2.1. Contexto: Esterilizaciones forzadas en el gobierno de Alberto Fujimori 1995-2000

Durante el gobierno de Alberto Fujimori entre los años 1996 al 2000, se implementó el Programa Nacional Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que tuvo como resultado la esterilización de 300.000 personas, en promedio, de las cuales aproximadamente 250.000 fueron mujeres. Como señala ^{Novoa (2014}), la principal finalidad de este programa fue masificar el uso de métodos de planificación familiar entre los cuales se encontraba la anticoncepción quirúrgica. En consecuencia, mujeres sobre todo indígenas, quechuahablantes, de zonas de pobreza y residentes de áreas rurales, periféricas urbanas, andinas y amazónicas fueron sometidas a procedimientos quirúrgicos de esterilización sin mediar su consentimiento válido previo.

De acuerdo con ^{Molina (2017}), la medida «se ejecutó a través de ilegalidades y abusos hacia el personal de salud y hacia la población destinataria de la misma» (p. 35). Debido a las irregularidades del programa, se han presentado denuncias y se han iniciado procesos judiciales contra Fujimori y otros miembros de su gobierno. Se incluyen más de 1300 víctimas como denunciantes que en su mayoría son de las regiones de Ayacucho, Cusco, Piura y Huancavelica. Luego de dos décadas, recién se formuló una acusación fiscal, ya que las investigaciones fueron archivadas cuatro veces (^{Salud con lupa, 2021}).

En el caso aún persisten los obstáculos. Uno de ellos fue la suspensión de la audiencia programada para el 11 de enero del 2021 porque el Poder Judicial no garantizó el derecho de las víctimas de contar con traductoras e intérpretes de sus respectivas variantes del quechua. Ellas rechazan que las autoridades aprovechen esta situación.

Sin embargo, las mujeres víctimas en conjunto se han organizado en asociaciones con la finalidad de hallar justicia y reparación. Una de estas es la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMAEF), conformada por delegaciones de diferentes regiones del Perú. Las mujeres pertenecientes a esta asociación coordinaron para desplazarse hacia Lima. Muchas de ellas llegaban por primera vez a la capital y se asombraban que durante las marchas otras personas se acercaban a brindarles su apoyo para reclamar justicia.

2.2. Lingüística Migratoria

La Lingüística Migratoria (LM) es una subdisciplina de la Lingüística Aplicada y tiene como uno de los ejes el estudio de la lengua y la migración. Tal como lo señala ^{Estévez (2018}), la Lingüística Migratoria «proporciona un marco teórico y un procedimiento sistemático para el estudio de los perfiles sociolingüísticos o, más bien, lingüístico-migratorios de los/as migrantes» (p. 149).

Además, la LM es interdisciplinar en los temas de investigación. Por ejemplo, se puede plantear un estudio que se ocupe de los efectos lingüísticos de la migración desde el punto de vista sociolingüístico. Asimismo, es posible evaluar el conjunto de actitudes que, mediante los recursos lingüísticos, el hablante construye y expresa juicios del comportamiento del otro.

Un ámbito que estudia la Lingüística Migratoria es el acceso a los servicios públicos por parte de los migrantes. Al respecto, ^{Reyna y Ventura (2008}, p. 594) definen a esta clase de servicios como aquellos de interés general a disposición de la población a cambio de una tarifa y sin discriminación. Estos tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades de las personas tanto a nivel económico como social. Entre los diversos tipos de servicios públicos se encuentran aquellos que son esenciales y obligatorios, como el acceso a la justicia.

