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INTRODUCCIÓN
Por más de veinte años, Venezuela ha estado inmersa en una crisis política y de gobernabilidad. Ello obedece al surgimiento y consolidación de un régimen encabezado por Hugo Chávez, quien en 1998 accedió al poder por la vía electoral, pero que poco a poco desmontó la institucionalidad democrática vigente desde 1958 (Cañizález, 2022).
El país fue, inicialmente, uno de los grandes beneficiados por el boom de las materias primas entre 2001 y 2012, debido a los elevados precios del petróleo. A modo de ilustración, Venezuela en esos años fue el país que registró la mejora más abrupta del Índice de Precios de Materias Primas (Gruss, 2014).
El fin de esta etapa coincidió con la muerte del presidente Hugo Chávez y el ascenso de su sucesor, Nicolás Maduro, quien gobierna desde 2013. En 2014 y 2017 se produjeron dos ciclos de protestas que buscaban la salida del poder del presidente. Las protestas de 2014 se iniciaron a partir de una manifestación en la Universidad del Táchira, en los Andes venezolanos. Estas protestas dejaron como saldo 43 muertos y más de 800 heridos.
Posteriormente, en 2017, el país volvió a protestar, debido a dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que declararon a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, en desacato. Se produjeron 6743 protestas entre abril y julio, las cuales trajeron consigo 163 fallecidos.
En el plano económico, la gestión de Maduro mantuvo las políticas de Chávez, funda- mentadas en el férreo control del Estado sobre la economía. Esto produjo una elevada inflación, la depreciación del bolívar y la escasez de prácticamente todos los productos de la canasta básica alimentaria familiar.
En su descripción de la crisis venezolana, Moisés Naim y Francisco Ford señalaban:
En los últimos dos años, Venezuela ha vivido ese tipo de implosión que casi nunca ocurre en un país de renta media a menos que haya una guerra: las tasas de mortalidad se disparan; los servicios públicos se desmoronan uno tras otro; la inflación de tres cifras ha sumido a más del 70 % de la población en la pobreza; una oleada de crimen incontrolable obliga a la gente a permanecer encerrada en sus casas; los consumidores tienen que hacer cuatro o cinco horas de cola para comprar; los recién nacidos, y también los ancianos y enfermos crónicos, mueren por la falta de medicamentos(Naim & Ford, 2016)
En el país, resulta muy difícil obtener estadísticas oficiales sobre casi todas las áreas. No obstante, las Encuestas de Condiciones de Vida (Encovi) realizadas por la Universidad Católica Andrés Bello dan cuenta de una situación dramática. Para el 2021, Venezuela superaba a Brasil como el país más desigual de América Latina. Además, la pobreza extrema envolvía aproximadamente al 70 % de la población. Para el 2022, el 81,5 % de los ciudadanos sufría pobreza de ingresos (Encovi, 2022).
La situación crítica y la emergencia humanitaria compleja continúan. En el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Venezuela tuvo la mayor prevalencia de subalimentación (22,9 %), es decir, 6,5 millones de personas. El hambre aumentó en Venezuela en 18,4 puntos porcentuales, es decir, 5 millones más de personas con hambre entre los períodos 2013-2015 y 2019-2021 (FAO, 2022).
González (2023) explica que en el país se produjo un empobrecimiento masivo, al tiempo que la caída de los ingresos fiscales generó un deterioro generalizado de la infraestructura de los servicios básicos del país, y también de los servicios sociales como salud y educación.
A partir de 2019, se dieron ciertos pasos para liberalizar la economía y desmontar el sistema de controles de precios y de cambio. No obstante, la precariedad de la calidad de vida de la población continua.
En el ámbito político, la situación no es mejor: el régimen ha experimentado un proceso de autocratización. Esto se intensificó después de la victoria opositora en las elecciones de la Asamblea Nacional en 2015, a través de la aprobación de leyes que limitaron la función legislativa.
En mayo del 2018 Maduro fue reelecto en un proceso que no tuvo las mínimas garantías electorales ni el reconocimiento de la comunidad internacional. La respuesta de la oposición fue la juramentación como presidente interino del entonces presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guardó. El argumento para ejecutar tal acción fue la declaración de la falta absoluta del presidente de la República (artículo 233 de la Constitución Nacional). Esta maniobra, apoyada por numerosos países de la región y los Estados Unidos, complicó aún más la situación del país, en tanto se trató de un gobierno sin poder político real ni control sobre el territorio venezolano.
