4.1. La transformación populista

A pesar de la creciente presencia de los cárteles y la violencia criminal en las elecciones mexicanas, la elección presidencial de 2018 se celebró en un ambiente ejemplarmente cívico y festivo. Pronto resultó evidente que López Obrador triunfaría de forma abrumadora, impulsado por un profundo descontento ciudadano y por la pérdida de credibilidad de los partidos que estructuraron la representación política desde la transición democrática. Las candidaturas opositoras reconocieron la victoria del puntero, y las y los partidarios del candidato ganador celebraron efusivamente y se reconoció el desempeño de las autoridades electorales en una elección que convocó a decenas de millones de votantes.

Con el triunfo de Amlo, el primer candidato de “izquierda” en llegar a la presidencia, parecía que la democracia mexicana se afianzaba aún más. Sin embargo, como muestra ^{Monsiváis-Carrillo (2022}a, 421-523), el triunfo de Amlo también significó la llegada de un líder personalista-populista al poder. Personalista en el sentido en que el líder establece un vínculo directo, inmediato y antinstitucional con sus seguidores y seguidoras; populista en tanto que enmarca su actuar en una visión maniquea de la política, en la que él mismo representa a un pueblo bueno y virtuoso, en guerra permanente con la corrupción de las élites. De acuerdo con datos del Global Populism Database, en comparación con los presidentes que lo antecedieron, Amlo sobresale por su discurso populista (^{Monsiváis-Carrillo 2022}b, 47; ^{Monsiváis Carrillo 2021}, 23-25).

De este modo, y con el apoyo mayoritario e incondicional de Morena, el partido que él mismo fundó, Amlo comenzó su “cuarta transformación” (4T) del país -a la par con la Independencia (1810), la Reforma (1857) y la Revolución (1910)-. La 4T eliminaría la corrupción y habría de regenerar “a la nación”. En realidad, la transformación de Amlo refleja su concepción populista de la democracia. A lo largo de su gobierno, López Obrador ha cultivado su pretensión de ser un político honesto y austero, cercano a “la gente” y “los pobres”, haciendo giras por todo el país y ofreciendo conferencias matutinas diariamente. Esto le ha permitido mantener niveles de popularidad por encima del 50 % de aprobación, a pesar del desempeño de su gobierno.

Al mismo tiempo, adoptando una visión maniquea de la política, Amlo ataca a quienes llama sus “adversarios” valiéndose de la propagación de decenas de miles de datos falsos o engañosos (^{Estrada 2022}). Paralelamente, su gobierno ha debilitado las capacidades estatales, expandido la presencia militar en la administración pública y profundizado el control patrimonial del Estado (^{Sánchez-Talanquer y Greene 2021}). En general, asumiendo que su proyecto tiene precedencia sobre el orden constitucional, la división de poderes y las libertades democráticas, el presidente ha propiciado dinámicas de autocratización (Aguilar ^{Rivera 2022}). Estas dinámicas se han traducido en la erosión de aspectos clave de la democracia electoral y liberal en el país, según los datos de V-Dem (^{Monsiváis-Carrillo 2022}a).

4.2. “Fraudes electorales”

El reclamo esencial de López Obrador en contra del sistema de organización electoral mexicano ha sido la presunta existencia de fraudes electorales. Se trata de un reclamo reiterado e insistente, se remonta a la elección de 2006. Su victoria en 2018 la atribuye solo al apoyo popular, pues a la integridad de las elecciones no le concede el más mínimo reconocimiento. Por el contrario, en junio de 2020 declaró:

“[los gobiernos anteriores] crearon todo un aparato […], costosísimo, es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y nunca garantizaron elecciones limpias y libres. Nosotros triunfamos porque fue una ola, era imposible de hacer un fraude, pero en las elecciones anteriores lo permitió el INE” (Etcétera 2020).

