Introducción

En la presente investigación se analiza la retórica de la derecha partidista en México, encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN), de presentarse como una «nueva derecha» con una estrategia de usurpación de identidad indígena, en la figura de la candidata a la presidencia Xóchitl Gálvez, al igual que su relación con fenómenos propios de la derecha en América Latina, como la imposición del capitalismo neoliberal. En América Latina, los partidos de derecha han compartido una postura y discurso racista contra los pueblos indígenas por décadas, como se aprecia en países como Bolivia, Perú, Ecuador, Chile¹, etc. Sin embargo, el caso de México es contrastante, porque el PAN, el partido líder del frente de derecha actual, ha adoptado una postura de usurpación de la identidad indígena al presentar como candidata a la presidencia para las elecciones de 2024 a Xóchitl Gálvez, quien usurpa la identidad indígena, sin siquiera especificar a qué grupo se adscribe (haciéndose pasar por indígena, sin reconocimiento por parte de la comunidad a la que dice pertenecer, ni trabajo por esta).

Con esta candidatura, la derecha en México contrasta con las posturas abiertamente racistas contra pueblos indígenas, al mostrar una cara «amigable» para perpetuar un sistema capitalista neocolonial y neoliberal, sin un interés real en las luchas y las condiciones de vida de los pueblos indígenas, sino, por el contrario, al perpetuar estructuras que impiden su autodeterminación y los violentan de manera estructural y social constantemente. Es importante resaltar que Gálvez fue la encargada de la Comisión de Desarrollo Indígena (CDI) de 2000 a 2006, durante el primer gobierno del partido de derecha PAN en México, bajo la presidencia de Vicente Fox. Como se discutirá en las próximas páginas, Gálvez resolvió el tema urgente de la reforma constitucional en conjunto con movimientos indígenas para que se establecieran sus derechos en la Constitución. Además, durante su gestión hubo dos casos de represión policiaca brutal contra pueblos indígenas. Al mismo tiempo, con la candidatura de Gálvez se busca perpetuar el capitalismo neoliberal y la idea falaz de la meritocracia y el «echaleganismo», ya que la candidata constantemente ha declarado que ha hecho su riqueza emprendiendo y vendiendo gelatinas, aunque la realidad es que proviene de una familia adinerada y se ha enriquecido por medio de la corrupción. De esta manera, la derecha en México predica la inclusión de los pueblos indígenas en la sociedad, pero bajo estándares liberales occidentales que se llevan a cabo como asimilación, al mismo tiempo que se reprimen los movimientos de resistencia indígena.

Representación política para indígenas y usurpación de identidad indígena en México

Para esta investigación, es necesario conocer el contexto del derecho a la participación y representación política de los pueblos indígenas en México, ya que históricamente los ha marginado de la toma de decisiones públicas y de la arena política. Al respecto, en diciembre de 2017 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó el acuerdo INE/CG508/2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para fortalecer las medidas en favor de los pueblos indígenas, al establecer que en los 13 distritos electorales federales con mayor porcentaje de población indígena en nuestro país se deberán postular únicamente personas indígenas (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2017). Si bien se trató de un avance importante, es insuficiente, ya que actualmente se cuentan con 300 distritos electorales federales en México, y solo se aseguraron las candidaturas indígenas en distritos electorales federales que tienen 60 % o más de población indígena (^{Vázquez Correa, 2020}). Posteriormente, en enero de 2021, el Consejo General del INE modificó los criterios para el registro de candidaturas a diputaciones federales, y dispuso que todos los partidos deben postular a personas indígenas en los 21 distritos con mayor porcentaje de población indígena, de las cuales 11 deben ser mujeres (^{Animal Político, 2021}). Asimismo, se deben postular otras 9 candidaturas indígenas por la vía plurinominal, hasta lograr un total de 30 diputados(as) indígenas. Este es un cambio positivo que aumenta la posibilidad de representación política indígena. Para el proceso electoral de 2024, además de las acciones afirmativas en diputaciones federales, por primera vez se establecieron acciones afirmativas para el Senado, que obligaron a los partidos a proponer una candidatura indígena por medio de la representación proporcional y cuatro candidaturas por voto popular (mayoría relativa) (^{INE, 2023}). Estas medidas han servido como un precedente determinante para que los estados establezcan acciones afirmativas a nivel local en la representación política de los grupos indígenas, como en el caso de los lineamientos establecidos por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) para el proceso electoral de 2021, entre muchos otros estados.

De igual forma, es importante señalar que, con el fin de garantizar la eficiencia de la representación política de los pueblos indígenas, las candidatas(os) deben acreditar una autoadscripción calificada; para contar con este criterio, las personas indígenas que buscan la candidatura por este medio deben cumplir con dos requisitos: el haber prestado servicios comunitarios de manera gratuita y desinteresada (no como parte del trabajo de un cargo público remunerado) o desempeñado cargos tradicionales en comunidades indígenas, así como tener un documento emitido por alguna autoridad tradicional u organismo indígena reconocido que establezca que la persona es, efectivamente, indígena y se especifique a qué grupo y comunidad pertenece (^{Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2017}).

Asimismo, para este trabajo es relevante abordar brevemente casos de usurpación de la identidad indígena por candidatas(os) para obtener una candidatura perteneciente a una persona indígena por medio de acciones afirmativas, ya que se considera que el caso de Xóchitl Gálvez presentándose como indígena es un tema de usurpación de identidad indígena.