Reyes (2022) expone que el interinato (como se denominó esta etapa en el país) constituía una medida provisional, pero pronto adoptó un carácter permanente, planteando su continuidad mientras Maduro estuviera en el poder. El desempeño del interinato y su fin en el 2022 obliga a una recomposición de la oposición, luego de la profundización de las fisuras entre los sectores radicales y moderados.
En el 2019, mediante la Resolución 42/25, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas designó una misión de determinación de hechos (fact-finding mission, FFM) para investigar si en el país se habían producido violaciones a los derechos humanos a partir del 2014. La FFM determinó que habían ocurrido violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos y crímenes coordinados con autoridades gubernamentales (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2020).
En el informe de la FFM correspondiente al 2022 se destacan: las violaciones de los derechos civiles y políticos, mediante la hegemonía comunicacional, las restricciones a los medios independientes, las violaciones a los derechos económicos y sociales, y la adopción de medidas unilaterales por parte del gobierno (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2022). El mandato de la FFM ha sido prorrogado hasta marzo del 2024.
Aveledo (2023) sostiene que la continuidad autoritaria dio un nuevo giro. Pasó de una represión masiva en los momentos más críticos a una práctica más focalizada, dirigida a líderes, organizaciones sociales y ciudadanos vinculados a la defensa de los derechos humanos, por lo que la crisis política se mantiene.
METODOLOGÍA
La migración es un fenómeno social complejo. Si bien hay una historia migratoria que tiene larga data, ciertamente es en las últimas décadas cuando comienza a complejizarse la mirada analítica. Luego de examinar a diversos investigadores del fenómeno migratorio, compartimos su reivindicación de los métodos cualitativos para el desarrollo del presente artículo académico.
En América Latina, por la complejidad y magnitud de la migración, la realidad conduce a aproximaciones cualitativas. Para la investigadora Susana Masseroni (2016) es importante considerar la subjetividad, incorporando entrevistas a individuos y grupos sobre sus procesos migratorios. Se indagada sobre las razones de las personas para irse de su país de origen, y cómo transcurren sus singulares experiencias personales al establecerse los migrantes en un país diferente al suyo (Ariza & Velasco, 2012).
De la migración fundamentalmente laboral, enfatizada antes por razones de estudio, se ha pasado a una trama mucho más compleja de razones, motivos y experiencias. Se han registrado cambios sustanciales en las políticas nacionales de recepción de foráneos, así como la aparición de países, como Venezuela, que expulsan a sus ciudadanos, en contextos de agudas crisis sociales, económicas o políticas. Junto a esto, la inserción en el territorio de acogida ocurre en diversas maneras. En este artículo nos enfocamos en los migrantes venezolanos en Perú y su experiencia en el acceso a la ciudadanía comunicacional, referida a las prácticas ciudadanas desde el ámbito comunicacional.
En este sentido, coincidimos con Contreras y Montecinos (2019) en que edificar la ciudadanía requiere que las personas interactúen en los medios de comunicación, dado el vínculo entre democracia e intervención ciudadana. El lapso entre que surgen los intereses y aspiraciones de los ciudadanos y su cobertura por los medios debe ser más corto y ágil. Nuestros hallazgos en las siguientes secciones se vinculan con los rasgos de esta definición, especialmente para el caso de la población migrante que nos ocupa.
Como cualquier fenómeno protagonizado por seres humanos, la migración es un proceso cambiante e interactivo: las consecuencias de ciertas dinámicas se convierten en la causa de otras. Para Masseroni, los impactos sociales se dan en ambos sentidos, tanto en la sociedad de origen como en la sociedad de acogida, por lo que amerita estudiar la migración desde distintas perspectivas.
La investigación cualitativa aplicada a la migración se sustenta sobre el constructivismo y la interpretación (Ariza & Velasco, 2016, p. 22). Un proceso social como la migración no se puede cuantificar, sino narrar, destacando lo particular de cada historia, de cada experiencia, de cada vivencia, como parte de la construcción del conocimiento sobre las migraciones.
