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Desde el Sur

versión impresa ISSN 2076-2674versión On-line ISSN 2415-0959

Desde el Sur vol.13 no.1 Lima ene./jun 2021

http://dx.doi.org/10.21142/des-1301-2021-0008 

Reseñas bibliográficas

Movilizaciones sociales en una década de transformación: un balance del libro América Latina na encruzilhada

Katherine Saldaña Paucar1  1
http://orcid.org/0000-0002-2698-0663

1Universidad Científica del Sur. Lima, Perú. katherinesa42@gmail.com.

América Latina na encruzilhada: lawfare, golpes e luta de classes (2020) muestra el panorama que hizo frente Latinoamérica en la década de 2000, marcada por el llamado "giro a la izquierda", con gobiernos revolucionarios liderados por políticas izquierdistas.

Durante la recopilación de capítulos que conforman este libro se realiza un balance de gobiernos entre los países que conforman América Latina. Venezuela, Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Perú y México fueron abordados por sus respectivos autores con el fin de analizar a profundidad el estado sociopolítico en el que se encuentran. De igual forma, se aborda el desarrollo de movilizaciones sociales surgidas a raíz de problemas presentes en cada gobierno, como la incapacidad de velar por la población subordinada, las minorías regionales y de género. Para esta breve reseña se utilizarán cuatro casos mencionados en el desarrollo del libro, el caso de Venezuela, Bolivia y el Perú.

"Venezuela: breve historia y análisis de Revolución bolivariana", escrito por Roberto Santana (2020), es el primer caso que se presenta en el segundo capítulo. Este apartado detalla cómo el país se adentró en una estructura socioeconómica radical desde el gobierno de Hugo Chávez y seguida por Nicolás Maduro, y también evidencia las consecuencias2 que dejaron los anteriores gobiernos. La finalidad de este artículo es mostrar un breve resumen de la historia de Venezuela para quienes busquen una explicación clara sobre las revoluciones que cursó este país. Por otro lado, pretende hacer una valoración de dichas revoluciones populares y estudiar lo que significó la militancia de izquierda impuesta por Chávez y luego por Maduro.

La historia de Venezuela tiene ciertos altos y bajos, pero se considera que fue marcada tras una rebelión popular contra del Fondo Monetario Internacional, denominada el Caracazo (1989). Esta revolución es considerada "el evento más importante de Latinoamérica del siglo XXI" (Santana, 2020, p. 69). Esto significó la explosión de una crisis social3 y una masacre4 en 1989, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (19891993). El acontecimiento señaló una nueva dirección para el país, ya que abrió camino a nuevos dirigentes que marcarían la historia de Venezuela (Santana, 2020).

Tras esta movilización, una nueva figura política resonaba en Venezuela: Hugo Chávez, fundador del Movimiento Revolucionario Bolivariano 2000 (MBR-200) y en ese momento teniente coronel del Ejército venezolano. El MBR-200 se estructuró por una rebelión contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero de 1992 (4F). Ejecutó un intento de golpe de Estado contra Pérez, pero el intento fracasó y los participantes fueron condenados a prisión.

Luego de dos intentos de vacancia, Carlos Andrés Pérez es separado de sus funciones por el Congreso Nacional el 21 de mayo de 1993, acusado del delito de malversación de fondos públicos. Es así como Hugo Chávez fue elegido presidente de Venezuela el 6 de diciembre de 1998, con el 56,2% de los votos. "Chávez fue elegido con una postura clara antineoliberal, nacionalista, con el apoyo de las fuerzas de izquierda, a pesar de que todavía no se hablaba abiertamente de socialismo" (Santana, 2020, p. 79). Ya instalado en el poder, lo primero que hizo fue aprobar la Constitución de 19995 y cambiar el nombre del país a República Bolivariana de Venezuela. Puso fin a dos cámaras legislativas (Cámara de Diputados y Senado) y creó la Asamblea Nacional.

Es importante recalcar que Venezuela ya había enfrentado a la fuerte dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1953-1958), un gobierno de represión que restringía los derechos fundamentales de los ciudadanos. El 21 de enero de 1958 se produjo una huelga general, articulada por todas las fuerzas de oposición, sobre todo del Partido Comunista de Venezuela (PCV), lo que resultó en importantes enfrentamientos contra las fuerzas represivas del gobierno. Dos días después, Pérez Jiménez, habiendo perdido el apoyo de los militares, huyó para la República Dominicana y se puso fin a la dictadura (Santana, 2020).