En el proceso electoral de 2021, comunidades y organizaciones indígenas de los grupos Nahua, Chol y Tzeltal denunciaron que varias personas que accedieron a su candidatura por medio de las acciones afirmativas indígenas estaban usurpando la identidad indígena, ya que no eran indígenas. Algunos ejemplos fueron candidatos(as) a diputaciones federales en Chiapas de diferentes partidos, como el Partido Verde (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) (^{Bacaz, 2021}; ^{Badillo, 2021}; ^{García, 2021}), entre otros. Asimismo, en Morelos se han realizado denuncias de usurpación de la identidad indígena de candidatos a nivel local de partidos locales como Futuro (^{Bacaz, 2021}; ^{Monroy, 2021a}, ^2021b).

Aunado a esto, en Baja California, los grupos indígenas empezaron a movilizarse para defender sus derechos como indígenas a la representación política, especialmente al manifestarse contra candidatos y candidatas que se postularon por medio de las acciones afirmativas para indígenas, sin ser indígenas, como Miriam Cano de Morena, que se hizo pasar por indígena triqui; Alejandra Bautista, de la alianza PAN-PRI-PRD, que se hizo pasar por indígena mixteca; Jorge Vega, de Morena, que se hizo pasar por indígena kumiai; o Rigoberto Campos, del PES, que se hizo pasar por indígena cucapáh (^{Delgado, 2021}; ^{Márquez Duarte, 2021b}, ^2021a; ^{La Jornada Baja California, 2021}; ^{Serrano, 2021}), entre otros. Gracias a la movilización política y legal de los grupos indígenas, se retiraron las candidaturas a estas personas (un total de 10 candidaturas entre propietarias y suplentes), por usurpar los espacios que son para personas indígenas: a cuatro candidatos a regidores de Ensenada, a dos candidatas a regidoras de Mexicali, a dos candidatos a diputados locales y a dos suplentes.

Los casos de usurpación de identidad indígena muestran que no es suficiente reconocer el derecho a la representación política indígena en la legislación. Incluso es insuficiente establecerlo en las legislaciones estatales y los municipios, ya que continúa el despojo y la violación de derechos de personas indígenas. Esta situación está ligada a la forma en que se instauró la representación política por el Estado dentro de un marco de capitalismo neoliberal y de democracia liberal representativa, donde las élites políticas decidieron cómo se establecieron las acciones afirmativas para grupos indígenas, así como afromexicanos, personas con discapacidad y personas LGBT+.

Discusión teórica

Para comenzar esta discusión teórica es importante analizar el sistema imperante de democracia liberal representativa que se ha impuesto alrededor del mundo, y que está presente en toda América Latina. La discusión sobre la democracia liberal representativa es especialmente relevante para este trabajo, ya que las élites políticas y económicas ha usado este sistema para obtener el poder, imponer y perpetuar el sistema neoliberal, primero con el PRI y posteriormente con el PAN, sobre todo en el gobierno de Vicente Fox, donde Xóchitl Gálvez fue encargada de los asuntos indígenas (ambos son empresarios capitalistas). De igual forma, es importante discutir este tema, ya que las campañas electorales del PAN siempre han sido abiertamente capitalistas neoliberales, y lo sigue siendo con la campaña de Gálvez. ^{Pateman (1970}) discute las teorías de la democracia elitista liberal, y resalta que estas teorías consideran a la democracia de una forma estrecha, sin que las y los ciudadanos tengan un verdadero poder de toma de decisiones públicas. Sobre la democracia elitista, la autora discute los postulados de Schumpeter, quien aseveraba que la democracia es un arreglo institucional, donde los candidatos políticos compiten por el voto de los individuos. Para Schumpeter, las únicas formas de participación consideradas son el voto y la discusión de los asuntos públicos, y deja fuera una verdadera deliberación y también una verdadera capacidad de toma de decisiones de las personas (^{Márquez Duarte, 2018}). Además, Pateman (¹⁹⁷⁰) argumenta que las instituciones representativas no son suficientes para la democracia; se necesita una socialización de la democracia, para que las y los ciudadanos tengan el poder de tomar decisiones públicas de manera directa en todas las dimensiones de su vida: en el trabajo, en la escuela y claramente en temas legislativos y de políticas públicas.

Aunado a esto, Barber critica a la democracia liberal, a la que considera una thin theory of democracy (^{Barber, 2003}, p. 4), es decir, una teoría de la democracia de baja intensidad que sirve a intereses individualistas y privados. La democracia liberal excluye la participación en un sentido integral y niega el papel de la socialización colectiva de la ciudadanía, al bloquear la justicia social (^{Barber, 2003}, pp. 24, 90). En las sociedades actuales, el poder político debería emanar de las y los ciudadanos, donde no solo tengan el derecho de votar sino de ejercer diversas formas de tomar parte en las decisiones públicas de manera accesible y equitativa (^{O’Donnell, 2001}), por medio de instrumentos de participación ciudadana directos.

En cuanto a la situación contemporánea de la democracia en América Latina, ^{Dagnino et al. (2006}) aseveran que existe una profunda crisis de representación de los partidos. Es decir, los vínculos de los partidos políticos con las y los ciudadanos se han debilitado por una serie de razones como desigualdad, corrupción, manipulación electoral, impunidad de las élites, etc. Esta realidad evidencia la crisis de legitimidad del sistema imperante en la región: la democracia liberal representativa. Estos autores retoman varios postulados del enfoque de la democracia participativa, aseverando que esta «emerge como respuesta a las características elitistas y excluyentes de las democracias electorales y a las teorías que fundan esta comprensión limitada y limitante de las mismas» (^{Dagnino et al., 2006}, p. 15). Esta situación en México es clara, ninguno de los partidos representaba a la población. Aunque esto cambió con la creación del partido Morena², actualmente ha habido una decepción importante de la población con ese partido por muchos personajes que han obtenido candidaturas por el mismo partido, y por otras prácticas que son similares a la de los partidos de derecha y centroderecha como el PRI y PAN. Por esta crisis, la derecha en México, en especial el PAN, ha buscado desesperadamente presentar una candidata y una imagen para verse más aceptable, aunque, como se discute en este trabajo, es una simulación más que otra cosa, para obtener votos.

