad, a veces referida como «el tiempo de los derechos» (^{Pimenta, 2015})⁴. Con el apoyo de algunas ONG y de la Fundación Nacional del Indio - FUNAI, órgano federal brasileño encargado de la cuestión indígena, los asháninkas conseguirán, después de varios conflictos, expulsar a los blancos de su territorio. La Terra indígena Kampa do Rio Amônia fue finalmente demarcada por la FUNAI en 1992.

La lucha de los asháninkas contra los madereros con el objetivo de obtener la demarcación de su tierra está íntimamente relacionada con la coyuntura regional de finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. En ese período, la Amazonía brasileña fue escenario de creativas alianzas políticas de movimientos sociales. A partir de 1989, con el apoyo del movimiento ambientalista, las alianzas entre siringueros e indígenas contra las deforestaciones causadas por la ganadería y la explotación de los recursos naturales se materializaron bajo la «Alianza de los Pueblos del Bosque». Esta alianza comenzó a ser construida por el líder siringuero Chico Mendes, asesinado en diciembre de 1988. Creada en mayo de 1989, en São Paulo, por los representantes de la Unión de las Naciones Indígenas - UNI y del Consejo Nacional de los Siringueros - CNS, sus objetivos sobrepasaban las fronteras acreanas, constituyéndose en un marco importante para el indigenismo y del ambientalismo regional. No obstante, la idea surgió en Acre y fue allí donde consiguió un mayor respaldo, principalmente en el Alto Yurúa.

En efecto, aunque fue desactivada a mediados de la década de 1990, la «Alianza de los Pueblos del Bosque» fue particularmente activa en el Alto Yurúa brasileño y cambió profundamente la territorialidad regional mediante la creación de diferentes áreas protegidas a lo largo de la frontera internacional con el Perú. La mayoría de las tierras indígenas del Alto Yurúa brasileño se demarcó en ese contexto. Así, la alianza entre indios, siringueros y ambientalistas fue responsable de la creación del Parque Nacional da Serra do Divisor - PNSD y de la Reserva Extractivista do Alto Juruá, la primera reserva extractivista de Brasil y que sirvió de modelo para el resto del país⁵. Con 87 000 hectáreas, la Terra Indígena Kampa do Rio Amônia reúne hoy a cerca de ochocientos indios y limita con el Perú, con la Reserva Extractivista do Alto Juruá, con el PNSD y con otra tierra indígena más.

La experiencia de la demarcación fomentó una nueva concepción de territorio y produjo transformaciones importantes en el patrón de asentamiento y en las formas de representación política de los asháninkas del río Amónia. Los indígenas tuvieron que unirse bajo una comunidad, denominada Apiwtxa en el idioma nativo y que podríamos traducir como «Todos juntos». Los asháninkas también se organizaron en torno a un jefe y nuevos líderes, con un dominio fluido del portugués, se convirtieron en actores importantes en las relaciones con los blancos (^{Pimenta, 2015}; 2017).

Con su tierra demarcada, los asháninkas también crearon una asociación indígena, llamada igualmente APIWTXA⁶, y buscaron alternativas económicas a la explotación predatoria de madera. En el nuevo contexto del indigenismo, marcado por su interfaz creciente con el discurso ambientalista, y con el apoyo de diferentes aliados, los asháninkas de Amónia se unieron e implementaron una ambiciosa política de protección y recuperación ambiental de su territorio, buscando sacar provecho de algunos de sus recursos naturales de modo sostenible. Además de la producción y comercialización de artesanía indígena, que es una fuente financiera importante de la comunidad, los asháninkas elaboraron una serie de proyectos de «desarrollo sostenible» junto con diversas ONG y sectores del Estado regional y nacional. Entre estos proyectos podemos citar: la comercialización de semillas y esencias forestales, apicultura, recuperación de áreas degradadas, creación de sistemas agroforestales, planes de manejo de la caza y de la pesca, cría de taricaya, ecoturismo, etnomapeamiento, entre otros.

A pesar de estar fuertemente influidas por una situación histórica específica y por la acción de agentes externos, como son los representantes de la FUNAI y de las ONG, estas transformaciones en la vida de los asháninkas no pueden ser vistas como imposiciones, sino más bien como reapropiaciones y reinterpretaciones creativas de ideas exógenas, pero de acuerdo con una lógica indígena. Como he señalado en otras oportunidades (^{Pimenta, 2015}; 2017), la noción de «comunidad», por ejemplo, oriunda del discurso indigenista de la FUNAI, es una reinterpretación contemporánea del nampitsi, el modelo asháninka de organización territorial y política. De manera similar, en la lógica nativa, la noción de «proyecto», adaptada de las ONG y de diversos sectores del Estado, hoy principal medio de acceso a los bienes industriales, es aprehendida a partir de una rica y compleja reelaboración simbólica de su sistema nativo de intercambio tradicional llamado ayõpari (o ayómpari en Perú) (^{Pimenta, 2009}).

Sin embargo, a pesar de haberse demarcado la tierra indígena, los problemas no terminaron. El territorio asháninka continuó siendo invadido periódicamente por cazadores de la región. Entre los años 2000 y 2007, los asháninkas de Amónia también enfrentaron invasiones de madereros peruanos que actuaron a lo largo de la frontera internacional e invadieron periódicamente su tierra y el PNSD. Los asháninkas denunciaron estas actividades ilegales de madereros peruanos, principalmente de la empresa Forestal Venao, a las autoridades brasileñas y a la opinión pública internacional. La repercusión de esas invasiones de madereros peruanos en la Terra Indígena Kampa do Rio Amônia fue durante algunos años un punto de tensión en las discusiones bilaterales entre Brasil y Perú.

