1. Introducción¹

En la ciencia política, el paso de la década de los 90 a la del 2000 fue muy fructífero para el conocimiento de las elecciones como instituciones. Posteriormente, a partir de la década de 2010, se multiplicaron las agendas relacionadas con la integridad electoral. Este desarrollo académico refleja una tendencia en la ciencia política de alejarse del neoinstitucionalismo estricto de los años ochenta y avanzar hacia una perspectiva más amplia, reincorporando a las y los actores políticos y sus estrategias en los análisis.

El estudio de la integridad electoral y sus interfaces con las instituciones y los comportamientos se ha expandido hasta convertirse en un área interdisciplinaria en la actualidad. Especialidades tan diversas como el derecho, las relaciones internacionales y las políticas públicas se suman a la ciencia política en los estudios sobre gobernanza e integridad electoral, otorgándole una naturaleza transversal al estudio de estos objetos.

Actualmente, un número creciente de investigaciones reconcilian diferentes enfoques teóricos y áreas de experiencia en análisis conjuntos sobre la gestión electoral y la integridad de las elecciones. Este artículo describe brevemente estos desarrollos y discute el concepto de integridad electoral y sus formas de operar, utilizando ejemplos empíricos de América Latina.

2. Integridad electoral: concepto y variables

En comparación con otras áreas más consolidadas de la ciencia política, la literatura sobre integridad electoral es reciente, incluso considerando sus antecedentes. A fines de los años noventa, uno de los debates centrales en la ciencia política se centraba en los pronósticos de consolidación de las nuevas democracias. Pronto trabajos influyentes como los de ^{Pastor (1999}) y ^{López-Pintor (2000}; 2004) comenzaron a llamar la atención sobre la calidad de las elecciones y su gestión. No era suficiente con simplemente adoptar elecciones: era necesario que fueran libres y justas, para ello, necesitaban ser gestionadas por instituciones con capacidad técnica y autonomía. Inicialmente agrupados bajo la etiqueta de “calidad de las elecciones”, diversos requisitos comenzaron a sistematizarse para orientar la evaluación de las elecciones (^{Elklit y Reynolds 2002}; ^2005a; ^2005b; ^{Elklit y Svensson 1997}). Desde entonces, la literatura ha enfrentado algunos de los principales desafíos conceptuales hasta el día de hoy. ¿La calidad de una elección se refiere al proceso o a su resultado? ¿Es una escala continua que permite graduaciones o es un atributo dicotómico? ¿Cómo distinguir los errores operativos de los fraudes? ¿Debe la gestión de las elecciones garantizar confidencialidad o transparencia? ¿Qué es más importante, la regulación o la forma en que se aplican las reglas? ¿Qué tipo de institución tendría mejores condiciones para organizar elecciones de buena calidad?

En países recién salidos de regímenes autoritarios, como las nuevas democracias de América Latina, la elección del diseño institucional para administrar la competencia electoral era un asunto sensible y crucial. Después de mucho tiempo sin estar familiarizados con la disputa política pacífica, los actores políticos necesitaban construir confianza entre ellos y en el nuevo proceso electoral. No sería razonable confiar la gestión de las elecciones a organismos que no contaran con amplia aceptación. Por lo tanto, dichos organismos debían ser independientes. Así, el modelo clásico de gobernanza electoral, en el que el Poder Ejecutivo organizaba las elecciones y el Legislativo validaba los resultados, fue reemplazado en casi todos los países de América Latina por instituciones independientes del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, autónomas respecto a los gobiernos (^{Lehoucq 2002}).² Estas decisiones institucionales fueron estrategias de los actores políticos con poder de decisión legislativa: las y los políticos y los partidos.

La diversidad de diseños institucionales adoptados por los países exigía herramientas conceptuales más refinadas por parte de las y los científicos políticos. En la misma época, ^{Mozaffar y Schedler (2002}) propusieron ampliar el debate sobre la administración electoral hacia el concepto de gobernanza electoral, que involucra varias dimensiones y agrega las funciones de regulación y adjudicación electoral.

