1. Introducción

Desde mediados de la década de 1990, hemos presenciado en el llamado mundo democrático el fortalecimiento de discursos que se presentan como inclusivos¹ y defienden la necesidad de abrir todos los espacios colectivos a grupos históricamente marginados por las clases dominantes.² Estos discursos -importantes en sí mismos en términos simbólicos y políticos- evidencian la persistencia de fenómenos como el prejuicio, la discriminación, la falta de respeto, la privación cultural y el no reconocimiento de diversos actores sociales. Esto contradice los supuestos de libertad e igualdad proclamados como máxima en una época que se proclamaba nueva y moderna, pero que parecía revivir las dificultades de un pasado sombrío para una parte significativa de la población.

Estos elementos constituyen injusticias que limitan en gran medida las posibilidades de participación equitativa en diversas instancias sociales, afectando especialmente a mujeres, personas negras,³ personas pobres, migrantes, personas LGBT+, personas con discapacidad, personas indígenas, entre otros colectivos tradicionalmente ausentes de las posiciones de poder mayoritarias. Estas injusticias deben ser combatidas en la sociedad mediante políticas que incluyan: (a) redistribución (ya sea de ingresos, trabajo o toma de decisiones), que mejoren las condiciones materiales que rodean a diversos sujetos; (b) reconocimiento, que impidan que las diferencias se conviertan en desigualdades; y (c) representación, que garanticen la presencia de todas las personas en los ámbitos en los que se formulan e implementan los derechos nacionales, con un destacado énfasis en los espacios deliberativos de las políticas públicas.

En el caso de las personas con discapacidad -tema de este estudio- ^{Piccolo (2022}) afirma que se ha prestado escasa atención en el campo de los estudios sociales a la producción de textos que destaquen la importancia crucial de que las personas de este colectivo ocupen los espacios políticos establecidos, como parte de la lucha contra el capacitismo estructural aún arraigado en Brasil. Un país que, aunque se autodefine inclusivo, sigue excluyendo vehementemente a las personas con discapacidad de sus esferas representativas. A pesar de que se ha avanzado mucho en el desarrollo de políticas, como la creación del beneficio de prestación continuada, la ley de cuotas en el ámbito laboral y universitario, así como en la configuración de derechos de atención prioritaria para las personas con discapacidad y en la implementación de políticas educativas inclusivas -que efectivamente han mejorado la vida de las personas con discapacidad al brindarles más oportunidades sociales- se ha hablado poco sobre la presencia de estas personas como actores de las políticas públicas, desdibujando el supuesto “nada sobre nosotros sin nosotros”.

Tanto es así que Brasil cuenta con 34 políticas públicas dirigidas a personas con discapacidad, de las cuales 31 están en funcionamiento; sin embargo, ninguna de ellas se refiere a la asignación de cuotas para ocupar cargos políticos en espacios legislativos. De hecho, ni siquiera existen instrumentos legales que establezcan un número mínimo de candidaturas de personas con discapacidad en una composición partidaria para las elecciones nacionales o municipales.

La falta de estos instrumentos puede significar que las políticas dirigidas a personas con discapacidad se estén formulando sin la presencia de este colectivo. En otras palabras, son políticas para -y no de- personas con discapacidad, contradiciendo la brújula orientadora del movimiento activista de este colectivo. Por lo tanto, es importante analizar estas relaciones para presentar una imagen de los propios espacios políticos brasileños, llenos de discursos en favor de los grupos marginados, pero ocupados mayoritariamente por fragmentos hegemónicos de la sociedad, lo que puede estar relacionado con el carácter poco transformador y limitado de diversas políticas públicas.

Con el afán de construir este panorama representativo, este artículo se basa en un proceso de revisión bibliográfica y se fundamenta en la investigación cualitativa. Para ello, utiliza datos públicos proporcionados por el Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE). En este contexto, el artículo comienza destacando la importancia de que los grupos oprimidos e históricamente marginados ocupen posiciones instituidas de poder, como un ángulo de transformación de los espacios y las relaciones sociales mediante la formulación de políticas públicas justas y accesibles. A continuación, se presentan y analizan los datos sobre la presencia de personas con discapacidad en cargos de

elección popular en Brasil, cargos que tienen legitimidad en la formulación de los instrumentos mencionados anteriormente. Además, se hacen consideraciones sobre los numerosos cambios promovidos en Brasil a partir de iniciativas tomadas por legisladores y legisladoras con algún tipo de discapacidad, lo que indica que la presencia de este colectivo en las arenas políticas puede reordenar la lógica de algunos intereses y preocupaciones nacionales. El texto concluye enfatizando la necesidad de avanzar para que el discurso inclusivo, más que el políticamente correcto, se convierta en una práctica que valore la experiencia de la discapacidad como parte del patrimonio histórico-cultural de la humanidad. Esto requiere que las personas con discapacidad estén presentes como actoras y autoras de su propia historia y de la nuestra.

2. Por una política con presencia de colectivos marginados en las arenas políticas

Al destacar de manera preliminar la importancia de la presencia de los colectivos minoritarios en los espacios de formulación de políticas públicas como componente angular del proceso del desarrollo de sociedades que se consideren democráticas, entendemos que la constatación de una distribución dispar en términos de representación política debe ir acompañada de la creación de mecanismos que permitan romper el círculo mediante el cual la democracia política institucionalizada reproduce la desigualdad social como un hecho natural. Romper este círculo generará un proceso inclusivo más amplio que contribuya -de jure y de facto- con la reducción de las múltiples injusticias estructurales y simbólicas.

^{Young (2006}) destaca las quejas frecuentes de grupos sociales que señalan el carácter excluyente de las normas de representación en las sociedades contemporáneas. Además, recuerda que muchas de las discusiones sobre la construcción de políticas públicas se establecen al margen de los propios sujetos que sufren sus impactos cotidianamente, lo cual ha generado diversas propuestas que buscan aumentar, y en algunos casos incluso inaugurar, la representatividad de los grupos marginados en estas esferas.

Según ^{Young (2006}), estas iniciativas han sido fuente de objeciones por parte de los grupos hegemónicos, que ven estos intentos como una especie de violación de los principios democráticos generales y consideran que estas propuestas son injustas e insuficientes para representar la complejidad de las variables que constituyen a los seres humanos, atravesados por diferencias de clase, género, religión, etnia, normas culturales, orientación sexual, entre otros. Bajo esta comprensión, cualquier representación se considera incompleta.

El sofisma que subyace en estas destacadas objeciones no se sostiene en la práctica, ya que en última instancia reproduce las antiguas y conocidas injusticias políticas que mantienen el destino de todas y todos en manos de un grupo selecto, manteniendo prácticamente intacta la composición aristocrática original que inauguró la idea de elegir gobernantes a través de elecciones como un elemento característico de la democracia representativa, en contraposición a la democracia directa.

