Necropolítica

En algunos países, como Reino Unido, Brasil, Suecia y Estados Unidos, sus respectivos gobiernos pretendieron, en una etapa inicial, dejar que el virus se extienda como estrategia principal para su posterior contención.

Reino Unido y Suecia, por un lado, partieron del principio epidemiológico de la inmunidad de rebaño, según el cual, al contagiarse el 60% de la población, la transmisión del virus cesaría al encontrar a una población que ya no sería sujeto de contagio (^{Mayordomo-Zapata, 2020}). Estos gobiernos mostraron prácticas políticas equivocadas, ya que el número de casos y la mortalidad en estos países se incrementó drásticamente. Debido a ello, tuvieron que implementar las clásicas medidas de aislamiento social.

Estados Unidos y Brasil, por otro lado, implementaron similares medidas, por una razón distinta: para no perjudicar la economía. Esta decisión equivocada, que llevó a gran mortalidad de las poblaciones pobres y menos favorecidas, puede considerase como un acto de necropolítica. Este término ha sido ampliamente estudiado por Achille Mbembe, filósofo camerunés quien lo popularizó en su libro del mismo nombre. En el mencionado texto, el autor coloca como ejemplos la masacre y segregación de las poblaciones de Palestina en Israel, la falta de solución a los problemas de la pobreza y el hambre en África; es decir, se realiza necropolítica cuando se abandona a su suerte a ciertas poblaciones, cuando ya se sabe que no tienen los recursos para poder solucionar su problemática básica (Mbembe; 2003).

En Brasil, se ha observado el efecto de la necropolítica, en la elevada mortalidad de la raza negra. En el estado de Pernambuco, por ejemplo, el 77.7% de los casos de COVID-19 correspondieron a individuos de raza negra; y en Alagoas este porcentaje llegó al 66.5% (^{Campos, Melo, Santos, Vieira, Silva et al, 2020}). Respecto a los casos fatales, 68% de los fallecidos de Alagoas fueron de raza negra, así como el 66% en Paraná, mostrando una proporción mayor al de la raza blanca. Asimismo, algunos autores como ^{Ribeiro (2020}), señalan que, para evitarle pérdidas económicas a las grandes empresas, se expuso a los trabajadores al virus, con nefastas consecuencias.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, minimizó desde el principio los alcances de la pandemia y la mortalidad que ésta generaría. A éste se le recuerda por su famosa frase: “Alguns vão morrer, lamento, é a vida”’ (Catracalivre, 2020), expresión con la que sugería que la población brasileña debería de aceptar la posibilidad de morir, ante la cual poco podía hacerse más que continuar con las actividades de la vida diaria. Más de 6,6 millones de brasileños se han infectado a la primera semana de diciembre del 2020, y han fallecido más de 177,000 (OlharDigital,2020).

La mayoría de factores relacionados a la probabilidad de contagio y mortalidad por COVID-19 en Brasil son de contenido sociodemográfico. ^{Wollenstein-Betech, Silva, Fleck, Cassandras & Paschalidis (2020}) demostraron, tras revisar aproximadamente 110, 000 casos, que ser de raza indígena amazónica, vivir en la región nordeste o norte, y no saber leer ni escribir, se asoció a un riesgo significativo de mortalidad por COVID-19. Del mismo modo, las personas con ingresos económicos alrededor de 1,000 reales (183 dólares) o menos al mes, conformaron más del 70% de la población afectada (^{de Souza et al., 2020}). El alto costo y la escasa disponibilidad de las pruebas moleculares para el diagnóstico de COVID-19, fueron factores limitantes para el diagnóstico, especialmente para los ciudadanos de menores ingresos. En esta perspectiva, a diferencia de los países desarrollados, el número de pruebas diagnósticas realizadas fue sumamente baja, siendo de tan solo 3,400 pruebas por cada millón de habitantes, mientras que en Estados Unidos fue de 45,000 o en Italia de 40,000 por millón de habitantes. Esto habría llevado a un subregistro extremo: tan sólo uno de cada 10 casos habría sido reportado (^{Cobre et al., 2020}).

La subordinación de la seguridad sanitaria de la población a la economía, la marginación de grandes sectores de la población por cuestiones raciales o socioeconómicas, la baja aplicación de pruebas diagnósticas, la falta de distanciamiento social, la campaña del gobierno, que intentó minimizar la pandemia, habrían sido, entre otras medidas, una forma de necropolítica (^{Araújo, 2020}; ^{Ribeiro & Moura, 2020}), en la cual se abandonó a su suerte a un gran sector de la población. Este último, falto de recursos y obligado a trabajar diariamente para obtener su diario sustento, contrajo la enfermedad en grandes proporciones, con consecuencias fatales.

En los Estados Unidos, la mortalidad por COVID-19 fue 27% mayor en personas de raza negra que en individuos de raza blanca, tras ajuste de las tasas por edad, sexo y localización geográfica (Wrigley - Field, 2020, p 21855), llegando a ser el número de fallecidos afroamericanos 2.5 veces superior al de los caucásicos. En Michigan, por ejemplo, a pesar que los afroamericanos componían sólo el 14% de la población, totalizaron el 41% de los fallecidos y el 32% de los contagiados. En Nueva York (Hopper, 2020), la tasa de mortalidad por 100,000 habitantes en pacientes de raza negra fue de 73, comparada con los caucásicos en quienes fue de 22 o en los latinos en quienes fue de 36. El aislamiento social habría sido un privilegio que muchos norteamericanos no pudieron disfrutar porque debían trabajar para vivir (^{Yancy, 2020}). Esto se observó claramente en los afroamericanos de Louisiana, quienes por motivos laborales debieron continuar con sus trabajos y, a pesar de representar sólo el 32% de la población estatal, acumularon el 70.5% de los fallecidos de la región.

La población afroamericana tuvo una mortalidad por COVID-19, 2.5 a 5 veces mayor que la población caucásica (^{Lovelace, 2020}). Lamentablemente, estas diferencias raciales también se dieron, según el estudio The OpenSAFELY (2020), en el Reino Unido, donde el riesgo de fallecer, ajustado por edad y sexo, por COVID-19 en la población de raza negra fue 2.17 veces mayor que el de la población de la raza blanca. En los Estados Unidos, las consecuencias fueron aún más serias debido a que, aparte de la exclusión social y económica, esta población tenía, previamente, altas tasas de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes e hipertensión. Por ello, este grupo social debió recibir una atención preferente y ser protegida del mismo modo como se hizo con los ancianos en la mayoría de países del mundo. La política del presidente Donald Trump fue similar a la de su par brasileño, pues, en un inicio, minimizó la seriedad de la pandemia, para luego insistir en que no se proceda al aislamiento pues perjudicaría la economía. Finalmente, aceptó las letales consecuencias del coronavirus y tuvo que tomar las medidas biopolíticas correspondientes en forma tardía. Con ello, esta situación se habría constituido en otro caso de necropolitica.

En el Perú, el impacto sobre la población indígena de la Amazonía ha sido grande. La población indígena, en un 75% sin acceso a servicios de salud, consideró que había sido abandonada por el estado (Ojo Público, 2020). Las medidas de aislamiento tomadas en marzo 2020 por el gobierno peruano condujeron en tan solo un mes a la falta de alimentos y de atención médica en muchas tribus amazónicas. Aquellos nativos que se encontraban de tránsito hacia las capitales de departamento tuvieron que dormir a la intemperie o en botes (^{Sierra, 2020}). A pesar de tratarse de poblaciones dispersas y alejadas de los grandes conglomerados urbanos la mortalidad fue alta: 3,126 nativos fallecidos durante el 2020 (Sierra, 2021) según estadísticas de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), aunque inferior a la de Bolivia (6,281) y Brasil (25,931).

Las medidas biopolíticas instauradas no tomaron en consideración a poblaciones vulnerables como trabajadores informales, personas de bajos recursos económicos, comunidades étnicas andinas y amazónicas, empleadas del hogar, inmigrantes extranjeros, entre otros (^{Vázquez-Rowe, I., & Gandolfi, A. (2020}). El impacto sufrido por estas poblaciones aún se encuentra en investigación.

