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INTRODUCCION
La violencia sexual es un agravio con repercusiones psicológicas, físicas, sociales y económicas, siendo una problemática de salud pública. En la actualidad son las mujeres y menores de edad los que estadísticamente se verían más afectados directamente, sin embargo, las repercusiones alcanzarían a la comunidad y sociedad en general. La violencia sexual es definida por la Organización Mundial de la Salud / Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) 1 como:
“Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción de otra persona…También puede haber violencia sexual si la persona no está en condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo, cuando está ebria, bajo los efectos de un estupefaciente, dormida o mentalmente incapacitada”.
La Ley N°30364 del Perú 2 define la violencia sexual en el artículo 8 como: “… Acciones de naturaleza sexual cometidos hacia una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración, contacto físico. También la exposición a material pornográfico que vulneren el derecho de la persona sobre las decisiones de su vida sexual a través de amenazas o intimidación”.
Lamentablemente la violencia sexual no es un hecho aislado, sino un hecho recurrente a nivel mundial, teniendo una cifra alarmante, de que: “Una de cada cinco mujeres, y uno de cada trece varones ha referido haber vivido abusos sexuales durante su infancia”3.
El Perú se encontraría en el tercer lugar a nivel mundial en incidencia de violencia sexual según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, ubicado sólo después de Bangladesh y Etiopía 4.
Dentro del Perú, según un informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú de marzo del 2016 a agosto del 2017, Lima se ubicaría como el departamento con mayor incidencia de maltrato y ofensa sexual, y en segundo lugar se encontraría el departamento de la Libertad. Además, la tasa de incidencia de maltrato y ofensa sexual habría aumentado del 2016 al 2017, de una tasa de 1,4 a 1,7 por cada 100 habitantes de 15 a más años 5.
Esta problemática multidimensional estaría asociada a relaciones de género inequitativas, que refuerzan el abuso de poder de varones sobre las mujeres y menores de edad; según un reporte del diario El Comercio 6, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha indicado que las niñas y adolescentes mujeres integrarían el 70% de las víctimas de violencia sexual en el Perú.
Según el Anuario estadístico de la Policía Nacional del Perú 7, este delito es bastante reiterativo en nuestro país, sin considerar la cifra oculta, la violencia sexual se constituiría como el quinto delito más frecuente en el Perú durante el año 2016, siendo las mujeres el 93% de las víctimas.
Un estudio documental realizado en Brasil por Bastos y Costa 8, mostró la caracterización de las víctimas de violencia sexual por ofensores adolescentes denunciados entre los años 2003 y 2006, encontrando que las víctimas fueron en su mayoría mujeres de entre 10 y 14 años quienes habrían vivido con el ofensor, siendo principalmente los ofensores sus hermanos, sobrinos o primos. Mientras que las víctimas de 5 y 9 años de ofensores adolescentes eran principalmente menores del sexo masculino. Además, en la mayoría de los casos hasta los 9 años los ofensores estarían principalmente en el ámbito intrafamiliar, y después de esa edad los ofensores estarían sobre todo en el ámbito extrafamiliar.
Si bien aún es necesaria la investigación sobre la cifra real actual de violencia sexual en el Perú, algunos estudios nos dan algunos datos de esta problemática. En un estudio realizado por Rodríguez S. 9 en el 2016 sobre violencia familiar y autoestima en una muestra de 405 estudiantes del Distrito de Ventanilla, encontró que el 28% de los estudiantes evaluados viviría violencia sexual.
Con respecto a los casos intervenidos por los Centros de Emergencia Mujer de enero a junio del 2021, se han registrado 10 266 casos de violencia sexual a nivel nacional, donde 94% de las víctimas serian mujeres y 6% serian varones. De estos el 69% fueron menores de 0 a 17 años, y 30% serian de 18 a 59 años, y 14% de las víctimas fueron agredidas por desconocidos 10.
Los centros de emergencia mujer dividen la violencia sexual en las siguientes categorías: 1) hostigamiento sexual, 2) acoso sexual en espacios públicos, 3) violación sexual, 4) actos contra el pudor, 5) trata con fines de explotación sexual, 6) pornografía, 7) violación sexual mediante engaño, 8) exhibiciones y publicaciones obscenas, 9) proposiciones a menores con fines sexuales por medios tecnológicos, 10)acoso sexual, 11) chantaje sexual, 12) difusión de materiales con contenido sexual, 13) tocamientos o actos de connotación sexual sin consentimiento, y 14) tocamientos, actos de connotación sexual en agravio de menores 11.