En este punto, es relevante recordar las reflexiones de ^{Manin (1997}), quien sostiene que la elección como mecanismo de selección de gobernantes ha ocupado el lugar que históricamente correspondía a los sorteos -procedimientos típicos de la democracia griega- marcando de cierta manera el triunfo de la distinción, un principio esencialmente aristocrático cuyo surgimiento estaba influenciado por las ideas platónicas sobre la necesidad de elegir a un cuerpo gobernante superior. No obstante, con esto no pretendemos poner fin a la idea de las democracias representativas, sino más bien señalar sus límites, ya que el progreso civilizatorio ha traído consigo cuestiones sociales, económicas y culturales sumamente complejas. Estas cuestiones, sumadas a extensas y numerosas capas de población, han hecho imperativo pensar en términos de representatividad política.

Lo que necesitamos, por lo tanto, es mejorar esta forma de democracia representativa para hacerla más inclusiva; aunque, como bien señala Luís Felipe ^{Miguel (2005}), esto encierra una contradicción latente, pues se trata de un gobierno del pueblo en el cual el pueblo no está presente en el proceso de toma de decisiones (2005, 26).

^{Pitkin (1967}) destaca la tipología de la representación política en las sociedades modernas basándose en dos concepciones: la representación descriptiva y la representación formalista. La representación descriptiva sostiene que el cuerpo elegido de representantes debe reflejar la composición de la sociedad y ser un microcosmos de esta en la misma proporción de cada grupo representado, pues lo que importa en este espacio es quiénes representan y no exactamente lo que hacen. Por otro lado, la representación formalista parte del principio de que lo que importa son las acciones y propuestas realizadas por las y los representantes, sin importar a qué grupo pertenecen. ^{Pitkin (1967}) considera que la visión formalista es la que ofrece mejores resultados a la ciudadanía, especialmente a través de los mecanismos posibles de rendición de cuentas.

Esta posición ha sido impugnada por ^{Phillips (2001}), quien argumenta que la representación formalista genera una subrepresentación de los grupos minoritarios, lo que significa un problema central de las democracias representativas contemporáneas. Según esta autora, es un hecho notorio que el grupo de gobernantes en nuestra sociedad por lo general está compuesto por hombres, blancos, con alto nivel de educación y pertenecientes a clases económicas privilegiadas, lo que representa una imagen pálida de nuestra diversidad cultural.

Esta palidez, reflejada en la composición representativa del poder político instituido, tiende a producir políticas públicas vinculadas con los intereses de ese estrato que representan. Esta postura destacada encuentra respaldo en ^{Young (2000}, 109), quien sostiene que en sociedades con altos niveles de desigualdad, la falta de diferenciación implica que los intereses de las y los más poderosos y ricos se convierten en los intereses comunes. Frente al carácter ordinario de esta suposición, es necesario reconfigurar dicho espectro representativo.

Según ^{Phillips (2001}), más que diseñar mecanismos para que las personas elegidas tengan como una de sus banderas de lucha la inclusión de las y los desfavorecidos, es esencial que los grupos marginados ocupen el espacio político, ya que dicho empoderamiento es un requisito previo para promover transformaciones estructurales. Por lo tanto, las libertades civiles y políticas no deben ser vistas como epifenómenos de la estructura económica, sino como un campo de lucha orgánico del que los grupos oprimidos deben apropiarse para buscar cambios sociales, económicos y culturales, actuando de manera interrelacionada con las condiciones materiales de producción.

No es casualidad que la propuesta de inclusión de grupos minoritarios en el escenario político encuentre resistencia, especialmente en sociedades desiguales, ya que los grupos hegemónicos tienden a restringir la participación democrática para evitar la redistribución del poder político y así preservar sus propios intereses. Esto constituye una de las paradojas más significativas de nuestra democracia, a saber, la coexistencia entre la igualdad política formal y las profundas desigualdades sociales y representativas. Así lo señala ^{Miguel (2014}, 147), al destacar que la inclusión formal, inherente a los regímenes democráticos, convive con la exclusión efectiva de individuos, grupos, perspectivas sociales e intereses.

Según ^{Miguel (2014}), la evidente escasez de colectivos históricamente marginados en el escenario político ha generado diversas propuestas con el objetivo de alcanzar una representación más inclusiva, rotativa y acorde con la sociedad. Estas propuestas van desde la implementación de mecanismos que garanticen la aleatoriedad en las elecciones hasta la reserva de escaños para grupos considerados subalternos. Por lo tanto, la demanda de presencia política también debe ser vista desde la perspectiva de la justicia, ya que es fundamental para el ejercicio del poder, y su concentración en manos de unos pocos representa una injusticia específica -la injusticia política- que debe ser combatida junto con las injusticias económicas y culturales.

No es casualidad que ^{Young (2006}) considere fundamental que más personas de colectivos marginados ocupen espacios de lucha política, ya que esto contribuirá a la construcción de políticas públicas que amplíen el espectro de participación social de manera verdaderamente democrática. Esta postura encuentra respaldo en ^{Pinto (2004}, 105), quien sostiene que el proceso de inclusión provoca cambios radicales que reorganizan la posición relativa de los sujetos que ya estaban plenamente integrados en la sociedad. Al considerar el poder como una ecuación de suma cero, se puede apreciar que por cada sujeto o grupo incluido, corresponde una pérdida de poder para un grupo previamente incluido. Esto explica en gran medida las dificultades de las experiencias participativas.

En este sentido, es fundamental que los grupos oprimidos perciban y comprendan el acto de la representación política como un elemento estructurante en la lucha por el reconocimiento, y se posicionen firmemente a favor de la implementación de mecanismos que garanticen el acceso a todas las conquistas de la humanidad, históricamente negadas a las capas económicamente más desfavorecidas. Por lo tanto, es necesario ampliar las tensiones en el campo político mediante la incorporación de intereses diferentes a los defendidos por los grupos dominantes, como elemento fundamental para expandir y mover las políticas públicas más allá de los intereses parroquiales de los sectores hegemónicos de la sociedad. Estos intereses están impregnados por el sello de la subalternidad, y tienen como función cuestionar los mecanismos de acceso al poder y al control de los bienes materiales, lo que implica necesariamente una revisión de los privilegios de los grupos dominantes.

Se podría argumentar que la mera presencia de grupos subalternos en las esferas de representación política no garantiza por sí sola que sus agendas transformen las posiciones definidas por los sectores hegemónicos de la sociedad, debido a la influencia homogeneizadora del campo político. Como señala ^{Miguel (2015}, 198), el campo político busca enmarcar las voces diferentes, forzando adaptaciones y reduciendo el potencial disruptivo de la incorporación de voces disonantes.

Sin embargo, por más abrasivo que sea dicho campo, no logra cooptar todos los intereses, discursos y posiciones disonantes de los grupos subalternos elegidos para hacerlos más aceptables para el statu quo vigente. Cuando la presencia reemplaza la ausencia en el escenario político, se materializan efectos perdurables que ya no pueden ser reprimidos o sofocados, porque en política, la voz es poder.

