1. INTRODUCCIÓN
En primer lugar, como cuestión previa, debemos señalar que el asunto que traemos a colación, dada su implicancia histórica y actual, corre un doble riesgo: analizar el pasado con criterios del presente y analizar el pasado con una mirada del pasado. A fin de sortear ese riesgo, se intentará hacer uso de las herramientas analíticas de la historiografía científica y de la interdisciplina para una comprensión e interpretación del pasado que no deje de lado la crítica lúcida y justificada en aras de avizorar un presente y un futuro plausibles. Asimismo, se debe señalar que la historiografía básica ha asumido de modo secuencial una continuidad histórica entre el incanato, el virreinato y finalmente la república. Esta división temporal asumida, por lo general, por cuestiones didácticas y para fines explicativos de la historia, no deja de tener bemoles, matices, y no está exenta de críticas y precisiones aún pendientes, pues consideramos que la historia como ciencia social está en permanente revisión y construcción. Se trata de una disciplina no definida ni definitiva y por eso mismo requiere de mayores y permanentes estudios.
Dicho lo anterior, se puede manifestar que el sistema democrático actual vive una crisis que es heredada de épocas pasadas, que se ha ido profundizando, evolucionando y complejizando cada vez más a lo largo de los años. No es un tema aislado y exclusivo del país, sino que dicha crisis tiene también una expresión a nivel global, y si la democracia actual sigue en crisis, el Perú como proyecto de nación, una vez más, sigue en la encrucijada de ser un país viable. Si bien existen varias formas de explicar dicho fenómeno: desde el punto de vista de la filosofía, la economía, la antropología o el derecho, o si se quiere desde una mirada interdisciplinaria; para efectos de este estudio se ha optado por recoger los aportes de cada disciplina a fin de conseguir una explicación integral, sistemática, coherente y consistente de procesos históricos no siempre definidos ni definitivos. A partir de ello, se propone una puesta en valor del rol y el aporte de la mujer, el campesino y el afroperuano al proceso político y social de lo que se denomina como independencia.
Para arribar a la instauración del sistema democrático y por ende a una república, se ha recorrido un proceso de larga data, pero a decir de Macera (1985), esta no empezó con San Martín ni Bolívar, sino que comenzó al día siguiente de la derrota del inca por Pizarro. Dicho proceso histórico no se presentó de forma aislada ni fue solamente nacional, sino que respondió a factores internos y externos, explícitos e implícitos, visibles y subyacentes. Siguiendo el análisis de Macera (1985), siempre hubo por parte de los nativos, en particular de los campesinos, resistencia al dominio y control de la Corona española. Esto se evidencia con las ciento doce rebeliones campesinas ocurridas entre 1730 y 1780, que tuvieron como móvil el descontento con el régimen colonial excluyente y discriminante que ellos percibían. De otro lado, diversos hechos que guardan relación con lo anterior, como la Revolución francesa, la independencia de los Estados Unidos y la invasión a España por parte de Napoleón Bonaparte en 1808, fueron detonantes que generaron las condiciones propicias para que los coterráneos de aquel entonces asuman la posibilidad de acabar con la dependencia política, económica y social de la Corona española, como finalmente sucedió. El tema del factor interno fue gravitante para obtener lo que se ha denominado como independencia, pero esta es olvidada por la historiografía oficial, como ocurrió con la gran rebelión iniciada el 4 de noviembre de 1780, por José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, que por el alcance geográfico de su acto, lo que ahora comprendería Perú, Ecuador, Bolivia y Argentina, y habiéndose calculado la muerte de más de cien mil personas, fue uno de los hitos más importantes en dicho proceso y que aún no se acaba de valorar en toda su magnitud.