Ontopolítica

La ontopolitica es la política de lo que existe en el mundo (^{Law, 1996}). Son cosas que pertenecen a lo real y las posibilidades con las que vivimos (^{Mol, 1999}). Estas posibilidades de lo que existe serían enunciadas por la política, la cual moldearía la realidad y sería previa a la definición de las cosas. Law coincide con Foucault en señalar que no existe conocimiento inocente, que todo conocimiento implica una participación activa del sujeto (2002). En la ontopolítica, el gobernante define los objetos y crea los conceptos de acuerdo a su política, la cual responde a los intereses del grupo dirigente o de las instituciones que se encuentran detrás de él.

Existen diferentes definiciones de la verdad. El concepto más clásico es el de la verdad por correspondencia desarrollada por Aristóteles, en el cual si una persona señala un objeto e indica: “esto es un árbol”, y su interlocutor se acerca al mencionado objeto, lo ve, lo palpa, contempla sus hojas y flores, toma contacto con sus raíces y su tronco, y verifica que efectivamente es un árbol, puede decirse que la persona ha dicho la verdad. Pero este no es el único concepto de verdad, ya que nuestros sentidos podrían engañarnos. Para Nietzsche, no existen verdades absolutas; uno de los aforismos más recordados del filósofo alemán se refiere a que no existen hechos, sino tan solo interpretaciones (^{Schacht 1984}).

De este modo, los diagnósticos e interpretaciones pueden diferir según la persona que lo realiza. Sin embargo, para el coronavirus solo existe una forma correcta de evaluación y esta es la evaluación científica (^{Zagury-Orly & Schwartzstein, 2020}). Un portador asintomático del virus puede decir con pleno convencimiento subjetivo que no está infectado, pero si su resultado de laboratorio muestra lo contrario, su afirmación probará ser falsa. En la actualidad, el coronavirus se diagnostica de tres maneras: mediante prueba de antígeno, de detección genómica del virus, usualmente por la técnica de reacción en cadena de polimerasa (PCR) (^{Cheng et al., 2020}), la cual se realiza tomando una muestra de la secreción orofaríngea y nasal del paciente y que suele salir positiva entre el quinto y noveno día de iniciados los síntomas; y por medio de pruebas de anticuerpos, las cuales evalúan la presencia de inmunoglobulina contra el SARS-CoV-2 en la sangre de la persona afectada. El individuo infectado tendrá en una primera etapa al agente infeccioso en las mucosas de su cavidad oral, para, posteriormente, según se ha demostrado en diversos estudios, secretar el virus por vía lagrimal e inclusive por las heces. En el transcurso de los días, la mayoría de afectados formarán anticuerpos tipo Ig M como respuesta rápida contra el SARS-CoV-2, los cuales aparecerán en promedio a partir del décimo día después de iniciados los síntomas. En forma paralela, la persona afectada formará anticuerpos tipo Ig G o de memoria prolongada, los cuales aparecerán a partir de los 20 días y podrían durar en promedio hasta seis meses, desconociéndose el máximo tiempo de duración de los mismos, ya que los estudios al respecto aún no han culminado. Esto quiere decir que, para diagnosticar adecuadamente a un paciente con sospecha de SARS-CoV-2 con los síntomas que ya conocemos, tales como: tos, fiebre, malestar general, diarrea, falta de aire, entre otros, al paciente debe realizársele, en primera instancia, un hisopado orofaríngeo y nasal para encontrar el virus. Otro componente para el éxito del diagnóstico en esta etapa es la toma adecuada de la muestra, la cual debe ser realizada con dos hisopos especiales de por lo menos 10 cm de longitud. Ésta debe ser inmediatamente procesada, y, si se trata de estudios realizados en poblaciones lejanas al laboratorio de procesamiento, las muestras deben ser adecuadamente refrigeradas y transportadas para evitar su deterioro. Si se cumple estrictamente con el protocolo mencionado y el análisis es adecuado en el lugar de la recepción de las muestras, con lo equipos bien calibrados y el procesamiento hecho de la manera correcta, se puede saber si el paciente tiene el virus o no. Aun así, la tasa de sensibilidad o capacidad de llegar al diagnóstico del hisopado y la prueba molecular de PCR llega aproximadamente tan solo al 70%. Esto significa que, en las mejores condiciones, el 30% no serán diagnosticados. La prueba de anticuerpos, más conocida como “prueba rápida”, debido a que su resultado puede ser obtenidos en 15 minutos, va a ser positiva, como ya se mencionó, recién al décimo día y tan solo en el 40% de los casos (^{Deeks et al., 2020}).