Chávez, el nuevo presidente, ofreció bajo juramento una nueva Constitución que reconociera los derechos de los menos favorecidos, como los pueblos indígenas, y aseguró no repetir una crisis social igual a la que se pasó en 1989.

No queremos más rebeliones, ya se los dije a mis hermanos de armas. Fui al alma máter y lo dije: que nunca ocurra, pero que nunca más ocurra un 27 de febrero; que nunca más los pueblos sean expropiados de su derecho a la vida, porque si eso sigue ocurriendo nadie puede garantizar que otro día, mañana o pasado, pueda ocurrir otro acontecimiento indeseado, como los acontecimientos de 1989 y de 1992 (Chávez, 1999, párr. 12).

Durante los primeros años de mandato, Chávez se esforzó por construir un país hegemónico entre la clase popular y la clase dominante. Su gobierno hizo frente a los problemas de mayor preocupación en el país, pobreza, desigualdades y exclusiones. Sin embargo, a fines de 2001, luego de dictarse las leyes habilitantes6 que permitían dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera sin aprobación parlamentaria, el descontento de importantes grupos de poder en Venezuela se hacía notar. La derecha venezolana organizó protestas callejeras con el fin de rechazar las acciones de Hugo Chávez.

Las medidas más controversiales fueron la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola Campesino, que buscaba favorecer la agricultura campesina y pretendía logra una repartición justa de tierras; la Ley de Pesca y Acuicultura, que procuraba beneficiar de los pescadores artesanales y regular el sector pesquero evitando la sobrepesca; y la Ley de Hidrocarburos, cuyo objetivo era acabar con el poder de Petróleos de Venezuela (PDVSA) dentro del Estado.

Si bien Hugo Chávez se encargó de enfatizar que la riqueza del petróleo debía compartirse de manera igualitaria con todo el país y no ser materia restringida para una clase privilegiada, en definitiva esto molestaba a grandes empresas internacionales. Por ello, se convocó a una gran marcha el 11 de abril del 2002, que se convirtió en una masacre transmitida por los medios digitales. Sin embargo, en menos de 72 horas, el golpe fue derrotado por la gran movilización popular y la acción de los militares leales de turno (Santana, 2020).

Diez años después, tras las elecciones en diciembre de 2012, Chávez hizo su última declaración a la nación en radio y televisión, y declaró padecer cáncer, por lo que necesitaba retirarse para su tratamiento en Cuba. El 5 de marzo de 2013 falleció por complicaciones ocasionadas por la enfermedad. Maduro, entonces vicepresidente, estaba a su lado, así como otras figuras destacadas del chavismo. "Chávez salió de la vida y pasó a la historia" (Santana, 2020, p. 93).

Tras la muerte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro ocupó el nuevo cargo de presidente. Se encargaría de mantener la continuidad y unidad del chavismo, y continuar el legado que le dejó Chávez.

En 2014 el presidente Maduro puso al país en una recesión económica que trajo consigo una serie de acontecimientos que prepararon el camino para la llamada crisis humanitaria, que consiste en la hiperinflación, la reducción de ayuda del ingreso nacional, la emigración masiva, y los desórdenes y conflictos políticos agudos. Desde entonces el país no ha podido recuperarse de la grave crisis sociopolítica (Santana, 2020).

"Bolivia por doce años del proceso de cambio: desafíos, apuestas y riesgos", escrito por Rebeca Peralta Mariñelarena (2020), hace una valoración del gobierno de Evo Morales desde el ámbito sociopolítico, a partir de su primer año de gobierno en 2006, hasta su último año de mandato en 2019.

Antes de la llegada de Morales al poder, Bolivia presentaba una grave crisis económica, debido a una serie de malas gobernanzas entre dictaduras y gobiernos provisionales. En 1980 se implementó la conocida política de terapia de choque, como una metodología para intervenir la hiperinflación a través de medidas como el cierre, el desarrollo y la privatización de empresas públicas, renegociación de deuda de cambio de divisas, entre otras disposiciones (Santana, 2020). Bolivia, a pesar de ser un país lleno de riquezas culturales y naturales, por muchos años se posicionó como uno de los países con mayor índice de pobreza y desigualdad a nivel mundial. Para 2003 la pobreza moderada alcanzó 66,4% de la población y la extrema, 39,9% (INE, 2016).