Dada la importancia fundamental de la presencia de grupos minoritarios en las arenas instituidas de poder como instrumento para cuestionar las posiciones y políticas públicas, es necesario analizar cómo se han comportado dichos segmentos en el proceso electoral. En ese sentido, se ha prestado escasa atención a la presencia en estas arenas de personas con discapacidad, uno de los grupos históricamente más marginados por la cultura normativa desde la modernidad. De hecho, en la mayoría de los casos, esta subrepresentación ni siquiera se considera un problema, debido a la comprensión aún predominante de que la discapacidad es una cuestión que se aborda exclusivamente a través de la mejora de los sistemas de salud.

Dicho esto, es fundamental señalar la comprensión de la categoría de discapacidad trabajada aquí, la cual se vincula a las gramáticas delineadas por la epistemología que denominamos modelo social de la discapacidad. Esta corriente teórica establece una importante distinción entre incapacidad/lesión y discapacidad, considerando la primera como la falta de una parte o la totalidad de un miembro, órgano o sentido, y la segunda como el conjunto de opresiones operadas por la sociedad para excluir a los cuerpos con limitaciones de una participación social plena. Esta diferenciación se aborda de manera didáctica por ^{Morris (1991}, 25), quien argumenta que la incapacidad para caminar representa una lesión, mientras que la incapacidad para entrar en un edificio porque solo se puede acceder mediante una escalera es una discapacidad. La incapacidad para hablar es una lesión, pero la incapacidad para comunicarse porque no se dispone de ayudas técnicas adecuadas es una discapacidad. La incapacidad para mover el cuerpo es una lesión, pero la incapacidad para levantarse de la cama porque no se dispone de ayuda física adecuada es una discapacidad. Así, para ^{Morris (1991}), la discapacidad es producto de la exclusión social.

Esta historización de la discapacidad genera una inversión radical en las medidas y mecanismos concebidos para mitigar o eliminar las consecuencias que produce. Si antes solo recaía en las ciencias de la salud la responsabilidad de esta tarea, desde entonces la sociedad se ha visto carente de transformaciones para incorporar todas las experiencias corporales. Así, el enfoque se desplaza del cuerpo a la sociedad, de lo individual a lo colectivo, de lo privado a lo institucional; esto, en la medida en que la discapacidad se interpreta de manera relacional a través de una interacción no armoniosa entre tener una limitación, lesión o trastorno y vivir en una sociedad que no está pensada para acoger esta diversidad. Si es la sociedad la que incapacita a estos individuos, la única forma de cambiar esta situación es a través de luchas intensas para transformar el estado actual de las fuerzas sociales, lo cual no se logra sin ocupar espacios en las arenas políticas de poder constituidas formalmente. Por lo tanto, es necesario mapear el escenario existente y ofrecer sugerencias para poder reorganizar el color de las pálidas fotografías que componen estas geografías sociales brasileñas en la mayoría de los casos.

3. Elecciones y personas con discapacidad en Brasil: retratos del tiempo presente

Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud (Pesquisa Nacional de Saúde, PNS), recopilados en el 2019 (^{Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [Ibge] 2021}), cuantificaron en 17 300 000 el número de personas de dos años o más con alguna discapacidad en Brasil. Esto representa el 8.4 % de la población de este grupo etario, un número inferior a las estimaciones mundiales establecidas en 15 % por la Organización Mundial de Salud (OMS) (^{OMS y Banco Mundial 2011}). Al mismo tiempo, el último censo nacional de Brasil, realizado en 2010, arrojó que este colectivo representaba el 25 % de la población (^{Ibge 2010}).

La existencia de estos datos revela la presencia de un colectivo considerable en comparación con la población brasilera, superando los diez millones de personas. Este colectivo, en teoría, tendría la suficiente influencia para elegir representantes capaces de diseñar políticas públicas específicas para este segmento, cuya implementación tendría un impacto fundamental en la vida de todas y todos, ya que las propuestas de transformación social fundamentadas en el concepto de accesibilidad tienen a la universalidad como uno de sus supuestos básicos. Dicho esto, es fundamental entender cómo las personas con discapacidad están ocupando cargos de elección popular en Brasil, con el fin de establecer posibles conexiones entre esta presencia y la formulación de políticas públicas accesibles.

Con el objetivo de lograr dicho propósito, analizaremos los datos de las elecciones en Brasil en 2022, las primeras elecciones de carácter nacional en las que las y los candidatos pudieron declararse como personas con discapacidad ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE), lo cual hace que estos datos sean inéditos y de un interés analítico evidente. También realizaremos comparaciones con los datos de las elecciones municipales de 2020, las que, aunque diferentes -ya que se refieren al proceso de elección de las y los gestores de cada ciudad brasileña-, nos permiten trazar un panorama transversal de las personas con discapacidad en cargos de elección popular en Brasil. Además, investigaremos posibles comparaciones en cuanto a las cifras expresadas por las personas con discapacidad en relación a otros colectivos marginados, como mujeres, personas negras, entre otros, con el objetivo de comprender la magnitud de la exclusión mencionada. Pasemos a los números:

Las elecciones de 2022 en Brasil definieron a las personas que ocuparían de los cargos de Presidencia/Vicepresidencia de la República, gubernaturas, Senado y Cámaras de Diputados (federales, estatales y municipales) a nivel nacional. Según el ^{TSE (2022}), se registraron candidaturas de personas con discapacidad para todos los cargos mencionados, excepto para la Presidencia. Sin embargo, solo ocho de estas candidaturas resultaron electas, lo que representa el 0.49 % de las 1627 vacantes en disputa, una cifra significativamente inferior a la presentada en las elecciones municipales de 2020, en las que se eligieron 623 (0.9 %) personas con discapacidad como gestoras de las ciudades brasileñas (^{TSE 2020}). Independientemente del enfoque considerado, es importante destacar que el porcentaje de personas elegidas se encuentra muy por debajo de la proporción de este colectivo en la población brasileña, que según el dato censal más bajo es de 8.4 % (^{Ibge 2021}).

Este hallazgo requiere una atención detallada para comprender qué elementos pueden estar contribuyendo a esta subrepresentación empírica en cargos de elección popular en uno de los colectivos más numerosos de la sociedad brasileña. Esta cuestión, también presente en otros países, abarca diferentes aspectos, que van desde las deficiencias educativas y la falta de políticas de accesibilidad en los servicios públicos hasta la falta de recursos económicos de este colectivo, así como el propio prejuicio, como afirman los datos de ^{Mattila y Papagergiou (2017}), ^{Waltz y Schippers (2021}) y ^{Schur et al. (2015}).

En este momento, nos centraremos en analizar cómo se revelan los datos sobre el registro de candidaturas de personas con discapacidad en Brasil, considerándolo como un componente importante para comprender la subrepresentación de este colectivo en los espacios de formulación de políticas públicas.

