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1. Introducción y Marco Referencial
Entre mediados del siglo XX e inicios del XXI, algunas naciones latinoamericanas, entre ellas Ecuador, padecieron profundas crisis económicas. Eso marcó el fin del ciclo neoliberal, en medio de revueltas de movimientos sociales. Tal contexto sirvió para el surgimiento de una “nueva izquierda regional” (Natanson, 2010), llamada también “ola de izquierda progresista” (Albán, 2016), “Socialismo del Siglo XXI”, “Socialismo del Buen vivir” (Souza, 2010) y “neopopulismo” (Rincón y Magrini, 2010), que prácticamente destronó a los sistemas de partidos tradicionales y dio paso a liderazgos de alta popularidad.
Figuras como Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Néstor Kirchner en Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Daniel Ortega en Nicaragua, y Rafael Correa en Ecuador, reconfiguraron la autoridad presidencial y propusieron un amplio programa de reformas institucionales y económicas en sus países. Todos tenían en común ser ultramediáticos, pues debían a los medios tradicionales parte de su ascenso al poder y eran altamente conscientes de la influencia de la prensa en el mapa político (Natanson, 2010), lo que no impedía que también pudieran ser al mismo tiempo antimediáticos, en el sentido de considerar a una parte importante de los medios como enemigos políticos a los que se debía batir.
Como apunta Ruiz (2010), los gobiernos de la nueva izquierda se convirtieron en auténticos actores comunicacionales. Utilizaron para ello variadas estrategias. En primer lugar, procedieron a la estigmatización de los medios como actores políticos y económicos, que se hizo palpable en los discursos críticos de los gobernantes hacia medios y periodistas, señalados como armas de la oposición, sesgados y partidistas. El objetivo de esta estigmatización era tratar de construir el imaginario social de que los medios no merecían tanta credibilidad como algunos ciudadanos les asignaban, para restarles así influencia e incitar a que la audiencia desconfiara de las intenciones de su actuación pública. Otra estrategia consistió en la elaboración y/o aplicación de reformas del marco regulatorio en el sector de la comunicación como camisa de fuerza para contrarrestar su poder en la política y en la sociedad.
También se procedió al fortalecimiento de los equipos de comunicación política de los gobiernos, lo que incluyó una centralización de los mensajes, la eliminación de ruedas de prensa por parte de ciertas autoridades y la suspensión de entrevistas con medios críticos o independientes. Otros métodos de control fueron: la cooptación de los medios comerciales, mediante la potestad del Estado de otorgar o prorrogar licencias de operación; el uso discrecional de la publicidad oficial, en el que el Estado es el primer anunciador; el desarrollo y expansión de medios públicos para ampliar el brazo mediático del Estado; y la comunicación directa con los ciudadanos, estrategia en la que fue pionero el presidente venezolano Hugo Chávez (desde mayo de 1999), con su programa Aló Presidente. (Ruiz, 2010)
En ese contexto el caso de Ecuador resulta de especial interés: las medidas adoptadas bajo el mandato del expresidente Rafael Correa, la presidencia más larga e ininterrumpida de la historia del país (2007-2017), fueron abundantes y controvertidas. Se implementaron algunos mecanismos normativos para tejer estructuras de regulación y censura hacia los medios privados y propiciar una reconfiguración mediática para acaparar -bajo la figura de incautación- importantes empresas de comunicación de alcance nacional (televisiones, radios y revistas) dentro del paraguas estatal. Este estudio se centra precisamente en analizar la sui generis operación de la incautación y las repercusiones legales, económicas y laborales que supuso. Como hipótesis inicial se plantea que la utilización de las incautaciones de medios de comunicación consiguió efectos políticos beneficiosos para los gobiernos a corto plazo, pero sembraron la semilla de su extinción a largo plazo.
Para el Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva (citado en Ayala, 2014), esto ocurría en Ecuador cuando el 99 % de las cadenas de televisión correspondía a iniciativas privadas con sedes en Quito, la capital, y Guayaquil, la ciudad más poblada y motor económico del país. En ambas ciudades se concentran los seis canales de televisión de señal abierta privados y de alcance nacional que, desde mediados del siglo XX, han tenido mayor audiencia e influencia en la opinión pública. Desde 2007, el mismo año de la asunción de Correa al poder, también es parte del espectro radioeléctrico nacional Ecuador TV, la primera televisora pública, financiada en parte con recursos del Gobierno de Venezuela, cuyo presidente era Hugo Chávez: Ecuador recibió cinco millones de dólares no reembolsables a través del Banco de Desarrollo Social y Económico de Venezuela, BANDES (De la Torre, 2013). El primer canal público ecuatoriano fue establecido al mismo tiempo que se instaló la Asamblea Constituyente para gestar la nueva carta política promovida por el expresidente Rafael Correa.
Aunque la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador define qué son medios públicos, privados y comunitarios, no dice nada respecto a otra categoría existente: los medios privados incautados, respecto a los cuales hay un vacío legal. La incautación implica la privación de alguno de los bienes de una persona como consecuencia de un delito o el apoderamiento arbitrario de algo, según la definición de la Real Academia. El Gobierno del expresidente Rafael Correa aplicó ambas acciones la madrugada del 8 de julio de 2008, cuando tomó el control de 195 empresas -17 de ellas medios de comunicación- del grupo Isaías, propietario de Filanbanco, la entidad financiera más importante de Ecuador, cuya quiebra se dio en 2001 luego de que la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria detectaran alteración de balances y otras irregularidades. Filanbanco fue administrado por la familia Isaías hasta 1998 y después pasó al Estado. Aquello coincidió con la peor crisis política y económica de la historia de la nación sudamericana (Jordán y Panchana, 2009), cuando la mitad de las entidades financieras quebró y al menos dos millones de ecuatorianos migraron, especialmente a España e Italia.
Los hermanos Roberto y William Isaías Dassum fueron sentenciados a ocho años de reclusión por peculado, pero viven en los Estados Unidos desde el año 2000. En 2021, la justicia revisó el caso y exculpó a los exbanqueros, quienes demandaron al Estado ecuatoriano en marzo de 2022 para recuperar las 195 empresas incautadas (todas, a excepción de una, quebradas bajo la administración estatal).