En su boletín estadístico el MIMP indica que el 46% de los casos de violencia sexual atendidos correspondería a casos de violación sexual, mientras que 34% serian actos contra el pudor 10.
El impacto de la violencia sexual
El impacto de la violencia sexual sería amplio en las personas: “Es importante resaltar que la afectación y el daño físico, psicológico y emocional tienen un impacto a nivel individual pero también a nivel comunitario y nacional. Este impacto varía por diversos factores, entre los que se encuentran: el soporte social frente al evento de agresión sexual, la edad del suceso, el tipo de abuso o violación sexual y la intervención que reciba la persona agredida por el evento. Dentro del impacto a nivel individual, se tienen las consecuencias psicológicas y físicas” 12.
Dentro de las formas de violencia sexual se tiene al abuso sexual infantil (ASI). “Este tipo de abuso sexual puede perdurar años hasta su completo cese, entendimiento y atención, llegando a tener un impacto psicológico crónico” 13. Muchas veces quedando bloqueado o sin entenderse el suceso o evento traumático. Según Sarasua et al. 13, de la revisión del metaanálisis de Pereda et al. 14 realizada el año 2009, “la prevalencia de abuso sexual en menores a nivel internacional sería de 7% en los niños y 19% en niñas”.
Entre las consecuencias de la violencia sexual en menores, Falconi G. 15 describe que “las consecuencias en menores de 3 a 12 años estarían ligadas a alteración en sueño, perdida en control de esfínteres, autolesiones, rendimiento académico deficiente, sentimientos como vergüenza, desconfianza y rencor, conducta sexual precoz, trastorno de estrés post traumático y en ocasione problemas de identidad sexual; y en los menores de 13 a 17 años, el impacto estaría vinculado con problemas en su esfera sexual, depresión, autolesiones, estrés post traumático, hipocondría, trastornos de somatización y disociativos”.
Entre las reacciones emocionales producto de la violencia sexual, según la National Sexual Violence Resource Center 16, “las reacciones emocionales vinculadas a un evento traumático de violencia sexual estarían asociados a sentimientos de autoinculpación, pena, vergüenza, ansiedad, inseguridad, fragilidad, ensimismamiento, cólera, confusión y negación”.
Asimismo, entre las reacciones psicológicas se encontrarían “las pesadillas, recuerdos, depresión, dificultad para concentrarse, trastornos alimentarios, uso de drogas, fobias y baja autoestima. Además, entre las reacciones físicas estarían los riesgos en cambios en patrones de alimentación o sueño, incremento de susceptibilidad, inseguridad personal, preocupación por embarazos o contracción de ITS/VIH 16”.
Por su parte, para otros autores, las consecuencias de la violencia sexual impactarían en la autodeterminación, la autovaloración, la productividad, cuan saludables se encuentre la persona, embarazos no deseados, vulnerabilidad a enfermedades; entre las consecuencias psicológicas resalta los suicidios, la depresión, problemas en el manejo de la ansiedad, trastornos de sueño y alimenticios, problemas en el consumo de drogas, aislamiento y disfunciones sexuales 17.
Sobre el impacto de la violencia sexual en términos económicos y sociales, la National Sexual Violence Resource Center menciona que “es importante reconocer que el impacto de la violencia sexual se extendería a la sociedad, en este sentido se incrementaría en las comunidades los sentimientos de miedo, ira, así como se debilitaría el tejido social que perturbaría el bienestar comunitario, reportándose un gasto en materia de salud y justicia. El costo del crimen reportado a las víctimas sería de un aproximado de 450 billones de dólares por año en EE. UU., siendo la violación además considerada el crimen con más costo con alrededor de 127 millones de dólares anuales de gasto total 16”.
La acción de las instituciones
En un trabajo previo realizado referí que, “frente a esta problemática existen diversas formas de actuación por parte de los estados, que requerirían de una intervención multisectorial. Al ser una problemática que afecta en primer lugar a las mujeres, diversos marcos legales y normativos para la eliminación de la violencia hacia la mujer incluyen la eliminación de la violencia sexual. Entre los compromisos internacionales más resaltantes se encuentra la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Belem do Para, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y también la Declaración y plataforma de acción de Beijing. Estos marcos internacionales y compromisos han sido asumidos por el Estado Peruano” 12.
A pesar de que estos marcos explícitos que incitan y ponen énfasis en la atención de la violencia sexual aún se tienen considerables desfases en la implementación de acciones y estrategias que reduzcan y atiendan apropiadamente los casos de violencia sexual en el Perú.
