Introducción

En el presente texto se usará la palabra informalidad para referirse al empleo informal. Cabe resaltar que el sector informal hace referencia a las unidades productivas que no están constituidas en sociedad y que no se encuentran en el registro de la administración tributaria. Por su parte, el empleo o trabajo informal alude a los puestos laborales sin beneficios establecidos por ley para los trabajadores (seguridad social, gratificaciones, etc.) (^{INEI, 2020}).

A pesar de que en el presente trabajo se usará el término informalidad aludiendo solamente al empleo informal, se debe recordar que en la realidad la informalidad se constituye por las empresas, los trabajadores y las actividades que operan al margen de lo establecido, y termina siendo una economía paralela con sus propias reglas de juego. Al no estar debidamente registrada, la informalidad está exenta de los impuestos y del cumplimiento de las normas legales. Sin embargo, tiene la desventaja de no contar con los beneficios que ofrece la legalidad (protección policial y judicial, acceso a crédito formal y mercados internacionales). Además, el comercio informal produce efectos negativos como el mal uso del espacio público y de la infraestructura pública, e incluso de las vías peatonales y vehiculares, sin contribuir de manera directa en generar contribuciones a través de pago de impuestos para restaurarlas, conservarlas o repararlas; es decir, hay una utilización y congestión de la infraestructura pública, pero sin participar con los impuestos para abastecerla (^{Loayza, 2008}).

David ^{Tenorio (2020}) estudia la caracterización del empleo informal en el Perú de 2007 a 2018. Entre los descubrimientos para destacar está el hecho de que hay una correlación positiva entre pobreza e informalidad, lo que evidencia los bajos ingresos que tienen los trabajadores con esta última condición (los ingresos en la formalidad triplican a los que laboran en la informalidad). Entre otros aspectos relevantes, la mayoría de los empleos informales son ocupados por los trabajadores con bajos niveles educativos y, además, las mujeres en esta condición son las más vulnerables.

El autor también describe tres teorías que explicarían la informalidad en el trabajo:

En cuanto al enfoque estructuralista, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), anualmente se generan en el Perú alrededor de 103 653 nuevos puestos de trabajo adecuados y productivos, mientras que la cantidad de trabajadores jóvenes peruanos que se integran a la población económica activa (PEA) llega a 358 000; es decir, alrededor de tres veces más que la cantidad de puestos existentes (^{Koechlin, Solórzano, Larco y Fernández-Maldonado, 2019}). Esto coincide con la cifra de trabajadores informales que señala la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) en 2019. Dicha fuente indica que el 72,7 % de la PEA se encuentra en la informalidad (un poco mayor que en 2018, que fue de 72,4 %) (^{INEI, 2020}). Es decir, aproximadamente un tercio de la PEA es formal, mientras que el resto es informal. Similar proporción tiene la diferencia entre la creación de puestos de trabajos con la cantidad de jóvenes que ingresan a la PEA. Para 2020 la diferencia también se mantiene casi similar, según la misma fuente (la ENAHO), ya que el empleo informal alcanzó la cifra de 75,3 % (^{INEI, 2021}). Si se observa la tasa de empleo informal en la última década en el Perú, se puede seguir viendo esta tendencia (ver tabla 1).

^{Tello (2017}) estudia los datos del INEI-ENAHO de 2014; así, a través de una muestra de 41 146 trabajadores, descubrió que el 93,8 % desea laborar en el sector de la formalidad neta -cuando los empleadores les pagan el 100 % de los beneficios y costos legales-, pero que solamente el 13,9 % lo puede cumplir, mientras que 79,9 % no lo puede realizar. Otro aspecto que descubre el autor es que para transformar los trabajos informales en formales las estrategias de reducir los costos laborales, de transacción y el IGV solamente tendrían efectos marginales.

