1. Introducción

Entendida como la propagación de información falsa para fines de engaño colectivo, la desinformación, sus tácticas y sus patrocinadores han llamado la atención de numerosas agencias y naciones por su explosivo crecimiento en la era digital y su potencial nocividad respecto a la dimensión epistémica de la democracia (^{Habermas, 2006}). Si dicho régimen, en su énfasis electoral, implica que el ciudadano equipe responsablemente su voto con conocimiento para elegir prospectiva y retrospectivamente una opción política (^{Dahl, 2000}; Stromback, 2008), la desinformación a gran escala interfiere perniciosamente en estos procesos, deteriorando la calidad del conocimiento público y exponiendo a los ciudadanos a ser sujetos de manipulación o confusión en momentos, como los electorales, en que necesitan claridad de juicio.

En ese sentido las redes socio digitales han estado en el ojo público no solo como tecnologías sino como agentes corporativos que facilitan, por comisión u omisión, operaciones tanto espontáneas como calculadas de desinformación masiva; en el fondo el debate se centra en si la arquitectura discursiva con la que están diseñadas dichas plataformas permite e incluso incentiva estás prácticas, y si sus arquitectos han tomado las medidas necesarias para desescalar tales operaciones (^{Allcott et al., 2019}; ^{Vosoughi et al., 2018}).

No obstante, existe un déficit de conocimiento empírico respecto a si el uso de redes sociales genera percepciones o creencias falsas en sus usuarios. Por un lado, se encuentran los estudios que prueban este último aserto (^{Jones-Jang et al., 2021}), en particular para quienes les dan un uso político a las redes, y que presentan creencias erróneas en mayor medida que los usuarios generales y los no usuarios (^{Koc-Michalska et al., 2020}). En contraparte, y desde la álgida elección norteamericana de 2016, otros trabajos reportan que los efectos de la exposición a información falsa en creencias falsas son mínimas y que parecen afectar a grupos pequeños y específicos, como los conservadores (^{Garrett, 2019}; ^{Valenzuela et al., 2022}; ^{Allen et al., 2020}). Incluso la literatura encuentra un efecto contrario, que el mayor uso de redes lleva a una menor creencia en noticias falsas, posiblemente porque estos usuarios están ya “entrenados” en el reconocimiento de falsedades (^{Halpern et al., 2019}). Parece ser más bien que los factores preexistentes a las redes son los principales impulsores de la diseminación de creencias falsas, tales como el agudo sesgo ideológico de los medios tradicionales, cercano a la falsación, o bien la falta de consumo noticioso por parte de la ciudadanía, frente a lo cual proliferan rumores o información imprecisa (Allen et al., 2020, ^{Grinberg et al., 2019}).

Estos aspectos son desconocidos en buena medida en México, aunque están dadas las condiciones que hacen probable que los usuarios mexicanos sean vulnerables a la desinformación.

Por un lado, el consumo de noticias por redes sociales, en donde circula la mayoría de las informaciones falsas (^{Koc-Michalska, et al., 2020}), es alto (64%) y por medios escritos es bajo (22%). Asimismo, los medios informativos gozan de poca confianza por parte de los ciudadanos, tan sólo de 37%, (^{Gutiérrez-Rentería, 2022}) posiblemente a raíz de un incremento reciente en los niveles de polarización y los arreglos clientelares que históricamente han sostenido con los gobiernos (^{Salazar, 2022}). Finalmente, el rasgo populista del gobierno actual (^{Hawkins et al., 2019}) se asocia a la producción oficial de desinformación y polariza a su vez a la ciudadanía (^{Pemstein et al., 2022}), que de esta manera se vuelve más proclive a consumir y difundir información falsa (^{Osmundsen et al., 2021}). A ello se suman las tímidas respuestas regulatorias por parte del Estado hacia el problema y unas élites políticas que tradicionalmente han hecho de la desinformación sobre todo televisiva, junto con la compra y coacción del voto, recursos rutinizados de manipulación electoral (^{Serra, 2016}).

Con todo, los diversos actores involucrados en el problema han proporcionado respuestas de variada índole. Posiblemente la auto regulación de las plataformas ha sido la más frecuente. Deudora de una visión libertaria que finca la atención a estos problemas en la dinámica autocorrectiva del mercado, ésta ha desembocado en modificaciones a sus algoritmos, que coadyuvan a identificar desinformación y alertar a los usuarios para evitar reproducirla. Estos cambios también han sido promovidos por el Estado, aunque en menor medida. Completan estas prácticas las medidas de verificación de noticias emprendidas por colectivos periodísticos y de la sociedad civil, así como esfuerzos de alfabetización mediática e informacional que educan a los usuarios en el reconocimiento y la reducción de desinformación, y que han sido promovidas por la academia y la sociedad civil.