Entre las empresas que poseían los Isaías -especialmente en Guayaquil y Quito- había aseguradoras, concesionarias de vehículos, el ingenio azucarero Ecudos y la mayor empresa de contenidos de televisión por cable y proveedora de Internet TV Cable. Lo que más trascendencia pública cobró fue la incautación de un puñado de medios de comunicación: especialmente la Editorial Uminasa, que imprimía seis revistas; varias radios de alcance nacional; cuatro canales de televisión por cable y dos de señal abierta de alta audiencia: TC Televisión y Gamavisión.
Los medios privados incautados en Ecuador se convirtieron en un híbrido: conservaron su naturaleza jurídica de privados, pero sus acciones, bienes y línea editorial quedaron bajo control del Estado. De hecho, “los contenidos sensibles, en especial los políticos y judiciales, han tenido injerencia de la Secretaría de Comunicación desde el momento que fueron incautados” (Panchana y Barrera, 2021). Desde su incautación, dichos medios han pasado por cinco gobiernos: tres de Correa (2007-2017), uno de Lenín Moreno (2017-2021), y el de Guillermo Lasso comenzado en 2021 y cuyo término se prevé en diciembre 2023 por las elecciones anticipadas.
La incautación de los 17 medios de comunicación del grupo Isaías incluía, como se ha dicho, dos de los seis canales privados nacionales. Es decir, pasaban directamente al control político una tercera parte de las televisoras de alcance nacional. TC Televisión y Gamavisión, las dos estaciones televisivas de señal abierta incautadas (sin considerar los otros canales de radio local y otros de cable), se ubicaban -a 2008entre los tres primeros canales con mayor rating o audiencia, de acuerdo con los registros de Kantar Ibope Media (2023). De hecho, a junio de 2023, TC Televisión ocupa el segundo lugar de preferencia, como establecen las mediciones de Ibope revisadas para esta investigación.
2. Metodología
Para explicar la situación de los medios privados incautados se recurrió a la triangulación de datos. Según Hernández, Fernández y Baptista (2017), esta técnica consiste en la utilización de diferentes fuentes e instrumentos de recolección de información de distinto tipo para brindar una perspectiva integral del asunto analizado. Los métodos de investigación que se integraron fueron el histórico, el análisis de política de medios y las entrevistas en profundidad.
El método histórico conlleva una exhaustiva revisión documental sobre las políticas, decisiones y normativas implementadas con respecto a la propiedad de los medios de comunicación privados del país, que abarcó los tres períodos presidenciales de Rafael Correa (2007-2009; 20092013 y 2013-2017), los cuatro años del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y el periodo de Guillermo Lasso (20212023). También se tuvo en cuenta el contexto de los años anteriores para comprender los distintos hechos que dieron paso a una nueva fase política y para tener marcos de referencia sobre los cambios que emergieron.
El análisis de política de medios implicó una revisión de los aspectos normativos y jurídicos que se retomaron, reformularon o crearon para estructurar todo un esquema institucional y un modus operandi en favor de los intereses de control político gubernamental, de acuerdo con lo planteado por Freedman (2014), quien señala que un análisis significativo contempla las relaciones de poder que intervienen en la configuración de los contextos políticos. En este sentido, otros autores también han aportado a la investigación sobre política de medios, específicamente en el Cono Sur latinoamericano, como Mastrini y Becerra (2011). “Algunos gobiernos proponen cambios en la política de medios que plantean un mayor grado de intervención del Estado en la regulación y ciertos controles relativos a los niveles de concentración de la propiedad” (p. 54).
En otras palabras, al aguzar el espíritu, la letra y la aplicación de las leyes específicas sobre libertad de expresión, información y comunicación, se conceptualizan las potenciales formas de incurrir en propaganda, pese a la existencia de una democracia formal en Ecuador (PanchanaMacay y Barrera, 2022). Para ello, se ha recurrido a la definición de propaganda de Jowett y O’Donnell (2012): “El intento deliberado y sistemático de dar forma a las percepciones, manipular cogniciones, y dirigir el comportamiento para lograr una respuesta que promueva la intención deseada del propagandista” (p. 7). Es decir, se trata de un desarrollo preciso, metódico y organizado de medios para alcanzar un fin, y sus consecuencias se dirigen al control de las personas a través de una única interpretación de lo que se conoce (Ellul, 1973).
Las entrevistas a profundidad aportaron una visión más amplia del tema, procedente de autoridades de los medios públicos de Ecuador en los períodos objeto de estudio, altos funcionarios de las estructuras políticas creadas para el control o supervisión de la información, y representantes de los expropietarios de los medios incautados. Este acercamiento fue de especial relevancia dado que la bibliografía existente sobre el tema de estudio es escasa. Solamente existen notas periodísticas que, en su mayoría, reproducen declaraciones oficiales, y unas pocas investigaciones académicas que lo tocan tangencialmente. Estas últimas se centran, por ejemplo, en el aporte de los medios públicos al quehacer periodístico en el Ecuador (Sánchez y Punín, 2020), en el juego de poderes entre los medios privados y públicos y su repercusión en el ejercicio periodístico (Punín y Rencoret, 2014); los enfrentamientos entre el poder ejecutivo y el denominado “cuarto poder” que suponen los medios (Checa, 2011) y la batalla política y legal en Ecuador ante la creación de un sector estatal de medios informativos (Checa, 2013).
Mediante estos métodos y fuentes, son cinco las preguntas de investigación que se espera responder:
[P1] ¿Cómo fue la relación entre gobierno y medios de comunicación antes de la incautación de medios privados?
Esta interrogante se plantea con el fin de conocer si la medida respondió a intereses políticos o si simplemente el gobierno cumplió con la normativa existente en Ecuador.
[P2] ¿Es la incautación una figura específica del Ecuador en el contexto latinoamericano?
La revisión de lo que ha sucedido en otros países de la región sirve para tener una referencia clara acerca de la magnitud de la incautación como figura adoptada por el Gobierno de Ecuador. [P3] ¿Cuál es la situación legal de los medios privados incautados en Ecuador?
Interesa conocer si el Estado ecuatoriano tiene la potestad legal para vender las acciones de los medios incautados, tal como señala la Primera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de Comunicación (primera reforma de 2019).
[P4] ¿Cuál es la situación económica de los medios privados incautados en Ecuador?
En el actual contexto mundial de crisis de los medios de comunicación tradicionales resulta necesario conocer la situación económica en la que se encuentran los 17 medios privados que pasaron al Estado en julio de 2008.
[P5] ¿Cuál es la situación laboral de los profesionales en los medios incautados?
