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Areté

versão impressa ISSN 1016-913X

arete vol.31 no.1 Lima  2019

http://dx.doi.org/10.18800/arete.201901.004 

ARTÍCULOS

 

Conocimiento moral y justificación moral de la acción

Moral Knowledge and the Moral Justification of Action

 

Mariano Garreta

Universidad de Buenos Aires/CONICET

 


RESUMEN

El costo de tomar una decisión sobre la base de las creencias falsas varía en diferentes contextos de acción. En algunos casos el costo del error podría ser muy alto para el bienestar de los agentes afectados y en otros casos muy bajo. El contraste entre estos dos tipos de contextos ha sido recientemente objeto de atención en la epistemología. Mi objetivo en este trabajo es extender el análisis de algunas de las implicaciones de ese contraste al campo moral. En particular, defenderé la tesis de que existen casos en los que un sujeto puede saber faliblemente que un curso de acción es el mejor desde una perspectiva moral y no estar, sin embargo, justificado a actuar sobre la base de ese conocimiento en el contexto en que se encuentra, dado el elevado costo que tendría que ese juicio fuese falso. Por lo tanto, en esos casos, existiría una brecha entre los conceptos de conocimiento moral y justificación moral de la acción.

Palabras clave: conocimiento moral; costo del error; acción; justificación moral; injerencia pragmática.

 


ABSTRACT

The cost of making a decision on the basis of false beliefs varies according to different contexts of action. In some cases, the cost of the error could be very high for the wellbeing of the agents involved, while in others it might be very low. The contrast between these two types of contexts has recently been a focus of attention in epistemology. My aim in this article is to apply to the moral field the analysis of some of the implications from that contrast. In particular, I will defend the thesis that there are cases in which a subject may know fallibly that a course of action is best from a moral point of view. Despite which, however, he may not be justified to act on the basis of that knowledge in the context in which he is situated, given the high cost involved if the judgment was false. Therefore, in such cases, there would be a gap between the concepts of moral knowledge and the moral justification for an action.

Keywords: moral knowledge; action; cost of error; moral justification; pragmatic encroachment.

 


1. Introducción

En algunos casos, obrar sobre la base de premisas falsas no acarrea problemas significativos. Por el contrario, en otros, el costo de esos errores de juicio resulta muy elevado. Cometer un error puede conducir a perder la oportunidad de obtener algo que estimamos muy valioso o a sufrir un grave daño físico o emocional. Nuestros errores pueden también causar a otros un daño significativo que no teníamos la intención de producir, ya sea por razones prudenciales o de orden moral. Por todo lo anterior, parece razonable concluir que el costo del error es una variable importante a la hora de decidir cómo actuar.

El contraste entre contextos en los que el costo de actuar sobre la base de premisas falsas es bajo y contextos en que es muy elevado ha sido objeto de mucha atención recientemente en epistemología1. Los defensores de la posición que podríamos denominar en castellano "Injerencia Pragmática" (Pragmatic Encroachment; en adelante IP) han defendido la tesis, altamente controvertida, de que dicho contraste, que tendría un estatus práctico, resulta relevante a la hora de determinar si un sujeto se encuentra o no en condiciones de afirmar que sabe, faliblemente, que sus creencias son verdaderas. Normalmente diríamos que si dos sujetos A y B tienen la misma evidencia de que p, entonces o bien ambos están en condiciones de afirmar que saben que p o bien ninguno de los dos lo está. Esta es la posición canónica en epistemología, usualmente denominada "evidencialismo"2 o "purismo". No obstante, ¿qué sucede cuando el costo del error es muy alto para B y muy bajo para A? Supongamos que afirmamos que A sabe que p. ¿Sería razonable rechazar el evidencialismo y afirmar que B debería satisfacer estándares de justificación más exigentes que los que satisface A para afirmar que también sabe que p? Un defensor de IP daría una respuesta afirmativa a esa pregunta. ¿Deberíamos concluir, contra IP, que la diferencia entre los dos sujetos no estriba en lo que saben, sino en el grado de razonabilidad que hay en que cada uno de ellos decida actuar sobre la base de sus creencias?

Los defensores de IP han abordado estas cuestiones centrándose en la relación entre conocimiento fáctico y acción racional. Nuestro objetivo en el presente trabajo apunta a esclarecer la relación entre conocimiento moral o, más específicamente, conocimiento acerca de cómo debe actuarse en un contexto determinado3 y la justificación moral de la acción. Defenderemos la tesis de que en algunos contextos en los que el costo del error al actuar es muy elevado para el bienestar de terceros, el hecho de que un sujeto sepa que un curso de acción es el mejor desde una perspectiva moral no implica que se encuentre moralmente justificado a actuar. Sostendremos que un sujeto puede mantener en esos casos, de forma consistente, su pretensión de que sabe que un curso de acción es el mejor o el correcto desde una perspectiva moral, a pesar de que no se encuentre moralmente justificado a actuar sobre la base de esa convicción en el contexto particular en que se encuentra. De este modo, nuestra meta es rechazar la aplicación de IP en el campo moral. El rechazo de IP en relación con el conocimiento fáctico no tiene consecuencias novedosas, dado que conduce a la afirmación de la posición dominante en epistemología: el evidencialismo. Sin embargo, el rechazo de la aplicación de IP al campo moral genera un resultado sorprendente. Es frecuente pensar que el conocimiento moral es inseparable de la acción moralmente justificada. Si alguien sabe que un curso de acción es el correcto, entonces estará justificado a actuar de acuerdo con ese conocimiento. Es más, tendrá la obligación de actuar sobre la base de dicho conocimiento. Nuestra postura es que, aunque esta pueda ser la situación estándar, en ciertos contextos no resulta plausible. Según dijimos, existen contextos en que un sujeto puede saber que un curso de acción determinado es el correcto o el mejor desde el punto de vista moral y no estar moralmente justificado a actuar sobre la base de ese conocimiento. Como veremos, en la explicación de este fenómeno juega un papel central la reflexión acerca de la injerencia que tiene en el razonamiento moral tomar en consideración el costo del error, factor que a nuestro juicio no ha sido tematizado en forma adecuada hasta el momento.

En la sección 2 presentamos un caso que ilustra nuestra hipótesis. En el ejemplo se parte de la hipótesis de que dos sujetos, A y B, se encuentran igualmente justificados a afirmar que un curso de acción que pretenden llevar adelante es moralmente correcto. Sin embargo, el costo de que ese juicio sea erróneo es muy distinto en cada caso. Si A está cometiendo un error, el costo para el bienestar de los afectados por su acción es muy bajo o nulo; pero si B está cometiendo un error, dicho costo resulta enorme. Se intenta demostrar que aun cuando se partiera del supuesto de que ambos sujetos se encuentren igualmente justificados a afirmar que saben que el curso de acción que pretenden llevar adelante es correcto, solo el primero de ellos, A, estará justificado desde una perspectiva moral a actuar.