Asumiendo la continuidad histórica antes mencionada, se advierte que el proceso de independencia peruana siempre fue escrito desde una perspectiva patriarcal y desde una visión eurocéntrica; por eso, Salazar Bondy (1968) afirmaba que se pretendía desarrollar e imponer instituciones a partir del modelo político europeo, y es que por aquel entonces, incluso hasta hoy, se adoptaban como válidos sin mayores críticas los moldes teóricos y fácticos del pensamiento occidental, en especial de Europa, y se importaban sin más ni más, corrientes de ideas, escuelas, instituciones, sistemas definidos y completos en su contenido e intención. También señaló que pensar en el país era sinónimo de adoptar un ismo extranjero y eso se reflejó también al momento de escribir la denominada «historia oficial», que fue redactada siempre desde la pluma y la perspectiva del hombre, blanco, urbano, de posición económica dominante, de aspecto señorial, poseedor de una educación privilegiada, perteneciente a cierto sector social, familiar y castellanohablante. En consecuencia, debe tenerse presente que por más de doscientos años, la presencia y el quehacer de la mujer, del campesino y del afroperuano en el proceso de la independencia fueron borrados e invisibilizados (Ramírez, 2019, p. 2), como si la historia del país solo perteneciera y la hiciera un determinado grupo de personas, como si los demás no existieran o no quisieran que existieran. Se trataba de una exclusión y discriminación que si bien hoy resultaría inaceptable y condenable, en aquel entonces era una práctica normalizada y asumida plenamente sin sanción alguna (Flores Galindo, 2015). En aquellos años era imposible mirar al diferente como un igual en derechos y dignidad, y es que la cuestión del «otro» y de uno mismo (Callirgos, 1993) era un tremendo drama a resolver. No olvidemos que en 1952, siendo senador por la región Junín, Manuel Faura presentó un proyecto de ley para restringir el ingreso a Lima, el Callao y alrededores a los habitantes de otros lugares del país, se debía permitir el ingreso solo a aquellos que probaran tener un motivo justificado. Este proyecto incluía la restricción del ingreso de provincia- nos a Lima por tres años (Pardo-Figueroa, 2000). No debe perderse de vista que se trataba de un proyecto de ley presentado por un senador de la región Junín, es decir, ni siquiera él mismo era limeño. Era la exclusión de la exclusión, sino basta recordar que los campesinos del Cusco tenían prohibido ingresar a su propia plaza de Armas hasta 1960.
Esto trae a colación cuando se señala que, entre otras razones, el racismo peruano es un racismo colonial construido a partir de las categorías mentales de los autodenominados conquistadores (Manrique, 1999). Aunque también hay quienes señalan que se trata de un racismo del siglo XX heredado del Perú republicano y decimonónico antes que del colonial, sobre todo, a partir de la asociación entre sujetos racializados y geografías determinadas, como campesino y serranía (Méndez, 2011). Preguntarnos cuánto ha cambiado eso al día de hoy merecería más de un estudio, que, por cierto, se han hecho y se siguen haciendo1.
Por eso desde hace algunos años existe, en particular, abundante producción académica sobre la participación y el rol de la mujer, el campesino y el afro en la guerra de independencia del Perú, máxime si esta tarea tuvo como marco la conmemoración del bicentenario de la República; así tenemos los escritos de Flores Galindo (1987), Ramírez (2019), Mc Evoy (2021), Guardia (2021) y Walker (2022) , quienes de manera pro- fusa y minuciosa han descrito, analizado y, queriéndolo o no, reivindicado la participación de la mujer, el campesino y el afroperuano en el proceso independentista. Todo ello en contraposición a lo escrito hace doscientos años, donde se narra solo la autoría de argentinos, chilenos, colombianos y únicamente de varones en dicho proceso; por tal motivo, los autores contemporáneos concluyen que está fuera de todo cuestionamiento el papel de la mujer y los campesinos en la ruptura con la Corona española y lo que significó no solo la entrega de su vida, como se evidencia en los casos emblemáticos de Micaela Bastidas, Tomasa Titu Condeymata, Cecilia Túpac Amaru, Bartolina Sisa, Gregoria Apasa y Marcela Castro.
