Introducción

Las campañas de esterilización masiva se llevaron a cabo durante la segunda mitad del régimen fujimorista (1996-2000) y tuvieron como objetivo incluir de forma gratuita el método de esterilización quirúrgica dentro de los programas de planificación familiar (^{CLADEM y CRLP, 1998}). El programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (^AQV) acarreó graves denuncias por parte de mujeres y hombres que afirman que fueron esterilizados mediante métodos coercitivos y forzados. En 2002 una investigación del Congreso de la República concluyó que 314 605 mujeres fueron esterilizadas en el marco del mencionado programa (^{Cedano, 2021}).

En el periodo 2020-2023, el Perú atravesó por una crisis política y social de gran magnitud. El deterioro de todos los poderes del Estado se hizo aún más evidente durante la pandemia por el covid-19, ya que, al inicio de la alerta sanitaria, se evidenció la nula inversión por parte del Estado hacia el sector salud, lo que nos dejó un saldo de 250 000 muertes. Además, estamos en un periodo de inestabilidad política; en el transcurso de la última década, seis individuos han ocupado la presidencia del Palacio de Gobierno de Perú: Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022).

Dina Boluarte, quien actualmente se desempeña como presidenta, ocupa el séptimo puesto en la lista. La inestabilidad y la crisis política han acentuado la corrupción y violencia en todos los poderes del Estado y la desconfianza hacia ellos. Esto ha impactado en el poco camino recorrido hacia el reconocimiento y la reparación de las víctimas de las esterilizaciones. Iniciativas como la continuidad del REVIESFO o la propuesta de modificación de la PIR se quedan estancadas. Esta última iniciativa emergió durante el gobierno transitorio de Francisco Sagasti, cuando diversas agrupaciones políticas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género propusieron su modificación al Legislativo. Hasta ese momento, la PIR incluía a las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno. Esta propuesta generó la activación de movimientos sociales en redes que apoyaban la propuesta. Por otro lado, reforzó el discurso de agrupaciones políticas fujimoristas, referidas a que las esterilizaciones no fueron forzadas y, por lo tanto, no constituyen crímenes de lesa humanidad.

En el presente artículo me interesa preguntar por qué las iniciativas para conseguir la justicia y reparación de las víctimas como REVIESFO y PIR no han progresado. ¿Existe un silencio cómplice, desde los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, para no reconocer a las víctimas de esterilizaciones forzadas e impedir así su acceso a la justicia y la reparación?

El artículo se divide en tres secciones. Primero, se ofrece un repaso histórico sobre el programa de esterilización masiva AQV. Se destacan los usos mediáticos de los casos en el periodo 2011-2020 y cómo influyeron en la percepción pública. En segundo lugar, se analiza el papel de los actores políticos durante el periodo de Francisco Sagasti (2020), quienes propusieron reparaciones y modificaciones a la Ley PIR, lo que reintrodujo el caso de las esterilizaciones forzadas en la agenda política. Este análisis se realiza considerando cómo los discursos oficiales y las intervenciones estatales han perpetuado formas de silencio y complicidad respecto a la violencia sufrida por las mujeres esterilizadas, lo que afecta la construcción de una memoria colectiva sobre estos hechos. Finalmente, se explora cómo las demandas de estas mujeres se han trasladado a las redes sociales, en particular a través de movimientos como el ciberfeminismo, y cómo estas plataformas han sido utilizadas para romper el silencio histórico y disputar la memoria colectiva en torno a estos abusos. Este trabajo busca responder preguntas sobre los mecanismos a través de los cuales tanto el Estado como ciertos sectores de la sociedad han contribuido a la invisibilización y fragmentación de la memoria colectiva sobre estos crímenes, y aportar a la discusión acerca de cómo los movimientos sociales han buscado reconstruirla desde la resistencia.

Antecedentes del Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV). Campañas electorales en el Perú y el uso mediático del caso de las esterilizaciones forzadas

Los programas de derechos reproductivos que se desarrollan en Latinoamérica siguen siendo considerados temas delicados de abordar y ejecutar por parte del Estado y la sociedad. Desde el inicio del debate sobre población, la Iglesia católica tomó una posición firme respecto de los programas de planificación familiar y rechazó cualquier uso de métodos anticonceptivos (^{Ruiz, 2019b}, p. 10). En el Perú, los grupos feministas han buscado enfocar los programas de planificación familiar en el bienestar de las mujeres, sin relacionarlos con un rol exclusivamente materno, sino utilizando parte de los conceptos del empoderamiento de género (^{Boesten, 2010}, p. 91).

Alberto Fujimori empleó el enfrentamiento de estas dos posiciones para implementar las campañas de esterilización masiva denominadas Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV). Se apoyó en el discurso feminista que, desde 1980, buscaba desarrollar programas de asesoría para las mujeres de los barrios populares y que trabajó temas como la salud, la violencia contra las mujeres y los derechos reproductivos (^{Lerner, 2009}).

Durante las últimas dos décadas, el fujimorismo ha mantenido una postura de negación y rechazo frente a las más de 2500 mujeres registradas en el REVIESFO, quienes aseguran haber sido sometidas a esterilizaciones sin su consentimiento, mediante métodos coercitivos. Actores políticos como Keiko Fujimori, líder del fujimorismo y del partido Fuerza Popular, han negado reiteradamente las demandas de justicia y reparación presentadas por estas mujeres, en especial durante las campañas electorales en las que Keiko Fujimori se postulaba como candidata presidencial.