Siguiendo con esta perspectiva, la investigación cualitativa combina métodos y no está asociada a un cuerpo teórico específico. Se caracteriza en realidad por la flexibilidad y, como señala Masseroni, a través de ella se recupera el contexto, humano, geográfico y documental como un valor para los estudios académicos. Se trata de ir al conocimiento en profundidad de los contextos de origen y acogida (Luque & Herrera, 2015); llegar a comprender los factores propios de cada realidad específica que influyeron en la vida de los migrantes, así como acercarse a fondo a las experiencias vitales y familiares de quienes emigran.
En el caso que nos ocupa, recurrimos a la técnica cualitativa del grupo focal por cuanto, además del testimonio personal que se buscaba recoger, como investigadores queríamos también generar una interacción entre los participantes. En la búsqueda de entrevistados, que habíamos definido inicialmente como periodistas venezolanos con experiencia profesional en su país de origen y migrados al Perú, nos encontramos con excepciones que decidimos no descartar: una periodista alemana que residió varios años en Venezuela y que habita en Perú por más de dos décadas, una venezolana hija de peruanos que habían emigrado a Venezuela y que regresaron a territorio peruano cuando se agudizó la crisis venezolana; y una joven venezolana que cursó su carrera universitaria de comunicación social en Perú y que luego ha hecho vida profesional en este país.
El guion de preguntas del grupo focal fue desarrollado en torno a dos temas: la experiencia de ciudadanía en Perú, y el rol de los medios de comunicación peruanos en la integración de los migrantes venezolanos en la sociedad peruana. El reclutamiento y la ejecución del grupo focal fueron llevados a cabo por los investigadores. Se utilizó la plataforma de videollamadas Zoom. El grupo focal se ejecutó el 20 de mayo del 2023. Estuvo integrado por siete comunicadores sociales, cuatro mujeres y tres hombres.
Presentaremos nuestros hallazgos en las secciones de ciudadanía y derechos políticos de los migrantes venezolanos en Perú, donde también expondremos las miradas periodísticas y percepciones ciudadanas sobre la migración venezolana. Las conclusiones se nutren de estos hallazgos y de las experiencias de grupo focal arriba descrito.
RESULTADOS
Ciudadanía y derechos políticos de los migrantes venezolanos en Perú
El fenómeno migratorio venezolano, que se hizo masivo desde 2015, se enmarca en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y una crisis humanitaria compleja, tal como señalamos en la introducción. Las cifras recogidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2022) dan cuenta de 7,13 millones de venezolanos emigrados hasta finales del 2022.
La Plataforma de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes Venezolanos RV4 (2023) sostiene que 6 095 464 de migrantes están en América Latina. De ellos, los países con mayor cantidad de migrantes son Colombia (2 477 588) y Perú (1 506 368).
Junto con el aumento del éxodo venezolano, la disposición a migrar se mantiene, sobre todo entre los jóvenes. Un 35 % de los ciudadanos menores de treinta años tiene planes de irse del país (Poder y Estrategia, 2023). Por eso, se espera que el fenómeno migratorio continúe en los próximos años, con los desafíos que implica desde el punto de vista de las políticas públicas y los procesos de integración en los países receptores.
Ante la magnitud del flujo migratorio, hasta el momento las iniciativas de coordinación subregional no han ofrecido respuestas oportunas a esta situación de emergencia.
En el 2019, la Oficina Internacional de Migraciones (OIM) creó la Oficina del Enviado Especial para la Respuesta Regional a la situación de Venezuela, que lidera la orga- nización y supervisión operativa para diecisiete países de América Latina y el Caribe. También operan bajo el Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes, trabajando de la mano con ACNUR y la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes.
Es importante señalar que la OIM y el ACNUR han enfatizado la necesidad de regularización de los migrantes provenientes de Venezuela como la mejor forma de integrarse en los países de acogida, ya sea como refugiados o como residentes.
Estas dos agencias han afirmado:
Diversas iniciativas en Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, así como la aplicación, en Argentina y Uruguay, del Acuerdo sobre residencia para nacionales de los Estados parte del MERCOSUR, han facilitado el acceso a derechos fundamentales y servicios básicos. Colombia ha otorgado el estatuto de protección temporal a más de 2,47 millones de personas, de las cuales, 1,6 millones ya cuentan con permiso de residencia. (ACNUR & OIM, 2023)
Los resultados del grupo focal permiten distinguir dos etapas muy marcadas en las políticas públicas y en la percepción de la sociedad peruana con respecto a la migración venezolana. La primera etapa se puede ubicar entre el 2013-2018, cinco años en los cuales los venezolanos fueron recibidos favorablemente por el gobierno y la sociedad. En esta época, la situación del país caribeño y su proceso de autocratización tuvieron un efecto importante en la sociedad peruana. En esta etapa, la migración no fue masiva. Según datos del censo nacional (Mendoza & Miranda, 2021), para el 2017 había 60 949 venezolanos.