A pesar de la demarcación, los asháninkas siempre han sido conscientes de las constantes amenazas que pesan sobre su territorio. Saben que sus vecinos pueden invadir su tierra en cualquier momento, en busca de caza o de madera, debido a la falta de alternativas económicas sostenibles y al agotamiento de los recursos naturales en sus lugares de origen. Para afrontar esta situación, la asociación asháninka busca sensibilizar a la población regional acerca la idea del «desarrollo sostenible» que busca conciliar el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Para implementar esta nueva conciencia entre sus vecinos, la asociación APIWTXA ha intentado integrar siempre a otras poblaciones del Alto Yurúa, indígenas y no indígenas, de ambos lados de la frontera, en sus actividades. Ellos cultivan la esperanza de que estas poblaciones actúen como transmisores y multiplicadores de proyectos sostenibles en sus respectivos territorios.

Así, las pioneras y exitosas experiencias de los asháninkas del río Amónia con proyectos de «desarrollo sostenible» en su territorio dieron a esa comunidad indígena una notable visibilidad política. No solo entraron en el «mercado de proyectos» (^{Albert, 2000}), sino que hicieron que la retórica del «desarrollo sostenible» se haya convertido también en una marca de la política interétnica de la asociación APIWTXA, la cual busca actualmente implementar un vasto plan de gestión ambiental de toda la cuenca del Alto Yurúa. Durante los últimos veinte años, los asháninkas del Amónia se han venido presentando como los herederos de los ideales de la «Alianza de los Pueblos del Bosque» y se han convertido en los principales promotores de la ideología del «desarrollo sostenible» en la región del Alto Yurúa brasileño, e incluso han tenido impacto en el lado peruano. Presentados por indigenistas, ambientalistas y por el gobierno regional como iconos vivos del nuevo paradigma del desarrollo amazónico, se transformaron en «indios ecológicos» y alimentan públicamente esa imagen que es particularmente fuerte en el ámbito regional, pero que también tiene repercusiones nacionales e internacionales (^{Pimenta, 2007}).

BUSCANDO CONCRETAR EL IDEAL DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL ALTO YURÚA: ETNOPOLÍTICA DE LOS ASHÁNINKAS DEL RÍO AMÓNIA Y ALIANZAS INDÍGENAS TRANSFRONTERIZAS

La región del Alto Yurúa es considerada una de las más ricas en biodiversidad del planeta y ofrece un laboratorio privilegiado para el estudio de la ideología del llamado «desarrollo sostenible». En ese escenario, el municipio de Marechal Thaumaturgo presenta una curiosa paradoja que ilustra algunos desafíos de ese nuevo paradigma del desarrollo amazónico. El municipio tiene cerca de 95% de su extensión territorial constituida por tierras protegidas amparadas por leyes federales (tierras indígenas y unidades de conservación como el PNSD y la Reserva Extrativista do Alto Juruá), pero también es considerado uno de los municipios más pobres de Brasil. La casi totalidad de los aproximadamente 16 000 habitantes de la municipalidad vive en condiciones muy precarias. Las políticas de estímulo a la ganadería y la extracción de madera contribuyen al agotamiento de los recursos naturales y al éxodo de la población rural hacia el núcleo urbano, aumentando los problemas crónicos del municipio: carencia de empleos, precariedad de la educación y salud, entre otros. La falta de alternativas económicas social y ambientalmente sostenibles también amenaza la integridad de las áreas protegidas y pone en peligro la supervivencia tanto de la población indígena como de la no indígena de la región.

En este escenario, a partir de la década de 2000, los líderes de APIWTXA empezaron a organizar periódicamente charlas y eventos en el municipio de Marechal Thaumaturgo con el objetivo de sensibilizar a la población regional acerca de la importancia de preservar la naturaleza y la necesidad de implantar alternativas económicas a la ganadería y a la explotación predatoria de madera. Entre 2000 y 2008, dos líderes asháninkas del río Amónia llegaron incluso a detentar la Secretaría de Medio Ambiente y Turismo del municipio. Sin embargo, la falta de apoyo político y de recursos financieros frustró muchas de las expectativas creadas.

En los últimos quince años, las iniciativas de los asháninkas del río Amónia, que buscan implementar una política de «desarrollo sostenible» para la región del Alto Yurúa, se han intensificado. Estas pasaron a orientarse en tres ejes principales que, aunque distintos, están íntimamente articulados entre sí: la creación de un centro de formación, el establecimiento de articulaciones transfronterizas -principalmente con comunidades indígenas peruanas-, y la incursión de algunos líderes asháninkas en la política de los blancos.

La creación del Centro de Formación Yorenka Ãtame («Saberes del Bosque») surgió como un camino para concretar los ideales de los asháninkas del río Amónia. Este centro de formación es resultado de la amplia experiencia de los asháninkas con proyectos de desarrollo sostenible y de los esfuerzos realizados por la asociación APIWTXA para divulgar esas prácticas entre la población indígena y no indígena de toda la región del Alto Yurúa. El Centro Yorenka Ãtame - CYA tiene como principal objetivo trasladar los conocimientos y la amplia experiencia asháninka con el manejo del «desarrollo sostenible» más allá de los límites de la Terra indígena Kampa do Rio Amônia; con ello, se busca avanzar progresivamente hacia la implantación de una política de gestión ambiental sostenible en toda la cuenca del Alto Yurúa.