En los últimos años, las campañas electorales en el Perú han centrado su atención en las desigualdades estructurales del país. Un ejemplo significativo ocurrió en 2011, cuando el tema de las esterilizaciones forzadas cobró relevancia durante el debate presidencial entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Tras un largo periodo de silencio, este asunto se reinsertó en el debate público, sobre todo en el contexto de las elecciones presidenciales.

Tanto Humala como Fujimori abordaron el tema, lo que impulsó a los medios de comunicación a difundir información sobre el caso. Esto provocó que el asunto ganara nuevamente visibilidad entre los ciudadanos y se recordaran las violaciones cometidas en el pasado.

todo es totalmente falso, todos los métodos fueron difundidos [...] No hubo esa campaña con lesiones graves y muertes y no fue forzada (^{León, 2011}).

Como parte de la investigación doctoral que llevé a cabo en 2012 en Lima, las encuestas revelaron que el 66 % de la población no recordaba el caso de las esterilizaciones forzadas (^{Ruiz, 2019b}, p. 161). Este hallazgo resultó especialmente revelador para el estudio, ya que un porcentaje significativo de la población desconocía el programa de esterilización masiva implementado durante el gobierno de Fujimori. Estos resultados son relevantes, dado que la hipótesis inicial planteaba que la mayoría de los limeños estaban informados sobre el programa. Además, entre el 34 % de quienes sí conocían el caso, muchos indicaron que habían sido informados durante las elecciones de 2011.

Nota. Tomado de ^{Ruiz (2019b}, p. 161).

FIGURA 1. Encuestas de las campañas AQV 

En las campañas electorales se suele observar un uso político de las denuncias relacionadas con las esterilizaciones forzadas. Este enfoque, si bien puede contribuir a dar visibilidad a las injusticias, también resalta la presencia de promesas falsas y la falta de compromiso político para lograr la justicia y reparación de las víctimas. En este contexto, en Huancabamba (Piura), una de las provincias con mayor número de esterilizaciones, se formó en 2012 el primer Comité de Derechos Humanos (CDME), que más adelante se llamaría Asociación de Mujeres Campesinas de la Provincia de Huancabamba (AMBHA). En Lima, ese mismo año, se iniciaron diversas acciones de parte de organizaciones de derechos humanos y colectivos de artistas e investigadores que se unieron a la búsqueda de la justicia y la reparación reclamadas por las mujeres afectadas en las campañas de esterilización. Estas iniciativas dieron lugar a la aparición de nuevos movimientos de grupos y colectivos que brindan apoyo a las mujeres esterilizadas, algunos de los cuales siguen hasta hoy. Estos movimientos, que muchas veces pertenecen a organizaciones feministas o derechos humanos, se organizan en espacios de denuncia, como las redes sociales, para ejercer presión en la búsqueda de justicia.

En 2052, durante el gobierno de Ollanta Humala, se presentó un hito histórico en materia de avances políticos, cuando se creó el REVIESFO, que se establece a través de la ^{Resolución Magisterial 0319-2015-JUS}. El registro se consiguió gracias a la acción y presión de movimientos sociales para que Ollanta Humala cumpliera sus promesas electorales.

Cabe destacar que en la actualidad existe un resumen de las víctimas de esterilizaciones en el portal web del Ministerio de la Mujeres y Poblaciones Vulnerables. Lamentablemente, el registro comprende únicamente el periodo 2017-2018, es decir, solo un año más desde la instalación de dicho registro. Los gobiernos sucesivos no dieron continuidad al registro.

En el periodo 2015-2021, las campañas electorales y, más adelante, las elecciones presidenciales intensificaron el debate hacia las mujeres víctimas de las esterilizaciones. Uno de los motivos principales fue que los adversarios de Keiko Fujimori usaron el tema para atacarla. En 2015, la acción mediática creció con portadas en la prensa local y cobertura en medios internacionales. Esa cobertura mediática llevó a que, a finales de ese año, el grupo de mujeres que conforman el CDME decidiera dar un paso al costado y no exponer ni mediatizar el tema durante los últimos meses de campaña electoral (^{Ruiz, 2019a}).

Las razones que expresó el CDME se centraban en la desconfianza que sentían hacia ciertos grupos políticos y organizaciones de derechos humanos. Al aprobarse por primera vez el REVIESFO en 2015, las mujeres de Huancabamba se preparaban para la segunda visita del fiscal (Marcelita Gutiérrez) a su provincia; por lo tanto, no querían perder el poco terreno ya ganado. La sorpresa fue que, durante la segunda vuelta electoral en 2016, entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, el tema de las esterilizaciones volvió a ser mediático y fue utilizado por ambos candidatos.

Esperanza Huayama, junto con su colectivo CDME, decidió salir nuevamente a la luz pública y firmar un convenio de compromiso con la segunda vicepresidenta de Peruanos Por el Kambio, Mercedes Aráoz. Este compromiso con las mujeres esterilizadas partía de la necesidad de asumir algunos puntos, como ayuda a la salud física y mental de las mujeres esterilizadas, ayuda económica, creación de una comisión de alto nivel para la investigación, y coordinación con el Ministerio de Justicia (Minjus) para el registro de las mujeres esterilizadas a nivel nacional.