Además, resulta revelador en los estudios contemporáneos que se relacionen dichos hechos históricos con el nacimiento de la República liminal, a través de la Constitución de 1823, y es que como ya se señaló existe una circularidad normativa entre filosofía política, teoría del derecho, producción de derecho, sentido cívico y construcción de la democracia (Ferrajoli, 2023). Bajo ese marco y visión novedosa, el presente estudio expone que el proceso republicano fue producto de un complejo recorrido sociopolítico y que la historia oficial y patriarcal ha procurado invisibilizar a los otros protagonistas, los sectores históricamente excluidos del diseño político, jurídico-económico y constitucional de dicho Congreso Constituyente. Así se pone en evidencia la contribución que hicieron diversas mujeres, campesinos y afroperuanos al proceso de la independencia y cómo este aporte no fue tomado en cuenta en el primer Congreso Constituyente de la naciente República peruana, esto es, al no considerar como ciudadanos2 a dichos sectores sociales en la Constitución de 1823; para luego relacionarla con la ciencia del derecho y sobre todo con la instauración de la República que no empezó el 28 julio de 1821, sino que tuvo su germen cuarenta años atrás con la rebelión de Túpac Amaru II en 1789 y culminó en 1824 (Lumbreras, 2022).
Finalmente, se propone una comprensión e interpretación histórica que pretende contribuir al análisis crítico y a la valoración del rol y el aporte de la mujer, el campesino y el afroperuano en la forja de un Estado constitucional de derecho y una república de iguales; así, parafraseando a Basadre (2022), una nueva promesa y posibilidad para el país.
2. EL PROCESO DE INDEPENDENCIA: ¿UNA DISCUSIÓN ACABADA?
Abordar el proceso histórico de la independencia no es pacífico ni está exento de sesgos, además de resultar problemático de por sí y más si se trata de relacionarla con el constitucionalismo. Si pretendemos agrupar didácticamente las posiciones en torno a dicho período histórico para los fines de este trabajo, estas serían tres: la primera, autores como De la Haza (2023) , De la Puente y Pacheco Vélez afirman que la independencia es el resultado de civiles criollos peruanos, y proponen el concepto de «precursores». La segunda es la propuesta de Mariátegui (2016) y de Bonilla (2007) , quienes señalan que la independencia triunfó por la acción de los ejércitos del norte con Bolívar y del sur con San Martín, financiados por Inglaterra; además, argumentan que como producto de una profunda segregación de la sociedad colonial impidió que los indios, los mestizos y los afro articulen un programa concreto. Y, final- mente, la tercera, los que proponen que la independencia fue gracias a los esfuerzos de colectivos de distintos sectores sociales que tenían por objetivo desvincularse de los patrones de dominación colonial (Flores Galindo, 1987; O’Phelan, 1985). También existen tesis actuales como la propuesta por Bermúdez-Tapia (2022) , que afirma que la independencia encontró a las clases sociales en un elevado grado de inmadurez cívica y política, lo que explica su carácter invertebrado y disperso, situación que a la fecha se mantiene y que expone la crisis actual. Por ello, en consonancia con el estudio, se opta por la propuesta de O’Phelan y Flores Galindo, pues representa una propuesta integral y sistemática; en suma, es una perspectiva desde la óptica de la historia vista desde los de abajo, desde los invisibilizados. Eso implica revisitar o revisar el clásico relato del proceso de la independencia, como se hace a continuación.
