Esfera pública y legitimidad del poder

Public sphere and legitimacy of power

 

Manuel Armando Vera Vera

Pontificia Universidad Católica del Perú, e-mail: manuel.vera@pucp.pe

 

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RESUMEN

La esfera pública kantiana puede ser interpretada como el ámbito de regulación de las consecuencias de relaciones interpersonales que afectan a terceros no implicados en la relación inicial, allí es donde debe intervenir el Estado. Esto es lo que considera John Dewey. Por otro lado, en el caso del pensamiento de Hannah Arendt, la esfera pública es entendida como el espacio donde se ejerza la deliberación sobre los asuntos públicos. En ambos casos, hay una constatación de la desaparición de lo público. La esfera pública parece invadida por la racionalidad instrumental que convierten las decisiones gubernamentales en asuntos técnico-económicos. Ante este diagnóstico sobre la desaparición de la política, la concepción de democracia de autores como Jürgen Habermas y Rainer Forst nos permiten comprender que un Estado democrático es aquel que vela por el cumplimiento de los procedimientos democráticos de obtención de leyes, y la justificación de las mismas ante los sujetos autónomos. Podemos hablar, entonces, de una auténtica esfera pública, cuando en ella existen las instituciones que aseguran los procedimientos democráticos de obtención de normas y la justificación de los órdenes sociales ante el peligro de dominación arbitraria. Sin embargo, para Nancy Fraser el alcance de estas instituciones no tiene por qué coincidir con los límites nacionales. Así, la existencia de sistemas de relaciones sociales transnacionales lleva consigo la necesidad de considerar la existencia de una esfera pública transnacional, donde se erijan instituciones políticas que velen por la justificación de las normas y los órdenes sociales ante cada sujeto autónomo.

Palabras claves: esfera pública, autonomía, racionalidad instrumental, procedimentalismo democrático

ABSTRACT

Kantian public sphere can be understood as the ambit of regulation of interpersonal relationships consecuences that affect third parties that were not involved in the initial relationship. That is the ground where State should intervene. This is considered by John Dewey. On the other hand, in the case of Hannah Arendt’s thought, the public sphere is understood as the space where deliberación about public affairs happens. In both cases, there is a verification of the disappearance of the public. Public sphere seems to be invaded by instrumental rationality that convert governmental decisions in economic and technical affairs. In the face of this diagnosis of the disappearance of politics, authors as Jürgen Habemas and Rainer Forst allow us to understand that a democratic State should ensure the fulfillmnet of democratic procedures and the justifications before the autonomous subjects. We can speak about an authentic public sphere when we can see the institutions that ensure democratic procedures for the obtaining of norms and the justification of social orders in the face of the danger of arbitrary domination. Nevertheless the scope of this institutions does not have to coincide with national borders according Nancy Fraser. Conversely, the existence of systems of transnational social relationships carries the need of considering the existence of a transnational public sphere, where should be erected political intitutions that ensure the justification of norms and social orders before each autonomous subject.

Keywords: public sphere, autonomy, instrumental rationality, democratic proceduralism

 

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INTRODUCCIÓN

Hay actualmente una mayor tendencia a entender a la legitimidad del poder como justificada por el involucramiento de cada vez más personas en la toma de decisiones. Este es en el fondo el contenido de la idea de democracia, según la cual las prácticas sociales deben poder ser determinadas o juzgadas moralmente por todos los afectados. En verdad, es con la crítica de la razón hecha por Kant que se cristaliza la diferencia entre razón teórica y práctica, entre los asuntos de la ciencia, que tienen universalidad dentro del fenómeno, y los asuntos prácticos donde no hay conocimiento, sino pensamiento. Así, la deliberación práctica se vuelve un asunto concerniente a cada individuo autónomo. Para Kant, este debe diferenciar los usos público y privado de su razón. Según dicha diferencia, cada ciudadano debe ser capaz de pensar por sí mismo y, así, participar en la legislación pública. Además de dedicarse a su oficio o rol como funcionario. "Entiendo por uso público de la propia razón el que alguien hace de ella, en cuanto docto, y ante la totalidad del público del mundo de lectores. Llamo uso privado al empleo de la razón que se le permite al hombre dentro de un puesto civil o de una función que se le confía" (Kant, 2004). Se entiende así la existencia de una esfera pública donde los asuntos prácticos sean deliberados por todos los ciudadanos en tanto individuos autónomos y legisladores. Así, hay ciertos asuntos sobre los cuales todos tienen derecho a deliberar, ya que son asuntos correspondientes a la res pública, la cual tiene su forma institucionalizada en el Estado.