El origen del reclamo lopezobradorista es la elección de 2006, en la que las cifras oficiales dieron la victoria a Felipe Calderón, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), por una diferencia menor a uno por ciento (0.58 %). La campaña presidencial de ese año fue, efectivamente, sucia y conflictiva. Sin embargo, la evidencia disponible no permite concluir que el resultado de la elección de 2006 haya sido consecuencia de un fraude (entendiendo fraude como la intromisión arbitraria en el proceso de votación o la alteración del resultado electoral).⁴ Ya desde 2006 las múltiples medidas de control y seguridad establecidas para la organización y conducción de la jornada electoral impedían manipular el conteo de votos o los resultados. Las inconsistencias entre votos, actas de escrutinio y listas de boletas electorales motivaron la demanda de contar “voto por voto, casilla por casilla”, pero el escrutinio parcial de las urnas reveló errores de cómputo que no modificaban el resultado final. Por otra parte, el propio López Obrador cometió errores estratégicos en la campaña, perdiendo así la ventaja de salida que tenía en las encuestas. En última instancia, al reconocer que el presidente Vicente Fox influyó en la competencia, aunque no se podía determinar su impacto en el resultado, el tribunal electoral pudo haber ejercido su facultad de invalidar la elección presidencial y ordenar reponerla. El hecho es que esto no garantizaba que Amlo ganara la siguiente elección, ni tampoco que aceptara el resultado si era nuevamente derrotado.

La crisis poselectoral de 2006 puede explicarse, ante todo, como una crisis provocada por el comportamiento oportunista y faccioso de los partidos y de las y los principales contendientes. Desde el nombramiento del Consejo General del IFE en 2003, que excluyó del reparto partidista de las designaciones al Partido de la Revolución Democrática (PRD), se abrió la puerta para que Amlo -candidato del PRD en 2006impugnara el resultado. Durante la campaña, el presidente Fox y el candidato Calderón no dudaron en jugar sucio, en perjuicio de la legitimidad del proceso. Por lo demás, López Obrador jamás aceptó su derrota. Así, se declaró víctima de un fraude, montó un plantón durante varias semanas en una de las principales avenidas de la Ciudad de México -con el respaldo del gobierno local-, mandó “al diablo” a las instituciones y se hizo investir como “presidente legítimo” en el zócalo capitalino. En el 2012 compitió nuevamente por la presidencia e hizo campaña por una “república amorosa”, pero nuevamente fue derrotado, ahora por una diferencia de seis puntos porcentuales. Lejos de reconocer el resultado, se proclamó víctima de fraude una vez más.

Si el reclamo de fraude en 2006 fue infundado, cualquier otro reclamo similar, presuntamente cometido con posterioridad a esa fecha, carece aún más de fundamento, como indica el índice de elecciones limpias en el Gráfico 1. De hecho, las elecciones presidenciales y legislativas que se han realizado después del 2006 han tenido lugar en un marco institucional diferente, negociado y diseñado para responder a las demandas planteadas por López Obrador y su partido. Así, aunque persisten numerosos desafíos de distinta índole -como la fiscalización del dinero ilícito que llega a las campañas electorales o la participación del crimen organizado en las eleccionesdespués de la reforma de 2013-2014 ningún partido ha impugnado la integridad de las elecciones federales. Más aun, en 2020 el porcentaje de la ciudadanía que expresaba tener confianza en el INE era mayor que el de votos que recibieron Amlo o su partido en 2018, incluso entre votantes expuestos ya a la animadversión presidencial hacia la autoridad electoral (^{Monsiváis-Carrillo 2022}c). El Gráfico 2 muestra el correlato de esta orientación en la opinión pública. Desde 1996, el órgano de administración electoral en el país se ha conducido con autonomía e imparcialidad y, así sea de forma marginal, esto ha sido en mayor medida a partir del 2016.

Gráfico 2 Autonomía del órgano de administración electoral en México (1976-2022) 

4.3. El costo de las elecciones

El presupuesto destinado a las elecciones ha sido otro tema recurrente en el discurso lopezobradorista. A pocos días de la elección intermedia de 2021, López Obrador señaló: “El INE [Instituto Nacional Electoral] es el aparato más caro de organización de elecciones, [el] más caro del mundo” (^{Cullell 2020}). La exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional, presentada por el Ejecutivo en abril de 2022, lo dice claramente: “Además, un grave problema del sistema político mexicano es el costo de operación que han cobrado sus procesos electorales, supuestamente justificado por su complejidad”.⁵ Para solucionar este problema, la iniciativa insertó “el principio de austeridad republicana en el sistema electoral y de partidos”.

El principio de “austeridad republicana” es un principio rector de la administración de López Obrador. Sin embargo, ese principio no responde a ningún criterio de eficiencia en la administración pública o en el ejercicio del gasto. Es una noción que ha resonado favorablemente en una sociedad agraviada por la corrupción política, pero se origina más en el mesianismo cristiano del presidente que en una estrategia coherente de gestión pública.⁶ En la práctica, la austeridad republicana aplica para todo lo que no sean los proyectos prioritarios de Amlo, cuyo valor y utilidad pública fueron decididos de forma unilateral y unipersonal por él mismo. Apelando a la “austeridad”, el gobierno ha impuesto recortes discrecionales y la reducción o eliminación de estructuras administrativas del gobierno sin diagnósticos ni procesos planificados.⁷

La pregunta, entonces, es si el “principio de austeridad republicana” puede ser coherente con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, preceptos que rigen al INE como la entidad que cumple la función de organizar las elecciones de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución mexicana. La respuesta es inequívoca: si de lo que se trata es de preservar y garantizar la función democrática de la organización electoral, carece de todo sentido introducir en la Constitución un precepto de inspiración caprichosa e instrumentación discrecional.

Asimismo, cabe preguntarse qué tan justa es la acusación de que el costo de las elecciones es excesivo. Un estudio elaborado por la organización ^{México Evalúa (2022}) revela que la carga presupuestal del INE en 2022 fue equivalente al 0.2 % del presupuesto federal. Este monto contempla, además, el financiamiento público a partidos políticos, un rubro que representa hasta un 30 % del total de presupuesto y que, además, el INE no ejecuta directamente, sino que transfiere a las organizaciones políticas. En cambio, hay que hacer notar que el presupuesto del INE está asociado al cumplimiento de alrededor de 39 funciones de carácter nacional, federal y local, “en su mayoría de alta complejidad” (^{Moreno Zepeda 2020}, 612-613). Como muestra Moreno Zepeda (2020), el presupuesto para las elecciones no está conectado con gastos suntuosos y despilfarro, sino con el financiamiento de un extenso número de funciones altamente especializadas. El INE es responsable de gestionar el padrón electoral y el listado de votantes que contaba con el registro de más de 95 000 000 de personas en 2021. El padrón electoral es la base para emitir el medio de identificación oficial mejor institucionalizado en el país: la credencial para votar con fotografía. El INE también es responsable de actualizar la geografía electoral, definir la ubicación de las casillas electorales, capacitar a las y los funcionarios electorales designados por insaculación, registrar a partidos y candidaturas, organizar la jornada electoral, realizar los cómputos distritales, certificar a las y los representantes electos, distribuir las prerrogativas a partidos y candidaturas, fiscalizar ingresos y gastos de los mismos, elegir a las personas consejeras de los Órganos Públicos Electorales Locales (Ople), asumir funciones de los Ople, entre otras tareas y funciones igualmente significativas.

