Desplazamiento forzado

Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), es emigrante quien escoge desplazarse no por causa de una amenaza directa, sino que busca un futuro mejor, trabajo, educación u otro. Los refugiados, a su vez, son aquellas personas que huyen de conflictos en sus países y cruzan una frontera internacional, no pudiendo volver a su país y quedando bajo las leyes establecidas en el país de acogida para su protección (^{ACNUR, 2014}). Por otro lado, están los desplazados internos, aquellos que tuvieron que movilizarse forzadamente sin cruzar alguna frontera internacional, es decir, que permanecen oficialmente bajo la protección de los gobiernos de sus países, así en ocasiones, las acciones de estos gobiernos sean la causa propia de la violencia que llevó a la migración (^{Pacheco-Coral, 2018}; ^{Ramos Vidal, 2018}).

El desplazamiento interno en las regiones de un país puede tomar diversas formas. Puede ser directo, es decir, forzoso e impuesto a los hogares a través de medios violentos como desalojos y embargos, o indirecto, vinculado a las fuerzas económicas y sociales más amplias que producen cambios tan profundos en los barrios que los residentes no pueden permitirse ya vivir ahí o no se identifican ya con su lugar de residencia (^{Alexandri, González & Hodkinson, 2016}). ACNUR a través del observatorio de desplazamiento interno (Internal Displacement Monitoring Centre - IDMC) señala dos características que identifican este tipo de desplazamiento: el carácter coercitivo que lleva a las personas a abandonar sus hogares (como los conflictos armados, violencia, violaciones de derechos humanos y desastres naturales) y el carácter territorial, es decir que suceda el desplazamiento al interior de las fronteras nacionales, donde es responsabilidad del Estado velar porque estas personas accedan a los mismos derechos que el resto de la población (^{ACNUR, 2014}).

Esa dimensión analítica, señala al desplazamiento forzado como forma singular de migración, que se ha dado como respuesta hacia la creciente ola de migraciones relacionadas con acciones violentas. Datos del 2015 señalan la amplitud de esas cuestiones, e investigaciones del 2016 apuntan para una cifra de 63.3 millones de personas en situación de desplazamiento forzado en el mundo (UNHCR, 2016). Esos datos permiten reconocer la rápida aceleración del desplazamiento en los últimos años, convirtiéndolo en un fenómeno que lleva a miles de personas a huir de sus hogares, como consecuencia de diferentes conflictos sociales, políticos y geográficos intrínsecamente relacionados a la postura estatal. Según ^{Tomé y Casillas (2016}), desde mediados de los 80s, el término de “desplazados inducidos por el desarrollo” viene desarrollándose como una categoría válida para analizar las consecuencias sociales de migraciones forzosas derivadas de la construcción de infraestructuras públicas.

El Desplazamiento Forzado en Brasil

Entre las décadas de 1960 y 1980 ocurrieron intensos movimientos migratorios internos en Brasil, en los que grandes volúmenes de personas se desplazaron del campo a la ciudad, lo que intensificó la urbanización y la delimitación de áreas que expulsaban y áreas que atraían o recibían personas, es el caso de São Paulo y Rio de Janeiro que se volvieron áreas de recepción, contrario a las regiones del Nordeste, Espíritu Santo, Santa Catarina y Rio Grande del Sul que fueron consideradas áreas de expulsión (^{Do Nascimento et. al, 2018}). Esas concentraciones se caracterizaron por comportamientos de acumulación de bienes y servicios típicos de un desarrollo capitalista, en el que el Estado aparece con políticas posicionadas estratégicamente a favor del capital.

La posición procapital del Estado brasileño llevó a una reestructuración del desarrollo político/social, formando una ola de desplazamientos compulsivos que violaron los derechos humanos, en especial el derecho a la vivienda (^{Cardoso et.al., 2017}). Y de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la vivienda adecuada es reconocido internacionalmente, es decir, que se aplica en todas las partes del mundo, a todas las personas, donde el Estado tiene la obligación de respetar, promover y proteger (^{ONU, 2011}). Así como el derecho a vivir dignamente que se refiere a tener la disponibilidad de servicios, materiales, infraestructura, habitabilidad, accesibilidad, localización y adecuación cultural (^{ONU, 2011}; Brasil, 2013).