Con esta división entre lo público y lo privado, ciertamente se puede interpretar a Kant desde una perspectiva liberal y considerar que insiste en la individualidad y la privacidad de cada sujeto, dejando de lado la crítica a las relaciones de dominación ante las que podría estar condicionado el supuestamente autónomo sujeto. Así, la normatividad dentro de la res pública, podría estar condicionada por relaciones de poder que tergiversan el procedimiento democrático de la legislación y la toma de decisiones. Por ello, la diferenciación de lo privado, con respecto a lo público, podría llevar a avalar este tipo de relaciones. Sucede que hay relaciones de dominación que supuestamente son aceptadas libremente, pero son tomadas por necesidad de supervivencia, como el contrato entre el capitalista y el obrero que describe Marx. Por ejemplo, para Marx, el Estado termina avalando contratos laborales injustos bajo el supuesto de que son privados y que ha mediado la libertad de los contratantes. Es así que la propuesta marxiana termina con la abolición del Estado y sin una propuesta concreta para un actuar concertado en la esfera pública. Por ello, una comprensión adecuada de la esfera pública, que sea consecuente con los procedimientos democráticos, debe ser crítica de las condiciones desiguales entre los participantes y de las relaciones de dominación presentes en la sociedad. Así, no tenemos que aceptar una interpretación liberal de la esfera pública kantiana, si es que la comprendemos desde una perspectiva democrática contemporánea como la de la teoría crítica, que insiste en la participación de todos los afectados y la justificación de los poderes públicos ante cada uno de ellos. La idea kantiana de autonomía de cada ser racional, situado en una esfera pública donde participa en la legislación, puede asumir la crítica social marxiana si se comienza a preguntar en qué momento las relaciones sociales privadas existentes entre individuos se vuelven asuntos públicos. La pregunta es si el poder concertado debería intervenir en las relaciones sociales legislando sobre ellas para hacerlas más justas. La legitimidad de ese poder se basa en que precisamente su función es la del cumplimiento de los procedimientos democráticos.

MARCO TEÓRICO

En el presente trabajo, examinaremos dos propuestas para pensar lo público en relación a los trabajos de John Dewey (2004) y Hannah Arendt (1993, 1997). En ambos casos, se nos presentan propuestas para definir el ámbito de la esfera pública. En el caso de Dewey, lo público se nos presenta desde el punto de vista de las consecuencias de los actos. Así, para dicho autor, lo público empieza allí donde los actos privados tienen consecuencias que afectan a personas no implicadas. Cuando esto sucede, cuando hay consecuencias que afectan a más personas que las implicadas originalmente, los asuntos tratados pasan a la esfera de las instituciones políticas organizadas como el Estado, que deben hacerse cargo de dichos asuntos en nombre del interés público. En el caso de Arendt, lo público se piensa más en relación a su espacialidad. Es decir, se piensa lo público teniendo en cuenta la diferencia entre el espacio público y el espacio privado, que para ella eran originalmente el espacio de la toma de decisiones concertadas políticamente, por un lado, y el espacio de la casa o de la familia, donde se satisfacían las necesidades básicas, por otro lado. El espacio público, el espacio de la toma de decisiones, sería el ámbito de la libertad, pues la acción que ahí se realiza no es la encaminada a la producción de objetos y la satisfacción de necesidades, como en la familia y en la sociedad, sino que lo público es el espacio donde se da el discurso práctico, donde cada uno hace valer su individualidad en tanto que se respete la pluralidad de los hombres.

Tanto en el caso de Dewey, como en el de Arendt, se nos muestra la importancia de la existencia de una esfera pública y el peligro de su desaparición. Esto se da debido a la instrumentalización y automaticidad de los procesos sociales que van en detrimento de la deliberación práctica conjunta. Con respecto a esta denuncia sobre el peligro de la desaparición de lo público, podemos entonces repensar nuestra noción sobre la función y legitimidad de las instituciones públicas. Se pretende, en este trabajo, entender la desaparición de una esfera pública auténtica, denunciada por Arendt y Dewey, como la ausencia de institucionalidad democrática. Según esto, la legitimidad del poder de las instituciones debe entenderse por su función de velar por el cumplimiento de los procedimientos democráticos en la esfera pública.

Así, ante la instrumentalización de las prácticas sociales que tienen como consecuencia la desaparición de la deliberación práctica en el ámbito de la política, debemos contraponer una noción de democracia que privilegie la participación de todos los afectados en la toma de decisiones. Por ello, veremos también con Habermas, que la legitimidad de las instituciones dentro de la esfera pública debe radicar precisamente en el cumplimiento de los procedimientos democráticos que permitan la deliberación práctica de todos, lo cual es característica fundamental de una auténtica esfera pública.

En The Public and its Problems (Dewey, 2004), Dewey se propone rastrear el origen de la política y del Estado. Para ello, elige un enfoque empirista, y considera que no debemos buscar dicho origen en un supuesto instinto gregario explicado de manera psicológica y metafísica, sino que debemos fijarnos en los actos de las personas y sus consecuencias. Así veremos que hay dos tipos de consecuencias "las que afectan a las personas directamente implicadas en una transacción, y las que afectan a otras distintas de las inmediatamente implicadas" (Dewey, 2004, p. 64). Cuando existen consecuencias del segundo tipo, es decir, cuando hay afectados que originalmente no estaban involucrados en una relación, debe surgir una instancia para regular estas consecuencias y, por el surgimiento de esta instancia, es que podemos hablar de lo público y también de lo político, pues "surge algo que posee los rasgos de un Estado" (Dewey, 2004, p. 64).

