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Introducción
En las últimas décadas, la explotación de los bienes comunes en el Perú se ha incrementado exponencialmente, debido a las reformas neoliberales realizadas desde 1992 durante el gobierno de Alberto Fujimori y consolidadas en los posteriores mandatos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala (Maquet, 2013). Esta expansión muchas veces se realizó sin tomar en cuenta la aceptación de la población que habita los territorios concesionados. Por ello, junto con la expansión de las actividades extractivas se han incrementado los conflictos sociales de tipo socioambiental. Ello se evidencia en los reportes de la Defensoría del Pueblo, donde figura que de mayo de 2004 a septiembre de 2005 los conflictos de tipo socioambiental, es decir, "las disputas entre poblaciones y empresas extractivas, por acceso, uso y manejo de recursos naturales y presuntos problemas de contaminación", eran el 8 % del total de conflictos sociales.
En tanto, las ONG en el Perú que trabajan en la defensa de los derechos humanos elaboran, como parte de su estrategia de defensa, campañas de comunicación social donde las y los afectados suelen ser la cara visible del problema.
El presente trabajo propone un acercamiento a los efectos de las campañas de comunicación social en la vida de las mujeres defensoras de cuerpos-territorio en el Perú. En ese sentido, toma como referencia el caso emblemático de Máxima Acuña Atalaya en Cajamarca, en el Perú, y la disputa de su parcela con la empresa minera Yanacocha, que pretende instalar una mina de oro en dicho territorio.
El estudio se desarrolla a través de entrevistas a profundidad y análisis del archivo digital del caso Máxima Acuña. El mapeo de los contenidos de comunicación disponibles sobre el tema identifica, desde las comunicaciones, la forma en que cambia el discurso en el tiempo, al pasar del relato coral al individual.
Este artículo está divido en tres partes. En la primera exploramos las luchas ecoterritoriales sobre la soberanía y defensa del territorio. La segunda parte presenta el concepto de mujer cuerpo-territorio y el caso de Máxima Acuña Atalaya. Finalmente, la última sección analiza el relato individual y el relato coral en los contenidos de comunicación digitales producidos sobre Máxima Acuña, así como la afectación que tiene la comunicación social en su vida personal.
Luchas ecoterritoriales contra la explotación de los bienes comunes
Para fines de esta investigación, hemos preferido llamar a esta clase de conflictos generados por las disputas entre las poblaciones y las empresas extractivas como "luchas ecoterritoriales", ya que no solo se refieren a conflictos por el control de los bienes comunes. Es en estos territorios donde se produce y reproduce la vida, donde se desarrollan las actividades cotidianas de sobrevivencia, se tejen relaciones entre personas y relaciones con el entorno, que incluye a los seres que lo habitan y todas las prácticas culturales que surgen de la historicidad en él (Hoetmer et al., 2013).
Siguiendo a los mismos autores, dentro de esta categoría de conflictos existen dos tipos: los conflictos por convivencia, que se dan en aquellos territorios donde conviven desde hace años con la minería, y los conflictos de alternativa, cuando la población defiende su territorio para que no se instalen las actividades extractivas en él.
En estas luchas ecoterritoriales, participan activamente las comunidades, frentes de defensa, ronderos y ronderas, hombres, mujeres y familias. En los últimos años han generado grandes impactos en la vida de las personas que se involucran activamente. Algunos han llegado a perder la vida como consecuencia del conflicto, luego de haber sido reprimidos en protestas sociales por la Policía Nacional del Perú o a manos de sicarios. Según el reporte de Global Witness, en 2015 el Perú era el cuarto país en el mundo donde "más se mata a defensores medioambientales" (Global Witness, 2016).
En el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, se aprobó en abril de 2019 el "Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en el Perú", y posteriormente el "Registro sobre situaciones de riesgo a personas defensoras de derechos humanos", avances significativos para reconocer y valorar la labor que realizan las personas que defienden los bienes comunes de manera pacífica para salvaguardar sus entornos, la naturaleza y su propia salud e integridad (ver Minjus, 2019).
A pesar de estos avances, aún queda un largo camino para que este cumpla su objetivo principal de "establecer acciones, procedimientos y medidas que generen, a nivel nacional, un ambiente adecuado para que las personas defensoras de derechos humanos desempeñen sus actividades de promoción, protección y defensa de los derechos humanos" (Sierra, 2021).
Tan solo en 2020, seis defensores fueron asesinados y otros hostigados y amenazados en territorios de minería ilegal, extracción de madera y narcotráfico. Ese mismo año, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República rechazó y archivó la propuesta de ratificación del Acuerdo de Escazú, tratado internacional para mejorar la protección de los defensores ambientales y acceso a la información. Existió una gran campaña mediática de desinformación sobre lo que significaba este acuerdo, impulsada sobre todo por el gran empresariado, que tenía el argumento de que afectaría la soberanía nacional. Estas palabras fueron replicadas por los congresistas que votaron en contra del acuerdo, lo cual podría ser materia de un estudio aparte. Cabe recordar que el Acuerdo de Escazú fue firmado por 15 países de América Latina y el Caribe en 2018, pero su entrada en vigencia depende de que se ratifique en 11 de estos Estados, lo cual aún no se ha conseguido.