Así las cosas, declarar que el INE es el “órgano de organización de elecciones más costoso del mundo”, que ha sido cómplice de “fraudes” y que debe sujetarse a la “austeridad republicana”, más que un llamado a la eficiencia y a la rendición de cuentas equivale a propagar desinformación política; es decir, información equívoca destinada a lesionar la integridad electoral. Hay que añadir, por lo demás, que la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el manejo del gasto público no son virtudes del lopezobradorismo. Como muestra ^{México Evalúa (2022}), los proyectos emblemáticos de la administración son significativamente más costosos que el INE, además de representar políticas regresivas o tener un valor público discutible. Por ejemplo, el presupuesto de una nueva refinería de petróleo, Dos Bocas, tuvo un costo 6.2 veces mayor que el del INE en 2022. De igual forma, el Tren Maya supera 5.7 veces el gasto público de la autoridad electoral y la cancelación injustificada del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (Naim) ha representado un costo 14 veces mayor. Asimismo, ^{México Evalúa (2022}) muestra que el presupuesto del INE está 14.5 veces por debajo de las transferencias que, sin autorización del Congreso, se hicieron a la empresa estatal Petróleos Mexicanos en 2021. La lista puede seguir ampliándose, pero el punto es el mismo: la “austeridad republicana” no busca tanto la eficiencia en el gasto electoral, sino reducir las capacidades de operación de las autoridades electorales.

5.1. Deslegitimación, asedio y desafío

Desde su llegada al poder, Amlo ha promovido una polarización perniciosa al cuestionar la legitimidad de las autoridades electorales mediante acusaciones y propaganda desinformativa. La animadversión presidencial hacia las autoridades electorales ha sido reproducida por la dirigencia y militantes de Morena, las y los gobernadores de ese partido, los círculos lopezobradoristas en redes sociales y la opinión pública.⁹ Las y los políticos “cuatroteístas” replican la visión maniquea del presidente, desafiando abiertamente con su comportamiento las normas electorales que regulan la propaganda y el proselitismo electoral.

El asedio populista contra las autoridades electorales y los comportamientos desafiantes de las y los morenistas quedan de manifiesto en las controversias en torno al presupuesto del INE. De acuerdo con México Evalúa, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el presupuesto de este órgano electoral sufrió una reducción promedio anual de 1.7 %. En contraste, desde el 2019 hasta el 2021, aplicó un recorte promedio anual del 5 %. Más aún, los diputados lopezobradoristas recortaron 19.9 % del presupuesto del INE en 2022 y aplicaron una reducción de 18 % al presupuesto solicitado en 2023 (México Evalúa 2022). Tales restricciones presupuestales ahogan la capacidad operativa de las autoridades electorales y comprometen el cumplimiento de una de las funciones esenciales para la democracia.

De hecho, el gobierno no solamente rechazó las solicitudes presupuestarias del INE en 2021 y 2022, sino que promovió dos elecciones no contempladas en el calendario constitucional ordinario. Las más de 95 000 000 de personas votantes llamadas a participar en las elecciones del 6 de junio de 2021, también fueron llamadas a votar en la consulta popular que se celebró el 1 de agosto de 2021. Menos de un año después, la ciudadanía fue convocada nuevamente, ahora a participar en la consulta revocatoria del mandato del presidente, el 10 de abril de 2022. Los mecanismos de democracia directa pueden contribuir a que la ciudadanía ejerza una influencia decisiva en los asuntos públicos. Sin embargo, ninguna de las dos consultas se originó de una demanda ciudadana, independiente del gobierno o de los partidos políticos, sino que ambas las promovieron e instigaron el presidente y el partido oficial. Más aún, las dos implicaban las mismas exigencias de certeza, independencia, imparcialidad y legalidad que requiere la elección de representantes. No obstante, en lugar de aportar los recursos necesarios, las y los legisladores de Morena hicieron prevalecer los recortes presupuestales, de manera que si cualquiera de las dos consultas fracasaba, podrían culpar al INE.