Los avances más considerables en la región estarían referidos a la tipificación del delito de la violencia sexual, en el pasado este se consideró como un delito moral, el mismo que en la actualidad en muchos países ya es considerado como un delito penal. Un referente importante notable lo constituyó la Ley María da Penha 18, ley de violencia doméstica en Brasil 2006, que define la violencia sexual como un crimen, esta ley es considerada un referente de ley para eliminar la violencia hacia las mujeres. Con respecto a las medidas de intervención frente a las denuncias de violencia sexual, ha habido avances, normativas anteriores cuestionaban a la víctima, interrogando su historia sexual, conducta durante la agresión, lo que ha sido eliminado en muchos casos, así como se ha incorporado la violación intramatrimonial punible penalmente. En el pasado, en algunos países los violadores anulaban su pena si se casaban con la agredida, sin embargo, esta medida ya ha sido eliminada en países como Argentina, Perú y Uruguay 18.
Sin embargo, aún se requieren avances en las leyes de violencia sexual, aún este delito, en varios marcos penales es ubicado en el marco de la ley doméstica y familiar, leyes que tienen como prioridad la protección de la familia, por sobre los derechos de las mujeres a recibir justicia. Aunque resulte difícil creerlo, aún existen países que absuelven al agresor si se casa con la agredida, y consideran que niños y niñas pueden consentir un coito sexual. Así como, se persiste en muchos países el negar el aborto a quienes han vivido violencia sexual 18.
En estos casos, es fundamental la protección de las personas que han vivido formas de violencia sexual para evitar que vuelvan a vivir un evento similar o sean revictimizadas por el sistema de intervención de los estados. Entre las medidas de intervención se encuentran las medidas de protección para evitar el acercamiento y nueva agresión de los implicados en estos delitos hacia las personas denunciantes. Como referencia, según estudios como el de Mondragón 19, las medidas de protección tendrían un impacto positivo en el 80% de casos de violencia de tipo familiar en Tarapoto, lo que nos daría una idea de su importancia.
En cuanto a la prevención de este tipo de delitos, es importante el reconocimiento de esta problemática, sus formas de presentación, los factores de riesgo, y el fortalecimiento de las competencias comunitarias, familiares e individuales para el desarrollo de una salud mental que prevenga este tipo de violencia y promueva el ejercicio de una sexualidad saludable.
Las personas que agredirían sexualmente serian personas cuyos hogares estarían caracterizados por eventos de violencia física, psicológica o sexual, con consumo de bebidas alcohólicas y antecedentes con la justicia, con un inadecuado manejo de normas, límites y castigos 15. Considerando esto, es fundamental priorizar la solución de estos problemas y tener en consideración esto en el momento de focalizar la intervención preventiva de la violencia sexual, para el cuidado de la dignidad, integridad física y mental de las personas. También, es importante la capacitación de esta temática en las instituciones responsables de prevenir este tipo de violencia, así como desarrollar instituciones educativas que prevengan estos delitos, y desarrollar mecanismos de protección en los niños, niñas y adolescentes, así como en las mujeres que les permitan prevenir y de ser necesario, frente a hechos de violencia, procesar este tipo de eventos para evitar consecuencias en su salud física y mental 15.
Igualmente, es sustancial que para la intervención y prevención se involucre la acción estrecha de los sectores de salud y educación, que reconozcan entre otros, las diferencias entre los eventos de violencia sexual que suceden en el ámbito intrafamiliar de los que suceden en el ámbito extrafamiliar, de acuerdo con esta diferencia la intervención deberá ser distinta y especializada, siempre promoviendo la vigilancia y acompañamiento activos de las figuras parentales hacia los menores 8.
Desde la intervención en salud mental es importante el diseño y la implementación de programas que intervengan específicamente en la problemática que viven las personas afectadas por violencia sexual. Para que esto se de en forma óptima es necesario el desarrollo de estudios del impacto de estos diseños de intervención. En un estudio muestra lo es el realizado en España, donde se evaluó el impacto de un tratamiento psicológico a mujeres adultas que habían vivido abuso sexual en la infancia, siendo atendidas en el Centro de Asistencia Psicológica para Víctimas de Violencia Sexual 13. Con una muestra que abarcó 131 mujeres, que fueron evaluadas durante un año para evidenciar el impacto de la intervención. La aplicación de la intervención fue la terapia cognitivo conductual, constando de doce sesiones de una hora de duración, durante alrededor de tres meses. El programa de tratamiento abarcó aspectos motivacionales, catarsis emocional, intervención psicoeducativa, reevaluación cognitiva y el entrenamiento de habilidades de afrontamiento. Los resultados fueron resaltantes, la tasa de éxito al trastorno de estrés post traumático fue de 90%, a la conducta de evitación sexual fue de 81% y a la desaparición del malestar fue de 64%.