Sobre esto, ^{Lavado y Campos (2017}) indican que:

En la década de 1990 se redujeron las indemnizaciones por despidos, se facilitó el uso de contratos laborales a tiempo parcial y se gestionó la Ley de Fomento del Empleo. Básicamente, se hizo más fácil ser formal. Aun así, la informalidad no se redujo significativamente. Luego, durante la década de 2000, se crearon regímenes simplificados para reducir los costos y trámites asociados a la formalización. Sin embargo, la informalidad tampoco se redujo. Las reducciones impositivas y burocráticas tampoco funcionaron significativamente (^{Lavado y Campos, 2017}, p. 461).

Para profundizar en este tema se ha tomado como muestra a Lima Metropolitana durante la década de 1990. Ante ello, el economista ^{Schuldt (2004}) realiza un estudio para Lima Metropolitana entre 1990 y 2001, y encuentra que el empleo producido por las empresas formales se redujo 10 puntos durante el periodo mencionado (de 46 % a 36 %), en tanto que el empleo ofrecido por las empresas informales creció de 57 % a 64 %. Durante el tiempo en mención, el segmento formal creó un poco menos de 250 000 empleos, mientras que el informal absorbió alrededor de 850 000 personas. Esto explicaría cómo este último segmento pudo crecer de un 57 % de la PEA a 64 % en Lima Metropolitana.

La tabla 2 muestra la PEA ocupada en Lima Metropolitana según el segmento (formal o informal) en distintos lapsos de tiempo durante el periodo 1990-2000, según ^{Nunura y Flores (2001}).

^{Nunura y Flores (2001}) indican ante estas cifras que durante el periodo en mención (1990-2000) el empleo informal creció a un ritmo superior que el formal.

Como señala ^{Velazco (2011}), en 1991 se promulgó la Ley del Fomento al Empleo (Decreto Legislativo 728), que definía el marco legal totalmente nuevo sobre la contratación por medio de la flexibilización sociolaboral, en términos normativos, y desregulaba el mercado laboral. Pero, como se puede observar en la tabla 3, el sector informal urbano continuó aumentando en Lima Metropolitana, donde el empleo por el sector informal es explicado por alrededor de dos tercios.

Según la Encuesta Nacional de Demanda Ocupacional realizada por el ^{MTPE (2020)}, las empresas tienen como principales razones para la contratación de trabajadores adicionales de manera permanente el "incremento del nivel de producción o servicios" (64,8 %) y el "incremento de la demanda interna o externa" (35,9 %); mientras que la "legislación laboral favorece la contratación" está entre las últimas razones (1 %). Para el año siguiente, 2021, la tendencia continúa: el "incremento del nivel de producción o servicios" sigue siendo primero (53 %) y el "incremento de la demanda interna o externa" se mantiene segundo (40,3 %); en tanto que entre las últimas razones sigue la "legislación laboral favorece la contratación" (2,6 %) (^{MTPE, 2021}). Esto se puede observar mejor en la tabla 4, que toma como periodo de estudio 2019-2022.

Esto rechaza el postulado liberal de que se va a aumentar el nivel de empleo formal si se flexibiliza laboralmente. También en este punto se contraponen dos corrientes económicas. Por un lado, la línea ortodoxa, que señala que para disminuir el desempleo se debe bajar los salarios, una idea que defendía Hayek (^{Uribe, 2010}). Como bien indica el economista Dante A. ^{Urbina (2015}), en cuanto a la pregunta lanzada por Robinson sobre si el capital en la función de la producción (O = f [L, C]) debe ser según su capacidad de ganancia en el futuro o con sus costos pasados, si es lo primero, caen en una falacia de razonamiento circular, porque para saber la capacidad de ganancia futura del capital se requiere que sus rendimientos se actualicen, por lo cual se necesita saber la tasa de interés, la que, al mismo tiempo, se determina como precio en el mercado de capitales, que requiere de saber desde ya el capital medido y valorado para conocer tanto la oferta como la demanda de capital.

Y, por el otro lado, está la postura keynesiana, que defiende la propuesta de que se debe estimular la demanda para que las empresas incrementen su producción y, para ello, van a verse incentivadados en contratar más trabajadores. "En el keynesianismo, el buen equilibrio entre la inversión y el ahorro en una economía sería el que define el nivel de producción y, por ende, el empleo" (^{Uribe, 2010}, p. 52). Keynes indicaba que el "volumen de ocupación está determinado por la intersección de la función de la demanda global y la función de oferta global (lo que se denomina como demanda efectiva), porque es en este punto donde las expectativas de ganancia del empresario alcanzan el máximo" (Keynes, 1986, p. 33). Los resultados de la Encuesta Nacional de Demanda Ocupacional apuntan a este último enfoque económico.