De igual manera, es conveniente señalar que en las décadas de 1970 y 1980, periodo de estabilidad democrática en Venezuela, numerosos ciudadanos provenientes de países del sur de continente -Chile, Perú y Argentina, entre otros- migraron a Venezuela. En el caso de los peruanos, se inició también una migración de retorno al agudizarse la crisis política y social en territorio venezolano. Entre el 2010-2017, la cifra de los peruanos que retornaron al Perú alcanzó los 313 708, ocupando Venezuela el segundo lugar de origen con un 13,1 % (INEI, 2023).
Con respecto a la receptividad de la sociedad peruana, de acuerdo con los participantes en el grupo focal, la experiencia fue diferenciada entre quienes llegaron en el 2013 y los que llegaron después del 2017: los primeros experimentaron receptividad; los segundos percibieron un grado de hostilidad y maltrato, evidentes en incidentes concretos en sitios públicos y lugares de trabajo. De hecho, una profesional peruana retornada, llegada al Perú en el 2017, explicó: “Yo pensé que, al venir aquí, tendría muchas oportunidades de trabajo, pero pronto me di cuenta de que era una peruana de segunda”.
Por otra parte, una comunicadora social que estudió su carrera universitaria en el Perú en el año 2013 explicó que su experiencia fue muy favorable y se integró rápidamente al sistema universitario. Sin embargo, fue sintiendo cómo la receptividad hacia los venezolanos iba cambiando a medida que aumentaba el flujo migratorio.
Con respecto a las medidas implementadas por el Gobierno peruano, se destaca la política de puertas abiertas a los venezolanos durante la administración del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que legalmente se tradujo en la creación del Permiso Especial de Permanencia (PTP), aprobado en enero del 2017 y prorrogado en dos oportunidades hasta octubre del 2018.
En el 2017, también se aprobó el Decreto Legislativo 1350 que pasa de un enfoque de seguridad a un enfoque de derechos humanos (Blouin, 2021, p. 7): “Con ello, se busca colocar en el centro a la persona migrante y sus derechos en las políticas migratorias”.
Entre los principios más importantes de la política migratoria establecidos en el documento que reseña la autora mencionada, se encuentran:
Respeto de los derechos humanos de todas las personas migrantes y sus familias, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú mediante la suscripción de tratados internacionales sobre la materia;
Igualdad y no discriminación de las personas migrantes, promoviendo su inclusión social y productiva, así como la prevención y sanción de toda manifestación de violencia, xenofobia y racismo hacia las personas migrantes;
No criminalización de la persona migrante, especialmente de aquella que se encuentra en situación migratoria irregular, de conformidad con los tratados internacionales ratificados por el Perú.
A pesar de esto, la política del Perú se centra más en una lógica de control y no tanto de apertura. El 78,3 % de la población venezolana en el país llegó entre febrero y octubre de 2018. De ellos el 26,7 % contaba con el PTP (INEI, 2023).
Es importante señalar que estas políticas migratorias estuvieron acompañadas de un discurso del presidente Kuczynski en favor de la democracia (Presidencia de la República del Perú, 2016). Así lo plasmó durante su primer mensaje ante la Asamblea General de la ONU en 2016: “Es imprescindible que mencione nuestra preocupación por la crítica situación política, económica y social que vive nuestro amigo país de Venezuela… Para enfrentar esta crisis multifacética, hacemos de manera solidaria una firme invocación a que se inicie, cuanto antes, un diálogo político interno sin condicionamiento ni restricciones en un marco de pleno respeto a la Constitución”.
La segunda etapa se puede ubicar en el 2019. El presidente Kuczynski renunció a mediados del 2018 debido a sus supuestos vínculos con la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, en la que se vieron implicadas varias figuras de poder en Perú. Posterior a su salida de la presidencia, los cambios en la política migratoria no se hicieron esperar. Los presidentes sucesores de Kuczynski (a saber, Martín Vizcarra y Pedro Castillo) endurecieron el discurso contra la migración venezolana, así como también los requisitos para su ingreso al país.
A partir del 2019, se comenzó a exigir a los venezolanos pasaporte y visa humanitaria para ingresar al país. El presidente Vizcarra y el ministro del Interior, Carlos Morán, encabezaron varias expulsiones de venezolanos en situación de ilegalidad. Ese año, la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú (2019) contabilizó 728 000 venezolanos, un marcado contraste con los 60 949 que había apenas dos años antes.
Otro de los elementos señalados por los periodistas consultados es la percepción social sobre los venezolanos que migraron a Perú. Los llegados antes del 2018 eran profesionales universitarios, mientras que los que emigraron después carecían de este perfil. La mayoría de ellos se encontraba en situación de vulnerabilidad.
Los participantes del grupo focal realizado coincidieron en que el cambio de percepción hacia los venezolanos se debió a un hecho delictivo muy concreto ocurrido el 9 de septiembre del 2019 en el distrito de San Martín de Porres. El crimen ocurrió por enfrentamientos por drogas y proxenetismo en los distritos de Lima Norte.
En un hotel cercano al ex terminal de Fiori fueron asesinados y descuartizados dos jóvenes. El hecho tuvo muchísima notoriedad, ya que en tres puntos distintos de Lima se encontraron miembros de los cuerpos mutilados, tanto en bolsas plásticas como en una maleta. Los asesinados fueron un ciudadano peruano y uno venezolano. Este último había sido deportado meses antes, en el marco del programa Migración Segura, y había regresado poco después. El líder de la banda que cometió el crimen era también venezolano; fue solicitado para su extradición por el gobierno peruano y detenido por el gobierno venezolano en 2019.
Pereyra (2020: s/p) explicó que este crimen de doble descuartizamiento tuvo un impacto profundo en la sociedad: “en las semanas siguientes se incrementaron los operativos para detectar a migrantes en situación irregular, así como episodios de discriminación y xenofobia, incluso propiciados por políticos peruanos”.
Otro de los periodistas entrevistados sostiene que los descuartizamientos constituyen crímenes que ocurren con cierta frecuencia en Perú. Sin embargo, por estar involucrados venezolanos, esta situación obtuvo más atención de los medios de comunicación.
Sin duda, los crímenes contribuyeron de manera determinante con la percepción de la sociedad de que los venezolanos iban a delinquir a Perú.
Una de las periodistas entrevistadas considera que
el clima de xenofobia que se vive también ha sido promovido por los últimos presidentes que han tenido discursos xenófobos, al igual que numerosos medios de comunicación, y por eso me pregunto algunas veces qué estoy haciendo en este país.
Otro participante explicó que desde el 2017, ha visto crecer la visión negativa de la sociedad peruana hacia los venezolanos: “No creo que sea de toda la población, pero sí de una parte importante”.
Según uno de los comunicadores participantes en el grupo focal, la presencia de la organización delictiva Tren de Aragua (surgida en una cárcel de Venezuela y con ramificaciones en varios países de la región) es otro factor que contribuye a la criminalización de los venezolanos en Perú.
Migración y ciudadanía
Cuando se habla de ciudadanía y derechos políticos en términos concretos, es necesario referirse a Marshall (como se cita en Buenrostro, 2011), quien define ciudadanía como aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de su comunidad. Para el autor, el Estado debe promover su acceso porque esto contribuye a construir comunidad. Marshall también sostiene que la ciudadanía está en directa relación con el derecho a participar en el ejercicio del poder, ya sea como elector o como elegido.
En Perú, la Ley de Elecciones Municipales 26864 (1997) rige la elección de alcaldes y regidores de los consejos municipales, provinciales y distritales de toda la república.
Su artículo 7 establece:
Los extranjeros mayores de 18 años, residentes por más de dos años continuos previos a la elección, están facultados para elegir y ser elegidos, excepto en las municipalidades de frontera, siempre y cuando estén debidamente inscritos en el registro correspondiente. Para ejercer este derecho, el extranjero se identifica con su respectivo carné de extranjería. (Congreso de la República del Perú, 1997).
Como se define en los requisitos, la identificación se hace mediante el carné de extranjería. Ello implica que el ciudadano debe estar de manera legal en el país y contar con su documento de identificación.