De esta manera, en 2016 el caso de las esterilizaciones marcó una línea clara en la decisión de voto de las mujeres que integraban los grupos de mujeres esterilizadas y comités. No obstante, hubo un hecho importante que se identificó en Huancabamba durante el proceso electoral. De modo contrario a las acciones participativas del CDME, algunas mujeres esterilizadas votaron a favor de Keiko Fujimori. No fue una sorpresa para el grupo, porque desde la formación del CDME existieron grupos de dirigentes políticos de partidos en alianza con Fuerza Popular (Fujimori) que se encargaron de acercarse a las mujeres esterilizadas de caserío en caserío, con el fin de amenazarlas.

Esperanza Huayama denunció este hecho durante la XXV entrega de los Premios de Derechos Humanos. Según comentarios de Esperanza Huayama y de muchas huancabambinas, buscaron intimidarlas diciéndoles: «Deberías agradecer que te hizo un favor, pobrecito [Fujimori]. Está enfermo el viejito ahora», para luego regalarles medicinas o calaminas para la construcción de sus casas. Además, Esperanza denunció que recibió llamadas telefónicas amenazantes:

Hoy y anoche me llamaron y me dijeron: «Ándate a que te entrevisten. Hazte la valiente, pero después no estés llorando». Yo le dije: «Yo defiendo los derechos humanos y moriré por ellos» (entrevista personal a Esperanza Huayama, 2018).

Durante 2020, y a pesar de las constantes promesas incumplidas de los presidentes electos y la manipulación mediática durante las campañas electorales, el gobierno transitorio de Francisco Sagasti presionó al Ejecutivo para modificar la Ley PIR e incluir a las mujeres afectadas por las esterilizaciones. ¿Cuál es el puente que se teje entre las políticas de reparación a las víctimas de esterilizaciones y la participación de diferentes grupos y organizaciones de derechos humanos hacia la defensa del caso? ¿Cómo construir una reparación y justicia, cuando los actores políticos aliados y el Minjus dan la espalda para la inclusión de las mujeres esterilizadas dentro de la Ley PIR?

Propuesta de modificación de la Ley PIR. Actores políticos y búsqueda de reparaciones

Una de las interrogantes que surgió cuando inicié la investigación, en 2012, fue si la remuneración económica era un factor importante para la decisión de denuncia. Durante mis entrevistas (2012-2016) muchas mujeres preguntaban si el Estado les iba a reconocer alguna ayuda económica. Ellas estaban atentas a las promesas de reparación que había prometido Humala. Sin embargo, ya desde entonces se sentían decepcionadas y engañadas, término que utilizaban repetidas veces. Estas mujeres también reclamaban a las organizaciones de derechos humanos por haberlas utilizado: «Ellas tienen grandes casas en Lima y aquí solo vienen a tomarnos fotos» (entrevista personal a Esperanza Huayama, 2014).

Desde la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, que duró solo tres años (2016-2018), acusado por el caso Odebrecht, hasta 2020, el caso de las esterilizaciones no volvió a formar parte de la agenda presidencial ni fue portada de medios masivos. Cabe mencionar que, durante su gobierno, Kuczynski no cumplió ninguna de sus promesas al CDME, liderado en ese momento por la señora Esperanza Huayama. Por el contrario, el paso de Pedro Pablo Kuczynski en el CDME originó una serie de conflictos internos en la organización.

Tras la renuncia de Kuczynski, asumió la presidencia el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, el 23 de marzo de 2018. En septiembre de 2020, el Congreso de la República, con 15 votos a favor, vacó a Vizcarra, por lo que asumió la presidencia Manuel Merino. El régimen de Merino duró apenas cinco días, ya que renunció luego de las protestas contra su nombramiento que dejaron un saldo de dos fallecidos y un centenar de heridos. Francisco Sagasti tomó el mando en noviembre del 2020 y, entonces, el caso de las esterilizaciones nuevamente formó parte de la agenda política. Así, durante este gobierno de transición la congresista Rocío Silva Santisteban conformó un grupo de trabajo bajo el nombre de «Violencia sexual durante el conflicto armado interno y esterilizaciones forzadas». El grupo de trabajo, junto con organizaciones como DEMUS, impulsoras de la modificación de la Ley PIR, consiguieron temporalmente cambios sustanciales en el caso de las esterilizaciones (entrevista personal a Rocío Silva Santisteban, 2023).

Se buscó, entre otras cuestionas relacionadas con los derechos humanos, modificar la Ley PIR. El PIR se creó gracias a las recomendaciones del Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (^CVR) y tiene como objeto las víctimas de la violencia ocurrida durante el periodo de mayo de 1980 a noviembre de 2000. La modificación propone incluir no solo a las víctimas de violencia, sino también a las víctimas de violación sexual, como el caso de las mujeres esterilizadas en contra de su voluntad. Esta no fue la primera vez en que organizaciones feministas y actores políticos unían esfuerzos para la modificación de esta ley: «En 2015 hubo también intentos de modificar la ley y se llegó a registrar 1500 casos de otras formas de violencia sexual» (entrevista personal a María Ysabel Cedano, 2023).