El crecimiento del SARS-CoV-2 en cultivo de células alveolares de pulmón, es el estándar de oro para el diagnóstico, el cual de ser positivo daría fe de que la prueba realizada fue correcta. Lamentablemente, esta tecnología es limitada en nuestro país. Si lo que se desea saber es la verdad, es decir, cuántas personas tienen el SARS-CoV-2 y si el país contara con recursos económicos ilimitados, debería utilizarse la prueba molecular en forma universal y determinar quiénes son portadores del mencionado microorganismo. Sin embargo, aquellas personas recién infectadas tendrían resultados negativos a la prueba ya que aún no albergan el virus en cantidades detectables por el muestreo. Por otra parte, los gastos serían muy elevados.

A pesar de esas consideraciones, Corea del Sur y otros países han tratado de implementar un muestreo de gran parte de la población y sus resultados se acercan a la verdad de la tasa de infección y letalidad del virus en su país. En el Perú, el gobierno optó por realizar las menos costosas y más fácilmente procesables pruebas rápidas. Lamentablemente, estas pruebas demoran muchos días en detectar la enfermedad, razón por la cual un paciente que haya iniciado recién sus síntomas tienen que ser manejado según la sospecha clínica, aunque su prueba salga negativa. Esto conduce a que muchos casos no se registren.

En la mayoría de países del mundo, el diagnóstico se hace fundamentalmente en base a pruebas moleculares, por lo cual, los diagnósticos son más tempranos y certeros que en nuestro país. Esta forma de diagnosticar la enfermedad es importante para poder llegar a la verdad de su identificación, su prevalencia y su incidencia en la población. Es decir, cada gobierno elige su criterio de verdad y pone en práctica su ontopolítica en la detección de los casos de coronavirus. El Perú ha optado por métodos que detectan casos más tardíos y con menor sensibilidad diagnóstica, por lo que sus resultados serán obviamente inferiores al número real de infectados y de fallecidos. En Latinoamérica, tan solo Perú, Ecuador, Venezuela. y Puerto Rico han utilizado las pruebas rápidas para diagnóstico (Valentín, Serrano, Cabral & Huamán, 2020). Las diferencias de uso han sido significativas: en Ecuador se realizaron solo el 10% de los diagnósticos con este método, en Puerto Rico, el 50% hasta mayo 2020, y en Perú, 73% hasta Agosto 2020.

La decisión de uso de pruebas de anticuerpos en Perú habría sido política, según miembros del Comité Covid. Se consideró que implementar la tecnología para procesar las muestras de la prueba molecular sería un proceso tedioso, costoso y complejo, a diferencia de las pruebas rápidas cuyo uso es sumamente sencillo. En Puerto Rico (Valentín et al., 2020), organizaciones científicas y sociales locales presionaron al gobierno y éste suspendió las compras de pruebas rápidas, prefiriendo el uso de pruebas moleculares; en Perú no ocurrió lo mismo.

La ontopolítica del coronavirus en el Perú define los casos de los ciudadanos que presentan síntomas de la enfermedad, empleando principalmente las pruebas de anticuerpos, las cuales suelen ser positivas sólo en el 30% de los casos durante la primera semana. De esta manera se reduce la detección e identificación fidedigna de los casos reales. Esto se traduce, al mismo tiempo, en una disminución de la identificación del COVID-19 entre los contactos de los afectados y entre los fallecidos, conduciendo a la producción de cifras lejanas a la realidad. Los cercos epidemiológicos no funcionan, los contagios se incrementan y el virus se expande, llevando al fracaso las medidas instauradas.