Después de la tercera ola de democratización en los años setenta y ochenta, en la que las elecciones fundacionales marcaban la transición negociada (^{O’donnell y Schmitter 1986}), la democratización de los países africanos en los años noventa generó una nueva agenda de investigación. En estas transiciones, las elecciones desempeñaron un papel diferente: al realizarse bajo regímenes autoritarios con el propósito de legitimarlos, la sucesión de elecciones terminó allanando el camino hacia la democratización (^{Lindberg 2009}; 2006; ^{Edgell et al. 2018}).³

En la misma época, el debate en la ciencia política se centró en las elecciones sin democracia (^{Way y Levitsky 2002}; Levitsky y Way 2010; 2020; ^{Schedler 2002}; 2006; 2013) y el desafío pasó a ser identificar requisitos y criterios para reconocer las diferentes naturalezas de los procesos electorales que se llevaban a cabo en países autoritarios.

Recién a principios de la década de 2010, el término “integridad electoral” se popularizó a partir de las guías y materiales producidos por la ^{Red de conocimientos electorales ACE (2012}) y por el ^{Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (Idea Internacional) (2012}), así como la producción de ^{Norris (2013}a, ²⁰¹⁴, ²⁰¹⁵, ^2017a) en el marco del Electoral Integrity Project.⁴ El nuevo concepto es sencillo⁵ y se basa en diversos documentos. La integridad electoral ahora corresponde a estándares internacionales y normas globales sobre la conducción de elecciones, aplicables a todas las etapas del ciclo electoral y respaldados por convenios de organizaciones internacionales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (Osce) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) (^{Norris 2013b}; ^{Garnett et al. 2022}a).

El ciclo electoral al que se refiere la definición anterior (^{Norris 2013}a; ^{Garnett et al. 2022}b)⁶ comprende once procesos divididos en tres etapas: (a) la etapa previa a las elecciones, que incluye las leyes electorales, los procedimientos electorales, la delimitación de distritos electorales, el registro de votantes, el registro de partidos y candidatos, la cobertura mediática y el financiamiento de campañas; (b) el día de las elecciones, que abarca la votación en sí; y (c) la etapa posterior a las elecciones, que involucra el recuento de votos, el anuncio de resultados y el desempeño de las autoridades electorales (^{Norris et al. 2014}).

El principal avance de esta nueva definición para la ciencia política fue separar de manera conceptual y metodológica la integridad de las elecciones del régimen político en el que se llevan a cabo. Actualmente, ya no se puede concluir erróneamente que ciertas elecciones deben considerarse íntegras solo porque se realizan en un país reconocidamente democrático, por ejemplo. La integridad electoral varía incluso entre las democracias consolidadas, como demuestran las conocidas debilidades de los procesos electorales en los Estados Unidos (^{Norris 2017}b). Por lo tanto, variables como los diversos indicadores usuales de democracia (como los de Freedom House, Polity IV y The Economist, por ejemplo) han perdido utilidad para evaluar elecciones.

La importancia de establecer una definición sólida radica en sus posibles consecuencias. Las evaluaciones aplicadas por misiones internacionales de observación electoral deben basarse en criterios objetivos, los cuales determinan las conclusiones y recomendaciones en sus informes. Además, muchos países celebran elecciones, pero si estas no son íntegras, pueden enfrentar sanciones en sus relaciones internacionales, por ejemplo.

Después de los años 2000, a medida que se desarrollaban teorías que condujeron a la concepción de la integridad electoral, también surgieron nuevas investigaciones sobre fraudes (^{López-Pintor 2010}; ^{Lehoucq 2003}; Lehoucq y Molina 2002; Álvarez et al. 2008; ^{Vickery y Shein 2012}; ^{Cheeseman y Klaas 2018}; ^{Adler y Hall 2013}; ^{Dawson 2020}),⁷ malas prácticas (^{Birch 2011}) y manipulaciones (^{Méndez de Hoyos 2017}); la presencia de estas conductas negativas evidenciaría una falta de integridad electoral. Esta sigue siendo una forma alternativa de abordar las mismas cuestiones en la actualidad.

Abordar la integridad electoral a través de sus violaciones indica la importancia del papel de las y los actores políticos en esta agenda de investigación. Los estafadores y manipuladores son actores políticos que afectan tanto la integridad electoral como las instituciones.

Los factores institucionales son un tema recurrente en la agenda de investigación sobre integridad electoral, pero no se consideran la explicación final. Los límites reconocidos de la explicación neoinstitucional apuntan a la necesidad de reintroducir a los actores en los análisis (^{Ames y Mamone 2020}; ^{Mainwaring y Pérez-Liñán 2013}, ^{Munck 2004}). Por lo tanto, las explicaciones de las variaciones en la integridad electoral deben buscarse no solo en las reglas formales y los modelos institucionales, sino también en las estrategias prácticas de las y los actores políticos involucrados en las elecciones. Un ejemplo de esta reintroducción de las y los actores en los análisis es el proyecto sobre integridad electoral a nivel subnacional en México (^{Méndez de Hoyos et al. 2019}). En resumen, el gobierno, los partidos, la prensa, el Poder Judicial y la sociedad actúan e interactúan afectando la calidad del proceso electoral sin necesidad de variaciones institucionales. Por ejemplo, las y los candidatos podrían comprometer elecciones bien administradas, dependiendo de cómo reaccionen a la derrota o a la perspectiva de derrota.⁸

Este ajuste en la perspectiva teórica es importante para comprender mejor las mediciones de la integridad electoral, que actualmente incluyen elementos más allá de las instituciones, como se detallará en la próxima sección.

3. Relación entre gobernanza electoral e integridad electoral

Una literatura reciente se ha centrado en uno de los niveles de gobernanza electoral (^{Mozaffar y Schedler 2002}) y ha aplicado un enfoque interdisciplinario para retomar los debates sobre los factores condicionantes y mecanismos de la integridad electoral. Esto corresponde a la nueva agenda de investigación sobre administración electoral, que combina marcos teóricos y metodológicos de varias disciplinas para explicar las variaciones en la integridad electoral (^{James et al. 2019}; ^{Norris 2019}). Esta es una agenda nueva porque, aunque aborda el mismo tema de la administración electoral y su relación con la calidad de las elecciones que interesaba a otras y otros autores en los años noventa, ahora utiliza herramientas que antes no estaban disponibles para las y los investigadores.

Recursos innovadores, como el análisis de contenido de páginas web de los organismos electorales de todo el mundo (^{Garnett 2019}), y encuestas en línea aplicadas a las y los funcionarios de instituciones electorales en muchos países (^{James 2019}; 2020), permiten abordar el tema desde una perspectiva de política pública que dialoga con las literaturas sobre burocracia, redes de implementación y capacidades organizativas. El enfoque de redes también permite incorporar a actores externos a la propia gestión electoral, incluyendo actores internacionales, de acuerdo con las nuevas tendencias teóricas de la ciencia política.

El análisis de la gestión electoral como política pública es un enfoque que abarca desde cuestiones relacionadas con los recursos humanos (^{James 2020}) hasta proveedores de insumos tecnológicos (^{Loeber 2020}), por ejemplo. La interacción con el derecho se produce en estudios sobre regulación y derechos (^{Tokaji 2022}) y sobre adjudicación y resolución de disputas (Orozco ^{Henríquez 2019}). La disciplina de las relaciones internacionales también está involucrada en esta nueva perspectiva a través de estudios sobre misiones internacionales de observación electoral (^{Hyde y Marinov 2012}; Hyde 2008; 2011a; 2011b; ^{Donno 2013}; ^{Kelley 2012}) y en la propia definición de integridad electoral basada en acuerdos internacionales.