En la sección 3 se discuten dos posibles objeciones contra la posición presentada en la sección precedente. La primera afirma que, si un agente no está dispuesto a obrar sobre la base de sus creencias, entonces eso es un indicio de que dichas creencias no tienen el estatus de conocimiento y de que no se encuentra en condiciones de continuar suscribiéndolas como si lo tuvieran. Se impugna entonces la plausibilidad de la hipótesis defendida en la sección 2, es decir, que es posible que un sujeto pueda saber que un curso de acción determinado es el correcto sin estar justificado a actuar sobre la base de dicho conocimiento. Esta objeción equivale a la aplicación de IP al campo moral. La segunda objeción estipula que, si un agente concluye que un curso de acción es el correcto o el mejor desde una perspectiva moral entre los disponibles en un contexto determinado, entonces al decidir abstenerse de llevarlo adelante no estaría obrando de forma correcta también desde una perspectiva moral.

2. El caso de los científicos

Imaginemos que dos científicos A y B se encuentran trabajando en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas de una misma teoría: TC1. Aunque TC1 es una teoría científica relativamente nueva, se apoya sobre bases experimentales sólidas. Las otras premisas sobre las que los investigadores elaboraron sus proyectos derivan de creencias fácticas aceptadas por la disciplina e igualmente plausibles. Como consecuencia de ello, A y B tienen similares probabilidades de éxito en sus proyectos y ambas son significativamente altas. Ahora bien, las motivaciones de ambos agentes no son solo especulativas o prudenciales, como el progreso de su disciplina y el avance de sus carreras profesionales. Tanto A como B creen que el éxito de sus investigaciones contribuirá en forma decisiva a la mejora del nivel de ingresos de la mayoría de los miembros de su comunidad. A y B presumen que ese resultado producirá, a su vez, una mejora drástica en la calidad de vida de dichas personas. Supongamos que los científicos están igualmente justificados para suscribir estas creencias fácticas y morales adicionales. Sin embargo, hay una diferencia importante entre los dos proyectos de investigación: el costo del error. Si la investigación de A fracasa este resultado no tiene consecuencias significativas para el bienestar de terceros. La situación es muy distinta en el caso de B. Si su investigación fracasa producirá un daño grave e irreparable a la calidad de vida de un porcentaje significativo de los miembros de la comunidad. Podemos imaginar que la investigación de B involucra la realización de experimentos muy peligrosos para el medio ambiente y para la salud de los individuos afectados4.

¿A y B se encuentran justificados, desde una perspectiva moral, a llevar adelante sus proyectos de investigación? Como acabamos de ver, ambos investigadores parecen estar en iguales condiciones para afirmar que las premisas fácticas de sus proyectos son verdaderas, que tendrán éxito en sus experimentos y para sostener el juicio moral que afirma que el resultado de su actividad redundará en una mejora de la calidad de vida de los miembros de la comunidad a la que pertenecen y que, por lo tanto, debería ser llevada adelante5. Según vimos, la única diferencia en la situación de los dos científicos estriba en el costo del error en la realización de sus respectivos planes. Nuestra hipótesis es que esa diferencia hace plausible responder que, mientras no parece haber razones para objetar los planes de A, puede afirmarse que B no se encuentra justificado, desde una perspectiva moral, a continuar con su investigación aun en el caso de que supusiéramos que dicho agente sabe que la realización de sus planes constituye el mejor curso de acción desde un punto de vista moral. Veamos cómo puede defenderse esta afirmación.

La idea de que A está justificado a actuar resulta fácil de establecer. En su caso parece haber una continuidad aproblemática entre conocimiento fáctico y moral, por una parte, y la aceptabilidad moral de la acción, por otra. Si A sabe que las creencias fácticas y morales que le atribuimos son verdaderas, por esa misma razón estará también moralmente justificado a actuar sobre la base de dichas creencias. Después de todo, si algo saliera mal y fracasara en alcanzar sus metas, ni el agente ni otros potenciales afectados sufrirían ningún daño. Sin embargo, la situación cambia cuando se pasa de un contexto en que el costo del error es muy bajo o nulo a un contexto en que es drásticamente alto, como ocurre en el caso de B. Imaginemos, por un momento, que la situación de B es diferente en un aspecto a como la hemos presentado líneas atrás: el costo del error es muy alto, pero solo afecta el bienestar del propio agente, no el de terceros. B cree firmemente que tendrá éxito y no sufrirá daños, pero sabe que hay muchos factores en juego y que los experimentos que va a realizar son muy peligrosos para su bienestar en caso de error. B podría considerar que no vale la pena correr el riesgo de sufrir un daño si fracasa, aunque la probabilidad de que ello ocurra sea baja, o podría decidir correr el riesgo y seguir adelante con sus experimentos. Ambos cursos de acción parecen igualmente aceptables desde una perspectiva moral. ¿Pero qué pasa cuando, como ocurre en el ejemplo tal como fue presentado, el bienestar de otras personas será severamente dañado en caso de error por las acciones de B? B puede investigar más e intentar reducir la probabilidad de error. Sin embargo, el tiempo del que dispone será siempre limitado y la combinación de la falibilidad humana con la amplia variedad de causas posibles de error que afectan a una investigación científica compleja como la que está llevando adelante tienen como consecuencia que la posibilidad de error sea ineliminable. No parece haber una salida desde una perspectiva epistémica para esta situación. Los afectados, por buenos que sean los argumentos y las evidencias de las que dispone B, siempre tendrán derecho a no estar dispuestos a correr el riesgo de que los peligrosos experimentos que involucra la investigación sean realizados. Ahora bien, el punto es que B no tiene derecho a decidir por ellos si correr el riesgo de seguir adelante con su investigación. Ello se debe a que hacerlo resultaría incompatible con reconocer que los afectados poseen el estatus de agentes morales plenos. ¿Por qué razón B debería atribuirse a sí mismo el derecho especial de decidir por los afectados, sin su conocimiento o su autorización, en una cuestión que puede afectar significativamente sus expectativas vitales? ¿Por qué B podría privarlos del derecho a tomar una decisión que puede ser clave para sus vidas? En ese caso, B estaría tratando a los afectados meramente como insumos en la consecución de sus metas y no como agentes dotados de igual dignidad y merecedores de respeto al igual que él, cuyos intereses y proyectos tienen peso propio y resultan irreductibles a los intereses y proyectos de los otros individuos.