Durante la audiencia pública con mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas del Grupo de Trabajo de Violencia Sexual durante el Conflicto Armado y Esterilizaciones Forzadas, liderado por la Comisión de la Mujer y Familia y el despacho de la congresista Rocío Silva Santisteban en 2020, la propuesta de inclusión del PIR se recibió como propuesta urgente. Mujeres de diferentes organizaciones de mujeres esterilizadas dieron sus testimonios sobre el proceso.

para la reparación hay dos salidas. Una es la que ustedes tienen como Congreso de la República, proponer una modificación a la Ley PIR, que incluye no solo ampliar la definición de violencia sexual y reproductiva en el conflicto armado, sino también cambiar el artículo 1 de esa Ley PIR. Sí se puede hacer [...] [En] el Congreso con mayoría fujimorista era inviable hacer una modificatoria a la Ley PIR, era vía el Ejecutivo. Recordemos que la conformación de la CVR y todo lo que se iba avanzando después, salvo la Ley PIR, ha sido vía decreto supremo, se puede hacer también vía el Ejecutivo. El Ejecutivo siempre se ha lavado las manos, como les decía: «Eso ya está judicializado, esperemos que haya sentencia». La última excusa ha sido este diagnóstico. Han dicho: «Se tiene que hacer un trabajo como el de la Comisión de la Verdad, crear un gran relato». Palabras textuales del viceministro de Derechos Humanos y se tiene que hacer (testimonio de Ana María Vidal, audiencia pública con mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas del Grupo de Trabajo de Violencia Sexual durante el Conflicto Armado y Esterilizaciones Forzadas, 2020).

Las asistentes a la reunión coincidieron en que no solo las mujeres que fueron esterilizadas estaban cansadas de las promesas políticas, sino que la Ley PIR debía incluir a los casos de las esterilizaciones, tal como se realizó con las víctimas de violencia sexual durante el periodo del conflicto armado. La demanda principal hacia el Estado apuntaba a la atención en salud y se reforzó durante la crisis del covid-19, cuando muchas mujeres esterilizadas perdieron la vida. «Las políticas públicas que tiene el Estado tiene la obligación de darles [indemnización] por haber cometido un crimen de lesa humanidad con sus cuerpos» (testimonio de Ana María Vidal, 2020).

Ana María Vidal, abogada y defensora de los derechos humanos, afirma que las esterilizaciones, al ser un crimen de lesa humanidad o una violación a los derechos humanos, debe considerarse como una política pública.

tal como hubo con las víctimas del conflicto armado interno porque en la CVR, en su artículo 1, dice investigar las graves violaciones a los derechos humanos, no se restringía al conflicto armado interno. Entonces, la madre de todo es que se le sacó del Informe final de la CVR y ahora está estancado. Podría ir por la Ley PIR, cambiando el primer artículo, si uno revisa todo el Informe de la CVR, los 8 tomos, las conclusiones y las recomendaciones, no está allí (Ana María Vidal, audiencia pública con mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas del Grupo de Trabajo de Violencia Sexual durante el Conflicto Armado y Esterilizaciones Forzadas, 2020).

De estas declaraciones se desprenden tres cuestiones fundamentales. La primera tiene que ver con la mayor participación política de las organizaciones que lideran las mujeres víctimas de las esterilizaciones y sus demandas conjuntas. La segunda es la urgencia de las demandas relacionadas con la atención en salud, especialmente en el contexto del covid-19, que es cuando empeoró su situación. Y la tercera es el cuestionamiento y reclamo a la CVR por no incluir a los casos de las mujeres esterilizadas. Se demanda entonces que la Ley PIR incluya a las víctimas de violencia del conflicto armado interno y las víctimas de las esterilizaciones.

Me parece importante señalar el pendiente que tiene el Congreso de ampliar la Ley 28592, ley que implementa el plan integral de reparaciones. Esa ley aún no contiene, aún no amplía como víctimas a las mujeres que han sido afectadas por diversas formas de violencia sexual durante el conflicto armado y que incluye a víctimas de esterilizaciones forzadas. Ha habido proyectos de ley desde el año 2008. El 2011 se volvió a impulsar. El 2016 la excongresista Tania Pariona lo volvió a impulsar. Han pasado más de 12 años insistiendo en que se amplíe y ese marco normativo, esa ley, permitiría que por norma se cumpla reparaciones integrales, tanto para las víctimas de violencia sexual en conflicto armado como para las víctimas de esterilizaciones forzadas, y quería además decir que es importante fiscalizar el seguimiento de la implementación de reparación al hijo e hijas de Mamerita Mestanza (Ana María Vidal, audiencia pública con mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas del Grupo de Trabajo de Violencia Sexual durante el Conflicto Armado y Esterilizaciones Forzadas, 2020).

El 8 de febrero de 2021, durante el mandato de Sagasti, gracias a la presión de grupos políticos y organizaciones feministas y de derechos humanos, se propuso la modificación de la Ley PIR, con la inclusión de las víctimas de las esterilizaciones.