2.3. Discriminación lingüística y el acceso a la justicia

Uno de los fenómenos que resalta en la discriminación social con base en las diferencias lingüísticas es la discriminación lingüística. Moreno Cabrera, citado por ^{Zamora (2019}), define a este tipo de discriminación como:

Toda aquella actitud hacia las lenguas o variedades lingüísticas que se basa en la idea de que estas se pueden clasificar en tipos y que existen diferencias entre esos tipos, que pueden justificar la concepción de que unas son superiores a otras total o parcialmente. (p. 18)

Lo presentado anteriormente quiere decir que se presenta un rechazo hacia un grupo social debido a las particularidades lingüísticas que tiene su lengua. Este tipo de discriminación se manifiesta en la comunicación y en el contraste que hay entre dos personas que hablan una misma o distinta lengua. De acuerdo con ^{Zamora (2019}), la discriminación lingüística es «un aspecto central en el sistema de clasificación que sirve para diferenciar jerárquicamente a los miembros de una sociedad por el uso de su lengua» (p. 34). En el caso peruano, el quechua está relegado en comparación con el español, que es predominante en el país.

Una de las situaciones en las que se aprecia la discriminación lingüística es durante el acceso a la justicia como lo señala ^{Ardito (2011}):

En el Perú, el monolingüismo estatal ha permitido mantener a millones de peruanos en condición de subordinación e impedir el acceso a derechos fundamentales. En el ámbito de la administración de justicia, los indígenas históricamente se han encontrado imposibilitados para poder denunciar los agravios de las personas hispanohablantes. (p. 5)

Es un problema que existe desde la época colonial, y que aún sigue afectando a muchos hablantes de lenguas originarias, y el Estado, por su parte, sigue indiferente con estos ciudadanos discriminados.

Un adecuado acceso a la justicia significa que los ciudadanos hacen valer sus derechos o encuentran solución a sus problemas bajo el amparo del Estado. Esto, en la práctica, no sucede en el Perú, puesto que existen barreras de diversa índole, entre las que se encuentran las de tipo lingüístico. Al respecto, ^{La Rosa (2009}, p. 122) afirma que es difícil que hablantes de lenguas originarias puedan emplearlas durante los procesos judiciales debido a la falta de intérpretes. Asimismo, el Poder Judicial no tiene un registro de los distritos judiciales que necesitan operadores de justicia que manejen dichas lenguas. Esta situación deja desamparada a muchos ciudadanos que no son hablantes del español. El acceso a la justicia para este grupo es complicado, pues lejos de ser incluidos se les presentan dificultades en las instancias judiciales como la discriminación lingüística. Incluso, en su mismo lugar de origen, dichas personas padecen de esta y no todos tienen los recursos para migrar a las ciudades y aprender el español.

Por otra parte, se considera a los derechos lingüísticos como parte de los derechos humanos, puesto que se basan en la dignidad de la persona humana y en la igualdad de cada una de las lenguas (^{Hamel, 1995}, p.12). Dichos derechos implican, por ejemplo, que los hablantes de lenguas originarias como el quechua no sean discriminados y tengan acceso a los servicios públicos al igual que los hablantes de la lengua dominante. Sin embargo, esto no ocurre y en muchos casos deben migrar hacia la capital en busca de mejores oportunidades y al mismo tiempo dejan de lado su lengua nativa por vergüenza o temor a ser rechazados. Al respecto, ^{Bigot (2010}, p. 153) afirma que el contexto dominante es lo que condiciona en hablantes de estas lenguas representaciones de desvalorización de esta, lo cual puede explicar la percepción que tienen muchos quechuahablantes sobre su lengua en un contexto tan desfavorable para ellos en el que no pueden acceder a servicios elementales para su bienestar solo porque no hablan el español, lengua predominante en el territorio nacional. Esto ocurre con los migrantes, quienes al encontrarse en esta situación, dejan de hablar su lengua nativa.

2.4. Análisis del Discurso

El Análisis del Discurso (AD) es una práctica investigativa útil en el estudio de la comunicación masiva, y entre las reflexiones sobre el discurso que abarca se encuentran la aplicación de los procesos comunicativos que abarcan las producciones semiótico-discursivas, así como las interacciones comunicativas constituidas para la producción, circulación y reproducción de múltiples discursos y semiosis (^{Karam, 2005}, p. 2). Es decir, el AD estudia no solo el discurso en sí, sino también el contexto comunicativo en el que este se produce.