También está en el horizonte de esta nueva agenda el estudio de las tecnologías electorales y su impacto en la integridad electoral, ya sea real o percibida (^{Garnett y James 2020}). El voto electrónico y el voto por internet, por ejemplo, han sido objeto de un extenso debate, tanto como una oportunidad para combatir fraudes como un riesgo para la integridad electoral (^{Alvarez y Hall 2004}; 2008; ^{Jones y Simons 2012}; Stewart 2011; ^{Haque y Carroll 2020}; ^{Loeber 2017}; ^{Krivonosova 2021}; ^{Krimmer y Barrat i Esteve 2022}). Las promesas de las nuevas tecnologías electorales se discutieron especialmente en el contexto de la pandemia de la Covid-19, cuando fue necesario adaptar los procesos de votación a las demandas de prevención.

Iniciada en 2020, la pandemia de la Covid-19 generó una agenda de investigación que fortaleció la interdisciplinariedad en los estudios de gobernanza e integridad electoral. Las y los administradores electorales de todo el mundo se enfrentaron al dilema de llevar a cabo o posponer las elecciones debido a los nuevos riesgos sanitarios asociados a cualquier evento público. La responsabilidad de celebrar elecciones regulares era indiscutible, al igual que la responsabilidad de proteger a las y los ciudadanos contra el contagio. Parecía haber un tradeoff que enfrentaba los derechos políticos y el derecho a la salud (Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos [Capel/Iidh] 2020; ^{James y Alihodzic 2020}; ^{Álvarez et al. 2020}; ^{Romero Ballivián 2021}).

La pandemia llevó a los países a adoptar medidas de emergencia, aumentando los poderes de los gobiernos y restringiendo la participación popular. La incertidumbre amenazaba la regularidad de las elecciones y, con ello, los límites de los mandatos. La competencia podría volverse más desigual sin la posibilidad de organizar campañas y movilización. Las medidas excepcionales de seguridad adoptadas durante las elecciones para prevenir el contagio podrían comprometer la confianza pública y alentar a las y los perdedores a rechazar los resultados. Las misiones internacionales de observación se verían imposibilitadas y la supervisión de los procedimientos requeriría flexibilidad.

Este debate en la arena pública pronto se convirtió en objeto de investigación académica y una serie de trabajos en ciencia política y otras áreas comenzaron a discutir los potenciales y los límites de diferentes alternativas en la administración de elecciones (^{James 2020}; James et al. 2023) y sus posibles consecuencias para la democracia (^{Edgell et al. 2020}; ^{Lührmann et al. 2020}). Contar con herramientas adecuadas para evaluar la calidad de las elecciones que sí sería posible llevar a cabo nunca había sido tan necesario.

4. Cómo medir la integridad electoral

Al igual que otros conceptos en las ciencias sociales, la integridad electoral no es directamente observable, por lo que su medición suele depender del uso de indicadores sustitutos (proxies). En la literatura de ciencia política, se han utilizado diversas variables con este fin, cada una con sus ventajas y limitaciones.

Una forma tradicional de evaluar la integridad electoral es mediante el análisis de las instituciones formales, las garantías que ofrecen y los incentivos que generan para el comportamiento íntegro de las y los actores políticos en la competencia electoral. Así, la presencia de dispositivos legales que garanticen los derechos y asignen responsabilidades relacionadas con la competencia electoral suele utilizarse como indicador de la integridad electoral en investigaciones dentro de la tradición neoinstitucionalista.

Este enfoque se facilita por la simplicidad y objetividad de los datos (textos legales de los países), que generalmente están al alcance de las y los investigadores. Además, no sería razonable esperar que las reglas del juego no afecten el juego. Algunos ejemplos de esta perspectiva son los trabajos de ^{Hartlyn et al. (2008}), ^{Méndez de Hoyos et al. (2021}), así como varios estudios desarrollados en el marco del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (^{Freidenberg 2022}; ^{Guadarrama-Cruz 2022}). La desventaja es que este enfoque no puede explicar las variaciones en la integridad electoral que ocurren bajo reglas formales constantes (en el mismo país a lo largo del tiempo o entre países con las mismas instituciones formales). Las instituciones formales pueden ser más o menos fuertes y estables (^{Brinks et al. 2020}; ^{Levitsky y Murillo 2009}), y pueden combinarse o no con diversas instituciones informales, lo que puede producir resultados variados.

Otro enfoque es el que recurre a fuentes como documentos y datos oficiales de los países, informes de observadores internacionales y material bibliográfico. Ejemplos de esto son los trabajos de ^{Freidenberg (2017}), ^{Hyde y Marinov (2012}), ^{Hernández-Huerta (2017}), ^{Donno (2013}), ^{Kelley (2012}) y ^{Birch (2011}). Estos recursos llenan lagunas informativas y permiten la cobertura necesaria para la investigación comparada. Naturalmente, esto implica un trabajo exhaustivo que depende de la colaboración en equipos. Los análisis forenses de elecciones también se basan en documentos públicos, como los resultados de las elecciones, para estimar las probabilidades de que los números hayan sido manipulados (^{Beber y Scacco 2012}; ^{Deckert et al. 2011}; ^{Cantú y Saiegh 2011}; ^{Zhang et al. 2019}; ^{Mebane 2011}). Todos estos recursos tienen ventajas y desventajas. La principal ventaja es el acceso facilitado a los datos para la investigación y la replicación de conclusiones. Sin embargo, los procedimientos que se basan en los resultados de las elecciones no son capaces de evaluar el proceso y los informes de observadores pueden estar parcializados.

Otro tipo de medidas ampliamente utilizadas en la actualidad son las percepciones de la integridad electoral. Estas percepciones pueden tener diferentes fuentes, incluyendo la ciudadanía (^{Ugues Jr. 2018}; ^{Monsivais-Carrillo 2022}), las y los políticos (^{Otaola 2017}) y las y los expertos en la materia, tal como se abordará tanto en esta sección como en la siguiente. La percepción de personas expertas tiene la ventaja de estar basada en el conocimiento técnico más sólido y actualizado sobre el tema. La percepción de la ciudadanía tiene la ventaja de expresar la realidad experimentada en la práctica por los principales actores políticos directamente involucrados en las elecciones. Las desventajas en ambos casos son la subjetividad y los sesgos que pueden afectar las respuestas. Estas limitaciones se vuelven especialmente relevantes dependiendo de cómo se utilicen los resultados de estas medidas. Los diagnósticos especializados pueden influir en decisiones y reformas en los países, mientras que la percepción de la ciudadanía puede indicar una baja legitimidad otorgada al proceso electoral, y desencadenar desde la indiferencia hacia la política hasta protestas violentas (^{Norris et al. 2015}).

Las investigaciones que miden la integridad electoral a través de su percepción se basan en encuestas, que suelen ser costosas. No obstante, la disponibilidad gratuita de bases de datos comparativas a nivel mundial ha ayudado a las y los investigadores a superar esta limitación y avanzar en los estudios comparativos. Estos datos se utilizan en la siguiente sección para analizar los desafíos de medir la integridad electoral comparando la percepción de las y los expertos con la percepción del electorado.

5. Integridad electoral en América Latina

La fuente de datos más especializada sobre integridad electoral en la actualidad es la encuesta del Electoral Integrity Project (^{Garnett et al. 2022}b). Enviada a personas expertas, académicas y profesionales, el cuestionario solicita respuestas para 49 ítems agrupados en once indicadores correspondientes a las etapas del ciclo electoral.⁹ La encuesta también ofrece el Índice de Percepción de Integridad Electoral (PEI, por sus siglas en inglés), que es un índice aditivo de las 49 preguntas. El PEI varía de 0 a 100, siendo 0 el menor grado de integridad electoral y 100 el mayor. Al ser producidos por expertos y expertas, estos indicadores tienen la ventaja de representar el mejor conocimiento técnico en el área de elecciones. La desventaja es la misma que en otras medidas de percepción: la posibilidad de subjetividad y sesgo.