Soberanía y la defensa del territorio: mujeres defensoras de cuerpos-territorio
Para los pueblos indígenas en el mundo, la soberanía y la defensa del territorio están ligadas al arraigo de la tierra. Entre 1960 y 1970 grupos indígenas a nivel mundial emergieron en un escenario de descolonización y agitación social. La defensa o recuperación territorial, según Marisol de la Cadena, no trata únicamente de una problemática económica, sino que está "relacionada con el sueño de la revitalización, la tierra de origen y la dignidad restaurada" (2010, p. 24).
Del mismo modo las luchas por los territorios muchas veces están impulsados por intereses que no son tan utópicos y tienen que ver con los beneficios de las empresas. Usualmente, el dinero se inmiscuye entre grupos nativos, al enfrentarlos unos con otros (De la Cadena, 2010). Estos casos de disputa se ven a nivel mundial; por ejemplo, entre los navajo y los hopi en el territorio de Arizona: ambos pueblos reclaman la presencia de la compañía Peabody Coal Company (De la Cadena, 2010).
Según la socióloga Maristela Svampa, "la reflexión sobre el territorio-cuerpo y el cuerpo como territorio proviene de las mujeres indígenas de América Central", específicamente de la feminista indígena comunitaria maya Xinka Lorena Cabnal, de la Red Ancestral de Sanadoras del Feminismo Comunitario en Guatemala. Svampa afirma que para esta pensadora "la noción del cuerpo-territorio permite conectar distintos tipos de violencia, patriarcal, colonial y extractivista" (Svampa, 2021, p. 17). Para la feminista indígena mexicana Delmy Cruz, Cabnal "aborda el término cuerpo-tierra para ahondar en el daño que se ha hecho a los territorios desde la invasión colonial que ha pasado de la expropiación de sus tierras, territorios, recursos, saberes utilizando como vehículo los cuerpos de las mujeres".
Por tanto, el término cuerpo-territorio se utiliza para definir a las mujeres campesinas e indígenas que se encuentran en espacios cooptados por grandes empresas transnacionales dedicadas a la extracción de minerales o hidrocarburos y la construcción de represas, actividades que no son aceptadas por gran parte de las comunidades.
La participación de las mujeres en organizaciones de mujeres o mixtas es crucial, ya que "el vínculo que se establece entre las mujeres y el territorio pasa por entender la tierra como la casa: el espacio vital, trabajo, planes de futuro" (Silva, 2018). Además, por vivir en un sistema patriarcal, son ellas las que se encargan de sostener la vida, el cuidado de la familia y la comunidad, y la alimentación, por lo que cotidianamente necesitan del agua como líquido vital para realizar sus actividades, y, en consecuencia, son las más afectadas cuando se producen daños en la tierra, el aire y el agua. Las mujeres tienen una presencia significativa en las acciones de resistencia frente a las actividades extractivas, ya que organizan plantones, marchas y vigilias, para garantizar la alimentación y el cuidado de sus hijos mientras dichas actividades se desarrollan, además de poner sus cuerpos en estos procesos.
Según Rocío Silva Santisteban (2018), las mujeres involucradas en conflictos ecoterritoriales en el Perú sufren un desgaste debido al proceso traumático que enfrentan: discriminación por género, dificultad en el acceso a la justicia, destrucción de sus ecosistemas imprescindibles para la vida familiar y el desarrollo de la cultura en comunidad, así como el impedimento al acceso de recursos naturales debido al desplazamiento de las poblaciones.
Máxima Acuña percibe el conflicto ecoterritorial desde la defensa de su territorio. La imagen fotográfica de Máxima con el puño en alto luego fue utilizada como símbolo en las protestas entre las inversiones mineras y las familias y comunidades de Cajamarca. Máxima lidera entonces una lucha respaldada en ese momento por gran parte de la comunidad. En 2014 la Sala Penal de Cajamarca declaró inocentes a Máxima Acuña y su familia, y Amnistía Internacional publicó en sus redes sociales la imagen de Máxima con el puño en alto y las felicitaciones por este fallo.
Para los defensores de Máxima, su imagen representa un símbolo de lucha y resistencia. Al mismo tiempo, Máxima representa a las mujeres como líderes en los conflictos ecoterritoriales. Su imagen se vuelve viral y aparece su rostro y el puño, en diferentes campañas de Amnistía Internacional, así como en medios nacionales e internacionales.
En una conversación con Máxima y su hija Ysidora, comentamos cómo su imagen se había vuelto tan popular. Mencionamos categorías como defensora cuerpo-territorio y luchas ecoterritoriales, y le preguntamos si se identifica con alguna de ellas. Después de una larga pausa, respondió que ella camina por el camino verdadero:
Yo me he considerado por intermedio de esta lucha como una mujer humilde campesina, como dicen a veces por dar el buen ejemplo el camino hacia a mis hijos y mis nietos y a las demás personas que quieren ser luchadores, buenas personas honestas. Por ejemplo, una realidad por un camino verdadero. Dar un buen ejemplo a la sociedad. Eso es lo que yo puedo observar y enterrarme. Como dice otras palabras como profesional que entiende ley, en ese tema yo no lo entiendo, no lo puedo entender. Hablo yo como mi cotidiano, lo que conozco como agricultor campesino, analfabeta que soy, los que estudian, los que conocen son de otra manera. [Nos dice que para ella no es fácil entender a los profesionales] (Máxima Acuña, comunicación personal, 2021).