Como acabamos de sostener, al decidir continuar con sus experimentos B estaría violando la obligación moral fundamental de reconocer el carácter de agentes morales plenos de los afectados. Sin embargo, en este punto podría formularse una objeción. ¿Por qué debería darse prioridad a no violar esa obligación moral básica sobre las razones morales que tiene B para continuar su investigación? Es decir, dar preferencia al hecho de que si lo hace existe una probabilidad significativamente alta de que el resultado sea un incremento en el bienestar de los afectados. El reconocimiento de la obligación de promover el bienestar de los afectados por nuestras acciones puede ser presentada también como una demanda moral fundamental. ¿Por qué debería darse prioridad al primer tipo de demanda moral (respetar el carácter de agentes morales plenos de los afectados) sobre el segundo tipo (promover su bienestar)? La respuesta es que en la situación en que se encuentra B al tomar la decisión de seguir adelante con sus experimentos o abstenerse de hacerlo hay una clara asimetría entre el peso del primer tipo de demanda moral y el peso del segundo tipo de demanda. Cuando está por tomar la decisión en cuestión, B sabe con plena certeza que en caso de decidir seguir adelante con sus experimentos estará violando el deber moral básico de reconocer a los afectados como agentes morales plenos, pero no sabe con certeza si el resultado de sus acciones será un incremento en el bienestar de dichos sujetos o, por el contrario, provocarles un daño severo e irreparable. Como consecuencia de ello, debe reconocerse que en un contexto con las características descritas el primer tipo de demanda moral tiene prioridad sobre el segundo tipo.

3. Dos objeciones

La tesis que acabamos de presentar puede ser objeto de diversos cuestionamientos. Examinaremos dos objeciones que resultan especialmente significativas. Podría sostenerse, en primer lugar, que parece razonable afirmar que, si alguien no está dispuesto a obrar sobre la base de sus creencias, eso es un indicio de que dichas creencias no disponen de una justificación apropiada y de que el agente no sabe realmente que son verdaderas. Si S realmente sabe que p (siendo dicha proposición un juicio moral como "realizar los experimentos previstos es lo correcto porque promoverá el bienestar de los afectados") y p demanda la realización de un curso de acción en un contexto determinado (es decir, realizar los experimentos previstos), el agente debería estar dispuesto a obrar sobre la base de dicha proposición. De lo contrario, debería admitir que no sabe que p. En segundo lugar, podría objetarse que, si concluimos que un curso de acción es el correcto o el mejor desde una perspectiva moral entre los disponibles, entonces, al decidir abstenernos de llevarlo a cabo, no estamos obrando de forma correcta desde una perspectiva moral. Quizá existan razones de otro orden para no obrar sobre la base de nuestras creencias acerca de qué curso de acción es el mejor en el contexto en cuestión, pero resulta inapropiado presentar ese resultado como una consecuencia de no estar "moralmente justificados" a actuar.

Como adelantamos, la primera objeción puede ser interpretada como una aplicación al plano moral de una de las ideas fundamentales de la posición epistemológica que se mencionó en las páginas iniciales: IP. Los defensores de IP sostienen que el conocimiento no es determinado exclusivamente por factores epistémicos, como las evidencias que se tengan de la verdad de una proposición o la confiabilidad del proceso por el cual un sujeto llega a afirmar su verdad o falsedad. Las variaciones contextuales en el costo del error de actuar sobre la base de p serían decisivas a la hora de determinar si un sujeto posee o no el conocimiento que p. Es frecuente apelar a ejemplos estructuralmente similares al que desarrollamos en la sección 2 para presentar y defender esta posición. Los sujetos A y B poseen la misma evidencia de que p, o bien el proceso de formación de la creencia que p es igualmente confiable en ambos casos desde una perspectiva epistémica. El costo de que p sea falsa es, sin embargo, muy bajo cuando consideramos la situación en la que se encuentra A y sumamente alto en la situación en la que se encuentra B. Como consecuencia de ello, parece convincente sostener que el nivel de exigencia de los estándares de justificación requeridos para que B esté justificado a afirmar que p son mucho más demandantes que en el caso de A. De este modo, mientras puede decirse que A sabe que p, no puede afirmarse lo mismo cuando nos referimos a la situación de B. Como adelantamos, IP implica el rechazo de una de las tesis centrales de la epistemología analítica predominante: el evidencialismo (a veces también denominado purismo6 o intelectualismo7). El evidencialismo afirma que la creencia que p está epistémicamente justificada para el sujeto S en un momento determinado t, si y solo si recibe el apoyo de la evidencia que tiene S de p en t8. Otra forma de expresar la idea, que ya presentamos páginas atrás, consiste en sostener que, dados dos sujetos A y B, si A y B disponen de la misma evidencia a favor o en contra de p, entonces necesariamente A está justificado en afirmar que sabe que p si y solo si B también lo está.9

La defensa de IP involucra normalmente la apelación a una versión del principio Conocimiento-Acción. Dicho principio (en adelante, PCA) estipula que:

S está justificado a creer que p, solo si es racional para S actuar como si p10.

Una formulación alternativa de PCA, conceptualmente equivalente a la precedente, aunque centrada en la noción de conocimiento y no en la de creencia justificada, afirma que:

Si usted sabe que p, entonces p está suficientemente garantizada como para justificar las acciones sugeridas por p11.

Si un agente infiere, en un contexto determinado, que no es racional actuar sobre la base de su creencia que p, debe concluir que no está justificado en afirmar que sabe que p, aun cuando disponga de evidencia de que p es verdadera, lo que normalmente en contextos donde el costo del error es más bajo, le permitiría tanto actuar sobre la base de dicha creencia como sostener que sabe que es verdadera.

IP ha sido objeto de diversas críticas. Una de las formas más frecuentes de objetar esta posición consiste en presentar contraejemplos de PCA. Se trata de casos en los que, si bien actuar sobre la base de p no parece una opción razonable dado el alto costo del error, continúa siendo plausible afirmar que el agente sabe faliblemente que p. Baron Reed propone el siguiente contraejemplo: "Estoy tomando parte de un estudio psicológico que analiza los efectos del estrés sobre la memoria. Se me formula la siguiente pregunta: ¿Cuándo nació Julio Cesar? Si doy la respuesta correcta, obtengo un caramelo. Si doy una respuesta errónea recibo una horrible descarga eléctrica. No ocurre nada si no respondo. Recuerdo que Julio Cesar nació en 100 A.C., pero no estoy tan seguro de ello como para que valga la pena el riesgo de electrocución. Sin embargo, tranquilamente digo para mí mismo, ‘Sé que nació en 100 A.C.’"12. Como afirma convincentemente Reed13, en este escenario es perfectamente plausible que mantenga mi afirmación de que sé p aun cuando el costo del error sea tan alto como para que no resulte racional actuar sobre la base de tal proposición. Parece natural "continuar atribuyéndome conocimiento a mí mismo, aun cuando reconozca que no debería tomarlo como una razón para actuar".

Como adelantamos, nuestro objetivo central es evaluar la plausibilidad de aplicar IP al terreno moral. Esto es, cuando consideramos la cuestión de si el hecho de que un sujeto concluya que no está moralmente justificado a actuar sobre la base de sus creencias en un contexto determinado es una razón para concluir que debe abandonar la pretensión de que sabe que dichas creencias son verdaderas. En tal sentido, el caso de los científicos tal como lo hemos interpretado en la sección 2 puede ser considerado un contraejemplo del equivalente moral de PCA. Dicho principio, que podemos denominar PCA-M, estipula que:

Si usted sabe que p (donde p es un juicio moral o una conjunción de juicios fácticos y morales), entonces p se encuentra suficientemente garantizada como para justificar moralmente la realización de las acciones demandadas por p.