En este aspecto, el gasto público en el Perú es vital, porque en fase expansiva incrementar esto último en un sol estimula, a la larga, la demanda agregada a S/ 0,55, mientras que la disminución no generaría ningún efecto. De igual manera, el aumento en fase recesiva en la misma cantidad lo estimula en S/ 1,30, pero su disminución solamente lo hace hasta en S/ 0,25 (Sánchez y Galindo, 2013, como se citó en ^{Winkelried, 2017}).

Quien representa la mayoría de los ingresos del Estado peruano son los impuestos en alrededor de las tres cuartas partes (76,5 %). Si se comparan las tasas impositivas del Perú con el promedio de los países de la OCDE, se puede ver que el país sudamericano posee una menor tasa mínima de impuesto a la renta de las personas (8 % del Perú frente a 10,8 % de la OCDE), una menor tasa máxima de impuesto a la renta de las personas (30 % del Perú frente a 43,6 % de la OCDE), y un menor IGV (18 % del Perú frente a 19,2 % de la OCDE) (^{Arias, 2017}). Son tres dimensiones en las que el Perú puede corregir para aumentar su recaudación fiscal, y, con ello, incrementar su gasto público.

Sobre este tema, ^{Mendoza (2021}) realiza un comparativo a nivel impositivo del Perú con el promedio de Latinoamérica y el promedio de los países miembros de la OCDE. Entre los resultados más destacados se encuentra que la presión tributaria como porcentaje del producto bruto interno (PBI) del país es menor (16,6 % del Perú frente a 22,9 % de Latinoamerica y 33,8 % de la OCDE). La recaudación del impuesto a la renta como porcentaje del PBI también es menor (6,1 % en 2019 del Perú frente a 6,2 % en 2019 de Latinoamérica y 11,5 % en 2018 de la OCDE), al igual que lo recaudado por el impuesto a la renta e ingresos de las personas (1,9% en 2019 del Perú frente al 2,2 % en 2019 de Latinoamérica y 8,1 % en 2018 de la OCDE). Un dato interesante que señala el autor es que "entre el 2010 y el 2019, el Estado hubiera recaudado S/ 184 000 millones adicionales, de haber elevado la presión tributaria a 18 % del PBI" (^{Mendoza, 2021}, p. 5).

^{Gamarra (2020}) propone tres puntos para aumentar la recaudación: 1) aumentar la base tributaria, combatir la evasión fiscal y eliminar deducciones y exenciones innecesarias; 2) luchar contra la elusión fiscal; y, por último, 3) crear impuestos progresivos que graven las rentas producto del capital. Esto lo justifica al indicar que:

La historia nos muestra que el PIB per cápita creció mucho más después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo en países como Alemania y Francia donde los shocks fueron extremadamente devastadores y fueron los países que fijaron un impuesto sobre las rentas del capital (^{Gamarra, 2020}, p. 62).

Además, el aumento del gasto público no solamente aumentaría la demanda para que existan más empleos formales, como ya se explicó, sino que además mejoraría los sistemas de los servicios sociales (educación, salud, seguridad e infraestructura), lo que provocaría que haya más beneficios para ser formal (^{Arias, 2017}).