Máxima Acuña Atalaya
Máxima Acuña es una mujer campesina que vive en el sector Tragadero Grande, comunidad campesina de Sorochuco, en la provincia de Cajamarca. Desde el 2011 la minera Yanacocha SRL, la compañía de oro más grande de Sudamérica, cuyo accionista mayoritario es la empresa estadounidense Newmont, intenta desalojar a la familia Acuña Chaupe de su parcela de 24,8 hectáreas en Chugurmayo, a 4200 metros sobre el mar, alegando que esta les pertenece y que la familia Acuña Chaupe es invasora tras usurparla ilegalmente. Sin embargo, Máxima Acuña y su esposo Jaime Chaupe comprueban haberla comprado mediante un certificado de posesión del predio que data de 1994.
Ante el primer intento de desalojo violento de la empresa a la familia Chaupe Acuña de su propiedad, esta denunció por usurpación a la empresa. Sin embargo, luego de unos meses, la Fiscalía archivó el caso y, posteriormente, aceptó la denuncia de la empresa hacia la familia por el delito de usurpación agravada. Desde 2011 hasta la actualidad, los Chaupe Acuña han sufrido múltiples afectaciones físicas, psicológicas, económicas y judiciales que realiza la empresa en su contra, con el fin de que se retiren del predio (ver Grufides, 2017).
Este conflicto es de tipo alternativo o de resistencia, es decir, como apuntan Hoetmer et al., "en los cuales las poblaciones defienden su territorio de la entrada de la minería en función de modelos de vida distintos" (2013, p. 267). La familia Chaupe Acuña quiere seguir desarrollando actividades agropecuarias en su tierra, mientras que la empresa minera quiere utilizarla para la extracción de oro, lo cual afectaría los bienes comunes; en este caso, las lagunas de agua dulce ubicadas dentro del predio.
De acuerdo con Isla (2017), quien cita al profesor Wilder Sánchez, de la Universidad Nacional de Cajamarca, "el proyecto Conga es inviable, ya que se encuentra a una altitud que oscila entre los 3700 a 4262 metros sobre el nivel del mar, en las cabeceras de cinco cuencas" (Isla, 2017). De este modo el proyecto minero no solo afectaría a la familia en cuestión, sino también a la agricultura y la ganadería de varias comunidades que dependen de ese sistema hidrogeológico.
La excongresista y ex primera ministra Mirtha Vásquez Chuquilín, abogada de la familia Acuña Chaupe, sostiene que la empresa minera afirma que el proyecto viola constantemente los derechos de dicha familia.
Le han quitado la posibilidad y el derecho al libre tránsito, han afectado su derecho a la tranquilidad o han violado ese derecho fundamental de que las personas tengan derecho a la justicia de manera equilibrada porque no se puede medir el poder de una gran empresa con el poder de una familia campesina (Carmino Simona, 2015).
Sin embargo, a pesar de los múltiples intentos de desalojo violento, amenazas, hostigamiento de la minera, con el apoyo de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía Nacional del Perú y los trabajadores de la empresa, la familia resiste en su tierra realizando actividades económicas alternativas a la minería, como la agricultura, la ganadería y la elaboración de tejidos de lana.
Desde el inicio del conflicto, los Acuña Chaupe han defendido su predio y obtenido cada vez más apoyo de ronderos y ronderas de varias provincias de Cajamarca, activistas, diversas ONG (en especial Grufides, que ha defendido el caso en materia legal), académicos, ambientalistas, políticos y medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, así como medios alternativos, en notas periodísticas, crónicas, reportajes de televisión, entrevistas a los actores del conflicto y documentales, donde Máxima Acuña es la protagonista. Cabe recordar que Grufides es una ONG que trabaja por la defensa de los derechos humanos y el medioambiente en Cajamarca.
Sin embargo, también hay medios hegemónicos alineados con los poderes económicos que difunden el discurso de la empresa y refuerzan la idea de que la familia ha invadido el lugar. Incluso existen notas periodísticas que descalifican la imagen que se ha ido construyendo de Acuña como una campesina humilde, y aducen que ella y su esposo son propietarios de ocho hectáreas de terrenos en diferentes comunidades y no tienen la condición socioeconómica que afirman (ver el reportaje del programa local de Cajamarca Punto de vista, en la videografía). Además, sostienen que este caso la beneficia económicamente mediante las ONG que le dan dinero y utilizan su imagen para lucrar con su caso (Lampadia, 2016).
El accionar de Máxima Acuña contra la minera Yanacocha ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. Su primer reconocimiento en el exterior fue el recibido por la Red Latinoamericana de Mujeres (ULAM), que la nombró Defensora del Año en 2014.
En el Perú recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos otorgado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en 2015. El premio que la ayudó a hacer su caso emblemático fue el Goldman, también conocido como el "Nobel Verde", la condecoración más importante en la protección de los derechos medioambientales, otorgado a Acuña en 2016 por sus "esfuerzos sostenidos y significativos para proteger y mejorar el medioambiente natural, a menudo con gran riesgo personal".
Este premio le permitió dar a conocer su caso a nivel internacional y a nivel nacional, al ser reconocida por varios medios hegemónicos que, generalmente, estigmatizan casos de defensa ecoterritorial. Posteriormente, el caso de la familia Acuña Chaupe fue reconocido y visibilizado mediante campañas de comunicación social lideradas por organizaciones como Amnistía Internacional, que enfocaron la atención de su reclamo y la identificaron como defensora de los derechos medioambientales, hostigada, intimidada y desalojada de su casa por entablar una batalla legal contra Yanacocha, una de las mayores minas de oro y cobre más grandes del mundo y, a partir de ello, exigir al Estado peruano que se cumplan las medidas de protección para ella y su familia, otorgadas por la CIDH desde 2014 (Romero, 2018).