Volvamos al caso de los científicos. Si nuestra interpretación presentada en la sección 2 es correcta, lo que parece dejar en claro dicho caso es que a pesar de que A y B cuentan con creencias fácticas y morales igualmente plausibles, el alto costo de que alguna de esas premisas fuese falsa cuenta, en el caso de B, como una razón decisiva para que dicho agente no se encuentre justificado en actuar sobre la base de las creencias referidas. Sin embargo, que B no esté justificado a actuar no implica que no se encuentre igualmente justificado que el otro científico a afirmar que sabe que sus creencias fácticas y morales son verdaderas. Dado el alto costo del error, B no tiene derecho a decidir por los afectados si correr el riesgo que implican sus experimentos. Pero este es un factor que no guarda ninguna relación con la cuestión de la verdad o falsedad de sus creencias iniciales fácticas y morales. Que los experimentos que debe llevar adelante B sean muy peligrosos para el bienestar de terceros, a diferencia de lo que ocurre con los que planea realizar A, no ofrece ninguna razón para pensar, por ejemplo, que TC1 sea falsa. Si así fuera, enterado del trabajo que se propone realizar B, A debería también comenzar a dudar de la verdad de la teoría en que se apoya la investigación que ambos desarrollan, pero este resultado no parece tener ningún sentido. El elevado costo del error no ofrece ninguna evidencia contra la verdad de TC1. La situación es similar en el caso de las creencias morales involucradas. En el caso de B, no solo entran en juego las creencias morales acerca de la relación entre progreso económico y calidad de vida de los individuos que comparte con A. Como sabemos, la conclusión de que no está justificado a actuar supone una combinación del reconocimiento del elevado costo para el bienestar de terceros que tendría alguna falla ocurrida al realizar sus experimentos, con la idea de que decidir por los afectados si correr ese riesgo implicaría negarles el estatus de agentes morales plenos o reducirlos a meros instrumentos para sus propósitos. Como podrá percibirse, estas últimas consideraciones morales no entran en conflicto con las creencias de B sobre la relación entre progreso económico y calidad de vida, ni ofrecen razones para dudar de que el éxito en su proyecto podría promover el bienestar de los miembros de su comunidad. Como consecuencia de las consideraciones precedentes, debe concluirse que la interpretación más natural del caso es que la diferencia entre la situación de A y B no da ninguna razón para inferir conclusiones acerca de lo que creen o lo que saben, sino de lo que están moralmente justificados a hacer.

Los principios PCA y PCA-M generan dificultades adicionales. Gerald Gaus ofrece un ejemplo que, aunque es presentado en un contexto de discusión distinto, puede servir para ejemplificar la brecha entre conocimiento moral y justificación moral de acciones que estamos defendiendo14. Como afirma el autor, con frecuencia creemos una proposición sobre la base de muy buena evidencia, pero a causa de que existe una probabilidad significativa, por pequeña que sea, de que podría ser errónea, nos abstenemos de actuar tomándola como premisa en ciertos contextos. Gaus apela al siguiente ejemplo: "La jurado Sally puede creer firmemente que Mort asesinó a Millie, pero a causa de que hay una probabilidad pequeña pero significativa de que pudiera estar cometiendo un error y porque las consecuencias de cometer un error son tan graves, Sally no vota a favor de condenar a Mort por asesinato"15.