Elegir una ontopolítica inadecuada, por desconocimiento, por incompetencia, por intereses creados, por negligencia, o por las razones que fuere, condena a la población a un estado de ignorancia permanente, a partir del cual no es posible extraer conclusiones válidas, ni efectuar análisis situacionales certeros, menos aún realizar una toma de decisiones aceptable. En estas circunstancias, la verdad se convierte en un objeto de lujo, en un arcano inalcanzable, en un conocimiento prohibido. Construir la realidad sin evidencias sólidas o con meros relatos sin sustento, es un ejercicio ontopolítico peligroso, que deja a gobernantes y gobernados a merced del azar y la incertidumbre. El precio de moldear una realidad ficticia, en ausencia de fundamentos epistemológicos serios, frente a un agente viral poco conocido y letal, es el fracaso de las acciones de control e intervenciones biopolíticas. Más aun, la ontopolítica del coronavirus en el Perú ha revelado una estructura de poder largamente subyacente a nuestra realidad: la idiopolítica.

Idiopolítica

En el presente ensayo propongo el término “Idiopolítica” para definir a aquella forma de gobierno determinada que, en forma contradictoria e incompatible con la búsqueda del bien común, pretende gestionar los recursos de un estado o nación en favor de intereses y beneficios personales y particulares.

El prefijo idios- proviene del adjetivo griego ἴδιος, cuya principal acepción se refiere a una persona privada o individual, lo opuesto al estado (^{Liddell 1996}). Denota, asimismo, lo “propio, lo privado, lo que concierne a uno mismo” (World Etymology Dictionary, 2020). Entre sus palabras derivadas se encuentran: idioma, idiopático, idiota o idiosincrasia, términos que se refieren a una característica propia o particular de la lengua, la enfermedad, la persona o la conducta, respectivamente. Los antónimos de idios son “koinos”, lo común y “demosios”, lo público (^{Landauer 2014}, p 145).

Tucídides en la “Historia de la Guerra del Peloponeso” utiliza el término idios refiriéndose a lo particular o lo privado, en la expresión “ξυμφέροντα καὶ πόλεσι καὶ ἰδιώταις”, al narrar la respuesta de los corintios para justificar el inicio de hostilidades contra los jonios quienes asediaban a sus aliados de Potidea: es “necesario para el bien común y particular (idiotais) de cada uno” (Perseus DL, Thucydides 1.124.1). Aristóteles, en la “Política” utiliza el vocablo idios para señalar aquello que por ser particular y privado va en contra del bien común: el interés privado (i - dion), ya sea de uno, o de pocos o de la multitud. Según las diferentes traducciones, estos objetivos privados serán considerados “desviados” (Aristoteles, traducción de Rackham), “defectuosos” (Aristoteles, traducción de Garcia Valdés (Gredos) o “perversos” (Aristoteles, traducción de Benjamín Jowett).

La Idiopolítica es una forma de gobernar en la cual se tiene en cuenta solamente a los intereses de una sección de la población. Aristoteles (Aristoteles, ed. Ross, 1957) clasifica entre los tipos de gobiernos que muestran un interés desviado en sus objetivos, a la tiranía, a la oligarquía y a la demagogia, o forma degenerada de la democracia. Para el estagirita importa más que el tipo de gobierno instaurado, el hecho que éste no esté dirigido a procurar el bien común sino a intereses particulares o privados (idios). Existen numerosos ejemplos de este tipo de gobiernos en diversas partes del mundo y en nuestra propia historia.

El Perú tiene una larga tradición de gobiernos democráticos y no democráticos que han producido perjuicios a la economía y la sociedad nacional, muchos de ellos como parte de las supervivencias coloniales (^{Quiroz, 2013}). Manejos inadecuados de los fondos del estado plagan su historia en todos los ámbitos. La alta tasa de corrupción de funcionarios en el país es particularmente reveladora (^{Hunt., 2006}). En una escala del 0 al 10 donde 0 indica máxima corrupción y 10 ausencia de corrupción, el Perú se encuentra calificado internacionalmente con un puntaje de 3.4 (^{Boslaugh, 2013}). Aunque múltiples justificaciones se han podido esgrimir para una serie de fracasos económicos, sociales, culturales y sanitarios, la infección por coronavirus representa un campo de experimentación bastante certero y objetivo para evaluar las acciones y medidas políticas tomadas para combatirlo, así como sus diferentes resultados.

Si bien es cierto, la corrupción suele estar presente en la idiopolítica, ambas no son sinónimos. Según el diccionario de la Real Academia Española, la corrupción consiste en la “utilización de las funciones y medios de las organizaciones, especialmente públicas, en provecho, económico o de otra índole de sus gestores”. En este sentido, la corrupción estaría incluida como una forma de idiopolítica, mientras que ésta última estaría presente también en todo caso en los cuales existan análisis situacionales sesgados o parciales, visiones incompletas de la realidad, falta de participación o inclusión de algún sector de la población, sin implicar necesariamente la presencia de corrupción. Sólo si se logran determinar los verdaderos objetivos y motivación de aquellos que ejercen la idiopolítica podría determinarse si se trata de una forma disfrazada de necropolítica. Del mismo modo, si el enfoque de gobierno es parcializado debido a la falta de información o desconocimiento de la realidad, la valoración de la idiopolítica será muy diferente a aquellos casos en los que las decisiones se tomen explícitamente en función de servir a intereses ajenos a los de la nación, en cuyo caso se trataría tan solo de actos de corrupción.

Ciertos enfoques éticos contendrían elementos idiopolíticos, como es el caso del utilitarismo, en el cual, al buscar el beneficio de la mayoría de personas, muchas veces se perjudica a las minorías, las cuales podrían convertirse en una especie de homo sacer sin plenos derechos. Formas de gobierno como la oligarquía, la monarquía, las dictaduras, el anarcocapitalismo, la teocracia, el absolutismo, la oclocracia, la plutocracia, entre otras, tienen fundamentos idiopolíticos.

Tal como se mencionó, algunos gobiernos utilizaron medidas necropolíticas, que perjudicaron abiertamente a las poblaciones afectadas, generando altos niveles de contagio y muerte. En el Perú, el gobierno tomó medidas aparentemente acertadas y tempranas para controlar la diseminación de la enfermedad. El 16 de marzo el Presidente de la República ordenó el cierre de las fronteras, el aislamiento social y la cuarentena generalizada. Simultáneamente, se dispuso del 12% del producto bruto interno (PBI) para asistir a las familias más pobres con un bono de apoyo social. Se dispuso la compra de equipos médicos y pruebas diagnósticas para identificar a los pacientes enfermos, y la policía, con la ayuda del ejército, tuvo la misión de hacer efectivas las medidas de fuerza. Esta biopolítica, destinada a preservar la vida y la salud de los peruanos; sin embargo, resultó ser inefectiva y, al analizarla con detalle, no fue más que una disposición ineficaz, una medida de fuerza aplaudida internacionalmente pero que no pudo ser implementada en forma adecuada, por lo que fracasó y fue seguida por una alta tasa de morbilidad y mortalidad por el SARS-CoV-2 (^{Welsh, 2020}).