De la lucha familiar a la individual. El reto del relato coral
Los contenidos de comunicación digitales producidos sobre Máxima Acuña y su familia son diversos. Van de lo escrito a lo audiovisual, desde los mass media hasta lo independiente, medios hegemónicos y contrahegemónicos, y varían en cantidad según la situación del conflicto desde 2012 hasta la actualidad.
Para la investigación se mapearon contenidos audiovisuales desde 2012 hasta 2019, a través de la herramienta de búsqueda Google, y se clasificaron según el impacto en número de visitas en la plataforma You-Tube. Se tuvieron en cuenta categorías como documental, reportaje de televisión (canales nacionales) y artículos en prensa escrita.
Encontramos que un año después de iniciado el conflicto, en 2012, se visualizaba como un proceso colectivo, ya que los videos producidos hacen referencia a una lucha de los frentes de defensa y ronderas y ronderos en torno a la lucha por preservar las lagunas de Conga (El corazón de Conga y Marcha nacional del agua). En los años posteriores, 2013 y 2014, ya se hace referencia a Máxima Acuña en medios escritos y en reportajes de televisión nacional. Su hija Ysidora Chaupe tuvo también mucha presencia en entrevistas e incluso produjo contenidos audiovisuales. Ysidora usa el canal YouTube para difundir contenido sobre el caso por medios locales como Radio Cajamarca. En 2015 y 2016 se realizó la mayor cantidad de contenidos, ya que la empresa continuamente vulneraba los derechos humanos de la familia. En 2016 se difundió el video de YouTube del momento en que Máxima tuvo un enfrentamiento con la minera Yanacocha y fue golpeada por sus efectivos. El video fue registrado por Ysidora y luego se transmitió en la televisión local por TV Perú Noticias. También en 2016 Máxima Acuña ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos y el premio Goldman. Los materiales de comunicación la nombraban, incluyendo la campaña internacional promovida por Amnistía Internacional: "Máxima no está sola". Esto le permitió posicionar su caso en medios de comunicación nacional, como un caso ejemplar de cientos que viven los defensores y defensoras en Latinoamérica.
La campaña inició una discusión mediática en la capital. Además, contó con una página web y un posicionamiento en redes sociales que resaltaba la imagen de Acuña. La campaña asimismo apelaba a que la ciudadanía no la dejara sola, se mantuviera alerta a lo que la empresa minera podía hacer contra ella y apoyara su caso, difundiendo la información que fuera necesaria. Este proceso consolida su imagen como "defensora del ambiente" que lucha contra una de las empresas mineras más grandes del mundo. A pesar de que Máxima Acuña "no es dirigente, ni activista, ni tiene aspiraciones de ser líder", como afirma en su crónica Joseph Zárate en su documental (2015), se convirtió en un ejemplo de lucha y resistencia para activistas medioambientales a nivel mundial.
En los años posteriores, 2017, 2018 y 2019, los contenidos de comunicación difundidos fueron mínimos. En 2017 se llevó a cabo la campaña nacional "Defensoras no están solas" como parte de un convenio entre diversas ONG, pero esta no tuvo influencia en medios masivos, a pesar de que tenía un enfoque más colectivo "en apoyo a las defensoras del medio ambiente, del agua y de la tierra y que sufren violencia de género y criminalización".
Los medios que se ocupan del caso fueron las ONG Demus y Grufides. En 2018 organizaciones feministas y derechos humanos como Flora Tristán, Demus, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Entre Pueblos crearon la página web "Defensoras No Están Solas", que incluyó contenido audiovisual (videos reportajes, documentales, entre otros), así como comunicados, pronunciamientos y artículos periodísticos: ensayos e investigación, material de difusión y ejemplos de instrumentos formativos desde un enfoque de género (http://defensorasnoestansolas.com).
Cuando revisamos el caso desde los contenidos de comunicación de la familia Acuña Chaupe, se observa un gran cambio en el discurso y en las narrativas que se elaboran a lo largo de los años, ya que la forma en que se muestra va de una lucha colectiva a una individual. Según la organización La Sandía Digital, "empatizamos con las personas cuando sentimos que podemos ponernos en su perspectiva, cuando reconocemos sus emociones, cuando creemos que podría sucedernos algo similar" (2019). Los relatos corales, relato de varias voces, tienen el reto de generar empatía (La Sandía Digital, 2013).
En los primeros años (2012, 2013), los contenidos publicados en medios y en prensa escrita relatan el caso de Máxima desde una lucha comunitaria. Medios de comunicación locales como Radio Campesina Noticias Cajamarca difunden la noticia y apoyan el caso. Después de esto, cuando los ataques de parte de la minera se registran hacia la propiedad de Máxima y su familia, se difunde la noticia en plataformas como YouTube y canales nacional. El relato se torna individual. Máxima Acuña se convierte en la figura principal que simboliza la defensa del territorio. Este territorio es visto para medios hegemónicos como un territorio en disputa que pertenece a la minera, mientras que Máxima es la invasora que se niega al progreso de la comunidad. Al mismo tiempo, los medios contrahegemónicos sostienen que la narrativa se construye desde la defensa de los derechos humanos, el medioambiente y el género. Ambos discursos se tejen a lo largo de los años y cobran mayor o menor importancia en función del estado del caso judicial.
Es importante destacar para un futuro análisis el uso que hace la familia Acuña de las cámaras para registrar evidencias y realizar la posterior denuncia. Estos registros se tornan en armas de defensa y de apoyo al caso por parte de ambientalistas y organizaciones de derechos humanos.