El autor insiste en que de ninguna manera debemos tomar el voto de Sally como una prueba de que no está convencida de que Mort ha cometido el crimen. De hecho, en otros contextos es de esperar que Sally actúe sobre la base de esa convicción. Ella podría evitar en el futuro la compañía de Mort, a quien cree realmente el culpable del asesinato de Millie. Es cierto que en algunos casos podemos equivocarnos al tomar este tipo de decisiones, pero hay que admitir que hay contextos en que constituyen una respuesta adecuada a la situación. Interpretemos este ejemplo con una pequeña variación. Supongamos que lo que Sally está afirmando no es meramente que cree firmemente que Mort es culpable, sino que "sabe", aunque faliblemente, que ha cometido el crimen. Siguiendo con el ejemplo, resultaría muy poco plausible sostener que a causa de que Sally no está dispuesta a actuar sobre la base de sus creencias en el contexto del juicio, debería abandonar su convicción de que sabe que Mort es culpable. De modo que, contra lo que afirma PCA, el hecho de que un agente no esté dispuesto a actuar del modo sugerido por p, no constituye una razón para concluir que no sabe que p. Las siguientes consideraciones respaldan esa conclusión. En primer lugar, la decisión de no votar la condena es una acción voluntaria que estaba en poder de Sally, pero la creencia de que Mort es culpable o su conocimiento de que lo es no puede cambiar a voluntad. Como señaló Bernard Williams16, el hecho de que no podamos cambiar nuestras creencias a voluntad no es una limitación contingente de dicha facultad, sino un resultado del hecho de que las creencias apuntan a la verdad. Creer que p equivale a creer que p es verdadera y la verdad de las proposiciones no puede depender de nuestra voluntad o de nuestros deseos17. Lo mismo debe decirse acerca de las creencias justificadas verdaderas, es decir, de los conocimientos. Resulta implausible decir que alguien puede llegar a saber o dejar de saber algo porque lo ha decidido. Si Sally, como hemos supuesto en el caso citado, está firmemente convencida, al punto de que afirma que sabe que Mort es culpable, resulta difícil entender cómo podría dejar de creer firmemente o de saber tal cosa –suponiendo que es un agente racional desde una perspectiva epistémica– si no media un cambio en la evidencia de la que dispone. Por otra parte, si Sally debiera abandonar su convicción en la culpabilidad del acusado para satisfacer el tipo de consistencia con sus acciones que requieren PCA y PCA-M, tendría que comprometerse con otras conductas que parecen problemáticas desde una perspectiva moral. Por ejemplo, supongamos que el acusado, una vez liberado, intenta entablar una relación de amistad con Thelma, una prima de Sally. En ese caso, dado que votó contra la condena, Sally no debería decirle a Thelma que es mala idea interactuar con ese sujeto, dado que es un asesino. A la luz de PCA y PCA-M, si Sally votó contra la condena no puede mantener las afirmaciones de que sabe que Mort es un asesino y que obraría moralmente mal si no se lo informara a Thelma. De acuerdo con PCA, si Sally no considera que p ("Mort es un asesino") está suficientemente garantizada como para realizar las acciones sugeridas por dicha proposición (en este caso, votar en el juicio por condenar a Mort), entonces, no sabe que p. Pero esto es irrazonable. Como dijimos, Sally no puede, a voluntad, dejar de creer o de afirmar que sabe que Mort es un criminal. Ni las creencias ni el conocimiento pueden depender de la decisión voluntaria de un agente. Sally reconoce que su conocimiento de que Mort ha asesinado a Millie es falible, y no está dispuesta a actuar sobre la base de ese conocimiento en el contexto del juicio por el altísimo costo que tendría para el bienestar de Mort estar cometiendo un error. Puede decidir no votar a favor de la condena, pero no puede, como vimos, decidir dejar de creer o afirmar que sabe que Mort es culpable. Por otra parte, acatar PCA y PCA-M volvería a Sally, por así decirlo, esclava de una contingencia azarosa e irrelevante desde una perspectiva tanto epistémica como moral: el haber sido designada jurado en el juicio. Otros conocidos o amigos de Thelma que no fueron jurados, podrían continuar convencidos de que saben que Mort es culpable, sobre la base de la misma evidencia que llevó a Sally a creerlo –supongamos que el caso recibió mucha atención en los medios de comunicación y la evidencia es pública– y no tendrían ningún obstáculo, aun aceptando PCA y PCA-M, para aconsejar a Thelma evitar entablar una relación de amistad con Mort. ¿Por qué un hecho azaroso como el no haber sido designados jurados del juicio debe poner a esos sujetos en una mejor situación para honrar sus obligaciones morales con Thelma que la que debe afrontar Sally? Si Sally se abstuviera de advertir a Thelma acerca de la peligrosidad de Mort, dado que no votó por condenarlo durante el juicio y, de acuerdo con IP, ello implica que no sabe que Mort es un asesino, no podría evitar pensar que está faltando a las obligaciones morales que le impone su relación con ella, contra sus creencias o conocimientos y por razones contingentes que no parecen tener peso cognitivo o moral alguno. A menos que aceptemos la implausible tesis de que podemos cambiar nuestras creencias y conocimientos a voluntad y pasemos por alto estos resultados contra-intuitivos, debemos concluir que PCA y PCA-M no pueden ser correctos. Si se rechazan dichos principios y se admite que existe, en ciertos contextos, una brecha entre nuestras creencias o conocimientos fácticos y morales, y las acciones susceptibles de ser justificadas desde una perspectiva moral sobre la base de tales creencias o conocimientos, estas dificultades desaparecen. En distintas circunstancias, como muestran los ejemplos que estamos considerando, pueden tomarse decisiones distintas que coexistan, sin embargo, con un trasfondo de convicciones o conocimientos que permanecen estables. Estas convicciones que permanecen estables pueden ser apropiadas como premisas de las decisiones del sujeto solo en algunos contextos. Sally puede, como ocurre en el ejemplo, considerar que su creencia o conocimiento de la culpabilidad de Mort no es suficiente, en el contexto del juicio, para justificar que vote por la condena, dado el enorme costo que tendría para el acusado que estuviera cometiendo un error y dado que la probabilidad de error, por pe queña que resulte, es significativa. Sally piensa que obraría mal si votara a favor de la condena en el contexto del juicio, aunque sepa que Mort es culpable, pero puede considerar que dicho conocimiento sí justifica aconsejar a Thelma que se mantenga alejada del sujeto en cuestión. No alertar a Thelma equivaldría a obrar en forma moralmente reprochable. Sally podría, de este modo, ofrecer una explicación plausible tanto de su convicción de que Mort es culpable como de las razones, epistémicas y morales, por las que concluye que debe actuar de forma diferente en diferentes contextos. Esta explicación, como vimos, resulta incompatible con PCA y PCA-M.

Por otra parte, tanto PCA y PCA-M parecen conducir a una suerte de contextualismo altamente problemático. Dados dichos principios, si Sally no estuviera dispuesta a actuar sobre la base de su creencia de que Mort es culpable en el contexto del juicio, debería reconocer que no cree o no sabe que Mort sea culpable. En caso de que luego decidiera desaconsejar a Thelma de entablar cualquier clase de relación con Mort, debería afirmar que en ese nuevo contexto cree firmemente o sabe que Mort es culpable. Resulta difícil imaginar que un sujeto sea capaz de compartimentalizar de esta manera sus creencias y pretensiones de conocimiento. Como suele señalarse, al afirmar la verdad de sus creencias, los sujetos parecen comprometerse con un ideal de coherencia18. Cuando una nueva creencia se agrega al corpus preexistente, debe poder ser integrada sin que existan contradicciones. En caso de haber una contradicción, solo una las creencias puede continuar siendo afirmada. Podría abandonarse la creencia antigua o no incorporarse la nueva. Aceptar PCA y PCA-M implica rechazar esta plausible concepción y concluir que las nuevas creencias de un sujeto pueden entrar en contradicción con otras creencias previas sin que esto represente un problema o amerite una revisión en la que alguna de dichas creencias termine siendo rechazada. Las mismas consideraciones parecen igualmente pertinentes en el caso del conocimiento, pues no tiene sentido sostener que un sujeto pueda tener conocimientos contradictorios entre sí.

Un intento de respuesta a las objeciones formuladas podría ser el siguiente. La situación de Sally podría ser explicada apelando a la noción de "grados de creencia". El grado de creencia que Sally tiene de que Mort es el asesino no es suficiente para los estándares de justificación requeridos en una corte y por lo tanto no constituye conocimiento para los propósitos en cuestión. Como Sally considera que el grado de creencia del que dispone es insuficiente para calificar como conocimiento en dicho contexto, se abstiene de actuar sobre la base de dichas creencias, aun cuando se encuentra convencida de la culpabilidad de Mort. Sin embargo, ese mismo grado de creencia sí justifica, luego del juicio, que alerte a Thelma de que debe evitar interactuar con Mort. De modo que debe inferirse que, en el contexto posterior al juicio, el grado de creencia de Sally en la culpabilidad de Mort –que sigue siendo el mismo– es suficiente como para que ella pueda afirmar que sabe que Mort es culpable del asesinato de Millie y actuar en consecuencia19.