En el proceso preparatorio de la revocación de mandato, el INE impugnó ante la Suprema Corte los recortes injustificados al presupuesto y aprobó medidas coherentes con las restricciones al financiamiento. Sin embargo, como respuesta, el presidente de la Cámara de Diputados -perteneciente a Morenapresentó una demanda penal contra un grupo de consejeros electorales, de la que luego desistió. Mientras tanto, durante la campaña a favor de la “ratificación” del presidente, las y los militantes, legisladores, gobernadores y ministros lopezobradoristas incurrieron en un “cúmulo de transgresiones” a la equidad y la legalidad electorales (^{Vives Segl 2022}). La consulta se celebró, pero el operativo logístico fue de una escala menor al de las elecciones ordinarias. Al final, el 91.8 % votó a favor de que el presidente continuara en su cargo, pero la participación (17.8 %) quedó muy por debajo del umbral necesario para que el resultado fuera vinculante (40 %). Por lo tanto, el presidente permaneció en su cargo.

5.2 De la iniciativa constitucional al plan b

En abril de 2022, el presidente presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional que proponía una reorganización completa del sistema electoral, las condiciones de competencia por el poder, y las autoridades administrativas y judiciales en materia electoral. Al valorar los méritos y contribuciones de esta iniciativa, se podrían discutir cada uno de sus múltiples temas por separado. Sin embargo, en conjunto, la reforma constitucional desnivelaba el “piso parejo” en la competencia electoral, mermaba la independencia de la administración y justicia electoral, y desmantelaba la estructura profesional y especializada de la organización electoral para imprimirle una lógica partidista-patrimonial.

La reforma proponía eliminar el financiamiento público de carácter permanente a los partidos políticos, dejando solo el financiamiento para las campañas electorales. En esa misma línea, reducía el tiempo al que los partidos tienen derecho en los medios de comunicación y definía como propaganda gubernamental solo aquella etiquetada como tal en el presupuesto. En la práctica, sin embargo, estos cambios implicaban desregular la equidad en la competencia electoral, favoreciendo a las y los competidores de mayor tamaño, con más recursos a su disposición y más hábiles para hacer trampa.

Por otro lado, la Cámara de Diputados se reduciría de 500 a 300 representantes y la de Senadores de 128 a 96, eliminando los escaños de mayoría en ambas cámaras. Además, en el ámbito local también se reducía el tamaño de los Congresos estatales. Estas modificaciones respondían al descontento popular con los partidos políticos. No obstante, el sistema de listas fortalece a las dirigencias partidistas y la reducción en el tamaño de las cámaras del Congreso beneficia al partido más votado, con todo y la mayor proporcionalidad del sistema. Si las elecciones presidenciales de 2024 las ganara Morena y su candidata (o candidato), tal y como espera hacerlo Amlo, el Poder Ejecutivo podría verse fortalecido con una mayoría de su partido en un Congreso reducido. Además, suprimir a las y los diputados y senadores de mayoría servía a los propósitos de López Obrador por otra ruta: si desaparecen los distritos electorales para elegir diputadas y diputados de mayoría, ya no es necesaria la estructura territorial que organiza y da certeza a las elecciones en cada distrito.

El eje central de la reforma constitucional era el desmantelamiento de las reglas e instituciones de administración y justicia electoral. La iniciativa de Amlo proponía trasformar el INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (Inec), desaparecía a los 32 Ople y a los tribunales electorales locales en las entidades federativas, y concentraba todas las funciones de organización e impartición de justicia electoral en el Inec y el tribunal federal. De igual forma, sin mayor advertencia o aclaración, suprimía la estructura administrativa del INE, con sus direcciones especializadas y permanentes, para establecer “áreas auxiliares y órganos temporales”. Furtivamente, la reforma despojaba al INE de la función de integrar y actualizar el padrón electoral.