Porque ya en el día no pueden porque hay unas cámaras, que esas cámaras les coge todo lo que entran hacer. Porque ya tenemos evidencias, cuando la empresa entraba hacer los prejuicios a pelar los sembríos. Con esas cámaras hemos tenido video, evidencias. Sin embargo, la fiscalía de la provincia de Celendín no le toman importancia, ellos los archivan y archivan. Así analizamos que la empresa entra en parte noche. Hemos salido, hemos denunciado, hemos pedido a la justicia que venga a denunciar. Nuestras truchas han muerto también por tres noches. Hemos denunciado para que vean a ver el agua y salía a investigar. No encontraron nada. Lo único que han podido analizar es que algo han metido en el agua para que mueran. Eso nos causa daño totalmente, todo eso ha pasado de dos años para acá. Prácticamente silenciosamente nos quita nuestro trabajo, nuestro trabajo para sustentarme, el diario para sobrevivir (Máxima Acuña, comunicación personal, 2020).
Su imagen, como símbolo de lucha, puño en alto, ya es un ícono que se representa en murales de la ciudad de Lima. En el momento de la entrevista aún existía un mural en el distrito de Barranco (figura 3), pero la nueva gestión municipal lo borró. Cuando mostramos esta imagen a Ysidora y Máxima, esta última se mostró sorprendida, ya que no esperaba que, a pesar de la pandemia que vivíamos en ese momento, sus "seguidores" continuaran apoyándola. Máxima considera que "sus seguidores" son parte de su lucha y también los responsables de difundir el caso. En su grupo de seguidores se encuentran ambientalistas, investigadores y estudiantes universitarios.
En primer lugar, quiero decir a todo el Perú, a toda la gente, seguidores, agradecerles, darles el saludo que realmente mi lucha es muy fuerte y voy a seguir luchando, voy a seguir caminando para adelante, y también felicitar a jóvenes universitarios que son mis seguidores, los que son investigadores. Por intermedio de ellos es un apoyo que me da ánimos, un aliento. Creo que con ellos se va a difundir más mi caso, todo el mundo va a conocer más el caso, mi lucha, mis hijos. Nosotros estamos enfrentando comunidades grandes, y seguiremos con ellos. Por intermedio a veces tengo llamadas que investigan el caso, lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando. Recomendarles a ellos que son ambientalistas, de que nosotros vivimos, cuál es nuestro sustento y cómo podemos tener una vida sana, cuidando nuestra tierra, nuestra Madre Tierra, cuidando nuestras aguas, porque Dios dejó a nosotros para poder vivir. Si no fuera por nuestra Madre Tierra, protegiendo la tierra que Dios nos dios, cuidando nuestras aguas, si no fuera por nuestra Madre Tierra, de qué viviríamos. Agradezco a esas personas que toman conciencia, que valoren que consideran nuestra Madre Tierra. Sin eso no podemos tener la vida de ninguna persona. Pensemos en la generación que está viviendo, de nuestros hijos, de nuestras nietas, qué ejemplo les dejaremos. ¿Cómo se quedarán ellos? Por lo menos luchar para ellos sepan de que estamos protegiendo, que estamos luchando, que sepan la historia, cómo cuidamos nuestra Madre Tierra, cómo la protegemos, eso quisiera que lleven en práctica. Los de la empresa no piensan en eso, no piensan en su salud de ellos mismos y la próxima generación que está viniendo (Máxima Acuña, comunicación personal, 2021).
Documental, campañas de comunicación y su impacto en las luchas ecoterritoriales
Siguiendo con el análisis en medios audiovisuales, es indispensable saber cómo funcionan las acciones que se realizan en las campañas de comunicación relacionadas con conflictos ecoterritoriales.
En primer lugar, debemos distinguir entre la comunicación para el cambio social -que tiene como eje principal el desarrollo participativo y las campañas de comunicación social elaboradas con objetivos y plazos determinados-, usualmente provenientes de grandes organizaciones, diferenciadas entre no gubernamentales o empresas privadas, y, en segundo lugar, la comunicación en masa (Gumucio, 2011).
La comunicación para el desarrollo proviene de valorar el conocimiento local respetando las formas tradicionales de organización social y se basa en la capacitación en técnicas de comunicación en los agentes de cambio. Es así como herramientas como la radio comunitaria o el video participativo han sido ampliamente utilizadas en todo el mundo como instrumentos para el cambio en la comunicación de masas.
La comunicación alternativa en cambio, conocida también como popular, es horizontal y dialógica, consiste en la conquista de la palabra, el mecanismo del cambio social (Gumucio, 2011), y nace de las luchas sociales. Es decir, trata de conquistar espacios de comunicación en sociedades donde existe represión. Las radios mineras de Bolivia son un ejemplo (Gumucio-Dagron y Cajías, 1989). Además, existen cinco condiciones presentes en los procesos de comunicación para el cambio social: participación comunitaria y apropiación, lengua y pertinencia cultural, generación de contenidos locales, uso de tecnología apropiada, convergencias y redes (Gumucio, 2011).
Por otro lado, la comunicación de masas o mass media se caracteriza por tener un emisor único y receptor o audiencia masiva. Las campañas de comunicación social podrían alojarse dentro de esta clase de comunicación, que tiene como característica principal el alcance hacia un público objetivo, es decir, la difusión masiva de la campaña. Las campañas de comunicación social se podrían diferenciar en tres categorías: campañas emitidas por una entidad pública, una entidad privada y una ONG (Banacloche et al., 2000). Un punto importante sobre las campañas no gubernamentales es que representan a diferentes personajes y, a su vez, asumen diferentes roles.