No obstante, se necesita evidencia empírica para constatar si estas medidas han dado resultado, aunque una investigación precedente (^{Valenzuela et al., 2022}) constata que en México no existe una relación significativa entre el uso de redes sociales como fuentes de información y la creencia en desinformación, y que en cambio la conversación con familiares y amigos la incrementa. Esta misma investigación afirma que la alfabetización informacional, en particular las actitudes contrarias a su diseminación de desinformación, la disminuye. El presente trabajo aporta evidencia respecto a la eficacia de las operaciones de desinformación digital, esto es, la medida en que las informaciones falsas disponibles en redes sociales generan creencias falsas en los usuarios, así como el alcance de la (auto) regulación de las plataformas y la alfabetización informacional para reducir las creencias equivocadas que se diseminan durante las campañas.

El artículo delinea en primer lugar los conceptos al uso, ante la confusión y superposición de varios de ellos para dar cuenta de este fenómeno. Posteriormente describe las respuestas que han dado ciertos países latinoamericanos y europeos frente al fenómeno, y describe las cuatro que se han dado en México, desde las plataformas mismas, el gobierno, la sociedad civil, periodistas y academia. Posteriormente se presentan los pormenores metodológicos del estudio cuantitativo así como los resultados, discusión y conclusiones al respecto.

2. Marco teórico y conceptual

La desinformación es un fenómeno cultural históricamente ligado a las dinámicas de los medios de comunicación masiva intervenidos por grupos de interés estatales y mercantiles. En la actualidad, ante la consolidación de un sistema de medios híbrido (^{Chadwick, 2017}) en el que los medios digitales ha reconfigurado el ecosistema de formatos y arenas tradicionales de discusión de la agenda pública, se puede afirmar que existe una preocupación creciente en las patologías informacionales inducidas por grupos de interés en varios de los hábitats de interacción social comunes en Internet, entre ellos portales de noticias, plataformas de redes sociales y aplicaciones móviles de conversación instantánea.

En este contexto, frente a nociones ampliamente utilizadas como la de noticias falsas, existe una tendencia cada vez más acentuada a considerar a la desinformación como el término central para abordar los diversos y complejos matices de estos trastornos en plataformas digitales.

En un reporte especializado en noticias falsas y desinformación en línea para la Comisión Europea, por ejemplo, la desinformación se define como información falsa, inexacta o engañosa, diseñada, presentada y promovida para causar un daño público o generar ganancias de forma intencionada. Tal planteamiento exige evitar el término noticias falsas, argumentan, por dos razones: la primera, por ser inadecuado para tratar el complejo problema de la desinformación y, la segunda, por ser un término del que se han apropiado ciertos políticos y sus simpatizantes para desacreditar información que no les es favorable (^{European Commission, 2018, p. 10}). Misma perspectiva que postulan Freelon y Wells en clave de comunicación política al exigir un lenguaje más preciso para comprender los fenómenos de estudio sobre información problemática en términos teórico-conceptuales, pues nociones como noticias falsas han perdido valor analítico y se han vuelto tendenciosas y ambiguas (²⁰²⁰). En el mismo plano, la UNESCO

“evita asumir que el término ‘noticias falsas’ tenga un significado directo o comúnmente comprendido. Esto se debe a que ‘noticia’ significa información verificable en el interés público, y la información que no cumple con estos estándares no merece la calificación de noticia. En este sentido, las ‘noticias falsas’ son un oxímoron que se presta para menoscabar la credibilidad de la información que de hecho cumple con el umbral de verificabilidad e interés público, es decir, las verdaderas noticias” (^{Ireton & Posetti, 2020}, p. 6).

Tucker et al. consideran que la desinformación refiere una esfera mucho más amplia que involucra no solo emisiones informativas falsas, sino también a otras tendencias como malinformación, propaganda en línea, información hiperpartidista, infoentretenimiento, rumores y teorías de la conspiración, prácticas habituales de una también diversa cantidad de agentes como bots, trolls, portales de noticias falsas, teóricos de la conspiración, gobiernos extranjeros y emisores con una militancia partidista extrema ya sea de izquierda o de derecha, además de actores supuestamente confiables como los mismos políticos y medios periodísticos establecidos (²⁰¹⁸). Estos fenómenos de emisión de desinformación corren en paralelo a otros problemas del lado de la recepción: la abundancia informativa que fluye por las redes sociales rebasa la capacidad cognitiva de los usuarios para detenerse a analizar reflexivamente la información a la que se exponen, o bien activan operaciones de exposición selectiva, así como interpretaciones sesgadas por afinidad partidista (^{Koc-Michalska, et al., 2020}). Dicho aspecto es exacerbado por el hecho de que los algoritmos de las plataformas segregan información ideológicamente cargada, a la que se exponen usuarios afines (^{Halpern et al., 2019}).