En vista de esto, es relevante mencionar que en las elecciones nacionales de 2022 (^{TSE 2022}) postularon 29 262 personas, de las cuales 476 (1.63 %) se declararon personas con discapacidad: 263 con discapacidad física (53.78 %), 115 con discapacidad visual (23.52 %), 59 con discapacidad auditiva (12.07 %), 39 declararon tener otras discapacidades (7.98 %) y 13 afirmaron ser autistas (2.66 %). Esta representación se puede observar mejor en el siguiente Gráfico 1:

Gráfico 1 Porcentaje de candidaturas por discapacidad declarada en las elecciones brasileñas de 2022 

Los datos anteriores resaltan una prevalencia de candidaturas de personas con discapacidad física en comparación con otras discapacidades (lo cual también ocurrió en las elecciones de 2020, en las que el 47 % del total de candidaturas de personas con discapacidad estaba representado por personas con discapacidad física), lo que subraya la necesidad de trabajar con otros grupos de personas con discapacidad para comprender las razones que los llevan a una participación tan baja en el proceso de presentación de candidaturas. Cabe destacar que una concentración similar de candidaturas se ha observado en otras partes del mundo, como señalaron ^{Schur et al. (2013}).

Los motivos de este hecho, aunque no evidentes por sí mismos, parecen estar relacionados con el papel protagónico desempeñado por las personas con discapacidad física en la configuración de los movimientos activistas de personas con discapacidad, ya que estas organizaciones se han constituido históricamente como espacios que promueven posturas políticas más activas y autónomas.

Además de este factor, también cabe señalar la existencia de barreras (arquitectónicas/físicas, comunicativas, actitudinales) que obstaculizan el derecho a la participación política de las personas con discapacidad, que van desde el acto de votar en sí mismo, pasando por el proceso de presentar candidaturas, hasta ocupar cargos de elección popular en caso de éxito electoral.

Con el objetivo de proporcionar contribuciones para reducir estas barreras, ^{Schur et al. (2015}) presentaron importantes intervenciones para aumentar la participación política de las personas con discapacidad en las elecciones, destacando la organización de campañas políticas accesibles en términos de comunicación, la preparación de las urnas y los espacios de votación basados en el concepto de diseño universal, el suministro de asistencia cuando sea necesario para que las personas con discapacidad puedan votar, el uso de transporte con recursos de accesibilidad, entre otros.

Es importante destacar que el TSE adoptó una serie de medidas con el objetivo de hacer las elecciones brasileñas más accesibles: (a) la atención prioritaria a las personas con discapacidad, (b) la posibilidad de que las personas con discapacidad cambien su lugar de votación a una sección equipada con mecanismos que satisfagan sus necesidades, y (c) la opción de que las personas con discapacidad puedan estar acompañadas por una persona de su confianza, si fuera indispensable para el ejercicio del derecho al voto. Además, es importante señalar que las urnas brasileñas cuentan con mecanismos avanzados de accesibilidad, incluyendo recursos en braille que van desde la identificación del teclado hasta el uso de dispositivos de audio con voz sintetizada para las personas con discapacidad visual, detalles que se describen en ^{Lacerda (2018}).

A pesar de las transformaciones fundamentales promovidas por los organismos responsables de las elecciones brasileñas, las cuales son esenciales desde cualquier punto de vista analítico, entendemos que se centran más en el derecho al voto que en el derecho a ser votado. No es casualidad que todavía presenciemos números tan bajos tanto en las candidaturas vinculadas a personas con discapacidad (1.63 %) como en la ocupación de cargos de elección por parte de este grupo poblacional (0.49 %). Por lo tanto, surge un nuevo desafío para el TSE en la tarea de aumentar la participación política de las personas con discapacidad: más allá del simple acto de votar, es una tarea ardua que requiere una serie de articulaciones que combinan componentes culturales, políticos y económicos.

Volviendo al tema de la concentración de candidaturas de personas con discapacidad física entre aquellas relacionadas con personas con discapacidad, consideramos fundamental señalar que esta alta concentración de candidaturas solo se hace evidente en comparación con las candidaturas de otras personas con discapacidad, ya que cuando se hace referencia a los números generales, estas aún son significativamente bajas, como lo demuestran los datos anteriores. Por último, en cuanto a la segmentación de las candidaturas de personas con discapacidad, llama la atención la ausencia de la discapacidad intelectual entre los registros mencionados, lo que señala la necesidad de una mayor precisión en la clasificación de las categorías de discapacidad por parte del Tribunal Superior Electoral de Brasil. Esta ausencia relevante tal vez denote la marca de un tiempo que sustrajo los derechos políticos de esta población, que aunque han sido restablecidos mediante un instrumento legal, la ley brasileña de inclusión,⁴ parecen persistir obstinadamente en la exclusión en el ámbito político. En consecuencia, es urgente desarrollar un trabajo educativo y social de amplio alcance para promover la inclusión de todas las personas en el conjunto de los espacios de representación social.

En cuanto al género declarado en las candidaturas vinculadas a personas con discapacidad, tenemos que 306 personas se declararon hombres (64.3 %), 169 mujeres (35.5 %) y una persona optó por no identificarse (0.2 %), lo cual refleja un aumento de las candidaturas masculinas de personas con discapacidad, hecho también presente en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania y España (^{Berkowitz 1987}; ^{Halvorsen et al. 2020}). Los motivos de estas cifras parecen estar relacionados -además del machismo característico de las arenas políticas y la conformación del espectro político-partidario- con la suposición de que las mujeres con discapacidad encuentran aún más dificultades para ingresar a la vida pública, como señalan ^{Schur et al. (2002}).

Este escenario resalta la tarea inaplazable de fortalecer las prácticas activistas de mujeres con discapacidad, quienes representan, según la Encuesta Nacional de Salud de 2019 (^{Ibge 2021}), una población de 10 500 000 (60.7 %) de un total de 17 300 000 personas con discapacidad en Brasil. También se requiere destacar la urgencia en lo que respecta a las candidaturas generales, ya que indican un escenario similar de superposición de candidaturas masculinas sobre las femeninas (67 % frente al 33 %), una diferencia que podría ser aún más amplia si no fuera por la Ley n.° 9.504, que obliga a los partidos políticos a llenar un porcentaje mínimo del 30 % de candidaturas de cada género para las elecciones proporcionales.⁵

Si relacionamos los números generales del porcentaje de candidaturas femeninas (33 %) con los de las candidaturas masculinas (67 %), notaremos que se encuentran en el umbral del cumplimiento legal. Por lo tanto, es evidente que las mujeres todavía son marginadas de las arenas políticas brasileñas, y que su participación equitativa en todas las dimensiones del proceso electoral requiere avances importantes, aunque existan progresos evidentes en este sentido. En relación con esta cuestión, sería importante avanzar en la creación de mecanismos que fortalezcan la actuación de las mujeres ya elegidas en los espacios legislativos, como propone ^{Rezende (2017}), así como generar situaciones que fomenten un aumento en el interés y la participación de las mujeres en la política partidaria y en las elecciones, como señalan ^{Grossi y Miguel (2001}) y ^{Meireles y Rubim Andrade (2017}). Entendemos que la misma lógica utilizada para atraer a las mujeres a la política nacional se puede utilizar para involucrar de forma más activa a las mujeres con discapacidad en el proceso electoral, lo cual es fundamental para la democratización de los espacios de poder, que deben ser ocupados por otros intereses, puntos de partida y perspectivas.

