Militarización y sus diversas formas de control en la escuela hondureña

Según ^{Foucault y Jesús (1979}), el panóptico es un establecimiento de resguardo para personas privadas de libertad con mayor seguridad, destinado a su reforma moral mediante medios que garantizan un buen comportamiento. En la sociedad, varias instituciones dan vida a la dominación de manera estable y objetiva; algunas comparten características para ejercer el poder. Por lo tanto, se recurre a enfoques más personalizados para el control. En la actualidad, los centros educativos en Honduras, hoy militarizados, presentan una imagen más cercana a la prisión. Estos espacios de luz y reflexión, que deberían cimentarse en la libertad, aún exhiben un control social. Esto se manifiesta a través del automatismo, resalta la vigilancia, disciplina y el miedo.

Las intervenciones en respuesta a la represión de la violencia adoptan diversas formas. Entre ellas, destaca el trabajo de inteligencia y vigilancia, que invade el espacio público y privado de las personas. Abusos, arrestos ilegales y, en ocasiones, asesinatos ocurren ante las mínimas sospechas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (²⁰¹⁷), en los últimos años, ha crecido la preocupación por la existencia de escuadrones de exterminio de la niñez, al parecer motivados por objetivos de limpieza social. Sin embargo, ¿cuál es el resultado si el temor impera en este entorno? Se paraliza cualquier instancia de emancipación en los individuos, ya que el puro sentimiento de riesgo es una clave de dominación y quienes imponen esta sensación se convierten en autoridad legítima. Un entorno bajo estos condicionantes es una marca psicológica de imponer, de manera forzada, posiciones y principios de un nuevo orden en los escenarios sociales; las emociones están fuertemente ligadas a un contexto (^{Fernández-Castillo y Vílchez-Lara, 2015}).

De aquí podría derivar la persecución a líderes de movimientos estudiantiles. Entre los más notables se encuentran los asesinatos de tres estudiantes asesinados. La víctima más joven fue una niña de 13 que mostraba signos evidentes de tortura antes de su muerte (La Prensa, 2015). Al igual, otros dos líderes estudiantiles fueron asesinados después de secuestrados por individuos vestidos como policías. Estos estudiantes fueron capturados en sus hogares y luego encontrados muertos (^{Padilla, 2018}). Todos habían participado en protestas contra el Estado debido a la falta de materiales didácticos y escolares. También cuestionaban por qué se habían enviado militares y policías a los centros educativos en lugar de mejorar la infraestructura escolar. Este suceso tan trágico contra la niñez todavía continúa impune. Las autoridades manifestaron que habían sido asesinados por ser simpatizantes de pandillas.

Un factor adicional es la administración del miedo. Desde las instancias de poder, se establece un sistema de control que se extiende desde las estructuras de dominación institucional hasta los aspectos microsociales y cotidianos de la vida humana (^{Paz, 2013}). Al presenciar estos crímenes contra estudiantes que buscan generar ideas de cambio, la aspiración colectiva de acceder a una educación de calidad se ve restringida por temor a la amenaza. Así lo comparten ^{Vommaro y Briceño-Cerrato (2018}), ya que se realizan acciones de persecución, represión y hostigamiento hasta criminalizarlos, y frena a que otros miembros se incorporen a estas luchas.

De manera paralela, resulta oportuno señalar que la extensión de un sistema educativo militarizado ha resultado en la expulsión del estudiantado considerado como problemático o que no se ajusta a sus normas. De acuerdo con la organización Casa Alianza (2016)², la militarización en el país parece tener la intención de vigilar y controlar a los estudiantes. Su presencia no se enfoca en protegerlos de la delincuencia que amenaza las escuelas, sino en inspeccionar y revisar mochilas, con el pretexto de reducir el trasiego de drogas. Como resultado, aquellos vinculados a estos grupos se les expulsa.

Nota. Imagen tomada de diario ^{El Heraldo (2016)}.

FIGURA 1. Inspecciones llevadas a cabo por miembros de la Policía Militar a lo interno de los centros educativos. 