Frente a este panorama, que ha activado mecanismos de defensa por parte de sectores como estados nacionales y sociedad civil, por mencionar algunos, Funke retoma 12 categorías que pueden ayudar a explicar la diversidad de acciones supranacionales contra la información maliciosa o equivocada en línea -el reporte parte de la experiencia de 50 países-. Estas categorías son leyes, alfabetización mediática, iniciativas, apagones de Internet, detenciones, legislaciones fallidas, propuestas, grupos de trabajo, reportes, investigaciones, amenazas y dictámenes judiciales (^{2021, p. 452}). Como deriva de esta tipología, resalta una tercera variable en la construcción de un vínculo de investigación que relaciona plataformas digitales y desinformación, y ésta es el sistema político en el que se inserta, lo que posibilita en uno de sus extremos reacciones tales como apagones de Internet y detenciones, empleadas en sistemas políticos autoritarios o semi-autoritarios y que nos obliga a pensar en las condiciones políticas de cada país. En el contexto de cada régimen, se estipula que las acciones se dividen en regulaciones estrictas y blandas, con sus consecuentes peligros: las primeras conllevan el riesgo de lastimar las libertades políticas de los ciudadanos, mientras que las segundas de no combatir efectivamente la desinformación.

Para ^{Magallón Rosa (2019}), en el contexto europeo, aun cuando existen recomendaciones generales, hay distintas velocidades en el combate a la desinformación. Es decir, pese a existir un Código de Buenas Prácticas contra la Desinformación en línea, publicada en 2018, basada en diversas medidas y compromisos en cinco áreas (ingresos por publicidad, transparencia en publicidad política, cuentas falsas, empoderamiento ciudadano y fomento al monitoreo de la desinformación), lo que finalmente se ha desplegado es un contexto diferenciado en el que solo Francia y Alemania han aprobado leyes en la materia. El caso alemán se ha convertido en un referente en la zona, pues su Network Enforcement Act, también conocida como NetzDG, establece que a partir de 2018 las plataformas con más de dos millones de usuarios están obligadas a retirar en menos de 24 horas contenido denunciado, so pena de multas millonarias. Siguiendo con este autor, el caso europeo es representativo de la complejidad para regular las plataformas digitales en un entorno siempre fluido, aunque se alcanzan a vislumbrar tres coordenadas de sentido: la autoregulación de las empresas tecnológicas entendidas como medios sociales, la importancia de la campaña electoral como forma de expresión de la ciudadanía en democracia y la defensa de la libertad de información y expresión.

En América Latina, las experiencias también han sido diversas y entrelazadas, con claros embates en cinco frentes: primero, gobiernos que impulsan sus propias agencias verificadoras; segundo, legislación enfocada en penalizar las noticias falsas; tercero, cooperación con las corporaciones detrás de las plataformas de redes sociales; cuarto, pactos de comportamiento ético entre partidos políticos, y quinto, fortalecimiento de la alfabetización digital (^{Rauls, 2021}). Como se señala en relación con las dos primeras estrategias implementadas en los países latinoamericanos, es decir, las agencias estatales de verificación y los esfuerzos legislativos contra las noticias falsas, una constante regional es el temor a fortalecer regímenes políticos que tiendan a la censura, la criminalización y la persecución política. Por ejemplo, la crisis de la pandemia por Covid-19 fue un caso representativo de una respuesta regional latinoamericana que tendió hacia la llamada censura previa indirecta y la criminalización como modelo regulatorio para hacer frente a la infodemia (^{Marina, 2021}).

Este elemento se suma para fortalecer la hipótesis sobre una correlación entre las características de sistemas políticos nacionales y sus procesos histórico-culturales recientes, con poblaciones incrédulas respecto a los contenidos noticiosos, uno de los componentes más complejos en la comprensión del fenómeno de la desinformación. Dicha vinculación es plausible a nivel latinoamericano de acuerdo con el reporte (^{Newman et al., 2022}) de un nivel de confianza muy bajo en noticias en la región.

En el contexto mexicano, esto es importante porque de acuerdo con el Reporte de Noticias Digitales 2022, del Instituto Reuters, las fuentes de consumo de noticias por parte del público son, en ese orden, las noticias en línea, las plataformas de redes sociales -principalmente Facebook, YouTube y WhatsApp-, y hasta después la televisión y los medios impresos. Sin embargo, esto no significa que se trate de una audiencia pasiva respecto a los contenidos que recibe, pues también destaca un descenso de 44 a 37% en la confianza en las noticias en general. De forma complementaria, México sobresale como el cuarto país -de entre una muestra de cuarenta y tres naciones de todo el mundoen el que la gente se expone a noticias falsas, un 43% de la población, sólo por detrás de Malasia (44%), Grecia (44%) y Turquía (49%), y muy lejos de los Estados Unidos (31%) y Reino Unido (15%) en donde operaciones recientes de desinformación en elecciones o plebiscitos han escandalizado a la opinión pública doméstica e internacional (^{Newman et al., 2022}).

