Proceso de selección. Figura 1

Fase 1: Recolección. Los artículos fueron seleccionados de bases de datos Scopus, Scielo, Dialnet, Redalyc, Google Scholar, EBSCO, de revistas pertenecientes al campo de las ciencias sociales y políticas (Tabla 1), utilizando como palabras clave: corrupción, gestión, administración pública. Fase 2: Depuración. Para la selección de artículos se consideraron criterios de inclusión y exclusión. Criterios de inclusión: 30 artículos publicados del 2019 al 2022, en portugués, inglés y español, guardan una relación directa con la temática estudiada, habiéndose codificado dichos artículos como R1, R2,…R30, para mayor entendimiento en el capítulo de resultados; y, 28 artículos, para la revisión de las diferentes definiciones de las variables en estudio. Criterios de exclusión: libros, tesis, monografías, temas no relacionados con el estudio. Fase 3: Análisis. Se revisó cada una de las fuentes, que permitió extraer conceptos relevantes para el cumplimiento del objetivo de la presente investigación.

Figura 1 Proceso de selección 

Impacto de la corrupción en el desarrollo político

Se observa, deterioro en la conducta de funcionarios públicos, la crisis de la ética y valores, genera inadecuada toma de decisiones de actores políticos ante las necesidades de la población, crea desconfianza ciudadana (^{Torero y Martel, 2021}). La corrupción es la principal preocupación de los peruanos (^{Zavaleta y Chávez, 2020}); es un problema en los países subdesarrollados (Peña y Cuadrado, 2017, citado por ^{Rezzoagli et al., 2021}). “No existe construcción partidaria, la carencia de partidos implica políticas públicas dominadas por una visión de corto plazo, alejadas de estándares democráticos” (Levitsky, 2018 citado por ^{Ponce y García, 2019}, pág. 361). Los partidos son escuelas de formación de cuadros, enrolan a personas con vocación de servicio, experiencia, idoneidad para el ejercicio del cargo, generan filtros para la elección de candidatos. Al no existir estas condiciones, ingresan en el escenario político personajes con intereses personales, que terminan comprometidos en actos de corrupción.

La corrupción afecta la gobernabilidad, los índices de desarrollo, pérdida de credibilidad en dirigentes, reduce la eficacia de la inversión pública (^{Baque et al., 2020}). Genera deslegitimación del Estado, ineficiente asignación de recursos públicos y privados, distorsiona las políticas públicas (^{Arévalo y Barbaran, 2021}). La falta de gobernabilidad para garantizar un desarrollo armónico del país, exigen transparencia en la gestión pública para eliminar todo tipo de corrupción en el Estado (^{Dill’erva, 2021}).

El 62% de la población peruana identifica la corrupción como uno de los principales problemas del país, el 73% considera que seguirá aumentando en los próximos cinco años (Transparencia Internacional, 2019, citado por ^{Soto et al., 2020}). “El 91% cree que la mitad o más de la mitad de los políticos están involucrados en actos de corrupción” (Carrión et al., 2018 citado por ^{Ponce y García, 2019}, p. 343). Un 30% percibe a Perú como tercer país más corrupto a nivel latinoamericano, siguiendo a México en el segundo lugar con un 34% y a Cuba con un 50% en el primer lugar (^{Goicochea, 2020}). El 58% de casos de corrupción están relacionados con procesos de contrataciones efectuados por gobiernos regionales y locales, desarrollándose tipos de corrupción como formulación de leyes y decretos de urgencia a favor del tráfico de medicamentos, tráfico de armas y otros (^{Palma, 2021}).

La falta de liderazgo político, capacitación, transparencia de los funcionarios públicos, debilidad de las instituciones de control y participación ciudadana, así como la percepción de una extendida impunidad, son problemas que enfrenta el país (Panfichi y Alvarado, 2011, citado por ^{Quispe, 2021}, pág. 423). La corrupción se consolida y actúa de manera efectiva, estableciendo mecanismos de incentivos individualizados, falta de transparencia, ambigüedad jurídica, en favor de intereses privados, que afecta la gobernanza (^{Meza y Pérez, 2021}). En Perú, al haber ganado terreno en todas las instituciones, la rendición de cuentas, normada por ley, no es una práctica democrática por parte de las autoridades (^{Blas et al., 2022}).