Las movilizaciones populares7 que surgieron a raíz de estos acontecimientos propiciaron la llegada de Evo Morales a la presidencia (Peralta, 2020). Morales instaló una nueva forma de política en Bolivia. Es posible destacar ciertos logros alcanzados en su gobierno.

Durante sus largos años de mandato, el país gozó de la tasa con mayor crecimiento económico. Además, se convirtió en uno de los países que logró pasar la brecha de la desigualdad a nivel de América Latina y el nivel de pobreza tuvo una reducción en un 19,5% (INE, 2016). Además, según la Comisión Interamericana de Mujeres del Estados Americanos (2017), Bolivia es el país con mayor proporción de mayor número de mujeres parlamentarias en América Latina y uno de los dos únicos países del mundo que superan el objetivo del 50%, con un 53,2%.

Otra característica del gobierno de Morales fue la participación de pobladores indígenas en el ejercicio del poder político. Cada vez había más pobladores indígenas, campesinos y rurales participando en los sindicatos del Estado. Esto significaba mucho, puesto que mostraba una oportunidad para una redirección de recursos económicos y humanos en políticas enfocadas a reducir desigualdades. Alvar García Linera (2011) nombró este suceso como la "invasión social del Estado".

La democracia intercultural boliviana se sustenta en el reconocimiento, la expresión y la convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos garantizados en la Constitución Política del Estado, conformando una sociedad basada en el respeto y la igualdad entre todas y todos, para vivir bien (Ley del Régimen Electoral, 2010, p. 1).

En cuanto a la economía, a partir de 2006 "se obtuvieron los recursos económicos necesarios para la implementación del programa económico y social MAS-IPSP. Esta medida marcó la hoja de ruta para una gestión basada en recursos estratégicos" (Santana, 2020, p. 112). Así, Evo Morales instauró un sistema económico social, comunitario y productivo que reconocía las siguientes formas económicas: privada, estatal, cooperativa y comunitaria.

Morales logró romper con el modelo neoliberal que entró de lleno en el país. El Estado recuperó su protagonismo sobre el mercado, se expandió y, con él, las ideas de "individualización", "emprendimiento", "libertad" y "democracia" (Santana, 2020, p. 122). En los últimos 10 años se alcanzó una Bolivia más equitativa y más digna, gracias a las políticas públicas del gobierno MAS-IPSP.

En el cuarto capítulo encontramos "Movimientos sociales y partidos políticos en dinámica de la izquierda peruana: una lectura crítica en clave territorial", de Ricardo Jiménez Palacios (2020). En el caso peruano se habla sobre las movilizaciones que provocaron los procesos electorales que pasó el país y las consecuencias del gobierno fujimorista. Asimismo, contextualiza sobre cómo las fuerzas izquierdistas entraron al país en el siglo XXI.

Alberto Fujimori propició uno de los episodios que quedaron marcados en la historia del Perú. El 5 de abril de 1992 realizó un autogolpe, lo que significó la suspensión de la Constitución Política y el cierre del Congreso (Murakami, 2012). Esta ruptura constitucional estableció una serie de políticas neoliberales, apoyadas por el Servicio Nacional de Inteligencia, las Fuerzas Armadas y una serie empresarial de instituciones financieras internacionales (Degregori, 2012). Por otro lado, existía una mayoría de personal fujimorista dentro del Congreso de la República, lo que reforzó el poder autoritario de Fujimori.

Carlos Iván Degregori (2012) menciona que, a la par de lo que sucedía constitucionalmente, hubo una reacción popular por parte del pueblo peruano. Las primeras en hacerse notar ocurrieron desde 1997 en ciudades como Tacna, Huancavelica e Iquitos. En 1998 se intensificaron a raíz de la intención de Fujimori para postularse nuevamente a la presidencia en 2000. Fujimori gana nuevamente las elecciones8, pero el proceso electoral no fue reconocido por el pueblo ni por la comunidad internacional. Esto detonó la Marcha de los Cuatro Suyos, liderada por diferentes organizaciones políticas, entre ellos la conducida por Alejandro Toledo. La movilización ciudadana marchaba en contra del fraude electoral y exigía recuperar la democracia.