Es importante destacar que, en el ámbito del ejercicio de la ciudadanía, existe desconocimiento por parte de los venezolanos sobre sus derechos políticos. Al respecto, uno de los comunicadores entrevistados en el grupo focal expresó: “muchos venezolanos desconocen el derecho a postular, y tampoco las autoridades promueven el voto. En las últimas elecciones locales había miles de venezolanos habilitados para votar y muchos no lo sabían”.
Según Cordoves (2022) en una investigación realizada para el medio “El Diario”, en las elecciones regionales y municipales de 2022 estaban habilitados para votar 150 000 venezolanos, de los cuales sólo se inscribieron 152. Además, en entrevistas realizadas a venezolanos por esta periodista, se detectó que en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) los funcionarios no estaban informados ni capacitados para inscribirlos en el padrón electoral.
Por otra parte, un participante explicó: “Creo que el Estado no informa más sobre este derecho porque existe xenofobia desde el mismo Estado, y por eso no promueve la participación”. Otro participante indicó: “los venezolanos no tienen idea de que pueden votar en elecciones locales”.
Entendemos que la ciudadanía implica el derecho a sentirse parte. Por eso, al menos en el nivel más cercano al ciudadano como lo es el municipal o provincial, la integración de los venezolanos es vital para el fortalecimiento de la democracia a nivel local.
Al examinar la inclinación de los venezolanos a permanecer en Perú, se observa que una gran parte tiene la disposición de radicar en el país debido a la situación interna de su país de origen. La encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2023) y dirigida a la población venezolana indica que el 75,3 % de los migrantes y refugiados venezolanos tiene intenciones de permanecer en el país.
Es muy positivo para la integración de los venezolanos en el país de acogida involucrarse en los asuntos públicos de su comunidad, como la elección de sus autoridades y la búsqueda de soluciones a sus problemáticas. De este modo, se van haciendo parte de su comunidad de acogida, interactuando con los ciudadanos nacidos en Perú, según Marshall (Buenrostro, 2011). A su vez, se forjan vínculos políticos entre los ciudadanos y el Estado.
No obstante, la ley peruana no permite su participación en elecciones a nivel regional o nacional. Se puede afirmar que los venezolanos no pueden ejercer plenamente la ciudadanía en Perú y, dada la magnitud del flujo migratorio, esto podría tener consecuencias para la integración de los venezolanos en el futuro.
Todos los participantes del grupo focal estuvieron de acuerdo con la noción de que, si bien el Estado ha tratado de integrar a los migrantes, las medidas son insuficientes. La comunicadora extranjera residente en Perú estuvo de acuerdo con los profesionales venezolanos, señalando que “al principio hubo una buena disposición, pero después eso cambió, y creo que el hecho de que llegara mucha gente en tan poco tiempo tampoco ayudó”.
Los migrantes en general manifestaron que han sufrido situaciones de maltrato y discriminación por su nacionalidad en el país de acogida. Igualmente, reconocen que, entre el 2017-2018, el Estado peruano realizó un esfuerzo importante por acogerlos y solucionar su estatus legal.
La encuesta sobre las condiciones de vida de la población venezolana del INEI (2023) revela que el 29,6 % de los venezolanos ha sufrido episodios de discriminación, siendo su nacionalidad el motivo principal (94,5 %).
DISCUSIÓN
Miradas comunicacionales y percepciones ciudadanas sobre la migración venezolana
Tal como hemos señalado, Perú experimentó un aumento sustantivo del flujo migratorio de ciudadanos venezolanos. La capacidad institucional y la recepción social se vio desbordada por el volumen tan elevado de migrantes que llegaron en un período tan corto de tiempo. El estudioso de la migración internacional, Douglas Massey, lo coloca en perspectiva histórica: en cuestión de cinco años, salió de Venezuela un volumen equivalente a la migración mexicana en cincuenta años, siendo México históricamente el país de la región con mayor flujo migratorio y uno de los tres países con mayor número de migrantes en la segunda parte del siglo XX (Massey, s. f.).
Lima es la quinta ciudad con el mayor número de habitantes venezolanos (Cañizález, 2022, 10 de noviembre), superada por las ciudades de Caracas, Maracaibo, Valencia y Barquisimeto, todas ubicadas en territorio venezolano. Este dato simboliza la magnitud del fenómeno, que ha estado acompañado de xenofobia y racismo.