La objeción precedente, lejos de servir como la base para una defensa de IP, permite hacer patente uno de los puntos débiles de dicha posición que comenzamos a introducir en el párrafo precedente. Para ver claramente el problema, es necesario hacer una pequeña modificación del ejemplo. Imaginemos que la situación en la que Sally debe decidir cómo votar en el juicio y qué hacer con respecto a la relación de amistad que podrían entablar Mort y Thelma no está separada por un período de tiempo. Sally debe decidir simultáneamente cómo votar en el juicio y si debe o no advertir a Thelma que se abstenga de interactuar con Mort. Siguiendo la lógica de la objeción que acabamos de presentar, deberíamos suponer que Sally decidirá votar en contra de la condena de Mort dado que su grado de creencia en su culpabilidad no es suficiente para afirmar que sabe efectivamente que es culpable y, al mismo tiempo, alertar a Thelma que se abstenga de entablar una relación de amistad con Mort dado que, para tal propósito, sabe que es un asesino. Si PCA fuese correcto habría que reconocer entonces que, dado que Sally ha decidido simultáneamente no actuar sobre la base de que p ("Mort es un asesino") en un contexto y actuar sobre la base de la misma proposición en otro contexto, ella no sabe que p y, simultáneamente, sabe que p. Así, el principio definitorio de IP conduce a una contradicción y no puede, por lo tanto, ser correcto20. Las mismas conclusiones parecen válidas en el caso de PCA-M. Consideremos la siguiente variante del caso de los científicos. Supongamos que B tiene cuatro alternativas: no realizar los experimentos requeridos por su investigación, realizarlos en el laboratorio L1, realizarlos en el laboratorio L2 o realizarlos en ambos laboratorios de forma simultánea. Si realiza los experimentos en L1 y fallan el resultado será desastroso: un número significativo de personas perderán la vida. Si realiza los experimentos en L2 y estos fallan, nadie resultará dañado. Supongamos que L2 dispone de medidas de seguridad especiales que garantizan ese resultado. B cree que el siguiente juicio moral es verdadero: "Debo realizar los experimentos requeridos para que mi investigación avance, dado que ello redundará en una mejora sustancial de la calidad de vida de muchos individuos y este resultado es sumamente valioso". Imaginemos que llevar a cabo los experimentos simultáneamente en L1 y L2 sería el modo de proceder óptimo para promover las metas de B. Sin embargo, el agente decide abstenerse de realizar los experimentos en L1 por el alto costo que tendría cometer un error, y realizarlo solo en L2, donde el costo del error es nulo. Si aceptáramos PCA-M deberíamos concluir que B sabe que, en L2, los experimentos tendrán éxito (p) y promoverán el bienestar de muchos individuos (q), dado que está dispuesto a actuar sobre la base de esas creencias. También deberíamos concluir que, en L1, B no dispone de ese conocimiento, es decir, que no sabe que los mismos experimentos tendrán éxito y producirán los efectos moralmente valiosos esperados, pues no está dispuesto a actuar sobre la base de dichas creencias. Es decir que si aceptamos PCE-M debemos reconocer que B sabe y no sabe, simultáneamente, que las proposiciones p y q son verdaderas. Nuevamente, arribamos a una contradicción y, por lo tanto, PCA-M no puede ser correcto.

Ahora pasemos a la segunda objeción. Como vimos, esta afirmaba que si llegamos a la conclusión de que un curso de acción es el correcto o el mejor desde una perspectiva moral entre los disponibles, entonces al decidir abstenernos de llevarlo adelante no estamos obrando de forma moralmente correcta. Ello se debería a que, aunque quizá existan razones de otro orden para no obrar sobre la base de nuestras creencias acerca de qué curso de acción es el mejor en el contexto en cuestión, resulta inapropiado presentar ese resultado como una consecuencia de no estar "moralmente justificados" a actuar. Para abordar el problema resulta pertinente empezar por preguntar si la búsqueda de conocimiento moral y la búsqueda de una justificación moral de nuestras acciones son prácticas indistinguibles. Parece claro que la respuesta es negativa porque podemos distinguir ambas prácticas. Resulta perfectamente posible reflexionar sobre cuestiones morales buscando discernir cuál es la posición correcta sin estar comprometidos con la realización de acciones concretas. Dos filósofos pueden discutir acerca de la plausibilidad de una teoría moral normativa, como el utilitarismo o una teoría deontológica de raigambre kantiana, no porque tengan que tomar una decisión definida de relevancia moral, sino por razones puramente especulativas. De igual modo, dos personas pueden discutir cualquier tema con implicaciones morales, por ejemplo, si el aborto es o no permisible, aunque ninguna de ellas planee realizarse o realizar un aborto o sin que ninguna esté buscando mejorar sus argumentos para convencer a un tercero de que se someta o se abstenga de someterse a un aborto. Estos ejercicios argumentativos pueden estar guiados exclusivamente por la búsqueda de la verdad, tener como meta directa la justificación de la afirmación de creencias que pueden o no motivar o justificar acciones concretas realizadas por los sujetos que llevan adelante el proceso de reflexión. ¿Cómo proceden los sujetos en estos casos? Las estrategias habituales son, como todos sabemos por nuestra propia experiencia, elaborar argumentos a favor de una posición, criticar los argumentos de los que sostienen posiciones contrarias, intentar detectar errores lógicos o confusiones conceptuales, o demostrar que la posición defendida por nuestros interlocutores conduce al compromiso con creencias incompatibles que ellos también suscriben. Se puede intentar poner en evidencia tensiones o conflictos entre los principios más abstractos o generales de los que depende una posición e intuiciones morales particulares que se consideran sumamente sólidas. Estos son solo algunos ejemplos. Lo importante es notar que no tiene sentido preguntar, en este contexto, por el costo para el bienestar de terceros que tendría cometer un error al realizar estos ejercicios especulativos. Ello se debe a que, cuando estamos reflexionando, sin actuar sobre la base de las creencias puestas en juego, el error no tiene ese tipo de costo simplemente porque no hay acciones involucradas.

Como dijimos, el costo del error en la realización de una acción no tiene relevancia moral cuando es muy bajo o, quizá podría agregarse, cuando el sujeto que realiza la acción tiene autoridad para decidir por los posibles afectados si correr el riesgo o no. Eso es lo que ocurría en el caso del científico A: si sus experimentos fallan, no se producen daños significativos a terceros. Por otro lado, todo sujeto tiene, en principio, derecho a correr riesgos que no afectan a terceros y hay, además, ocasiones en que un sujeto está autorizado a decidir por otro si correr el riesgo. Por ejemplo, un padre puede autorizar a su hijo a realizar actividades que, en caso de error, podrían dañarlo –por ejemplo, la práctica de determinado deporte como la natación o la participación en una regata–, porque cree que el beneficio supera los costos de que algo salga mal. Por supuesto, podría estar cometiendo un serio error en ese juicio. En muchos de estos casos el sujeto que decide es un agente moral pleno y el afectado es o bien un agente que no ha alcanzado el nivel de desarrollo para ser un sujeto moral pleno (como ocurre en el caso de un niño), o bien está momentáneamente incapacitado para decidir por sí mismo (como ocurriría, por ejemplo, cuando un médico elige una terapia por el paciente, dado que éste se encuentra inconsciente o incapacitado de otro modo para ejercer sus capacidades de juicio y elección en el momento en que debe ser tomada la decisión).