La construcción de ese centro debe mucho a la performance en el campo interétnico del agente agroforestal y líder asháninka Benki Piyãko. A principios de la década de 2000, Benki supo articular una amplia red de relaciones que incluía, entre otros, a grandes empresarios de Río de Janeiro y artistas de la Red Globo de Televisión. Estas y otras personas, sensibilizadas por la situación de los asháninkas, decidieron apoyar la idea de crear un centro para fomentar los proyectos de desarrollo sostenible en el Alto Yurúa. Así nació una red de aliados, articulada por un importante empresario carioca, amigo de Benki y sensible a las cuestiones ambientales. En menos de dos años, las donaciones de estos socios llegaron a alcanzar cerca de un millón de reales (unos 200 000 dólares actuales).

Este dinero posibilitó la compra de veinte hectáreas de tierra, situados en la margen derecha del río Yurúa, frente a la sede del municipio de Marechal Thaumaturgo. Con ese dinero también se realizó la construcción de la imponente estructura física del centro de formación que cuenta con salas de aulas, cocina, comedor, biblioteca, sala de informática, sala de administración, alojamiento, lavandería y baños. Asimismo, se construyeron dos casas tradicionales asháninkas en el lugar. El CYA fue inaugurado en julio de 2007, en un evento que reunió a más de trescientas personas de diversos orígenes: provenientes de la región, de diferentes ciudades de Brasil, de aliados de países europeos, del Perú, Canadá, Estados Unidos y Australia. El evento de inauguración contó con la presencia de las autoridades locales, regionales y diversos aliados y financiadores.

Con base en las experiencias desarrolladas por los asháninkas, el CYA funciona como un centro de formación acerca de los conceptos y prácticas del «desarrollo sostenible» para jóvenes y adultos, indígenas y no indígenas, del municipio de Marechal Thaumaturgo y de las comunidades del entorno. Es un espacio educativo, cultural y ambiental destinado a promover el intercambio de saberes y el diálogo intercultural. Cuenta con múltiples alianzas: el municipio de Marechal Thaumaturgo, el gobierno del estado de Acre, organismos federales, asociaciones indígenas, ONG indigenistas y ambientalistas, universidades y antropólogos, entre otros. A lo largo de los últimos quince años, el CYA se ha convertido en un reconocido centro de difusión de experiencias sostenibles innovadoras, no solo para el Alto Yurúa, sino también para otras regiones de la Amazonía brasileña. Ha recibido visitantes ilustres como el cantante brasileño y ex ministro de cultura de Brasil Gilberto Gil, la ex primera dama francesa Danielle Mitterrand, el fotógrafo Sebastião Salgado o actores de la Rede Globo de Televisión.

Otro ejemplo de la etnopolítica de la asociación APIWTXA de los asháninkas del río Amónia para promover iniciativas de «desarrollo sostenible» son las articulaciones transfronterizas con otras poblaciones indígenas de Perú, principalmente con las comunidades asháninkas de la región de frontera del Alto Yurúa. A pesar de haber sido arbitrariamente divididos por la frontera internacional, los pueblos indígenas de la región transitaron siempre con cierta libertad entre los dos países. Todos los asháninkas adultos de la aldea Apiwtxa conocen las rutas fluviales y los varaderos que conducen a Perú. Los viajes transfronterizos motivados para visitar parientes aún ocurren, aunque han disminuido mucho durante los últimos treinta años. Tras la demarcación de la tierra indígena se introdujo progresivamente una nueva visión del territorio y de la frontera internacional, que distingue límites territoriales que separan a las comunidades indígenas y poblaciones nacionales.

Aunque los desplazamientos y las migraciones fronterizas han disminuido, no han desaparecido y los asháninkas de Apiwtxa han mantenido el contacto con sus compatriotas asháninkas del lado peruano, principalmente -pero no exclusivamente- con la comunidad nativa Sawawo Hito 40, con la que tienen muchos lazos de parentesco y que se encuentra ubicada en el lado peruano del marco fronterizo, a unas horas de canoa de la aldea Apiwtxa. Con menos frecuencia, los asháninkas de la Terra Indígena Kampa do Rio Amônia también tienen contactos con otras comunidades nativas de asháninkas peruanos, como Saweto, así como con aquellas situadas en el alto río Yurúa peruano, tal como Dulce Gloria o Victoria, si bien contactan con regiones más distantes, como la comunidad nativa de San Miguel, situada en la selva central.

Aunque estos contactos no son necesariamente nuevos, lo que llama la atención en los últimos años es la amplitud y las nuevas formas de articulación transfronteriza que presentan una dimensión más política e institucional (^{Pimenta, 2018}). Así, la asociación APIWTXA ha multiplicado los contactos no solo con comunidades asháninkas del Perú, sino también con asociaciones indígenas peruanas de la región como la ACONADIYSH (Asociación de Comunidades Nativas para el Desarrollo Integral del Yurúa - Yono - Sharakoiai), la ACONAMAC (Asociación de Comunidades Nativas Ashéninka y Asháninka de Masisea y Callería), la ARPAU (Asociación Regional del Pueblo Asháninka del Ucayali), la ORAU (Organización Regional Aidesep de Ucayali), o la FENAMAD (Federación Nativa del Río Madre de Dios y afluentes).