La ontopolítica utilizada para identificar los casos no fue la adecuada; se compraron millones de pruebas rápidas, que identificaban la enfermedad tardíamente, por lo que el contagio continuó y el número de enfermos y fallecidos fue sub registrado. La atención primaria de la salud no fue prioritaria, a diferencia de lo que ocurrió en países con experiencias exitosas como Corea del Sur, Islandia, Cuba o Taiwán. Los cercos epidemiológicos no se cumplieron adecuadamente, así como no se ejecutaron las medidas de seguridad indicadas. La mayoría de los beneficiados por el bono tuvo que acercarse a una agencia bancaria para poder cobrar - solo el 12% de los pobres del Perú tiene una cuenta bancaria -; esto ocasionó que las comunidades indígenas salieran de sus zonas de aislamiento y se acercaran a la ciudad más próxima. Largas colas en los bancos y el retorno de los pobladores a sus comunidades, incrementaron los casos. La población no debía salir de sus casas para evitar el contagio, pero tan solo el 40% de los peruanos tienen refrigerador, por lo cual no podían almacenar alimentos y tenían que salir a la calle a comprarlos, hecho sumamente peligroso si se considera que el 86% de los comerciantes del mercado mayorista resultaron ser positivos al COVID-19 (^{Pighi & Horton, 2020}). Se le pidió a la población que se laven las manos con agua y jabón o con alcohol, pero no se tomó en consideración que el 30% de la población no cuenta con agua potable en su casa. Los policías y militares fueron enviados a mantener el orden en las calles, pero sin usar equipos de protección personal adecuados, tal como si se realizó en China o Europa. Por esta razón, se convirtieron pronto en el grupo laboral con más infectados y fallecidos por la enfermedad (Associated Press Television News, 2020). Los equipos de protección personal (EPP) no habrían sido distribuidos adecuadamente al personal de salud, lo que condujo, entre otros factores institucionales, a una alta mortalidad entre los médicos y otros agentes sanitarios (The Action Network, 2020). Asimismo, si se considera que el 50% de la población del país es informal, no había manera que un gran grupo de ciudadanos pueda subsistir sin ir a trabajar, prefiriendo el riesgo de contagio a morir por inanición.

Las medidas políticas instauradas eran, desde el punto de vista especulativo, las correctas pero su aplicación práctica no lo fue. Esta disociación entre la indicación teórica y la aplicación práctica llevó al fracaso las medidas de aislamiento social instauradas. No es de sorprender entonces que, al no tomar en consideración a las poblaciones más vulnerables, tales como a los trabajadores informales, las trabajadoras del hogar o las poblaciones indígenas , éstas hayan sido las menos favorecidas (^{Iglesias-Osores & Saavedra-Camacho, 2020}).

Las políticas fueron deficientemente aplicadas por falta de adecuación a la situación real de la población. Por otro lado, grupos económicos como bancos, agencias de noticias, programas de televisión, empresas farmacéuticas, entre otros, recibieron en forma efectiva los subsidios correspondientes del gobierno para su reactivación. De este modo, estos grupos fueron perjudicados en menor medida en comparación con la población de menores recursos (Páucar, 2020). Este segundo hecho subraya que lo que ha acontecido es la aplicación de medidas idiopolíticas, que fueron imposibles de cumplir para los grupos sociales menos favorecidos y vulnerables. Asimismo, estas medidas, durante un breve periodo de tiempo, frenaron la enfermedad, pero después afectaron a las clases sociales más pobres del Perú con especial dureza, mientras que los ciudadanos y personas jurídicas de mayores recursos, asumieron menos perjuicios.

Puede hablarse de idiopolítica, entonces, cuando se otorgan mejores subsidios a quienes menos los necesitan, cuando se otorgan beneficios arancelarios a ciertos grupos empresariales, o cuando se favorece sin mediar la necesidad o el mérito.

La cifra de fallecidos por Coronavirus al 7 de diciembre ha sido anunciada oficialmente como un número de 36,274 personas; sin embargo, el análisis del exceso de muertes en nuestro país arroja cifras dos veces superiores a las cifras oficiales: 80,600 fallecidos, es decir un valor 156% mayor que el esperado para esa temporada del año (Financial Times, 2020). El problema del subregistro no se presentó tan solo en Estados Unidos y el Perú, sino también en México y Chile. En Perú, éste habría llegado al 79%, en ciudad de México al 78% y en Chile al 61% (^{Pais, 2020}). El subregistro en el Perú se ha incrementado por el colapso de los hospitales, la falta de métodos de diagnóstico o el uso de medios de análisis que no son adecuados, por lo que el número de infectados sería aún mayor al reportado.