En contextos como los que acabo de referir, funciona el modelo de relación entre conocimiento moral y justificación moral de la acción que presupone la segunda objeción. En estos casos, la justificación de la acción deriva directamente de la calidad epistémica de las creencias en las que se apoya. Cuanto mayor sea el conocimiento fáctico y moral del que decide, más probabilidades hay de que la decisión sea beneficiosa para el sujeto por quien es tomada la decisión. Las mismas consideraciones se aplican también a un sujeto que no toma decisiones por otro, sino que decide a la luz de su conocimiento fáctico y moral perseguir un plan de vida o tomar alguna decisión importante en relación con el desarrollo o la revisión de dicho plan. En todos estos casos hay, efectivamente, una suerte de identidad funcional entre la obtención de conocimiento acerca de cómo se debe actuar y la justificación moral de la acción. Sin embargo, como hemos intentado demostrar en la sección 2, la situación es muy diferente en casos como el del científico B. Aunque admitamos que B sabe que continuar con sus experimentos es la mejor alternativa desde un punto de vista moral, ello no implica que se encuentre moralmente justificado a actuar sobre la base de ese conocimiento. Según vimos, ello se debe a que el costo del error es muy alto y, en caso de decidir por los afectados correr el riesgo de actuar y estar cometiendo un error, les estaría negando el estatus de agentes morales plenos. En este escenario, ninguna mejora en la calidad epistémica de las creencias fácticas o morales de B –descartada la certeza absoluta de estar en lo correcto– le permite concluir que está justificado a actuar. Ello se debe a que mientras subsista un nivel relevante, por pequeño que sea, de probabilidad de error, la gravedad del impacto de sus decisiones sobre el bienestar de terceros lo descalifica para tomar una decisión en forma unilateral. Hacerlo implicaría crear una asimetría moral entre el agente y los afectados que resulta inaceptable mientras presupongamos que se trata de agentes que poseen igual estatus desde una perspectiva moral.

De modo que podemos concluir, contra la segunda objeción, que disponer de conocimiento moral falible acerca de cómo debemos actuar y disponer de una justificación moral de las acciones que planeamos realizar no son funcionalmente equivalentes cuando nos encontramos con circunstancias como las que ejemplifica el caso del científico B. No tiene sentido decir que B estaría tomando una decisión incorrecta si, en las circunstancias estipuladas en el ejemplo, se abstuviera de actuar sobre la base de su conocimiento moral y suspendiera la realización de los peligrosos experimentos planeados. Como vimos, la motivación de esa decisión es el resultado de combinar el reconocimiento del costo moral de sus acciones en caso de error con una interpretación de lo que requiere el reconocimiento de los afectados por sus acciones como agentes morales plenos, es decir, dotados de un estatus similar o idéntico al que él se confiere a sí mismo.

4. Conclusión

En la sección 2 presentamos un caso que ofrece, al menos bajo la interpretación propuesta, apoyo a la tesis principal que hemos intentado justificar a lo largo del trabajo. Según vimos, tenemos a dos sujetos, los científicos A y B, que disponen de la misma evidencia o las mismas razones para formar un juicio acerca de cómo deberían actuar. Ambos tienen la pretensión de saber que avanzar en sus investigaciones realizando los peligrosos experimentos involucrados en ellas es el mejor curso de acción disponible. La única diferencia relevante entre los agentes está dada por las consecuencias de sus acciones para el bienestar de los afectados en caso de que cometieran un error. El costo en caso de error al actuar sobre la base de sus creencias es muy bajo para A, pero sumamente elevado para B. Intentamos demostrar que ese contraste permite establecer la conclusión de que B no se encuentra moralmente justificado a llevar adelante su investigación, aun suponiendo que, al igual que A, B sabe que ese curso de acción es el mejor desde la perspectiva moral. Para ello sostuvimos que, si dicho agente decidiera actuar sobre la base de sus creencias fácticas y morales estaría violando su compromiso con un deber moral básico, que es el de reconocer a los posibles afectados como agentes morales plenos, no reducibles a meros instrumentos para la realización de sus propósitos.

En la sección 3 analizamos dos objeciones contra la interpretación propuesta del ejemplo de los científicos. Como estrategia de respuesta, se sostuvo que la primera objeción constituye una suerte de versión moral de la concepción conocida en epistemología como IP. Se intentó demostrar que, si la interpretación del caso de los científicos que se defendió en la sección 2 resulta plausible, funciona a la vez como un contraejemplo de los presupuestos involucrados en IP cuando es aplicada al campo moral. Como sostuvimos, el caso del científico B permite mostrar que puede existir una brecha entre saber faliblemente que un curso de acción es el correcto y estar moralmente justifi-cado a actuar sobre la base de tal creencia. Ello se debería, en gran medida, a que el factor por el cual el agente concluye que debe abstenerse de actuar, es decir, el costo para el bienestar de terceros en caso de error, no tiene –ni debería tener– impacto sobre el grado de convicción con que el agente suscribe sus creencias acerca de cómo debería actuar. Como consecuencia de ello, B podría mantener su pretensión de que sabe que sus creencias son las correctas, aunque no se encuentre justificado a actuar tomándolas como premisa. Se analizaron también otras consecuencias problemáticas desde una perspectiva moral de suscribir IP y los principios PCA y PCA-M. Tomando como punto de partida un ejemplo originalmente propuesto por Gaus, se sostuvo que en algunos casos no resultaba plausible esperar que un sujeto sea capaz de dejar de suscribir sus creencias o su conocimiento, a pesar de no estar dispuesto a actuar tomándolo como premisa en un contexto de decisión específico. El agente podría decidir no actuar sobre la base de sus creencias o su conocimiento, lo que depende de su voluntad, pero dado que creer que p o saber que p no son actos voluntarios, no estaría en condiciones de decidir dejar de creer p o de afirmar que sabe que p. También se sostuvo que el compromiso con los principios PCA y PCA-M pueden conducir, en primer lugar, a supeditar la capacidad de los agentes para cumplir con lo que consideran sus obligaciones morales a factores contingentes que no deberían tener esa injerencia y, en segundo lugar, a una forma de contextualismo difícilmente defendible, dado que conduce a juicios contradictorios.

En el caso de la segunda objeción se intentó demostrar que ella depende de presuponer un modelo de relación entre la justificación de creencias acerca de cómo se debe actuar y la justificación moral de la acción que no se aplica a contextos como aquel en que se encuentra el científico B. Cuando el costo del error es muy bajo o las acciones de un agente no afectan a terceros o bien este se encuentra autorizado a decidir por los afectados, existe una suerte de identidad funcional entre el conocimiento moral y la justificación moral de la acción. Se subrayó el hecho de que las razones por las cuales se disuelve la referida identidad funcional dependen de la injerencia de consideraciones morales básicas, de modo que no puede concluirse que las razones que tiene el científico B para abstenerse de actuar sobre la base de sus creencias no poseen también dicho estatus.

