Introducción

La movilización de la sociedad civil en defensa del patrimonio cultural ha sido abordada por múltiples investigadores desde diversas disciplinas (^{González Bracco, 2013}; ^{Molina Neira, 2020}). No obstante, estos suelen ser estudios enfocados en procesos puntuales, que recuperan el interés de determinados actores y no del conjunto mayor; por ende, se construye una mirada un tanto sesgada que no permite abordar las formas que asume esta preocupación en un campo social más amplio. Es por este motivo que en este trabajo no solo se analizan dos casos en los que se llevaron a cabo movilizaciones públicas en defensa del patrimonio urbano, sino que se buscó complementar con el análisis de otras fuentes de información, como entrevistas en profundidad a investigadores y profesionales del patrimonio cultural y un cuestionario a una muestra no probabilística de 390 miembros de la comunidad, con el fin de profundizar y contrastar en las percepciones locales vinculadas con este tema puntual. En este marco, es necesario explicitar qué entendemos por movilización social, para luego comprender cómo esta se configura en cada uno de los casos y en los discursos registrados. En este trabajo utilizaremos dicha idea, en la medida en que nos permita pensar y abordar los procesos socioculturales en los que se inscriben diversas acciones colectivas que tienen la capacidad de renovarse y disputarse. Los movimientos sociales se componen por grupos de personas que se consideran excluidas de algún proceso, generalmente respecto al poder institucional, económico o político, que se unen para lograr una meta en común (^{Almeida, 2020}). Los movimientos sociales elaboran diversas estrategias de acción donde:

los símbolos, las identificaciones compartidas, las representaciones colectivas, las prácticas situadas, las acciones simbólicas, las dramatizaciones y performances, las creencias y valores, la definición de la situación, los marcos de sentido, las gramáticas de movilización y las arenas públicas pasan a ser objetos del estudio de la movilización social (^{Paredes, 2013}, p. 24).

La ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, es un escenario significativo para analizar y comprender cómo el patrimonio cultural local se constituye, o no, en un elemento que promueve la movilización de la comunidad en aquellos casos donde peligra su conservación. Si bien es posible identificar diferentes patrimonios, estudios recientes han demostrado que el patrimonio arquitectónico es aquel que la comunidad reconoce ampliamente dentro del conjunto de elementos patrimoniales (^{Cantar, 2021a}). De hecho, esta categoría patrimonial es una de las más deficientemente gestionadas por el gobierno local (^{Cantar, 2021a}). Se observa en la normativa local una visión materialista del patrimonio (un tanto tradicional y estática) que ha tendido a salvaguardar y reconocer casi exclusivamente al patrimonio arquitectónico de la ciudad. Esto ha quedado evidenciado en la Ordenanza N.° 3934/16, recientemente derogada³, que hasta hace poco se constituyó en la primera y única herramienta legal de alcance integral para la determinación, preservación, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión del Patrimonio Histórico Cultural del Municipio de Olavarría. No obstante, a pesar de su pretendida amplitud en cuanto a las categorías patrimoniales que protegía, solo inscribía de manera explícita 94 bienes inmuebles.

En este contexto, y atendiendo a las particularidades de la ciudad, se relevaron cinco categorías analíticas que nos permitieron comprender, en su relación y diálogo, cómo se constituye el patrimonio urbano de la ciudad; a saber: el patrimonio arquitectónico, el inmaterial, el mueble, el arqueológico y paleontológico y los parques y plazas.

En este sentido, y adhiriendo a la idea de que el patrimonio cultural es una construcción social conformada a través de procesos previos de patrimonialización en la que intervienen diferentes actores con determinados intereses, es que nos proponemos identificar la dimensión pública y conflictiva de dichos procesos para luego analizar qué sucede en la práctica y en qué casos tienen lugar las movilizaciones. Es decir, qué actores intervienen, qué nociones se ponen en juego, cuáles son los discursos que se esgrimen, qué actitud asume el colectivo social, en qué lugares se ponen de manifiesto los reclamos o disputas y qué particularidades revisten dichos espacios.

Los resultados obtenidos permitieron reconstruir y poner en contexto la existencia de movilizaciones y percepciones que no siempre se corresponden con una única forma de actuación, sino que, por el contrario, despliegan un conjunto de significados que nos permiten seguir pensando en la constitución del patrimonio cultural como un bien público, cuya sustentabilidad en el tiempo no estaría de igual forma valorada por la comunidad en su conjunto.

Sobre la cuestión pública del patrimonio cultural

El concepto patrimonio cultural se consolida en el siglo XIX bajo la idea de que los Estados debían proteger determinados bienes exponentes de la historia y la cultura de sus respectivas naciones. Esta idea, que se materializa en la actualidad a través de declaratorias y otros instrumentos institucionales, se justifica en el presupuesto del interés común, es decir, del Estado ordenando el territorio en pos del bien de la mayoría de los habitantes. Actualmente, el patrimonio cultural es entendido como un derecho humano tanto a nivel internacional como en el sistema legal argentino (^{Colombato, 2016}). Dentro de su entendimiento como derecho humano, se lo considera un derecho de incidencia colectiva, es decir, vela por la protección de los derechos de uso y goce comunitario; también son llamados de cooperación y solidaridad porque se fundan en tales valores. Parte de este reconocimiento se basa en el derecho de las comunidades a participar en los procesos de gestión patrimonial (^{Pabón Cadavid, 2018}).