2.1. Revisitando el relato tradicional del proceso de independencia
Cuando arribaron los españoles al Perú, este tenía una población de nueve millones de habitantes, una vez terminada la Colonia y para 1821 se estima que dicha población quedó reducida a un millón doscientos mil habitantes (Manrique, 2006). De acuerdo con el censo ordenado por el virrey Gil de Taboada y Lemos, en 1790 los habitantes de Lima, que era el centro del dominio absoluto de la vida política, económica, social y cultural del virreinato, ascendían a 18 892 españoles; 8960 afroperuanos; 3912 indígenas y 17709 correspondían a los denominados quinterones, cuarterones, mestizos, zambos, chinos y mulatos (Rosas, 2021). Con la denominada época de conquista se instauró un nuevo sistema de organización social y económica, que dispersó la organización colectivista inka, caracterizada por ser laboriosa, disciplinada, esclavista, panteísta y con bienestar material para todos (Mariátegui, 2016).
Los españoles de aquel entonces impusieron su organización eco- nómica basada en la explotación laboral y en el extractivismo minero, sometieron a los nativos a la servidumbre en las encomiendas, las haciendas, las estancias y los obrajes; desplazaron sus creencias religiosas y divinidades por las cruces, los santos, las vírgenes y los cristos, impusieron su régimen político con el virrey, los corregidores, los oidores; asimismo, implantaron las capitanías, las intendencias y los partidos (Ramírez, 2019). En suma, se trató de un régimen que justificó el abuso y la injusticia para los indígenas porque ellos venían a traerles la civilización y la religión; pero a la vez este sistema en sus entrañas también traía su autodestrucción, ya que el sistema colonial era de por sí corrupto, arribista, oportunista y devorador (Quiroz, 2013). Estos fueron algunos de los factores para que el proceso de la independencia cuajara y convenciera a la gran mayoría, pues tampoco se puede negar que hubo un sector influyente que deseaba que se continuara bajo el dominio de la Corona española.
Así, para arribar a la ansiada independencia tuvieron que transcurrir trescientos años desde la instalación del virreinato, el cual se basó en una organización social segregacionista, es decir, un país para los españoles y otro para los indios, cada uno tenía derechos y obligaciones diferentes, lo que incluía privilegios para la nobleza de ambos grupos (españoles e indios) y una manifiesta subordinación de los indios para con los españoles. También se produjeron contradicciones entre los criollos (los hijos de españoles nacidos en el Perú) y los españoles, ya que los criollos o blancos nacidos en América fueron apartados de todo cargo público por los españoles; pero aquellos se sentían superiores a los enviados por la Corona. Los mestizos eran percibidos como seres despreciables e inferiores; y, finalmente, los indios no eran considerados personas, por tanto, no se les reconocía dignidad ni derechos, por ello quedaba justificado que se les tratara como salvajes y siervos (Basadre, 2022).
De otro lado, Flores Galindo (1987) sostiene que las acciones de José Gabriel Condorcanqui -Túpac Amaru II- y Micaela Bastidas en 1780 significaron dos hitos importantes en el proceso de independencia. El primero fue el más grande y dilatado esfuerzo cualitativo y cuantitativo para con la ruptura de la Corona española que abarcó e irradió desde el Cusco hasta lo que hoy es Bolivia y Argentina; y, el segundo, que por primera vez se esbozó un programa político y jurídico: la expulsión de los españoles, la restitución del Imperio incaico y cambios en la estructura económica frente al colonialismo; aunque también dicha derrota, que alcanzó los cien mil muertos por parte de los campesinos, trajo como consecuencia la eliminación de la élite inca y esta fue reemplazada por los criollos limeños y urbanos.
El Perú por su situación geográfica e histórica desde la denominada Conquista resultó el centro del poderío económico y militar español, por eso con razón Bolívar la denominó el «nudo del imperio»; así Mc Evoy (2022) afirmó que el Perú fue el núcleo del poder virreinal, la lucha política y militar fue muy compleja y el proceso de instaurar una república, largo e intrincado, pero dicha afirmación se refiere solo a los doscientos años de su historia última, aunque todo es el resultado de un pasado que se remonta a diez mil años atrás, cuna de grandes civilizaciones, entre otras, una de las más avanzadas de Sudamérica, como fue la inca.