Dado que el proyecto se lanzó en 2013, la base de datos solo contiene elecciones realizadas a partir de 2012 en los países donde fue posible obtener respuestas. Para América Latina, existen datos de 55 elecciones en 18 países, como se muestra en la Tabla 1.

Las elecciones en Venezuela, Nicaragua y Honduras se encuentran entre los valores más bajos del índice, mientras que las elecciones en Chile, Costa Rica y Uruguay tienen los valores más altos. Esta distribución se corresponde con las calificaciones unánimes de los regímenes políticos en América Latina y presenta una alta correlación (r=0.93; p=0.00) con el índice de elecciones libres y justas de V-Dem (^{Coppedge et al. 2023}),¹⁰ que también se basa en una encuesta con las y los expertos, como se muestra en el Gráfico 1.¹¹

Gráfico 1 Elecciones más recientes disponibles, según los indicadores de V-Dem y PEI 

La medida de PEI y las posiciones de los países en el ranking son validadas por su coincidencia con el conocimiento previo sobre regímenes acumulado en la ciencia política. Sin embargo, sus resultados no coinciden con las medidas de percepción de las y los ciudadanos recopiladas en la encuesta de opinión pública World Values Survey (WVS) (^{Haerpfer et al. 2022}). La última ola de la investigación (2017-2022) incluyó doce países de América Latina, donde se entrevistó a más de dieciséis mil personas, como se muestra en el anexo. Entre las preguntas, había doce relacionadas con la calidad de las elecciones que debían responderse con una de las cuatro opciones proporcionadas, como se muestra en en el Gráfico 2.

Además de la validación externa a través de otras medidas, también ha habido cuestionamientos desde las primeras olas del PEI sobre hasta qué punto realmente refleja la realidad de cada país experimentada por sus propia ciudadanía, dados los posibles sesgos en las evaluaciones de las personas expertas. Para probar la congruencia con la percepción de la opinión pública, en colaboración con la WVS se introdujeron una serie de preguntas sobre integridad electoral a partir de su sexta ola (2010-2014). El primer resultado en cinco países mostró una alta correlación entre las dos percepciones (^{Norris et al. 2013}). No obstante, cuando seleccionamos solo los países de América Latina encuestados en la séptima ola de la WVS, esta correlación con la percepción de las y los expertos disminuye considerablemente.

Gráfico 2 Distribución de respuestas relacionadas con la integridad electoral en el WVS7 

La distribución de respuestas entre las opciones puede considerarse como indicadores de la percepción de la ciudadanía sobre varios aspectos de la integridad electoral, como se puede verificar en el anexo. El porcentaje de personas encuestadas que eligieron la opción indicativa de mayor integridad electoral precisa cuánto reconoce el público de cada país que sus elecciones son íntegras.

En Uruguay y Chile fueron más frecuentes las respuestas indicativas de mayor integridad electoral, como se esperaba, pero sorprende que tantos estrevistados/as en Nicaragua también tengan una percepción tan positiva sobre las elecciones en su país. Veamos en el Gráfico 3 cómo cada pregunta de la encuesta a las y los votantes se relaciona con algunos de los índices de percepción de las y los especialistas.¹²

La confianza general en las elecciones entre la ciudadanía se acerca un poco al índice PEI pero se aleja del índice V-Dem, ambos basados en la percepción de las personas especialistas. Sin embargo, en cuanto a la cobertura mediática, el recuento de votos y las autoridades electorales, la correlación entre la percepción de la ciudadanía y de las y los especialistas es siempre débil. En estos tres aspectos, Perú, Brasil y México figuran como ejemplos de una percepción de integridad electoral mucho más baja entre el electorado que entre las y los especialistas. Sin duda, hay muchos factores individuales y contextuales que afectan la percepción de integridad electoral por parte de la ciudadanía (^{Mauk 2022}; ^{Ugues Jr. 2018}; ^{Anderson et al. 2005}; ^{Fortin-Rittberger et al. 2017}; ^{Maldonado y Seligson 2014}; ^{Rosas 2010}; ^{Birch 2008}; ^{Bowler et al. 2015}), y comprenderlos es un desafío abordado especialmente en la literatura de comportamiento político y opinión pública.