El auge de estas articulaciones políticas transfronterizas fue el I Congreso Binacional del Pueblo Asháninka-Ashéninka Brasil/Perú, realizado en Pucallpa durante los días 21 y 22 de septiembre de 2015. Organizado mediante un acuerdo entre la APIWTXA y organizaciones indígenas peruanas, el evento contó con el apoyo financiero de la Alexander Soros Foundation. Durante los dos días del encuentro, cerca de 130 líderes asháninkas de ambos países se reunieron para identificar los problemas vividos por sus comunidades y discutir estrategias de lucha y de fortalecimiento de sus derechos. En ese encuentro, los líderes de la APIWTXA compartieron la historia de su comunidad con sus parientes de Perú, relataron sus experiencias con la explotación maderera y las iniciativas de desarrollo sostenible que buscan implementar en el Alto Yurúa. Después de ese encuentro, se creó una comisión binacional encargada de la preparación de un segundo congreso. Inicialmente preparado para llevarse a cabo en octubre de 2016 en la ciudad de Satipo, región de Junín, aún continúa esperando conseguir la financiación necesaria para su realización.

Estas articulaciones transfronterizas deben ser vistas como una prolongación de las alianzas construidas por los asháninkas del río Amónia del lado brasileño. Como hemos visto, desde la demarcación de su territorio, la estrategia ha sido construir acuerdos con sus vecinos, indígenas y no indígenas, con el objetivo de buscar alternativas económicas sostenibles. En un inicio se limitaban al Alto Yurúa brasileño, posteriormente se ampliaron hacia el lado peruano. Como veremos más adelante, estas alianzas se establecieron frente a las actividades ilícitas que amenazaban la vida de las comunidades nativas de esta región fronteriza, pero también, en razón de las políticas desarrollistas estatales basadas en grandes proyectos de desarrollo y de integración binacional. Así, el deseo de los asháninkas del río Amónia de ampliar sus alianzas políticas más allá de la frontera internacional debe ser visto como una respuesta a todas estas amenazas en conjunto.

Uno de los episodios más dramáticos que marcó la historia reciente de esta región de frontera fue el asesinato de cuatro líderes de la comunidad nativa de Saweto, ubicada en el río Alto Tamaya, en el distrito de Masisea, a pocas horas de camino de la aldea Apiwtxa. En los primeros días de septiembre de 2014, cuatro líderes de Saweto se dirigían hacia Apiwtxa por un sendero de la selva para participar de una reunión política con los asháninkas de Brasil. Fueron brutalmente asesinados en el camino, probablemente por madereros ilegales. Entre los muertos estaba Edwin Chota Valera, fundador de la ACONAMAC y principal líder de la comunidad Saweto. Chota era uno aliado político importante de los asháninkas del río Amónia e internacionalmente conocido por su incansable lucha contra la explotación ilegal de madera y el narcotráfico, los cuales se mimetizan en muchas ocasiones en esa región de frontera. Edwin Chota demandaba la titulación del territorio de su comunidad a las autoridades peruanas, la cual fue finalmente reconocida en agosto de 2015 tras la repercusión internacional de los asesinatos (^{Osório, 2018}).

Esta nueva dinámica de articulación política transfronteriza promovida por los asháninka del río Amónia se intensificó entre 2015 y 2018 con el apoyo de un gran proyecto financiado por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil - BNDES, con recursos del Fundo Amazônia⁷. Este proyecto, ejecutado por la APIWTXA, tenía un valor total de casi siete millones de reales. El llamado Projeto Alto Juruá fue el primer proyecto concebido y presentado por una asociación indígena directamente al banco, sin intermediación del sector público o de ninguna ONG. Tuvo una duración de tres años y contemplaba acciones en beneficio no solo del pueblo asháninka del río Amónia, sino también de comunidades indígenas y no indígenas de la región del Alto Yurúa. Su objetivo general era promover el manejo y la producción agroforestal en esas comunidades como alternativa económica sostenible a la deforestación, además de apoyar iniciativas de monitoreo y control del territorio y el fortalecimiento organizativo de las comunidades.

El Projeto Alto Juruá contaba también con una agenda transfronteriza importante, lo que ha posibilitado a los asháninkas fortalecer su articulación política con sus parientes residentes en Perú y con otras comunidades indígenas. Concluido en 2018, el Projeto Alto Juruá debía renovarse por otros tres años. Sin embargo, poco después de la elección de Jair Bolsonaro, el nuevo gobierno comenzó a exigir una serie de cambios en la estructura del Fundo Amazônia. Entre ellos, la exigencia de que parte de los recursos del fondo se utilizaran para compensar las expropiaciones de tierras en unidades de conservación y en tierras indígenas. Ante la protesta de las ONG y la negativa de los financiadores, se suspendieron los pagos y se paralizó el Fundo Amazônia. Hasta el momento no se ha implementado la segunda fase del Projeto Alto Juruá.

En los últimos dos años, las invasiones madereras se han intensificado nuevamente en la región de Yurúa con una nueva amenaza: la apertura de una carretera ilegal en la cabecera del río Amónia en el Perú. Conocida como UC 105, esta vía busca realizar una conexión terrestre entre las localidades peruanas de Nueva Italia y Puerto Breu, aprovechando algunos caminos abiertos por empresas madereras a principio de los años 2000. Con el apoyo de empresarios y políticos locales, los madereros encargados de construir la carretera ya invadieron el territorio de la comunidad nativa Sawawo Hito 40. La carretera UC 105 amenaza directa e indirectamente a más de una treintena de comunidades indígenas que viven en las regiones de Ucayali, Alto Tamaya y Alto Yurúa en la frontera del Perú con Brasil. Con una destacada participación de los asháninkas del río Amónia, los pueblos indígenas de esta región reaccionaron y se articularon para enfrentar esta nueva amenaza. Con el apoyo de algunas ONG y varios aliados, continúan movilizándose, en ambos lados de la frontera internacional, contra el avance de la carretera ilegal y denuncian periódicamente la situación a las autoridades y a la prensa nacional e internacional⁸.