Se propone ampliar violación sexual a violencia sexual en la Ley PIR, tema antiguo que plantea DEMUS. Tania Pariona lo propone cuando estaban en el congreso con Mirtha Vásquez (había un dictamen de la Comisión de la Mujer, se tenía que pedir que entre al pleno) Pero la agenda del pleno tiene 200 páginas. Entonces, hablo con Manuel Merino, presidente del Congreso. Ya me había reunido varias veces con las señoras y averiguo la situación del proyecto: solo quedaba entrar al pleno y había que votar. Merino lo pone en la agenda y no entraba al pleno. Pero cuando sube Mirtha, lo meto en la Comisión Permanente. Esta lo aprobó y se convirtió en ley. La comisión permanente es como si fuese el pleno y funciona cuando el Congreso está en receso (entrevista personal a Rocío Silva Santisteban, 2023).

Al mismo tiempo, durante 2021 se estableció una nueva fecha para la audiencia por el caso de las esterilizaciones: el 11 de enero de 2021. Ese día se decidiría si Fujimori, sus exministros y otros miembros cómplices del gobierno debían ser juzgados por el caso de las esterilizaciones forzadas. La audiencia se suspendió.

También en 2021 los medios masivos entrevistaron a Keiko Fujimori, quien se encontraba por tercera vez consecutiva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de junio de ese año. Keiko Fujimori negó las esterilizaciones forzadas durante el mandato de su padre.

son investigaciones que se vienen llevando a cabo desde hace 20 años y que se han archivado en cuatro oportunidades [...] Pero por supuesto somos respetuosos de las decisiones que de manera autónoma tome el sistema de justicia, ya sea el Ministerio Público [Fiscalía] o el Poder Judicial, y de acuerdo [con] eso actuaremos. Esperaremos la resolución judicial para tomar una decisión (^{DW, 2021}).

Lamentablemente, la modificación de la Ley PIR no prosperó debido a las trabas en el Poder Judicial, y a pesar de que la prensa internacional como la BBC anunció en sus portadas que el Estado peruano repararía a las víctimas. La modificación de la Ley PIR para incluir casos de esterilizaciones se quedó estancada en el Minjus. «La posición del Minjus es que las víctimas de esterilizaciones forzadas no formarían parte del marco de la Ley PIR» (entrevista personal a Rocío Silva Santisteban, 2023).

El ministro de Justicia de entonces, Eduardo Vega Luna, también defensor del Pueblo de 2011 a 2016, manifestó en reuniones con la congresista Rocío Silva Santisteban y organizaciones civiles y derechos humanos que la deuda con las víctimas de esterilizaciones no era contemplada en la ley y que desde el Ministerio, ante los recortes económicos, no había posibilidad de ofrecer reparaciones (entrevista personal a Rocío Silva Santisteban, 2023).

Después de casi un año de silencio, de 2021 a 2022, en 2023 reapareció Alberto Fujimori en una audiencia del Poder Judicial, a pedido de la Corte Suprema de Chile. Fujimori nuevamente fue portada de medios nacionales e internacionales y, otra vez, negó los hechos.

Es totalmente falsa la imputación. Lo que hizo mi gobierno fue ofrecer todos los métodos de planificación familiar modernos y tradicionales, sin excepción, sin preferencia por uno y otro: a la libre elección de cada una de las interesadas. Se dio toda la información [...] la tasa de mortalidad materna era sumamente alta y, particularmente, en algunas zonas como Apurímac, Ayacucho y Huancavelica (^{Curo, 2023}).

Memoria colectiva y ciberfeminismo: movimientos y reivindicación de derechos sexuales y justicia en el caso de las esterilizaciones forzadas

La memoria colectiva, según ^{Halbwachs (1992}), es el conjunto de recuerdos compartidos por un grupo que forma parte de su identidad social. En el caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú, esta memoria ha sido construida no solo a partir de los testimonios de las víctimas, sino también mediante la intervención de activistas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales (ONG), que han trabajado para visibilizar este crimen. Sin embargo, ha sido a través de las plataformas digitales y las redes sociales que esta lucha ha encontrado un nuevo impulso, ya que permitieron que las voces de las mujeres sean escuchadas por una audiencia mucho más amplia.

Los tres momentos históricos en el mundo conocidos como olas feministas han buscado cambios sustanciales en los derechos de las mujeres. Es interesante y motivo de estudios cómo se traslada la lucha feminista a las redes sociales y nace así la cuarta ola, que se apoya en la tecnología como un espacio más para el activismo. La cuarta ola feminista nació el 8 de marzo de 2018 (^{Varela, 2019}), cuando mujeres del mundo se organizan para movilizarse para reivindicar los derechos sexuales y reproductivos. En Argentina, por ejemplo, tras el asesinato de Lucía Pérez, se inició el primer grito «Ni una menos».