 

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1 Me refiero al papel que juega dicho contraste en el contextualismo, el invariantismo sensible al sujeto (Subject-Sensitive Invariantism) y la injerencia pragmática (Pragmatic Encroachment). En relación con el contextualismo, cf. Hookway, C., "The Presidential Address: Questions of Context", en: Proceedings of the Aristotelian Society, v. XCVI, 1 (1996), pp. 1–16; Cohen, S., "Knowledge and Context", en: The Journal of Philosophy, 83 (1986), pp. 574–583; "Contextualist Solutions to Epistemological Problems: Skepticism, Gettier, and the Lottery", en: Australasian Journal of Philosophy, v. LXXVI, 2 (1988), pp. 289–306; "Contextualism Defended" y "Contextualism Defended Some More", en: M. Steup y E. Sosa (eds.), Contemporary Debates in Epistemology, Malden: Blackwell, 2005, pp. 56–62 y pp. 67–71; DeRose, K., "Contextualism and Knowledge Attributions", en: Philosophy and Phenomenological Research, v. LII, 4 (1992), pp. 913-929; "Contextualism: An Explanation and Defense," en: Greco, J. y E. Sosa (eds.), The Blackwell Guide to Epistemology, Malden: Blackwell, 1999, pp. 185–203; y The Case for Contextualism: Knowledge, Skepticism, and Context, v. I, Oxford: Clarendon Press, 2009. En el caso del invariantismo sensible al sujeto, cf. Hawthorne, J., Knowledge and Lotteries, Nueva York: Oxford University Press, 2004; Stanley, J., "On the Linguistic Basis for Contextualism", en: Philosophical Studies, CXIX, 1-2 (2004), pp. 119–146; y "Fallibilism and Concessive Knowledge Attributions", en: Analysis, v. LXV, 2 (2005), pp. 126–31; Knowledge and Practical Interests, Nueva York: Oxford University Press, 2005. En relación con la injerencia pragmática, cf. Fantl, J., y McGrath, M., "Evidence, Pragmatics, and Justification", en: The Philosophical Review, 111 (2002), pp. 67–94; "On Pragmatic Encroachment in Epistemology", en: Philosophy and Phenomenological Research, v. LXXV, 3 (2007), pp. 558–589; Knowledge in an Uncertain World, Nueva York: Oxford University Press, 2009; y "Practical Matters Affect Whether You Know", en: Steup, J., Turri, y E., Sosa (eds.), Contemporary Debates in Epistemology, Malden: Wiley-Blackwell, 2014, pp. 84-95. En el presente artículo nos centraremos en el tratamiento del problema en la última posición mencionada, la injerencia pragmática.

2 Cf. Conee, E. y R. Feldman, Evidentialism, Oxford: Oxford University Press, 2005.

3 Vamos a asumir como hipótesis que alguna variante del cognitivismo moral es defendible.

4 Es decir, que A y B comparten un mismo juicio moral que los motiva a actuar. Ese juicio es que tienen la obligación de llevar adelante sus investigaciones y los peligrosos experimentos que involucran porque el resultado previsible de dicha acción será una mejora significativa en el bienestar de los afectados. Se trata de una de las ideas morales intuitivas fundamentales que se encuentran a la base del consecuencialismo y, en particular, del utilitarismo. Supongamos que un sujeto, S, tiene dos cursos de acción disponibles, C1 y C2. C1 consiste en realizar la acción X, y C2 equivale a abstenerse de realizar la misma acción X. S tiene la obligación de realizar la acción que produce la cantidad neta mayor de bienestar de los afectados (incluyendo a S, por supuesto). Si realizar la acción X producirá un incremento mayor en el bienestar de los afectados que abstenerse de realizar X, debe optar por el primer curso de acción, C1, en lugar de escoger C2. Retomando el ejemplo, los dos científicos tienen, al menos en principio, la obligación de avanzar en sus investigaciones, dado que ello redundará en un incremento en el nivel de bienestar de los afectados, superior al que resultaría de abstenerse de hacerlo. Por supuesto, como veremos, la idea que intenta ilustrar el ejemplo, es que la magnitud del costo del error también juega un papel significativo en la deliberación acerca de cómo deben actuar efectivamente los sujetos que puede cancelar la obligación de actuar que deriva de su conocimiento moral.

5 Es necesario aclarar que no estamos partiendo del supuesto de que A y B disponen de los mismos conocimientos fáticos y morales. Por supuesto, disponen de la misma evidencia para creer que su investigación tendrá éxito y producirá los efectos esperados sobre el bienestar de los afectados y las mismas razones para creer que tales resultados son moralmente deseables. Un defensor de IP podría aceptar esa hipótesis. Lo que rechazaría es la tesis de que por el hecho de que A y B dispongan de la misma evidencia y razones para creer que las proposiciones mencionadas son verdaderas, entonces, o bien ambos saben que son verdaderas o bien ninguno de ellos dispone de ese conocimiento. Esto es lo que afirmaría un evidencialista. Nuestro propósito en la presente sección, como veremos, es defender la idea de que aun cuando supusiéramos que A y B saben que seguir adelante con su proyecto de investigación es el mejor curso de acción, solo uno de ellos, A, está moralmente justificado a actuar sobre la base de ese conocimiento.

6 Cf. Fantl, J. y McGrath, M., "On Pragmatic Encroachment in Epistemology", p. 558.

7 Cf. Stanley, J., Knowledge and Practical Interests.

8 Cf. Conee, E. y Feldman, R., Evidentialism, o.c., p. 83.

9 Cf. Fantl, J., y McGrath, M., "Evidence, Pragmatics, and Justification", p. 68.

10 Ibid., p. 78.

11 Cf. Fantl, J., y M. McGrath, "Practical Matters Affect Whether You Know", p. 87.

12 Reed, B., "Practical Matters Do Not Affect Whether You Know", en: Steup, M., Turri, J., y E. Sosa, Contemporary Debates in Epistemology, Malden: Wiley-Blackwell, 2005, pp. 95-106, p. 101.

13 Para una crítica similar, cf. Brown, J., "Subject-Sensitive Invariantism and the Knowledge Norm for Practical Reasoning", en: Nous, v. XLII, 2 (2008), pp. 167-189 y Kvanvig J., "Against Pragmatic Encroachment", en: Logos & Episteme, v. II, 1 (2011), pp. 77-85.

14 Cf. Gaus, G.F., "The Rational, the Reasonable and Justification", en: The Journal of Political Philosophy, v. III, 3 (1995), pp. 234-258.

15 Ibid, p. 242.

16 Cf. Williams, B., "Deciding to Believe", en: Problems of the Self, Cambridge: Cambridge University Press, 1973, pp. 136-151.

17 Cf. Bratman, M., "Practical Reasoning and Acceptance in a Context", en: Mind, v. CI, 401 (1992), pp. 3-4; y Engel, P., "Believing, Holding True, and Accepting", en: Philosophical Explorations, v. I, 2 (1998), pp. 143-144.

18 Cf. ibid.

19 Agradezco esta objeción a uno de los evaluadores anónimos de la revista Areté.

20 Reed llega una conclusión similar acerca de PCA sobre la base de una variación del ejemplo del experimento sobre el efecto del estrés sobre la memoria. Cf. Reed, B., "Resisting Encroachment", en: Philosophy and Phenomenological Research, v. LXXXV, 2 (2012), p. 467.

 

Recibido: 02/04/2017

Aceptado: 04/04/2018

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