Por último, para cambiar la historia del desarrollo en el Alto Yurúa, los asháninkas del río Amónia no dudaron en entrar en el mundo político de los blancos. Así, en octubre de 2016, el líder asháninka del río Amónia, el profesor Isaac Piyãko, fue elegido como alcalde del municipio de Marechal Thaumaturgo. Se trata del primer indígena elegido alcalde en la historia del estado de Acre, lo cual supone una conquista importante para los asháninkas en el avance de su agenda política. El nuevo alcalde es hermano de Benki y de otros dirigentes de APIWTXA y comparte con ellos los mismos ideales. Isaac heredó un municipio endeudado y desestructurado. Después de liquidar las deudas de la ciudad, rompió con las viejas prácticas clientelares e implementó una gestión participativa. Como nuevo administrador del municipio, buscó ofrecer a la población indígena y no indígena de Marechal Thaumaturgo alternativas económicas que no fuesen dañinas para el medio ambiente. Dirigió su gestión para la mejora de las condiciones de vida de la población local con obras de infraestructura e implementación de políticas para valorar la salud, la educación, el medio ambiente y la agricultura familiar. Entre sus principales acciones, podemos destacar: la construcción y reformas de escuelas, guarderías y centros de salud, acciones en educación ambiental con políticas de saneamiento y gestión de residuos, valorización de la producción agrícola local basada en los principios de la agroecología, incentivos para el desarrollo del turismo sostenible, etc.

Isaac Piyãko también procuró mejorar la articulación con el municipio de Puerto Breu, ubicado en el río Yurúa del lado peruano, justo después de la línea de frontera. El principal objetivo de esta colaboración sería discutir y aplicar, en conjunto, proyectos de desarrollo sostenible para mejorar las condiciones de vida de la población de estos dos municipios. Con el alcalde de Puerto Breu, ambicionaba discutir y ejecutar proyectos de desarrollo sostenible en beneficio de la población de esta región de frontera. No tengo conocimiento de avances reales en esta articulación transfronteriza, pero la buena gestión de Isaac Piyãko en la administración del municipio de Marechal Thaumaturgo fue reconocida por la población y él fue reelegido para un segundo mandato en las elecciones municipales de noviembre de 2020 con 54% de los votos. En abril de 2022, renunció como alcalde para ser candidato a deputado estatal. Cabe también señalar que Isaac Piyãko no es el único líder asháninka que ingresó en la política no indígena y a postular un cargo electoral. En 2018, su hermano mayor, Francisco Piyãko, fue candidato a congresista. No logró éxito en su primer intento, pero volverá a competir por un asiento en el congreso brasileño en las elecciones de noviembre de 2022.

DESARROLLO E INTEGRACIÓN FRONTERIZA EN EL ALTO YURÚA: EL «DESARROLLO SOSTENIBLE» COMO DISCURSO POLÍTICO GUBERNAMENTAL

A pesar de los esfuerzos desplegados por los asháninkas y sus aliados en el Alto Yurúa, sus iniciativas continúan siendo amenazadas, no solo por actividades ilegales, como la tala de madera, el narcotráfico y proyectos de infraestructura vial, como la nueva carretera UC 105, sino también por las políticas oficiales de desarrollo y de integración fronteriza promovidas por los gobiernos de Brasil y el Perú. Las políticas binacionales de los dos países son acordadas en fórums internacionales y ejecutadas por medio de programas federales y regionales. Las discusiones bilaterales para el desarrollo de la frontera Brasil-Perú en Acre y en el Alto Yurúa existen desde hace años e involucran a una gran variedad de actores, desde representantes de los gobiernos locales y regionales hasta las altas esferas de las cancillerías de Brasil y el Perú.

Hasta el año 2018, el gobierno regional del Estado de Acre mostró cierta sensibilidad con las cuestiones indígenas y ambientales. La «Alianza de los Pueblos del Bosque» dejó marcas en la política oficial de Acre. Entre 1999 y 2018, el estado estuvo gobernado por el Partido dos Trabajadores - PT y contó, en muchos momentos, con el apoyo político y la participación activa de militantes de las luchas sociales y ambientales. Con sensibilidades y compromisos variables, los sucesivos gobiernos regionales liderados por el PT edificaron sus plataformas políticas alrededor de la ideología del «desarrollo sostenible». Por ejemplo, para simbolizar su compromiso con la cuestión ambiental y con los derechos de los pueblos indígenas y «tradicionales», el gobierno de Acre de Jorge Viana inauguró un nuevo período al ganar las elecciones de 1998 con una coalición de partidos de izquierda llamada «Frente Popular de Acre» - FPA. En el inicio de la década de 2000, se autoproclamó «Gobierno del Bosque» e implementó el concepto de florestania (silvicultura) para expresar su compromiso político con la defensa del medio ambiente y las poblaciones que viven en el bosque.

En Acre y en otros lugares, el «desarrollo sostenible» presentó una dimensión esencialmente retórica en el discurso oficial, pero es importante notar que, en el contexto de la Amazonía brasileña, los gobiernos que se sucedieron en Acre entre 1999 y 2018 han ejecutado iniciativas pioneras en favor de los pueblos indígenas y de la protección al medio ambiente⁹. Sin embargo, aunque las acciones de los gobiernos de Acre mostraron una sensibilidad sin precedentes con los temas ambientales e indígenas -en especial en la primera década de 2000-, estas fueron muy tímidas y estuvieron caracterizadas por profundas paradojas. Entre 1999 y 2006, durante los dos mandatos de Jorge Viana (PT), hubo, por ejemplo, algunas divergencias entre los gobiernos de Acre y de Ucayali en torno a las invasiones de madereros peruanos en la Terra indígena Kampa do Rio Amônia y en el PNSD, pero estas desavenencias fueron resueltas por la vía diplomática y nunca hubo una oposición manifiesta de los gobiernos de Acre a la política federal brasileña y a una colaboración efectiva con Perú.