Según ^{Varela (2019}), el 8 de marzo del 2018 sorprendió al propio movimiento feminista por la respuesta de millones de mujeres en todo el planeta: Yemen, China, Reino Unido, Afganistán y hasta Estados Unidos. La indignación, el cansancio y el hartazgo por las violaciones de los derechos humanos de las mujeres han sido la causa de este tsunami, como lo denomina Varela, que ha originado a nivel mundial una reacción feminista contra el patriarcado. Esta ola no ha sido indiferente para la sociedad. Los medios de comunicación tradicionales han visibilizado sus movimientos, al igual que las redes sociales (^{Castells, 2012}). Incluso la publicidad se apoyó en el movimiento para aumentar sus ventas y captar la atención de este grupo. La acción o el papel que cumplen las redes sociales en la construcción de estos grupos feministas ha generado una fuerte conciencia sobre la «diversidad de luchas, el multiculturalismo, las diferentes interpretaciones que suscitan desigualdades, exclusiones y discriminaciones y sus formas de superación y contribuir a ellas» (^{Varela, 2019}).

Fue entonces cuando la cuarta ola utilizó una estrategia en común para visibilizar la causa, el ciberactivismo. Las redes son el instrumento que de forma inmediata mide y visibiliza las acciones de denuncia de feminicidios o violaciones a los derechos humanos. La contribución que ejercen los y las ciberactivistas, en respuesta a la lucha contra el patriarcado, reclama también acciones vinculadas al ecofeminismo, movimiento que reivindica la crisis ecológica mundial.

La participación de las mujeres peruanas en la política está ligada al surgimiento de los grupos feministas en el Perú (^{Ruiz, 2019b}). Hoy en día la participación de estas ciudadanas se ha trasladado de igual forma a espacios virtuales. En Latinoamérica el activismo de mujeres en las redes sociales se evidenció en la manifestación simultánea de «Ni una menos» en 2015.

El ciberactivismo en el Perú ha ido creciendo a partir de la marcha «Ni una menos». No obstante, no debemos dejar de lado la brecha digital que existe en el Perú: según datos del Instituto de Estadística e Informática (^{INEI, 2023}), los grupos con nivel educación superior y que tienen acceso a Internet son el 94,7 % y únicamente un 25 % de la población con educación primaria accede a este servicio. Por lo tanto, medir la participación ciudadana a través de estos soportes digitales no es del todo preciso. El caso «Ni una menos» nos da un indicio para ahondar en cómo este grupo en Facebook organizó a miles de mujeres. Según ^{Caballero (2018}), «este no fue un simple caso de activismo, de coordinación online y su paso al espacio offline, sino que fue el resultado de un fenómeno de interacción comunicativa desde la revelación sensible».

Desde 2012 hasta ahora, el uso mediático del caso de las esterilizaciones ha migrado de los medios masivos a las redes sociales, en donde organizaciones como el CDME y la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones (Ampasef), a través de sus redes en Facebook, junto con DEMUS, buscan justicia y reparación, contrarrestando los discursos hegemónicos manejados en su mayoría por medios masivos. En ese sentido, ¿son las mujeres afectadas por las esterilizaciones participantes activas de este ciberactivismo?

La campaña impulsada por DEMUS en 2015, «Somos 2074 y muchas más», elaboró su propia imagen-logotipo para identificar el caso de las esterilizaciones a partir del cuerpo de las mujeres afectadas: un útero sangrando. El logotipo consistía en la forma de un útero con el número 2074 (número de víctimas registradas hasta el momento). Parte de su campaña consistió en involucrar a políticos, actores y líderes de opinión para trasmitir videos y mensajes de denuncia de los familiares de las víctimas a través de su cuenta de Facebook, así como compartir las actualizaciones del caso (^{Ruiz, 2019b}, p. 234).

La intervención y el acompañamiento de diferentes organizaciones de derechos humanos y feministas durante los procesos electorales fueron fundamentales para visibilizar el tema en medios de comunicación y mass media, pero al mismo tiempo originaron ciertas fracturas en los grupos organizados de mujeres esterilizadas al no sentirse representadas por algunos de ellos.

Nosotras seremos analfabetas y no sabremos decir las cosas como las personas profesionales, pero tenemos dignidad y nos respetamos a nosotras mismas; por eso, también exigimos que nos respeten. Si es que así están las cosas dentro de los espacios, donde dicen que son solidarios con nuestra demanda, ¿cómo será afuera? Reflexionen, señoras y señores, por favor, cambien ya su forma de relacionarse con las mujeres afectadas en sus derechos humanos [...] desde Lima, hablando de nosotras «las pobres», «las analfabetas» (Esperanza Huayama, comunicación personal, 2016).

Más adelante, Esperanza comentó sobre la intervención de un grupo de mujeres activistas que organizaron campañas y marchas en la calle, en consignas: «Nosotros somos las hijas de las mujeres que no pudiste esterilizar». Acto seguido, levantaban las faldas y mostraban la figura del útero sangrando.

Cuando dicen hijas de esterilizadas, no sé quiénes son esas señoritas, no las conozco y solo van a tomarnos fotos y sacan sus testimonios para sus libros y campañas, hablan sin saber y hacen daño (Esperanza Huayama, comunicación personal, 2018).

La representación del cuerpo de las mujeres esterilizadas en campañas de comunicación social y en protestas generan en la ciudadanía un recordatorio, una memoria colectiva necesaria para la continuidad del caso. No obstante, la representación de las afectaciones en el cuerpo de las mujeres, en la reinterpretación del otro, puede resultar simplista e incluso dominante. Es decir, adoptar una postura paternalista, a pesar de que la intención se ubique a favor de la causa, muchas veces bajo contextos como devolver la dignidad a un pueblo, cae en reafirmar que el sujeto, en este caso las mujeres esterilizadas, tiene poca capacidad de decisión y pocas posibilidades de cambio (^{Caviglia, 2023}).