La discrepancia es esperada hasta cierto punto, ya que se trata de percepciones de actores muy diferentes (especialistas y ciudadanía), impulsados por prioridades diferentes y con repertorios muy desiguales. Por otro lado, son percepciones sobre el mismo fenómeno, en el mismo país y en el mismo momento. La ambigüedad de las expectativas sobre la relación entre estas dos medidas no se resuelve con el análisis empírico aplicado en este artículo. En las elecciones más recientes en el conjunto de países latinoamericanos analizados, las percepciones de las personas especialistas y de la ciudadanía se acercan en ciertos aspectos en algunos países y se alejan en otros. Así, la discrepancia varía en la muestra.

Especular sobre las causas de la discrepancia entre las dos percepciones y su variación no está entre los objetivos (ni las posibilidades) de este artículo. Sin embargo, esta discrepancia es importante en este debate debido a sus consecuencias teóricas y metodológicas. Desde un punto de vista teórico, se plantea la cuestión de si es posible identificar la integridad electoral (evaluada por especialistas u observadores, por ejemplo) independientemente de cómo es percibida por las y los actores políticos (votantes, candidatos, políticos, por ejemplo). Esto implicaría que unas elecciones consideradas íntegras no necesariamente sean percibidas como legítimas, entendiendo la legitimidad como un atributo conferido por las y los actores políticos participantes en el proceso, o al menos por la mayoría de ellos (^{Anderson et al. 2005}).¹³ Desde un punto de vista metodológico, la discrepancia refuerza el argumento de que las variables utilizadas para medir la integridad electoral son aproximaciones y ninguna de ellas opera perfectamente el concepto.

Gráfico 3 Cruce entre medidas de percepción de la ciudadanía y especialistas en las elecciones más recientes disponibles 

6. Consideraciones finales

Este artículo describió el desarrollo del concepto de integridad electoral a partir de sus antecedentes en la literatura y discutió algunas de las alternativas para su medición. Además, la integridad electoral en la literatura de ciencia política se situó como un tema estrechamente relacionado con el debate sobre las instituciones de gobernanza electoral, pero al mismo tiempo como un ejemplo de superación de los límites del paradigma neoinstitucionalista, al reconocer la relevancia de las y los actores políticos que establecen los estándares de integridad electoral en acuerdos internacionales, así como aquellos que formulan, aplican, legitiman o infringen las reglas del proceso electoral.

Las contribuciones que espero haber ofrecido con este trabajo incluyen: la sistematización de los desarrollos de la literatura que condujeron a la sistematización del concepto; (b) un debate sobre los límites de la medición inherentes a su naturaleza no directamente observables; y (c) el mapeo de las ramificaciones de esta agenda de investigación en diferentes áreas, enfoques teóricos y estrategias metodológicas. Las limitaciones de este trabajo conforman la agenda de investigación sobre el tema e incluyen: (a) explicar las variaciones entre los países de América Latina en la relación entre las diferentes medidas de integridad y (b) profundizar en el conocimiento sobre la relación entre actores e instituciones en la producción de elecciones íntegras.

En el momento en que se escribe este artículo, algunas de las cuestiones planteadas aquí se imponen en varios países del mundo con el peso de una amenaza: las instituciones no lo explican todo y la integridad electoral depende de cómo las y los actores políticos las utilizan. Aún más importante: la legitimidad conferida por estos actores a los procesos electorales no depende de las cualidades de las instituciones de gobernanza electoral. Las elecciones íntegras no son suficientes para la democracia, pero indudablemente son su condición necesaria y, por lo tanto, deben ser objeto privilegiado en las reflexiones e investigaciones. No hay tiempo que perder.