Tal como señalan agencias de la ONU, la xenofobia comprende “actitudes, prejuicios y comportamientos”, con los cuales se rechaza, excluye y a menudo se difama a otras personas “en función de la percepción de que son forasteras o extranjeras para la comunidad, la sociedad o la identidad nacional” (ACNUR, 2020). La guía de la ACNUR sobre este particular indica que la xenofobia incluye actitudes y comportamientos hostiles, entre ellos “el desprecio, la discriminación, y las agresiones físicas o verbales”. Por otra parte, para Paúl Vera Delzo (2023)), la xenofobia y el racismo lamentablemente suelen ir acompañados.
De acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP, 2019), el 73 % de los encuestados mostraba su desacuerdo con la migración venezolana al Perú por motivos económicos y laborales. Se percibían cuatros factores negativos: quitaban trabajo a los peruanos, afectaban en general a la economía nacional, incrementaban la informalidad y, finalmente, también se vinculaba a los venezolanos con el aumento de la delincuencia e inseguridad. Sin embargo, Vera destaca que el 83 % de los peruanos que expresó su desacuerdo con la migración venezolana lo hizo con base a prejuicios, ya que no había tenido contacto con ellos.
En el ámbito del análisis mediático, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica (IDEHPUCP), con el apoyo de la Unión Europea y la Cooperación Alemana, realizó un estudio amplio y pionero sobre cómo los medios de comunicación de Perú reflejan a los venezolanos. Tras analizar 312 noticias impresas y 118 reportajes televisivos, las investigadoras Hildegard Willer, Tessy Palacios e Irene Palla sostienen que “el hallazgo más importante … no tiene que ver con el uso del lenguaje cuando se habla de la migración, sino con la representación del venezolano en los medios nacionales” (PUCP, 2021, p. 97).
Los datos obtenidos en este trabajo trazan una vinculación mediática entre la ciudadanía venezolana y los actos delictivos:
La delincuencia es el tema principal con el que se los asocia: el 70 % (televisión) y el 80 % (diarios populares) de todas las notas que se referían a venezolanos y venezolanas trataban de temas policiales y de crimen. (IDEHPUCP, 2021, p. 97).
En estas notas, concluyen las investigadoras, los ciudadanos venezolanos desempeñaban el papel de victimario en un 65 % y de infractor de la ley en un 15 %. En la mayoría de los casos se narraban hechos de violencia. Por ello, no debe sorprender que en una encuesta del propio IDEHPUCP, el 86,3 % de los entrevistados haya opinado que la migración venezolana contribuía a la inseguridad ciudadana en el Perú.
La asociación en los medios de la población migrante procedente de Venezuela con la delincuencia, genera distancia, temor o hasta rechazo entre los peruanos. Se les etiqueta de una manera negativa, con lo cual, tendrán dificultades adicionales a las propias de cualquier migrante para su inserción en la sociedad peruana. De esa forma, las posibilidades de ejercer ciudadanía o de ser actores de una ciudadanía comunicacional se ven afectadas.
En el grupo focal, todos los periodistas venezolanos abordaron esta situación. Una comunicadora expresó: “Los medios de comunicación han criminalizado la migración venezolana y eso crea una generalización que no permite la integración. Creo que, lamentablemente, hay muchos estigmas y prejuicios contra los venezolanos”. Otro participante señaló: “Especialmente en los años 2018 y 2019, los medios tradicionales, radio, prensa y televisión, hicieron un papel terrible en la cobertura de la migración venezolana, utilizando términos como ‘invasión de venezolanos’, ‘crisis migratoria’, generando más preocupación en la sociedad”.
Otro estudio de 2021, realizado por ACNUR en conjunto con la Universidad del Pacífico y con el respaldo de la Cooperación Española, incluye un análisis cuantitativo de la cobertura mediática a la dimensión cualitativa recogida en entrevistas con periodistas y editores de medios de comunicación en Perú. En el conjunto de noticias de investigación analizadas, encontramos que solo el 15 % incluye las voces de la población refugiada y migrante venezolana, mientras que en 58 % solo hay una fuente, predominantemente de instancias oficiales.
En relación con la mirada de periodistas y editores, estos coinciden en señalar que ha disminuido el interés por la cobertura a la migración venezolana, una vez que el tema de la pandemia por el COVID-19 abarcó la agenda informativa. Ninguno de los entrevistados mencionó que existiesen parámetros definidos o protocolos vigentes para la cobertura de la migración o, en particular, del masivo desplazamiento venezolano, en los medios para los que trabajan (ACNUR & Universidad del Pacífico, 2021, p. 5).
Los periodistas de tres medios de comunicación en Perú consultados, El Comercio, La República y Perú 21, admitieron que la cobertura mediática sobre la migración masiva y la presencia de venezolanos en su país “ha sido prejuiciosa, y que hay muchos aspectos por cambiar, especialmente en cuanto a las narrativas y/o términos utilizados”. Entretanto, los expertos en movilidad humana entrevistados para el estudio ratifican la percepción negativa que usualmente se atribuye a la nacionalidad venezolana en las noticias. También sostienen que la prensa peruana no divulga contenido que contextualice la situación de vulnerabilidad de esta población en el Perú.
Hacia finales del 2021, otro estudio apunta a analizar la representación mediática de los migrantes venezolanos y su vinculación con la criminalidad. Este trabajo, en formato de libro, fue realizado por la Universidad Antonio Ruiz Montoya (UARM) con el respaldo de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania. Además de analizar lo que difundieron los medios de comunicación, se sustenta en los hallazgos a partir de la realización de varios grupos focales.
De este estudio, rescatamos dos aspectos que no son necesariamente mediáticos, pero que, sin duda, deben leerse a la luz de lo que dicen los medios de comunicación sobre los migrantes venezolanos.
En primer término, se menciona que los venezolanos se integran de manera precaria y a veces incompleta en la sociedad peruana (Universidad Antonio Ruiz de Montoya & Fundación Konrad Adenauer, 2021, p. 129). Esto sucede por un problema de origen. El gobierno venezolano ha colocado diversas trabas para acceder a los documentos de identidad. Por ello, muchos migrantes se ven forzados a abandonar Venezuela sin tener consigo su documentación básica, lo cual complejiza la inserción al mercado laboral y la permanencia regular en el país. Todo ello podría empujar a los migrantes a “situaciones de informalidad o ilegalidad” (Universidad Antonio Ruiz de Montoya & Fundación Konrad Adenauer, 2021, p. 129). En segundo lugar, ha sido notable cómo, en la medida en que se agudizó la crisis humanitaria compleja en Venezuela, se registró en simultáneo un cambio en la composición social y formación académica de los migrantes venezolanos. En oleadas tempranas, venezolanos con formación universitaria llegaron a Perú; en las sucesivas, se ha pasado a migrantes con estudios básicos, a veces inconclusos.
CONCLUSIONES
En el grupo focal realizado como insumo para esta investigación, la totalidad de participantes coincidió en señalar los sucesos de septiembre del 2019 en el distrito de San Martín de Porres, como un punto de inflexión en el cambio de percepción de la sociedad peruana sobre la migración venezolana. Una de las víctimas era ciudadano venezolano y los responsables presuntamente venezolanos.
En su vivencia personal, los periodistas venezolanos residentes en Perú y entrevistados para este estudio notaron un cambio drástico en la percepción y trato de los peruanos hacia ellos debido a su origen. A partir de allí, por otro lado, en los estudios mencionados en el artículo sobre percepción de la migración venezolana, se hace cotidiana una cobertura mediática que asocia la criminalidad y delincuencia con los migrantes venezolanos.
Según las estadísticas, no ocurrió una explosión delictiva en el 2019, año en el que se produjo el cambio de percepción y su consecuente rechazo a la migración venezolana entre la sociedad peruana. Con ello se limitan sus opciones de ejercer una ciudadanía en términos de integración social plena, así como una ciudadanía comunicacional, en el sentido de cómo es retratada mediáticamente. El análisis de los datos de 2019, como señalan Bahar et al. (2020), sugiere en realidad que, en su mayor parte, los migrantes venezolanos cometen sustancialmente menos delitos, y ciertamente menos delitos violentos que la población general, considerando su proporción. Para los autores, estudiosos de la criminalidad en América del Sur, todo esto indica que la percepción pública de que la inmigración está aumentando las tasas de delincuencia no está respaldada por los hechos.
Por otro lado, el trabajo pone de manifiesto la necesidad de que el Estado peruano promueva políticas de integración hacia los ciudadanos venezolanos, lo cual sin duda tendría un impacto favorable en la disminución de la xenofobia y la discriminación por nacionalidad presentes en la sociedad peruana