De la misma manera, en este país se han registrado operaciones de desinformación -con la presencia de cuentas artificialesdesde las campañas federales de 2012 y posteriormente en 2018 (^{Rodríguez Cano, 2018}), a la par de operaciones de ‘hackeo de atención’ -la amplificación artificial del apoyo a iniciativas controversiales del gobierno a través de redes de bots y trolls, que crean un falso universo de seguidores a favor-, campañas negras, y represión algorítmica, esto es, el sabotaje de hashtags que aglutinan corrientes de opinión o movimientos sociales, como una forma de minarlos o desactivarlos (^{Echeverría, en prensa}).

En un marco de riesgos y oportunidades, este fenómeno multidimensional plantea un auténtico desafío cultural que afortunadamente ha encontrado variados frentes. Primero, en el plano normativo uno de los mecanismos más visibles es el modelo de regulación que ocurre en diversos países de manera diferenciada, presente en el caso mexicano, como veremos más adelante. Como segundo elemento, estas mismas plataformas han empleado algunas estrategias de cambio y cuidado de la imagen en la medida en que su modelo de negocios se ha asociado cada vez con mayor frecuencia y contundencia a la toxicidad informacional. Tercero, en el campo profesional de los medios y el periodismo, también han destacado los ejercicios de verificación de noticias, sobre todo en contextos electorales y de crisis social -la pandemia, el más recienteque es cuando tienden a concentrarse intentos masivos con el objetivo de tergiversar la disputa por la percepción. Finalmente, como cuarto punto, desde la cotidianidad de las acciones individuales, también se ha puesto énfasis en alentar el terreno de la alfabetización mediática y digital en pos de una ciudadanía crítica, informada y con herramientas para enfrentar los intentos de engaño que circulan en las plataformas de redes más usadas como Facebook, YouTube o WhatsApp.

Esta última línea de trabajo parte de la definición de la UNESCO que entiende a la alfabetización digital como “la capacidad de acceder, gestionar, comprender, integrar, comunicar, evaluar y crear informaciones mediante la utilización segura y pertinente de las tecnologías digitales” en pos de una actitud crítica y resiliente frente a la desinformación (2023); y se fundamenta en los supuestos de la teoría de la inoculación, según la cual la provisión de conocimiento y habilidades para interpretar información falsa faculta a los individuos contra la influencia dañina de futuros ataques informacionales (^{Jones-Jang et al., 2021}). Empíricamente se ha comprobado que, en efecto, estos esfuerzos ayudan a identificar y generar escepticismo hacia la información intuida como falsa (^{Valenzuela et al., 2022}).

Es decir, si bien se comparte el diagnóstico de un contexto sociocultural inmerso en una oscilación amplia “entre una ingenuidad desmedida y un descontrol de nuestras capacidades críticas” (^{Innerarity, 2022}, p. 12), en medio de la retórica alarmista en el discurso político (^{Fessler et al., 2017}) o el perfil de usuarios crédulos que persisten en los espacios sociodigitales (^{Balestrucci et al., 2019}), se ha optado por considerar la dicotomía entre credulidad e incredulidad como categoría operacional para aprehender la conformación de una ciudadanía más o menos crítica. Desde este punto de vista la alfabetización digital trabaja para reducir la credulidad o validación a priori de alguna información como conocimiento verdadero, e incrementar la incredulidad entendida como el escepticismo acerca de la validez de dichas informaciones, lo cual conlleva a la necesidad de convalidarlas a través del fomento de determinadas prácticas y actitudes contra la desinformación.

Vale la pena, entonces, analizar y especificar referencias del caso mexicano respecto a estos cuatro frentes. En cuanto a la regulación, si bien ha imperado un modelo auto normativo en el que se han privilegiado acuerdos con las compañías de redes digitales, como se mencionó anteriormente, esto no significa que la discusión haya estado lejana del entramado judicial, sobre todo en tiempos electorales en los que los tribunales han establecido precedentes significativos en materia de libertad de expresión, competencia, veda electoral, propaganda electoral e información pública (^{Rodríguez Cano, 2020}). Un caso representativo en términos de desinformación es el acontecido en los comicios presidenciales de 2018, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que existió una calumnia en la difusión de propaganda mediante una nota con video en la página wikinoticias.mx en la que se asegura que el candidato del PAN Ricardo Anaya declinó en favor del candidato del PRI, José Antonio Meade, lo cual nunca sucedió (^{Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2018}).

En esta dirección, la participación de organizaciones de la sociedad civil ha sido clave para profundizar en la discusión sobre desinformación y plataformas digitales, por ejemplo, respecto a la moderación de contenidos y la responsabilidad de intermediarios (^{Álvarez et al., 2021}) y en materia de libertad de expresión y los discursos protegidos, los especialmente protegidos y los no protegidos en un contexto interamericano de derechos humanos (^{Chorny Elizalde et al., 2022}).