En cuanto al aspecto liberal sobre la burocracia y los costos para la formalización de empresas, también ha sido refutado. Según un estudio del ^{INEI (2020)}, las principales razones por las que las unidades productivas informales que no son agropecuarias no se registran en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) es porque "no lo consideran necesario" (53 %), porque su "negocio es pequeño" (32,5 %) y porque "es un trabajo enventual" (9,5 %); mientras que razones como "le quita demasiado tiempo" (0,4 %), que "los trámites son muy complicados" (0,6 %) y que "no podrían asumir la carga de impuestos si se registra" (1,9 %) son las que tienen menores puntajes. Lo mismo ocurre para el año siguiente, cuando "no lo considera necesario" sigue primero (51,6 %), en tanto que la segunda razón es que "su negocio es pequeño" (33,3 %) y el tercer lugar es que "es un trabajo eventual" (9,9 %). Entre las últimas razones siguen "le quita demasiado tiempo" (0,4 %), "los trámites son muy complicados" (0,8 %) y "no podrían asumir la carga de impuestos si se registra" (1,4 %) (^{INEI, 2021}).

Justamente sobre esto, ^{Rentería y Román (2015}) señalan que las medidas de flexibilizar el mercado laboral que se dieron en el gobierno de Fujimori, que terminó con la legislación laboral que eran consideradas restrictivas y proteccionistas, causaron que la informalidad creciera y que se proliferara una economía basada en microempresas. Asimismo, los resultados de su investigación para Lima Metropolitana sugieren que una buena parte de los emprendimientos informales no se ubican fuera de la ley luego de realizar un análisis costo-beneficio, puesto que solamente el 19 % no se registró en la Sunat porque no podrían pagar los impuestos.

Informalidad y desarrollo económico

Algo que también señala David ^{Tenorio (2020}) es que la informalidad no es un problema para los países con un alto desarrollo económico. De hecho, indica que la definición de economía informal se origina en los países que no son considerados como desarrollados; así, el concepto aparece por investigaciones en el mercado laboral urbano en África, ya que el término informalidad surge por primera vez en una publicación de 1972 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Kenia. En concordancia, según ^{Chacaltana (2017}), el concepto de informalidad se origina en la década de 1970, cuando estuvo asociada con diversas actividades que se caracterizaban en que muchas de ellas no eran reconocidas, registradas, protegidas ni reguladas.

La tasa de informalidad en América Latina se ubica en 53 % y solamente lo supera África subsahariana. La alta incidencia de esta situación termina siendo común en los países que se encuentran en vías de desarrollo (^{Defensoría del Pueblo, 2020}). Justamente las regiones que concentran la producción de la informalidad en el mundo están en zonas con economías poco industrializadas y de ingresos medios y bajos: África subsahariana (27,9 %), sur de Asia (13,8 %) y América Latina y el Caribe (13,7 %); mientras que en los países con ingresos altos e industrializados poseen las menores cifras (^{CEPLAN, 2016}). Cabe recordar que en el caso de América Latina el empleo informal creció del 29 % de la PEA en la economía en los 80 al 40 % en los años 90 (^{Harvey, 2007}).

El ^{INEI (2020)} ha comprobado, a través de su estudio de 2007 a 2019, que la disminución del porcentaje del empleo informal en el Perú es más significativa cuando el crecimiento del PBI es mayor. Con ello demuestra una relación entre ambas variables. El PBI en 2019 obtuvo un crecimiento acumulado de 70,9 % respecto a 2007 (tasa de crecimiento anual promedio de 4,6 %). Esta evolución se acompañó con un aumento acumulado del empleo de 15,2 % (1,2 % por año en promedio), donde la participación del empleo formal en la totalidad del empleo creció en 10,2 puntos, por lo que la participación del empleo informal bajó en esa misma cifra. Pero se debe señalar que una proyección realizada por ^{CEPLAN (2016)} indica que para 2050 la informalidad no va a reducirse significativamente por solamente un mayor crecimiento en la economía. Esto evidencia que hay más factores que solamente el aumento del PBI en la economía para solucionar este problema.

^{Herrera (2017}) aduce que de 2004 a 2012 la tasa promedio anual del PBI peruano fue superior al 6 %, mientras que de 2012 a 2015 fue alrededor de 3,5 %. En todo ese periodo de crecimiento no solamente se redujo el empleo informal (si se compara con la totalidad de la PEA), sino también la pobreza, que disminuyó en un poco más del 30 %. Esto corrobora que existe una relación entre el crecimiento de la economía con la reducción de la informalidad y la pobreza.