La figura del héroe suele utilizarse de forma explícita y enfatizar la imagen de personas "como nosotros", es decir, una figura referente a un problema que nos afecta como comunidad (Banacloche et al., 2000). Se apela a la emotividad. La figura de un niño, de una mujer que vive en extrema pobreza, por ejemplo, suelen usarse en los anuncios que apelan a la empatía, campañas donde la víctima aparece de forma clara (Banacloche et al., 2000). El villano suele ser el problema. Si lo contextualizamos entre las mujeres defensoras de cuerpos-territorio, el villano es la empresa minera. En ese sentido, el objetivo de estas campañas es despertar un sentimiento de solidaridad. Según Manuel Blázquez (2000), estas campañas despiertan nuestro sentido de humanidad.
Por otro lado, si hablamos de campañas de comunicación contra hegemónicas construidas con fines políticos, normalmente desde partidos de izquierda (electorales, campañas municipales), estas no responden a mensajes y estrategias de comunicación establecidas desde los medios de comunicación en masa y, por lo tanto, fracasan. Según Anat Shenker-Osorio (2020), especialista en campañas de comunicación a nivel internacional en derechos humanos y docente en la Universidad de California, Berkeley, las campañas de comunicación social construidas desde intereses políticos deben tener una meta clara. Por ejemplo, durante la campaña de comunicación que lideró para un partido de izquierda en Australia, Shenker-Osorio y su equipo de comunicación apelaron a la empatía. Recordemos que Shenker-Osorio lidera campañas políticas internacionales sobre derechos humanos. En Australia, gracias a sus campañas de comunicación, el partido político de izquierda lideró las elecciones.
Según la especialista, las campañas de comunicación social deben tener como meta o principal objetivo "cambiar la situación de la gente a través de la transformación de la opinión política, pero dentro de un conocimiento de quiénes son los que pueden tomar decisiones, cuáles decisiones pueden tomar, cuáles son las cosas que tienen influencia sobre ellos" (2020, entrevista propia). Shenker sostiene que no se trata únicamente de informar a la población acerca del problema, sino de cambiar la situación a través del emisor. "A veces una campaña de comunicación puede tratar de cambiar a una sola persona; si esa persona es la que tiene el poder de tomar la decisión, esta decisión puede constituir realmente un cambio" (Shenker, 2020, entrevista propia).
La empatía en el mensaje (es decir, hablar de un nosotros y no de un ellos) ha funcionado en campañas de comunicación sobre derechos humanos. Según Shenker, muchas campañas de comunicación social victimizan a la persona afectada, haciéndola sentir lo que el otro siente. Sin embargo, para que una campaña de comunicación social funcione, "se tiene que buscar lo común entre la persona vulnerada y a quién se quiere llegar con el mensaje para iniciar un proceso de empatía que lleve a la acción de cambio" (Shenker, 2020, entrevista propia).
Además de las campañas de comunicación (gráficas o publicitarias), el uso del documental social en los últimos años ha tenido un impacto en las luchas ecoterritoriales y en la defensa de los derechos humanos. Un claro ejemplo de cómo este género audiovisual ha impactado en el espectador ha sido la película Hija de la laguna, dirigida por Ernesto Cabellos (2015), que expone el caso de Máxima Acuña a través de un personaje, Nélida. El documental fue visto por más de cinco millones de personas y fue uno de los virales más importantes en Sudamérica (Ruiz, 2019). Actualmente se encuentra en plataformas virtuales internacionales, como Netflix. Hija de la laguna se pudo realizar gracias a un premio del Ministerio de Cultura (2013) y sus productores idearon toda una estrategia de difusión para alcanzar el nivel de impacto que buscaban. El tráiler fue lanzado vía Facebook y superó en vistas a la comedia Asu mare (3,1 millones de vistas): se compartió en redes 180 453 veces, tuvo 25 000 comentarios y obtuvo 225 000 likes. En las salas de cine se propuso, además de la proyección, un conversatorio con el director y la productora. También podían encontrarse gratis en YouTube diferentes capítulos que invitaban a crear una historia.
La producción tuvo un impacto importante en la visibilidad del caso. Narra la defensa de las lagunas y la presencia de Nélida, campesina de la comunidad de Tragadero Grande, que busca evidenciar y denunciar el abuso de la empresa minera Yanachocha en contra de Máxima Acuña y su comunidad. Según los comentarios que recogimos de la familia Chau-pe, la repercusión del documental en la vida de la familia no fue del todo positiva, ya que incluso propició disputas entre la familia y la comunidad, que reclamó a la familia el dinero ganado por la película. En varias secuencias del documental aparece Máxima y se narra la disputa, pero ella no es la protagonista ni tampoco lo son las lagunas. La protagonista es Nélida. Incluso Máxima menciona que Nélida es de Porcón y no de Tragadero Grande.
Jamás nos avisaron que iban a filmar esa película. Llegaron a visitarnos. Con la protagonista vinieron a mirar la laguna. Ahí es donde salgo en la película, pero no sabíamos que estaban filmando, no hubo pedido de permiso. Vinieron con un CD pero no sabíamos que había sido producido. Luego la gente decía que mi hija fue donde los productores para que nos dieran plata, pero no, eso es mentira. La chica protagonista, Nélida, es de Porcón, sí la conozco, pero no hay una relación con ella (Máxima Acuña, entrevista personal, 2021).