Conocer la situación de los trabajadores de estos medios resulta relevante para comprobar si sus derechos laborales son respetados. Tal como señala la ONU (2016), la capacidad de ejercer los derechos laborales impulsa el cumplimiento de otros derechos, sean estos económicos, sociales, culturales, políticos, etc.
3. Análisis de los resultados
3.1 La relación entre gobierno y medios de comunicación antes de la incautación
Desde el inicio de su gestión, el expresidente Rafael Correa naturalizó un estilo de gobierno catalogado por algunos autores como “en campaña permanente”, un término que describe la unión perfecta de técnicas de campaña política con el acto de gobernar (Conaghan y De la Torre, 2008).
Esa práctica se evidenció desde su posesión como primer mandatario, el 15 de enero de 2007, cuando firmó un decreto de convocatoria a consulta popular para decidir sobre la instalación de una Asamblea Constituyente que se encargase de reformar la Constitución de 1998. Esa disposición no contó con la deliberación previa por parte de la Función Legislativa, lo que generó fricciones con el antiguo Congreso Nacional que culminaron con una polémica jugada que dejó fuera a 57 diputados de la oposición, a quienes el entonces Tribunal Electoral cesó de sus funciones.
Se produjo entonces la primera confrontación directa con los medios, en particular con el diario La Hora, por un editorial titulado Vandalismo oficial, en el cual se afirmaba que el régimen pretendía gobernar con tumultos, piedras y palos, en alusión a la actitud de la Policía de impedir el ingreso de los diputados destituidos al Congreso. En respuesta, un representante de la Presidencia presentó una querella judicial contra el director de La Hora, por considerar que se “ofendió la majestad del mandatario”.
Para acercarse más a la población, Rafael Correa instauró semanalmente el programa Enlace Ciudadano, emulando al espacio Aló Presidente del mandatario venezolano Hugo Chávez. El semanal Enlace Ciudadano incluyó una puesta en escena con modernos recursos audiovisuales: cámaras, luces, grúas, pantallas gigantes y digitales, teleprónter, equipos satélites de transmisión, etc. Transmitido por radio y televisión, ese espacio -en el que Correa era presentador, entrevistador y protagonista- fue conocido coloquialmente como sabatina, porque se desarrollaba los sábados con una duración promedio de tres horas. A partir de 2008 se emitió desde la recién creada televisora pública Ecuador TV, canal al servicio del gobierno, contrariando los principios universales del deber ser de un medio público. Así, el dispositivo comunicativo de Corea fungía como una rendición de cuentas del gobierno hacia los ecuatorianos y se combinó con los llamados gabinetes itinerantes: El presidente y sus ministros de Estado se desplazaban a distintas localidades fuera de Quito e, incluso, a países con presencia de migrantes ecuatorianos como España, Italia y los Estados Unidos. El contacto directo con el pueblo y los contenidos de los enlaces eran a su vez retomados por los noticieros nacionales y la prensa (Conaghan y De la Torre, 2008), con lo cual los temas allí tratados entraban en la agenda mediática de cada semana. Es decir, Correa marcaba la agenda setting semanal cada sábado desde su programa de televisión, en un momento histórico dominado, todavía, por los medios tradicionales (offline) y su impacto en la opinión pública, cuestión que ha sido ratificada en otros estudios como el del Mier (2015, p. 260).
En sus sabatinas, además del ataque a periodistas, en distintas ocasiones Correa rompió periódicos e invitó a la audiencia a hacerles un boicot, dejando de comprar medios impresos o de ver ciertos canales de televisión. Los insultos públicos contra periodistas efectuados en dichos espacios calaron hondo en las audiencias, si se tiene en cuenta que desde enero de 2007 hasta su salida del poder, en mayo de 2017, Correa hizo 523 Enlaces Ciudadanos, equivalentes a 1544 horas de transmisiones financiadas con recursos del Estado (Panchana-Macay y Barrera, 2022). Como señala Stornaiolo (2019), “la capacidad mediática de Correa, materializada en los programas semanales, fue un factor para la construcción de un personaje idolatrado por parte de la población” (p. 58).
El mandatario lanzó, al menos, 171 calificativos contra políticos, periodistas y organizaciones sociales. Sus ataques a medios de comunicación críticos a su régimen incluyeron insultos como: “prensa mercantilista, corrupta, inmoral, manipuladora, falta de ética, canallas, amarillistas, bocones, buitres, cínicos, chismosos, desequilibrados, sicarios de tinta” (Stornaiolo, 2019, p. 52). Por otra parte, entre 2008 y 2017 el gobierno emitió 477 sanciones administrativas y económicas contra medios y periodistas (Eleconomista.com, 2017). Esas sanciones fueron impuestas, primero, por la Superintendencia de Telecomunicaciones y, desde 2013, a través de la Superintendencia de la Información y Comunicación, entidad afín al Ejecutivo creada con la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), vigente desde junio de ese año, con el fin democratizar la comunicación mediante la distribución equitativa de las frecuencias (Punín, 2022). La LOC ha tenido dos reformas sustanciales: en 2019 y 2022. Y sigue aún vigente.
El nuevo sistema comunicacional no habría sido posible sin una serie de leyes que ya existían y otras que se reformaron o crearon durante la década de gobernanza de Correa. Esos mecanismos normativos sirvieron de soporte para diversos objetivos: 1) armar el modelo de comunicación del país pensado desde el Poder Ejecutivo; 2) tejer las estructuras de censura y control hacia los medios privados; y 3) reconfigurar la estructura mediática para dar paso al surgimiento acelerado de medios públicos que contribuyeron al diseño de una forma de gobernar en campaña permanente.
3.2 La incautación como figura específica de Ecuador en el contexto latinoamericano
La incautación de medios de comunicación privados es un hecho singular en Ecuador. Si bien países de la región ideológicamente afines como Venezuela, Bolivia y Argentina potenciaron y ampliaron su plataforma comunicacional pública, estos no incautaron empresas privadas de comunicación. En Venezuela, por ejemplo, el gobierno de Hugo Chávez no renovó la concesión de medios críticos al régimen, como la reconocida televisora de señal abierta RC-TV (Radio Caracas Televisión), obligada a cerrar en diciembre de 2007. Chávez alegó el incumplimiento del Art. 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Centeno y Mata, 2016). Esta norma establece que suspenderán o revocarán la concesión a medios de comunicación del espectro radioeléctrico que inciten a la guerra o provoquen la alteración del orden público.