Además de las mujeres, existe una serie de otros colectivos que también han sido marginados en el proceso de ocupación de las arenas políticas brasileñas, como las personas negras, los pueblos indígenas, los gays, las lesbianas, las personas trans, entre otros. En el caso de las personas negras, estudios como los de ^{Johnson (2000}) y ^{Campos y Machado (2015}) señalan la subrepresentación de este grupo en el Congreso Nacional, cuyos factores se relacionan con el prejuicio electoral, la discriminación en el reclutamiento partidario, la falta de recursos económicos en una población que pertenece en su mayoría a los estratos más pobres, los bajos niveles de educación, etc. Esto, a su vez, resulta en una reducción en la amplitud de las políticas públicas brasileñas. De cierta manera, todas las razones enumeradas por los autores como interferencias en la subrepresentación de la población afrodescendiente en las arenas políticas también se manifiestan en el colectivo de personas con discapacidad.

Cabe destacar que la Resolución TSE n.° 23.664/2021 determina la obligatoriedad de la distribución de recursos a través del Fondo Especial de Financiamiento de Campañas (Fefc), de modo que separen montos específicos para candidaturas de mujeres y personas negras.⁶ Esto, sumado a la ampliación de la categoría de personas negras en Brasil, que incluye a negros y “pardos”,⁷ hace probable que veamos un aumento en el número de personas afrodescendientes -candidatas y electas- debido a la influencia del uso de recursos financieros en el éxito de las candidaturas. Sin embargo, el aspecto positivo de esta medida puede verse mitigado por la mala fe de algunos proponentes, que pasarían a clasificarse como pardos e identificarse como personas negras únicamente con el fin de acceder a las cuotas de financiamiento electoral. No es casualidad que en las elecciones nacionales de 2022, la primera elección que materializó esta medida, un informe publicado por Poder360 señalara que una de cada tres personas negras electas se había declarado blanca en elecciones anteriores (^{Mali y Nogueira 2022}). Otro informe publicado por el portal UOL constató que la mitad de las y los legisladores negros elegidos en todo el país en realidad eran blancos, como se constató al someter sus perfiles a un proceso de heteroidentificación racial (^{Freire y Mazzei 2022}).

Hecha esta ponderación, y volviendo al ámbito del análisis sobre la ocupación de cargos de elección popular por personas con discapacidad en Brasil, podemos observar que -en comparación con la representación general de un grupo poblacional- en ningún otro colectivo la marginación es tan pronunciada como en el caso de las personas con discapacidad, tanto en la ocupación de escaños (0.49 %) como en la disponibilidad de candidaturas (1.63 %).

Un ejemplo revelador en este sentido es el análisis del proceso de elección de las 513 diputaciones que conforman la Cámara de Diputados federal, responsable de la supervisión y formulación de políticas públicas nacionales. Según los resultados de las elecciones de 2022, solo dos personas con discapacidad ocuparan escaños en la principal arena legislativa del país. En este mismo espacio, considerando solo a grupos históricamente marginados, se eligieron 91 mujeres, 135 personas negras (27 negras y 108 pardas), 3 personas de origen asiático, 5 personas de pueblos indígenas y 2 mujeres trans (un hecho inédito en Brasil) (^{TSE 2022}).

Estas cifras resaltan la subrepresentación de las personas con discapacidad en cargos de elección popular en el país, un hecho empíricamente demostrable. Si consideramos que Brasil tiene aproximadamente un 9.0 % de población negra y un 8.4 % de personas con discapacidad en la población nacional (^{Ibge 2021}), podremos percibir la brecha de representación existente en estos respectivos colectivos (27 frente a 2) en la Cámara de Diputados federal. Es decir, mientras la proporción de personas negras elegidas en la Cámara de Diputados representa el 5.26 % del total de candidaturas electas (el 58.4 % de su fracción representativa en el país), la de personas con discapacidad apenas alcanza un insignificante 0.39 % (el 4.64 % de su fracción representativa en el país). En el caso de las mujeres, aunque representan el 51.1 % de la población brasileña, ocupan solo el 17.7 % de los escaños en la Cámara (el 34.63 % de su fracción representativa en el país), lo que demuestra su subrepresentación. Sin embargo, esta baja representación sigue siendo menor en comparación con el colectivo de personas con discapacidad, que no tiene paralelo en términos de marginación política. Esta constatación se vuelve aún más evidente cuando consideramos el número de personas de origen asiático (3), indígenas (5) y mujeres trans (2) elegidas para la Cámara de Diputados, ya que estas poblaciones, incluso cuando se suman, son significativamente menores que la población de personas con discapacidad en Brasil, y aun así lograron elegir representantes en un volumen igual o mayor al de las personas con discapacidad. En este sentido, podemos afirmar que la subrepresentación de personas con discapacidad en las arenas políticas brasileñas es un problema estructural, relacionado, entre otras cosas, con la representación de la discapacidad como déficit y limitación, como si fuera una cuestión puramente clínica y no social.

Por consiguiente, el conjunto de hallazgos aquí presentados indica que la categoría de discapacidad rara vez se ve desde una perspectiva política. Este dato se vuelve aún más notable al analizar la distribución de las candidaturas de personas con discapacidad por espectro político, en el que se observa la inexistencia de cualquier correlación con partidos del campo progresista, como ocurre en otros colectivos minoritarios. Ningún partido político brasileño, según los datos consolidados por el TSE, registró un porcentaje superior al 4 % de personas con discapacidad como candidatas (TSE 2020), una cifra muy lejana a la representación poblacional del 8.4 % establecida por la PNS (^{Ibge 2021}) y del 15 % establecido por la Organización Mundial de la Salud (^{OMS y Banco Mundial 2011}).

Estos elementos nos permiten afirmar que la categoría de discapacidad no se muestra efectiva como plataforma política y bandera partidaria, y no es considerada desde la perspectiva de un grupo minoritario. No sorprende que ninguno de los 33 partidos políticos activos en Brasil mencione en sus páginas oficiales el tema de la discapacidad como componente constitutivo de movimientos/núcleos sectorizados creados por partidos con segmentos específicos de la población. Así, encontramos movimientos políticos que buscan formar composiciones en agrupaciones políticas con mujeres, personas negras, jóvenes, personas adultas mayores, cristianos/as e indígenas. En ninguno de ellos existe un movimiento similar en relación con las personas con discapacidad. Se podría argumentar que algunos partidos políticos incluyen la cuestión de la discapacidad bajo el término de diversidad/inclusión y, por lo tanto, estaría representada, aunque no nombrada de manera específica.

