Sr. Editor,

La pandemia por la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-2019) ha golpeado a Latinoamérica desde finales del mes de febrero, cuando se reportó el primer caso en Brasil, y ahora se está extendiendo a las comunidades indígenas rurales de la región, donde habitan aproximadamente 42 millones de personas. El 80 % de esta población se concentra en Bolivia, Guatemala, México y Perú. Históricamente, las comunidades indígenas rurales han encontrado los obstáculos más marcados para acceder a servicios de salud debido a la profunda discriminación que sufren basada en el origen étnico, la pobreza y el idioma ⁽¹. En Perú, el 61% de estas comunidades carece de un establecimiento de salud en sus territorios, por lo que, ante un eventual contagio por SARS-CoV-2, el riesgo a la salud pública en indígenas es mayor. Ellos integran uno de los sectores con menos acceso a los servicios básicos: el 48% tiene conexión a un sistema de desagüe, más del 30% no cuenta con agua potable permanente y de calidad, y el 75 % no tiene acceso a servicios de salud ². Además, en ciertas regiones existe una alta prevalencia de enfermedades como el dengue y la malaria, cuya salud de dichos pobladores podría agravarse ante un eventual contagio por el nuevo coronavirus ³.

El 18 de marzo, el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó al primer caso de COVID-19 en una persona de origen indígena en la región San Martín. Se trataba de un líder de las comunidades de los ríos Corrientes, Marañón, Tigre y Pastaza, que había regresado a Lima proveniente de Holanda ². Hasta fines de mayo, se han reportado casos por COVID-19 en las diferentes comunidades indígenas, registrando 218 casos positivos y dos fallecidos en la región Loreto; en dicho reporte no están los 600 casos sospechosos que reportan de la comunidad Pucacuro, de la etnia Achuar, donde el 90% de la población presentaba síntomas de la enfermedad ⁴. Debemos recordar que la etnia Achuar presenta 94 comunidades, de las cuales 48 afirmaron tener establecimientos de salud ⁵. También se han reportado 17 casos en la comunidad de Santa Teresita, de etnia Yine ⁴, la cual cuenta con 30 comunidades y 13 de ellas tienen establecimientos para la atención de salud ⁵. Para el 25 de mayo, los casos y muertes de COVID-19 habían disminuido en Iquitos, región Loreto; sin embargo, aumentaban en áreas remotas accesibles solo por río o avioneta. Se estaba reforzando al personal sanitario y coordinando con personal militar para la entrega de fármacos, oxígeno y otros suministros a los centros de salud en los ríos Marañón, Corrientes y Tigre, donde gran parte de la población es indígena ⁶. Hasta el 11 de junio, se reportaron casos de COVID-19 en comunidades indígenas de la región Ucayali, mostrando 456 casos positivos y 22 fallecidos ⁷, algunos de ellos se muestran en la tabla 1.

Tabla 1 Casos, fallecidos e índice de letalidad por COVID-19 en algunas comunidades indígenas de la región Ucayali, hasta el 11 de junio 2020. 

Proteger a los pueblos indígenas y tradicionales de COVID-19, al reconocer su mayor riesgo y actuar en consecuencia, protegerá la salud pública de todos los peruanos. Portavoces están haciendo hincapié en que las necesidades de bienestar social y ambiental de todas las comunidades deben priorizarse como parte de la solución COVID-19 y que las respuestas no pueden separarse de las necesidades sociales. La pandemia también ha dejado en claro las deficiencias de las relaciones entre los pueblos indígenas y los gobiernos regionales y nacional, revelando una brecha de gobernanza que es difícil de ignorar. Pero a pesar de estas condiciones hostiles, la interrupción de la crisis COVID-19 abre nuevas oportunidades para el cambio de políticas públicas.