Por otra parte, ^{Manzano (2005}, p. 2) indica que, si bien dentro de este enfoque coexiste una perspectiva muy lingüística que pretende un análisis aséptico del discurso, es común que los analistas se conciban como individuos que tienen la responsabilidad de denunciar los resultados de los discursos, de explicitar sus partes y de dar a conocer la manera en que la construcción de la realidad está mediatizada por los discursos. En otras palabras, el AD, aparte de realizar un análisis lingüístico del discurso, también se interesa en el rol que este tiene en la sociedad, y cómo influye en la manera de pensar de las personas (^{Lovón y Palomino, 2022}).

4.1. Análisis de tuits

En primer lugar, el presente tuit trata sobre la situación migratoria de las víctimas de las esterilizaciones forzadas:

(1) El día de hoy, víctimas de las esterilizaciones forzadas de la dictadura de Alberto Fujimori realizaron un plantón en el Palacio de Justicia, ya que se llevó acabo la audiencia de este caso. Exigen reparaciones integrales y justicia (Luis Javier M, 11 de mayo de 2021).

En (1), se usan palabras como reparaciones, justicia y plantón. Con ello, busca darle mayor importancia a las víctimas, quienes han tenido que venir a Lima para hallar justicia, así como su búsqueda de compensaciones por parte del Estado por los daños recibidos. El uso de plantón revela cómo es que las migrantes afectadas quechuahablantes emplean este tipo de protesta.

En este caso, se caracteriza a las mujeres como migrantes que se trasladan a la capital en busca de justicia, porque no la encuentran en su lugar de origen. No se aprecia una migración permanente, sino parcial por parte de ellas en forma de protestas. De acuerdo con el INEI, las expectativas de un cambio en las condiciones de vida es una causa importante para que se realice la migración (2011, p. 24). Las migrantes afectadas por las esterilizaciones no presentan condiciones adecuadas como la falta de justicia, y eso es uno de los motivos que las fuerza a ir a la ciudad.

Asimismo, los siguientes tuits tratan acerca de la discriminación lingüística que afecta a las migrantes:

(2) Han pasado más de 20 años , y el día de hoy en el que se pensaba que por fin iba a haber justicia, se suspende la audiencia por falta de interpretes que tradujeran el idioma quechua, sabiendo que la mayoría de las mujeres denunciantes son quechuahablantes (@LCGonzalez_, 11 de enero de 2021).

(3) Inaceptable que no se haya llevado a cabo audiencia por caso #EsterilizacionesForzadas por falta de intérpretes. Como mujer d familia quechua hablante me resulta humillante la discriminación y la injusticia por tantos años. Urge enfoque intercultural en todo el aparato del Estado (@FlorPabloMedina, 11 de enero de 2021).

(4) Por falta de traductores adecuados de quechua se suspendió la audiencia de las esterilizaciones forzadas un crimen cometido con impunidad hace treinta años en gran medida porque las víctimas eran quechua hablantes (@jimedylan, 11 de enero de 2021).

(5) La impunidad de las esterilizaciones forzadas no puede separarse de la discriminación lingüística en Perú: ¿cómo denunciar en un país que desprecia tu idioma?, ¿frente a quienes asocian tu lengua con el atraso?, ¿cómo convencer a quienes creen que esta evidencia tus limitaciones? (@jimedylan, 11 de enero de 2021)

(6) Es una falta gravisima suspender una audiencia por falta de intérpretes en un caso de violación a los derechos humanos que sabemos que afectó desproporcionadamente a mujeres cuya primera lengua no es el español. Terrible y cruda muestra de lo que somos como país (@fabiolaarce, 11 de enero de 2021).

(7) La suspensión de la audiencia por esterilizaciones forzadas en el fujimorato por falta de intérpretes nos muestra, una vez más, lo clasista y racista de esta sociedad (@cniezen, 11 de enero de 2021).

