Sr. Editor,
La pandemia por la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-2019) ha golpeado a Latinoamérica desde finales del mes de febrero, cuando se reportó el primer caso en Brasil, y ahora se está extendiendo a las comunidades indígenas rurales de la región, donde habitan aproximadamente 42 millones de personas. El 80 % de esta población se concentra en Bolivia, Guatemala, México y Perú. Históricamente, las comunidades indígenas rurales han encontrado los obstáculos más marcados para acceder a servicios de salud debido a la profunda discriminación que sufren basada en el origen étnico, la pobreza y el idioma (1. En Perú, el 61% de estas comunidades carece de un establecimiento de salud en sus territorios, por lo que, ante un eventual contagio por SARS-CoV-2, el riesgo a la salud pública en indígenas es mayor. Ellos integran uno de los sectores con menos acceso a los servicios básicos: el 48% tiene conexión a un sistema de desagüe, más del 30% no cuenta con agua potable permanente y de calidad, y el 75 % no tiene acceso a servicios de salud 2. Además, en ciertas regiones existe una alta prevalencia de enfermedades como el dengue y la malaria, cuya salud de dichos pobladores podría agravarse ante un eventual contagio por el nuevo coronavirus 3.
El 18 de marzo, el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó al primer caso de COVID-19 en una persona de origen indígena en la región San Martín. Se trataba de un líder de las comunidades de los ríos Corrientes, Marañón, Tigre y Pastaza, que había regresado a Lima proveniente de Holanda 2. Hasta fines de mayo, se han reportado casos por COVID-19 en las diferentes comunidades indígenas, registrando 218 casos positivos y dos fallecidos en la región Loreto; en dicho reporte no están los 600 casos sospechosos que reportan de la comunidad Pucacuro, de la etnia Achuar, donde el 90% de la población presentaba síntomas de la enfermedad 4. Debemos recordar que la etnia Achuar presenta 94 comunidades, de las cuales 48 afirmaron tener establecimientos de salud 5. También se han reportado 17 casos en la comunidad de Santa Teresita, de etnia Yine 4, la cual cuenta con 30 comunidades y 13 de ellas tienen establecimientos para la atención de salud 5. Para el 25 de mayo, los casos y muertes de COVID-19 habían disminuido en Iquitos, región Loreto; sin embargo, aumentaban en áreas remotas accesibles solo por río o avioneta. Se estaba reforzando al personal sanitario y coordinando con personal militar para la entrega de fármacos, oxígeno y otros suministros a los centros de salud en los ríos Marañón, Corrientes y Tigre, donde gran parte de la población es indígena 6. Hasta el 11 de junio, se reportaron casos de COVID-19 en comunidades indígenas de la región Ucayali, mostrando 456 casos positivos y 22 fallecidos 7, algunos de ellos se muestran en la tabla 1.
Proteger a los pueblos indígenas y tradicionales de COVID-19, al reconocer su mayor riesgo y actuar en consecuencia, protegerá la salud pública de todos los peruanos. Portavoces están haciendo hincapié en que las necesidades de bienestar social y ambiental de todas las comunidades deben priorizarse como parte de la solución COVID-19 y que las respuestas no pueden separarse de las necesidades sociales. La pandemia también ha dejado en claro las deficiencias de las relaciones entre los pueblos indígenas y los gobiernos regionales y nacional, revelando una brecha de gobernanza que es difícil de ignorar. Pero a pesar de estas condiciones hostiles, la interrupción de la crisis COVID-19 abre nuevas oportunidades para el cambio de políticas públicas.