Según la iniciativa, las autoridades electorales ya no serían nominadas por los partidos, sino que serían electas directamente por la ciudadanía. El Inec estaría dirigido por un consejo compuesto por nueve personas que debían ser elegidas mediante el voto popular cada seis años. Las candidaturas serían propuestas en partes iguales por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Suprema Corte. Cada uno de los poderes podría nominar hasta veinte candidaturas. Un procedimiento semejante se habría adoptado para seleccionar a las y los integrantes del Tribunal Electoral. Este método pretendía ser una respuesta a las acusaciones de los nombramientos basados en cuotas partidistas. En los hechos, dos terceras partes del consejo general del Inec habrían sido nominadas por Amlo y por la mayoría de Morena en el Congreso. Por otra parte, la elección directa de las personas consejeras no solo partidizaría su nombramiento, sino que modificaría su perfil al obligar a las y los nominados a competir por el puesto. Las y los expertos en materia electoral no necesariamente representan candidaturas competitivas, a diferencia de las y los políticos profesionales. De esta forma, el Inec perdería, de facto, su independencia y se convertiría en un órgano partidista, favorable al gobierno, integrado por personas con habilidades políticas, sin estructura profesionalizada, sin certeza en la integración del padrón electoral y sin la cobertura territorial que tiene actualmente el INE.

La iniciativa de reforma constitucional del gobierno comenzó a discutirse al inicio del segundo período de sesiones del Congreso, en septiembre de 2022. Para ser aprobada, debía contar con mayoría calificada en las dos Cámaras. Morena y sus aliados tenían mayoría absoluta en ambas, pero perdieron la mayoría calificada en las elecciones de 2021. El gobierno, entonces, intensificó las presiones en contra de legisladores de oposición, particularmente del PRI, para reunir los votos necesarios.

Un punto de quiebre lo representó la movilización ciudadana del 13 de noviembre de 2022. Lanzando consignas como “el INE no se toca” o “a eso vine, a defender al INE”, cientos de miles de personas marcharon en la Ciudad de México y otras 35 ciudades del país para demandar un alto a la reforma de López Obrador (El Informador 2022). En la semana previa, el presidente describió a las y los ciudadanos que participarían en la marcha como “rateros, racistas, clasistas, conservadores, hipócritas” y más (^{Baranda 2022}). Al conocer la magnitud de la movilización, Amlo redobló sus descalificaciones y respondió con otra marcha. En esta marcha, sin embargo, no solo participaron simpatizantes genuinos del presidente, sino que, desplegando todos los medios a su alcance, el gobierno hizo desfilar a sus clientelas (^{Herrera 2022}): miles de ciudadanas y ciudadanos condicionados por los beneficios o sanciones que el gobierno federal y los gobiernos morenistas reparten discrecionalmente.

La movilización ciudadana del 13 de noviembre “en defensa del INE” galvanizó a las y los diputados de oposición. La reforma constitucional fue rechazada en la Cámara de Diputados el 6 de diciembre de 2022, pero el gobierno reaccionó de inmediato con un “Plan B”: una reforma legal que fuera aprobada por la mayoría lopezobradorista en el Congreso. Modificando 352 artículos en cinco leyes generales y expidiendo una nueva ley. Así, el Plan B puso en la mira a todas aquellas condiciones que les dan integridad a las elecciones.¹⁰ Sus disposiciones atacaban la estructura organizacional, territorial y logística de la organización electoral. Al mismo tiempo, el gobierno propuso remover todos los límites al abuso electoral a los que tuvo alcance. La reforma establece normativas que poco o nada pueden hacer para impedir que el gobierno, los partidos o candidaturas se alleguen los medios a su disposición para hacer propaganda política, reforzar las disparidades en la competencia electoral, comprar y coaccionar el voto y, eventualmente, manipular el conteo o impugnar los resultados.