Para referirse a la situación de las migrantes, en (3) se emplean palabras como humillante, discriminación e injusticia, con el objetivo de resaltar la situación precaria en la que se encuentran, así como una crítica al Estado, por lo que propone un nuevo enfoque que las atienda. De acuerdo con ^{Karam (2005}), la perspectiva materialista del discurso de Pecheux y Robin, entiende a este como una práctica social vinculada a sus condiciones sociales de producción, así como a su marco de producción institucional, ideológica cultural e histórico-coyuntural (p. 4). Son estas condiciones de ciertos sectores desfavorecidos de la sociedad peruana que motivan estos discursos en busca de la inclusión de estos ciudadanos que han sido discriminados históricamente. Por otra parte, en (6) se emplean palabras como violación, terrible o cruda para caracterizar el grave perjuicio hacia las afectadas. Incluso hay una crítica a la discriminación que padecen las migrantes en la sociedad peruana en (7) con clasista y racista, no solo con ellas, sino también con los demás quechuahablantes del territorio nacional. De igual forma, en (4) se emplea impunidad para cuestionar que el delito no ha sido sancionado. Y en (5) hay uso de atraso y limitaciones, palabras que describen cómo se ha percibido el quechua y el menosprecio recibido por sus hablantes, en las que se incluye a las migrantes esterilizadas.

Se observa en estos tuits que los usuarios definen a las mujeres migrantes como quechuahablantes despreciadas y discriminadas a lo largo del tiempo producto del racismo imperante en la sociedad peruana, lo cual se manifiesta en el sistema de justicia. Incluso por el hecho de hablar esta lengua se las ha asociado con el atraso. ^{Zamora (2019}) indica que en la discriminación lingüística se disminuyen características de un conjunto social y se generalizan en perjuicio de estas personas (p. 27). En estos tuits, los autores critican la indiferencia por parte del Estado hacia ellas y que se las haya minimizado, por lo que no tienen el mismo lugar en la sociedad que los hablantes del español. Se llega a mencionar también la inclusión de un enfoque intercultural que los favorezca en (3). Además, de acuerdo con Espacio Sostenible, el Poder Judicial prefiere asumir que todos manejan el español o esperar a que esto suceda, y así permanecer en un monolingüismo estatal. Esto no permite una situación de igualdad en la que hablantes de lenguas originarias puedan acceder a uno de sus derechos fundamentales, y procesos judiciales notables como el caso de las esterilizaciones forzadas se trunquen (28 de marzo del 2021).

Por otra parte, los siguientes tuits están relacionados con la falta de acceso a los servicios públicos que afecta a las migrantes:

(8) No me parece necesario que todos aprendamos quechua o lenguas nativas, pero sí que exista integración y valoración hacia ellas. Hay avances en la educación pero falta integrar más. Se necesitan más intérpretes de quechua y aimara en los organismos públicos (@SebGPrivette, 31 de marzo de 2021).

(9) Más de 20 años persiguiendo justicia y la audiencia se suspende porque no hay intérpretes de quechua. 2074 mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas frente a un sistema de justicia patriarcal y colonial (@jsaldanacuba, 11 enero del 2021)

(10) Como es posible que se suspenda audiencia por "olvido" de contratar intérprete quechua. Acaso el PJ no lee los expedientes antes de las audiencias, no hay un secretario/a que solicita requerimientos? Que falta de interés en atender con justicia este delito, sigue el abuso. (@CallirgosMarce, 12 de enero de 2021)

(11) Incluso en Ayacucho donde el 60% de la población tiene al quechua como primera lengua no hay intérpretes en los juzgados. Un amigo fiscal me comentó que una vez hicieron que la señora encargada de la limpieza haga las veces de intérprete para no suspender una audiencia (@zoncabe 11 ene. 2021).