En cuanto a la autorregulación de las mismas plataformas, un aspecto interesante en la experiencia reciente es el cúmulo de medidas adoptadas por las mismas plataformas para combatir las noticias falsas y la desinformación. Dentro de las plataformas de Meta, por ejemplo, WhatsApp dedica un apartado a ilustrar a sus usuarios acerca de cómo evitar que la desinformación se distribuya, además de señalar convenios con organizaciones de la Red Internacional de Verificación de Datos -en México indica que se trata de AFP Factualy recordar las medidas recientes para combatir este problema en contextos de comicios y pandemia, entre las que destacan financiamientos y chatbots (^{WhatsApp, 2022}).

En el caso de Facebook, las acciones públicas más recientes retoman dos coordenadas para combatir la desinformación. Por un lado, la verificación de hechos de los discursos políticos y la excepción por interés periodístico, en un marco de respeto a la libertad de expresión, así como prohibir anuncios con contenido relacionado con información errónea o controvertida. Lo que la compañía de redes sociales señala haber realizado durante los últimos años es derribar millones de cuentas falsas enfocadas en difundir desinformación, aliarse con verificadores independientes para cotejar publicaciones y reclutar a más de 30 mil personas verificadoras, así como diseñar sistemas de inteligencia artificial para eliminar contenido malicioso, además de restringir los incentivos comerciales para este tipo de estrategias y aliarse con sectores académicos y sociales para buscar posibles soluciones (^{Facebook, 2019}, ²⁰²²).

Instagram, por su parte, también alude a la verificación independiente de contenidos, que considera útil para hacer que la información denunciada esté acompañada de advertencias para el usuario, además de hacerla más difícil de consultar en sus principales secciones (^{Instagram, 2022}).

Otra plataforma relevante en el contexto de epidemia informacional es Twitter, que señala a sus usuarios una serie de parámetros y guías en relación con la autenticidad e integridad de sus contenidos. Se enfoca especialmente en fenómenos como la información engañosa en situaciones de crisis, spam y manipulación, y contenidos multimedia falsos y alterados. Entre las consecuencias previstas para este tipo de prácticas, Twitter estipula estrategias como un sistema de advertencias que puede llevar a suspensiones de las cuentas por tiempos determinados, reducción de la visibilidad del contenido, pruebas antispam, rechazo de vínculos externos considerados inseguros, eliminación de tuits y suspensión permanente (Twitter, 2022).

Dentro de las políticas de YouTube, aparecen medidas adoptadas para remover información que viole sus normas, limitar la difusión de contenido que se encuentre en el límite de ser considerado desinformación, fomentar la información de alta calidad, recompensar a creadores confiables y poner a los usuarios en control (^{YouTube, 2022}).

En otro flanco, los ejercicios de verificación de noticias en México han provenido de dos fuentes: sociedad civil y medios periodísticos. Los casos más representativos han sido #Verificado19s en el contexto del sismo de 2017 en México, con la finalidad de otorgar sentido a la información de necesidades frente al desastre natural y humano; #Verificado2018, que atendió la disputa por la percepción en términos periodísticos frente a las elecciones presidenciales de 2018; y #Verificovid, iniciativa que acompañó la crisis sanitaria global y sus particularidades en un contexto de polarización política, principalmente durante los años 2020 y 2021.

Por último, en cuanto a campañas de alfabetización informacional, México ha sido objeto de variadas iniciativas contra la desinformación y las noticias falsas, por ejemplo la estrategia de las autoridades electorales en las elecciones presidenciales de 2018, que consistió en material informativo, convenios de colaboración con las plataformas de redes sociales y capacitación a funcionarios sobre la desinformación (^{Instituto Nacional Electoral, 2019}); la que emprendió la ONU junto con la Secretaría de Salud y el Sistema Público de Radiodifusión durante la pandemia por Covid-19 (^{Naciones Unidas, 2020}) o la plataforma Voto Informado, puesta en marcha luego de varias emisiones en las elecciones intermedias de 2021 en la que se disputaron varias gubernaturas del país (^{Instituto Nacional Electoral, 2021}).

En conclusión, luego de la revisión teórica hecha en este apartado sobre la centralidad de la desinformación, y sus dimensiones y formas de abordaje en México, destacan cuatro aspectos: la evidencia de discusión y prácticas de regulación estatal, autorregulación por parte de las mismas plataformas, verificación periodística y campañas de alfabetización mediático-informacional. El planteamiento que deriva de este panorama es que todas estas tendencias -situadas en un contexto histórico-político específicohan conformado tácitamente un ejercicio de pedagogía pública multidimensional sobre la desinformación, mediante la cual se ha fortalecido una ciudadanía crítica frente a los intentos de engaño, manipulación, saturación de información, equivocación o afán mercantil.