Por otro lado, es importante discutir el capitalismo neoliberal y neocolonial, ya que este es el sistema que el partido de derecha PAN ha defendido y perpetuado en México mientras estuvo en el poder, y es una parte central de su actual campaña electoral. El capitalismo neoliberal abarca los siguientes elementos: «Descentralización, recorte del Estado, afirmación de derechos humanos básicos y presionar hacia democracias mínimamente funcionales» (^{Hale, 2005}, p. 12). Un caso claro de políticas neoliberales en el tema de pueblos indígenas son las reformas multiculturales en México al artículo 2 de la Constitución, que entraron en vigor en 2001, para reconocer los derechos culturales de los pueblos indígenas. Estas reformas se sumaron a la privatización de tierras comunales y ejidos que se impuso en 1994 con Salinas de Gortari, que reformaron el artículo 27 constitucional. La reforma al artículo 27 permitió asimilar a los grupos indígenas al sistema capitalista neoliberal (al imponer un programa de títulos de propiedad individuales para los pueblos indígenas), así como separar y comercializar tierras comunales y venderlas a empresas privadas. A su vez, las reformas de 2001 permitieron asimilar a los pueblos indígenas en el marco de los «grupos vulnerables», al bloquear las luchas por la autonomía de los zapatistas y otros grupos (^{Mora, 2018}, p. 28). Como se discutirá en los próximos apartados, Xóchitl Gálvez estuvo al frente de la CDI de 2000 a 2006. Ella fue parte de las negociaciones en el Congreso y el Senado para la conformación de la reforma de 2001; así, traicionó al movimiento indígena zapatista y a las demandas de los grupos indígenas, como los mismos grupos indígenas declaran (se discutirá en las próximas páginas), al mismo tiempo que el gobierno reprimía a movimientos indígenas de resistencia contra los proyectos de despojo y de neoextractivismo. Asimismo, Zolla ^{Márquez (2023}) declara que, durante la gestión de Gálvez en la CDI, en los hechos se renovaron formas clientelares para adaptarlas a un marco liberal, se continuó con la represión y se mostró que la «democracia» y el Estado de derecho terminan donde empieza el capital.

Sumado a esto, el capitalismo neocolonial y neoliberal se basa en el despojo de las comunidades indígenas a través del neoextractivismo: «El neoextractivismo puede caracterizarse como un modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de la naturaleza» (^{Svampa, 2019}, p. 21). Además, Svampa añade: «el neoextractivismo presenta dinámicas territoriales que centran la ocupación intensiva del territorio y el acaparamiento de tierras, a través de procesos vinculados al monocultivo agrícola [capitalista], que desplaza a las comunidades» (p. 23). La explicación de Svampa está estrechamente relacionada con la discusión de David Harvey sobre la acumulación por despojo, que explica como «la continuación y proliferación de prácticas de acumulación que Marx había tratado como “primitivas” u “originales” [...] Entre ellas, la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas [...] supresión de los derechos a los bienes comunes [...] y la supresión de formas alternativas (indígenas) de producción y consumo» (^{Harvey, 2007}, p. 159). Este proceso también es discutido por el académico indígena mixteco Francisco López Bárcenas, quien sostiene que en México las empresas transnacionales, junto con el Estado, despojan a las comunidades indígenas de sus tierras y aguas con megaproyectos de desarrollo que benefician a las élites capitalistas (^{López Bárcenas, 2012}). Los procesos explicados en este párrafo se ven claramente manifestados en el caso de Atenco, donde el gobierno del PAN despojó a la comunidad de San Salvador Atenco. Al querer resistir, las personas de la comunidad fueron brutalmente reprimidas por el gobierno durante la gestión de Gálvez al frente de la CDI, como se discutirá más adelante.

Asimismo, el pensador Glen Coulthard, indígena Yellowknives Dene, argumenta en su libro Red skin, white masks que la «política liberal de reconocimiento», típica del sistema capitalista neoliberal, «promete reproducir la misma estructura del poder Estatal colonialista, racista y patriarcal que las demandas de reconocimiento de los pueblos indígenas han tratado históricamente de trascender» (^{Coulthard, 2014}, p. 4). Sumado a eso, Leanne Betasamosake Simpson, pensadora indígena nishnaabeg, también aboga por una noción más crítica de autodeterminación, al rechazar el marco de reconocimiento e inclusión del Estado neoliberal. Argumenta que este marco «puede leerse como compatible con el colonialismo [...] La lengua, la cultura e incluso la espiritualidad [...] pueden ser cooptados fácilmente por el sistema liberal» (^{Simpson, 2017}, p. 50). Asimismo, destaca que el despojo de los territorios indígenas ha dejado a las comunidades indígenas casi sin lugar para pescar, cazar y vivir. Argumenta que «la tierra y los cuerpos se mercantilizan como capital bajo el colonialismo y se naturalizan como objetos para la explotación» (^{Simpson, 2017}, p. 41).

En las comunidades indígenas todos estos elementos están presentes; para el sistema actual es necesario el despojo de las tierras de los pueblos indígenas para explotar su tierra y su naturaleza sin límites, y para destruir su resistencia y cosmovisiones que amenazan sus intereses. Por otro lado, aplastar sus movimientos por la autodeterminación (tanto la propiedad de sus tierras como el vivir bajo sus formas propias de toma de decisiones), es necesario para seguir controlando y explotando sus tierras y evitar que el sistema político neoliberal se derrumbe aún más. Los esfuerzos capitalistas para bloquear la autodeterminación indígena se han ejercido a través del marco de inclusión, como es el caso de México con las reformas neoliberales.