Venezuela también ejerció otras formas de presión como cortar la provisión del papel periódico importado a los diarios para controlar su línea editorial, obligándoles así a reducir el número de páginas ante la incapacidad de imprimir lo habitual, por la falta de materia prima (CanelónSilva, 2014). Incluso las restricciones obligaron a cerrar las versiones impresas de medios de referencia, como el influyente diario El Nacional, fundado en 1943. Desde el 14 de diciembre de 2018, El Nacional ya no circula en su versión papel y en la actualidad subsiste como medio digital.
En el caso de Argentina, han sido notorios los enfrentamientos de Néstor Kirchner (presidente de 2003 a 2007) y Cristina Fernández (2007-2015) con el Grupo Clarín y la prensa de La Nación. En esos periodos fue evidente el constante intento gubernamental de controlar a los medios (Repoll, 2010). Para Becerra (2015), la regulación en varios de los países de Sudamérica tiene asidero en el caso argentino, si se analiza en detalle el comportamiento del Poder Ejecutivo en la aplicación discrecional de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tras su sanción por el Congreso en 2009 y hasta fines de 2013. “Esta ley, fruto del inédito debate social sobre las funciones de los medios (que desborda el contenido concreto de la norma), es un giro copernicano en la intervención estatal en el sector ordenado por Cristina Fernández tras el estímulo a la concentración realizado durante la gestión de Néstor Kirchner” (p. 40).
Para Becerra (2015) el mapa de medios argentino ha sufrido cambios significativos, con grupos en ascenso y un gobierno que actúa “a la vez como operador audiovisual con una destreza infrecuente en el país y como financiador de empresas y productoras” (p.47). Sin embargo, no hubo ninguna confiscación o incautación como en Ecuador, lo que convierte a este país es un caso paradigmático, al menos en la región, en lo que concierne a que un Estado se apropie de medios de comunicación.
El caso en la región que, parcialmente, puede servir como parangón con Ecuador es lo ocurrido en Nicaragua desde enero de 2007, cuando Daniel Ortega, líder del partido Frente Sandinista, retomó el poder. Además de comprar medios de comunicación privados -en transacciones cuestionadas, aunque lícitas (Drazen, 2020)- utilizó otros mecanismos para silenciar las críticas en contra del gobierno. En agosto de 2021, por ejemplo, ordenó a la Policía allanar el diario La Prensa. El hecho se produjo días después de que el periódico se viera obligado a reducir su versión impresa por falta de papel, ya que la Dirección General de Aduanas no le autorizó la entrega del insumo. Finalmente, la versión impresa de La Prensa dejó de circular ese mismo mes (Drazen, 2020).
El 11 de septiembre de 2020 se inició una persecución fiscal contra medios de comunicación independientes de Nicaragua. La Dirección General de Ingresos -que se encarga de la administración, recaudación, fiscalización y cobro de los tributos establecidos a favor del Estado- impuso multas millonarias a los únicos dos canales de televisión que estaban fuera del control mediático sandinista: Canal 10 y Canal 12. Sin embargo, la administración de esos canales y su operación no pasó a manos estatales, como en el caso ecuatoriano. En 2018, había sido también confiscado el canal 100% Noticias, posteriormente cerrado con ayuda de la Policía. Se estima que el Gobierno de Ortega ordenó el cierre de una veintena de medios privados (Drazen, 2020). Las medidas comenzaron en 2014 y se intensificaron después de la rebelión de abril en 2018, con protestas en toda Managua, cuando fueron cerrados 12 medios independientes. En 2019 y 2020 dejaron de operar los periódicos Metro y El Nuevo Diario, este último de cobertura nacional. Para Papaleo (2021), en Nicaragua la consigna ha sido silenciar las voces críticas al gobierno o practicar el acoso permanente para obligar a cambiar la línea editorial de los medios. Esa falta de voces locales críticas permitió a Ortega asumir la Presidencia de Nicaragua por quinta vez en enero de 2022. Gobernará sin oposición hasta 2027.
En Ecuador, sin embargo, bajo el mandato de Correa, la apropiación de medios de alcance nacional, sobre todo televisoras como Gamavisión y TC Televisión, sirvieron como altavoz de la versión gubernamental y para responder a críticas de la oposición. En otras palabras, al unificarse editorialmente medios privados-incautados y los públicos que creó el régimen de Correa -en transmisiones simultáneas-, se consolidó una plataforma gubernamental para controlar la opinión pública (Panchana-Macay y Barrera 2022; Panchana y Barrera 2021; Panchana y Mena, 2020). El entonces presidente Correa aprovechó el alcance e influencia de esos medios para su causa política, a diferencia de gobiernos afines como el de Venezuela y Nicaragua que cerró la prensa crítica o la silenció con una serie de medidas.
En Ecuador, entre 2007 y 2017, tampoco se renovaron las frecuencias a varias radios y canales de televisión, lo que significó el cierre de medios como Ecotel TV en Loja, la revista Vanguardia, todas las ediciones regionales de diario La Hora y otras radios y periódicos locales, cuya situación económica se agravó cuando el gobierno decidió retirarles la pauta comercial. (A. Manrique, comunicación personal, 4 de enero de 2023).
3.3 La situación legal de los medios privados incautados en Ecuador
Los recursos legales que interpusieron los representantes de los medios incautados provocaron que su venta por parte del Estado fuese imposible de concretar. La operación para que el Gobierno se hiciera con esos bienes privados partió de una disposición de la extinta Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). La misión de la AGD era reestructurar e inyectar capital a las entidades financieras en problemas y manejar un fondo que permitiera devolver su dinero a depositantes afectados por la quiebra de bancos. La resolución con la que la agencia ordenó la incautación fue expedida el 8 de julio de 2008 por Carlos Bravo Macías, su exgerente general. Bravo considera que la incautación de las 195 empresas del grupo Isaías no tuvo el respaldo legal previo. Aunque él estuvo a cargo del operativo, admite que en esa medida impulsada por el expresidente Correa no había el sustento legal necesario. “Fue una acción valiente de ese gobierno. Aunque luego de ejecutada la incautación, se buscaron formas de darle legalidad” (comunicación personal, 20 de septiembre de 2022).