Sin un criterio técnico que lo justificara, la reforma compactaba la estructura organizacional del INE al fusionar áreas y direcciones altamente especializadas, como la dirección administrativa y la dirección responsable del servicio profesional electoral. La compactación de la estructura central del INE también implicaba la desaparición de la Junta General Ejecutiva -el brazo operativo central de la instituciónreemplazándola por una comisión administrativa integrada por las y los consejeros electorales, directivos y representantes de partidos políticos. Al eliminarse la Junta General Ejecutiva, se eliminaba también la estructura territorial formada por 300 Juntas Ejecutivas Distritales, las instancias responsables de la preparación, organización y celebración de elecciones a todo lo largo del territorio nacional mediante la actualización del padrón electoral, la capacitación electoral y educación cívica y la logística electoral. En lugar de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, se establecía una oficina auxiliar ocupada por una sola persona, quien sería responsable de llevar a cabo las tareas que anteriormente realizaba la Junta. Además, las 32 juntas locales ejecutivas, una por cada entidad federativa, también serían compactadas. Este proceso también afectaba directamente al Servicio Profesional Electoral Nacional, ya que el 84.6 % del personal tendría que ser despedido de su puesto.

Las modificaciones en la estructura profesionalizada de la administración electoral tenían consecuencias directas en actividades esenciales, como la actualización del padrón y la cartografía electorales en las juntas distritales, así como la instalación de más de 160 000 mesas de casilla en las elecciones. De forma complementaria, otras disposiciones implicaban retrasar el inicio del proceso electoral federal y la instalación de los consejos locales y distritales, incrementando así la incertidumbre en el proceso. A saber, la integración de las mesas de casillas debía realizarse un lapso de tiempo más estrecho, comprometiendo el reclutamiento de capacitadores y supervisores electorales, los procesos internos de los partidos políticos, el registro de representantes de partido en las mesas directivas de casilla, el conteo de los votos, las condiciones de certeza en los cómputos distritales y la difusión de resultados preliminares.

El Plan B dejaba poco más que la fachada de una administración electoral profesionalizada que ha alcanzado plena cobertura territorial en un país extenso y diverso, en el que el crimen organizado ejerce control efectivo sobre distintas regiones y grandes segmentos de la población se encuentran excluidos del acceso a bienes y servicios públicos básicos. Al mismo tiempo, la reforma convertía en una fachada la autonomía política y la capacidad regulatoria de la autoridad electoral. Por un lado, limitaba la capacidad del INE de emitir acuerdos, lineamientos o normas para responder a los desafíos de cada proceso electoral. Por otro lado, reducía las capacidades de regulación, fiscalización y sanción de las autoridades electorales contra partidos y candidaturas, imponiendo criterios de aplicación de ley apegados a la letra de la norma, suprimiendo la capacidad del INE de intervenir en las dinámicas internas de los partidos políticos o eliminando la posibilidad de cancelar candidaturas cuando se violan las normas, entre otras disposiciones. Las autoridades también veían afectada su autonomía presupuestaria ante medidas como la eliminación de dos fideicomisos utilizados para cumplir con compromisos laborales y el mantenimiento de los módulos de atención ciudadana, en los que se solicitan y expiden las credenciales para votar. Igualmente, se redefinía el significado de la propaganda gubernamental, equiparándola únicamente a lo que está etiquetado presupuestalmente como tal, y se autorizaba a las y los funcionarios y gobernantes a hacer uso de su libertad de expresión en el ejercicio del cargo. Irónicamente, la definición de propaganda gubernamental establecida en la Constitución Política fue introducida en 2007-2008 como respuesta a las demandas de Amlo de equidad en la contienda. El Plan B, en contraste, abría la puerta a que las personas funcionarias gubernamentales hagan campaña desde sus puestos y con cargo al erario.

El Plan B llegó a la Cámara de Diputados el 6 de diciembre de 2022, el mismo día que se rechazó la reforma constitucional, y se aprobó en esa misma jornada, en la madrugada del día siguiente. No se presentó con la intención de ser discutido, negociado o consensuado con las y los legisladores de oposición, ni siquiera se pretendió que las y los diputados lopezobradoristas leyeran y comprendieran lo que estaban votando. La iniciativa se presentó para ser aprobada sin rodeos ni dilación. Al viejo estilo priista, Morena puso en marcha la aplanadora legislativa.