Por otro lado, la situación que se vive en América Latina, y alrededor del mundo, se puede caracterizar como un régimen de colonialismo interno. Este tema es relevante, porque la postura y las políticas de la derecha en México, especialmente del PAN de manera contemporánea y del PRI en las décadas en que gobernó, son consistentes con las características del colonialismo interno. De acuerdo con Pablo ^{González Casanova (2006}), el colonialismo interno es un fenómeno en donde grupos étnicos minoritarios sufren una dinámica de opresión colonial dentro y por el Estado-nación en países independientes, con condiciones similares a las opresiones que sufren los pueblos por el imperialismo y colonialismo global. Dentro de las opresiones características de estos regímenes se tienen las siguientes: «habitan en un territorio sin gobierno propio; se encuentran en situación de desigualdad frente a las elites de las etnias dominantes y de las clases que las integran; su administración y responsabilidad jurídico-política conciernen a las etnias dominantes, a las burguesías y oligarquías [...] los derechos de sus habitantes y su situación económica, política, social y cultural son regulados e impuestos por el gobierno central; los colonizados en el interior de un Estado-nación pertenecen a una “raza” [...] considerada “inferior”» (^{González Casanova, 2006}, p. 86).

Los argumentos de González Casanova en este tema tienen una relación cercana con los argumentos postulados por Frantz Fanon. Fanon, en su libro Condenados de la tierra, hace un análisis sobre la opresión colonial y los movimientos revolucionarios anticoloniales, tanto en el continente africano como en el continente. Fanon (¹⁹⁶³, pp. 78-86) argumenta que el sistema de colonialismo interno se establece y permea gracias al rol servil de las élites internas, que funcionan como agentes de las élites transnacionales. Este argumento es sumamente relevante, ya que, al igual que Casanova, critica a las élites colonizadas, que han tomado el poder después de la independencia formal de los Estados colonizados, pero que, en vez de hacer un cambio radical de la estructura opresiva colonial, la han perpetuado con la opresión hacia los grupos considerados inferiores.

Asimismo, González Casanova analiza el caso del movimiento zapatista directamente como una lucha contra el colonialismo interno. Cita a las y los mismos zapatistas, y declara que el movimiento lucha «por un mundo donde quepan muchos mundos» (²⁰⁰⁶, p. 88). Otra de las luchas, que está estrechamente relacionada con el movimiento zapatista, es la del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) en México, que ha logrado unificar las fuerzas de diferentes pueblos indígenas en México contra el colonialismo y el despojo. Un ejemplo de esto es la «otra campaña»³, donde se decidió de manera colectiva en el CIG lanzar a una candidata independiente anticolonial, anticapitalista y antisistémica a la presidencia de México en las elecciones de 2018. Fue elegida Marichuy, una mujer indígena nahua, médica tradicional de Jalisco. Este movimiento ha sido sumamente relevante, ya que la candidatura de Marichuy no fue una lucha partidista, sino una forma de visibilizar la resistencia que los pueblos indígenas han encabezado por más de 500 años contra el colonialismo. Incluso la misma forma de candidatura fue consuetudinaria, ya que Marichuy fue elegida solamente como una vocera (^{Márquez Duarte, 2022b}). Su candidatura como parte del CIG fue un verdadero movimiento de representación indígena. Marichuy resultó elegida en Asamblea, como una mujer nahua reconocida por su comunidad, por la que trabajó durante décadas. Esto contrasta con la candidatura de Xóchitl Gálvez, que, como se discutirá en las próximas páginas, no tiene legitimidad como indígena en el municipio donde nació: ninguna persona otomí o ñahñu la reconoce como parte de su grupo. De hecho, Gálvez no ha hecho nada por el grupo otomí al que dice pertenecer. Gálvez más bien representa lo que Fanon describe como élites colonizadas en un régimen de colonialismo interno, que perpetúan el sistema colonial, ya que se benefician de él, a expensas de los que supuestamente son sus compatriotas.

En este punto es importante también discutir nociones indígenas de la democracia. Uno de los elementos centrales para alcanzar la democracia participativa es la toma de decisiones de manera consuetudinaria, esto es, por consenso donde todas y todos los miembros participan directamente. Sobre este elemento es importante recuperar los modelos indígenas como el de la comunalidad. En la comunalidad, que viene del grupo indígena Ayuujk, las decisiones se toman por consenso en asambleas lideradas por el Consejo de Ancianos, y todos los puestos son honorarios, es decir, sin recibir remuneración económica; la autoridad se ejerce por medio del servicio gratuito a la comunidad (^{Díaz Gómez, 2001}, p. 368). Díaz Gómez (²⁰⁰¹, p. 370) agrega que la toma de decisiones en asamblea no es solo votar a mano alzada por las decisiones; lo central es la deliberación por consenso, a forma del cuchicheo, en donde todas las personas en la asamblea van discutiendo cada decisión, pasando sus opiniones y lo que consideran mejor de atrás hacia enfrente, de modo que el Consejo de Ancianos es simplemente el portavoz de lo que todas y todos deliberan. La elección de Marichuy como vocera del CIG fue decidida y apoyada de esta manera, por medio de la democracia consuetudinaria, en asambleas, a través de una comunalidad. La candidatura de Gálvez no fue decidida por las élites políticas partidistas, métodos elitistas y antidemocráticas que son totalmente opuestos a la comunalidad.

La CDI, Xóchitl Gálvez y la represión indígena a manos de la derecha

En 2024 se realizaron elecciones presidenciales en México, específicamente el 2 de junio. Existen tres personas que contienden para la presidencia:

Este artículo se centra en la figura de Gálvez Ruiz como caso de estudio de cómo la derecha en México realiza una simulación para mostrarse como un partido «progresivo», una «nueva derecha» como alternativa electoral, mientras que en la realidad se continúa con la criminalización, marginación y opresión hacia los grupos indígenas, y que usurpa su identidad para obtener votos. Sin embargo, es importante iniciar con un análisis de la trayectoria de la candidata en relación con el tema de pueblos indígenas, con el fin de entrar de lleno a la discusión.