La investigación empírica disponible en general convalida esta última afirmación. Los estudios internacionales encuentran que cuando los usuarios se encuentran suficientemente alfabetizados, esto es, disponen de actitudes y estrategias para contrarrestar la desinformación, ésta no es eficaz (^{Aguaded & Romero-Rodríguez, 2015}; ^{Jones-Jang et al., 2021}). Para el contexto mexicano la evidencia es aún escasa e inconcluyente. El estudio local y exploratorio de ^{Galarza Molina (2020}) encuentra un conocimiento y exposición alta por parte de los encuestados respecto al fenómeno de las noticias falsas, consideradas también como graves, así como una familiaridad con las estrategias de verificación de información (excepto para las personas de mayor edad). Asimismo, el estudio no representativo de dos estados del país de ^{Sánchez-Reina & González-Lara (2022}) encuentra actitudes críticas mediáticas altas y útiles, tanto en poblaciones jóvenes como adultas, para contrarrestar los efectos de la infodemia asociados al COVID.

En el plano nacional, por otro lado, el estudio representativo de ^{Galarza Molina (2022}) encuentra que la atención de los usuarios a la política a través de redes sociales se relaciona con la percepción de haber sido expuestos a contenido con desinformación, y que ello se concatena con el cultivo de actitudes de cinismo, apatía y escepticismo. Por el contrario, el estudio representativo de ^{Valenzuela et al. (2022}) demuestra que el uso de las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y WhatsApp no se relaciona con creencias políticas falsas, mientras que otras fuentes de información interpersonal sí lo están. No obstante, encuentran que una mayor alfabetización digital se vincula con un mayor escepticismo a información falsa.

En consecuencia y frente a estos atisbos en ocasiones contradictorios, es de relevancia investigar a nivel nacional cuál es la eficacia de las actitudes y estrategias que los ciudadanos emplean contra la desinformación a la que son expuestos en sus dispositivos y plataformas, al momento de prestar atención a la información política de campaña que circula por esos canales. No obstante, nuestra indagación considera efectos diferenciados dependiendo de la plataforma en donde se presta atención a dicha información, dado que, como revisamos previamente, cada una de ellas ha tomado medidas regulatorias de distinta intensidad frente al fenómeno de la desinformación. Así, consideramos que la alfabetización digital actúa de manera combinada con la plataforma digital de uso, de tal suerte que ésta pudiera reforzar o atenuar la pretendida inoculación de dicha alfabetización a la información falsa. Tales premisas las operacionalizamos en las siguientes hipótesis:

3. Metodología

El presente estudio está basado en una encuesta transversal electoral de carácter representativo para la ciudadanía mexicana, levantada en 2021 y aplicada en los 32 estados en que se divide la República Mexicana, intentando conseguir la mayor representatividad posible, tanto geográfica como socioeconómicamente. Para la realización de la misma, se contrató a la empresa QuestionPro, quien contaba con un panel de participantes a nivel nacional. El trabajo de campo y levantamiento de datos se realizó entre los días 10 y 16 de abril de 2021.

La muestra (N=1750) quedó integrada por participantes que fueran mayores de edad (≥ 18 años) y censados como votantes en la República, en todos los estados. Un 44.7% de la misma estaba constituida por hombres (n = 782), por un 55.3% de mujeres (n = 986), con edades comprendidas entre 18 y 80 años (M = 40.40, DE = 14.36). En la muestra se contemplaron participantes con diferentes niveles educativos, siendo el grupo mayoritario el correspondiente a aquellos que tenían estudios profesionales (n = 919, 52.5%) y de preparatoria (n = 551, 31.5%). En esta encuesta y de acuerdo a la metodología del proveedor, se midieron niveles socioeconómicos en lugar de ingresos, con la siguiente distribución: AB (n=26, 1.5%), C+ (n=315, 18%, C (n=346, 19.8%), C(n=266, 15.2%), D+ (n=707, 40.4%) y D (n=90, 5.1%), equivalentes a clases altas, media altas, medias, medias bajas, bajas y en situación de pobreza, respectivamente.

Con la finalidad de responder a los objetivos planteados, determinamos el peso que tiene cada una de las variables estudiadas -consumo de redes sociales, actitudes y estrategias contra la desinformación en el grado de credulidad de los ciudadanos hacia la información falsa que circula en redes sociales. Para ello, se realizaron regresiones lineales múltiples jerárquicas, una técnica que permite introducir las variables independientes en la ecuación en diferentes momentos, para observar el peso específico de cada una de ellas en las variables dependientes, en este caso, un índice de credulidad en información falsa por parte de los encuestados (vid infra). Dentro de un primer bloque de variables se incorporaron aquellas que servían de control, constituidas por los diferentes aspectos sociodemográficos medidos (modelo 1) así como las plataformas de redes sociales Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y la red de mensajería WhatsApp; en el siguiente se incorporó la variable “actitud desfavorable a la información falsa” (modelo 2) y en un modelo aparte, las variables “ejecución de estrategias de verificación de información” (modelo 3). El último modelo conjunta estas variables en su totalidad (modelo 4).

Además de analizar y reportar las betas de cada variable, se reporta el porcentaje de varianza de cada modelo que es explicado por las variables independientes. Los distintos modelos presentaron en su conjunto pruebas satisfactorias de no autocorrelación de variables independientes (promedio Durbin Watson=1.99).

4. Resultados

Algunos resultados descriptivos previos a las pruebas de hipótesis permiten dimensionar los alcances del fenómeno. De las cuatro informaciones falsas que circularon, la relacionada con la salud del presidente fue la menos validada por los encuestados (1.9 en una escala del 1 al 5, 12.1% de los encuestados sumando “mucho” y “totalmente de acuerdo” con la afirmación), seguida por la relacionada con el financiamiento extranjero de los movimientos feministas (2.3, 17.4%, respectivamente), el impago de vacunas COVID por parte del gobierno (2.3, 19.7%, respectivamente) y las caravanas migrantes (2.5, 20.7%, respectivamente). En su conjunto la credibilidad de estos reactivos es de 2.2 en una escala de 5, menor al punto medio, y un total de 14% de respuestas afirmativas a dichas informaciones falsas. En otra pregunta descriptiva complementaria, el 37.7% de los entrevistados afirman que alguna vez han compartido una noticia que luego se dieron cuenta que era inventada.

Por su parte, los cuatro modelos desglosan los efectos de las variables de las plataformas así como las actitudes y estrategias de alfabetización digital, en lo que denominamos credulidad en información falsa (tabla 1).

El primer modelo muestra efectos del uso de Instagram (β = 0.079, p < .05) y WhatsApp (β = 0.094, p < .05) en dicha credulidad, en un sentido positivo, aunque marginal en ambos casos, como se observa en los coeficientes. El uso de Facebook, Twitter o YouTube no tienen un efecto en dicha credulidad, un patrón que se observa en el resto de los tres modelos ejecutados. De hecho, el efecto de las variables sociodemográficas y las plataformas en su conjunto es mínimo en la variable independiente, apenas del 3%.

La introducción de la variable “actitudes contra la desinformación” se traduce en cambios en el modelo. El efecto de esta variable en la credulidad es significativo, reduciendo la probabilidad de la misma en casi una tercera parte (β = -0.353, p < .01), al tiempo que Instagram ya no figura como una variable independiente significativa, y WhatsApp reduce su efecto, de .094 del anterior modelo a .056 (β = 0.56, p < .05). La variable de actitudes impacta de manera relevante al modelo en su conjunto, incrementando el 12% la varianza en el mismo. Al introducir este conjunto de actitudes como variable independiente, los ciudadanos reportan descreer más de las informaciones falsas, incluso en las plataformas más propensas a hacerlas creíbles.

De manera independiente introdujimos la variable “ejecución de estrategias de verificación de información” en el modelo, excluyendo la variable de actitudes, para aislar el efecto de la primera (recordemos que el 70.7% de los entrevistados afirman que ejecutan este tipo de estrategias). Hay tres efectos que destacan en esta operación. En primer lugar, sobresale el nivel educativo como una variable que reduce la credulidad en información falsa, de manera moderada (β = -0.108, p < .01). En segundo lugar, dichas estrategias no reducen el efecto de Instagram en la credulidad, pues ésta se mantiene muy parecida al primer modelo, siempre con un incremento marginal (β = 0.08, p < .05). No obstante, respecto al primer modelo, WhatsApp incrementa un tanto su efecto en la credulidad, y éste es moderado (β = 0.106, p < .01). De manera contradictoria, la ejecución de estrategias de verificación por parte de los usuarios incrementa la credulidad de forma relevante (β = 0.143, p < .05). Con todo, dicha variable impacta poco en el modelo en su conjunto, puesto que sólo incrementa 2% de la varianza.

Al introducir las dos dimensiones de la alfabetización en conjunto, el panorama final registra un incremento marginal de credulidad a partir del uso de WhatsApp (β = 0.069, p < .05), un decremento muy significativo a partir de una actitud desfavorable a la información falsa (β = -0.364, p < .01) y un incremento moderado a partir de estrategias de verificación (β = 0.13, p < .01), con una varianza marginal por parte de todas las variables independientes en la dependiente, del 0.6%.

5. Conclusión

El presente estudio pretendió conocer los niveles de credulidad de los usuarios a la información falsa que circula en redes sociales como un indicador de la eficacia de las diversas operaciones de desinformación que se registran en México, un país con niveles elevados de exposición pública a información falsa y recurrentes operaciones documentadas de desinformación (^{Echeverría, en prensa}; ^{Newman et al., 2022}; ^{Rodríguez Cano, 2018}). Al mismo tiempo, se propuso constatar si las medidas puestas en marcha en México y que atienden estos problemas atenúan dicha credulidad, tanto las de naturaleza autorregulatoria de ciertas plataformas, así como aquellas que apuestan por la alfabetización digital de los usuarios en términos de actitudes contrarias a la diseminación de información falsa y estrategias para verificarla.