El entonces ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, miembro del directorio de la AGD, no firmó la resolución de incautación. Su espacio quedó en blanco y por ello fue destituido (Caso Isaías, s.f.). Como se requería de un aval legal para sostener la decisión estatal, el 9 de julio de 2008, al día siguiente de la incautación, la Asamblea Constituyente, el máximo organismo que en ese momento redactaba la nueva Constitución del país, emitió el Mandato Constituyente 13. Este Mandato constaba de cuatro artículos y bloqueaba la posibilidad de demandas de los dueños de las 195 empresas incautadas ante la justicia ecuatoriana. En el documento, entre otras cuestiones, se señalaba: 1) la plena validez legal de la resolución en la que se ordenaba la incautación de los bienes de los exaccionistas y exadministradores de Filanbanco; 2) que dicha resolución no era susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial; y 3) precautelar la estabilidad de los trabajadores y empleados de las empresas intervenidas.
La Asamblea Constituyente apoyó la incautación impulsada por el expresidente Correa, porque había mayoría absoluta de su movimiento Alianza PAIS: el oficialismo tenía 79 de los 130 asambleístas constituyentes. La incautación se decidió en una reunión de 16 horas en el Palacio Presidencial, que empezó la mañana del 7 de julio de 2008 (L. Cucalón, comunicación personal, 16 diciembre de 2022). En la madrugada del 8 de julio (04:40 hora local), la Presidencia emitió un comunicado para respaldar el embargo a las empresas por parte de la policía, la milicia y la AGD, que señalaba lo siguiente: “La AGD ha dispuesto la incautación de todos los bienes de propiedad de los administradores y accionistas del ex Filanbanco, al 2 de diciembre de 1998, cuyas pérdidas fueron determinadas por la Junta Bancaria por USD 661 millones” (Presidencia de la República del Ecuador, 2008).
Los hermanos Isaías iniciaron una serie de demandas a escala internacional para recuperar sus bienes; entre ellas, una dirigida al Comité de Derechos Humanos de la ONU, el 12 marzo de 2012, en Ginebra (Suiza), que fue registrada bajo el número 2244/2013. El 6 diciembre de 2013, los demandados y representantes del Estado ecuatoriano presentaron en Ginebra la contestación oficial a la denuncia. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha fallado siempre -hasta febrero de 2023- a favor de los hermanos Isaías. Uno de esos dictámenes, de junio de 2016, ordena al Ecuador la plena reparación a los afectados. Por esa razón, a pesar de los reiterados anuncios sobre la venta de las empresas incautadas, esta no ha podido ejecutarse. Uno de los argumentos en la demanda de los Isaías se refiere concretamente a los medios de comunicación. Indican que las autoridades y funcionarios del Estado iniciaron una persecución política y judicial contra su familia con la intención de extraditarlos, condenarlos y encarcelarlos para, posteriormente, confiscar sus bienes y apropiarse de sus medios de comunicación que históricamente han tenido cabida e influencia en la opinión pública (Caso Isaías, s.f.).
Jorge Zavala Egas, abogado defensor de los hermanos Isaías, argumenta que se violó el derecho de propiedad al confiscar los bienes bajo el nombre de incautación, sin sustento jurídico alguno, pues se basó en aplicar la garantía personal patrimonial de los accionistas y administradores de instituciones financieras y en la incautación como medio para hacerla efectiva. “No se podrán enajenar hasta que se resuelva el fondo del proceso de reparación integral dictaminado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU por las incautaciones” (J. Zavala, comunicación personal, 25 de noviembre de 2022).
Cuando el Gobierno ecuatoriano incautó los medios privados, el expresidente Rafael Correa prometió vender aquella plataforma mediática en un máximo de seis meses, es decir, antes de enero de 2009. Sin embargo, eso no llegó a ocurrir en todo su mandato. Las empresas pasaron del control de la extinta AGD a un fideicomiso denominado AGD-CFN No Más Impunidad, luego al Fideicomiso No más Impunidad-Medios; en 2015, a la Unidad de Gestión de Medios (Ugemed); en 2017, a la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP); y, finalmente, a la Empresa Medios Públicos EP, que entró en proceso de liquidación en septiembre de 2020. De esa manera, siempre estuvieron bajo control de la Función Ejecutiva. En 2021 se creó otra empresa pública para administración de los medios incautados: Comunica EP. Esta mantiene actualmente -a junio de 2023las acciones de los medios incautados.
A los medios incautados de los hermanos Isaías se sumaron el diario El Telégrafo y dos radios que fueron confiscadas por el Estado en 2002 al grupo de Fernando Aspiazu, dueño del quebrado Banco del Progreso (antes del mandato de Correa). Años más tarde -ya en la era Correael gobierno incautó la compañía Editores e Impresores Edimpres SA, dueña del medio privado Diario Hoy, el cual fue liquidado de manera forzosa por la Superintendencia de Compañías en agosto de 2014.
La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) de Ecuador rige desde junio de 2013 con varias reformas concretadas en 2019 (Gobierno de Lenín Moreno) y en 2022 (Gobierno de Guillermo Lasso). En 2019, la Asamblea Nacional acogió el pedido del entonces presidente Moreno de fomentar la libertad de expresión y que exista una norma no punitiva, por lo que cambió en un 80 % en la LOC original de 2013, impulsada activamente por el expresidente Correa desde su llegada al poder en 2007 (Panchana, 2020). Entre otras cuestiones, la LOC de 2019 exige al Estado vender las acciones de los medios incautados, como señala la Primera Disposición Transitoria:
Las instituciones del sector público que mantengan la propiedad de acciones, participaciones u otro tipo de propiedad sobre personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto sea prestar el servicio de comunicación social, deberán operar la transferencia definitiva de la propiedad accionaria de estos medios de comunicación en un plazo de hasta 365 días (LOC, 2019).
Aquel plazo se cumplió el 20 de febrero de 2020 pero, hasta junio de 2023, no hay compañías interesadas en la compra. A la situación legal de los medios incautados se suman otros aspectos contextuales -como hábitos de consumo o el auge de medios nativos digitales- que hacen que los medios de comunicación tradicionales no resulten un negocio atractivo, lo que ha ido desincentivando el interés por una eventual adquisición. “Gamavisión, por ejemplo, no dispone de los equipos para el apagón analógico previsto, inicialmente, para 2020 (el proceso ha sido continuamente prorrogado), con el fin de transmitir en HD” (M. Moncayo, comunicación personal, 25 de noviembre de 2022).