Existe gran cantidad de delitos de corrupción, pocos los casos sentenciados (Casazola et al., 2019). Las denuncias que involucran a funcionarios de gobiernos locales y regionales, políticos, empresarios, presidentes de la república, en investigaciones, juicios o condenas por corrupción, han motivado un cambio de percepción de la ciudadanía, que considera este fenómeno junto a la inseguridad ciudadana, uno de los problemas más importantes del país (^{Chaparro, et al., 2021}). Situación generalizada, que ha originado degradación y desprestigio de la actividad política. Según la Defensoría del Pueblo (2021), existen más de 27,000 casos de corrupción en investigación, siendo los delitos con mayor incidencia: peculado, colusión y cohecho. Hay gran cantidad de delitos de corrupción y pocos son sentenciados (Cazasola et al., 2022). Se recurre a la justicia para solucionar los conflictos de una manera pacífica, si este principio no se cumple por problemas de corrupción, se genera la violencia como única salida (^{Carbajal et al., 2019}).

Impacto de la corrupción en el desarrollo económico

^{Azcona y Del Prado (2020}), refieren que, el país atraviesa una grave crisis de gobernabilidad, traducida en prácticas corruptas que paralizan su desarrollo económico, pasando de una crisis económica a una política desde los años 1992 al 2018, con pérdida de confianza en la clase política y en las instituciones del Estado. Tiene efecto perjudicial en los ingresos fiscales, las inversiones, el crecimiento económico, crea desestabilización política, generando desigualdad e incremento de la pobreza (^{Pérez, et al., 2022}). Disminuye los niveles de inversión a largo plazo, así como los niveles de productividad, recolección de impuestos y crecimiento económico (^{Baque et al., 2020}). “Impide a Perú encarar sus problemas más graves, mermando la inversión extranjera y nacional, generando desconfianza en las instituciones públicas” (^{Olivera, 2020}, pág. 19).

La corrupción hace ineficiente la administración pública al incrementarse el tamaño del Estado y la burocracia, dejando de lado la competencia, la facultad para generar procesos transparentes y competitivos. La libertad económica reduce la corrupción (^{Picón et al., 2020}). “Ahondan las brechas de desigualdad, fragmentan la cohesión social y afectan la confianza y credibilidad en el Estado y sus instituciones” (^{Batallas, 2021}, pág. 383). Un débil sistema de control y fiscalización de los recursos del Estado, originó un uso indebido de los recursos en los gobiernos regionales y locales (^{Nuñovero y Melgar, 2019}).

Llegan al poder para enriquecerse ilícitamente, sin importarles que el 30% de la población en Perú se encuentra en pobreza y pobreza extrema (^{Valeriano, 2019}). “Los países con índices más altos de corrupción poseen, a su vez, mayores bolsones de pobreza, o son simplemente pobres” (Seña, 2018, citado por ^{Goicochea, 2020}, pág. 87).

Impacto de la corrupción en el desarrollo social

La corrupción vulnera los Derechos Humanos, en perjuicio de la ciudadanía; las autoridades se alejan de los valores éticos y morales e impide el pleno desarrollo de la sociedad (^{Casazola et al., 2022}). Afecta la salud pública y el beneficio humanitario (Lastra y Montaño, 2021). En ese orden de ideas, este fenómeno socava la credibilidad en la administración pública, cuya finalidad institucional es el acceso igualitario a los bienes y servicios, afectando la vida y la salud de los ciudadanos en situación de pobreza y pobreza extrema (^{Madrid y Palomino, 2020}). Reduce la eficacia de los servicios prestados, erosiona la moral y la confianza de la comunidad, agrava la desigualdad entre clases sociales (^{Baque et al., 2020}). Abarca conductas fuera de la norma moral y ética, no se limitan únicamente al ámbito legal; al ser un producto sociocultural, es un problema educativo en la sociedad (^{Freundt et al., 2021}). La conciencia de la nación no ha sabido fortalecerse con principios y valores morales (^{Ulfe, 2022}).