Xóchitl Gálvez accedió a la arena política mexicana durante el gobierno del presidente Vicente Fox (2000 a 2006) como encargada de la Comisión de Desarrollo Indígena (CDI). Durante los seis años del gobierno de Fox, su rol fue muy mediático debido a que debía atender la situación de la Reforma Constitucional en materia de derechos indígenas, por la deuda histórica hacia el movimiento zapatista y todos los grupos indígenas (^{Gálvez, 2010}).

Durante la campaña presidencial de Vicente Fox, la tarea de resolver la deuda histórica con los pueblos indígenas fue un tema central, debido a que eran bastantes recientes el levantamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la firma de los Acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno mexicano con el EZLN. Durante la campaña, se presentó a Gálvez como la persona que iba a enfrentar el caso con el EZLN y que «resolvería el problema en 15 minutos», como aseveró Fox (^{Martínez, 2023}). La realidad fue muy diferente, ya que Xóchitl Gálvez rompió el diálogo con el EZLN sin cumplir las demandas del movimiento indígena ni resolver la situación. La propuesta de Reforma que llegó y que se aprobó en el Congreso de la Unión en 2001 se quedó muy corta, e incluso se considera como «la gran traición a los acuerdos de San Andrés». Cuando se preguntó a Gálvez ante las declaraciones del EZLN de declararla una traidora, ella aseveró que Fox hizo demasiado por este tema y se deslindó de responsabilidad diciendo que el Congreso era independiente (^{Martínez, 2023}).

Durante su gestión al frente de la CDI se creó el Consejo Consultivo de la CDI, emulando los consejos o comisiones ciudadanas en otros órganos «autónomos» como el Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral), que en la práctica han sido instancias creadas a modo, simulados, donde las y los consejeros o se eligen por «dedazo» o no tienen realmente ningún poder de toma de decisiones. En el caso del Consejo de la CDI se argumenta que:

Xóchitl y Fox lo utilizaron para otros objetivos: aislar políticamente al EZLN, cooptar organizaciones y líderes indígenas y aminorar la resistencia contra los proyectos que venían de la mano del Plan Puebla-Panamá [...] hubo una enorme cantidad de líderes que pasaron del Consejo Consultivo a tener un papel gris en los partidos o que terminaron convertidos en expertos en «bajar recursos», casi siempre distanciados o enfrentados con sus comunidades (Zolla ^{Márquez, 2023}).

Según Zolla ^{Márquez (2023}), durante la gestión de Gálvez al frente de la CDI aumentaron sobremanera las concesiones mineras y de agua en territorios indígenas, el crecimiento de parques eólicos y un despojo generalizado de tierras con el visto bueno de gobernadores, empresas y el crimen organizado. La CDI no hizo nada en casos como los de las matanzas de Agua Fría (Oaxaca), San Salvador Atenco (estado de México), entre otras (^{Martínez, 2023}). Sin embargo, un caso en específico muestra la política del gobierno de Fox y de la gestión de Xóchitl en la CDI, al simular la inclusión de grupos indígenas, mientras que en la realidad se les criminalizó, agredió y continuó oprimiendo, como en el caso de San Salvador Atenco y otros pueblos afectados por el proyecto del aeropuerto de Texcoco.

Las personas de la comunidad de San Salvador Atenco se oponían desde 2001 al proyecto del aeropuerto de Texcoco, al negarse a vender sus tierras (por una cantidad irrisoria), Vicente Fox expropió sus tierras por medio de un decreto. La comunidad se organizó y empezaron a cerrar carreteras y a hacer manifestaciones porque querían defender la tierra que les daba de comer. El 3 y 4 de mayo de 2006, Vicente Fox mandó a reprimir a los pobladores de Atenco, como lo hizo anteriormente, pero esta vez de una manera brutal. Envió a 3500 policías federales, que se llevaron a más de 200 personas detenidas y asesinaron a dos personas. Entre las 270 personas detenidas había 46 mujeres que después llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar los abusos que sufrieron por parte de los policías federales. Xóchitl Gálvez no hizo nada por esta comunidad (^{Ferriño Noticias, 2023}).

Gran parte de las personas detenidas en Atenco en mayo de 2006 tenían huellas fehacientes de la brutalidad policiaca que se ejerció contra ellas. Una de las detenidas, Magdalena, indígena mazahua fue acusada de secuestro y ataques a las vías generales de comunicación. Magdalena estaba vendiendo verduras en la calle y le fabricaron delitos. La subieron a un pick up y luego la llevaron al penal de Santiaguito. Después de estar 20 días presa, la visitó Xóchitl Gálvez. Magdalena respondió que no creía en el gobierno de Fox, ya que consideraba insultante que primero la detuvieran arbitrariamente, la golpearan múltiples veces y luego dijeran que la iban a ayudar: «Yo ya tengo quien me defienda. No necesito de ustedes» (^{Dávila, 2006}).

Uno de los elementos más contradictorios de este caso es que las y los pobladores de San Salvador Atenco trataron de acceder a los derechos que se reconocen a los grupos indígenas a nivel internacional, establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), como el derecho a la consulta libre, previa e informada, sobre cualquier proyecto o política pública que les pueda afectar (^{Convenio 169 de la OIT, 1989}). Sin embargo, la CDI y el gobierno de Fox les negaron ese derecho, al no querer reconocerlos como indígenas, aunque se hicieron peritajes antropológicos que muestran que Atenco y otros pueblos afectados eran comunidades prehispánicas (Zolla ^{Márquez, 2023}). Esto es especialmente contradictorio, ya que la misma Xóchitl Gálvez se hace pasar por indígena, aunque su comunidad no la reconoce.