Esto indica la existencia de una estrategia reactiva para controlar las supuestas acciones violentas del estudiantado. Esta estrategia implica la imposición de normas militares que promueven una convivencia social de acuerdo con sus principios, en menoscabo de la asociación estudiantil y la libertad.

Además, en las escuelas hondureñas se ha promovido la idea de moldear el comportamiento del estudiantado a través del miedo. Al respecto, un estudio desarrollado por la organización Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras³ (citado en ^{Moncada, 2016}) indica que el 53 % de las personas en las escuelas manifiestan tener miedo a los agentes represivos, lo que resulta en que la población estudiantil sea más temerosa a la autoridad. Elevar esta intensa emoción se convierte en un sistema de alerta frente al peligro, ya sea real o imaginario, e introduce restricciones hacia la paralización, inhibición, huida y sometimiento, que obstaculizan la ejecución de acciones emancipadoras (^{Pascual y Conejero, 2019}).

En otro sentido, cobra importancia la actuación de disciplinar al estudiantado a través de prácticas aplicadas por penalidad. En los ambientes escolares, se proporciona el castigo como un poder ejercido de manera pequeña, concreta, precisa y estratégica a lo largo de los espacios y las relaciones, con el fin de enderezar las conductas de los estudiantes. La organización Kids in Need of Defense (²⁰¹⁹) expone que, en lugar de modificar conductas, las fuerzas policiales y militares someten a estudiantes a falsas acusaciones de involucramiento en pandillas y, como castigo, los llevan al territorio de la pandilla rival, para ponerlos en riesgo de ser encontrados.

Desde otra perspectiva, en la entrada de cada centro educativo militarizado hay un soldado para observar lo que sucede externa e internamente, que se convierte en un supervisor constante y vigilante. De acuerdo con la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (²⁰¹⁹), en lugar de fortalecer la idea y cultura de la paz, se establece un monitoreo para el seguimiento de normas establecidas. En efecto, al sentirse supervisado, el estudiantado experimenta una sensación de control; como resultado, se limita la perspectiva de potenciar el pensamiento crítico y de otras capacidades.

Otra consideración es que en las aulas de clase se respalda la prohibición de temas que no concuerdan con las ideas del statu quo. En la mayoría de las escuelas hondureñas, la niñez se siente atemorizada, ya que las instituciones militares perpetúan sus imágenes y narrativas, e incumplen con las disposiciones legales en materia de derechos humanos (^{Save the Children, 2019}). La obediencia moviliza el reconocimiento de un mandato, se legitima en las relaciones sociales de las personas, y se extiende en un espacio perfectamente gobernado, por lo que se atenta con la pluralidad de ideas que garantiza la carta magna del país (^{Decreto 131, 1982}).

Las órdenes proporcionadas generan un cambio de conducta en respuesta a peticiones. Estas peticiones se hacen de manera explícita o implícita, dado que el militarismo avanza cuando el ejército es parte de la vida cotidiana. Para ello, es importante fomentar las creencias e ideas que reflejan la normalización de la violencia a través de las narrativas y simbolismos, cuando existe una exposición profunda a la autoridad por la fuerza (^{Rangel-Bernal et al., 2011}).

En definitiva, a lo largo de los planteamientos hechos se enfatiza que el sistema educativo asociado a lo militar podría tender al control a través de diferentes instrumentos. Concretamente, el discurso de la seguridad, las agresiones, las persecuciones, la provocación del miedo, la imposición de normas y la disciplina a partir de la penalidad, entre otras, son prácticas llevadas a cabo por los órganos de represión y están presentes en los centros escolares.

Estos abordajes se orientan hacia el control y buscan modificar conductas con el propósito de crear personas sin capacidad reflexiva. Siendo las cosas así, se respalda el castigo y la vigilancia como medidas de disciplina amparadas en el control. Esto podría explicar las razones de la domesticación y el vasallaje, donde claramente se observa que en la escuela se está formando para la obediencia; aparentemente, se instala una perspectiva social por medio del recurso de la fuerza.