Por otro lado, Máxima percibe una acción positiva en los medios contrahegemónicos que defienden el caso:
A mí, como dicen, por un lado, tiene una ventaja y por otra desventaja, porque sí hay que gente que toma conciencia [de lo] que va a pasar, qué está pasando, qué va a pasar para después. Y la gente que trabaja para la empresa nos daña a nosotros, nuestra imagen, nuestra persona, nuestro honor, ellos hablan, ellos critican, nos amenazan (Máxima Acuña, comunicación personal, 2021).
Narrativas desde los actores hegemónicos de la comunicación y su impacto en las defensoras
Como se sostiene líneas arriba, existen dos narrativas en las comunicaciones construidas desde actores hegemónicos y contrahegemónicos. Se denomina "actores hegemónicos" a aquellos que "dominan el discurso dentro de las comunidades" (Tejer Voces, 2019). Según un estudio realizado por La Sandía Digital y Witness, los principales actores hegemónicos son:
De acuerdo con el diagnóstico acerca de los actores, narrativas y estrategias de la comunicación para la defensa del territorio realizado por Witness y La Sandía Digital en México, existen quienes ejercen mayor presión en la toma de decisiones en el avance de megaproyectos extractivos. Estos actores, que se muestran en la figura 4, podrían ser similares a los que actúan en nuestro país. Rocío Silva Santisteban, en su estudio "Mujeres y conflictos ecoterritoriales" (2017), llama "discurso autoritario" al que está detrás de estas decisiones, aquel que niega cualquier cuestionamiento y se centra en la urgencia de progreso, idea de un modelo occidental de desarrollo, es decir, niega la idea de equilibrio entre lo social y medioambiental, prioriza el bienestar de los pobladores de las ciudades perjudicando a los rurales y nativos (Silva Santisteban, 2017).
Por otro lado, los discursos contrahegemónicos se producen desde los defensores, medios de comunicación alternativos, artistas y periodistas a favor de las luchas ecoterritoriales. De esta forma encontramos que la hegemonía extractivista que existe en Lima, en los medios de comunicación nacional y en el debate público y político nacional, no tiene la misma fuerza en distintas partes del país. Aunque las empresas utilizan estrategias de control del paisaje mediático en sus zonas de influencia, existen también medios locales que inciden en la discusión pública local (Hoetmer et al., 2013).
En el caso de Máxima Acuña, algunos medios de comunicación local aportaron en visibilizar las situaciones de vulneración de sus derechos, mediante entrevistas o espacios en los que contó sobre alguno de los intentos de desalojo de la empresa minera. Sin embargo, ella afirma que son muy pocos los espacios como estos. En general, las radios y canales de televisión fueron cooptados por la empresa para difundir noticias que perjudicaban su imagen pública.
Máxima Acuña percibe que no tiene el apoyo de su comunidad y que se han creado varios intereses debido al relato de la minera. "Varias personas de la comunidad trabajan en la mina. Los vecinos conversan entre ellos y se van contando cosas de nosotros. Nos han dado la espalda. Dicen que nos oponemos al desarrollo y al progreso" (Máxima Acuña, entrevista personal, 2021). Estas narrativas hegemónicas en las comunidades se tejen con el apoyo de los trabajadores de la mina, de los miembros de la comunidad que están a su favor y de los medios de comunicación locales. En ese sentido, van debilitándose los vínculos comunitarios e inclusive organizacionales, y dejan a las defensoras aún más vulnerables, ya que su red de apoyo se ve cada vez más limitada. Esto afecta hasta sus relaciones personales dentro de los vínculos familiares.
Durante 2020 y debido al covid-19, no logramos contactar con Máxima Acuña. Finalmente, el siguiente año conseguimos reunirnos con ella, Daniel e Ysidora Chaupe. La familia buscaba nuevamente contactarse con los medios para recordar a la población sobre su caso y llamar la atención acerca de la dilatación del fallo judicial. La familia temía que, debido a la ausencia de noticias sobre el caso en los medios de comunicación masiva, este se archivara. Tras varias reuniones telefónicas y entrevistas con su hija, en enlace directo, logramos entrevistar a Máxima en tres ocasiones en octubre de 2021. En nuestro primer encuentro Máxima llegó junto a su hijo, y fue él quien condujo la conversación hacia la preocupación del archivamiento de su caso. Meses antes del inicio de la pandemia, había recibido noticias de parte del juzgado con promesas sobre una pronta respuesta por parte del fiscal.
"Nos sentimos preocupados porque no tenemos respuesta de las autoridades, pero, mayormente, respuestas de las autoridades judiciales de nuestra provincia. Dicen que por la enfermedad [pandemia] no pueden trabajar y se suspendió la conversación con el juzgado" (Acuña, entrevista personal, 2021). Durante las conversaciones, cuando nos referimos al territorio, este término propone diferentes significados para Máxima y sus hijos. Por un lado, es el espacio que habitan y, por otro, es el espacio donde "los recursos de la Madre Tierra provee su día a día". De otro lado, para Máxima, las lagunas que rodean el territorio se han convertido no solo en el medio de sobrevivencia para su familia, ganado y plantas, sino un espacio en disputa.