En 2021, a partir de la propuesta de la inclusión de la Ley PIR y la nueva citación de Alberto Fujimori en la audiencia de ese año, las organizaciones de mujeres esterilizadas y grupos activistas de derechos humanos hicieron visibles las demandas a través de campañas en redes sociales como Facebook.

La audiencia se realizó a través de la plataforma digital Zoom. A diferencia de otras audiencias del caso, fue difundida por el canal del Poder Judicial a nivel nacional. Grande fue la sorpresa para las víctimas cuando el juez Rafael Martín Martínez anuló la audiencia sin fijar una nueva fecha. Según el juez, «no se habían conseguido los intérpretes específicos para las variantes idiomáticas quechuas de las afectadas indígenas» (^{Ballón, 2021}).

Este hecho creó indignación entre las víctimas y los organismos que acompañaban la causa. Al día siguiente en redes sociales se inició un nuevo movimiento promovido por los grupos que tras largos años habían acompañado a las víctimas. Al mismo tiempo, en la página de Facebook del grupo Somos 2074 y Muchas Más se convocó a diferentes organizaciones y la ciudadanía en general para exigir al juez Rafael Martín Martínez que fijara una nueva fecha para la continuación del caso. El 16 de enero de 2021 se publicó en Facebook una nota de prensa firmada por AMPAEF, el Grupo de Reparaciones de Esterilizaciones Forzadas (GREF) y Somos 2074 y Muchas Más.

Conforme pasaban los días, el llamado a la acción de movimientos sociales organizados en las redes exigía establecer un nuevo día y una nueva hora para la audiencia. La página Somos 2074 convocó para el 21 de enero de 2021 a un «banderolazo» frente al Poder Judicial, el Palacio de Justicia, el Real Plaza Salaverry, el parque Kennedy y la plaza Mayor de Barranco (Lima) y en el Palacio de Justicia (Cusco). A estas convocatorias, que se desarrollaron durante el confinamiento por el covid-19, asistieron algunas activistas y representantes de organizaciones como DEMUS, al igual que jóvenes organizaciones y activistas como Somos 2074, GREF, Paro Internacional de Mujeres, Derechos Humanos sin Fronteras Cusco, AMPAEF y la Asociación de Mujeres Esterilizadas de Chumbivilcas. Seguido de eso, la página organizó foros virtuales con diferentes representantes de organizaciones feministas y activistas defensoras de derechos humanos. El foro «Deuda histórica: esterilizaciones forzadas y derecho a reparación integral», que se realizó el 18 de enero del 2021, fue compartido 55 veces.

FIGURA 2. Publicación de la página de Facebook Somos 2074 y Muchas Más 

Puede que esta presión mediática originó que el juez decidiera establecer una nueva fecha para la audiencia. Así, el 1 de marzo de 2021 se decidiría si Fujimori, sus exministros y otros miembros cómplices de gobierno debían ser juzgados por el caso de las esterilizaciones forzadas. Asimismo, el 8 de febrero de 2021, el mandato del Sagasti recibió gran presión para la modificación de la Ley PIR, con la inclusión de las víctimas de las esterilizaciones.

Como señalé líneas arriba, el entonces ministro de Justicia, Eduardo Vega, y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) declararon que «la deuda con las víctimas de esterilizaciones no es contemplada en la ley y desde el ministerio ante los recortes económicos, no hay posibilidad de ofrecer reparaciones» (informe del Grupo de Trabajo de Violencia Sexual durante el Conflicto Armado Interno y Esterilizaciones Forzadas, 2021).

Frente a ello, las organizaciones de víctimas, junto con actores políticos, la sociedad civil, activistas y grupos como AMPAEF, GREF y Somos 2074 publicaron un pronunciamiento dirigido al ministro Eduardo Vega, invocándolo a adoptar inmediatamente medidas para que las víctimas y sobrevivientes de esterilizaciones forzadas ejerzan su derecho a reparaciones integrales, conforme a los fundamentos del proyecto de ley y sus antecedentes.

FIGURA 3. Página de Facebook de Somos 2074 y Muchas Más 

Conclusión

Organizaciones como el CDME y AMPAEF han utilizado redes sociales como Facebook para compartir actualizaciones sobre el caso, realizar campañas de sensibilización y organizar movilizaciones. La campaña «Somos 2074 y Muchas Más», lanzada por DEMUS en 2015, es un ejemplo claro de cómo las redes sociales pueden ser un espacio poderoso para el ciberactivismo. Esta campaña, que utiliza un logotipo que representa un útero sangrante con el número de víctimas registradas, ha logrado movilizar personas y generar un impacto significativo tanto en la esfera digital como en la vida pública.