(12) Es irónico....pese a que el quechua es uno d los 3 idiomas oficiales en el Perú junto al castellano y al aymara.... no haya políticas para enseñanzas de estos en las escuelas, así podríamos contar con traductores idóneos y personal apto para atender a la comunidad quechuahablant (@DanteDiazOli1, 11 de enero de 2021)

(13) Quizá uno de los capítulos mas vergonzosos con respecto al uso del quechua fue la suspensión de la audiencia del Caso Esterilizaciones Forzadas por no tener intérpretes. Eso es algo que no debería suceder con un idioma oficial (@sonito98, 26 de agosto del 2021).

Para describir la carencia que padecen estas migrantes, los usuarios emplean palabras como abuso y olvido en (10). Este usuario cuestiona el desinterés del Estado para atender a las víctimas en un caso judicial tan importante como este. De igual manera, en (13) se emplea vergonzosos para recalcar que este hecho debe ser el motivo de un cambio para la inclusión del quechua en el ámbito judicial, puesto que esta lengua tiene carácter oficial en el Estado, pero que en la práctica esto no se cumple. Lo mismo ocurre en (12) con la palabra irónico que caracteriza la situación de las víctimas, así como la falta de políticas de enseñanza de esta lengua que ayude a sus hablantes en el futuro. En (9), además, se caracteriza al sistema judicial como patriarcal y colonial, puesto que la discriminación hacia los quechuahablantes persiste como rezago de la época colonial. Por otra parte, en (8) se emplea integración y valoración con el objetivo de que haya una inclusión a la lengua y sus hablantes. De acuerdo con Manzano, es común que el discurso denuncie un hecho, y que también por medio de este se propongan medidas (2005, p. 11). En este caso, se denuncia la falta de apoyo del Estado hacia las afectadas por el caso de las esterilizaciones forzadas hablantes de quechua, y se propone políticas de enseñanza de esta lengua, para que así haya mayores traductores e intérpretes que atiendan estos casos.

En estos tuits, se revelan críticas hacia el Estado por no incluir traductores e intérpretes que atiendan a estas mujeres migrantes y a los demás quechuahablantes del país, por lo cual no pueden acceder a un servicio público tan relevante como es el acceso a la justicia. Al respecto, Ardito señala que la incapacidad del Poder Judicial en atender demandas es más notoria en los casos en los que el Estado ha estado involucrado, como en las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori (2011, p. 2). Incluso uno de los autores de los tuits menciona que en el mismo lugar donde viven muchos quechuahablantes (Ayacucho) no cuentan con intérpretes de esta lengua, lo cual resulta un problema para las víctimas que no hablan español. Asimismo, de acuerdo a la Fundación Debido Proceso Legal y al Instituto de Defensa Legal, el Poder Judicial no tiene un registro de distritos judiciales en los que se necesitan operadores de justicia que manejen la lengua de las poblaciones nativas (s.f., p. 20), lo cual ocasiona que las víctimas sigan desamparadas ante la indiferencia del Estado.

4.2. Análisis a partir de Facebook y titulares de noticias

Las presentes publicaciones se relacionan con la presencia de traductores e intérpretes en la eliminación de barreras lingüísticas para el acceso de justicia por parte de las migrantes:

(14) D. A. C 3 de mayo El derecho a la justicia es poder expresarse y escuchar en su propio idioma durante el juicio oral. Es un derecho constitucional. Diferirlo por escrito al día siguiente es vulnerar este principio. Los intérpretes judiciales estamos formados para hacer una traducción idónea de los debates judiciales.

(15) C. U. D -3 de mayoPero ellas son parte del proceso y son en mayoría Quechuahablantes... Y además la garantía constitucional al debido proceso y el derecho irrestricto a la defensa puede verse vulnerada con esa "propuesta".

(16) Mano Alzada 11 de enero Racismo judicial: caso esterilizaciones forzadas se suspende por falta de traductores.

(17) RPP Noticias - 11 de enero Caso esterilizaciones forzadas: Poder Judicial suspende audiencia por falta de intérpretes de quechua.