El territorio también enuncia un significado entre los defensores ambientalistas: para ellos, las lagunas son parte de la naturaleza que la minera pretende destruir y, por lo tanto, se debe defender. Así, vemos cómo la laguna se representa en algunas campañas de comunicación y documentales como un ser viviente, como un personaje a defender. Esta podría ser una interpretación de ambientalistas y comunicadores, que no necesariamente tiene relación con lo que representa para Máxima y su familia, incluso para la comunidad. A pesar de esto, la figura de Acuña como defensora de este espacio-territorio prevalece en la forma de comunicar. Esta construcción desde otros espacios alejados a la realidad de la comunidad puede ser causante de disputa, como señala Marisol de la Cadena; los guardianes de las lagunas en ningún momento han dicho que el agua es un ser, el agua es agua local, quizá naturaleza, pero de ninguna manera traducible a H2O (De la Cadena, 2018).
Con respecto a la lucha o defensa colectiva, en nuestras conversaciones Máxima se refiere a "la gente que llega y analiza", pero luego afirma que "ya es una lucha más colectiva". No obstante, colectiva no significa estar junto con la comunidad, sino junto con defensores ambientalistas, investigadores y todo aquel que apoye la causa y relaciona al agua como "la vida", esa vida que hay que defender. Como se menciona líneas arriba, el relato de lo coral a lo colectivo trastoca la narrativa del discurso.
Nuestra lucha comenzó en familia. Por nuestros terrenos ubicados en las cordilleras de los colchones acuíferos y las lagunas naturales. Cuando la gente llega y analiza, se dan cuenta [de] que el agua sirve a diversas comunidades y distritos: Sorochuco, Celendín, Bambamarca, Cajamarca, entre otros. Esto ya es una lucha más colectiva (Máxima Acuña, entrevista personal, 2021).
Conclusiones
La violencia que se genera hacia las mujeres defensoras del cuerpo-territorio por parte de autoridades como policías, jueces y sociedad civil se refuerza a través de los medios hegemónicos que trazan una línea difusa, en sus narrativas entre los intereses de la empresa y el bienestar de la comunidad. En el caso de Máxima, hemos visto que, a través de los años, es ella la que asume la denuncia y exige acceso a justicia; su cuerpo se convierte entonces en un campo de batalla. Esto lo vemos en movilizaciones; por ejemplo, cuando Máxima hace frente a la represión de la Policía y agentes de la empresa minera.
Para el estudio tomamos el caso de Máxima Acuña, pero lamentablemente la realidad es que existen muchas mujeres en el país que son utilizadas como frente en las movilizaciones y son golpeadas, algunas con mayor fuerza hasta el punto del crimen. Es el caso de la señora Petronila Coa Huanca, asesinada por una bala de un policía el 24 de junio de 2011 en las instalaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac en la ciudad de Juliaca, cuando un policía le gritó a otro: "Mata a la que está con waraqa, mata a esa chola de mierda, dale, dale" (Llopis, 2019).
En relación con las mujeres cuerpo-territorio, cuando se activan los conflictos ecoterritoriales, los mass media emiten en televisión nacional e internacional notas periodísticas, realizan entrevistas a especialistas y escriben en periódicos de alcance nacional, muchas veces desde narrativas hegemónicas a favor del control de los bienes comunes por parte de las empresas. Esto genera la estigmatización de los defensores a nivel nacional, ya que se refieren a ellos en forma despectiva como violentistas y enemigos del progreso. Sin embargo, estos medios no calan de igual manera en las comunidades, donde los medios locales tienen gran alcance y credibilidad. El problema de esta situación es que las empresas mineras también cooptan los medios locales a su favor, lo cual sí genera una des-legitimación de la defensora.
En el debate nacional la narrativa de los medios de comunicación masivos es parecida: hay grandes grupos económicos que defienden el modelo de extracción de los bienes comunes y difunden la versión de que la empresa es dueña del predio. Máxima Acuña y su familia solo son invasores que se oponen al "desarrollo de la región". Notas de prensa escrita abundan con este tipo de discurso. Sin embargo, en el caso de Máxima, hay medios de comunicación que han difundido información favorable a ella y su familia, mediante entrevistas y reportajes que dieron a conocer su caso sin ser estigmatizada. La inclusión de las campañas de comunicación social para la defensa ecoterritorial surge como una herramienta natural de alto impacto que facilita la visibilidad del conflicto. No obstante, las campañas de comunicación social producidas por ONG no son participativas; por lo tanto, no existe un relato coral, no se toma en cuenta una comunicación desde el propio imaginario de las comunidades y organizaciones.
Esto puede tener consecuencias negativas en la vida de las defensoras cuya intimidad queda expuesta y puede ser utilizada para diferentes fines, como ciertas campañas de deslegitimación de su persona por parte de servidores de las empresas. Los casos que se visibilizan desde ONG nacionales o internacionales que no trabajan en el territorio y cuya permanencia es de corto tiempo son los de familias, en este caso mujeres, que quedan desprotegidas y sin redes de apoyo inmediato. Como hemos expuesto, en el caso de Máxima Acuña se ha construido una imagen que la torna una figura de lucha contra la "gran empresa" y, en este caso, no se toma en cuenta visibilizar otros actores.
Finalmente, las campañas de comunicación social, enfocadas en mejorar la situación de las defensoras de cuerpos-territorio, deben contemplar un trabajo participativo y articulado con las organizaciones, con el fin de que los contenidos de comunicación que se difundan respondan a las lógicas y necesidades territoriales. De lo contrario, cuando estas campañas culminan, pueden dejar pasivos en las comunidades, como el debilitamiento de los vínculos comunitarios, generados, en gran parte, por la des-legitimación producida por difamaciones generadas desde las narrativas hegemónicas de las empresas.