Sobre este último punto, ^{Gamarra (2020}) menciona que la pobreza podría ser una de las causantes de la existencia de un alto empleo informal en el Perú, puesto que indica que el común denominador de las principales características donde se concentra la mayoría del empleo informal (agricultura, mujeres y regiones) es la pobreza. Además, afirma que diversos estudios en el mundo relacionan la pobreza con la informalidad. También expone que de 2004 a 2018 la informalidad bajó en el Perú, al igual que la pobreza monetaria.

Si se estudia por departamentos en el territorio nacional, el INEI descubre que el empleo informal es menor en Lima (60 %), Ica (61,4 %), Moquegua (65,4 %) y Arequipa (66,2 %), mientras que los lugares donde posee mayor incidencia son Huancavelica (92 %), Cajamarca (87,9 %), Puno (87,6 %) y Ayacucho (87,3 %). Justamente en este último grupo (Huancavelica, Cajamarca, Puno y Ayacucho) la incidencia de la pobreza monetaria es la más alta (grupo 1) a nivel nacional, al oscilar de 41,4 % y 45,9 %; mientras que donde existe menor pocentaje de trabajadores informales en el Perú, la pobreza está entre el grupo 3 (Lima de 23,9 % a 28,6 %), grupo 4 (Arequipa y Moquegua de 15,1 % a 19,5 %) y grupo 5 (Ica de 6,6 % a 11,3 %) (^{INEI, 2021}).

Lo que comprueba que los departamentos con mayores porcentajes de trabajadores informales es donde hay altos niveles de pobreza, mientras que los que poseen menor incidencia de informales presentan también menores niveles de pobreza. Cabe señalar que la línea de la pobreza es de S/ 360 mensuales per cápita para 2020 (^{INEI, 2021}).

Informalidad y productividad

Un aspecto fundamental que se debe estudiar sobre la informalidad tiene que ver con la productividad, porque representa la eficiencia que se tiene en los factores de producción y es una variable importante cuando se estudia el crecimiento económico de los países (^{Céspedes, 2017}).

En 2019, la participación de la actividad informal en el PBI fue de 18,9 %, pero su participación en lo que respecta al empleo equivalente fue de más de la mitad (52,7 %), lo que evidencia su baja productividad y explica sus bajos ingresos. El ingreso promedio del sector formal en 2019 fue de S/ 2502 mensuales, y el del informal fue de S/ 830 al mes (^{INEI, 2020}). La misma tendencia ocurre para 2020, ya que la producción del sector informal fue del 17,7 % del PBI, pero absorbió al 63,3 % del empleo (^{INEI, 2021}). Carlos ^{Ganoza y Andrea Stiglich (2015}) lo comprueban al revisar el trabajo de distintos investigadores sobre el tema (Alfredo Torres, Miguel Jaramillo, Andrei Shleifer y Dartmouth Rafael), con lo que concluyen que la informalidad en el Perú se caracteriza por ser poco productiva y con bajos ingresos.

Lo que esto significaría es que la informalidad es una opción de supervivencia, pues es condenarse a percibir bajos ingresos, a diferencia de trabajar en la formalidad. Sus opciones prácticamente se limitan a estar entre ser informal o estar desempleados. En 2017 se perdieron 160 000 puestos laborales en las empresas de más de 10 trabajadores, donde se tiende a concentrar el empleo formal, y como un mecanismo de supervivencia se optó por el empleo informal, que aumentó con más de 300 000 trabajadores que de julio de 2016 y a junio de 2017 pasaron a la informalidad (^{Vásquez, 2018}).

La ^{Defensoría del Pueblo (2020)} muestra que la mayor informalidad se encuentra en las poblaciones con menores ingresos. Por ejemplo, el quintil más pobre (el I) posee un porcentaje de informalidad de 97 % (casi todos), mientras que el quintil con mayor ingreso (el V) tiene 40 %. ^{CEPLAN (2016)}, con base en la ENAHO de 2014, ya había descubierto que 9 de cada 10 personas que poseen bajos ingresos son informales, en tanto que de los que poseen altos ingresos solamente 3 de cada 10 son informales.