El 24 de mayo de 2018, Andrés Michelena, exsecretario de Comunicación de la Presidencia de la República en el gobierno de Lenín Moreno, admitió que vender Gamavisión era complicado. “Quebraron ese canal. Alguien dispuso que transmitan 426 sabatinas. El expresidente Rafael Correa y el exministro de Comunicación, Fernando Alvarado, deben responder por qué abusaron, malgastaron y llevaron a la quiebra a esos medios” (como se citó en La Nación, 2021). Sobre este asunto, dado que el Estado es el accionista mayoritario de los medios incautados, le corresponde a la Contraloría vigilar el uso de sus recursos. Según Michelena (citado en El Comercio, 2018), “Alvarado fugó sin responder a 11 informes con indicios de responsabilidad penal, en su mayoría, por peculado. Cuatro de ellos están relacionados con el manejo de Gamavisión y TC Televisión”. Las investigaciones señalaban, entre otras cuestiones, el incremento injustificado de sueldos a gerentes y pagos a funcionarios antes de que fuesen nombrados en sus cargos. Sobre el proceso de venta, Michelena ofreció concretar el de TC Televisión en un plazo de seis a ocho meses. Eso tampoco se cumplió.
En febrero de 2020, la entonces Empresa de Medios Públicos EP informó que era imposible vender lo incautado en julio de 2008 a los hermanos Isaías, incluidos sus medios de comunicación, casi todos quebrados. El Gobierno del expresidente Moreno reconoció, por lo tanto, que no cumpliría la Transitoria Primera de la LOC reformada en 2019: que el Estado transfiriera, hasta el 20 de febrero de 2020, todas las acciones de medios privados que poseía.
Medios Públicos EP justificó que había medidas cautelares, lo cual prohíbe vender o enajenar bienes. Esto tras un recurso judicial (acción de protección) interpuesto por la familia Isaías. “Hay una prohibición de enajenar los bienes, lo que hace imposible una negociación y venta de las acciones, y, por tanto, mientras eso se mantenga, no se pueden tomar medidas para el cumplimiento de la Transitoria Primera” (Panchana, 2020). Lo mismo ratifica el abogado de los hermanos Isaías:
Hemos instaurado una serie de medidas legales y vamos a continuar. En este 2023 se cumplen ya 15 años de la incautación. Todos los tribunales internacionales nos han dado la razón. Se ha evidenciado la torpeza del Estado ecuatoriano que, desde julio de 2008, ha quebrado todas las empresas privadas del Grupo Isaías. A estas alturas no vamos a recuperar los medios de comunicación ni nada. Ya nada sirve. Queremos ahora los bienes inmuebles, básicamente terrenos y edificios. Es lo único que ahora tiene valor y ya estamos en una negociación con la Procuraduría del Estado. (J. Zavala, comunicación personal, 25 de noviembre de 2022).
Los hermanos Isaías reclaman al Estado ecuatoriano USD 2000 millones, según la demanda instaurada en marzo de 2022 en el Tribunal Contencioso Administrativo de Guayaquil. En tanto, Comunica EP indicó que los medios incautados deben pasar a manos de la sociedad y no tienen que ser administrados ni usufructuados por ningún régimen. Dicha empresa expuso que “esa es la gran lección del régimen de Rafael Correa: el uso para fines políticos de los medios incautados. Llevamos adelante un responsable proceso de solución a la situación caótica con la que se manejaron (Comunica EP, comunicación personal, 8 de febrero de 2022).
Referencia: miles de personas
Universo de IBIPE media: 5 millones 256 mil personas Target: 3 a 99 años
Consolidado: lunes a domingo 06:00 24:00
People meter: 600 en ecuador (300 en quito y 300 en guayaquil)
Un punto de rating: 50 mil personas
En 2021, el Estado informó que, a fin de cumplir lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Ejecutivo 1160, se suscribieron cartas de transferencia sobre la titularidad de acciones que mantenía Medios Públicos EP a favor de la Empresa Pública de Comunicación del Ecuador EP (Comunica EP) de las empresas de medios incautadas. Es decir, el Estado asumió las acciones de los medios incautados en su nueva empresa, Comunica EP. Aunque cinco gobiernos -como se ha dicho- no han subsanado el tema de la incautación, hay una estructura estatal que ha mutado y complica las decisiones sobre estas empresas híbridas, debido a la sensibilidad política del tema. El primer secretario de Comunicación nombrado por Lasso, Eduardo Bonilla, anunció en noviembre de 2021 que se haría un saneamiento de los medios incautados para poder venderlos en el plazo de un año. Eso tampoco se cumplió. De hecho, el único medio incautado que puede ofertarse es TC Televisión: está totalmente operativo y hasta 2023, “según las mediciones de rating, se consolida como el segundo canal de TV con mayor audiencia en Ecuador luego de Ecuavisa” (G. Pambabay, comunicación personal, 21 de enero de 2023).
“Por dos años consecutivos, en 2018 y 2019, TC Televisión fue líder en audiencia, según las mediciones de Kantar Ibope Media” (G. Pambabay, comunicación personal, 21 de enero de 2023), tal como se puede apreciar en el Gráfico 1, en el que se evidencia también que la audiencia de otros canales de señal abierta como Gamavisión ya no es medida por Kantar Ibope Media, la única empresa que da ese servicio en Ecuador, pues dejaron de pagarle debido a la crisis económica que atraviesan todos los medios incautados, exceptuando a TC Televisión.
3.4 La situación económica de los medios incautados
Hasta junio de 2023, a solo seis meses del término anticipado de su mandato, el gobierno del presidente Guillermo Lasso no ha podido resolver las complicaciones económicas que implican la decisión estatal de la incautación. Lasso terminará su período en diciembre de 2023 porque el 17 de mayo de ese mismo año tomó una decisión histórica: disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas, el 20 de agosto de 2023. Así, un sexto gobierno de Ecuador heredará una estructura mediática incautada y quebrada, cuya solución no solo pasa por las normativas comunicacionales vigentes, sino, sobre todo, por los recursos judiciales vigentes que fueron interpuestos por los expropietarios de las empresas incautadas en 2008.
Desde el inicio, el régimen de Moreno, que antecedió a Lasso, se propuso resolver la situación. De hecho, en octubre de 2017, “el Gobierno del expresidente Lenín Moreno denunció que hubo una administración irregular de los medios incautados en el régimen de su antecesor. Indicó que todo se manejó de forma propagandística, mediocre, dispendiosa e indolente” (F. Larenas, comunicación personal, 20 de febrero de 2020). “Según una auditoría realizada a los medios en 2017, los canales Gamavisión y TC Televisión registraban pérdidas acumuladas por $23 millones” (Panchana, 2020).