Dentro de la legislación brasileña se encuentran varios textos normativos que protegen el derecho a la vivienda como: la Ley nº11.124, de 16 de junio de 2005 que habla sobre el Sistema Nacional de Habitación de Interés Social y la Ley nº11.977, de 2009 que se refiere al Programa Mi Casa Mi Vida y de la regulación de tierras de asentamientos localizados en áreas urbanas, lo que incluye políticas públicas de inducción al desarrollo socioeconómico (Brasil, 2013). Directrices que deberían regular las medidas que se toman para realizar los procesos de desplazamiento, donde no solo se haga un reasentamiento de lugar, sino que sean procesos de participación en los que haya una gestión compartida con las familias afectadas y así este sea un proceso menos impactante para esta población.

Entretanto, al realizar una revisión de los estudios relacionados con el desplazamiento de familias y el apoyo social en Brasil, se encontraron investigaciones relacionadas más con el apoyo social desde el área de la salud, como en el caso de los adultos mayores (Motta.et. al., 2010) y de las familias de pacientes con cáncer (Sánchez. et.al., 2010), los cuales intentaron hacer análisis más cuantitativos relacionando desplazamiento y apoyo social. Otros estudios encontrados relacionados con estas dos temáticas fueron: redes en jóvenes migrantes (Miranda, Calvino e Martí, 2012), redes sociales y migración (Fazito, 2010) y desplazados internos y derechos humanos en Brasil (^{Fernandes, 2014}).

Esto estudios están intrínsecamente conectados a la exclusión de la población económicamente menos favorecida, articulándose con la utilización de dispositivos estatales para atender demandas de expansión de capital del estado y no de necesidades sociales de las poblaciones. Ejemplo de ese proceso ha sido lo que ocurrió desde el 2013 en la ciudad en que se ha desarrollado este estudio, Porto Alegre (Brasil). En esta ciudad, aproximadamente 14.300 familias fueron directa o indirectamente involucradas en procesos de remoción destinados a obras del Mundial de Fútbol 2014 (muchas de ellas incompletas hasta hoy), obras para eliminación o reducción de riesgo y/o obras relacionadas al desarrollo financiero de la ciudad (^{Fernandes, 2014}).

De acuerdo con los movimientos de defensa a la vivienda y a la relatoría final del Grupo de Trabajo Humano a la Vivienda Adecuada, la desinformación de la población sobre las áreas que fueron despojadas y el destino de las comunidades, fue una táctica de los gobiernos municipales para evitar el enfrentamiento con las poblaciones afectadas (Brasil, 2013), lo que facilita el abandono de sus viviendas por parte de la comunidad y que así se puedan utilizar y “limpiar” los terrenos para proyectos inmobiliarios con fines comerciales. Se trata de una estrategia en todo el territorio nacional que empieza con la desinformación de la comunidad y con una idea que los pobres no saben “lo que mejor les conviene”, en la que alegan que los motivos del desalojo, como lo destaca por la Articulación Nacional de los Comités Populares del Mundial de Fútbol (Copa) (ANCOP): son “favorecer la movilidad urbana, preservar las poblaciones en riesgo ambiental y hasta el mejoramiento de sus condiciones de vida, así sea lo opuesto y sea en contra de su voluntad” (^{ANCOP, 2012}. p. 14).

Asistencia Social brasileña y los procesos de reubicación territorial

La Asistencia Social brasileña surge como Política Pública por medio de la Constitución Federal de Brasil, en el 1988. Asimismo, el cambio en las perspectivas asistencialistas para la inversión en derechos y ciudadanía se sumó a una serie de estrategias de protección social. La operatividad de ese proceso tiene por marco la Ley Orgánica da Asistencia Social (LOAS) del 1993, que compone la Seguridad Social, Sanidad y Providencia Social brasileña como ejes de inversión pública.

Con el objetivo de garantizar bienestar a la población perteneciente al programa de Seguridad Social surgió la Política Nacional de Asistencia Social y el Sistema Único de Asistencia Social (SUAS), que tuvieron por propuesta dos estructuras de funcionamiento integrado: la Protección Social Básica (PSB) - prevención de situaciones de riesgo social, los Centros de Referencia de Asistencia Social (CRASs); y la Protección Social Especial (PSE), que considera acciones de mediana y alta complejidad, teniendo por referencia, los Centros de Referencia Especializada en Asistencia Social (CREAS) que es la unidad pública que ofrece servicios de la protección especial (Brasil, 2010).