Después de los dos mandatos de Jorge Viana (1999-2002 y 2003-2006), Acre siguió siendo gobernado por la coalición de la FPA con gobernadores del PT: Binho Marques, de 2007 a 2010, y Tião Viana, hermano de Jorge, elegido por dos mandatos sucesivos: 2011-2014 y 2015-2018. El segundo mandato de Tião Viana estuvo marcado por numerosos escándalos de gestión y, después de casi veinte años al frente del estado, la coalición de izquierda perdió las elecciones para gobernador en octubre de 2018. A partir de enero de 2019, el estado pasó a ser gobernado por una coalición de derecha liderada por Gladson Cameli del Partido Progresista - PP, de centroderecha, con un proyecto político más liberal y desarrollista, en línea con la orientación del actual gobierno federal, aunque el actual gobernador no muestra un alineamiento explícito con la política antindígena y antiambiental de Bolsonaro¹⁰.

No es el lugar aquí para presentar y discutir en detalle las políticas de estos diferentes gobiernos. En general, independientemente de las ideologías políticas, en los últimos veinte años, todos los gobiernos de Acre, con mayor o menor esfuerzo, siempre han sido actores activos en la promoción del proceso de integración transfronteriza con Perú. El compromiso socioambiental y la solidaridad con los pueblos indígenas fueron muy diversos y desiguales en función de los gobiernos, pero nunca excluyeron la promoción de políticas más generales de desarrollo e integración de la región de frontera, poco favorables al medio ambiente y a los pueblos indígenas. Todos los gobiernos regionales se alinearon con las políticas del Estado brasileño, cuya agenda geopolítica y desarrollista para esta región de frontera fue construida en consonancia con la de Perú y otros países suramericanos en el ámbito, por ejemplo, de la «Iniciativa de Integración Regional Suramericana» - IIRSA.

Con importantes inversiones en áreas estratégicas, como transportes, energía y telecomunicaciones, la IIRSA busca interconectar a los países suramericanos, integrando las infraestructuras regionales y reorganizando el espacio geográfico en una unidad mayor (^{Verdum, 2006}; ^{Almeida y Carvalho 2009}). La nueva geopolítica pretende facilitar la explotación de los recursos naturales y su transporte, abriendo nuevos mercados y promoviendo el desarrollo económico del subcontinente como un todo. Los megaproyectos de IIRSA son múltiples: ampliación de la red vial, fluvial y ferroviaria, construcción de hidroeléctricas y de líneas de transmisión de energía, creación de programas de apoyo a la producción minera, etc. Todos estos proyectos buscan fortalecer la dinámica de integración económica regional¹¹. En este contexto, varios proyectos gubernamentales de desarrollo continúan en discusión para la región del Alto Yurúa. Se debate, por ejemplo, la construcción de una carretera que conecte Cruzeiro do Sul, principal ciudad del Alto Yurúa brasileño, con la ciudad de Pucallpa, capital del departamento de Ucayali. La carretera atravesaría el PNSD. Empresarios y muchos políticos de la región demandan su construcción para el desarrollo de la que se consideran como la «última frontera acreana»¹².

La construcción de la carretera Cruzeiro do Sul - Pucallpa ganó protagonismo en los últimos dos años. En el congreso nacional en Brasilia se encuentra en discusión el Proyecto de Ley Nº 6.024/2019. Presentado por una congresista federal de Acre y apoyado por el gobierno de Jair Bolsonaro, este proyecto prevé, entre otras cosas, la modificación de la legislación sobre el PNSD, recategorizando esta área de protección integral como «Área de Protección Ambiental» - APA, una categoría legal menos protectora. Actualmente, como parque nacional, solo se permiten actividades turísticas de bajo impacto ambiental, además de actividades de subsistencia toleradas para los pocos residentes que viven dentro del parque. El cambio de categoría no solo busca reducir los obstáculos legales a la construcción de la carretera, sino también facilitar la explotación de sus recursos naturales. Si bien el gobierno de Bolsonaro es entusiasta de la construcción de la carretera Cruzeiro do Sul - Pucallpa, las autoridades peruanas han sido más cautelosas con posicionamientos contradictorios, aunque el gobierno de Ucayali ha mostrado reiteradamente su apoyo al proyecto. A su vez, líderes indígenas, indigenistas, ambientalistas, pequeños agricultores y especialistas se quejan de que el tema no ha sido discutido con la participación de la población local y que la construcción de la vía representaría un serio retroceso, ocasionando impactos ambientales considerables y aumentando el narcotráfico en la región, además de amenazar los derechos de los pueblos indígenas, algunos de los cuales se encuentran en aislamiento voluntario¹³.

Las políticas gubernamentales para Acre y la región de frontera Brasil-Perú no se limitan a los programas de integración terrestre. Lo que ya es una realidad en la Amazonía peruana, la explotación de petróleo y gas, se ha convertido en una amenaza creciente en la región brasileña del Alto Yurúa donde, a partir de 2007, los técnicos de la Agencia Nacional de Petróleo - ANP y de Petrobrás intensificaron las prospecciones. Se sospecha de la existencia de petróleo en abundancia, principalmente en el PNSD (^{Lima, Almeida e Iglesias, 2011}). Más recientemente, surgieron rumores en la prensa acreana sobre el descubrimiento de oro en el PNSD, lo que podría aumentar la presión para la exploración en el área¹⁴.

Ante este escenario, articular las políticas de protección ambiental y la defensa de los derechos indígenas con proyectos de desarrollo económico y de integración fronteriza se ha convertido en un enorme desafío lleno de contradicciones para los sucesivos gobiernos de Acre. La sensibilidad con las cuestiones ambientales e indígenas de los gobiernos del Frente Popular de Acre entraban periódicamente en conflicto con la exigencia de solidaridad política con los grandes proyectos binacionales, la presión del sector empresarial regional y un pragmatismo político circunstancial. Esta esquizofrenia en los gobiernos de Acre es ilustrativa de las paradojas y polisemia del «desarrollo sostenible». Toda la política de IIRSA y los proyectos gubernamentales para el desarrollo e integración de Acre con el Perú también se denominan «sostenibles».

A partir de la década de 1990, la ideología del «desarrollo sostenible» se generalizó y se volvió omnipresente, no solo en las acciones de los gobiernos de Acre sino también en cualquier política gubernamental de desarrollo, incluso en el gobierno de Bolsonaro. Aunque la retórica de la sostenibilidad haya integrado los discursos oficiales de las políticas gubernamentales para la Amazonía, cabe preguntarse legítimamente si hubo un cambio significativo de paradigma en estos proyectos. Sin embargo, los actuales proyectos de IIRSA, por ejemplo, a pesar de estar imbuidos de los discursos verdes de la sostenibilidad, continúan perpetuando el autoritarismo estatal y la lógica tradicional de explotación de los recursos naturales, incluso en territorios indígenas. La sostenibilidad ambiental presente en el plano discursivo de los gobernantes poco modifica las políticas que tienen por objeto, en la práctica, eliminar cualquier obstáculo que pueda dificultar el crecimiento económico y la inserción de las riquezas amazónicas en el mercado mundial.

Los programas oficiales actualmente en curso o planeados para los próximos años, tanto en Brasil como en el Perú, reeditan una visión del desarrollo y revelan una continuidad manifiesta con las políticas tradicionales, basada en la explotación predatoria de los recursos naturales que caracterizó el desarrollo amazónico en la segunda mitad del siglo XX (por ejemplo, durante el período militar brasileño). En la Amazonía, los grandes proyectos de infraestructura -como la apertura de carreteras y la explotación de recursos naturales, llevados a cabo ilegalmente o con apoyo oficial- han tenido siempre consecuencias negativas para el medio ambiente y los pueblos indígenas. A pesar de los discursos oficiales, el actual modelo de desarrollo perpetúa el proceso de transformación de la naturaleza en capital. Con grandes obras de infraestructura y con la explotación y exportación de las riquezas naturales, sin agregación de valor a los productos primarios, ese modelo conduce inevitablemente a lo que ^{Procópio (2009}) llamó «subdesarrollo sostenible».

No cabe aquí profundizar la discusión sobre la idea de «desarrollo sostenible», objeto de una amplia discusión en la antropología y en las ciencias sociales de modo general¹⁵. No obstante, es importante recordar la polisemia de esa nueva «ideología-utopía», en la expresión de ^{Ribeiro (1992}). Si para algunos autores el «desarrollo sostenible» puede significar una ruptura con las políticas desarrollistas tradicionales y presentarse como el único camino viable para que los pueblos indígenas resistan a la codicia económica que amenaza sus territorios, para otros autores más escépticos hablar de «desarrollo sostenible» sería una contradicción en términos, y la supuesta preocupación con el medio ambiente y las ­poblaciones locales sería un simple giro retórico en medio de una nueva tentativa del capitalismo neoliberal para adecuarse a las contingencias históricas sin romper con sus presuposiciones ideológicas: la fe en el desarrollo y en el progreso con toda su historia etnocida y ecocida. Como apuntó ^{Rist (1997}), la propia idea de desarrollo está íntimamente ligada a la historia de Occidente y a sus pretensiones universalistas, que dificultan la comprensión de otras visiones de mundo.

Frente a los críticos implacables y los defensores idealistas del «desarrollo sostenible», ante las amenazas a los territorios indígenas, no debemos olvidar que los pueblos indígenas no son víctimas pasivas del desarrollo. Desde la década de 1970, en Brasil y en varios países latinoamericanos, estos pueblos se convirtieron en actores sociales influyentes en la política interétnica y sus voces no pueden ser totalmente silenciadas en la formulación y ejecución de proyectos de desarrollo, oficiales o no, que afectan a sus territorios y modos de vida. En el Alto Yurúa, la política de los asháninkas del río Amónia, a partir de la década de 1990, es solo un ejemplo del protagonismo indígena contemporáneo en la Amazonía.

PARA CONCLUIR

En el actual escenario del desarrollo amazónico, algunos pueblos indígenas, después de superar las tragedias del contacto interétnico, encontraron nuevas modalidades de acción para concretar sus reivindicaciones político-culturales. Mediante alianzas estratégicas con nuevos actores, como por ejemplo los ambientalistas, algunos de esos pueblos lograron actuar ubicados en un middle ground (^{Conklin y Graham, 1995}), es decir, en un nuevo campo político de alianzas interculturales e interétnicas que les permite dar mayor visibilidad a sus reivindicaciones culturales y defender su modo de vida. En el Acre y en el Alto Yurúa en particular, a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, la «Alianza de los Pueblos de la Selva» dio una visibilidad sin precedentes a las cuestiones indígenas y ambientales. A pesar de su corto período de existencia, esa alianza alcanzó resultados concretos y en gran medida sorprendentes, cambiando profundamente la territorialidad de la región con la creación de diversas áreas protegidas, principalmente a lo largo de la frontera internacional de Brasil con Perú.