Después de años de luchar por justicia, un grupo de 11 mujeres abusadas por policías en San Salvador Atenco tuvieron que llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que en el sistema judicial mexicano nunca se les hizo justicia. El caso de Mariana Selvas Gómez y otras se presentó en septiembre de 2016 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). La CIDH señaló que «el caso se relaciona con violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Mariana Selvas Gómez [...] en el marco de las detenciones y traslados realizados en los operativos policíacos que tuvieron lugar en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco». La Comisión halló actos graves de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las 11 mujeres, y de violación sexual en el caso de siete de ellas, por parte de agentes de la policía del Estado de México. Asimismo, la CIDH «estableció que el Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable», y recomendó «al Estado disponer una reparación integral a favor de las víctimas por las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, incluyendo el aspecto material y moral, y brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico» (^{SinEmbargo, 2016}).

Sin embargo, no fue hasta 2018 cuando la CoIDH falló a favor de las 11 mujeres de Atenco y halló culpable al Estado Mexicano. Lamentablemente, en la actualidad siguen sin tener justicia, ya que la Fiscalía del estado de México se ha negado a remitir el caso a la Fiscalía General de la República (FGR). Es importante señalar que la CoIDH determinó que la investigación penal en el estado de México es deficiente y no ha brindado acceso a la justicia. En 2020, el Juzgado Séptimo finalmente emitió una sentencia obligando a la Fiscalía del estado de México para que se remita el caso a la jurisdicción federal, y así se dejara de obstaculizar la investigación (^{Flores, 2020}).

Para rematar, Xóchitl Gálvez, continúa con la simulación, ya que anunció que, en caso de ganar las elecciones de 2024, enviará una nueva propuesta para que se cumplan los Acuerdos de San Andrés (^{Nación321, 2023}), pese a que no lo hizo cuando estuvo al frente de la CDI y tenía el deber de hacerlo, por lo que traicionó a los zapatistas y a los grupos indígenas en general.

Como se ha discutido en el apartado teórico, la candidatura de Gálvez es la perpetuación del colonialismo interno: por un lado, se pregona una figura que se hace pasar por indígena (como se discutirá en el próximo apartado), pero al mismo tiempo se reprime a las comunidades indígenas y se les despoja de sus tierras: inclusión simulada con una mano y neoextractivismo con la otra. Así es como opera la «nueva derecha» representada por el PAN en México.

Usurpación de identidad indígena de Xóchitl Gálvez

Como se ha mencionado en la introducción de este trabajo, Xóchitl Gálvez se ha presentado y hecho pasar por indígena, ya que nació en Tepatepec, en el estado de Hidalgo. Si bien en esta comunidad existen personas indígenas del grupo Ñahñu (Otomí), de acuerdo con estadísticas derivadas del Censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2020, solo un 4 % de personas de este pueblo son indígenas (^{PueblosAmérica, 2022}). De un total de poco más de 11 000 personas, menos de 600 personas son indígenas según cifras derivadas del censo.

Xóchitl Gálvez ha manejado el tema de la adscripción indígena como si fuera una propiedad individual; ella se dice indígena solo porque nació en Tepatepec. No obstante, para los pueblos indígenas la adscripción es un asunto colectivo: se es miembro de un pueblo específico porque se tiene un cargo, se participa en la asamblea, en el tequio y otras prácticas que solo pueden hacerse en comunidad (Zolla ^{Márquez, 2023}).

De acuerdo con el escritor Fabrizio Mejía (2023), Gálvez se está apropiando de la identidad indígena únicamente para aumentar sus estadísticas para las elecciones presidenciales de 2024. Fabrizio menciona que estuvo en Tepatepec, y se dio cuenta de que las personas de esa comunidad mencionaban qué Xóchitl Gálvez había usurpado la identidad Otomí (^{Los Reporteros Mx, 2023}).

Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la diputada indígena chinanteca de Oaxaca, Irma Juan Carlos, declaró:

Queremos usar esta tribuna y usar la voz para denunciar a las usurpadoras [...] no nos van a sembrar a una Indígena falsa. Xóchitl Gálvez no me representa [...] eres impostor, una usurpadora, mentirosa, hipócrita y sin vergüenza. Tú no eres indígena.

La diputada Juan Carlos también aseveró que mientras Gálvez estuvo al frente de la CDI se desviaron recursos que ayudaron a enriquecerla (^{García, 2023}).

Un compañero de la escuela de Xóchitl Gálvez, Cutberto Díaz, afirma que Gálvez y su familia eran ricos: «Y mire lo grande que era la casa donde vivía la familia, y qué paredes tenía, eso de que estaba hecha de pencas y láminas, mentira». Y agrega: «La escuela está ahí, a dos cuadras de la primaria, ¿qué es eso de que venía caminando descalza durante kilómetros? Ella nunca vivió en Dengantzha». Al llegar a Dengantzha, uno de los pueblos del municipio, a unos kilómetros de Tepatepec, le preguntan a la gente del pueblo y dicen: «No, no, ella nunca vivió aquí». Uno de sus primos Gálvez, que no quiso identificarse, dijo que: «No es indígena, pero sí se preocupaba por los indígenas ahí en Dengantzha» (^{Morán Breña, 2023}).

Como se puede apreciar, Xóchitl Gálvez no cumple con ningún elemento de la autoadscripción calificada: las personas del grupo indígena que viven en Tepatepec (Ñahñu u Otomí) no la reconocen como indígena y no hay evidencias de que haya trabajado de manera gratuita y voluntaria a favor de la comunidad indígena. Tampoco tiene ningún documento de ninguna autoridad de ese grupo indígena que la acredite como miembro de ese grupo.