Los dos sectores donde se desempeñan la mayoría de trabajadores informales son el agropecuario y pesca (23,2 %) y el comercio (13,9 %). A su vez, los rubros con menos trabajadores informales son la minería (0,5 %) y la construcción (4,9 %) (^{INEI, 2020}). No es casualidad encontrar que entre las empresas más productivas en el Perú está la minería (justamente donde hay menos informales), según la productividad laboral; y las menos productivas son la agricultura y la pesca (donde se concentra la mayoría de informales) (^{Céspedes, 2017}).

Lo que señala Jürgen ^{Schuldt (2013}) es la necesidad de acercar las productividades laborales entre los diferentes sectores y ramas en la economía, y justamente para disminuir las diferencias entre los rendimientos de los trabajadores es menester aumentar la inversión en los segmentos menos productivos. Schuldt señala que, debido a la falta de esto último, el trabajo se autogenera en los rubros menos productivos, que son en su mayoría informales, por lo que se debe buscar realizar traspasos intersectoriales de capitales y flujos financieros, para tratar de homegeneizar los extremos que poseen diferencias de productividad entre las ramas. También agrega que para los trabajadores en rubros poco productivos (que en su mayoría son informales) no encuentran trabajo en los sectores más modernos y desarrollados (precisamente donde se encuentra la minería y la construcción), que son muy intensivos en capital, pero que casi no requieren mano de obra.

La demanda que produce S/ 1 millón en la economía peruana es de 252 trabajadores; de los cuales 81 tienen primaria completa o menos, es decir, son de baja calificación. Los productos mineros producen con el aumento de ese S/ 1 millón en la demanda 73 trabajadores no calificados, mientras que el rubro agropecuario produce 411 (^{Tello, 2017}). Por ese motivo, lo lógico para disminuir la informalidad es estimular el sector que absorbe la mayor cantidad de mano de obra poco calificada, que es el agropecuario.

También se debe agregar que la mayoría de trabajadores informales (82,3 %) se encuentran en las empresas que solamente tienen de 1 a 5 trabajadores (^{INEI, 2020}), es decir, en microempresas, que son las menos productivas frente a las de mayor tamaño (^{Céspedes, 2017}). Asimismo, los resultados que han arrojado sobre el Perú fortalecen la idea de que los dueños de estas microempresas lo eligen por defecto, al no poder conseguir trabajo asalariado (^{Herrera, 2017}). Como ya lo señalaba ^{Weinberger (2013}), "el segmento de la microempresa es más grande que el de la pequeña empresa, y la mayoría son de subsistencia, baja productividad, ingresos reducidos, informales, son de autoempleo, no generan más de dos puestos formales de trabajo" (^{Weinberger, 2013}, p. 269).

^{Lavado y Campos (2017}) aducen que:

Los intentos por disminuir los costos de la formalización (regímenes especiales de impuesto a la renta o trámites menos costosos para la formalización) para este grupo (los microempresarios, donde los sectores con mayor cantidad de microempresas presentan las tasas de informalidad más altas, tienen tasas de informalidad de casi 80 %) han sido infructuosos ya que ese no es el motivo subyacente. El verdadero motivo es que no son lo suficientemente productivos y solo buscan subsistir. Este grupo de empresas es excluido o empujado hacia la informalidad. Se puede observar una mezcla de causas económicas (falta de productividad) e institucionales (exclusión) de la informalidad. Lamentablemente, en este grupo se encuentran los pequeños emprendedores. Uno de los mitos que debe cambiar en el Perú es que nuestro país es un país de emprendedores. No lo es. Los cursos o capacitaciones de emprendimiento que se realizan por todo el Perú no tienen un efecto significativo sobre el incremento de la productividad de las personas, y por ende, sobre la productividad: de cada 100 personas capacitadas, solo cinco tienen éxito como emprendedores (^{Lavado y Campos, 2017}, pp. 459-460).