En ese sentido, resulta válido para cuestiones explicativas y periódicas cuando Ramírez (2019) manifiesta que la lucha por la independencia comprendió cuatro etapas: la primera que fue antes de la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, en 1780; la segunda, entre 1780 y 1816; la tercera entre 1816 y 1821; y la cuarta, la de 1822, con la instalación del Congreso Constituyente de 1824, año en que se produce la batalla de Ayacucho.
Coincidimos con Klarén (2013) cuando sostiene que el proceso de la independencia siempre ha sido contado y escrito por una élite; desde hace unas décadas se han hecho esfuerzos para escribirla desde perspectivas de quienes no tienen el poder: mujeres, trabajadores, campesinos. A partir de dicha afirmación se puede señalar que estos siempre fueron invisibilizados por los narradores oficiales de la historia y ello se reflejó en la primera norma constitucional y fundacional de la república, como fue la Constitución de 1823, sino véase lo que esta señalaba respecto a quienes se consideraban ciudadanos:
Artículo 17. Para ser ciudadano es necesario: Primero: Ser peruano, Segundo: Ser casado, o mayor de veinticinco años y Tercero: Saber leer y escribir [...]. Cuarto: Tener una propiedad o ejercer cualquiera profesión o arte con título público u ocuparse en alguna industria útil, sin sujeción a otro en clase de sirviente o jornalero.
En suma, el Perú republicano se forjó en una estructura socioeconómica injusta, excluyente y desigual; la mitad de su población no era considerada como ciudadana y los campesinos no sabían ni leer ni escribir; la república era de los criollos porque fue concebida por ellos y para ellos.
Tampoco se pueden obviar los hechos precisados por Rosas (2021) , cuando refiere que ante la presencia de San Martín cerca de Lima, la expedición de Cochrane a la sierra central, las guerrillas en Huancayo, la presencia de insurgentes en Lima, la escasez de alimentos y sobre todo el retiro de Lima por el último virrey La Serna al Cusco el 6 de julio de 1821; trajo como consecuencia un vacío de poder y el miedo de las élites peninsulares y criollas a las revueltas por parte de esclavos, indígenas y sectores populares. Así las cosas, el Cabildo de Lima tomó la decisión de convocar a San Martín para que ingresara a Lima y se hiciera cargo del gobierno.
3. LA PRESENCIA Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES, LOS CAMPESINOS Y LOS AFROPERUANOS EN EL PROCESO DE INDEPENDENCIA
La historiografía oficial ha sido de la tendencia de señalar que el proceso de independencia fue obra de corrientes libertadoras del sur con San Martín y la del norte con Bolívar; a tal punto que el mayor referente sobre la República, Jorge Basadre (2022) , afirma: «Túpac Amaru y quienes lo antecedieron y le sucedieron en su gesto heroico tenían primordialmente un significado campesino e indigenista; la Emancipación fue la resultante de una obra urbana y criolla» (p. 104). Ante ese relato predominante por décadas, en los últimos años se han realizado esfuerzos y estudios para brindar una perspectiva más completa y compleja del proceso de independencia y de ruptura con la Corona española, que fue construida por muchos protagonistas y con participación de diversos actores y sectores sociales: criollos, campesinos, mujeres, afroperuanos, asiáticos, italianos, colombianos, argentinos y otros que se asentaron en territorio peruano.