El ciberactivismo ha sido esencial para la creación de una memoria colectiva que, si bien se basa en las experiencias traumáticas de las víctimas, busca asimismo fortalecer su identidad como sujetos de derechos. Esta memoria se construye en oposición a los discursos oficiales que, durante años, minimizaron o negaron la magnitud de las esterilizaciones forzadas. Las plataformas digitales permiten, por tanto, la articulación de un contra-discurso que desafía las narrativas hegemónicas y ofrece a las víctimas un espacio para contar su versión de los hechos.

Sin embargo, en la actualidad nos encontramos ante un estado de violencia simbólica y estructural, donde nuevas y viejas fuerzas políticas luchan por reconfigurar las narrativas históricas, negando hechos cruciales ocurridos hace más de 20 años. Las iniciativas destinadas a lograr justicia y reparación para las víctimas de las esterilizaciones forzadas, como el REVIESFO o la propuesta de modificación de la Ley PIR, no avanzan debido a esta dinámica de negación. Los aparatos del Estado han persistido en su negativa de reconocer los más de cinco años del programa de AQV, el cual afectó a miles de mujeres.

Este escenario se agrava en el contexto de una crisis política marcada por la corrupción que ha captado los poderes del Estado, tanto en el Perú como en otras regiones de Latinoamérica. En este ambiente, los movimientos sociales han encontrado en las nuevas tecnologías un espacio crucial para visibilizar y denunciar las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, las prácticas mediáticas siguen siendo abordadas desde perspectivas políticas, como las del fujimorismo, que ha negado las acusaciones de las miles de mujeres esterilizadas, mientras que otros actores políticos han utilizado el tema durante las campañas electorales sin cumplir con sus promesas de reparación.

A pesar de algunos avances, como la creación del REVIESFO durante el gobierno de Ollanta Humala y la propuesta de modificación de la PIR en el gobierno de Francisco Sagasti, las mujeres víctimas han seguido enfrentando grandes obstáculos para acceder a la justicia. Muchas organizaciones de mujeres, como el CDME-AMBHA, optaron por el silencio en ciertos momentos, como consecuencia de la falta de respuesta del Estado y las presiones políticas.

Desde 2012, los movimientos sociales y organizaciones feministas se han fortalecido, visibilizando y movilizando a la ciudadanía a través de redes sociales y otras plataformas digitales. Las «memorias activas», como las define Elizabeth ^{Jelin (2002}), han cobrado vida en el ciberespacio, donde las generaciones más jóvenes continúan transmitiendo las luchas de sus madres y abuelas. Sin embargo, surge una interrogante crucial: ¿cómo se sienten representadas las propias víctimas en estas nuevas formas de denuncia y activismo? Algunos testimonios, como el de Esperanza, muestran una desconexión con las representaciones que estos movimientos realizan de las mujeres esterilizadas, quienes se sienten reducidas a estereotipos como «las pobres y analfabetas».

Esta desconfianza hacia las organizaciones que buscan solidarizarse con ellas ha llevado a que muchas víctimas se distancien de estos grupos, lo que afecta su participación en la difusión del caso mediante prácticas mediáticas en redes sociales. En lugares como Huancabamba, el temor a denunciar sigue presente, producto tanto de la falta de confianza en el Estado como del miedo a ser acusadas de terrorismo, un trauma que persiste desde el conflicto armado interno. La marginalización de esta provincia, caracterizada por altos niveles de analfabetismo y el abandono estatal, ha perpetuado este silencio (^{Ruiz, 2019b}).

A pesar de estos desafíos, existe una voluntad política que ha intentado, aunque sin éxito, incluir las esterilizaciones forzadas en las reparaciones integrales del PIR. Las fuerzas políticas que rechazan reconocer estos crímenes parecen sugerir que los derechos humanos no son universales, lo que se ve reflejado en la narrativa que proyectan los medios dominantes, al oponerse a los movimientos sociales que respaldan el caso a través de plataformas en línea.

Actualmente, la pregunta sobre quién controla la narrativa histórica es más relevante que nunca. Como señala el filósofo Walter Benjamin, la historia es escrita por aquellos en posiciones de poder. El racismo estructural que ha afectado a las víctimas de esterilizaciones forzadas y del conflicto armado interno añade otra capa de dificultad en la construcción de una narrativa inclusiva y justa. En este contexto, la presión mediática y los actos de memoria son fundamentales, pues en el Perú se intenta reescribir la historia mediante prácticas autoritarias.

Sin embargo, la memoria y la lucha por la justicia no se detienen. A través del ciberactivismo y la movilización de jóvenes activistas, hijos y nietos de las mujeres esterilizadas, estas prácticas de memoria se están reconstruyendo en un espacio virtual que permite una transformación significativa. Aunque la justicia y reparación no sean inmediatas, la construcción de una memoria colectiva, tal como señala Elizabeth Jelin, implica una constante rehistorización de los hechos. Estos movimientos no solo preservan el recuerdo de las víctimas, sino que también crean un espacio más consciente y liberador, en el que se desafía la violencia y el silencio, incluso desde las propias comunidades.

En este contexto, es esencial que las organizaciones y los movimientos continúen activamente construyendo espacios de memoria y denuncia.

Estas iniciativas son el «útero simbólico» donde las mujeres y los hombres esterilizados resisten, buscando justicia y reparación para finalmente sanar las heridas del pasado y transformar la narrativa histórica en una que sea inclusiva y justa para todos.