Una semana después, el 14 de diciembre, los dictámenes de la reforma fueron aprobados por la mayoría morenista en el Senado. Sin embargo, en uno de los dictámenes se había reintroducido una cláusula que les garantizaba “la vida eterna” a los partidos pequeños, aliados del gobierno; es decir, podrían conservar su registro aunque no alcanzaran los votos necesarios para superar el umbral legal. No obstante, el liderazgo del Partido Verde se vio obligado a retirar esa cláusula ante el reclamo presidencial. Una vez aprobada esta modificación en la Cámara de Diputados, el dictamen no llegó a tiempo para ser votado en el Senado, pues el período de sesiones había concluido. Por ello, la parte medular de la reforma tendría que ser aprobada hasta el siguiente período de sesiones. Solamente se promulgó, el 27 de diciembre, una parte relativa a la propaganda gubernamental.

El 26 de febrero de 2023, miles de ciudadanas y ciudadanos ocuparon por completo la Plaza de la Constitución, el Zócalo capitalino y calles aledañas -algo que López Obrador presumía que solo él podía lograrcon el objetivo de defender la democracia, al INE y la calidad de las elecciones.¹¹ Estas manifestaciones se replicaron en más de cien ciudades de México y el extranjero. La respuesta del presidente y su equipo consistió en redoblar sus ataques personalizados hacia las y los manifestantes, inclusive señalando a personal del servicio profesional electoral. Ante el rol que habría de tener la Suprema Corte en la revisión de controversias en contra de la reforma, el gobierno también comenzó a lanzar ataques personales hacia el Poder Judicial y las y los ministros, en particular hacia la ministra presidenta.

La segunda parte del Plan B se promulgó el 2 de marzo de 2023, después de haberse tramitado el 23 de febrero en el Senado. De esta forma se materializaba una reforma que, por su proceso legislativo y contenido, resultaba violatoria de numerosos preceptos y precedentes constitucionales, como puede verse en ^{Martín Reyes y Marván (2023}). Por esto, las implicaciones y la constitucionalidad del Plan B pronto fueron impugnadas ante los tribunales.¹² El 21 de febrero de 2023, un ministro de la Suprema Corte concedió la suspensión de la primera parte de la reforma en los procesos electorales de las entidades de Coahuila y el Estado de México a celebrarse ese mismo año. El 24 de marzo, otro ministro admitió la demanda de controversia constitucional interpuesta por el INE y suspendió todos los artículos modificados por el segundo decreto del Plan B hasta que el pleno de la Corte resolviera al respecto. Así, el 8 de mayo, el pleno de la Corte declaró inconstitucional el primer dictamen del Plan B, promulgado en diciembre de 2022, por cometer diversas violaciones en el proceso legislativo. La sentencia contó con el voto a favor de nueve ministros. Uno de los dos votos en contra fue emitido por una ministra acusada de presunto plagio en su tesis de licenciatura y que es esposa de un contratista cercano al gobierno de Amlo. Con esta sentencia -y si la Corte no evalúa el segundo dictamen antes del 2 de juniolas elecciones de 2024 se habrían de realizar bajo la normatividad vigente, la de la reforma de 2013-2014.

En síntesis, la Suprema Corte declaró inconstitucional el proceso legislativo de una parte del Plan B y suspendió la aplicación de toda la reforma en la práctica, aunque de forma provisional. La reacción del gobierno y sus aliados fue virulenta y hostil en contra de las ministras y los ministros y, en particular, hacia la ministra presidenta. López Obrador declaró que pondría en marcha un “Plan C”: “ningún voto a los conservadores”. El Plan C, sin embargo, también avanzó en el Consejo General del INE, con el nombramiento de al menos dos de cuatro nuevas consejerías afines a Morena, entre ellas quien se desempeñaría como presidenta del Consejo. La independencia y el profesionalismo de las nuevas personas consejeras habrá de ser algo que ellas mismas demuestren con su desempeño a lo largo del proceso electoral de 2024.