Este es un ejemplo de la ejecución de una intervención para la atención de personas que han vivido este tipo de violencia. Por otro lado, para la prevención de la violencia sexual es necesaria ejecución de intervenciones efectivas también respaldadas en investigaciones. En este sentido, para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), es necesario políticas integrales con múltiples acciones coordinadas, no bastaría con una política única, es necesaria la coordinación integral en instituciones educativas, el sistema de salud, judicial, y policial para intervenir y prevenir la violencia sexual 20. En Perú, son el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio del Interior-Policial Nacional, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y los gobiernos locales, provinciales y regionales, las instancias principales de atención y prevención de la violencia sexual.
Los centros de atención de emergencia mujer son las principales instancias de atención de casos de violencia sexual, especializados y gratuitos. Estos centros están integrados por profesionales de diferentes disciplinas para la atención de víctimas de violencia familiar y sexual. Es importante anotar que cuentan con abogados, psicólogos y trabajadores sociales que intervienen este tipo de casos, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, y el Poder Judicial, este servicio atiende tanto a adultos como a menores de edad, acompañándolas en todo el proceso de protección, recuperación y sanción 21.
Un estudio realizado por Aguirre C. 22 sobre los Centros de Emergencia Mujer, ha evidenciado que una gestión por resultados, así como con mayor inversión, ambos en su conjunto han colaborado a la reducción de la presencia de la violencia familiar y sexual en el Perú en el rango de tiempo del 2003 al 2009. En este sentido es importante tomar esto en consideración para orientar la dirección e inversión en las políticas públicas referidas.
Para Médicos Sin Fronteras 23, “La asistencia médica es de vital importancia tras una violación sexual, para la prevención de VIH, así como la contracepción, a pesar de ello, indican que el servicio sanitario es bastante restringido, precario o nulo, lo que hace difícil el encuentro de justicia y apoyo. En este sentido, para esta institución un paquete completo de atención tendría que incluir atención médica, psicológica, certificación médico legal y manejo de información para una atención óptima.
CONCLUSIONES
Se reconoce por evidencia estadística que son las mujeres y las menores de edad las principales afectadas por la violencia sexual, y que la violencia sexual es cometida principalmente por varones, esto sucedería así no sólo en Perú sino a nivel mundial.
El impacto de la violencia sexual no afectaría sólo a nivel individual, sino que afectaría a la sociedad, más aún si esta no es tratada y abordada para recuperar la estabilidad personal, familiar y comunitaria resquebrajada. En términos económicos, en el Perú la ofensa sexual se ubicaría en el quinto lugar de crímenes más comunes según estadísticas de la Policía Nacional del Perú, y según estudios realizados por el Departamento de Justicia de EE. UU. este sería uno de los crímenes más costosos por los gastos en salud, justica, la productividad y el empleo que acarrearía, lo que justificaría una atención prioritaria por parte de los Estados.
El Perú se ubicaría entre uno de los países con mayor incidencia de violencia sexual en el mundo según estudios de la OMS, lo que nos hablaría de la importancia de desarrollar políticas preventivas de la violencia sexual en el país. En este sentido, recogiéndose sugerencias de UNICEF sería fundamental fortalecer la integración entre los sectores intervinientes. Siendo una problemática de salud pública, se hace necesaria la mejora de los servicios de salud, para que estos prevengan esta problemática en alianza con los sectores intervinientes en el Perú como lo son las instituciones educativas.
En base a la caracterización de tanto víctimas como agresores se requieren políticas en salud integrales, de comprobada eficiencia y específicas para prevenir e intervenir esta problemática en nuestro país.
Finalmente: “Poco se habla del nivel de reincidencia en nuestro país, por lo que hacer una evaluación de ello sería importante, así como proyectos para su prevención, y la evaluación de la aplicación de penas más drásticas para los casos de violencia sexual.
Aun un reducido número de casos de violencia sexual son denunciados, lo que es también muy importante de mejorar, desde una mayor sensibilización y concientización sobre la importancia de denunciar hasta un fortalecimiento de la autovaloración y conciencia de los derechos de las mujeres, y menores de edad. En este sentido, aún se requiere el fortalecimiento de capacidades para la intervención de esta problemática a nivel de todos los sectores involucrados según su competencia” 12.