Como intenté mostrar a lo largo de este texto, fue en ese contexto que los asháninkas del río Amónia, tras luchar contra la explotación predatoria de madera en su territorio durante la década de 1980, comenzaron a organizarse políticamente en el campo interétnico, cada vez más marcado por la interfaz del indigenismo con el ambientalismo. En los últimos veinte años, los asháninkas se apropiaron del discurso del «desarrollo sostenible» para concretar sus ideas políticas. El CYA quizá sea el ejemplo más visible de la etnopolítica de la asociación APIWTXA, cuyas acciones en defensa del medio ambiente han recibido reconocimiento nacional e internacional¹⁶.

El nuevo paradigma del «desarrollo sostenible», popularizado a principios de la década de 1990, tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Río de Janeiro -también conocida como ECO 92- buscó conciliar el respeto por la diversidad cultural y la protección de la naturaleza con el crecimiento económico, teniendo en cuenta una preocupación sistemática hacia las futuras generaciones. En Acre, a partir de 1998, los diversos gobiernos regionales también hicieron del «desarrollo sostenible» la consigna ideológica de sus políticas. Hoy, cerca de la mitad de la superficie del estado de Acre está constituida por áreas protegidas creadas en las últimas décadas, la mayoría en la frontera con Perú.

La explotación depredadora e ilegal de la Amazonía, con la complicidad u omisión de las autoridades, sigue avanzando, tal como demuestra el ejemplo de la construcción de la carretera clandestina que pretende conectar Nueva Italia con Puerto Breu en el Alto Yurúa peruano. Sin embargo, poco a poco, ante las críticas por las dramáticas consecuencias sobre los pueblos indígenas y la naturaleza que ha tenido el modelo desarrollista tradicional basado en la explotación frenética de los recursos naturales, el discurso del «desarrollo sostenible» incorporó las políticas oficiales de desarrollo. Muchas de estas iniciativas han suscitado una solidaridad legítima entre antropólogos e indigenistas, que siempre han denunciado los proyectos estatales de desarrollo basados en grandes obras de infraestructura y en la explotación frenética de los recursos naturales. Particularmente intensas en el período de la dictadura militar brasileña, las políticas desarrollistas que buscaban integrar la Amazonía al resto del país se tradujeron en la destrucción del medio ambiente, el etnocidio y genocidio de varios pueblos indígenas (^{Ribeiro, 1970}; ^{Davis, 1977}). En la nueva era del «desarrollo sostenible», numerosos proyectos tienen ciertamente gran mérito. Sin embargo, se hace indispensable permanecer vigilantes para denunciar todas las acciones, ya sean públicas o privadas, que, bajo el rótulo de «desarrollo sostenible», continúan perpetuando políticas ­etnocéntricas y etnocidas. Como el ambientalismo que le dio origen, el «desarrollo sostenible» se presenta muchas veces, retomando la expresión de ^{Ribeiro (1992}), como una nueva «ideología-utopía» de la sociedad moderna y no puede dejar de ser problematizado.

En la actualidad, a imagen de lo que hace el IIRSA, cualquier proyecto o emprendimiento oficial en la Amazonía es presentado como «sostenible». La generalización de esta noción viene acompañada por su polisemia. Aunque intenta mostrar una preocupación con los pueblos indígenas y la preservación del medio ambiente, las políticas gubernamentales para la región fronteriza del Alto Yurúa y la Amazonía continúan, por lo general, viendo a estos pueblos como eternos obstáculos frente al desarrollo o, simplemente, como una fuerza de trabajo productivo que ha de insertarse en la economía capitalista. De manera similar, la naturaleza se considera esencialmente como un manantial de recursos a ser explotados en nombre de una vaga y oscura noción de «interés nacional» que beneficia, en realidad, los intereses económicos y políticos de las élites.

Para muchos pueblos indígenas de la Amazonía, como los asháninkas del río Amónia, la ideología del «desarrollo sostenible» aparece, para usar una expresión de ^{Sahlins (1981}), como un «malentendido productivo» que les permite encontrar una mayor audiencia y dar más peso a sus reivindicaciones políticas y culturales. Así, a pesar de estar íntimamente ligado a Occidente, la ideología del «desarrollo sostenible» no debe considerarse, en sí misma, como incompatible con las aspiraciones de los pueblos indígenas, pues, en varios casos, puede mejorar las condiciones de vida de esas poblaciones. Sin embargo, después de haber vivido la explotación predatoria de los recursos naturales de su territorio, lo que los asháninkas del río Amónia entienden por «desarrollo sostenible», como por ejemplo sus prácticas agroforestales, está muy lejos de aquello que las políticas gubernamentales de los estados brasileño y peruano buscan implementar con la IIRSA y otros proyectos en la región del Alto Yurúa, en la frontera Brasil-Perú y en la Amazonía en general. En la práctica, bajo una misma etiqueta, visiones muy diferentes de desarrollo siguen compitiendo con fuerzas extremadamente desiguales. Para concretar sus ideas de un desarrollo económico verdaderamente sostenible para el Alto Yurúa y para la región de frontera de Brasil con Perú, los asháninkas del río Amónia continúan necesitando dar mayor visibilidad a sus luchas, construir alianzas con diversos aliados, de los dos lados de la frontera internacional, y recibir el apoyo de la sociedad civil nacional e internacional.