La violencia simbólica instaurada desde la estrategia militar en la educación

Para comenzar, es interesante analizar el discurso del filósofo Miguel de Unamuno de 1936 (citado en ^{Cuesta, 2021}), que fijaba que «vencer no es convencer». En ese entonces, sus palabras eran dirigidas al gobierno militar instituido en España. La fuerza de su expresión equivaldría a una postura que sostiene que, si bien la militarización ha llegado a todos los segmentos sociales, todavía tiene dificultad en convencer e implantar su mirada en la colectividad. En tal sentido, la forma de dominación requiere de otros modos, como criterios de obediencia, que hacen posible el consenso lógico y moral, además de instalar en la mente de las personas una cultura que arranca el yo en cualquier acción que requiera una toma de decisiones y autonomía personal.

Un punto central en el análisis es «la violencia simbólica, esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas expectativas colectivas, en unas creencias socialmente inculcadas» (Bourdieu, 1999, citado en ^{Fernández, 2005}, p. 173). A fin de implantar esta relación de poder, se han adoptado nuevas estrategias para profundizar su desarrollo. El Estado hondureño privilegia el gasto militar con el fin de implementar nuevas medidas, como se refleja en la figura 2.

Nota. Elaborado con datos del ^{Banco Mundial (2022)}.

FIGURA 2. Gasto militar (% PIB) de los países centroamericanos de 2010 a 2020. 

En la figura 2 se muestra el año y el porcentaje del PIB destinado a la extensión del gasto en las Fuerzas Armadas en relación con el resto de los países centroamericanos. El creciente aumento del presupuesto ha originado cambios en la educación bajo el discurso de apoyo a temas vinculados a la moralidad. Por ejemplo, se crea y promueve el denominado programa «Guardianes de la Patria», una colaboración entre el Ejército y las Iglesias, cuyo supuesto fin es afianzar valores éticos, morales y espirituales. El currículo educativo que lo sustenta prioriza aspectos claves de ambos postulados, formado en áreas como Formación Espiritual (11 horas), Arte, Cultura y Deporte (8 horas), Prevención de Violencia (1 hora), Lectura Infantil (1 hora), Salud Mental (1 hora) y Honestidad (1 hora).

En cuanto a lo anterior, es posible profundizar en los principios de ambas perspectivas en la educación. En primer lugar, la ambigüedad del término «formación espiritual» puede ser la raíz de normalización de un lenguaje principalmente marcado por lo religioso, lo que no contrasta con el lineamiento de laicidad en la educación, que asegura el tratamiento crítico de los temas educativos y es defendido por la ley de Honduras. En segundo lugar, en aspectos como la perfección del cuerpo y robustez de valores insertos en el currículo educativo, señalan un diálogo de factores practicados en los batallones, fortaleciendo la base de las Fuerzas Armadas.

El adoctrinamiento por medio de consenso y aceptación por parte de los agentes educativos se lleva a cabo con perspectivas de mensajes sociales y culturales no expresados directamente (^{Gascón et al., 2023}). Todo este acervo se enseña a la niñez de manera sutil, a fin de transmitir la existencia de verdades arraigadas derivadas de sus visiones, lo que hace que se conviertan en partícipes pasivos que absorben ideas con fines ideológico. El enfoque curricular no se ajusta a lo prescrito para la escuela y, como resultado, se realiza la aplicación de la violencia simbólica coercitiva. Por lo tanto, al abordar temas relacionados con lo militar y religioso, se podría establecer una realidad impuesta a la niñez.

Como se ha afirmado, la preocupación del Estado por impulsar la militarización en las instituciones estatales limita el desarrollo del pensamiento libre. Se plantea que esta estrategia en la gestión del conflicto se ha constituido en un obstáculo al principio de aprender, enseñar, investigar y divulgar el pensamiento libremente en la escuela. ^{Casanova (2012}) refleja esto en el concepto «orden cerrado», ya que a todas las personas en formación militar se les inculca hábitos como la disciplina, el orden, el respeto, la subordinación y la obediencia.

Por otro lado, ^{Meza et al. (2010}) sostienen que, después del golpe de Estado, hubo una penetración masiva de sectas religiosas en Honduras, las cuales han restringido la capacidad de cuestionar otras afirmaciones sobre la vida. La combinación de lo religioso y militar sujeta a los individuos por medio de la ideología y la fuerza para defensa de la conservación de poder. En el contexto escolar, esto se aprovecha para la enseñanza adoctrinada (^{Walter y Argueta, 2020}). Las normas rígidas y jerárquicas impuestas no permiten expandir el pensamiento más allá de los límites autorizados, lo que muestra una creciente violación de los derechos de la niñez y valores que enaltecen la diversidad.

Desde la opinión del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (²⁰²⁰), paradójicamente en Honduras la presencia de militares y policías es solicitada y bien vista por autoridades educativas, el profesorado y algunos progenitores, lo que demuestra que la colectividad ha internalizado la represión como solución a la violencia. Aunque se ha destacado que la estrategia de militarización, por su naturaleza represiva, viola los derechos, su supuesto se centra en la figura de reducción de la violencia, aspecto aceptado por los mismos agentes educativos en relación con la hipótesis de resguardo a los centros escolares. En medio de este flagelo, las personas aceptan la violencia de los aparatos represivos a costa de reducir sus libertades (^{Casa Alianza, 2016}).

Esto también plantea la pregunta sobre si el Estado ha permitido y fomentado deliberadamente el aumento de los niveles de violencia para propagar la estrategia de la militarización en todos los aspectos de la sociedad y hacerlos formar parte en la toma de decisiones. En uno de sus pronunciamientos, la organización ^{Casa Alianza (2014)} observa con mucha preocupación que los niveles de violencia van en aumento y, como respuesta, ciñe su análisis a que la militarización es una campaña publicitaria gubernamental. Su sistematización ha sido una respuesta a los acontecimientos en los últimos 12 años. Se apela al derrocamiento o a un golpe de Estado: ¡militarización!, Se reprime la manifestación popular: ¡militarización! Inseguridad ciudadana: ¡militarización! Todo hace indicar que fuese una especie de plan configurado por el gobierno para instaurar un orden acorde a sus fines y políticas.

La violencia simbólica es difícil de codificar y sus características incluyen una diseminación masiva, arraigo en la sociedad con dificultad para nombrarla (^{Segato, 2003}). Por lo tanto, el dominio de la cultura en la sociabilidad se transforma en una capa de verdades normalizadas que facilitan una forma de pensar, actuar y comunicarse. Esto no ha sido logrado mediante sables ni escaramuzas levantados por militares en alzamientos, «sino esta vez por invitación de los gobernantes democráticamente electos» (^{Verdes-Montenegro, 2019}, p. 8). La colectividad se convierte en su propia víctima en un teatro muy bien orquestado con mecanismos diseñados por los gobernantes, quienes, en defensa de intereses alejados de lo social, erigen un muro para mantener el estado actual de la vida social y, si es posible, profundizar ese control.

De manera similar, es necesario revelar las consecuencias que la figura de un soldado induce en los centros educativos. Con sus uniformes: botas, cascos y fusiles. La percepción que tiene la niñez de ese cuerpo cargado con estos objetos es el fondo de un discurso político-social. La niñez escolarizada está vinculada al contexto escolar «como un producto de actuar biológicamente plausible, lo que supone en su estructura un fuerte componente que la vincula con la interacción con el cuerpo y con el mundo» (^{Ortúzar, 2005}, p. 90). Se crean representaciones en la cognición materializadas a través del lenguaje verbal, lo icónico y el cuerpo, cuya secuela es la inquietud y zozobra, inducidas solo con apreciar su imagen en las instalaciones educativas. Su silueta es vista en la mente como un sospechoso de naturaleza política para la observación, el control de la ciudadanía y la reducción de libertades.

En resumen, la militarización no necesariamente implica una estrategia que utilice la fuerza para imponerse en la sociedad como una verdad irrefutable. En cambio, puede presentarse como un mecanismo de dominación sutil e invisible, a raíz que las personas se vuelven inconscientes de tales prácticas. Una evidencia clara de estas acciones se encuentra en la educación, que emplea estrategias construidas socialmente para controlar las ideas, los valores y las actitudes de una cultura con fines ideológicos. Se utilizan diversos componentes como instrumentos, instituciones y simbolismos, que penetran en la estructura mental y que ponen en marcha el proceso de mutilación del yo, hasta lograr que la niñez quede atada y sea incapaz de generar un pensamiento propio.

El militarismo una contradicción con el marco de la educación para la paz

Según ^{Esquivel-Marín y García-Barrera (2017}), la educación para la paz busca el desarrollo de la personalidad con el propósito de aprender a vivir con uno mismo y con las demás personas bajo la no violencia. Esto implica crear cimientos de justicia, confianza, seguridad, igualdad, solidaridad, libertad, armonía y paz.

Históricamente, las sociedades han recurrido a la violencia como solución a los conflictos. Los enfrentamientos armados tanto internos como externos se han utilizado para imponer intereses económicos y políticos. La educación para la paz no se limita al ámbito escolar, sino que tiene como función construir una cultura de justicia social y derechos humanos en todos los niveles sociales (formadores, jóvenes, grupos de personas, etc.). Su objetivo es proporcionar herramientas que fomenten el multiculturalismo, la justicia social y el conocimiento a la diversidad, cuestionando la uniformidad, el racismo y la xenofobia (^{Mayor, 2003}). Sin embargo, surge la pregunta de si el militarismo busca el progreso dentro del marco de la educación para la paz y cómo se relacionan estos paradigmas.

Se argumenta que la educación militar busca actualizarse de acuerdo con los parámetros de la época presente. En la actualidad, dentro de la educación militar prima la ciencia, los conocimientos y la tecnología como pilares de la sociedad global. Según ^{Griffiths (2010}), en el campo educativo se busca entregar un profesional con un alto nivel de excelencia académica, con afinidad en los propios valores de la profesión militar que desempeñe el papel que la misma sociedad ha definido para la defensa.

Pese a que su nueva propuesta formativa insiste en enmarcarse desde parámetros que estén a la altura de la nueva época global, lo indicado parece desconocer los grandes legados como pilares educativos contemporáneos relacionados con aprender a conocer, hacer, convivir y ser, que cualquier sistema de enseñanza estructurado debe contemplar, para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI y de esta manera lograr la transformación de las actitudes sociales, acordes a los nuevos objetivos de la humanidad.

El no abandonar los principios que vayan en contra del concepto fundamental del deber ser militar; educar no solo radica en la adquisición de nuevos conocimientos, sino en la comprensión del mundo que nos rodea por medio de la comunicación digna. Aprender a vivir con los demás es desarrollar acciones para la participación de todas las personas sin prejuicios, enseñar sobre la coincidencia, las semejanzas, la interdependencia, así como las diferencias humanas. Todos estos elementos engloban una proeza que debe recibir especial atención, a fin de que el sentido de la resolución de conflictos se instaure en el camino de la no violencia y un futuro social abrigado por la paz.

Por otro lado, la educación militar asegura el rendimiento educativo de quienes participan en ella. Desde el inicio, las personas que ingresan a los espacios de enseñanza y aprendizaje bajo esta lógica suelen enfrentarse al ineludible fracaso escolar, puesto que se rige en la línea de competitividad e idoneidad. El no culminar con lo demandado en sus programas genera expulsión del proceso educativo (^{Ruiz, 2012}).

Según esta visión, en las aulas educativas se opera el principio de la homogeneidad, debido a que se agrupan las personas en sintonía con los parámetros de lo uniforme, que no corresponde a la línea de una educación para la paz. En referencia, la Declaración Mundial de la Unesco sobre la Educación para Todos (¹⁹⁹⁰) indica que los sistemas educativos deben suprimir los obstáculos para una participación activa; además, deben eliminar de manera rigurosa las desigualdades y las discriminaciones acerca de las posibilidades de aprendizaje de aquellas personas o grupos que representen vulnerabilidad.