A pesar del argumento expuesto, entendemos que no se justifica por dos motivos: el primero es que los términos “diversidad” e “inclusión” son genéricos y podrían ser utilizados para cualquier grupo minoritario; el segundo es que resulta injustificable que una población estimada en 17 300 000 de personas (^{Ibge 2021}), necesite de categorías figuradas para su representación. Es urgente que los partidos políticos nacionales se reorganicen para trabajar con este importante colectivo desde la perspectiva de la agencia política, la principal bandera de los movimientos sociales de personas con discapacidad desde la lucha contra la institucionalización.

Es necesario que los partidos políticos y la sociedad se transformen para acoger a más personas con discapacidad como candidatas. Un elemento fundamental de esta transformación es la urgencia de reordenar el concepto de discapacidad, para plantearlo bajo una lógica radicalmente distinta a la empleada por el modelo individual, que ve la discapacidad como la síntesis de déficits y limitaciones derivadas de anomalías biológicas. En resumen, esto implica considerar a las personas con discapacidad desde una lógica identitaria, retratándolas, como diría ^{Abberley (1987}), como un grupo oprimido cuyos miembros se encuentran en una posición inferior a otros miembros de la sociedad debido a su discapacidad. Esto, a su vez, implica argumentar que estas desventajas están dialécticamente relacionadas con un conjunto de ideologías que no son naturales ni inevitables, y que justifican y perpetúan una situación que puede ser transformada mediante la acción política.

Además, es crucial llevar a cabo campañas masivas de afiliación de personas con discapacidad, así como discutir la creación de fondos de financiamiento para estas candidaturas y establecer un número mínimo de las mismas. Según señalan ^{Peixoto et al. (2022}), el financiamiento electoral y la disponibilidad de recursos son elementos decisivos para el éxito de las campañas electorales.

Si partimos de esta premisa y la relacionamos con el hecho de que las personas con discapacidad constituyen el estrato poblacional más pobre en cualquier comparación con otros grupos, según el Informe mundial sobre la discapacidad (^{OMS y Banco Mundial 2011}), resulta aún más apremiante la creación de este fondo especial, que ya existe en Brasil para impulsar otras candidaturas.

Más allá del ámbito político, es fundamental pensar en transformaciones que permitan la participación activa de las personas con discapacidad en todo el proceso político. En primer lugar, esta demanda requiere avances para lograr una educación cada vez más accesible. Desafortunadamente, muchos servicios públicos han confundido la idea de inclusión con la mera presencia en estos espacios, por lo tanto, preferimos utilizar el término “educación accesible”. La educación será accesible para las personas con discapacidad cuando les permita progresar de manera gradual y lograr aprendizajes satisfactorios en los diferentes niveles educativos.

Según datos del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Inep) (2021), las personas con discapacidad presentan las mayores distorsiones edad-grado en comparación con cualquier otro colectivo, un hallazgo respaldado también por ^{Connor (2014}). A pesar de ello, este colectivo aún tiene una presencia marginal en la educación superior. La constatación de estos datos, sumada al hecho de que todas las personas con discapacidad elegidas en 2022 han completado la educación superior, muestra un panorama desafiante pero absolutamente interesante en el ámbito educativo. Cabe destacar que, al analizar la exclusión de personas no blancas de las arenas políticas brasileñas, ^{Campos y Machado (2015}) vincularon este hecho, entre otros condicionantes, al bajo nivel de escolaridad de las personas negras y pardas en Brasil. En este sentido, es relevante destacar que la manifestación de niveles más altos en la educación formal se muestra como un predictor para lograr mejores empleos; es decir, mejor remunerados y con una mayor proyección de visibilidad social, elementos determinantes en las posibilidades de éxito electoral. Además, no se puede ignorar el impacto de las apropiaciones educativas en la formulación de plataformas políticas y en el perfeccionamiento de los discursos, componentes orgánicos de la actividad legislativa. Estas cuestiones en conjunto señalan y orientan acerca de la necesidad inaplazable de transformar los sistemas públicos de enseñanza para promover una educación verdaderamente equitativa y romper con prácticas segregacionistas en su interior. Escuchar a los sujetos más diversos y considerar sus conocimientos como una cultura viva parece un buen punto de partida.

Adicionalmente, si realmente deseamos aumentar la participación de las personas con discapacidad en el proceso electoral, es necesario que las ciudades sean verdaderamente accesibles. ¿Cómo hacer campañas políticas en las calles de las ciudades si ni siquiera tienen rampas? ¿Si el transporte es inaccesible? ¿Si el sistema de salud es deficiente y acarrea numerosas adversidades que podrían superarse, ya sea en términos de movilidad o comunicación? ¿Si los recursos de comunicación alternativa no se ponen a disposición de aquellas personas que los necesitan? ¿Si la tecnología de asistencia se les niega, en su mayoría, a las personas más pobres? En fin, todas estas preguntas deben generar respuestas por parte del poder público, respuestas que modifiquen radicalmente el panorama actual y formen parte de las estrategias para lograr una sociedad accesible y justa. Esto, es claro, requiere de manera inaplazable la presencia de personas con discapacidad como representantes electas, para que puedan deliberar de manera pública y colectiva sobre propuestas relacionadas con su experiencia.

Se podría objetar que la mera presencia de personas con discapacidad en las arenas políticas no necesariamente resultará en una mejora de las condiciones objetivas y subjetivas de este colectivo en la sociedad. Esta es una precisión valiosa dada la naturaleza porosa del campo político, un área con la capacidad singular de acomodar intereses divergentes con el objetivo de mantener el statu quo. Sin embargo, como ya hemos afirmado en este texto, en la política, la voz es poder. Y, si observamos detenidamente a través de una breve revisión de los años desde la promulgación de la Constitución de la República Federativa de Brasil, notaremos numerosas transformaciones que surgieron a partir de iniciativas de personas con discapacidad que ocuparon cargos de elección popular.

De esta manera, aunque no haya ninguna garantía de que la elección de personas con discapacidad resulte en la implementación de políticas públicas accesibles, es innegable que sin ellas la situación tiende a empeorar. De ahí la necesidad de llevar a cabo este doble movimiento para mejorar las condiciones sociales y lograr que los espacios sean más inclusivos. Por un lado, permitir que más personas con discapacidad se postulen como candidatas a cargos de elección popular y, por el otro lado, fomentar la participación de más personas con discapacidad como protagonistas del proceso político, presentando candidaturas y siendo elegidas, incluso cuando estos elementos anteriores no estén completamente materializados, es importante que la transformación de espacios inaccesibles no sea solo una de las demandas en la agenda, sino la principal.

Dicho esto, es importante destacar algunas de las principales contribuciones presentadas por personas con discapacidad cuando ocupan cargos de elección popular, las cuales apuntan a la relación mencionada anteriormente.