Por una parte, los datos descriptivos revelan una eficacia moderada de las operaciones de desinformación en los ciudadanos mexicanos, dado un nivel de credulidad relativamente bajo de las informaciones falsas (14%, 2.2 en promedio) y una práctica relativamente reducida de compartir noticias falsas.

Sobre el papel de las plataformas en ese fenómeno, los datos revelan que, en efecto, aquellas que han emprendido controles de desinformación (Facebook, Twitter, YouTube e Instagram) predicen menor credulidad en informaciones falsas, comprobando así la hipótesis 1. En otras palabras, la verificación de hechos en discursos políticos, la prohibición de anuncios con contenidos falsos, el filtrado de cuentas falsas, las alianzas con otros sectores, los sistemas de advertencias pruebas anti spam, entre otras medidas ejecutadas por dichas plataformas, predicen significativa eficacia. Por su parte, la plataforma que ha emprendido menos controles, y la menos longeva, Instagram, contribuye un tanto a dicha credulidad, mientras que el servicio de mensajería WhatsApp, con una arquitectura poco proclive a controlar el flujo informativo, impacta más en aquella. Esto pudiera explicarse por la naturaleza social de dichas plataformas, en virtud de la cual éstas segregan a individuos en grupos afines en los que se confía, lo cual relaja el escepticismo hacia y la verificación de la información compartida (Garret, 2019).

Con todo, el hallazgo no equivale a afirmar que aquellos controles son la causa de una menor desinformación, puesto que la pericia en el dominio de las plataformas o una cultura de uso de cada plataforma (^{Rogers, 2018}), no medida en este estudio, pudiera socializar a sus usuarios en la identificación y reacción ante estos fenómenos. Independientemente de ello, los datos convalidan de alguna manera el discurso y la acción auto regulatorias de las plataformas en la atención a la desinformación (^{Rodríguez Cano, 2020}).

Por otro lado, y en rechazo a la segunda de nuestras hipótesis, sorprende que el hecho de que los usuarios ejecuten estrategias para verificar información no sólo no disminuye su credulidad en desinformación, sino que la incrementa moderadamente para Instagram y WhatsApp. También de manera inesperada, dichas estrategias no reducen la credulidad para los usuarios de Facebook, Twitter y YouTube, contradiciendo este último caso al estudio de Galarza (2020) para las noticias falsas sobre el COVID-19. Al parecer, y por razones aún por determinar, esa dimensión a la que se le ha apostado en el combate a la desinformación parece ser poco eficaz (^{Sánchez Reina & González-Lara, 2022}; ^{Jones-Jang et al., 2021}).

Por el contrario, y en línea con dos trabajos precedentes (Valenzuela et al., 2020; ^{Sánchez-Reina & González-Lara, 2022}), el factor clave diferenciador es la dimensión actitudinal de la alfabetización digital, dado que los datos demuestran que el rechazo por parte de los usuarios a compartir información falsa reduce de manera muy significativa la probabilidad de que sean crédulos a información falsa en general y en particular en usuarios de Instagram y WhatsApp. No obstante, no llegan a reducirlo en usuarios de Facebook, Twitter y YouTube, posiblemente a raíz de la mencionada domesticación de estos problemas en dichas plataformas. Así, el estudio acepta parcialmente la hipótesis tres, aunque enfatiza el valor de la evaluación y la criticidad hacia la información por parte de los usuarios (^{UNESCO, 2022}) en el combate a la desinformación.

En suma, estos hallazgos significan que las respuestas institucionales a la desinformación por la vía de la autorregulación y la dimensión actitudinal de la alfabetización digital son parcialmente efectivas para combatir el problema, en un país con un nivel moderado en la presencia de este fenómeno.

Algunas limitaciones de este estudio deberán atenderse en sucesivas investigaciones. En primer lugar, las creencias falsas declaradas por los participantes no necesariamente provinieron de las redes sociales, sino que pudieron originarse a partir de conversaciones con pares o medios periodísticos de baja calidad. La única forma de controlar el auténtico origen de estas creencias es combinando métodos de rastreo de actividad en red con auto declaraciones, lo cual necesita de un diseño más sofisticado. Por otro lado, al ejecutarse el levantamiento de datos por internet, la muestra se inclinó un tanto más hacia individuos educados con niveles de alfabetización informacional potencialmente más elevados y por lo tanto parcialmente inoculados hacia la desinformación.

No obstante, pensamos que el presente estudio proporciona elementos relevantes para explorar el grado de penetración de la desinformación en los públicos, así como las medidas correctivas que pudieran encabezar los actores estatales y de la sociedad civil para atenuar su presencia.