La Presidencia de Ecuador ordenó el pago -en septiembre de 2019, por pedido de la Contraloría del Estado- de USD 6,6 millones a Gamavisión. Ese valor correspondía a la transmisión de 119 enlaces ciudadanos, las llamadas sabatinas de Correa, entre enero de 2015 y mayo de 2017 (Panchana y Barrera, 2021). Eso sirvió para evitar el cierre del canal. Sin embargo, desde 2021, por disposición de la Superintendencia de Compañías, Gamavisión está en liquidación, aunque continúa con sus transmisiones, incluidos los informativos. “El Estado posee el 78 % del paquete accionario de Gamavisión, mientras el 22 % restante fue adquirido en 2011 por los propios empleados del medio, con un crédito a diez años del banco estatal BanFomento” (Panchana, 2020).
Para el periodista Mauricio Herrera, presidente del Comité de Empresa de Gamavisión desde 2013, no ha existido una verdadera intención de vender las acciones de Gamavisión ni de TC Televisión (comunicación personal, 22 de noviembre de 2022). Luego de 15 años de la incautación, hasta junio de 2023, la administración de Gamavisión adeuda seis meses de salario a sus empleados.
En el caso de TC Televisión, el 12,20 % de sus acciones pertenece a los trabajadores a través de un fideicomiso y el 87,80 % a la empresa pública Comunica EP. Aunque TC Televisión ha sido históricamente el segundo canal en facturación de Ecuador, el golpe de la incautación, más los problemas globales de los medios de comunicación tradicionales ante los nuevos hábitos de consumo de contenidos informativos, se ven reflejados en los números. El ingreso por ventas cayó de USD 34,6 millones en 2017 a USD 30,7 millones en 2018; y de USD 32,6 millones en 2019 a USD 22,5 millones en 2020. En 2021 hubo una mejora en la venta anual de publicidad: fue de USD 32,1 millones, pero en 2022 la facturación cayó en un 11,5 % (TC Televisión, 2023).
Algunos factores, sin embargo, han logrado mantener a TC Televisión a flote: su producción, que ha tenido gran acogida, especialmente, en cuanto a telenovelas, series y programas de entretenimiento con impronta de farándula. “Siempre de corte popular y no de alta calidad en narrativa televisiva. El canal, además, ha hecho permanentes desvinculaciones laborales y ha incursionado con fuerza en lo digital” (J. Villabolos, comunicación personal, 4 de diciembre de 2022).
En 2011 el Fideicomiso AGD CFN No más impunidad-Medios valoró a TC Televisión en USD 70 millones y a Gamavisión, en USD 25 millones. Sin embargo, su precio fue disminuyendo porque los medios de comunicación per se han dejado de ser un lucrativo negocio (M. Moncayo, comunicación personal, 25 de noviembre de 2022), aún más cuando la Constitución de 2008 prohibió que grupos económicos rentables, como la banca, tuvieran acciones en medios de comunicación. Los medios incautados se constituyeron en una importante maquinaria de propaganda controlada desde el poder político, en este caso el Ejecutivo. Y aquella estructura comunicacional fue aprovechada “por el régimen de Correa para reconfigurar la opinión pública y lograr, por ejemplo, las victorias en once procesos electorales que hubo en la década que gobernó (2007-2017), cuando entonces Alianza PAIS era imbatible políticamente” (Panchana y Barrera, 2021).
Tabla 1 Medios privados incautados por el Estado
| EMPRESA | AÑO DE CREACIÓN | MEDIO | DECRETO DE TRANSFERENCIA | SITUACIÓN LEGAL |
|---|---|---|---|---|
| Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. | 1977 | Gamavisión | 227 | Disolución/liquidación. El canal sigue al aire hasta agosto de 2023, pero parte de sus contenidos los toma del canal público Ecuador TV y de TC Televisión |
| Cadena Ecuatoriana de Televisión S.A. | 1969 | TC Televisión | 227 | Activa |
| Cablevisión S.A. | 1989 | Cablenoticias Cabledeportes | 227 | Disolución/liquidación |
| Americavisión S.A | 1991 | Americavisión UHF | 227 | Liquidación de pleno derecho |
| Editorial Uminasa del Ecuador S.A. | 1988 | Revistas La Otra, La Onda, El Agro, Valles, Costa y Samborondón | 227 | Liquidación de pleno derecho |
| Editores e Impresores Edimpres S.A. | 1982 | Diario HOY | 227 | Disolución/liquidación |
| Radio El Telégrafo | 1935 | Radio El Telégrafo | 227 | Inactivo |
| Radio La Prensa TV S.A. | 1990 | Radio La Prensa | 354 | Liquidación de pleno derecho |
| Organización Radial C.A. | 1991 | Radio Carrusel | 354 | Liquidación de pleno derecho |
| Radio Bolívar S.A. | 1990 | Radio Súper K-800 (Guayaquil) | 354 | Liquidación de pleno derecho |
| Radio Difusora del Pacífico S.A. Rapasa | 1990 | Radio Súper K-800 (Quito) | 354 | Inactivo |
Fuente: Comunica EP (comunicación personal, 8 de febrero de 2022)
El mercado de inversión publicitaria de la televisión en Ecuador ha mantenido su tendencia decreciente: pasó de USD 211 millones en 2012 a USD 128 millones en 2018, incluyendo los seis canales nacionales privados de señal abierta de Ecuador (Panchana, 2020), y a USD 99,2 millones en 2020 (Del Alcázar, 2021). Las cifras de ese año recayeron más por el impacto de la covid-19. Para Fernando Larenas, quien fue gerente de la Empresa de Medios Públicos EP, hay que considerar que los medios de comunicación a nivel mundial han dejado de ser rentables. Y estos al tener una figura particular, como los incautados por el Gobierno de Ecuador, agrava la situación. “Los medios incautados provocan miedo. Es como querer vender un carro. Dices que lo vendes, pero sin papeles, porque era de tu suegra y ella, a su vez, tenía problemas legales. Nadie quiere un lío así” (citado por Panchana, 2020).