Ahora, cabe señalar que el problema no solamente se limita en la productividad; el tema es que si la empresa es eficiente pero no es rentable es porque hay un exceso de competidores. Esto último es una barrera para que las empresas puedan tener ingresos suficientes a fin de pagarles bien a sus trabajadores, por lo que si no se diversifica la estructura productiva del Perú no se podrá aumentar masivamente el empleo adecuado. El problema es que se está buscando que los más pobres ingresen como ofertantes, pero con bienes y servicios que ya existen en el mercado nacional (^{Enrico, 2014}). Sobre esto, ^{Gamero y Pérez (2020}) muestran un dato muy interesante. En las últimas dos décadas el Perú se ha agrupado con los países que se caracterizan por poseer bajo grado de complejidad económica, por la poca diversifación productiva. En 2018 el país se ubicó en el puesto 104 de 133 países en el Índice de Complejidad Económica del Growth Lab de la Universidad de Harvard.

Informalidad y educación

El hecho de que la mayoría de puestos laborales informales estén ocupados por personas con bajos niveles educativos muestra la necesidad de la inversión en educación. Lo que documenta Gylfason, citado de ^{Ghezzi y Gallardo (2013}), es que los países que tienen booms de recursos naturales (como el Perú) tienden a subinvertir en educación. Esto trae como consecuencia que no se produzca mano de obra caracterizada por ser calificada y diversificada, que se requeriría una vez que acabe el boom de los recursos naturales.

Machado (2014, como se citó en ^{Lavado y Campos, 2017}) buscó las causantes de la informalidad para el periodo 1980-2011. Por cierto, calculó que el tamaño de la economía informal fluctuó entre 30 y 40 % del PBI durante este lapso de tiempo, y encontró que el aumento de 1 % en la tasa de matrícula en la educación terciaria disminuía en 0,11% su tamaño. También descubrió aspectos ya mencionados en el presente trabajo, que el aumento del PBI real per cápita (1 %) igualmente disminuía la economía informal (0,31 %), mientras que la reducción del IGV no tenía casi efecto (1 % menos solamente reducía 0,02 %). Del mismo modo, no encuentra efectos significativos por las variaciones en la tasa del impuesto a la renta corporativa o personal.

La educación es vital para no tener que trabajar en la informalidad, pero el problema en el Perú es que el rendimiento es una consencuencia del nivel socioeconómico que viven los estudiantes. "Según la prueba PISA (2015), Perú es uno de los países con mayor desigualdad por nivel socioeconómico dentro de los países evaluados en esta prueba" (^{Ñopo y Kitmang, 2017}, p. 239); de hecho, los estudiantes escolares con un mayor nivel socioeconómico obtienen mejores resultados (^{León y Youn, 2016}). Sumado a esto, Cueto y colaboradores descubrieron que los estudiantes escolares con menor nivel socioeconómico tienen menores oportunidades de aprendizaje (^{Ñopo y Kitmang, 2017}). Entonces, si los informales tienen bajos ingresos debido a su baja productividad, entonces sus hijos, por las consecuencias de pertenecer a un nivel socioeconómico bajo, tendrán un bajo rendimiento escolar. Esto crea una cadena que los orienta hacia la informalidad.

Por otra parte, las empresas en el Perú tienen una predisposición a contratar a profesionales que estudiaron en universidades caras. Como lo señala Vicente, gerente de una consultora sobre reclutamiento de personal, sus clientes exigen profesionales de universidades costosas, por lo que si alguien no estudia en una universidad de este tipo, prácticamente está relegado a posiciones laborales de menor valor en empresas de poco tamaño (^{Huber y Lamas, 2017}). Así que si los hijos de los informales pudieran incluso acabar satisfactoriamente la educación básica regular, sus probabilidades de entrar en puestos de trabajo formales con altos ingresos se ve reducida por las pocas chances que tienen para estudiar en universidades caras, debido a la baja remuneración que poseen sus padres. Toda esta situación claramente podría ser un factor preponderante para que el Perú se ubique dentro del tercio inferior en cuanto a igualdad de oportunidades, al ubicarse en el puesto 66 de 82 países en The Global Social Mobility Index 2020 (^{World Economic Forum, 2020}).