En el caso de Arendt, en La condición humana (Arendt, 1993), la esfera pública es el espacio donde cada individuo es reconocido en su diversidad, haciendo posible la pluralidad de los seres humanos. El punto central aquí es la insistencia en la existencia de un área de deliberación conjunta, donde cada cual pueda hacerse valer en su individualidad en la toma de decisiones. La existencia de esta esfera pública permite, así, impedir la existencia de poderes unidireccionales, donde todos se someten al mandato autoritario de uno o de las mayorías.

En el fondo, yace aquí la concepción aristotélica del hombre como animal político, que como ciudadano está capacitado para hacer uso de la "parte racional deliberativa del alma" (Aristóteles, 2004). El hombre está capacitado para deliberar sobre los asuntos prácticos en lapólis. Ahí, mediante el uso del lógos toma parte en la discusión sobre las leyes. Sin embargo, para ello, el hombre necesita del ocio brindado por la abstención sobre los asuntos económicos, los asuntos privados. La pólis, sus instituciones y espacios públicos, son la esfera pública que permiten la existencia del hombre como un ser que hace uso de su razón práctica. Arendt sintetiza la concepción de la política aristotélica con la noción de esfera pública kantiana; de tal manera que el Estado, es decir, la polis es el espacio de deliberación práctica del individuo autónomo que hace uso público de su razón a través de la realización de juicios. Ambas concepciones de lo público, la de Arendt y la de Dewey nos ayudarán a entender el fenómeno de su desaparición en la sociedad de consumo actual.

La esfera pública para Dewey: la atención en las consecuencias de los actos

Dewey asume la relación inherente entre una esfera pública y la existencia de una institución estatal con una función: regular sobre las consecuencias de las acciones cuando estas se vuelvan de interés público, porque afectan al bienestar de otros nuevos implicados, lo que hace que el acto adquiera una "dimensión" pública: "el acto adquiere una dimensión pública, tanto si la conversación se desarrolla entre el rey y su primer ministro, entre Catalina y quien le acompaña en la conspiración, o entre mercaderes que planean monopolizar un mercado" (Dewey, 2004, p. 64). Para Dewey, los asuntos supuestamente privados entre dos mercaderes, entre dos capitalistas, son también de interés público y el Estado puede intervenir en estos asuntos. Lo público explica la existencia del Estado como organización política que se ocupa de velar por los intereses de los afectados por las consecuencias de actos antes privados. La propuesta de Dewey no sitúa a la esfera pública solo en el ámbito espacial, sino también temporal: lo público comienza cuando las consecuencias de actos privados afectan a más personas.

La existencia del Estado trae consigo la existencia de funcionarios que velen por el interés de todos. Sin embargo, el desempeño de estos en concordancia con su función es algo que no siempre sucede. "Pero qué pueda llegar a ser lo público, como deban ser los funcionarios, y en qué medida lleguen a realizar su función adecuadamente, son cosas para cuyo descubrimiento debemos recurrir a las historias" (Dewey, 2004, p. 74). Ahora bien, Dewey considera explícitamente que el asunto sobre cuál es la mejor manera de organizar el Estado es difícil de precisar, pero parte de la constatación de que la función básica del Estado, como representante de lo público, es atender y regular "los intereses que se acumulan como resultado de la compleja e indirecta interconexión de la conducta humana" (Dewey, 2004, p. 82). Dewey prefiere hablar de interés común en vez de voluntad común, pues considera que la idea de una voluntad común lleva inherente la idea de la racionalidad incuestionada por ser la voluntad de una Razón Absoluta.

Dewey considera que en el fondo la labor como funcionario del Estado la realizan todos los ciudadanos a los que se les da el derecho de voto. Así, aunque todos los gobiernos pretenden representar los intereses públicos, solo en el Estado democrático (Dewey, 2004, p. 98) cada ciudadano puede participar por lo menos como votante en la elección de los funcionarios gobernantes. Por el contrario, la historia muestra que normalmente las personas elegidas para gobernar tenían alguna prerrogativa o posición privilegiada en el orden social (Dewey, 2004, p. 99). Por ejemplo, dice, cuando guerreros, ancianos, hechiceros, sacerdotes o personan pertenecientes a una dinastía eran los aptos para gobernar. Entonces, lo que primeramente caracterizó a la democracia fue, entonces, la existencia de una práctica en la selección de los funcionarios y la reglamentación de su conducta. Esto para evitar que la posesión del gobierno estuviera en manos de personas que lo utilicen para sus fines privados y no en vistas del interés común. Tal vez podríamos hablar de "fin" público si es que aceptamos la idea de una voluntad común, lo cual Dewey no suscribiría. Ahora bien, hay presente aquí una crítica a la instrumentalización del gobierno para fines no debidos, cuando no resguardan el interés del público. Dewey no habla específicamente de nación para referirse a una entidad que posea el interés común. Por el contrario, relaciona la existencia de lo público con la posición humanista que postula la dignidad inherente de todos los individuos, por la cual la función del Estado sería la protección de los derechos. No nos centraremos a discutir si es que fue la Ilustración producto de las condiciones sociales o estas de la anterior. Dewey parece inclinarse por lo primero y, consecuentemente con su empirismo, considerar que la idea de dignidad humana surgió como producto de las circunstancias.

En consecuencia, con esta crítica del capitalismo, Dewey considera que los poseedores de propiedades tuercen el interés público de tal manera que sus intereses particulares son llevados a cabo por el Estado. En el fondo, hay aquí una crítica a la concepción del Estado como garante de la propiedad privada que es muy consecuente con Marx. Sin embargo, en vez de recusar al Estado como inservible para los fines públicos, Dewey plantea diferenciar comunidad y sociedad. Al ámbito de la sociedad pertenecen la asociación familiar y la institución legal de la propiedad (Dewey, 2004, p. 110). Lo que para Hegel abarcaría los ámbitos de la familia y la sociedad civil. Lo social está relacionado con la subsistencia y la satisfacción de necesidades. Arendt de la misma manera tendrá una concepción de sociedad que la relaciona con la satisfacción de necesidades y la racionalidad instrumental, opone lo social a lo político al igual que Dewey. En el fondo es lo que Hegel y Marx entendían por sociedad civil, la cual tiene como uno de sus ingredientes principales, también para Dewey, la institución de la propiedad privada (Dewey, 2004, p. 114). La comunidad estará, más bien, relacionada al ámbito de lo público, el cual se organiza políticamente en el Estado.

El problema radica en que las relaciones sociales se han vuelto cada vez más complejas y, a pesar de los efectos de la Ilustración en la creación de una esfera pública consistente, las relaciones de dominación se han mantenido debido a que el sistema social funciona a partir de la existencia de la propiedad privada. El Estado, como organización política del interés público, si es que quiere ser realmente democrático, necesita una mejor organización que haga frente a esta nueva era de relaciones sociales. Dewey hace alusión a la apatía política de los ciudadanos que deberían asumir su rol de funcionarios públicos para dar a conocer su voluntad. El uso público de la razón se hace mucho más difícil hoy en día debido a que la expansión de las relaciones sociales hace mucho más difícil prever sus consecuencias, así como conocer y supervisar a los funcionarios gobernantes. Es por eso que Dewey se refiere al "eclipse de lo público" (Dewey, 2004, p. 122). El cual estaría ocasionado por la instrumentalización económica de los procesos sociales. "Se podría decir que hoy los grandes asuntos gubernamentales también se han convertido en unos asuntos técnicamente complicados que los expertos deben dirigir de forma adecuada" (Dewey, 2004, p. 123).

Hoy en día nos encontramos en una "nueva era de las relaciones humanas" puesto que la sociedad se ha tecnificado de tal manera que "la era mecánica ha extendido, multiplicado, intensificado y complicado tan enormemente el alcance de las consecuencias indirectas" (Dewey, 2004, p. 125). Debido a la expansión de la sociedad y su transformación en una Gran Sociedad, las relaciones sociales tienen consecuencias impersonales en una red de afectados que supera los ámbitos de las comunidades particulares. Por ello, la regulación de las consecuencias por parte de las instituciones es más difícil ya que muchas veces superan su alcance.

En tanto la sociedad ahora consiste en una red de relaciones interpersonales que superan las comunidades políticas particulares, podríamos hallar aquí una razón para considerar la idea de democracia transnacional, como veremos más adelante. Ahora bien, para Dewey, lo que sucede es que la formación de esta Gran Sociedad ha ido desintegrando las pequeñas comunidades y no se ha generado una Gran Comunidad que le haga frente: "...en la actualidad no existe una organización política general que integre los diversos países separados, aunque interdependientes" (Dewey, 2004, p. 125). Entonces, el público no logra integrarse ni organizarse, y, cuando lo hace como en el caso de los Estados nacionales, no logra resguardar el interés público.

Sucede que las consecuencias que acarrean hoy en día las relaciones socio-económicas "privadas" traspasan los ámbitos nacionales y su regulación se ha vuelto un asunto complicado. Las consecuencias de las transacciones e intercambios en terceros son difíciles de rastrear en su origen, ya que la red de consecuencias en las que toman parte es muy grande. Las normas y leyes económicas bajo las que se rige el sistema económico se han vuelto demasiado complejas como para que pueda formarse una voluntad pública que regule las relaciones que se dan dentro de él. Esto explica la desarticulación del público, cuyos miembros no logran entrar en comunicación para formar una comunidad política adecuada. Los hombres se han vuelto escépticos ante la eficacia de la acción política (Dewey, 2004, p. 130). Esto ha llevado a una desvalorización de la democracia que se articula con una mayor apreciación de la eficacia de los técnicos en administración estatal.

Hay entonces una denuncia sobre la privatización e instrumentalización de los asuntos públicos y, por lo tanto, de la política. El Estado termina defendiendo los intereses particulares de los propietarios del capital, bajo el supuesto de que los asuntos públicos tienen que ver con técnicas que aseguren el crecimiento de la riqueza económica. Ante esta situación, los afectados por las relaciones sociales vigentes no logran organizarse para regular las consecuencias de dichas transacciones sociales. No lo logran, pues la red de consecuencias es difícil de comprender y, además, están inmersos en una cultura del negocio y del consumo, según la cual el ocio necesario para dedicarse a los asuntos públicos es despreciado (Dewey, 2004, p. 131-132). Como veremos, esta crítica a la predominancia de la sociedad del consumo que trae consigo, como síntoma, la desaparición de la política es compartida por Arendt.

La esfera pública para Arendt: la atención en la pluralidad y deliberación de los individuos

En La condición humana (Arendt, 1993), Arendt diferencia también al igual que Dewey a la política de la sociedad. Explica que lasocialidad del hombre consiste en el uso instrumental de las relaciones sociales. Las cuales se realizan para la satisfacción de las necesidades humanas, a través de la labor y el trabajo que producen bienes y cosas que pueden ser intercambiadas. Estas actividades productivas, que para Aristóteles corresponderían a la racionalidad productiva de la técnica, tienen un componente de libertad mucho menor que la acción, actividad que consiste en participar en el discurso público sobre los asuntos prácticos. El ámbito de lo público es así la polis, o el Estado democrático moderno, en contraposición al ámbito privado que corresponde a la casa (oíkos) o a la sociedad. En la sociedad, las relaciones interpersonales están guiadas por la necesidad y la racionalidad instrumental, características de la labor y el trabajo respectivamente. En la política, por el contrario, de lo que se trata es de la discusión pública sobre la toma de decisiones. El hombre libre es, en ese sentido, el ciudadano que puede hacer uso de su razón práctica en la participación política.

La existencia de una esfera pública, entendida como Estado, está legitimada así por la libertad e igualdad de sus miembros, es decir, por lo que constituía la isonomía en Grecia, por la cual "todos tienen el mismo derecho a la actividad política y esta actividad era en la pólispreferentemente la de hablar los unos con los otros. Isonomia es por lo tanto libertad de palabra y como tal lo mismo que isegoria; más tarde Polibio las llamará a ambas simplemente isologia" (Arendt, 1997, p. 70). Así, la igualdad en la participación política, entendida como libertad de hacer uso de la palabra es lo que define la existencia de una esfera pública. La cual es entendida por Arendt como aquel espacio donde los hombres son iguales en su libertad. Así, "para el pensamiento griego, la libertad estaba enraizada en un lugar, unida a él, delimitada espacialmente, y las fronteras del espacio de la libertad coincidían con los muros de la ciudad, de la pólis o, más exactamente, de la ágora que esta rodeaba" (Arendt, 1997, p. 113).

La esfera pública entendida como ámbito donde se realiza la vida política (bios politikós) se opone, para Arendt, a la familia o casa, donde se realiza la vida privada. La vida política consiste en la praxis, entendida como discurso sobre los asuntos públicos. La vida familiar, por el contrario, consiste en la satisfacción de nuestras necesidades a través de la labor propia o ajena. El dominio de las necesidades dado en la familia era lo que permitía la entrada del ciudadano en la polis. Dentro de la familia, se daban muchas veces relaciones de dominación, ya que la violencia y fuerza usadas ahí eran los medios para dominar a la necesidad. En el ámbito político, por el contrario, el ciudadano era libre ya que las relaciones eran entre iguales. Así, "ser libre significa no estar sometido a la necesidad de la vida ni bajo el mando de alguien y no mandar sobre nadie, es decir, no gobernar ni ser gobernado" (Arendt, 1993, p. 44).

Ahora bien, Arendt considera que con el auge de la figura de la sociedad en detrimento de la pólis, el límite entre esfera privada y pública se vuelve confuso. "El profundo malentendido que expresa la traducción latina de "político" como "social", donde quizás se ve más claro es en el párrafo que santo Tomas dedica a comparar la naturaleza del gobierno familiar con el político, a su entender, el cabeza de familia tiene cierta similitud con el principal del reino" (Arendt, 1993, p. 41). Lo social surge cuando el ámbito de la economía familiar invade el Estado y se instituye la llamada "economía política". Los ámbitos público y privado, antes rígidamente separados por la distinción entre casa y ciudad, se mezclan en la forma de la sociedad. Esto trae como consecuencia que la política se instrumentalice y se vuelva una función de la sociedad.

Sucede que el ámbito de la producción (poiesis), y su racionalidad instrumental, invaden el campo de la racionalidad práctica que Aristóteles denominó como discernimiento (phronesis). La preocupación por la supervivencia de los individuos de la sociedad, y por la acumulación de riqueza, revelan una racionalidad instrumental que Kant relacionaría con los imperativos hipotéticos que mandad acciones como medios para fines. Este tipo de racionalidad no estaba presente en la esfera pública de la polis griega, porque la supervivencia y la producción eran asuntos privados que se resolvían en la casa.

Por otro lado, así como en el ámbito privado familiar, en la sociedad se les pide a sus miembros la obediencia de normas de conducta, el gobierno es unilateral pues las relaciones de dominación están justificadas por la obediencia de imperativos técnicos. "La sociedad espera de cada uno de sus miembros una cierta clase de conducta, mediante la imposición de innumerables y variadas normas, todas las cuales tienden a ‘normalizar’ a sus miembros" (Arendt, 1993, p. 51). Por el contrario, en una esfera pública auténtica, como en la de Grecia antigua, se fomentaba la individualidad de cada ciudadano que vivía con los otros entre iguales.

Como vemos, al igual que en el caso de Dewey, hay aquí no solo una crítica a la instrumentalización de la política, sino también a una privatización de la esfera pública debido a la presencia de intereses económicos. Para Arendt, esto sucedió más aun cuando la riqueza privada sustituyó a la casa o familia como condición para ser admitido en la vida pública, es decir, cuando se comienza a considerar como ciudadano (bourgeois) al poseedor de capital. Así, la acumulación de la riqueza se volvió el fin de la economía nacional. "La sociedad, cuando entró por primera vez en la esfera pública, adoptó el disfraz de una organización de propietarios que, en lugar de exigir acceso a la esfera pública debido a su riqueza, pidió protección para acumular más riqueza" (Arendt, 1993, p. 73). En este contexto, la esfera pública se haya debilitada pues su auténtica institucionalización, el Estado, ha asumido la racionalidad instrumental de la sociedad, que pone como fin máximo el crecimiento económico.

Legitimidad del poder y democracia transnacional

Como vemos, tanto Arendt como Dewey denuncian la desaparición de la esfera pública debido a la instrumentalización e impersonalidad de las relaciones sociales. El Estado como institución no se muestra capaz de regular las relaciones sociales que mantienen relaciones de dominación y uniformizan a las personas. Ante esta desazón por el funcionamiento del Estado, con Habermas, la teoría crítica ha propuesto una nueva manera de entender la democracia de tal manera que se asegure la participación de todos los afectados en la esfera pública. La democracia para Habermas constituye un conjunto de procedimientos que garanticen la participación de todos los afectados en el discurso. Según el principio democrático todos los afectados tienen que aceptar las normas y consecuencias dadas al interior de una comunidad (Habermas, 2000).

Habermas ofrece los principios procedimentales que permitan, entonces, una auténtica esfera pública, la cual cumpla la función que plantean Arendt y Dewey, es decir, que permita la deliberación sobre los asuntos públicos y que en dicha deliberación se tome atención en las consecuencias de las normas y los actos. La función del Estado democrático no es, entonces, meramente resguardar los intereses económicos particulares para hacer posible el crecimiento económico, sino hacer valer los procedimientos democráticos que permitan la participación de todos los afectados en la toma de decisiones. Por ello, la legitimidad del poder de las instituciones políticas está en resguardar las prácticas democráticas dentro de la esfera pública. Esta concepción sobre la legitimidad de los poderes políticos es consecuente con la necesidad de una organización política que regule las consecuencias de las relaciones interpersonales para Dewey y también es consecuente con la existencia de un espacio público de deliberación que propone Arendt.

Para Habermas, el poder del Estado se concreta a través de la legislación. De esta manera, la legitimidad del derecho es velar por la autonomía de todos los participantes y afectados, "el derecho tiene que mostrar su legitimidad bajo este aseguramiento de la libertad" (Habermas, 1999, p. 251). Esta libertad se basa en la idea de la autonomía jurídica, por la cual los destinatarios del derecho son también sus autores (Habermas, 1999, p. 254). En el fondo, la idea de autoría de la ley también lo lleva a diferenciar la esfera pública y privada. El liberalismo ha privilegiado la protección de la esfera privada y el republicanismo ha privilegiado la autonomía de los individuos en la esfera pública.