Posteriormente, Alberto Fujimori es destituido9 del cargo presidencial por incapacidad moral. Valentín Paniagua Corazao, entonces presidente del Congreso, del partido político Acción Popular, toma el cargo y convoca a nuevas elecciones.

Durante su gobierno el Perú regresa a ser parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se instalan tribunales anticorrupción y la Comisión de la Verdad para investigar los procesos de violencia política que tuvieron lugar entre 1980 y 2000. Así, el Perú entró en el segundo milenio. Jiménez (2020) concuerda con otros autores en que la derrota del fujimorismo significó un nuevo comienzo para el país, el inicio de un proceso democrático en el país.

Alejandro Toledo ocupa la presidencia del país en 2001. Sobre este gobierno es posible mencionar que se enfocó en tres aspectos, el inicio de las negociaciones del tratado de libre comercio, el comercio con Estados Unidos y, por último, la continuidad de las políticas de privatización de empresas públicas.

El gobierno de Toledo motivó el inicio de una serie de movilizaciones. El lado sur del país protestaba en contra de las acciones neoliberales que seguía arrastrando Alejandro Toledo. El detonante fue el intento de privatizar la Compañía de Generación Eléctrica Arequipa S.A. y la Compañía Generación Eléctrica Sur durante 2002. Pese a meses de protesta, el gobierno continuó con estas privatizaciones y motivó la intensificación de las movilizaciones, que intentaron frenar estas políticas. Toledo denotaba el deseo de querer realizar un cambio positivo para el país, pero siguió el camino de una política neoliberal establecida por el gobierno fujimorista.

En el siguiente gobierno Alan García (2006-2011) toma las riendas del Perú, en su segundo periodo de mandato, tras vencer en segunda vuelta a Ollanta Humala. Algo que recalcar de este proceso electoral fue la división territorial de la votación: por un lado, la votación de Lima y el norte del país fue a favor de Alan García, mientras que el centro, este y sur apoyaron a Humala (ONPE, 2006).

El neoliberalismo continúa, al igual que las protestas. Poblaciones amazónicas se ponen en pie de lucha en contra de decretos legislativos designados por García, como el tratado de libre comercio, en los cuales se permite la venta y concesión de tierras por parte de comunidades indígenas a empresas privadas internacionales, en su mayoría. Estas acciones detonan en el movimiento conocido como el Baguazo (2009).

Luego de este gobierno el país entra en una transición de fuerzas de izquierda, que gira en torno al proceso electoral de 2006. Resultó ganador Ollanta Humala. Diversos autores deliberan que la llegada de Humala al poder era una oportunidad de la izquierda, que se desarrollaba a la par de la ola izquierdista por la que atravesaba Latinoamérica, como los gobiernos de Chávez y Morales (Hagopian, 2006, citado por Jiménez, 2020). Por otro lado, el autor considera que el partido de Humala era visto como "alentador fuera de Lima y aterrador en el interior" (Jiménez, 2020, p. 368).

La propuesta antineoliberal de Humala estalla durante el conflicto del Conga10 (2011), en Cajamarca. Esto evidenció las contradicciones entre sus propuestas y el neoliberalismo y la democracia liberal.

El siguiente gobierno del Perú estaba liderado por Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). En 2017 una nueva marcha se convocaba tras la indignación de los gobiernos corruptos. Kuczynski estaba involucrado en el caso Odebrecht y se buscaba sacarlo del poder debido a los escándalos de corrupción. Las protestas en las calles demostraban dos posiciones, los antifujimoristas y los que se manifestaban con el lema "Que se vayan todos" (2018). El 23 de marzo de 2018, Pedro Pablo Kuczynski dejó a la Presidencia de la República a raíz de la difusión de unos videos en donde se veía la compra de votos para no ser removido por el Congreso de la República. Tras su renuncia, Martín Alberto Vizcarra Cornejo toma las riendas y se convierte el presidente del Perú hasta la fecha (Jiménez, 2020).

América Latina na encruzilhada: lawfare, golpes e luta de classes es un libro que expone de manera profunda la situación sociopolítica de los países vistos. Además, permite reflexionar sobre los aciertos y desaciertos que han tenido a lo largo de los años los diferentes gobiernos que han pasado por cada país que conforma Latinoamérica. Queda claro que las movilizaciones sociales han estado presentes desde siempre en la historia de cada país. Si bien se intensificaron con el pasar del tiempo, siempre hubo las ganas de luchar en contra de la desigualdades e injusticias por parte de las comunidades indígenas, rurales y marginadas. A ellos se les atribuye muchos logros que hasta hoy han significado una oportunidad para el crecimiento social, económico y político de América Latina.

A lo largo de este trabajo, se ha evidenciado que las principales causas de conflicto han sido la corrupción y la desigualdad social, ya sea en partidos de izquierda o derecha. Es decir, las posiciones políticas resultan relativas. Por ello, resulta fundamental que los planes de gobierno a futuro consideren que cada decisión política que se tome debe asegurar no solo el desarrollo y crecimiento de los países, sino también velar por la seguridad integral de toda la población de manera indiscriminada, sin olvidarse de la preservación de los recursos naturales, ya que de ellos dependen, en muchos casos, la estabilidad de los países. Si deja de haber un pensamiento individualista, América Latina podría tener gobiernos transparentes.

Por otro lado, bajo el contexto de emergencia sanitaria en el que nos encontramos actualmente a nivel mundial, es importante que América Latina reformule sus políticas que involucran la seguridad nacional, ambiental y de salud. Si bien los gobiernos a nivel mundial están divididos por extremos de derecha e izquierda, es momento de frenar las luchas políticas y priorizar la seguridad y la supervivencia de los países, creando planes de acción a favor de la población y el medioambiente, puesto que se trata de procurar hacer ganancias y también de asegurar la preservación y sostenibilidad de los países. Esta crisis que enfrentamos ha dejado en descubierto la fragilidad de sistemas de gobierno de muchos países. Por ello, los Estados están en el deber de ver la situación como una oportunidad para revertir los errores cometidos.

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Citar como: Saldaña, K. (2021). Movilizaciones sociales en una década de transformación: un balance del libro América Latina na encruzilhada. Desde el Sur, 13(1), e0008.

1Egresada de la carrera de Comunicación y Publicidad de la Universidad Científica del Sur y miembro del grupo de investigación MediaLab Científica: iniciativa de alfabetización transmedia.

2Endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), devaluación del bolívar, corrupción administrativa.

3El alza indiscriminada de los precios de gasolina repercutió a la vez en el alza de los pasajes de transporte público. Esto detonó protestas en diferentes ciudades de Venezuela. Carlos Andrés Pérez respondió declarando al país en estado de emergencia y suprimió los derechos constitucionales.

4El gobierno de Carlos Andrés Pérez usó a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas. Hicieron uso de armas con municiones letales en contra de los manifestantes, lo que dio como resultado cientos de víctimas. A la fecha se desconoce el número total de muertes.

5Dicha Constitución reconocía los derechos de los pueblos indígenas y la protección del medioambiente.

6Hugo Chávez promulgó 49 leyes que involucraban acciones directas en la electricidad, el gas, el turismo, la seguridad, el sistema del ferrocarril, entre otros.

7La guerra del agua (2000), guerra del gas-febrero negro (2000) y la guerra del gas-octubre rojo (2003). Todas estas movilizaciones fueron intervenidas con represión policial de manera violenta.

8La OEA alertó sobre irregularidades durante las elecciones presidenciales del Perú (2000), que despertaron la preocupación de diferentes países. Durante este proceso Alberto Fujimori fue acusado de falsificar un millón de firmas para asegurar su puesto en la presidencia, mientras que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedente las tachas presentadas hacia el proceso de elección en contra de Fujimori y dio pie a que el proceso electoral sea visto como arbitrario.

9La destitución de Alberto Fujimori ocurrió luego de la develación de videos de su asesor Vladimiro Montesinos sobornando a dirigentes políticos, con el fin de que se pasaran a las filas fujimoristas. Montesinos huyó del país, pero fue extraditado (2001) desde Venezuela. Tras este acontecimiento, Fujimori convocó a nuevas elecciones y luego asistió a una supuesta cumbre económica de APEC. Presentó su carta de renuncia vía fax desde Tokio y pidió asilo político en Japón.

10Conflicto entre la minera Yanacocha y los pobladores cajamarquinos, que protestaban en contra de las acciones de contaminación que veía produciendo la minera.

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