Informalidad venezolana en el Perú

El Perú, al igual que muchos otros países de la región, ha recibido una ola masiva de venezolanos; muchos de ellos han entrado a trabajar en la informalidad. De acuerdo con un estudio con 1601 encuestas de ^{Koechlin, Solórzano, Larco y Fernández-Maldonado (2019}), el grueso de trabajadores venezolanes en el Perú están en condición de informales. Estos inmigrantes se tienden a integrar a la informalidad, que se caracteriza por poseer baja productividad y con salarios son bajos. En esa misma línea, ^{Valdiglesias (2018}) encuentra que de 2013 a 2016 la informalidad del grupo de inmigrantes cayó de 52 % hasta llegar a 45 %, pero en 2017 se revirtió y llegó al 48 %; es decir, creció en 3 puntos porcentuales. Para el autor, "este comportamiento refuerza la relación entre la reciente migración en el Perú y el aumento de la informalidad" (^{Valdiglesias, 2018}, p. 90). Por su parte, ^{Nolazco, Cerrón y Reggiardo (2020}) señalan que "el problema central al margen de la inmigración es la informalidad laboral, que ya era una problemática con los nacionales [y] se ha vuelto preocupante con la masiva llegada de jóvenes extranjeros" (p. 14).

^{Rojas y Monterroso (2019}), que estudian a 727 inmigrantes venezolanos en el Perú con el objetivo de conocer su perfil profesional, concluyen lo siguiente:

La diáspora venezolana, que puede ser considerada como cualificada, no está siendo efectivamente aprovechada por el mercado laboral peruano, por cuanto está desaprovechando individuos de alta calificación en empleos informales y de bajo desempeño a nivel estratégico, lo que se constata en la ausencia de una remuneración indexada al nivel de formación académica de los inmigrantes del estudio, así como también a los niveles de experiencia laboral que los mismos manifestaron tener (^{Rojas y Monterroso, 2019}, p. 144).

En lo que respecta a lo económico, en un estudio se muestra que los venezolanos en el Perú han aportado en más de USD 600 millones (0,3 % del PBI peruano en 2019) en el incremento del PBI en el país, producto de sus actividades económicas, tanto formales como informales (^{Oxfam Internacional, 2018}).

Cabe mencionar que sí se ejecutaron en el gobierno de Kuczynski medidas para que los venezolanos trabajen de manera legal en el Perú. Así, en 2017 se aprobó el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), que posibilitó a los migrantes laborar legalmente en el país (^{Koechlin, Solórzano, Larco y Fernández-Maldonado, 2019}).

Conclusiones

El trabajo informal en el Perú se asocia con pobreza, poca productividad, pocos ingresos económicos y bajos niveles educativos. Una de las principales causas de la informalidad es que no se crean suficientes puestos laborales adecuados y productivos, en comparación con la cantidad de jóvenes que se integran a la PEA.

Al ser un problema estructural, la flexibilización laboral, la reducción de los impuestos y la disminución de los costos y el tiempo en los trámites legales para la formalización solo poseen efectos marginales en la informalidad. Para que el sector formal integre a más trabajadores es necesario estimular la demanda, por lo que el gasto público termina siendo vital en esta función. Una reforma tributaria para aumentar la recaudación fiscal es indispensable para este fin.

La informalidad es propia de los países subdesarrollados, que se caracterizan por ser economías poco industrializadas y con ingresos medios y bajos. A pesar de que un aumento del PBI se relaciona con la disminución de la informalidad, hay muchos otros factores asociados a esta condición, por lo que solamente el crecimiento económico no podría solucionar el problema. Justamente una de las claves es la diversificación productiva, a fin de aumentar la cantidad de empresas con altos ingresos y que creen puestos laborales bien remunerados, así como implementar políticas para reducir las brechas de heterogeneidad intersectorial a nivel productivo.

Sumado a ello, cabe mencionar que la informalidad en el Perú también creció por la inmigración venezolana. La mayoría de inmigrantes se ubicaron laboralmente en esta condición, a pesar de la aprobación del PTP en 2017, que buscó beneficiarlos al facilitar su introducción legal a nivel laboral, ya que, como se puede observar, esto no terminó funcionando.