Corrupción y neoliberalismo de Gálvez

Como se ha mencionado en la introducción, la candidatura de Xóchitl Gálvez se ha presentado como un ejemplo del «echaleganismo»⁴, a manera de tokenismo⁵: la candidata se presenta como una persona de familia pobre y origen humilde que gracias a su esfuerzo y emprendedurismo se ha hecho rica, cuando la realidad es otra.

Xóchitl Gálvez ha declarado en entrevistas, eventos de campaña y en todas las oportunidades que ha tenido que ella era de una familia muy pobre y que tenía que vender gelatinas de niña para poder sobrevivir, y que gracias a una beca pudo estudiar (^{El Financiero, 2023a}). Sin embargo, en entrevistas a familiares y personas de Tepatepec se ha encontrado que la familia de Xóchitl era de las más adineradas de Tepatepec: una tía paterna de Xóchitl Gálvez declaró que ella no vendió gelatinas para solventar los gastos de su casa y que su papá le pagó los estudios. También declaró que vivía en una de las casas más lujosas de la cabecera municipal, porque su papá era el médico de la región (^{Ameth, 2023}).

Posteriormente, el periódico El País realizó un reportaje en Tepatepec con entrevistas a diversas personas para investigar sobre los supuestos orígenes humildes de Xóchitl Gálvez. Los reporteros de El País descubrieron que Gálvez pertenecía a una familia acaudalada del municipio, y que la casa donde creció y vivió era más grande y con mejores servicios que la mayoría de las casas de la localidad (^{The Mexico News, 2023}).

Aunado a esto, políticos indígenas como Irma Juan Carlos han criticado a Gálvez por presentar una falsa idea de «mérito», al decir que su riqueza se debe al esfuerzo propio vendiendo gelatinas (^{García, 2023}).

Como se puede apreciar en los reportajes de diferentes medios (EA Noticias, Infobae, The Mexico News, El Financiero), Xóchitl Gálvez proviene de una de las familias más ricas de Tepatepec, no padeció de carencias económicas al crecer ni tuvo que vender gelatinas para sobrevivir o pagarse la escuela. Este tema es relevante, ya que el mito de la meritocracia, el «echaleganismo» y el emprendedurismo, se han usado por la derecha en México para justificar y legitimar políticas capitalistas neoliberales, al tiempo que se privatizan cada vez más los servicios públicos para beneficiar a empresas de las élites mediante la corrupción, se dejan desamparadas a las personas más marginadas y empobrecidas, y se aumenta cada vez más la desigualdad.

Continuando con este apartado, es necesario analizar cómo Xóchitl Gálvez y su familia se hicieron millonarios en pocos años, un tiempo teñido de acusaciones y procesos legales en su contra por delitos de corrupción. Para comenzar, hay que resaltar que Xóchitl Gálvez es directora general y fundadora de High Tech Services, una empresa creada en 1992 y que se especializa en el diseño de edificios inteligentes. Gálvez también es dueña de Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI) (^{El Financiero, 2023a}).

OMEI obtuvo 406 896 535 pesos en contratos con dependencias gubernamentales entre 2015 y 2023. Es importante resaltar que Xóchitl Gálvez fue jefa de la Delegación Miguel Hidalgo (MH) de la Ciudad de México (CDMX) (ahora las delegacional pasaron a ser municipios y la CDMX pasó a ser un estado) de 2015 a 2018. En sus declaraciones de ingresos y patrimonio presentó constantemente información falsa. Gálvez reportó en una de sus declaraciones de 2016 los ingresos anuales de su esposo por participación en OMEI, que alcanzaron 2 407 127 pesos. Reveló pagos por «conferencias y servicios profesionales» de Uriangato y Target Marketing Asesores S. C., que sumaron 1 619 828 pesos, pero no declaró que esa empresa es de propiedad de ella y que su esposo solo es la figura al frente. En su declaración final (de 2018), Gálvez omitió declarar los ingresos relativos a «actividades profesionales» de 229 934 pesos y negó tener inversiones, aunque cuenta con diversas inversiones registradas ante el Registro Público de la Propiedad. Sin embargo, Gálvez nunca declaró conflicto de interés con OMEI mientras fue jefa delegacional de la MH, a pesar de afirmar que su esposo era el accionista (^{AD Noticias, 2024}).

Por otro lado, en sus declaraciones patrimoniales manifestó que no tenía propiedades, aunque tiene una casa en Pachuca, otra en Tepatepec, un departamento en la CDMX, más la casa roja. No obstante, sí declaró que su cónyuge tiene un departamento en la CDMX, y dos automóviles, 200 000 pesos en joyas y obras de arte valuadas un millón de pesos (^{El Financiero, 2023b}).

Como se mencionó anteriormente, Gálvez tiene acusaciones por actos de corrupción mientras fue jefa delegacional de la MH. Se le ha acusado de delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de intereses y corrupción, específicamente en el caso de la construcción de la plaza comercial Altezza en Ciudad de México. Como jefa delegacional, Gálvez presumió que el dueño de la plaza, Daniel Romano, era su cliente y autorizó la publicitación vecinal y manifestación de construcción para construir esta plaza. Dichas autorizaciones «se otorgaron pese a irregularidades, porque el lugar se demolió sin autorización al estar catalogado y ella tenía la obligación de verificar la obra, lo cual no hizo porque se volvió su cliente» (^{Capital 21, 2023}). Esto constituyó un obvio conflicto de intereses y puede implicar otros delitos, ya que, por el puesto que tenía, ella no podía autorizar ninguna obra o negocio relacionado con sus empresas.