En (14), se halla la palabra derecho para hacer una llamada de atención de lo que merecen recibir las migrantes afectadas acorde a su dignidad humana. Incluso añade constitucional para recalcar que está amparado por la ley peruana. También se emplea vulnerar para señalar la violación a este derecho de las víctimas. Por otra parte, en (15) está la palabra quechuahablantes para mencionar la discriminación que sufren estas mujeres por su lengua nativa. Se usa garantía que describe el amparo que tienen bajo la Constitución. De igual manera, en (16), se aprecia que el titular empieza con Racismo judicial. Con ello implica que en un ámbito tan importante como la justicia también existe el racismo y que una gran cantidad de personas son vulnerables a que les suceda lo mismo.

Anteriormente, se señaló que el inciso del artículo 2 de la Constitución Política del Perú del 1993 trata sobre el derecho de todo peruano a usar su propia lengua ante cualquier autoridad con un intérprete. A esta medida, se suma la ley 29735 o ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. Estas medidas se han implementado en diversas entidades públicas vinculadas con la administración de justicia. Sin embargo, aún existen barreras lingüísticas en el derecho de un hablante de lengua originaria de usar su propia lengua en instancias jurisdiccionales y esto se revela en los comentarios de Facebook en los que los usuarios indican que los funcionarios públicos que forman parte del sistema de administración de justicia como jueces y fiscales vulneran el derecho a la justicia de las víctimas, ya que estas no pueden expresarse ni escuchar en su propia lengua durante el juicio oral, por lo que las afectadas son excluidas de un debido proceso.

Además, los usuarios de Facebook y los titulares de noticias indican que una de las medidas para disminuir las barreras lingüísticas es la presencia de traductores en los debates judiciales para facilitar la comunicación entre las víctimas y los administradores de justicia. De acuerdo con ^{Andrade et al. (2018}), la labor del traductor-intérprete es una estrategia para atenuar fricciones que se manifiestan en la falta de entendimiento mutuo entre el Estado y los pueblos indígenas, otra función importante de los traductores es el de «socializar los derechos lingüísticos como una tarea transversal a todos los actores, incluido los funcionarios públicos» (p. 159). Por consiguiente, en el ámbito de la justicia se debe reconocer el valor del traductor-intérprete y así mejorar el servicio público judicial de acuerdo con las necesidades lingüísticas de la población, en el que se incluyen las migrantes.

La siguiente publicación en Facebook pertenece a Iamamc (Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas), organización que promueve los derechos de las mujeres indígenas.

(18) Iamamc 1 de marzo Las afectadas por las esterilizaciones forzadas de Huancabamba, han bajado desde sus caseríos para conectarse en la capital de la provincia de Huancabamba. Muy atentas a cómo se está desarrollando la audiencia. Con preocupación ven cómo la defensa de los acusados intentan poner obstáculos para el desarrollo normal de la Audiencia. Saludan la decisión del Juez, Dr. Rafael Martín Martínez, de instalar la audiencia y su continuidad en sesiones continuadas.

En (18), se aprecia el uso de palabras como preocupación para caracterizar la situación de las víctimas. También está la palabra afectadas que llama la atención a los lectores para que sepan el perjuicio recibido tras las esterilizaciones forzadas. Incluso se aprecia la palabra obstáculos, que sirve para señalar los impedimentos que no permiten un adecuado juicio para las víctimas migrantes.

Esta manifestación revela cómo las víctimas se desplazan a la ciudad para reunirse con otras afectadas para escuchar las audiencias del caso. Estas mujeres, además de presentar limitaciones en el acceso a un intérprete de lengua originaria, también tienen que migrar de sus caseríos a la ciudad, debido a que existen localidades donde existen porcentajes elevados de hablantes de lenguas originarias que legítimamente podrían exigir el uso sus lenguas para atender sus necesidades de acceder a la justicia, pero donde la presencia del Estado es nula. Asimismo, esa atención judicial que debería regir para todos en equidad no se cumple tampoco en la capital, ya que también presenta dificultades similares a las regiones.