4. Ocupar es transformar: personas con discapacidad y participación política

Algunas de las principales transformaciones legislativas brasileñas en relación con la creación de espacios y prácticas accesibles en la sociedad fueron propuestas, informadas o lideradas por personas con discapacidad que ocuparon cargos de legisladores/as. Estas transformaciones van desde la enmienda constitucional n.° 12, la primera en tratar sobre la consolidación de los derechos de las personas con discapacidad en Brasil -que modificó la Constitución de 1969 para garantizar derechos específicos en educación, asistencia, trabajo y acceso físico a las personas con discapacidad,⁸ y que fue ideada por Thales Ramalho, el primer diputado con discapacidad en el país-, hasta la promulgación de la Ley Brasileña de Inclusión,⁹ hito principal en términos de derechos y políticas públicas para personas con discapacidad, informada por Mara Gabrilli, una persona con discapacidad física. Así, se puede afirmar que una serie de innovaciones legales se desencadenaron gracias a la participación activa de personas con discapacidad en cargos de elección popular.

Entre las leyes y tratados en el período considerado, cabe destacar la Ley de atención Prioritaria y Accesibilidad (Ley n.º 10.098/2000), la Ley de la lengua brasileña de señas (Ley n.º 10.436/2002), Ley de regulación de la profesión del traductor e intérprete de la lengua brasileña de señas (Ley n.º 12.319/2010), Ley del perro guía (Ley n.º 11.126/2005). También esta la Política nacional de protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista (Ley n.º 12.764/2012), el Tratado de Marrakech sobre el acceso a las obras publicadas para personas con discapacidad visual (Decreto n.º 9.522/2018), Ley de visión monocular (Ley n.° 14.126/2021), la promulgación de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo (Decreto n.° 6.949/2009), y la Ley Brasileña de Inclusión (Ley n.° 13.146/2015), entre otras. Es importante destacar que toda esta jurisprudencia mencionada es solo a nivel federal, sin tener en cuenta las numerosas leyes estatales y municipales.

La existencia de estos documentos ha modificado, en el ámbito legal, la geografía de los paisajes al transformar las posibilidades de participación social de las personas con discapacidad en diversos espacios. En el área de la salud y la educación, estas medidas han permitido, por ejemplo, la atención preferencial de las personas con discapacidad, así como la asignación de recursos específicos para políticas relacionadas, incluyendo la adquisición de tecnologías accesibles que realmente mejoren la vida de las personas con discapacidad. Los mecanismos mencionados también han posibilitado que los nuevos espacios públicos que se construyan en Brasil se piensen desde el principio como accesibles, lo cual es saludable. Leyes como la regulación de la profesión del traductor e intérprete de lengua de señas garantizan la presencia de estas y estos profesionales en espacios educativos y otros ámbitos, como componente fundamental de los mecanismos de acceso al conocimiento y la cultura producida por la humanidad. Lo mismo ocurre con el Decreto n.° 9.522/2018.

Cabe mencionar que incluso los instrumentos más complejos, como la Ley Brasileña de Inclusión (Ley n.° 13.146),¹⁰ están estructurados en 127 artículos que representan el compromiso de la sociedad brasileña con la transformación de cualquier situación que genere dificultades u obstáculos para que las personas con discapacidad participen de manera equitativa en la sociedad. Este también es el caso del Decreto n.° 6.949/2009, cuya implementación total depende de una serie de modificaciones pendientes en Brasil. Estas normativas tienen un impacto real en la vida de las personas, ya sea en términos de garantía de derechos antes silenciados o en la proyección de una nueva sociedad que incorpore la accesibilidad en sus diversas dimensiones como forma de justicia y democracia. Además, como señala ^{Bobbio (2010}), no podemos olvidar que el corolario del derecho conlleva como supuesto orgánico la obligación del deber, lo que indica momentos de un mismo proceso. En este sentido, una norma impone un deber a una persona y, al mismo tiempo, atribuye a otra persona el derecho de exigir su cumplimiento (^{Bobbio 2010}, 118).

Por lo tanto, la creación de propuestas que busquen modificar paisajes inaccesibles y asimétricos tarde o temprano tiene efectos directos en las relaciones ordinarias desarrolladas en la sociedad. Partiendo del supuesto de que una parte significativa de estas propuestas inició, se desarrolló o concluyó gracias a las intervenciones de personas con discapacidad en cargos de elección popular, resulta evidente la necesidad de aumentar el número de personas electas vinculadas a este grupo. Esta iniciativa representa, sobre todo, una cuestión de justicia basada en la valoración de la presencia de todas y todos.

Cuando nos referimos a la valoración de la presencia y a la necesidad de aumentar el número de personas con discapacidad elegidas, no estamos defendiendo ningún esencialismo. Siguiendo el razonamiento de ^{Young (2006}) sobre la necesidad de contar con más mujeres en la política, destacamos que el acceso de las personas con discapacidad a los escenarios de deliberación pública es necesario para materializar un prisma singular, que tiene en la discapacidad un marcador identitario vinculado a un tipo particular de experiencia en el mundo.

Por estos elementos, resulta fundamental la creación de mecanismos que busquen aumentar esta representatividad en los poderes Ejecutivo y Legislativo a nivel municipal, estatal y nacional. La iniciativa más concreta en cuanto a esta cuestión en Brasil es la propuesta de enmienda constitucional n.º 34/2016, la cual tiene como objetivo reservar cupos en los cargos de diputado/a y concejal/a para personas con discapacidad, con aplicabilidad en el Congreso Nacional, las Asambleas Legislativas y los Concejos Municipales.¹¹ En dicha propuesta, se aplicarían cuotas de ocupación de cargos de elección popular para personas con discapacidad de manera proporcional y escalonada, comenzando en 2.5 % hasta llegar al 10 %. Es relevante destacar que el texto presentado se refiere a la ocupación de puestos y no a las candidaturas, lo cual es más original y audaz que la Ley n.° 9.504/1997, que estableció la reserva (pero no el cumplimiento) de un 30 % de candidaturas para cada género en los partidos o coaliciones en elecciones proporcionales en Brasil.¹²

La llamada política de cuotas se presenta como un tema polémico que genera debates y enfrentamientos en el campo académico, que van desde su entendimiento como una herramienta esencial y permanente para reducir las desigualdades, hasta perspectivas que la consideran necesaria pero temporal, y también existen opiniones totalmente opuestas sobre su validez, argumentando que su existencia generaría otras injusticias.

En este momento, no entraremos en el campo de las discusiones sobre la política de cuotas, pero consideramos que, independientemente de la herramienta elegida, es urgente pensar en mecanismos que garanticen el acceso de las personas con discapacidad a los espacios en los que se generan las políticas públicas, permitiendo impulsar los cambios necesarios en términos de transformación accesible de la sociedad.