Hasta marzo de 2023, el Estado ecuatoriano mantenía aún en su poder los 17 medios incautados al grupo Isaías. Como se puede observar en la tabla 1, solo dos están activos: TC Televisión y Gamavisión. Los restantes están quebrados y/o en proceso de liquidación. De hecho, Gamavisión está en proceso de liquidación, pero aún se mantiene al aire. Según los registros de capital perdido en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2023), revisados hasta 13 de junio de 2023, las pérdidas netas ascienden a USD 39’708.940 millones, eso sin contar con las demandas laborales e indemnizaciones que siguen pendientes de dictamen por parte de la justicia del país.
3.5 La situación laboral de los profesionales en los medios incautados
En los medios incautados en 2008 había, en ese momento, un total de 1150 empleados, la mayoría en TC Televisión (369 trabajadores) y en Gamavisión (460). Hasta junio de 2023, en TC quedaban 300 empleados y en Gamavisión, 50 (estos con sueldos atrasados y cuatro años sin aportes a la seguridad social). Los demás trabajadores estaban en la Editorial Uminasa, las radios y otros canales del grupo que, como se ha dicho, han sido disueltos o están en proceso de liquidación. De hecho, las liquidaciones a ese personal de los medios cerrados no se han cancelado aún (C. Reyna, comunicación personal, 23 de febrero de 2023).
El mayor conglomerado de medios lo tenía el grupo Isaías; de ahí que los despidos han sido la constante, sobre todo desde 2017, cuando asumió el expresidente Lenín Moreno. Entonces, Medios Públicos EP trató de justificar la situación: “Se ha buscado precautelar el empleo de los trabajadores. Si se han dado despidos, hemos tratado de cumplir con nuestras responsabilidades como patrono y pagar los valores pendientes” (Comunica EP, comunicación personal, 8 de febrero de 2022). Hasta junio de 2023, el Estado no ha pagado las indemnizaciones de, al menos, 300 empleados de los medios incautados cerrados o en proceso de liquidación.
Para Martha Moncayo, exgerente de Medios Públicos EP, TC Televisión es considerada la “joya de la corona” de los incautados, pues ese canal tiene una evolución positiva: de saldos en rojo a resultados de gestión favorables. La plantilla se ha optimizado un 13 %. Eso le ha permitido un ahorro de $1 millón en sueldos y un 10 % en costos operativos. Su flujo por autogestión permitió incluso tener utilidad en el 2019, algo que históricamente ya no había (Panchana, 2020).
La pérdida del conglomerado mediático incautado en 2008 por el Estado ecuatoriano a los exbanqueros Isaías es casi total, exceptuando, como ya se ha dicho, una televisora. “No queda nada en pie; solo TC Televisión, pero con una facturación que va disminuyendo, y con continuos recortes de personal para afrontar” (J. Zavala, comunicación personal, 25 de noviembre de 2022).
Aunque las 195 compañías incautadas por el Estado al grupo Isaías están prácticamente quebradas
-este estudio se ha centrado en los 17 medios de comunicación-, los antiguos propietarios reclaman la devolución de bienes, particularmente inmuebles, como terrenos, edificios, casas. En marzo de 2023, la Procuraduría General del Estado solicitó a la Corte Constitucional de Ecuador que le dé trámite prioritario a la acción extraordinaria de protección que esa entidad planteó para dejar sin efecto la devolución de los bienes incautados en el 2008 a los hermanos Roberto y William Isaías, expropietarios del Filanbanco, “para cubrir un hueco patrimonial detectado por una empresa auditora” (El Universo, 2023). En mayo de 2022 un juez de Guayaquil dispuso la devolución de dichos bienes, como parte de una serie de medidas de reparación a favor de los Isaías por vulneraciones a sus derechos. La decisión fue ratificada luego por un tribunal de la Corte Provincial del Guayas en septiembre de 2022 (El Universo, 2023)
Para este estudio se hizo una revisión en la Superintendencia de Compañías del estatus de las 195 empresas incautadas en julio de 2008. Hasta junio de 2023 solo TC Televisión consta como activa. Es decir, en menos de 15 años, un total de 194 empresas quebraron en manos del Estado.
4. Discusión y conclusiones
En julio de 2008, el Estado ecuatoriano incautó 17 medios de comunicación al grupo Isaías. A junio de 2023, de todos ellos solo estaba enteramente activo TC Televisión, siendo uno de los canales líderes en audiencia nacional. El otro medio activo, pero en proceso de liquidación, es Gamavisión, aunque con una nómina mermada: pasó de los 460 empleados que tenía en 2008 a los 50 que quedaban en el primer trimestre de 2023. Los otros 15 quebraron o se hallan en vías de liquidación por motivos económicos. El análisis comparativo de este instrumento de control mediático convierte a Ecuador en el único país de América Latina que lo utilizó de manera profusa y consciente. Las dudas sobre su legalidad se cernieron desde el comienzo de forma tal que no han llegado aún a resolverse.
La incautación permitió a los gobiernos de Rafael Correa entre 2007 y 2017; al de Lenín Moreno (20172021), y al de Lasso, desde mayo de 2021, usar políticamente a su favor una plataforma mediática importante, de alcance nacional, en especial a través de los influyentes canales televisivos TC Televisión y Gamavisión, para insertar la versión oficial en la opinión pública. Se amplió así el dominio gubernamental de la esfera audiovisual, a la que dio gran impulso Correa con la creación de Ecuador TV en 2007 como primera televisión pública en la historia del país.
Pese a los ofrecimientos de los últimos cinco gobiernos, incluido el de Guillermo Lasso que asumió el 24 de mayo de 2021, la venta de los canales incautados no se produjo debido a la incertidumbre de su estatus jurídico y a su situación económica. No ha habido interesados en comprar, aunque la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación de 2019 obligaba al Estado a vender las acciones que tuviera en medios.
El Estado ecuatoriano no ha sido un buen administrador. Provocó la quiebra no solo de casi todos los medios incautados, sino del resto de empresas que también fueron sometidas a esa medida. La utilización de los medios incautados fue básicamente política: jugaron un rol particular, en especial durante los tres gobiernos de Correa que los aprovechó para realizar programas exclusivos en defensa de la política gubernamental y atacar a la oposición. También su sucesor Lenín Moreno procedió de forma similar, si bien con algunos matices más suaves, al igual que lo ha hecho Guillermo Lasso. Políticamente, pues, resultaron provechosos, pero económica y profesionalmente fueron un fiasco, excepción hecha del caso de TC Televisión.