Denegar la oportunidad a quienes no cumplen con sus estándares es síntoma de renuncia al principio de una política educacional igualitaria. Si bien la lógica educativa militar acepta la incorporación de distintos miembros sin algún condicionamiento cultural y étnico, rechaza la diversidad en el logro. Descartan a quienes se encuentren en una desventaja cognitiva, física o sensorial, lo que contradice el principio de la educación para todos.

Al mismo tiempo, el rol que juega en el contexto educativo, específicamente en los colegios con tendencia militar orientada a educar a la niñez escolarizada en primaria y secundaria, es que se constituyen en un enorme semillero de futuros líderes en el mando de las Fuerzas Armadas. Por ello, es indispensable darles realce en los planteles educativos y articular una estrategia de defensa civil (^{Borrero, 2008}).

En contraste, la anterior afirmación muestra la relación inalienable entre la política y lo militar, de conformidad con un modelo social fundamentado en una cultura y valores impuestos desde las aulas. Los sistemas educativos regidos bajo estos principios, podría decirse, son manifestación de un enfoque restringido de educación para la paz, donde los contenidos de derechos humanos se abordan en áreas que se reducen únicamente a la educación cívica y ética (^{Tuvilla, 2006}).

En particular, en distintos niveles educativos en Honduras no se vislumbran programas integrales en su estructura curricular. La fragmentación en áreas reducidas demuestra que para el sistema educativo hondureño no es de interés el paradigma de la educación para la paz, donde se asuma un cambio de forma estructural abordado como una totalidad. Las diversas problemáticas y complejidades sociales no parecen ser prioritarias en resolverse. Al contrario, el planteamiento curricular, como derivación de la política educativa, tiende a ser una forma simplificada del mundo, pues se aíslan objetos y ambientes que podrían ser fuente nutrida para comprender el conflicto y trabajar sobre este mal.

Cuando un sistema educativo se erige sobre la base del paradigma de la paz, revela su compromiso no solo con el conocimiento, sino también con la justicia que permita el acceso a los derechos humanos sin distinción alguna, así como mantener una armonía de forma holística con nuestros pares y medio social.

En ese sentido, ^{Mayo (2019}) precisa que la formación superior militar dirige sus esfuerzos para elevar la pertinencia y optimización de todo proceso educativo, ligado a factores de un currículo educativo en función de las necesidades de la sociedad civil y militar, en relación con la seguridad y defensa, y en rigor de factores relevantes como la constitución educativa y sus leyes; las condiciones políticas y económicas del país; el respeto y la consideración al conjunto de normas sociales; la globalización y las necesidades específicas como la seguridad, las ciencias, la innovación y la tecnología.

No obstante, la exposición de este argumento demuestra la ausencia de lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (¹⁹⁴⁸) en lo concerniente a la educación, en su artículo 26, acerca del fortalecimiento a las libertades, comprensión y tolerancia que promuevan el mantenimiento de la paz. Una preocupación constante que deben tener los sistemas educativos es la promoción de los derechos centrados en la dignidad humana, que les reconozca como miembros de esta aldea global llamada mundo y se fomente la fraternidad entre todas las personas como punto de partida de la democracia.

En resumen, la jerarquía, obediencia, homogeneidad, centralización del poder y perfección son dispares con un enfoque de derechos humanos. Se destaca que el diálogo, la diversidad y la tolerancia no entran en los aspectos medulares de resolución de conflictos y son menospreciados. La estrategia educativa fundamentada en una cultura militar es paradójica a la paz. Sus valores, conocimientos, ideas, costumbres y formas de actuar no simpatizan con valorar la importancia de los derechos humanos; más bien, excluye a la niñez que no llena sus expectativas o no cumplen con los criterios establecidos en su programa formativo. La conexión entre lo militar y lo educativo plantea un dilema ético, ya que puede poner en riesgo los derechos de la niñez y limitar las oportunidades de desarrollar espacios de aprendizaje democrático y de convivencia armoniosa.