Este es precisamente el espíritu que impregnó la Ley n.° 13.146, que en su artículo 76 destaca la obligación del poder público de garantizar a las personas con discapacidad todos los derechos políticos y la oportunidad de ejercerlos en igualdad de condiciones con las demás personas.¹³ En su primer párrafo, enfatiza que se asegurará a las personas con discapacidad el derecho a votar y ser votadas, garantizando que los procedimientos, instalaciones, materiales y equipos de votación sean adecuados, accesibles para todas las personas, y de fácil comprensión y uso.¹⁴ También incentiva a las personas con discapacidad a postularse y desempeñar cualquier función pública en todos los niveles de gobierno, incluido el uso de nuevas tecnologías de asistencia. Además, cuando corresponda, se garantiza que los discursos oficiales, la publicidad electoral obligatoria y los debates transmitidos por los canales de televisión cuenten al menos con recursos de subtitulación, intérpretes de lengua de señas y audiodescripción.¹⁵

Sin embargo, debido a la asimetría de origen, es necesario pensar más allá de garantizar solo el derecho de este colectivo a votar y ser votado, siendo este último, según ^{Manin (1997}), el elemento más crucial de una democracia representativa sólida. En este sentido, lo que presuponemos aquí es el derecho a ocupar cargos electivos por parte de un colectivo minoritario históricamente excluido del proceso político, un desafío revolucionario para una sociedad capacitista. Por lo tanto, este compromiso debe considerarse una política de Estado. Es importante destacar que consideramos el capacitismo como una disposición estructural/cultural creada históricamente para discriminar y excluir a las personas con discapacidad de las interacciones y prácticas sociales comunes. El capacitismo es un mecanismo de opresión que considera la vida de las personas con discapacidad como de menor valor, asociando esta experiencia con adjetivos relacionados con la incapacidad (ya sea para llevar una vida autónoma, para el ocio, para el trabajo, para la reproducción, para el estudio, para la salud, para hacer política, etc.). A este conjunto de disposiciones prejuiciosas basadas únicamente en la existencia de la experiencia de la discapacidad y que limita las posibilidades de inclusión social, lo llamamos capacitismo, un elemento que nos permite vincular esta representación con categorías como el racismo o el sexismo.

Dicho esto, consideramos ilusorio y fantasioso hablar de inclusión sin una participación equitativa en la vida política, cuya realización es un proceso en constante construcción, especialmente en un país tan desigual como Brasil. Nuestra apuesta se basa en la idea de que cuanto más las personas con discapacidad se levanten como autoras y actoras de las políticas públicas, mayor será la participación, la confianza y el empoderamiento del grupo representado, lo que fomentará la proliferación de nuevas candidaturas en un proceso ascendente de espiral dialéctica. Este proceso, que busca derrumbar los muros de la institucionalización ampliamente perpetrada contra las personas con discapacidad, genera transformaciones profundas en el proceso formativo identitario de este colectivo, produciendo efectivamente nuevos sujetos e historias inéditas. Derribar esta barrera pasa sin duda por romper frontalmente con la idea o suposición de que otras personas puedan hablar por, en nombre de o en lugar de las personas con discapacidad. Esto es uno de los objetivos de una política verdaderamente progresista, cuyo compromiso con la transformación de la sociedad debe incluir necesariamente la proposición de acciones y prácticas igualitarias que busquen universalizar las luchas particulares cuando estas trascienden una condición singular, como es el caso de la búsqueda de una sociedad accesible que se dirija a todos los sujetos y promueva la justicia social.

5. Consideraciones finales

En un país tan desigual como Brasil, en el que los grupos hegemónicos naturalizan la exclusión social como resultado de un fracaso subjetivo de los grupos minoritarios, es crucial pensar en mecanismos contestatarios que cuestionen las diversas e insidiosas oportunidades de acceso a los espacios de poder. El acceso a dichos espacios en las sociedades contemporáneas se da principalmente a través de los procesos electorales, que en teoría son universales e igualitarios, pero en la práctica son censitarios.

Transformar este contexto, marcado por una representatividad poco significativa en lo que respecta a la composición de la nación brasileña, es una tarea clave para quienes buscan reordenar la sociedad para que sus políticas públicas sean verdaderamente accesibles e inclusivas para todas y todos. El enfoque de este texto se centró en la defensa de que personas con discapacidad ocupen cargos de elección popular y en los desarrollos -propiciados o deseados- sobre la creación y catalización de políticas públicas que mejoren efectivamente la vida de las personas con discapacidad. Esto implica la construcción de instrumentos de distribución de poder y la consiguiente reconfiguración política, así como la transformación de las condiciones sociales de existencia y de la comprensión misma del concepto de discapacidad.

¿Puede una asamblea compuesta mayoritariamente por hombres, blancos, ricos, sanos y, por regla general, propietarios de grandes fracciones de tierra, ser considerada representativa de un país tan diverso y desigual como Brasil? Más aún, ¿puede esta asamblea gobernar para reducir las desigualdades como está previsto en la carta magna?

La experiencia legislativa pasada en el país cuestiona tales posibilidades. Es cierto que de vez en cuando podemos presenciar la incorporación de propuestas a favor de grupos minoritarios por parte de los grupos hegemónicos, pero estas solo se materializan cuando no representan una amenaza para la distribución del poder; por lo tanto, estas acciones resultan insuficientes en términos de reducción de las desigualdades experimentadas. La lógica adoptada en este espacio sigue naturalizando las injusticias y desigualdades como resultado de un fracaso subjetivo, y no nos sirve como brújula para orientar una sociedad más justa. De allí parte la necesidad de realizar una transformación radical de las estructuras de poder, que comienza -no solo sino también- con la asunción en los cargos públicos de elección popular de grupos históricamente marginados y excluidos en términos de representación política.

Es imposible legislar contra la desigualdad cuando no están presentes los sujetos que viven esta experiencia en carne propia. Por eso es necesario ocupar estos espacios para promover desarrollos inéditos en la toma de decisiones, basados en nuevos puntos de partida expresados por la vivencia de la experiencia de exclusión, marginalización y capacitismo. Solo así podremos lograr resultados originales que transformen tanto la estructura física/arquitectónica de estos lugares como el significado y los sentidos de la discapacidad. Según ^{Young (2006}) ocupar estos lugares es necesario por dos razones: en primer lugar, cuando hay una historia de exclusión o marginalización de ciertos grupos en la influencia política, las y los miembros de esos grupos tienden a alienarse del proceso político, es decir, pueden volverse apáticos o negarse rotundamente a involucrarse con otros para intentar resolver problemas compartidos. En tales circunstancias, la representación específica de los grupos desfavorecidos estimula la participación y el compromiso. En segundo lugar, donde ciertos grupos sociales estructurales han logrado dominar las discusiones y decisiones políticas, sus perspectivas sociales suelen definir las prioridades políticas, los términos en los que se discuten y la noción de relaciones sociales que enmarca la discusión. Al mismo tiempo, estas perspectivas a menudo no se reconocen como una forma específica de ver los problemas en cuestión, sino que se consideran neutrales y universales (Young 2006, 174).

La implosión de las llamadas perspectivas neutrales y universales tiene un efecto más allá de lo simbólico, al ampliar los márgenes del campo de lo posible. Además, nos permite abordar la esperanza como una acción y no solo como una espera. Este acto nos desafía a ver la transformación social no como algo utópico, sino como algo alcanzable mediante nuestras propias manos humanas. Aunque hay mucho por construir en términos de accesibilidad en espacios y relaciones interactivas, las barreras serán derribadas pues, después de todo, nada puede resistirse a una idea que llega en el momento adecuado. Este es el momento.