El uso indebido de los recursos públicos, aprovechamiento de normas para beneficio propio o allegados, pago ilegal e informal a funcionarios o instituciones públicas, atenta contra la integridad de los ciudadanos (^{Palacios et al. 2022}). Tiene un impacto nocivo en la sociedad, crea un ambiente antidemocrático, inseguridad, ausencia de valores morales, de respeto a la institucionalidad (Cazasola et al. 2022). En estado de emergencia, la corrupción aumenta, funcionarios se aprovechan del cargo para beneficio propio (^{Alfaro, 2021}). Usa la intimidación, amenaza, violencia, engaño, e impone su voluntad (^{Vílchez, 2020}).

Impacto de la corrupción en el desarrollo político

La corrupción es un fenómeno que deviene en la falta de una construcción partidaria, crisis de partidos políticos, fragmentación sociopolítica, proliferación de movimientos políticos, desacierto en las decisiones para atender las necesidades de los ciudadanos, ineficaz aplicación de políticas públicas y deficiente manejo de los recursos públicos, lo que genera problemas de gobernabilidad, es decir, equilibrio entre la oferta del Estado y las necesidades de la población, que afectan los índices de desarrollo. Punto que conlleva en palabras de ^{Hernández y Herrera (2018}) y Brito y Ramis (2018) cuando refieren que, existe interrelación entre el grado de corrupción y el nivel de crecimiento económico. Economías con elevados niveles de corrupción y falta de gobernabilidad, presentan un crecimiento económico con nivel bajo, obstaculizando el desarrollo social de un país.

En esa línea, la principal preocupación de la población, es la crisis de la ética y valores, en la conducta de políticos y funcionarios públicos. Deviene en la deslegitimación del Estado por falta de atención a los servicios básicos de la población. Se busca gestores públicos, emprendedores, que actúen con transparencia, en pro de la sociedad e institucionalidad, reflejado en el cumplimiento de objetivos, que le otorgue legitimidad, coherencia y poder, en el cumplimiento de sus funciones. Es coherente con la identificada en ^{Meza (2021}), la corrupción genera desconfianza en el Estado, pérdida de legitimidad y credibilidad. En ese sentido, ^{Bolívar (2019}) expone que el principio del servicio e interés general, es uno de los valores de la ética pública, otorga legitimidad al Estado para ser obedecido sin necesidad de ejercer la fuerza con violencia, sino en la convicción.

La ciudadanía percibe la corrupción como uno de los grandes problemas del país, en todos los niveles de gobierno, en los sistemas de justicia y la Policía Nacional, colocando al país como uno de los más corruptos en Latinoamérica, siendo las contrataciones los casos de mayor corrupción. Es consistente con ^{Mesa (2019}) cuando refiere que la “corrupción en la contratación” es la categoría más recurrente. La Constitución Política del Perú reconoce los deberes fundamentales en la lucha contra la corrupción, que se resume en: el fin público, garantizar la vigencia de los derechos humanos, transparencia, concurso público en las contrataciones imparcial y transparente. Pese a ello la actuación de las entidades del Estado, son direccionados para favorecer concesiones, con controles reducidos, limitando las funciones de fiscalización. ^{Jované, (2018}) afirma que, las instituciones permiten, toleran, promueven determinadas formas de comportamiento social, propician el mayor o menor control de la actividad individual, impulsan a los funcionarios a actuar en beneficio propio en detrimento de los intereses de la población y el bien común.