En el caso de la plaza Altezza, la desarrolladora Simetric Grupo Inmobiliario contrató los servicios de las empresas OMEI y Hi-Tech Services, dirigidas por el esposo y la hija de Gálvez, por 70 millones de pesos. Testigos en el caso comentan que en las publicitaciones vecinales de las obras, su hija iba con engargolados y Gálvez se los daba abiertamente a los desarrolladores diciéndoles: «Esta es mi empresa, pero ahora mi hija está a cargo y aquí se los dejo por si les interesa». Además de este caso, se están investigando en la fiscalía irregularidades en las manifestaciones de construcción de otros dos complejos inmobiliarios que fueron desarrollados por sus empresas: One Marina Park y Distrito Polanco (^{Gómez Flores, 2023}).

También se le acusa de actos de corrupción en el complejo donde se ubica la denominada «casa roja», valuado en 75 millones de pesos. En 2017, cuando estaba al frente de la MH, Gálvez dio los permisos para la construcción del complejo de «la casa roja» en la CDMX. Una investigación de SinEmbargo encontró que en la casa roja Gálvez compró uno de los departamentos por 9,8 millones de pesos, donde puso la misma propiedad que supuestamente había vendido a la diputada panista, sobrina del expresidente panista Felipe Calderón, Mariana Gómez del Campo. Xóchitl Gálvez compró uno de los departamentos en el complejo residencial (acto ilegal por su posición al frente de la MH) y además obtuvo un descuento de cinco millones de pesos, que, aun así, era más de lo que ganaba anualmente (1,4 millones de pesos). La constructora que hizo el complejo residencial también contrató a las empresas de Gálvez; es decir, ella misma habría autorizado y otorgado los permisos de construcción de su propio desarrollo inmobiliario. Aun con todo esto, la última declaración patrimonial que Gálvez hizo pública (del 27 de mayo de 2022) no incluyó las empresas en las que tiene participación, ya que dejó el espacio en blanco (^{Tapia Sandoval, 2023}).

Como muestran las fuentes analizadas, Gálvez ha hecho su riqueza por medio de actos ilícitos, al aprovecharse de sus posiciones gubernamentales y lazos políticos en las élites a las que pertenece, por lo que no es sorpresa que ella sea la imagen elegida por la derecha en México para que perpetúe e intensifique las políticas del capitalismo neoliberal y neocolonial. Esto se puede analizar claramente en sus actos de campaña. En su evento de campaña con empresarios «Diálogos por la Democracia», evento organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la cámara empresarial más grande de México, Gálvez se centró en dos temas: crear un estado de derecho atractivo para las inversiones y seguridad pública. Además declaró: «Sepárense dos meses de sus empresas y pónganse a hacer campaña, convenzan a sus empleados, convenzan a la gente de la comunidad, no hay mañana» (^{América Economía, 2024}). Es importante analizar estas propuestas de Gálvez, ya que representan la intensificación del neoliberalismo y de la represión:

La figura de Gálvez como la candidata es el claro rostro de la «nueva» derecha mexicana.

Metodología

La metodología de esta investigación es enteramente cualitativa, con un método de estudio de caso. Los instrumentos usados en esta investigación han sido la revisión bibliográfica y hemerográfica, así como el análisis de contenido hemerográfico y a la revisión de documentos legales para el contexto.

El estudio de caso se usa en esta investigación para mostrar la particularidad de la derecha en México actualmente, que dista del comportamiento y las posturas típicas de la derecha y la ultraderecha. De esa manera, mediante un caso se busca mostrar la excepción a lo que se asume en las discusiones académicas sobre la derecha. En la academia típicamente se considera a los partidos de derecha y ultraderecha en Latinoamérica con una plataforma basada en la xenofobia, el racismo, la supremacía blanca, la homofobia, etc. Sin embargo, en el caso expuesto en este trabajo muestro cómo el PAN, un partido de derecha, no solo pregona abiertamente el racismo hacia pueblos indígenas en la campaña presidencial de 2024, sino que presenta a una persona como indígena (aunque no tiene identidad indígena), es decir, se apropia de esa imagen en vez de rechazarla abiertamente, para apelar a un sector más amplio de votantes. La investigación bibliográfica y hemerográfica es crucial para los estudios de caso (^{Creswell, 2007}). Asimismo, el análisis de contenido es importante en estudios de caso que son sumamente recientes, como el presentado en este trabajo, y en otros que analicen documentos jurídicos y legislativos (^{Márquez Duarte, 2022a})

La investigación bibliográfica se usó para la discusión teórica y para el contexto del caso. De manera conjunta, la revisión hemerográfica y el análisis de contenido se llevaron a cabo para obtener información relevante sobre la figura de Gálvez, cuando fue comisionada de la CDI, jefa delegacional de la MH y candidata a la presidencia. También se realizó para obtener información sobre la usurpación de identidad indígena y sobre su origen socioeconómico. Finalmente, se utilizó este instrumento para obtener información acerca de las evidencias de presuntos actos ilícitos relacionados con corrupción de Gálvez y sus empresas.

Esta investigación hemerográfica se hizo en sitios de noticias en línea, con notas de periódicos nacionales, reportajes periodísticos y declaraciones de Gálvez y otras figuras políticas. Debido a que es un tema que está en desarrollo y que comenzó hace menos de un año, no fue posible encontrar fuentes académicas sobre este caso específico. La investigación hemerográfica se hizo de manera exhaustiva para buscar la mayor cantidad de información posible con evidencias, y se complementó con declaraciones de la misma Xóchitl Gálvez y de otras figuras públicas, especialmente indígenas.

Conclusiones

En este trabajo se ha analizado el caso de la candidatura de Xóchitl Gálvez a la presidencia de México en las elecciones presidenciales 2024, como candidata de la derecha, especialmente del Partido Acción Nacional (PAN). En este trabajo se ha argumentado que: