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1. INTRODUCCIÓN
La inseguridad ciudadana en el Perú generada por el aumento masivo de la delincuencia se ha convertido en un verdadero flagelo social. Esta situación se ha venido intensificando en las últimas dos décadas, y ha llegado a ser considerada como el principal problema del país, tal como lo demuestra la XII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú, elaborada por Ipsos (2022, p. 13), por encargo de Proética, en la que se hace una línea comparativa de los tres principales problemas identificados por los encuestados desde el año 2008 al 2022. Los datos revelaron que para el 2022 la delincuencia y la corrupción constituyeron los principales problemas elegidos por un 60 % y un 57 % de los encuestados. Asimismo, resulta interesante notar que en el año 2008, los principales problemas identificados por la sociedad fueron el desempleo y la inflación/aumento de precios, que por entonces obtuvieron un 46 % y 43 % respectivamente, mientras que la delincuencia fue considerada un grave problema tan solo por un 36 % de los encuestados.
Otro reciente estudio publicado por Ipsos (2023, p. 3), referido a las miradas sobre el crimen y las fuerzas de seguridad en veintinueve países, también aborda el caso peruano y ante la pregunta de si en los últimos doce meses la delincuencia o la violencia en su vecindario había aumentado, disminuido o se había mantenido casi igual que el año anterior, los resultados arrojaron que el 64 % de encuestados consideró que había aumentado, el 28 % que había permanecido casi igual, el 3 % señaló que no sabía y únicamente el 6 % consideró que había disminuido. Los datos expuestos corroboran la elevada percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía.
Frente a esta problemática, principalmente relacionada con los delitos contra el patrimonio en las modalidades de hurto y robo (con sus agravantes), es habitual que tanto los legisladores como diversos sectores sociales reclamen el endurecimiento de las penas como la mejor solución, y se llega al extremo de plantear la aplicación de la pena de muerte. Sin embargo, puede ocurrir que, en lugar de disuadir el comportamiento criminal, estando en un escenario en el cual de ser atrapados no tengan nada más que perder, se generen incentivos perversos para que los delincuentes adopten conductas más temerarias y agresivas. De ahí la importancia de analizar las consecuencias de una norma bajo todas las aristas posibles.
Tal como demostraremos por medio de la visión que ofrece el análisis económico del derecho, la solución no necesariamente pasa por aumentar el quantum de las penas, más aún si las instituciones responsables de prevenir y sancionar el delito no funcionan debidamente y la probabilidad de atrapar al delincuente resulta escasa.
El problema hasta aquí planteado nos invita a centrarnos en el comportamiento de dos de los principales agentes involucrados, el personal policial y los potenciales delincuentes, con el objetivo de determinar cuál enfoque sobre la organización policial puede resultar más efectivo para combatir la criminalidad.
Iniciaremos el trabajo desarrollando los conceptos básicos en torno a la economía del crimen, para posteriormente explicar las conclusiones de diversos estudios empíricos que analizan la incidencia de la policía sobre la tasa de criminalidad, ello resulta necesario teniendo en cuenta que vivimos en un contexto de serias críticas, desconfianza y desaprobación social respecto de dicha institución.
El análisis económico puede ofrecer herramientas valiosas para evaluar qué medidas resultan más eficientes y maximizan el bienestar de la sociedad. Evidentemente, si se quisiera hacer un análisis más exhaustivo, se tendría que considerar al resto de agentes y variables intervinientes, como por ejemplo, el Ministerio Público, los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como la sociedad civil. Sin embargo, ello demandaría una mayor extensión que bien puede ser contemplada para posteriores artículos, puesto que el presente busca centrarse únicamente en la actuación de la policía, a la que también puede asimilarse el personal de seguridad ciudadana en lo concerniente a las actividades de prevención del delito, patrullaje y monitoreo de la ciudad.
2. ALGUNOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ECONOMÍA
Los postulados de la economía constituyen herramientas útiles para explicar y predecir el comportamiento humano, el actuar delictivo no es ajeno a sus premisas. Para tal efecto, en primer lugar, mencionaremos tres de los diez principios básicos de la economía descritos por el economista Mankiw (2012, pp. 3-16 ) y a los cuales se adhieren la mayor parte de las escuelas del pensamiento económico.
2.1. Las personas enfrentan disyuntivas
A lo largo de la vida y debido a la escasez producida por los deseos ilimitados del hombre dentro de un mundo con recursos limitados, los individuos nos vemos obligados a tomar decisiones difíciles y elegir determinados bienes y cursos de acción en lugar de otros para la satisfacción de nuestras necesidades. Así, por ejemplo, una persona debe elegir entre generar sus ingresos realizando actividades lícitas o ilícitas, y de optar por las segundas, deberá seleccionar sus objetivos o víctimas; los medios, las técnicas o las herramientas que utilizará; decidir si operará de manera individual o colectiva; y en caso terminase condenado, una vez cumplida su pena, elegir entre abandonar la vida criminal o reincidir en su conducta delictiva.
2.2. El costo de un bien es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo
Un individuo racional, al enfrentar constantes disyuntivas, realiza un análisis de costo-beneficio de las posibles acciones que puede tomar, es así que llamaremos «costo de oportunidad» de un bien a aquello a lo que debemos renunciar para conseguirlo. Un ejemplo del costo de oportunidad que asume un delincuente sería el tiempo y los recursos invertidos en actividades criminales en lugar de dedicarse a actividades lícitas y productivas; vale decir, el costo de oportunidad consistirá en la renuncia al potencial ingreso que podría obtener trabajando legalmente.
2.3. Las personas responden a los incentivos
Un incentivo es aquello que motiva a una persona a elegir un plan de acción sobre otro. Los incentivos están dados por las ganancias y las pérdidas. Es importante destacar que estos principios se basan en la premisa de que los individuos racionales priorizan los bienes (aquello que les brinda felicidad) sobre los males, y que la opción óptima para un individuo racional frente a un mal es simple: maximizará su utilidad a medida que disminuya el consumo de ese mal. Dentro de nuestro análisis, un ejemplo de incentivo positivo para que una persona cometa un delito de corrupción o contra el patrimonio estaría dado por una ganancia económica rápida y aparentemente fácil (buscará aumentar el consumo de este bien) y un ejemplo de incentivo negativo sería la pena con la que se sancione el delito (buscará reducir el consumo de este mal).
3. LA ECONOMÍA DEL CRIMEN
La economía del crimen se circunscribe al análisis de la efectividad de las políticas públicas sobre la tasa de criminalidad, dentro de la teoría de la elección racional y desde una perspectiva económica. El presupuesto base, de la mano con los principios descritos, es que los individuos hacen cómputos de los costos y los beneficios de los distintos cursos de acción, en donde el delito es uno de ellos. Según Silva (2011, p. 298 ), la racionalidad implica que el agente realice un cálculo comparativo entre los riesgos y los beneficios del delito. El delincuente analizaría si le es conveniente cometer un delito, según las ganancias que este obtendría por la actividad delictiva, respecto de realizar otra actividad legal (Wilson y Herrnstein, 1985, p. 359 ). En otras palabras, el delincuente debe considerar la probabilidad de ser atrapado, procesado y condenado, así como las consecuencias penales que esto implicaría, y sopesarlas con las ganancias potenciales que espera obtener de su actividad delictiva.
En este punto, resulta casi obligatorio citar al padre de la economía del crimen, Gary Becker. Sin embargo, es importante destacar que el premio nobel de economía no fue el primero que nos aproximó a una explicación economicista acerca de las penas y el comportamiento criminal. Ya desde el Tratado sobre los delitos y las penas de Beccaria (1764/1822) y el escrito Introducción a los principios de la moral y la legislación de Bentham (1789/2008) encontramos la idea de un comportamiento racional por parte de los potenciales delincuentes que, a través de un análisis costo-beneficio, evalúan la conveniencia de cometer un crimen o no.
Becker (1974) será el primero en sistematizar y formalizar todas estas ideas, y las adaptará al desarrollo de la microeconomía moderna. Utilizando el modelo de elección racional, los individuos observarán las pérdidas y las ganancias de adoptar un comportamiento criminal. El hombre mantendrá un comportamiento criminal siempre y cuando la utilidad por la comisión del delito supere a la que le reporta la utilidad por llevar adelante la actividad legal. En dicho sentido:
EU = p [ U (Y - f)] ; + (1 - p) U (Y)
con: 0 < p < 1
EU(L) = U (w)
En donde «EU» es la utilidad esperada de cometer un delito; «p» representa la probabilidad de padecer una pena, por lo que «1 - p» será la probabilidad evaluada por el potencial criminal de librarse del castigo; «Y» representará la ganancia percibida por el delito; y «f» representará la pena por el delito cometido. De modo que la utilidad esperada por cometer un delito es igual al beneficio total del delito (ganancias menos costos) multiplicado por la probabilidad de ser atrapado, más la utilidad que le reportaría la ganancia percibida por el delito multiplicada por la probabilidad de librarse de las consecuencias penales.
Al ser la utilidad esperada por la actividad legal (L) igual a la utilidad que le reportará el salario que percibirá, tendremos que el individuo estará incentivado a elegir la opción criminal cuando:
p [ U (Y - f)] + (1 - p) U (Y) > U (w)
con: 0 < p < 1
Notemos que las personas responderán a cambios en: el salario legal (que representará un costo de oportunidad); la ganancia por el delito (Y); la probabilidad de ser arrestado y condenado, y la probabilidad de ser ejecutada la pena (p); y la severidad de la pena (f), que representa el costo de la actividad delictiva.
Si bien las personas no responden desde un análisis de costobeneficio ante cualquier situación, y cuando lo hacen no se motivan únicamente en las ganancias y las pérdidas del delito, pueden adicionarse otros factores dentro del análisis. De este modo, las personas más moralistas reportarán una menor utilidad por la actividad delictiva. A su vez, las personas pueden tener distintas percepciones ante los riesgos de que una pena sea aplicada efectivamente (actitud frente al riesgo1). Esto puede variar según un sinfín de factores.
Por todo ello, el marco explicativo que nos provee el modelo de elección racional puede parecer demasiado simplista y poco realista. Pero pueden adicionarse otros factores que consideremos relevantes y estudiar su incidencia sobre el crimen. En este sentido, el modelo propuesto por Becker ha sido muy exitoso como punto de partida para estudiar las diversas variables que pueden llegar a incidir sobre el comportamiento criminal.
A modo de resumen, podemos decir que en la teoría económica del delito existen principalmente dos variables que, ceteris paribus2, inciden sobre la cantidad de delitos cometidos en una sociedad:
- Un aumento del castigo provocaría una disminución significativa de la cantidad de delitos cometidos. En términos técnicos, la hipótesis sostiene que la oferta del delito es elástica respecto del castigo (Cooter y Ulen, 1998, p. 585 ).
- Una variación de la certeza de castigo puede incidir sobre la comisión del delito más que el castigo en sí mismo, dado que los agentes económicos pueden ser adversos al riesgo.
Ambas variables, tanto el castigo como la probabilidad de ocurrencia del castigo, aumentan la pena esperada para el potencial delincuente, lo que constituirá un incentivo para que este no emprenda una actividad delictual.
Bajo esta premisa, desde la teoría de la elección racional, un mayor número de policías debería llevar a una menor cantidad de delitos (al aumentar la probabilidad de ser atrapado, la actividad delictiva que emprende el potencial delincuente se ve encarecida). Sin embargo, una investigación empírica, para corroborar la hipótesis de Gary Becker, acerca del efecto de la policía en la criminalidad no resulta tan fácil de realizar. La principal complejidad que se presenta será la de mitigar el problema de selección. Cuando las fuerzas policiales deciden realizar un operativo en determinada zona, se confunde el efecto que puede tener el operativo policial sobre dicha zona con el efecto que tienen las características propias del lugar y que en principio pudieron motivar la decisión de realizar dicho operativo; así como muchas otras complicaciones.
Los economistas han buscado distintas maneras de sortear estas complicaciones. En definitiva, se han valido de cuasiexperimentos en donde la decisión de aumentar la presencia policial no dependa de la tendencia delictiva de la zona. Sin embargo, los hallazgos que se puedan realizar acerca de estos estudios serán perfectamente válidos para el entorno de investigación para el cual se desarrolla el estudio, y no siempre es pertinente la generalización a otras poblaciones.
4. PROBLEMÁTICA INTERNA DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS
Dentro de las políticas públicas, las de seguridad son aquellas en donde la sociedad coloca una mayor esperanza en cuanto a su efectividad para conseguir una mayor reducción de la criminalidad. Sin embargo, esta expectativa puede que no siempre se cumpla. En ocasiones, es probable que las medidas para prevenir la comisión de delitos funcionen de alguna manera, aunque pueda resultar incierto qué tan eficaces lleguen a resultar. Por otra parte, no será lo mismo invertir en cualquier medida de seguridad (algunas pueden resultar más eficaces que otras y algunas por sí solas pueden resultar del todo estériles). Cuánto disminuye la comisión de delitos por cada medida de prevención del crimen, resulta una incógnita de imposible respuesta. Sin embargo, ello no puede persuadirnos a dejar de buscar respuestas que nos provean de mejor información a la hora de encarar una política de prevención relacionada con mayor inversión en seguridad. Solo a través de dicho estudio podremos encarar una eficiente reasignación de recursos de modo que las medidas que se adopten para la prevención del crimen reporten la mayor cantidad de «ganancia» posible.
En cuanto a políticas de seguridad, las mayores dificultades en la asignación de recursos para cada medida se relacionarán con:
-La multicausalidad del crimen: evaluar cuáles serían las políticas de prevención más eficaces para la reducción de determinado delito se complejiza si tenemos en consideración que cada delito responde a una variedad muy vasta de causales, de manera que no siempre resulta claro qué medidas ayudan a prevenir ciertos delitos. De este modo, por ejemplo, puede resultar muy complejo definir todos los mecanismos para disminuir la cantidad de consumo de estupefacientes (una primera aproximación por medio de la intuición puede sugerirnos que existen varios factores de índole económico, social, educativo, publicitario, etc., que determinan dicho comportamiento, y resultará difícil definir la incidencia de cada uno).
-La multidimensionalidad del crimen: los hechos delictivos tienen múltiples consecuencias que, contrastadas unas con otras, resultaría muy difícil encarar la evaluación acerca de la eficiencia en la asignación de los recursos de prevención; en otras palabras, evaluar cómo una asignación respecto a la prevención de determinado delito puede impactar respecto a un costo de oportunidad de disminución de otro. De este modo, si por ejemplo asignamos determinada cantidad de recursos en asistencia económica a las mujeres que atraviesan un embarazo no deseado para persuadirlas de no abortar y disminuye la cantidad de abortos en un 15 %; mientras que si utilizásemos esos mismos recursos para aumentar el número de controles de tránsito, disminuiría la cantidad de accidentes en un 10 %, no queda claro cómo debemos comparar ambos resultados.
-Interdependencia entre las medidas: determinadas medidas de prevención pueden estar relacionadas entre sí. Por ejemplo, el asignar mayor presupuesto en agentes de seguridad para detener a más personas puede generar un exceso de gente en las carceletas de las comisarías que supere la capacidad física y logística en el marco inicial de la investigación penal.
Estas problemáticas también pueden llegar a afectar la validez de los estudios. Por otra parte, en ocasiones la selección del modelo adecuado es un problema en cuanto a la calidad de la información que nos proveen determinados resultados. En la selección de las variables explicativas de un fenómeno, eventualmente, debemos intentar abarcar muchos más factores, y en otros nos bastará un modelo más sencillo con solo un par. A su vez, algunos modelos no tienen en cuenta la interrelación existente entre las distintas medidas de prevención y la tasa de delitos (cuando en ocasiones será fundamental), y la interrelación de las variables entre sí.
5. PROBLEMÁTICAS DE EXTRAPOLAR LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS AL CONTEXTO PERUANO
Las investigaciones enfocadas en estudiar las relaciones existentes entre las políticas de prevención dirigidas a robustecer o mejorar las fuerzas de seguridad respecto a la tasa de criminalidad realizadas en muchas ciudades en el mundo (principalmente en Estados Unidos y varias ciudades europeas) no podrán ser extrapolables al contexto peruano sin antes realizar varias aclaraciones al respecto.
Debemos aclarar que no existirá nunca una extrapolación perfecta del análisis que podamos recabar de un contexto temporo-espacial determinado a otro. En dicho sentido, existen un sinfín de variables que pueden volver impertinente dicha extrapolación, como el contexto educativo, social, económico, religioso, institucional, etc. No obstante lo cual, no es del todo cierto que aun así no se pueda trazar absolutamente ninguna relación entre las variables valiéndonos de estudios realizados fuera del país.
Por otra parte, más allá de la extrapolación espacial, existirá un problema adicional: la extrapolación temporal. Cuando la mayor parte de los estudios toman series temporales de varias décadas atrás, su pertinencia en la actualidad se encontrará más debilitada.
Realizadas estas aclaraciones, lo cierto es que el hombre, más allá de su complejidad y su mutabilidad, posee rasgos en común que habilitan tomar un estudio de determinado contexto para analizar otro que le es ajeno (de no ser así, debemos admitir que en definitiva una persona, por haber nacido en otro espacio y tiempo, constituye una especie distinta a tal punto de no responder en absoluto a los incentivos a los que otras personas, en otros contextos, responden). Por otra parte, resulta correcto afirmar que la pertinencia de la extrapolación se verá afectada por todos los factores mencionados; se puede hablar, por ende, de grados de pertinencia en la extrapolación (mas nunca de impertinencia absoluta).
En definitiva, existirán dos consideraciones que deberemos tener para afirmar que determinada conclusión puede resultar, con un alto grado de probabilidad, cierta en otro contexto en donde no se ha realizado dicho estudio, a saber:
-Cantidad de veces y similitudes culturales en las cuales haya sido realizado el experimento: si el estudio ha sido realizado varias veces en distintos contextos, y ha dado el mismo resultado, podemos afirmar que la extrapolación a otro espacio resultará más pertinente; vale decir, es más probable que las relaciones trazadas mantengan la misma vigencia. En dicho sentido, Estados Unidos, por ser un país sumamente variado en cuanto a rasgos sociales, económicos, culturales, religiosos, políticos, etc., nos ofrece un buen contexto experimental. Si en distintos contextos los resultados son idénticos, es más probable que los sean en todos. A su vez, si determinado contexto tiene rasgos parecidos, también será probable que dicho resultado sea aplicable en ese otro contexto. Por otra parte, si adicionalmente contamos con estudios de países europeos, y de algunos latinoamericanos, todos con resultados similares, ello nos podría conducir a afirmar que si replicásemos el estudio en Perú, sería probable que los resultados no difieran en demasía.
-Temporalidad de los datos: en dicho sentido, si los estudios toman series de tiempo más próximas, podremos afirmar que son más pertinentes, en tanto existe determinada estabilidad y consistencia en el comportamiento humano mientras menor sea el período transcurrido.
6. TAMAÑO DE LA FUERZA POLICIAL
Al buscar una estimación acerca del efecto causal del tamaño de la fuerza policial y la delincuencia, los economistas Evans y Owens (2007) aprovecharon la Ley de Control de Delitos Violentos de 1994 dada en Estados Unidos, que otorgaba subvenciones por un total de 8800 millones de dólares a las agencias policiales locales para que contratasen más oficiales (con dicho dinero se financió la contratación de 88 000 oficiales policiales adicionales, lo que representó un aumento del 14 % en los Estados Unidos). De este modo, el aumento policial no se vio motivado por un alza de la delincuencia.
Dicho aumento en el número de policías significó una reducción de la tasa de delincuencia. Un aumento del 10 % en el tamaño de las fuerzas policiales en una ciudad llevó a una reducción del 9.9 % de los delitos violentos y a un 2.6 % de la tasa de delitos contra la propiedad. Lo que significa que, en definitiva, la elasticidad3 del delito respecto de la presencia policial fue de -0.26 para delitos contra la propiedad y de 0.99 para delitos violentos.
Un estudio similar se realizó en el Reino Unido por parte de los economistas Machin y Marie (2004). En este caso, por la Street Crime Initiative de 2002, el gobierno del Reino Unido introdujo 40 millones de libras esterlinas a diez de las cuarenta y tres fuerzas policiales locales para contrataciones adicionales, pagos de horas extras y adquisición de nuevas tecnologías. Las tasas de robo disminuyeron significativamente en relación con las áreas que no resultaron beneficiadas.
Un estudio de Levitt (2004) concluyó que existieron cuatro factores fundamentales por los cuales se redujo la criminalidad en Estados Unidos durante la década de 1990, a saber: «el incremento del número de policías, el aumento de la población penal, la disminución de la epidemia del crack y la legalización del aborto» (p. 18). Por otro lado, concluye que existieron seis factores que si bien servían como supuestas explicaciones hasta ese momento, no jugaron un rol real y directo para disminuir la criminalidad, estos fueron: «la solidez de la economía, los cambios demográficos, las mejores estrategias policiales, las leyes de control y porte legal de armas y un aumento en la aplicación de la pena de muerte» (Levitt, 2004, pp. 12-17). En relación específica con el incremento de la policía, el investigador sostiene que estudios iniciales no encontraron correlación entre el número de policías y la criminalidad debido a problemas endógenos. Sin embargo, investigaciones posteriores concluyeron que más policías se relacionaban con menos criminalidad. Suponiendo una elasticidad de 0.40, se estima que el aumento redujo la criminalidad en un 5-6 %. Los gastos en policía superaron los US$ 60 mil millones, mientras que el aumento del 14 % en el número de policías costó US$ 8.4 mil millones al año. El estudio concluye que la reducción de la criminalidad puede tener beneficios de hasta US$ 20-25 mil millones al año, superando el costo.
7. PATRULLAJE
7.1. Alerta terrorismo
Los economistas Klick y Tabarrok (2005) realizaron un estudio respecto de la presencia policial causada por una alerta terrorista. Luego del 2002 la Oficina de Seguridad Nacional de Estados Unidos implementó un sistema de alerta terrorista consistente en cinco colores según el nivel de riesgo de terrorismo a nivel nacional (en orden creciente: verde, azul, amarillo, naranja y rojo). En Washington D. C., cuando el nivel pasaba de amarillo a naranja aumentaba la presencia policial en el área del National Mall (área en donde estaban concentradas las residencias de varios funcionarios del gobierno). El estudio muestra que la cantidad de delitos se reducía, en dicha zona, en un 15 % durante una alerta roja (mientras que no era significativa la disminución en otros distritos). La disminución en el distrito de National Mall es de más del doble que la que se encuentra para la ciudad en general. El 43.6 % de la disminución total de la delincuencia se concentró en el área en donde aumentó el patrullaje policial a raíz de la alerta terrorista.
Estudios similares y con idénticos resultados fueron realizados en Londres por los economistas Draca, Machin y Witt (2008), al analizar el ataque terrorista del 2005 (la elasticidad de la presencia policial fue de -0.3), y en Buenos Aires por los economistas Di Tella y Schargrodsky (2004) al analizar la mayor presencia policial que generó el ataque terrorista de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina). El aumento policial, en ambos casos, llevó a una disminución significativa de la delincuencia local.
7.2. Estudios experimentales
Por otra parte, Chalfin y McCrary (2018) realizaron un estudio del efecto policial en el crimen, a través de un relevamiento de las ciudades medianas y grandes de los Estados Unidos (se trata de uno de los grandes estudios que no son cuasiexperimentales sobre el tema). En dicho estudio, la elasticidad de la fuerza policial respecto de los delitos contra la propiedad fue de -0.17, mientras que la elasticidad respecto de los delitos violentos fue de -0.35. Sobre la base de estos resultados, la conclusión fue que el efecto de la presencia policial en Estados Unidos no resulta significativo para los delitos contra la propiedad. En cambio, sí lo hace respecto a los delitos violentos. Debemos destacar que este estudio no resuelve el problema de simultaneidad mencionado. Sin embargo, los resultados coinciden con los estudios cuasiexperimentales que existen al respecto.
A su vez, el costo del delito que utilizan para cuantificar el retorno a invertir en la policía se limita a lo que una víctima estaría dispuesta a pagar para obtener una menor probabilidad de victimización por asesinato, abusos sexuales, hurto, robo (entre ellos el robo de vehículos automotores) y otros robos agravados. Debe destacarse que estos no son los únicos delitos que la policía tiene la tarea de prevenir y resolver (por lo que, en realidad, su presencia genera otros muchos retornos por los cuales las personas estarían dispuestas a pagar que no son considerados). Otra de las grandes conclusiones del estudio será que las ciudades de los Estados Unidos deberían, a partir de un análisis costo beneficio, aumentar el nivel de presencia policial4.
En 1972 se realizó un experimento para evaluar la eficacia del patrullaje sobre una zona en específico, en colaboración con el Departamento de Policía de Kansas City. Para tal fin, se realizaron quince operativos, se dividieron en cinco zonas distintas (tres operativos por zona). Luego la policía asignó, al azar, la naturaleza de los operativos: de control (realizando un patrullaje como de costumbre), reactivos (detuvieron el patrullaje y solo se encargaron de responder llamadas) y proactivos (se incrementó la visibilidad del patrullaje, se enviaron más unidades de lo habitual). Después se procedió a supervisar los datos de los delitos cometidos en cada zona de manera semanal durante un año. El experimento reveló que una patrulla policial adicional hizo poco para reducir la delincuencia (las tasas de los tres grupos eran muy similares).
Los hallazgos fueron decepcionantes. Se argumentó por parte de los defensores del efecto de la policía sobre las tasas de criminalidad, que las zonas sobre las cuales se efectuaron los operativos eran tan grandes que resultó insuficiente la cantidad de policías implicados como para generar un cambio en las expectativas de los potenciales delincuentes. A su vez, se argumentó que el tiempo pudo haber sido insuficiente para que los potenciales delincuentes ajustasen sus expectativas en ser capturados. De cualquier modo, los resultados no fueron favorables.
7.3. Puntos calientes o «hot spots»
Por otra parte, el análisis espacial de la delincuencia nos permite identificar determinados «puntos calientes» (hot spots), es decir, zonas en donde suelen concentrarse las conductas criminales.
La «Ley de Concentración del Delito» hace referencia a la teoría desarrollada por Weisburd y Braga de que muchos delitos se concentran en áreas específicas de una ciudad (citados por Amemiya y Ohyama, 2019). En dicho sentido, partiendo de esta tesis, para disminuir la tasa de criminalidad deberíamos concentrar los esfuerzos en el patrullaje en dichas zonas, esto es, mejorar la eficiencia de la presencia policial (realizar un Hot Spot Policing).
Existen un centenar de investigaciones empíricas que demuestran que el crimen se concentra en unidades microgeográficas (Groff et al., 2010), así como la relación entre la presencia policial en los hot spots y la disminución de la tasa de criminalidad (Braga et al., 2012). Dentro de los estudios más notables de hot spots, son de cita obligatoria los siguientes:
•Estudio de Sherman: este estudio pionero analizó la distribución espacial del delito en Minneapolis y descubrió que la mayoría de los delitos se concentraban en unos pocos lugares específicos. Esto sentó las bases para futuras investigaciones sobre los puntos calientes (Sherman et al., 1989).
•Estudio de Braga: en este estudio se analizaron los efectos de la aplicación selectiva de la presencia policial en los hot spots en la ciudad de Jersey. Se encontró que la concentración del patrullaje en áreas específicas redujo la tasa de delincuencia de manera significativa (Braga et al., 1999).
•Estudio de Weisburd: este estudio recolectó datos de la ciudad de Seattle y encontró que los hot spots de delincuencia eran altamente estables a lo largo del tiempo. También mostró que las intervenciones dirigidas a esos puntos calientes condujeron a una reducción significativa de la tasa de delincuencia (Weisburd y Eck, 2004).
•Estudio de Ratcliffe: la investigación se centró en Filadelfia, donde se estudió la relación entre los hot spots y la delincuencia vecinal. Se encontró que los hot spots tenían un efecto de arrastre, es decir, la delincuencia en estos se asociaba con un aumento en la delincuencia en áreas cercanas (Ratcliffe et al., 2011).
7.4. Táctica de patrullaje en el hot spot
Un tema muy asociado es el de las tácticas de patrullaje en los hot spots, lo cual resulta también determinante en la eficiencia de la medida. En dicho sentido, se han demostrado como positivas varias tácticas, a saber:
•El patrullaje dirigido (McGarrell et al., 2001): es la acción básica de patrullar una zona determinada con la finalidad de detectar actividad sospechosa, responder a llamadas de emergencia y mantener una presencia policial visible.
•Vigilancia policial de ventanas rotas (Weisburd y Braga, 2006): esto es aumentar la vigilancia o presencia policial en determinadas zonas, para atender problemas menores, como grafitis, vandalismo o pequeños robos, abordándolos para así denotar la presencia policial en dichas zonas.
•Patrullaje a pie (Ratcliffe et al., 2011): consiste en que los agentes de policía realizan sus recorridos a pie en lugar de utilizar vehículos. El patrullaje a pie permite una mayor interacción con la comunidad.
•Vigilancia orientada a problemas (Taylor et al., 2011): este enfoque se basa en la identificación y el análisis de problemas específicos de una comunidad para encararlos de manera particularizada. La vigilancia orientada a problemas implica recopilar información detallada sobre el problema, analizar sus causas y consecuencias, y desarrollar estrategias específicas para abordarlo de manera efectiva.
•Vigilancia policial enfocada (Groff et al., 2015): la vigilancia policial enfocada implica recopilar información sobre los individuos o grupos identificados como una amenaza o responsables de delitos graves y realizar un seguimiento constante de sus actividades. Esto puede incluir vigilancia encubierta, monitoreo de comunicaciones, investigación de antecedentes y cualquier otra táctica necesaria para prevenir o interrumpir sus actividades delictivas.
Por ejemplo, durante el experimento de vigilancia de hot spots de Minneapolis que mencionamos, los oficiales participaron en varias actividades, incluyendo interacciones amistosas en un estilo de vigilancia comunitaria (Sherman y Weisburd, 1995). Idénticos resultados dieron patrullajes dirigidos a determinadas personas en Indianápolis (McGarrell et al., 2001). En Minneapolis, la mitad de las llamadas (que denunciaban hechos delictivos) se concentraron en el 3 % de las calles, en donde en el 50 % nunca se mandó un vehículo (Sherman et al., 1989). Los economistas Sherman y Weisburd (1995), para analizar la incidencia de la presencia policial sobre los «puntos calientes», realizaron un experimento en donde identificaron ciento diez de ellos, los dividieron en dos y les asignaron al azar a uno un patrullaje de control habitual y al otro un patrullaje intensivo (con el doble de horas de patrullaje). El resultado arrojó que, en los grupos experimentales, se redujeron los llamados en aproximadamente un 10 %.
Aun así sigue siendo un campo de estudio abierto qué tipo de actuación policial en los hot spots puede resultar más eficiente para reducir la tasa de criminalidad. En muchas ocasiones la literatura sobre el tema determina que la eficacia de la presencia policial para la prevención del delito está atada a la percepción de la ciudadanía respecto de los agentes policiales. Debido a que el Estado ostenta el monopolio legítimo de la fuerza, y que el ejercicio de dicho poder en las calles reposa en la policía, se espera que esta funcione con un alto estándar de profesionalismo.
Esto resulta esencial a la hora de implementar determinadas medidas que pueden impactar negativamente sobre la ciudadanía, si estas no se realizan de una manera lo suficientemente profesional. Dicha incógnita fue una línea investigativa realizada por Haberman y sus colaboradores (Haberman et al., 2016), al analizar el impacto de determinadas medidas sobre la ciudadanía. En un contexto de debilidad institucional, con escaso nivel de transparencia y de desprestigio de las organizaciones policiales, con escasos recursos, salarios bajos y formación profesional inadecuada, es difícil concebir una real mejora por medio de este enfoque que trascienda más allá del simple patrullaje y presencia policial.
Incluso en contextos de mayor desarrollo institucional y de empleo de recursos, la percepción de las medidas policiales se mostró inadecuada por parte de la ciudadanía cuando la policía llevaba a cabo un enfoque en el control ciudadano directo, y resultó con mejor recepción un control más indirecto focalizado en la zona.
En el Perú, la desconfianza hacia el personal policial se evidenció con los resultados arrojados por el estudio de Ipsos (2023, p. 14), puesto que frente a la pregunta de qué tanta confianza tenían en que las fuerzas de seguridad (p. ej., la policía) evitaran que ocurriesen delitos violentos en su vecindario, tan solo el 10 % de los encuestados manifestó tener mucha confianza; el 29 % algo de confianza; el 3 % no lo sabía; el 36 % dijo no tener mucha confianza y el 22 % señaló no tener nada de confianza.
7.5. Control policial en la vía
En febrero de 2003 la policía estatal de Oregon, dentro de un plan de recorte presupuestario, decidió despedir al 35 % de los agentes policiales. A raíz de dicho hecho se registró un aumento del 19 % de los accidentes fatales y un aumento del 14 % de los accidentes no fatales. Dichos datos motivaron a los economistas DeAngelo y Hansen (2014) a realizar un estudio fundado en un relevamiento de datos históricos de los accidentes viales en carreteras y autopistas de los Estados de Oregon, Idaho y Washington, en el que demostraron la relación existente entre el control policial y la ocurrencia de los accidentes viales en autopistas y carreteras de las afueras de la ciudad y en condiciones climáticas favorables. Dichos autores concluyen que la policía representa un mecanismo eficaz en hacer cumplir los límites de velocidad en carreteras y autopistas. Gracias a los agentes de seguridad en las vías se pueden prevenir lesiones; esto es, que existe una relación inversamente proporcional entre la cantidad de agentes de seguridad en las vías y la cantidad de ocurrencias de lesiones viales, con elasticidad que varía entre -0.2 y -0.5, por lo que la asociación resulta no trivial entre dichas variables5.
El riesgo asociado al castigo en las carreteras y las autopistas influye de manera significativa en los niveles de muertes y lesiones producidas por los accidentes de tránsito.
8. EFICIENCIA DEL GASTO EN LAS FUERZAS POLICIALES
Los estudios analizados, si bien destacan la disminución de la delincuencia cuando existe una asignación de dinero adicional a las fuerzas de seguridad, no analizan cómo este dinero es gastado. La inversión en nuevas contrataciones de policías no es igual a horas extras del personal calificado, como tampoco lo es un aumento salarial o la adquisición de nueva tecnología.
En definitiva, cada inversión en un rubro determinado dentro de la fuerza de seguridad repercutirá de manera distinta en la tasa de criminalidad. Así, el economista Mas (2006) realizó un estudio en Nueva Jersey en el que demostró que un aumento salarial generó un incremento en el número de arrestos y una disminución de la tasa de criminalidad6.
9. EMPLEO TECNOLÓGICO EN LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
Otro trabajo, realizado por Garicano y Heaton (2010), concluyó que el aumento en el empleo de computadoras por parte de las agencias policiales para el registro, el análisis de delitos, la investigación, y su manejo en el trabajo administrativo, generó un aumento significativo en la eficiencia de la captura de delincuentes. La utilización del empleo de tecnología en determinados delitos (como la trata de blancas) aumentó en un 10 % la probabilidad de identificación de las personas que habrían cometido dicho delito. Sin embargo, no se encontró una mejora general en los crímenes comunes, así como tampoco una reducción de la criminalidad.
Por otra parte, Tegner et al. (2021) encontraron que la implementación de una base de datos de ADN para los acusados en Dinamarca redujo la probabilidad de reincidencia, en el año siguiente, en un 43 %. Se estimó que la elasticidad del crimen respecto a la probabilidad de detección fue de -1.7 %. Por su parte, Doleac (2017) en forma independiente realizó un estudio similar en los Estados Unidos para estimar el efecto disuasorio de la implementación de la base de datos de ADN para las personas que habían delinquido. En dicho estudio, se estimó que la implementación redujo en un 17 % la tasa de delitos violentos, y en 6 % los delitos contra la propiedad. En definitiva, estos estudios sugieren que la implementación temprana de personas acusadas en una base de datos de ADN reduce la ocurrencia de delitos.
10. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO PERUANO
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2023) publicó las estadísticas de la criminalidad, seguridad ciudadana y violencia en el Perú hasta marzo de 2023. En cuanto a los delitos contra el patrimonio señala que durante el 2020 se registraron 189656 casos, el 2021 un total de 247 672 casos, y el 2022 un total de 316728 casos. Igualmente, las denuncias más frecuentes registradas en el período octubre-diciembre de 2022 fueron contra el patrimonio, 87 395 casos; seguido de aquellas contra la seguridad pública, 15 394; contra la vida, el cuerpo y la salud, 11 672; y contra la libertad, 10 046.
Un dato importante es que durante el período octubre-diciembre de 2022 hubo un incremento significativo de 15 835 casos en los delitos contra el patrimonio respecto del período de octubre-diciembre de 2021, lo que representó un aumento del 22.1 %, mientras que tomando como base de comparación el período octubre-diciembre de 2020, el aumento fue de 34 670 casos, lo que representa un aumento del 39.67 %.
Asimismo, el INEI (2023) concluye: «Según departamento, del total de denuncias registradas en el periodo octubre-diciembre 2022, el 66,4 % fueron contra el patrimonio, alcanzando mayor proporción Ucayali (76,7 %), Lima Metropolitana y Piura (74,1 % en ambos)» (p. 5).
En cuanto a Lima Metropolitana, el INEI (2023, pp. 10-11) refiere que en el período de octubre-diciembre de 2022 se registraron 44 879 denuncias, de las cuales el 74.1 % fueron sobre delitos contra el patrimonio. Asimismo, la mayor cantidad de denuncias las registró el Cercado de Lima con 5304 casos (11.8 %), seguido por San Juan de Lurigancho con 4582 casos (10.2 %), San Martín de Porres con 2978 (6.6 %) y Comas con 2710 (6.0 %).
En cuanto al robo de vehículos, el INEI (2023, pp. 16-18) destaca que en el período enero-marzo de 2023, la mayor frecuencia de ocurrencia se dio los sábados (1133 casos) y los viernes (1091 casos); por otra parte, los lunes y los martes evidenciaron los menores números (870 y 906 respectivamente). Es importante resaltar que la mayor cantidad de robos de enero a marzo de 2023 se registró entre las 20:01-24:00 con un total de 1428 casos. Asimismo, haciendo una comparativa con el período enero a marzo de 2022, el mayor incremento porcentual lo experimentaron los miércoles 56.4 % y los viernes 41.0 %, mientras que comparándolo con el período enero a marzo de 2021, los miércoles y los domingos aumentaron en 70.3 % y 180.9 % respectivamente. Los robos perpetrados entre las 00:01 y las 04:00 tuvieron un incremento porcentual del 45.1 % en el período de comparación enero a marzo de 2023 con los meses de enero a marzo de 2022, y comparado con el primer trimestre de 2021, el incremento porcentual en dicho horario fue del 130.8 %.
Por otro lado, respecto de la corrupción de nuestras fuerzas de seguridad, un informe de la Defensoría del Pueblo (2009) sobre la necesidad de fortalecer a la Policía Nacional del Perú estudió esta problemática,
con la premisa de que dicho flagelo impacta negativamente en las instituciones públicas y obstaculiza el desarrollo del país. La Policía Nacional, según refirió la Defensoría, obtuvo la peor evaluación, y es una de las instituciones más afectadas por la corrupción. La desconfianza de la sociedad por la corrupción policial en el Perú ha sido una constante a lo largo de los años, puesto que tal como señalamos al momento de describir los estudios sobre tácticas de patrullaje, según Ipsos (2023, p. 14) en nuestro país solo el 10 % de la población tendría mucha confianza en que la policía evitaría la ocurrencia de delitos violentos.
Otro reclamo popular suele ser que existen muchos policías dedicados a realizar constantes operativos de control vehicular o que el personal de seguridad ciudadana se dedica a perseguir a los vendedores ambulantes y a decomisar su mercadería, en lugar de concentrar sus esfuerzos en combatir la delincuencia. En efecto, pareciera imperiosa la necesidad de establecer una escala de prioridades para enfocarse en aquellos problemas que requieren urgente atención. A modo de ejemplo tenemos una noticia publicada en diversos medios de comunicación de la ciudad de Tacna, como el diario Correo (2023), referido a un operativo policial donde se incautaron más de seis mil libros supuestamente «piratas» de locales de la avenida Bolognesi, lo que sin ánimo de justificar el actuar presuntamente ilícito, nos hace preguntarnos si los recursos económicos utilizados para movilizar el aparato policial y fiscal, así como la posterior investigación, a partir de un análisis costo-beneficio, se encuentran plenamente justificados teniendo en cuenta la ola de delincuencia que afronta el país. En tanto que el presunto perjuicio generado por dichos vendedores de libros, o la eventual paralización de sus actividades, a simple vista, no pareciese tener una trascendencia tal que maximice significativamente el bienestar de la sociedad.
11. CONCLUSIONES
El análisis económico del derecho penal, tomando como base la teoría de la elección racional, parte de la premisa de que un ladrón elige robar motivado por las mismas razones que conducen al resto de personas a seleccionar determinadas actividades laborales en lugar de otras: porque resulta más lucrativo. De ello se desprende que si se pretende disminuir los robos, ya sea mediante la intervención del Estado (el cual puede adoptar medidas coercitivas, medidas de prevención del delito o políticas sociales y educativas que incidan sobre la tasa de criminalidad) o el actuar de los propios propietarios (medidas de protección de la propiedad privada, como pueden serlo, por ejemplo, la instalación de cámaras de seguridad o la contratación de seguridad privada), se deben aumentar los costos asociados a la actividad delictiva, o reducir sus ganancias.
Es importante destacar que no basta con aumentar el quantum de las penas, puesto que, desde la perspectiva económica, ello no tendrá mayor efecto si la probabilidad de ser atrapado y sancionado es escasa. De ahí la importancia del papel que cumplen las fuerzas de seguridad para combatir la delincuencia.
Si bien aumentar la cantidad de policías parece traer aparejada una disminución de la criminalidad, debemos prestar mucha atención a los mecanismos adecuados para el logro de tal fin; dado que no toda inversión en las fuerzas de seguridad reportará un beneficio en tal sentido. De este modo, un patrullaje solo podrá ser efectivo cuando se concentre en determinadas zonas, y un aumento del empleo tecnológico para la detección de potenciales delincuentes parece tener una mayor probabilidad de efectividad que otras medidas.
Por otro lado, los resultados descritos en el presente artículo corroboran la elevada desconfianza ciudadana frente a la actuación policial. Al respecto, resulta necesario fortalecer la imagen de la institución policial, puesto que ello también conllevará a que la sociedad vea positivamente una mayor asignación de recursos, un aumento significativo del número de efectivos policiales y que su labor será eficaz en la lucha contra la delincuencia. Las investigaciones expuestas, al evidenciar la incidencia que tuvieron en la disminución de la tasa de criminalidad, pueden servir de base para sustentar futuras políticas públicas, no sobre la base de presunciones o corazonadas, sino en función de datos objetivos que justifiquen la asignación del gasto público para dicha institución.
Como puede apreciarse, contamos con algunos datos de hot spots en la ciudad de Lima, que al mismo tiempo concentran la mayor cantidad tanto en términos absolutos como relativos, de tasa de criminalidad a nivel nacional. Dichos estudios, que hacen referencia a las zonas y los horarios donde se concentra la mayor parte de la actividad delictiva nos ayudarán a extremar esfuerzos para el combate de la criminalidad, partiendo de la corroboración que se hizo en distintas ciudades de la «Ley de Concentración del Delito». No obstante lo cual, para una política dirigida a concentrar los esfuerzos en dichos focos de criminalidad, sería necesario realizar un estudio más minucioso respecto de las calles y las alturas donde se concentra en mayor medida la criminalidad.
En función del grave problema que presentan nuestras fuerzas de seguridad, respecto al flagelo de la corrupción y la percepción de esta, y si adicionalmente se considera esencial la participación de la ciudadanía en el combate del crimen, si se opta por este mecanismo de prevención del delito, se sugiere, por demostrarse más efectivo, aquel que consista en técnicas de intervención indirectas, en las que el control policial no se enfoque en toda la ciudadanía (evitando la interacción entre los agentes policiales y los simples transeúntes con controles innecesarios, tales como el de la identidad, o controles vehiculares, etc., los cuales, dada la cuestionable profesionalidad de nuestras fuerzas de seguridad, que queda evidenciada por la percepción ciudadana de esta, repercuten en mayores excesos y abusos), sino que se limite al simple patrullaje, la vigilancia enfocada, etc., que dé cuenta de la presencia policial.
Finalmente, respecto de la relación empírica existente entre la policía y la probabilidad de arresto y/o de castigo se requieren todavía más estudios. A su vez, tampoco existen suficientes estudios acerca de cómo los potenciales delincuentes forman y ajustan sus expectativas ante estos cambios de probabilidades. Mejoraremos nuestra comprensión acerca de la cartera de medidas más eficaces para disminuir la delincuencia en tanto surjan más estudios de esta clase.