La corrupción se consolida en la falta de liderazgo de la clase política, de transparencia en el manejo de los recursos públicos, débil participación ciudadana, ambigüedad jurídica (la interpretación que se da a las normas para favorecer intereses privados o de grupos), que afectan la gobernanza, la interrelación equilibrada del Estado y las instituciones para lograr el desarrollo del país. Ausencia de rendición de cuentas, como un mecanismo de participación ciudadana y su relación con el Estado, para ejercer control en sus acciones. La relación entre la sociedad y el Estado deben generar cambios que se consoliden en el desarrollo político y social, la transparencia es una demanda de los ciudadanos para el cumplimiento de las normas con efectividad en la administración pública. Sin reportes claros no existe responsabilidad, la transparencia es una herramienta para exponer o acotar prácticas corruptas, mejoran la eficiencia, la información social, su fomento y participación ciudadana, ayuda a reducir los costos y abusos de poder de los funcionarios públicos (^{Moreno et al., 2022}).

Según la Defensoría del Pueblo (2021), las denuncias a funcionarios por casos de corrupción, en proceso de investigación, delitos de peculado, colusión y cohecho, involucran a políticos y empresarios, que han degradado y desprestigiado la actividad política, cuya impunidad o los pocos casos sentenciados, han motivado un cambio de percepción de la ciudadanía; coherente con ^{Pineda et al. (2018}), cuando refiere que existe una baja cantidad de sentencias condenatorias por corrupción de funcionarios.

Impacto de la corrupción en el desarrollo económico

La grave crisis de gobernabilidad, con prácticas corruptas y enriquecimiento ilícito, ha generado desestabilización económica, perjudicando los ingresos fiscales, la inversión extranjera y nacional, niveles de productividad, que afectan el crecimiento y desarrollo económico del país, creando pérdida de confianza en la clase política y en las instituciones públicas del Estado, creando desigualdad e incremento de la pobreza, que conforme lo mencionó ^{Shack et al. (2020}) a Perú le cuesta S/. 23,297 millones de soles anuales, equivalente al 3% del Producto Bruto Interno. En esa línea, Fernan y Pastás (2022) refieren que la corrupción perjudica las inversiones, reduce la eficiencia del gasto público, distorsiona la asignación de recursos, reduce el crecimiento económico, la confianza de la sociedad en los políticos y funcionarios públicos.

Un mayor nivel de libertad económica, procesos transparentes y competitivos, reduce la corrupción, que hace ineficiente la administración pública al monopolizar los bienes y servicios, incrementando el tamaño del Estado, la burocracia. Los países con mayor libertad económica tienen un mejor desempeño económico y condiciones sociales que aquellos con menor grado de libertad, generando mayor bienestar (^{Muñoz et al., 2020}). Un débil sistema de control y fiscalización, propició un uso indebido de los recursos del Estado, ahondando las brechas de desigualdad, pobreza y pobreza extrema, fragmentando la cohesión social, generando desconfianza y credibilidad en el Estado y sus instituciones, dando lugar a que países con índices más altos de corrupción, posean mayores bolsones de pobreza. “La ausencia de medidas control, sistema de justicia ineficiente, corroen la integridad pública y son la causa visible de este mal” (^{Batallas, 2021}).

Impacto de la corrupción en el desarrollo social

Es evidente que la corrupción, alejados de los valores éticos y morales y la falta de profesionalización, es ineficaz en la prestación de los servicios; coincidente con ^{Lindor (2019}), quien señala que, la profesionalización y los valores éticos constituyen los nuevos retos en la administración, para mejorar la calidad del servicio público. La falta de transparencia, aprovechamiento de normas para beneficio propio o allegados, obstruye los fines institucionales, vulnera los Derechos Humanos y el desarrollo social, el acceso igualitario a los bienes y servicios, afectando la vida y la salud de los ciudadanos más pobres y pobreza extrema, agravando la desigualdad de las clases sociales, deteriorando la moral y confianza ciudadana, creando un ambiente antidemocrático. Es un problema educativo que ha generado degradación de los valores y principios éticos y morales. Es función del Estado el desarrollo social de los individuos, que cuenten con un adecuado nivel de vida, siendo obligación de todas las autoridades garantizar estos derechos (^{Piña et. a., 2021})