Dentro de los programas de la PSB, se destaca el Servicio de Protección y Atención Integral a la Familia (PAIF). El PAIF consiste en el trabajo social con familias, que tiene como finalidad fortalecer las funciones protectoras de la familia, prevenir la ruptura de sus vínculos, promover su acceso y goce de los derechos y contribuir en la mejoría de su calidad de vida. El PAIF supone el desarrollo de potencialidades y adquisiciones de las familias y el fortalecimiento de vínculos familiares y comunitarios, por medio de acciones de carácter preventivo, protector y proactivo.

Dentro las acciones protectoras del PAIF se pueden destacar acciones territoriales de carácter comunitario. Cuando se evalúa, por ejemplo, el enorme déficit habitacional de Brasil y la amplitud de personas afectadas por desplazamientos forzados en Brasil, lo que lleva a analizar las diferentes formas de violencia para construir alternativas en términos psicosociales desde los aspectos singulares del país. Así, el programa PAIF se relaciona con este estudio, el cual tuvo como objetivo central el análisis cualitativo de los distintos significados que las personas asistidas por este servicio, afectadas por razones habitacionales y que pasaron por diferentes modalidades de desplazamiento en el sur de Brasil, dan a estos procesos.

Método

Este estudio se apoya en los principios de la investigación cualitativa, en la que se estudia el conocimiento y las prácticas de las personas, se analiza las interacciones y las maneras de enfrentar las situaciones de su cotidianidad (^{Flick, 2012}). Específicamente, se utilizó el estudio de caso, con el que se buscó el contraste entre historias, buscando aspectos comunes y características diferenciales sobre el proceso de desplazamiento por el que pasaron familias brasileñas. Los elementos que componen el estudio de caso deben contener características relevantes entre sí, ya sean de semejanzas o diferencias para que a partir de la comprensión que se forma, se contribuya a la formación de una mejor teorización de estos. En este sentido, Chizzotti (2018) afirma que el estudio de caso tiene como propósito conocer y comprender ampliamente los grupos de estudio y desarrollar descripciones teóricas más generales sobre regularidades de los procesos y las estructuras sociales.

Participantes

Para la selección de las participantes se tiene en cuenta lo afirmado desde la metodología del estudio de caso, la cual manifiesta que al analizar un contexto o realidad se intenta conocer lo que cada actor tiene por contar, es por esto por lo que se pueden elegir, a través del estudio de caso, sujetos que atiendan a las diferentes circunstancias posibles frente una situación (^{Jiménez, 2012}), siendo considerado el método más apropiado para comprender la realidad de una situación. En este estudio fueron seleccionadas 3 mujeres pertenecientes a familias que vivieron alguna situación de desplazamiento, es decir cada mujer representó un tipo de desplazamiento presente en Brasil. La primera mujer migró por desastre natural, la segunda por causa de mejoramiento urbano y una tercera con desplazamiento “voluntario”, quienes vivían en Porto Alegre-Brasil y su área metropolitana. Estas familias debían estar siendo atendidas por la Asistencia Social, en la Tabla 1 se presenta de modo general la caracterización de estas participantes, las cuales fueron entrevistadas en el año 2015, año que evidenció parte de las obras que quedaron inconclusas luego de terminar el mundial de futbol.

Tabla 1 Caracterización de las participantes 

Medición

Se ha utilizado como herramienta de investigación la entrevista narrativa, la cual cuenta con algunas preguntas guía para promover el dialogo de las participantes, ya que este procedimiento no cuenta con estructuras prestablecidas sino que permite que las personas cuenten sus experiencias de vida de manera más abierta, que les permite expresar sus percepciones y puntos de vista sobre las situaciones (^{Flick, 2012}). De igual forma, se utilizaron diarios de campo como fuentes de información, toda vez que permiten comparar diferentes visiones del proceso de colecta, documentar el proceso de campo y hechos perdidos en las entrevistas, lo que hace la experiencia más intersubjetiva y explicita para el análisis de datos (^{Flick, 2012}).

Para la entrevista narrativa se siguieron las fases propuestas por ^{Schütze (2011}), quien hace mecion principalmente de tres etapas y ^{Jovchelovitch, Bauer (2002}) quienes basados en Schütze proponen cinco fases (Tabla 2).

Tabla 2 Fases de la entrevista narrativa 

*Adaptación de la teoría al proceso realizado en este estudio.

Durante este proceso se trató de dar prioridad a la narración libre de las entrevistadas, procurando interrumpir lo menos posible y acompañando con la escucha activa. Al ser la entrevista narrativa una herramienta que busca comprender a través del discurso de las personas la realidad social de las mismas, y por tanto no posee una estructura rígida o fija, se plantean algunas preguntas guía que se obtienen de la preparación y revisión realizada teóricamente sobre la temática de interés y que permitieron conocer las situaciones significativas para ellas con relación a la temática. Por tanto, las tres preguntas guía que se establecieron fueron: Me cuentas un poco de tu historia, ¿Cómo fue el desplazamiento? ¿Principales cambios que vivió tu familia? ¿Cuál tu percepción de este proceso?

Resultados

Discusión

El que las personas tengan que abandonar sus hogares y que esto suceda dentro de los límites del territorio nacional, es decir dentro de su propio país, son las dos características que señala el observatorio de desplazamiento interno, para identificar un desplazado interno (^{ACNUR, 1998}).

Estos discursos dan cuenta de una falta de planeación y políticas públicas por parte del Estado frente a situaciones de vulnerabilidad social, como en este caso el desplazamiento forzado, puesto que dentro de las responsabilidades del Estado se encuentra el velar, por encima de cualquier otro interés, por el bienestar de las personas afectadas en estas situaciones de vulnerabilidad (^{ONU, 2011}). Estas declaraciones de las familias dan cuenta de una situación de desigualdad social que venían viviendo estas mujeres mucho antes del evento de desplazamiento, lo que demuestra que los intereses del poder público están más dirigidos a otros proyectos que generan un beneficio para este. Se refleja una discriminación en la distribución del espacio territorial, donde el poder público prioriza las inversiones en gestiones de la ciudad que promueven un desarrollo desigual (^{Pinheiro, 2015}).

Se puede percibir que las tres familias vivían en condiciones precarias y sus vidas estaban en riesgo - antes y después del desplazamiento. Sus trayectorias ilustran el cuadro de pobreza estructural que afecta a casi un cuarto de las familias brasileñas: ingresos económicos, lugares socialmente vulnerables, terrenos de invasión, en los que terminaron por no contar con más opciones económicas ni sociales. De acuerdo con la relatoría especial de la ONU para la vivienda adecuada, dentro de sus orientaciones se enfatiza en que la vivienda adecuada, para todos los ciudadanos, incluye la garantía de un lugar para vivir sin amenaza de remoción, acceso a los servicios básicos y uso de materiales adecuados que garanticen un espacio protegido contra riesgos (^{ONU, 2011}). Derecho que, dentro del discurso de las mujeres entrevistadas, venía siendo violado desde antes de su proceso de desplazamiento, es decir, el desplazamiento que ellas vivieron fue solo una consecuencia más de un sistema social desigual, el cual han tenido que enfrentar y lidiar durante varias situaciones de sus vidas.

Se percibe además que de una u otra forma la falta de información es un tema constante en las familias que han sido desplazadas. Al versen en condiciones más vulnerables y tener que buscar rápidamente como suplir sus necesidades mínimas para sobrevivir, no se informaban bien sobre sus derechos, es así como para conseguir sobrevivir tuvieron que conformarse con lo que apareciera o les fuera ofrecido, sin tener ni tiempo de evaluar si era lo mejor para ellos o no.

Por otro lado, se puede percibir que estas familias no solo han tenido que pasar por situaciones de violencia simbólica por parte del poder público o de quienes tenían la información de lo que iba a suceder con ellas, sino que también pasaron por otros tipos de violencia que caracterizan los lugares donde ellas estaban ubicadas, barrios populares generalmente apartados y ubicados en la periferia de las ciudades. Son barrios que evidencian los procesos de exclusión social y se definen en parte por la inseguridad social; asociada a crímenes y tráfico de drogas.

Las familias de Rosa y Constanza, por ejemplo, no integraron un proyecto formal de remoción de familias, como sucedió con Luisa que pertenecía a los reasentamientos del Barrio Chocolatão, lo que se puede percibir que influenció en los desenlaces de sus desplazamientos forzosos, pues aunque el Estado al parecer tiene registros de las familias y de las áreas que están en riesgo, estas familias al no estar dentro de los terrenos de interés del Estado para futuras obras o proyectos de desarrollo económico o urbanístico, no entran dentro de las ayudas y/o indemnizaciones proporcionadas por el poder público, aunque igual hayan perdido bienes materiales y sus derechos fundamentales no estén siendo protegidos. Esto significó para ellas tener que buscar por sus propios medios las soluciones sobre donde vivir y cómo recuperar sus bienes materiales.

De esta manera y a pesar de que, desde cierto punto de vista, los desplazamientos de estas familias fueron producto de la desigualdad social estructural con la que al parecer ya aprendieron a lidiar, se percibe en sus discursos significados muy similares sobre lo que sucedió en sus desplazamientos. Son discursos que no reflejan insatisfacción con el lugar en el que están viviendo actualmente o que manifiesten negligencias directas por parte del Estado, sino que expresan mejoras con la mudanza.

Se perciben así significados construidos con base en una historia de vida, en su mayoría, cargada de carencias y déficits, donde al parecer les tocó constantemente rebuscar empleos, lugares y condiciones que suplieran algunas de sus necesidades, por lo que al encontrarse con una oportunidad de mejorar algunas de sus condiciones, como la vivienda, ellas no dudaron y aceptaron, así eso implicara adaptarse a otras situaciones, acarrear otras consecuencias para las que no estaban preparadas, como lo es pagar una mensualidad y servicios públicos que antes no pagaban.

Tanto el desplazamiento de personas por obras como los desastres naturales, que son consecuencia de una urbanización excluyente que lleva constantemente a una ocupación de espacios inapropiados para vivir, que terminan siendo riesgosos para las familias, lo que demanda la respuesta del poder público para que repare los daños provenientes de la catástrofe (Brasil, 2013). Es así como estas familias terminan siendo parte de un círculo vicioso que comienza y termina con el Estado, el cual es el que genera el problema, proporciona soluciones parciales que continúan generando más dificultades, ya que en varias de las situaciones no involucra la participación de los grupos vulnerables en la planeación de desarrollo de proyectos públicos.

Los desplazados enfrentan, entonces, cierta desterritorialización producto de la limitada participación que esta población tiene en la realización de los proyectos de inversión que los afectan directa o indirectamente, ni en la elección de los lugares a donde van a ser removidos. Como ya afirman ^{Tomé y Casillas (2016}), cuando el beneficio económico se convierte en el objetivo mayor en los desplazamientos forzosos, aunque sean personas, se les expulsa, se les indemniza miserablemente tras arduo regateo; se les condena a la marginación cultural - pues siempre serán “desplazados”. “Se les penaliza obligándoles a desarrollar nuevos trabajos en lugares que previamente han sufrido un inevitable deterioro ecológico al “implantar” nuevas poblaciones que lo han alterado significativamente” (p. 126).

Otro dato importante en estas acciones estatales es la forma cómo se dan las relaciones con las familias desplazadas - de manera autoritaria y sin respetar su condición ciudadana de ser informado de sus derechos. En este sentido, como afirma ^{Gonçalves y Vargas (2015}) es a través de la tecnificación del discurso y ciertas prácticas utilizadas, por el poder público, que se establece una política basada en la violencia simbólica, la cual destituye de cualquier poder de decisión a los afectados por los desplazamientos compulsivos. De igual forma ^{Bourdieu (2014}) afirma que las relaciones de comunicación, también son relaciones de poder que dependen de la forma y el contenido de los sujetos o instituciones, para acumular poder simbólico y volverse instrumentos de imposición o de legitimización de la dominación de una clase sobre otra (violencia simbólica). Que en palabras de Martín-Baró contribuye a la construcción de la estructura ideológica social de un régimen sociopolítico capitalista en el que la división de clases es primordial, la existencia reprimida en sus necesidades básicas y el saber es propiedad de unos pocos (Blanco, 1998).

Como afirman varios de los documentos en defensa de los desplazados por remociones forzadas, la desinformación es parte de la estrategia del Estado para evitar reclamaciones y enfrentamientos de los afectados frente a los impactos que puede generar este proceso en la población (Brasil, 2013; ^{ANCOP, 2012}; ^{ONU, 2011}).

Uno de estos impactos, a veces subvalorado en los análisis del déficit habitacional en Brasil, es la violencia coyuntural. Como lo afirma Abramoray y colaboradores (2002) la violencia puede manifestarse desde tres perspectivas: directa, indirecta y simbólica; claramente en las narraciones anteriores de estas mujeres, sus familias también pasaron por una violencia física, al parecer producto de grupos criminales. Estas y otras situaciones que fueron emergiendo durante las entrevistas, dan cuenta de la naturalización de la violencia y de la desigualdad social que ha asumido esta población a lo largo de su historia y vivencias. Es por esta razón, que se percibe que con el proceso de desplazamiento y sus consecuencias, estas mujeres parecen por un lado estar afectadas pero por otro estar agradecidas, pues “por lo menos tengo un techo donde dormir”. Esto también enuncia, nuevamente, la planeación estatal en la que solo se benefician sectores privilegiados y se atemoriza a la población popular a través de acciones sistemáticas llevadas a cabo por la propia fuerza pública y comunitaria (policía, ejército, grupos organizados o Estado, etc), que marcan claramente el terrorismo del Estado (^{Chomsky, 2017}) que lleva a la internalización del temor y aceptación de la desigualdad social.

Estos discursos evidencian la ambivalencia que se percibió en varias de las afirmaciones de estas familias. Puesto que aunque dos de los tres casos terminaron en un final en el que ellas “ganaron” un beneficio del Estado, también está el caso de Constanza que representa los otros casos de familias que continúan siendo afectadas por eventos extremos y por una ausencia de respeto de los derechos. Como afirma ^{Pinheiro (2015}) son familias pobres que deben enfrentar una serie de eventos difíciles, una cadena de consecuencias que visibilizan las injusticias y conflictos que existían antes de los mismos eventos “naturales”, consecuencia del modelo de desarrollo brasileño. Lo que debería ser un derecho al que todos deben accesar sin tantos requisitos y burocracia; las familias lo ven como un sorteo y/o suerte del destino donde solo algunos son los beneficiados, otros beneficiados parcialmente y otros que continúan en la misma situación de precariedad, como una de ellas lo dijo: es un sorteo y no se debe soltar.

Dentro de las narrativas institucionales acerca de los desplazamientos forzados, también se encuentra como argumento el preservar las familias de riesgos ambientales. Familias que pueden ser afectadas por proyectos de mega emprendimientos como hidroeléctricas, por inundaciones o mudanzas climáticas. Es el caso de una de las familias entrevistadas en este estudio, que de un día para otro quedaron sin un techo. Estas familias pertenecientes al área metropolitana de Porto Alegre terminaron siendo desplazadas por un “evento de la naturaleza”, pero como afirma ^{Gonçalves y Vargas (2015}) los desastres adjetivados como naturales también ocultan complejas relaciones sociales de desigualdad históricamente producida.

Los desastres son, entonces, fenómenos sociales que merecen también la atención del Estado, comunidad y organizaciones. De acuerdo con Valencio (citado por ^{Gonçalves & Vargas, 2015}) hay tres elementos que deben ser cuestionados en relación a los desastres: 1. Se persiste en el fenómeno como un evento amenazante que ocurrió en un día específico y no se consideran las razones sociales y políticas que condujeron al desastre; 2. El esfuerzo por demostrar el regreso a la normalidad termina desplazando la opinión pública sobre las causas estructurales de los desastres y oculta la realidad de aquellos directamente afectados por el evento y la precaria respuesta que tienen los poderes públicos frente al problema; 3. El uso del término desastre natural tiende a resaltar que los factores de amenazas naturales serian incontrolables, lo que deja de lado el hecho que parte de los impactos urbanos de esas amenazas están explicados en las desigualdades ambientales y sociales de las ciudades (^{Gonçalves & Vargas, 2015}). Como afirma ^{Pinheiro (2015}), los desastres son consecuencia de falta de políticas que mejoren el acceso a derechos fundamentales como la vivienda, en donde el riesgo es utilizado como justificación para la intervención política, la mayoría de veces violando aún más los derechos de la población y fortaleciendo la segregación de la ciudad, movilizando millones de personas (^{Pinheiro, 2015}).

En relación a la contención de esta problemática, también existen diferentes instrumentos legales que pretenden velar y regular la atención de poblaciones afectadas por los desastres, como es la Ley n°12.608, de 10 de abril de 2012 que instituye la Política Nacional de Protección y Defensa Civil (PNPDEC) dentro de la cual se destaca la incorporación de reducción de riesgos de desastre, el combate a la ocupación de áreas ambientales vulnerables y de riesgo y la promoción de reubicación de la población residente en esas áreas (Brasil, 2013). Pero a pesar de estas regulaciones estos fenómenos no dejan de traer consigo acciones que violan sus derechos y que son producto de deficiencias en el sistema social, en donde el poder público muestra mayor interés por los beneficios financieros de algunos y no por las consecuencias que deben enfrentar las comunidades, violentando sus derechos fundamentales.