Para Habermas, la autonomía privada es la que consiste en ser portador de derechos fundamentales que permitan la autonomía pública, la cual consiste en la participación en la deliberación práctica en la esfera pública. Recién con la existencia y efectividad de estos derechos fundamentales, se hace posible la participación del individuo en la esfera pública. A esta relación la llama el vínculo interno entre derecho y democracia: la protección de la autonomía privada a través de los derechos humanos permite a su vez la autonomía pública, la cual no obstante es la que regula los derechos de protección de la autonomía privada. Es decir, la reglamentación de derechos en la esfera privada es lo que hace posible la participación en la esfera pública y, sin embargo, en la esfera pública es donde se regulan los derechos humanos necesarios para la autonomía en la esfera privada (Habermas, 1999, p. 255). El derecho asegura las prácticas democráticas y las prácticas democráticas legitiman al derecho, el cual es lo que constituye el poder del Estado.

Como vemos, Habermas comparte con Arendt la atención en la importancia de las condiciones de vida privada mínimas que permiten la libertad política en la esfera pública. También su concepción procedimental de obtención de normas incluye la atención en las consecuencias de los actos que estaba presente en el pragmatismo de Dewey.

La propuesta de Habermas sobre las esferas privada y pública tiene la ventaja de que considera que hay un vínculo interno entre ambas. Por el cual, la protección de una de ellas es necesaria para la existencia de la otra. "Se presenta una concepción procedimental del derecho, según la cual el proceso democrático tiene que asegurar al mismo tiempo la autonomía privada y la pública" (Habermas, 1999, p. 258). La legitimidad de las instituciones políticas está en velar por la autonomía de todos a través de la regulación de derechos fundamentales que permitan la participación política.

Rainer Forst (2013) entiende también que la legitimidad del poder político está en que sus regulaciones deben asegurar la autonomía a través de la justificación a cada individuo. En ese sentido, no solo podemos hablar de lo público como lo relacionado a la obtención de leyes partir de procedimientos democráticos, como sostendría Habermas, sino que también podemos considerar legítimas aquellas tomas de decisión que pueden ser justificadas ante cada individuo. La legislación e intervención de las instituciones públicas en la sociedad está validada por la necesidad de una instancia donde se resuelvan los asuntos que afectan la dignidad de alguna persona. El principio moral de autonomía hace entonces necesaria la existencia de una esfera pública que permita la deliberación sobre la reglamentación e intervención en relaciones sociales que se vuelven asuntos públicos por sus consecuencias en terceros.

La atención de Dewey en las consecuencias de las relaciones sociales está, así, también presente en Forst. La clave es su concepción de justicia. La entiende como lo que se opone a la arbitrariedad, entendida como el gobierno o dominación de una parte de la sociedad sobre otra sin ninguna legítima razón (Forst, 2013). Así la injusticia es entendida como dominación, ante la cual se puede reclamar el principio básico de justificación. Según este, no se puede mantener relaciones políticas y sociales que no puedan ser justificadas ante aquellos afectados por ellas. Así, la dignidad humana consiste en ser sujeto de justificación, es decir, alguien que puede proveer y demandar justificaciones. Por ello, la justicia debe ser entendida de manera relacional: no trata sobre estados de cosas, sino sobre relaciones entre seres humanos. A estas relaciones se las puede enjuiciar, pues están necesitadas de justificación, ya que podrían ser relaciones de dominación, es decir, gobierno sin justificación. De esta manera, la justicia es una cuestión sobre el poder. No trata solo sobre cómo se distribuyen los bienes, sino consiste en cuestionarse sobre cómo se producen estos bienes, quién decide sobre su asignación a cada cual y cómo esta asignación es hecha.

En ese sentido, con Habermas y Forst, podemos hablar de la democratización de las sociedades cuando existe en ellas una esfera pública con instituciones democráticas que permitan la justificación de las normas y los órdenes sociales existentes. Con esta propuesta de democracia, se comprende que la deliberación pública debe ocuparse de criticar e intervenir en las relaciones de dominación presentes en las sociedades. La denuncia de Dewey y Arendt sobre la poca capacidad de los poderes públicos para hacer frente a la racionalidad instrumental de la sociedad, podría comprenderse como un insuficiente cumplimiento de los procedimientos democráticos que aseguran la justificación de las normas y los órdenes sociales.

Sucede esto cuando subsiste idea de nación como la de una entidad a la que pertenece la legitimidad del gobierno. La legitimidad del poder no se entiende como justificación procedimental ante cada sujeto autónomo, sino como perteneciente en una entidad llamada nación. Esta es la posición del Republicanismo que insiste en la idea de soberanía del demos. Con la crítica a la idea de nación, la entendemos hoy en día más bien como una representación imaginada y colectiva que es propagada por ciertos poderes para mantenerse. El estudio de la idea de nación y los nacionalismos en obras como las de Hobsbawn y Anderson nos muestran que las naciones pueden ser comunidades jerarquizadas de manera no igualitaria, ni relacional. Esto sucede no solo cuando se justifica la desigualdad a través de visiones del mundo que crean jerarquías arbitrarias, como en los países postcoloniales, sino que también sucede incluso cuando la justificación de las condiciones desiguales está basada en una ideología que pone el crecimiento de poder económico como la meta principal de la nación.

A ello se suma correlativamente una concepción desarrollista de democracia, que justifica las desigualdades bajo la consideración de que un determinado nivel de desarrollo económico sería necesario para llegar a las condiciones que hagan posible, recién ahí, las prácticas democráticas. Esta perspectiva no repara suficientemente en los rasgos antidemocráticos de la organización social que justifica. No repara, por ejemplo, en que las transacciones privadas pueden volverse en asunto público cuando sus consecuencias afectan la dignidad de cada persona. Con un poder nacional con orientación desarrollista se llega a legitimar las desigualdades de la organización social con vistas al desarrollo económico. La idea de la nación como aquello que se desarrolla a través de los individuos es lo que prima. Esto en detrimento de la democratización de la sociedad entendida como el respeto al derecho de justificación. La inclusión de todos los afectados en la obtención de normas y el respeto al derecho de justificación a cada sujeto autónomo, condiciones posibles con la existencia de una esfera pública e instituciones democráticas, son una mejor manera de entender la democratización de una sociedad. La legitimidad del poder de las instituciones públicas no radica en la búsqueda del crecimiento económico de la nación, sino en que su poder se justifique ante cada uno de los sujetos. La legitimidad del poder desde una perspectiva no desarrollista debe ser comprendida ya no como el cumplimiento de la voluntad de la nación, sino como ausencia de dominación arbitraria, donde el poder debe estar justificado ante todo sujeto autónomo.

Fraser asegura que nuevos estudios están mostrando la existencia de esferas discursivas que superan en sus contornos de las naciones y estados: una "esfera pública transnacional" (Fraser, 2007.) En tanto que normalmente se asume que una esfera pública debe ser correlativa a un poder soberano, la idea de una esfera pública transnacional podría sonar contradictoria en la teoría democrática. Aunque la existencia de fenómenos sociales como la globalización, la postcolonialidad y el multiculturalismo muestran la necesidad de pensar a la esfera pública como transnacional. Si esta concepción de esfera pública transnacional no es posible, será porque su concepto está demasiado apegado a la idea de soberanía nacional westfaliana (Fraser, 2007).

La diferencia actual entre el poder de los estados nacionales y los poderes privados transnacionales hacen necesaria la institucionalización de nuevos poderes públicos transnacionales que puedan controlar los poderes privados transnacionales correspondientes para someterlos al control democrático. Así, la necesidad de una Gran Comunidad política que haga frente a una Gran Sociedad, explicada por Dewey, es también pensada por Fraser. Por ello, Fraser incluso considera que las diferencias entre la ciudadanía nacional y las comunidades solidarias internacionales hacen necesaria la institucionalización de una ciudadanía transnacional. El punto central para Fraser es la necesidad de "renovación" institucional.

CONCLUSIÓN

Para Dewey, la esfera pública kantiana puede ser interpretada como el ámbito de regulación de las consecuencias de relaciones interpersonales que afectan a terceros. En el caso de Arendt, es entendida como el espacio donde se ejerza la deliberación sobre los asuntos públicos. En ambos casos, hay una constatación de la desaparición de lo público. La esfera pública parece invadida por la racionalidad instrumental que convierten las decisiones gubernamentales en asuntos técnico-económicos. El Estado democrático parece no estar cumpliendo su función como organización política del público. Las relaciones de dominación presentes en la sociedad terminan siendo justificadas por el Estado, cuando este adopta una perspectiva desarrollista que insiste en el crecimiento económico en detrimento del cumplimiento de los procedimientos democrático.

Ante este diagnóstico sobre la desaparición de la política, la concepción de democracia de autores como Habermas y Forst nos permite comprender que un Estado democrático es aquel que vela por el cumplimiento de los procedimientos democráticos de obtención de leyes, y la justificación de las mismas ante los sujetos autónomos. Así, podemos hablar de democratización de las sociedades cuando ellas incorporan cada vez más los procedimientos democráticos. Para Habermas, la legitimidad del poder político consiste así en la protección de los derechos fundamentales que hagan posible la autonomía de todos los participantes y afectados en la deliberación pública.

Con Habermas y Forst, podemos hablar, entonces, de una auténtica esfera pública, cuando en ella existen las instituciones que aseguran los procedimientos democráticos de obtención de normas y la justificación de los órdenes sociales ante el peligro de dominación arbitraria. Esta noción de esfera pública como ámbito de prácticas democráticas incluye la necesidad de instituciones que lleven a cabo dichos procedimientos y prácticas. Sin embargo, el alcance de estas instituciones no tiene por qué coincidir con los límites nacionales. Hoy en día las relaciones sociales han superado por completo los límites nacionales. Así, la existencia de sistemas de relaciones sociales transnacionales lleva consigo la necesidad de considerar la existencia de una esfera pública transnacional, donde se erijan instituciones políticas que velen por la justificación de las normas y los órdenes sociales ante cada sujeto autónomo.

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Recibido el: 11/04/2018

Aceptado el: 15/08/2018