A partir de esta premisa, centrada principalmente en la acción reguladora de los Estados, el concepto de patrimonio cultural se ha ido actualizando. Desde la década de 1980, particularmente en el ámbito latinoamericano, la expansión del concepto patrimonio estuvo vinculada con su relación con las desigualdades de clases y de grupos sociales respecto del proceso de definición y conservación del patrimonio (^{Benedetti, 2004}), lo que condujo a una redefinición de los atributos de legitimidad y a la inclusión de bienes contrahegemónicos (^{Rotman, 2015}). Estos cambios dieron lugar a nuevas perspectivas que reconocían el carácter construido del patrimonio. En este contexto, se afirmaba que «dentro de la cultura propia, es fundamental el conjunto de bienes heredados de generaciones precedentes», que cada sociedad «utiliza para enfrentar sus problemas, realizar sus aspiraciones y sus proyectos, imaginar, gozar y expresarse» (^{Bonfil Batalla, 1993}, p.21). Este conjunto de bienes constituye el patrimonio de un grupo, que se conforma mediante la selección y jerarquización de algunos de ellos «a partir de la importancia que se les asigna en la memoria colectiva y en la integración y continuidad de la cultura presente» (^{Benedetti, 2004}, p. 17). Como bien lo expresó ^{Smith (2011}, p. 41), «una de las cosas que hace el patrimonio es validar y defender ciertas identidades y narrativas, mientras valida también ciertas memorias por encima de otras, a menudo defendiendo dichas memorias como patrimonio cultural de una nación».

Actualmente, existe un consenso al considerarlo como una construcción social (^{Prats, 1997}; ^{Rosas Mantecón, 1998}; ^{Smith, 2011}; ^{Rotman, 2015}), es decir, en las ya clásicas palabras de Prats (¹⁹⁹⁷, p. 20), el patrimonio cultural «no existe en la naturaleza, no es algo dado, ni siquiera un fenómeno social universal, [...] es un artificio ideado por alguien, [...] en algún lugar y momento dado, para unos determinados fines». Retomando nuevamente a Smith en la actualidad se entiende que:

el patrimonio es un proceso cultural que tiene que ver con la negociación de la memoria, la identidad y el sentido del lugar. Es un proceso activo de recordar, olvidar y conmemorar que se implementa para ayudar a navegar y mediar el cambio cultural y social (^{Smith, 2011}, p. 42).

Hoy en día el patrimonio puede ser considerado como las expresiones culturales de un grupo que se consideran significativas de ser conservadas y transmitidas a las generaciones siguientes (^{Rosas Mantecón, 1998}). En este sentido, se ha manifestado que la patrimonialización convierte «la herencia cultural de cada uno, (en) el patrimonio cultural de todos» (^{Unesco, 1994}).

De modo que podría afirmarse que en la actualidad hay un consenso en reconocer el carácter procesual de la patrimonialización y el énfasis en la idea de construcción social (^{Sánchez Carretero, 2012}). Entendiendo por patrimonialización, al «proceso que a través de múltiples mecanismos e incentivado por diversos intereses sociales, políticos, culturales y/o económicos producen y reproducen estructuras de significados que se tornan públicas» (^{Cantar, 2021b}, p. 44).

En esta misma línea, Bustos Cara define a la patrimonialización como un proceso voluntario de incorporación y apropiación «de valores socialmente construidos, contenidos en el espacio-tiempo de una sociedad particular», el cual «forma parte de los procesos de territorialización que están en la base de la relación entre territorio y cultura» (^{Bustos Cara, 2004}, p. 11). En este sentido, nos interesa resaltar esta concepción en la medida en que articula la relación de la patrimonialización como proceso de territorialización de la identidad cultural.

Si se considera al territorio como el análisis del espacio geográfico a través de sus relaciones de poder (^{Haesbaert, 2005}), se puede comprender que el patrimonio, en tanto producción sociocultural, es un ámbito de enfrentamientos, negociaciones, así como un recurso para reproducir identidades y diferencias sociales. Esto implica «reconocer las fracturas y el conflicto tanto en su proceso de definición y en las políticas de conservación. [...] No se trata del homenaje a un pasado inmóvil, sino de la invención a posteriori de la continuidad social» (^{Rosas Mantecón, 1998}, p. 5). Como destaca García Canclini:

el patrimonio cultural expresa la solidaridad que une a quienes comparten un conjunto de bienes y prácticas que los identifica, pero suele ser también un lugar de complicidad social. Las actividades destinadas a definirlo, preservarlo y difundirlo, amparadas en el prestigio histórico y simbólico de los bienes patrimoniales, incurren siempre en cierta simulación al pretender que la sociedad no está dividida en clases, etnias y grupos, o al menos que la grandiosidad o el respecto acumulados por estos bienes trascienden esas prácticas sociales (^{García Canclini, 1999}, p. 17).

El territorio se relaciona con el poder no solo en el sentido de dominación, sino también en el sentido simbólico de apropiación; el territorio es, al mismo tiempo, «funcional y simbólico (y) puede ejercer dominio sobre el espacio tanto para realizar funciones, como para producir significados» (^{Haesbaert, 2005}, p. 2776). Al respecto, ^{Smith (2011}, p. 54) advierte acerca de «la importancia de entender al patrimonio como un recurso político dentro de las luchas de poder». En suma, el patrimonio es el resultado de un ejercicio político de poder en el espacio, o, dicho de otro modo, se constituye en una expresión de las relaciones de poder presentes en el espacio; a su vez, se ha vuelto un recurso para construir ciudadanía, disputar lugares en la ciudad y llevar adelante procesos de reapropiación territorial. No obstante, como se verá a continuación, este no pareciera ser un medio apropiado de manera igualitaria por todos los ciudadanos de la ciudad de Olavarría.

Sobre la cuestión local del patrimonio cultural

La ciudad de Olavarría se encuentra en el centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, y es cabecera del partido homónimo (figura 1). Hacia 2010 contaba con 89 712 habitantes (INDEC, 2010) y concentraba el 80,3 % de la población del partido, cuestión que permitía clasificarla como una ciudad intermedia menor dentro del sistema urbano argentino. En la actualidad, se estima que el partido cuenta con 121 552 habitantes, aunque se está a la espera de los datos oficiales del último censo nacional realizado en 2022⁴.

FIGURA 1. Localización de la ciudad de Olavarría 

El poblamiento humano en la región se inicia aproximadamente hacia el 12000 a. C., con el arribo de bandas de cazadores-recolectores. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI y la incorporación del ganado, se produjeron cambios significativos en la vida y la economía de las poblaciones indígenas. A mediados del siglo XVIII, el centro bonaerense fue escenario de una importante migración mapuche, que se integraron a los serranos que la habitaban anteriormente; ello contribuyó a la formación de fuertes cacicazgos que se sostuvieron hasta el siglo XIX (^{Pedrotta, 2016}).

El siglo XIX estuvo signado por la constitución de la llamada «línea de frontera», que representó la avanzada de militares y colonos «blancos» sobre los territorios ocupados por los grupos indígenas al sur del río Salado; se sucedieron entonces la fundación de fortines y pueblos. En este contexto, el Pueblo de Olavarría fue creado en 1867. Para 1879 en el partido vivían 403 familias (138 argentinas y el resto principalmente ruso-alemanas, europeas y de pueblos originarios) (^{Arenas et al., 1967}).

En las décadas de 1880 y 1890 se construyó en la región el ferrocarril (del Sud) y alrededor de sus estaciones florecieron decenas de pequeñas localidades. En el partido se destacan las colonias pobladas mayoritariamente por ruso-alemanes que se instalaron desde 1877, así como los poblados rurales que respondieron principalmente al furor agroganadero, pero que posteriormente desarrollaron nuevas industrias que le otorgaron a la región un particular perfil industrial. El crecimiento de la industria del cemento y la actividad minera contribuyeron a incrementar la inmigración europea de mano de obra calificada desde fines del siglo XIX hasta la primera mitad del XX. Posteriormente, desde 1950, aumentaron las inmigraciones provenientes de países latinoamericanos, principalmente de Bolivia (^{Mariano, 2013}).

A partir de este contexto histórico se han realizado múltiples estudios sobre los imaginarios urbanos de Olavarría (^{Gravano, 2005}; ^{Gravano et al., 2015}). Estos autores describen la identidad olavarriense como un palimsesto, es decir, como el resultado de un proceso histórico que genera una superposición de imágenes de la ciudad, las que se escalonan en la memoria social de los habitantes conforme a las diferentes etapas vividas. Como resultado de la aplicación de este concepto, se caracterizan a los imaginarios sociales⁵ urbanos de Olavarría que predominaron en las distintas etapas. Durante la etapa inicial, que surge a partir de la segunda mitad del siglo XIX, prevaleció el imaginario de «ciudad de frontera» (^{Gravano, 2005}, p. 28), con los sucesivos intentos de asentamiento sobre el territorio indígena. En la siguiente etapa prevaleció la imagen de «la ciudad de los tribalismos blancos» (^{Gravano, 2005}, p. 28), es decir, del predominio de una sociedad blanca que avanzaba hacia el sur del Río Salado. En este periodo se concretó la fundación del pueblo de Olavarría, pues se redefinieron las fronteras y se excluyó a los pueblos indígenas, primero mediante el conflicto bélico y, posteriormente, con la apropiación de tierras para la producción y el ingreso constante de inmigrantes, principalmente europeos (^{Gravano, 2005}). Aún en la actualidad, desde el discurso oficial, se suele caracterizar a la ciudad como un crisol de razas, visión que ha sido criticada por reafirmar los valores civilizatorios europeos e invisibilizar a la población indígena que continúa viviendo en la zona. La tercera etapa se inició con el surgimiento de la industria minera, hacia 1919, cuando se creó la Compañía Argentina de Cemento Portland. En este contexto, surgió la imagen de la ciudad del cemento, ya que para la década de 1930 Olavarría se había convertido en la primera ciudad del país productora de ese material. A consecuencia de ello, se fue generando una nueva imagen relacionada con la ciudad del trabajo (^{Mariano, 2013}), vinculada a las promesas de desarrollo y progreso. El sostén referencial de esta imagen se rompió con la crisis económica que, desde finales de la década de 1980, generó una reducción drástica de los puestos de empleo (^{Gravano, 2005}). La aplicación de políticas neoliberales durante la década de 1990 y el proceso de extranjerización de las principales industrias mineras del partido generó una ruptura en la configuración de la identidad local y dio lugar a un proceso de reconversión de los imaginarios locales. Por ejemplo, surgieron nuevos, como el de la denominada ciudad tuerca, a partir de la actividad automovilística desplegada por el turismo de carretera (^{Gravano et al., 2015}).

En la actualidad, podría decirse que desde las políticas públicas municipales se promueve una identidad vinculada con la tradición minera del partido. En 2018 se organizó la muestra denominada ADN Raíces Mineras, que invitó a la comunidad local a recorrer lo que para ellos es el origen de los olavarrienses a través de sus actividades productivas orientadas a la explotación de minerales. Con esta actividad se propuso también «poner en valor el patrimonio histórico e industrial»⁶. No obstante, si bien el reconocimiento de la importancia de esta actividad productiva está fuertemente arraigada y reproducida en los discursos e imaginarios locales, la idea de patrimonio cultural aparece mayormente asociada a una idea edilicia vinculada con lo arquitectónico, como se mencionó en la introducción.

El abordaje de la movilización social en defensa del patrimonio del Olavarría

En la ciudad de Olavarría se ha registrado la existencia de organizaciones civiles en defensa del patrimonio cultural, así como de casos emblemáticos de movilización social. No obstante, estas situaciones no se presentan para todas las categorías patrimoniales presentes en la ciudad y anteriormente mencionadas.

Para el patrimonio arquitectónico, existe la agrupación Patrimonio Histórico de Olavarría (PHO). Este grupo conformado por vecinos, motorizado principalmente por personas con conocimientos técnicos, comparte imágenes antiguas de edificios, monumentos y escenarios urbanos de la ciudad a través de la red social Facebook, algunas de las cuales también son contrastadas con la versión actual de esos escenarios urbanos. Fundada en 2016 y con 3970 miembros (noviembre de 2022), la red social se constituye en un espacio de difusión y rememoración de edificios emblemáticos de la ciudad. Este grupo alcanzó su mayor difusión luego del protagonismo que tuvo en uno de los casos que más olavarrienses involucró para la defensa patrimonial. Este caso refiere al edificio del antiguo Banco Edificadora (figura 2), construido en 1922 bajo un estilo neoclásico que albergó a una antigua entidad financiera de capital local fundada en 1910. En 2015 se evidenció por parte de la comunidad el proyecto de demolición para la construcción de cocheras. El reclamo por las modificaciones tomó notoriedad por la difusión en las redes sociales y la manifiesta defensa de la conservación del edificio que realizó PHO. Estas manifestaciones fueron acompañadas por el Grupo Patrimonio Arquitectónico de Olavarría (PAO), un colectivo de arquitectos locales que desde hace tres décadas investiga este patrimonio en el partido y denuncia, desde una postura profesional, su modificación y destrucción. La movilización promovida por ambas organizaciones (Grupo PAO y PHO) derivó en la desestimación del proyecto original, que tornó en la conformación de una serie de locales comerciales y en la conservación parcial de la fachada externa. Si bien el edificio sufrió considerables modificaciones irrecuperables, como la destrucción de su interior, la intervención puso un freno a la acción privada y masificó la discusión por su defensa (^{Cantar, 2021b}).

FIGURA 2. Edificio del antiguo Banco Edificadora de Olavarría en 2018 

El segundo caso se inscribe en 2018 y fue conocido por la comunidad olavarriense cuando el diario local, El Popular, publicó que la cúpula policial presentaría un proyecto al Honorable Consejo Deliberante para la construcción de la Comisaría Tercera de Olavarría. El foco del problema de esta noticia fue el lugar donde se pensaba crear la nueva dependencia: el edificio de la antigua estación de ferrocarril El Provincial, el mismo sitio en el que un intendente anterior a la gestión actual había prometido crear un polo cultural. La estación de El Provincial (Figura 3) se inauguró en 1930 y dejó de prestar su función original en 1968, cuando fue clausurada. Se trata de un edificio que exhibe la típica arquitectura ferroviaria de la época y formaba parte del Ferrocarril del Puerto de La Plata al Meridiano, que partía desde La Plata hacia el suroeste de la provincia de Buenos Aires, pasando por Olavarría (^{Cantar, 2021b}). Desde la clausura del edificio ha sido utilizado para múltiples funciones, y en la actualidad se encuentra desalojado y tapiado.

Ante el proyecto de construcción de la nueva comisaría «muchas organizaciones artísticas, espacios culturales y otras agrupaciones se movilizaron en contra [...] [para manifestar] que Olavarría no precisaba más estaciones policiales sino más “cultura”» (^{Banchio, 2022}, p. 49). Una de las organizaciones que se opuso con mayor fuerza y visibilidad fue la mutual de arte popular Macondo Creativa, cuyo lema en ese entonces fue: «Decile sí a un centro cultural y decile no a una comisaría». Macondo Creativa se fundó en 2006, es una organización que reviste personería jurídica y su sede tuvo lugar hasta 2021 a 300 metros de la vieja estación de trenes. A lo largo de su historia, la mutual realizaba muchas de sus actividades en la explanada del edificio, ya que «su constitución, su producción artística y su desarrollo como una mutual de arte popular en gran parte, giró en torno a reivindicar la historia del ferrocarril El Provincial en la ciudad» (^{Banchio, 2022}, p. 49).

En este caso, se pudo registrar la actuación de grupos con un rol principal, que reclamaban la adjudicación de un bien del patrimonio arquitectónico para darle uso cultural. Resulta interesante señalar, al respecto de este caso, las disputas que se generaron (y se siguen generando) por los diferentes actores y por la posibilidades de sus usos y sentidos.

FIGURA 3. Edificio de la antigua estación El Provincial en 2020 

Asimismo, se ha dado el caso de organizaciones que, sin tener como fin la salvaguardia del patrimonio, se han expresado en defensa de algún bien en particular. Cabe mencionarse como ejemplos los esfuerzos de la Sociedad Española por conservar el Club Español o de la Sociedad Libanesa para restaurar su panteón en el Cementerio Municipal.

Para las otras categorías patrimoniales no se han registrado conflictos que hayan promovido la movilización civil. No obstante, para el patrimonio inmaterial existen múltiples colectivos que, en el mismo proceso de patrimonialización, luchan por mejorar las condiciones de resguardo de sus manifestaciones. Ejemplos de esto son la red de comparsas que participan cada año, no solo del Corso Oficial, sino también de sus corsos autogestionados (como la Murga Arrebatando Lágrimas o la Asociación Mutual de Arte Popular Los Sikuris, que organiza el Carnaval Abajeño), los centros culturales autogestivos (como Arrebatando Lágrimas, La Yumba, el Centro Cultural Chamula, el Centro Cultural Universitario, Macondo Mutual de Arte, Insurgentes Espacio Cultural Independiente, la Mutual de Arte Popular Los Sikuris y Punto de Giro) o el grupo de plateros que se dedican a la orfebrería y participan de su encuentro anual. También las Sociedades de Socorros Mutuos de las diferentes colectividades de inmigrantes se muestran activas y promueven de manera independiente su patrimonio (en Olavarría están la Sociedad Española, la Alianza Francesa de Olavarría, la delegación local de la Asociación Dante Alighieri, la Sociedad Libanesa de Olavarría, la Sociedad Portuguesa, el Centro Vasco Olavarría Gure Etxe Maitea, la Asociación de Residentes Bolivianos de Olavarría [ARBO] y la Sociedad Venezolana de Olavarría). Además, se registran agrupaciones de los pueblos originarios como la Asociación Peñi Mapu (hermanos de la tierra) y la Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke (Cóndor Sagrado).

Hasta el momento, no se han registrado organizaciones civiles que promuevan la investigación, difusión y conservación del patrimonio arqueológico y paleontológico, del patrimonio mueble y de parques y plazas.

Materiales y métodos

Para poder ampliar y contrastar el campo y abordar los sentidos que se construyen en relación con las acciones que promueven la salvaguarda del patrimonio, se recuperan los resultados de un estudio exploratorio sobre las percepciones de la población acerca del patrimonio urbano de la ciudad de Olavarría (^{Cantar, 2021a}), mediante la utilización de la técnica del cuestionario estructurado. Esta técnica permitió recolectar información para construir datos sobre actitudes, creencias y opiniones de los actores implicados (^{Marradi et al., 2010}).

El cuestionario fue aplicado a una muestra no probabilística. Esto se fundamenta en que este estudio se realizó en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (DNU N.° 297/2020) establecido en el marco de la pandemia por el covid-19. Al no poder acceder al territorio de manera presencial para la aplicación cara a cara del cuestionario, se recurrió a un sistema automatizado de recogida de información a través de una plataforma virtual⁷. El uso de estas técnicas en investigación se encuentra en constante aumento desde el auge del internet, y presenta ventajas y desventajas para el análisis territorial (^{Hernán-García et al., 2021}).

En este sentido, y como se manifestó con anterioridad, el universo de análisis corresponde a la ciudad de Olavarría, y la unidad de análisis, a sus habitantes. Para la distribución del cuestionario, en procura de cubrir todo el territorio urbano de Olavarría, se utilizó una estrategia de muestreo mixto, empleando un conjunto de técnicas a partir de la selección intencionada de un subconjunto de la población que cuenta con aquellas características que son objeto de análisis del estudio. En primer término, se adoptó un muestreo subjetivo por decisión razonada, mediante el cual las unidades muestrales fueron elegidas en función de alguna de sus características (^{Corbetta, 2007}). Desde esta perspectiva, se buscó que estuviese representada la diversidad geográfica; por ello, se distribuyó el cuestionario entre individuos cuyos domicilios garantizaran una muestra representativa de la mayor cantidad posible de barrios registrados en el territorio de la ciudad. Con posterioridad, se invitó a los individuos inicialmente incluidos en la muestra a compartir el cuestionario entre vecinos y otras personas conocidas; así, se aplicó la técnica de muestreo en cadena, con la cual «se parte de una pequeña cantidad de individuos que cumplen los requisitos, y que se utilizan como informadores para localizar a otros individuos con características idénticas» (^{Corbetta, 2007}, p. 288), con atención al contexto espacial.

En lo referente al formato del cuestionario, es de diseño autoadministrado (^{Corbetta, 2007}) por las razones ya expuestas, en el cual las personas consultadas respondieron a las preguntas de forma individual utilizando sus propios recursos electrónicos (^{Marradi et al., 2010})⁸. El cuestionario elaborado fue de formato mixto con una variedad de preguntas cerradas, abiertas con opciones, abiertas en versiones cerradas y de orden según el grado de importancia. En total, incluyó un máximo de 32 preguntas, que fueron variables acordes a las respuestas positivas o negativas de las personas consultadas. No obstante, aquí se exponen los resultados concernientes a las experiencias de movilización de las personas en defensa del patrimonio cultural. Este término fue utilizado en el cuestionario en forma explícita. Esto obedeció a la necesidad de indagar en los valores que sustentan la construcción social del patrimonio, sean estos históricos, estéticos, sociales o de otro tipo⁹. A partir de esta opción, se tornó imprescindible proporcionar ejemplos para clarificar el concepto en las subcategorías patrimonio arqueológico y paleontológico, patrimonio mueble y patrimonio inmaterial; para la subcategoría patrimonio arquitectónico no fue necesario realizar la aclaración, atendiendo a los resultados obtenidos en la prueba piloto.

El cuestionario se distribuyó durante octubre de 2020 y lo respondieron 390 personas. La muestra resultó con una composición porcentual mayoritaria de mujeres en relación con los varones. Asimismo, se logró una representación de todos los rangos etarios, con predominio de aquellos que oscilan entre los 50 a 59 años de edad; los mayores de 70 años son los que están menos representados y se estima que esto es debido a la brecha tecnológica que implícita la metodología seleccionada. En lo que respecta al nivel de instrucción, un alto porcentaje de los consultados son egresados de terciarios no universitarios o graduados universitarios. La mayoría de ellos se desarrollan laboralmente en el sector servicios y predominan los nativos de la ciudad (figura 4).

Nota. Elaboración personal sobre base de relevamiento de cuestionario, octubre de 2020.

FIGURA 4. Perfil demográfico de los consultados según género, edad, nivel de instrucción, ocupación y tiempo de residencia en la ciudad. 

En la figura 5 se exhibe la distribución geográfica de las respuestas obtenidas en el cuestionario, las que fueron agregadas a un plano de la ciudad en el que se señala la densidad poblacional¹⁰. Como se puede observar, el muestreo por bola de nieve dio como resultado una dispersión espacial en los distintos sectores y barrios de la ciudad.

Nota. Elaboración personal sobre base de relevamiento de cuestionario, octubre de 2020, sobre OpenStreetMap.

FIGURA 5. Cartograma de las consultas relevadas en octubre de 2020, en relación con la densidad poblacional de la ciudad según INDEC (2010). 

Una vez recibidas las respuestas al cuestionario enviado, se analizaron los datos obtenidos a partir de la elaboración de bases de datos y planillas de cálculo. Las respuestas abiertas fueron homogeneizadas y codificadas con el objetivo de obtener datos comparables que reflejaran la valoración y la percepción de la comunidad sobre los elementos patrimoniales.

Vale destacar que el trabajo de campo se realizó siguiendo los lineamientos éticos propuestos por el Comité Nacional de Ética y Tecnología (CECTE) de Argentina. En este sentido, tanto para las entrevistas en profundidad como para el cuestionario, se contó con la aprobación mediante consentimiento informado de los participantes, a los cuales se les notificó sobre los objetivos y alcances de la investigación. Para las entrevistas los consentimientos se registraron con la firma de los participantes y se brindó la posibilidad de anonimizar los datos para ser empleados en este estudio. El cuestionario, que se completaba de forma anónima, requería del consentimiento de los participantes para su acceso. Asimismo, en concordancia con lo que establecen las leyes de protección infantil vigentes en territorio argentino (Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales), se excluyó del cuestionario a los/las habitantes menores de 18 años.

Resultados

Los resultados parciales del cuestionario realizado a la comunidad se exponen a continuación. Cuando se les consultó sobre si alguna vez se habían manifestado en defensa de algún bien o elemento patrimonial, solo el 20,7 % afirma haberlo hecho. Los que respondieron afirmativamente se expresaron a través de plataformas digitales y redes sociales (58,02 %), la firma de petitorios (55,55 %) o en manifestaciones físicas (45,67 %)¹¹. Cuando fueron consultados sobre qué tipo de patrimonio cultural los había interpelado, el 59,67 % se movilizó por bienes relacionados con el patrimonio arquitectónico, el 9,67 % por parques y plazas, el 9,67% por temas vinculados al patrimonio inmaterial y el 1,61 % por asuntos vinculados al patrimonio arqueológico (ver figura 6).

Fuente: elaboración personal sobre relevamiento del cuestionario, octubre 2020

FIGURA 6. Movilización de sociedad civil en Olavarría en 2020 

Asimismo, se preguntó a las personas que participaron del cuestionario sobre si estarían dispuestos a aportar algo por la conservación del patrimonio cultural. En esta situación, el 90,25 % de los consultados afirmó que estaría dispuesto a aportar algo por su conservación. El 62,05 % respondió que podría aportar tiempo; el 34,35 %, conocimiento; el 23,07 %, uso del espacio; el 19,23 %, materiales; el 13,07 %, dinero; y el 7,18%, otra opción¹² (entre estas últimas, el 3,59 % de las respuestas se orientaron a aportes en torno a la difusión, y el 2,56 % a la colaboración, ver figura 7).

Fuente: elaboración personal sobre relevamiento del cuestionario, octubre 2020

FIGURA 7. Distribución porcentual de las respuestas sobre interés por la preservación en Olavarría en 2020 

Como se puede observar en los resultados del cuestionario, cuatro de cada cinco personas consultadas afirma nunca haberse movilizado en defensa del patrimonio cultural. Estos datos se dan en un contexto donde, como se ha mencionado previamente, en la última década se han dado algunos procesos de movilización social por defensa del patrimonio cultural que tuvieron repercusión en medios de comunicación y redes sociales (^{Cantar, 2021a}; ^2021b). Estos casos nos permiten comprender cómo el involucramiento depende de cada caso y de los grupos que se ven de algún modo perjudicados. Para cada uno de ellos la defensa y la movilización son estrategias válidas que les permiten poner de manifiesto, además, la protesta como un símbolo que refuerza el sentido de pertenencia y, al mismo tiempo, mecanismos para resguardar aquellos lugares/bienes de especial significación. En los casos presentados se recurrió a la organización social y a la búsqueda de la concientización masiva de la problemática, a través de medios de comunicación y redes sociales, hasta lograr, en mayor o en menor medida, la modificación de los proyectos originales. También demandaron el involucramiento de miembros del Concejo Deliberante y del Ejecutivo Municipal, así como la participación de la ciudadanía, no contemplada hasta entonces en las políticas de gobierno ni en los procesos de decisión sobre el espacio urbano. En este sentido, se ha declarado que «la población tomó conciencia» y la presión de la gente ha ayudado a que haya una progresión, aunque con muchas «víctimas» en el camino (especialista en patrimonio arquitectónico 1, entrevista, 20/2/2020) y sin olvidar que todavía «se sigue luchando» (funcionario 1¹³, entrevista 20/2/2020).

En aquellos casos de personas que sí se han manifestado a favor del patrimonio cultural, las formas de expresión han sido variadas, cuestión que remarca la creatividad y la búsqueda de recursos alternativos de los ciudadanos y las organizaciones sociales en hacer llegar su reclamo a las autoridades gubernamentales.

Sin lugar a duda, la categoría patrimonial que más moviliza a la sociedad es el patrimonio arquitectónico. Esto también puede verificarse con la presencia de agrupaciones cuyo principal motivo es la defensa del patrimonio cultural. No obstante, profesionales del patrimonio destacan las contradicciones en torno a cómo proteger este tipo de patrimonio. Al respecto, un arquitecto local recuerda el caso del Banco de la Edificadora y señala que:

a veces hay un criterio (compartido), se piensa solamente en la fachada, como si el edificio fuera solamente la fachada, como pasó con el Banco Edificadora, adentro destruyeron todo y sí, medianamente tiene la fachada... Por eso me parece que respecto a la valorización de la sociedad falta mucho todavía para tener realmente conciencia de lo que significa el patrimonio, o si significa... Por ahí la sociedad dice que no significa nada y está bien que no signifique, pero, bueno, hay que tomar esa decisión. Mientras tanto, está el término medio entre qué haces y no haces, y no termina de ser un compromiso fuerte (especialista en patrimonio arquitectónico 2, entrevista, 20/2/2020).

El patrimonio arquitectónico cuenta con aquello que ^{Gravano (2021}) describe como el peso de la materialidad. Las percepciones sobre un paisaje en particular aprehendido a lo largo de la vida afectan de manera significativa el sentido del lugar, ya que los individuos y las comunidades se sienten parte de un paisaje (^{Nogué 2010}); por ello, la modificación de los elementos materiales del territorio tiene gran repercusión y, en ocasiones, provoca la reacción de los vecinos¹⁴. Esto se debe a que es sobre los elementos materiales donde las comunidades más fácilmente perciben los procesos de cambio, en contraposición con los procesos que experimentan las manifestaciones culturales inmateriales que ostentan un desarrollo más lento o de menor visibilidad.

En el caso de Olavarría, la falta de políticas públicas específicas ha derivado en el deterioro y la pérdida de los bienes patrimonializables, y en la consideración del patrimonio como algo ajeno a la cotidianeidad. La normativa nacional, provincial y local referida al patrimonio cultural muestra una carencia de herramientas orientadas a la protección del patrimonio intangible o de reglamentaciones que garanticen la inclusión y participación de las distintas comunidades involucradas. Asimismo, se ha mencionado que no existen incentivos reales, ni económicos ni educacionales, para que la población cuide el patrimonio. En este sentido, los dirigentes políticos actúan «apagando incendios [...] a veces lo apagan bien, y a veces, llegan para las cenizas» (especialista en patrimonio arquitectónico 3, entrevista, 20/2/2020). Como se ha señalado sobre una buena política cultural:

no es la que asume en forma exclusiva la organización del desarrollo cultural en relación con las necesidades utilitarias de la mayoría -condición indispensable para que sea democrático-, sino que abarca también los movimientos de juego y experimentación, promueve las búsquedas conceptuales y creativas a través de las cuales cada sociedad se renueva (^{García Canclini, 1987}, p. 60).

Esto implica permitir y fomentar la participación de otros actores, tanto para la toma de decisiones como para el aporte de recursos humanos, materiales y simbólicos. La participación social permite no solo resolver conflictos en torno al patrimonio, sino también igualar las asimetrías de poder entre los distintos actores involucrados (^{Molina Neira, 2020}).

Finalmente, se considera que la construcción de estos datos, inscriptos en un contexto puntual como lo es la ciudad de Olavarría, sirven como un incipiente diagnóstico de situación para generar políticas públicas y herramientas que generen un reconocimiento de aquellos bienes que son significativos para la comunidad y que requieren estrategias de salvaguarda para su sustentabilidad en el tiempo. De modo que conocer el interés en la población, difundir los sentidos y el carácter finito de determinados bienes, promover el involucramiento en la gestión, son temas constitutivos de todo proceso patrimonial. Lo que no implica que garantizando esto haya ausencia de conflictos. Su existencia es un indicador tangible de demanda, de necesidad de atención, e interés real por el patrimonio de la ciudad.

Discusión

El caso de la ciudad de Olavarría permite extrapolar ciertas reflexiones generales sobre el patrimonio cultural. Se han registrado agrupaciones vecinales que han logrado a través de la movilización detener o modificar diversos proyectos que ponían el peligro la salvaguardia del patrimonio. Estos procesos responden a una tendencia que se ha registrado a nivel nacional donde la problemática patrimonial adquiere una mayor presencia en la agenda pública y genera, consecuentemente, un salto cualitativo para su problematización (^{Gonzalez Bracco, 2013}).

En este sentido, a pesar de que los datos del cuestionario muestran un interés general contrario, no se debe quitar relevancia a la existencia de movilizaciones, por pocas que estas sean. Para estas organizaciones, el patrimonio se establece como un estandarte de lo público y se constituye en un elemento más de disputa en la arena de lucha por los significados que es la ciudad (^{Gravano, 2021}). De modo que se podría considerar que la disputa por el patrimonio cultural, principalmente el arquitectónico, es también una lucha por el paisaje que refleja a través de sus imágenes no solo determinadas identidades, sino también los modos de entender la ciudad.

Los procesos de patrimonialización son situados, es decir, se dan en la complejidad del territorio y de las relaciones de poder existentes en él, cuestiones que definen y modelan los distintos procesos de apropiación del mismo. De modo que la movilización por el patrimonio cultural es, de alguna manera, un movimiento por y en defensa de lo público de la ciudad (y del control de los significados que esa idea de público construye). Asimismo, estos conflictos en torno al patrimonio cultural tensionan los sentidos construidos como hegemónicos y transforman la manera de habitar los territorios y los patrimonios. En la ciudad de Olavarría la percepción de estos procesos continúa anclada en la materialidad y en una mirada tradicional del patrimonio cultural; no obstante, y pese a ello, dicha mirada se ha convertido en una herramienta política y discursiva para discutir la ciudad y los procesos sociales que la construyen, para debatir y reterritorializar los espacios urbanos, o al menos militar su conservación y salvaguarda a lo largo del tiempo. Como expresa ^{Lacarrieu (2020}), hay acciones y prácticas movidas por otras demandas en las que el patrimonio se convierte en recurso de reflexividad, en puesta en escena de conflictos, memorias, historias, estructuras de poder y desigualdades que se discuten en la contemporaneidad.

En el caso de las políticas públicas, ya sea en lo vinculado a las ordenanzas o a las actividades que se llevan a cabo desde el gobierno local, se promueve una idea de patrimonio que recupera un contexto histórico que se inscribe en un imaginario hegemónico, asociado a una ciudad de trabajo pujante (con la minería) con actores claves como lo fueron los inmigrantes provenientes de Europa (que le dieron su impronta a las fachadas que se quieren preservar arquitectónicamente). No obstante, en la ciudad, como se mencionó, hay registro de otras temporalidades, de otros espacios que se inscriben en otras memorias alternas. Estas son identificadas por investigadores que centran su trabajo académico en temas relativos al patrimonio cultural en todas sus dimensiones. También aparecen expertos en otros ámbitos como los aquí trabajados que desde su formación y profesión se movilizan en defensa de determinados bienes por su valor identitario e histórico. Aún queda una brecha muy amplia en relación con la comunidad en su conjunto (de la cual también forman parte los especialistas). Reconocer esto nos permite inscribir que la idea de patrimonio es apropiada con mayor regularidad por investigadores y profesionales, pero que aún no es una categoría nativa utilizable en la cotidianeidad de una ciudad con otras preocupaciones. En el contexto actual de desigualdad socioeconómica de nuestro país, preocuparse por el patrimonio cultural podría entenderse como un beneficio de clase.

Pero, pese a esto, a nivel local hay una ordenanza específicamente sobre el patrimonio local que se está discutiendo, que se encuentra inserta en un conflicto legal desde sus orígenes hasta hoy; hay edificios antiguos, como el banco, queriendo ser destruidos y actores movilizándose en su defensa; hay disputas por espacios como la estación de tren y los sentidos y contenidos que se deberían poner en valor. Los medios locales también se hacen eco de estas disputas, aunque claramente no marcan la agenda de temas. Existen agrupaciones civiles y en redes sociales que, además, llevan sus reclamos al cuerpo de concejales del municipio. Esta existencia, lejos de leerse en términos deficitarios, se constituye en un indicador con la fuerza tal de permitirnos trazar, de modo exploratorio, nuevas lecturas en torno a las movilizaciones por el patrimonio cultural en una ciudad de tipo intermedia como lo es Olavarría.