El sistema de salud en el Perú antes de la pandemia, con respecto a su capacidad de respuesta ante eventos emergentes, ocupaba el puesto número 179 entre 191 países del mundo, de acuerdo a estadísticas de la Organización Mundial de la salud (OMS, 2000). Esta capacidad de respuesta disminuida ante los determinantes de la salud ponía al Perú en situación de desventaja frente a otros países de la región, más aun cuando, respecto a la equidad de la contribución financiera en salud, había sido colocado en el lugar 184 de 191 países por la evaluación realizada por la OMS (^{Sánchez-Moreno, 2014}). Del mismo modo, altos niveles de disparidad económica han afectado la salud de los peruanos (^{Samuel, Flores & Frisancho, 2020}). Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la informalidad llega hasta el 52% de los varones y 67% de las mujeres trabajadoras que no pertenecen al campo de la agricultura, constituyendo una población con grandes dificultades para el acceso a la salud (PAHO, 2019).

A pesar de las limitaciones mencionadas, otras poblaciones latinoamericanas en condiciones similares a las del Perú consiguieron mejores resultados. Existían alternativas que hubieran podido contener la diseminación de la enfermedad. Un ejemplo mundialmente conocido es el caso de Guayaquil, en el cual diversos segmentos de la población se organizaron como medida de emergencia cuando el número de fallecidos era inmanejable. Aun cuando llegaron a un pico máximo de 460 fallecidos por día y sabían que no contarían con el apoyo del gobierno central, los ciudadanos de Guayaquil, desde los políticos y empresarios hasta los agricultores, obreros y trabajadores informales, se reunieron para tomar medidas efectivas contra la enfermedad Para ello, identificaron rápidamente a los pacientes infectados, no con las pruebas, de las que carecían, sino por medio de los síntomas y los contactos de los fallecidos y enfermos (Gestión, 2020). Los grupos de ciudadanos organizados supervisaron el aislamiento efectivo de la población, a la cual administraron medicación y alimento en forma diaria. De esta manera, el aislamiento social se convirtió en efectivo; el éxito de tales medidas fue tal que, de un promedio de 400 fallecidos al día, tras 45 días, la tasa de mortalidad bajó a un fallecido por semana, y en setiembre se identificaban 20 casos nuevos por día, una gran diferencia respecto a los 400 casos nuevos diarios de Quito. Ante la adversidad, algunas sociedades se organizan para sobrevivir. En el Perú, algunas empresas privadas y personas naturales otorgaron bienes y servicios para ayudar a mantener el aislamiento. Lamentablemente, fueron casos aislados, que ayudaron a mitigar las consecuencias de la pandemia, pero no lograron controlarla.

La sociedad peruana, en el transcurso de los años, ha sabido auto organizarse; ejemplo de ello son las rondas campesinas, las comunidades indígenas, los comités de salud, los comités de vaso de leche, en una tradición que vienen desde la mita y la minka en las épocas de los incas hasta los grupos patrióticos en la época de los libertadores San Martín y Bolívar. Sin embargo, ante el COVID-19 no ha habido capacidad de respuesta de la sociedad organizada, la cual ha preferido dejar en manos del gobierno la toma de decisiones y la ejecución de las normas destinadas a controlar la enfermedad con los resultados negativos que se han observado.

Para poder terminar con una larga tradición de idiopolítica en el Perú y Latinoamérica, es importante revitalizar la práctica democrática, acabar con la apatía electoral, permitir que la sociedad se organice con las miras puestas en el bien común y no en el beneficio particular. Asimismo, es indispensable el resurgimiento de la solidaridad y la cooperación entre ciudadanos, hecho que en algunas ciudades del mundo la población ha sabido aprovechar en ocasión de la pandemia del COVID-19. Todos los grupos sociales, laborales, étnicos, lingüísticos, deben tener una representación política eficaz; deben contar con una voz que defienda su derecho al progreso y la existencia. De este modo, la idiopolítica dejará de ser la norma de gobierno en el Perú y América Latina.