3.1. Las mujeres en el proceso de independencia
Luego de una revisión bibliográfica se pueden realizar dos afirmaciones de cómo ha tratado la historia a las mujeres: primero, la abundante historiografía durante estos doscientos años no ha mencionado la participación de la mujer en la gestación del proceso de ruptura con la Corona española, al respecto Guardia (2021), Mc Evoy (2021) y Hermoza (2016) así lo corroboran. En segundo lugar, durante estos últimos años diversos estudios académicos han visibilizado y reivindicado los aportes de la mujer en la lucha por la independencia de Sudamérica y en particular del Perú; aunque también resulta significativo el gesto de San Martín cuando mediante un decreto de fecha 11 de enero de 1822 reconoce públicamente la participación de treinta y tres mujeres:
Las patriotas que más se hayan distinguido por su adhesión al Perú, usarán el distintivo de una banda de seda bicolor blanca y encarnada que baje del hombro izquierdo al costado derecho, donde se enlazarán con una pequeña borla de oro con las armas del Estado en el anverso y esta inscripción en el reverso: Al patriotismo de las más sensibles. (Mc Evoy, 2021, p. 2)
Entre 1780-1820, los que conformaban las guerrillas lideradas por Túpac Amaru fueron miles, se incluía por supuesto a las mujeres, entre otras: Micaela Bastidas Puyucahua (1744-1781), Ventura Ccalamaqui, Emeteria Ríos de Palomo, Tomasa Tito Condemayta, Cecilia Túpac Amaru, Trinidad Celis de Neira, Bartolina Sisa y Gregoria Apaza. Por ello, a decir de Flores Galindo (1987), la independencia comienza en 1780, ya que el levantamiento tupacamarista tuvo un alcance sorpren- dente, traspasó los territorios del Perú hasta Bolivia y Argentina y se esbozó un programa político y jurídico por el que luchar, lo que lo convirtió en un movimiento de alcance nacional e internacional, y es que Túpac Amaru proponía una sociedad integrada por criollos, mestizos, afroperuanos e indios. Motivo por el cual la mujer también se sintió representada por dicho programa y se unió, combatió y asumió los costos de la derrota hasta con su propia vida.
Luego, en una segunda etapa, entre 1820-1826, participaron Paulina Huamán, Eufrasia Ramos, Buenaventura Munive, Francisca Aguirre, Rosa Arce, Manuela Beltrán, Santusa Canque, Paula Noguera, Ventura Monjarras, las heroínas Toledo (María Ramos de Toledo -madre- y sus dos hijas: Cleofé e Higinia Toledo Ramos) y María Parado de Bellido. Así Mc Evoy (2021) señala que las tareas de la mujer en esta etapa con- sistieron, entre otras, en labores de inteligencia: trasladando mensajes, realizando misiones de espionaje y repartiendo propaganda; en suma, se trató de una opción de la mujer por la libertad de su patria, que también intrínseca y simbólicamente consistía en su propia libertad de una situación-relación asimétrica y desigual (Santos, 2023).
3.2. La participación de los campesinos y los afroperuanos en el proceso de independencia
Como señalábamos, desde hace décadas existen numerosos estudios sobre la participación de diversos actores en el proceso de la independencia. Quizá la época de mayor producción académica al respecto fue en el gobierno de Velasco Alvarado. El autor que ha sistematizado el tema específico de los campesinos es Ramírez (2019), quien define que se entendía por campesino a aquella persona que vivía «en el común de indios y comunidades del área andina, pobladores del área rural que trabajaban y vivían de la agricultura, la ganadería, del trabajo minero y el comercio, actividades con un nivel de desarrollo extensivo» (p. 240). Entre los campesinos también existieron subdivisiones sociales: campesinos libres, campesinos siervos, afroperuanos, esclavos, libertos, pequeños comerciantes, sacerdotes doctrineros. Por otro lado, también se tiene la participación de los campesinos en el ejército patriota integrando partidas, moneras y guerrillas, modalidad de organización que más se adapta a la realidad geográfica del país.
Desde el inicio de la llegada de los españoles se produjo resistencia por parte de los campesinos indígenas. Tal como ha señalado Macera (1985), fueron ciento doce rebeliones: la de 1536 liderada por Manco Inca, la de 1565 liderada por Cristóbal Callavallauri, la de 1710 con Melchor Julián Mayta Canchari en Acolla, la de 1735 liderada por Cristóbal Huayna Atoc en Junín, la de 1752 con Casimiro Lambato en Jauja, la de 1737 con Ignacio Torote y del Apu Inga Juan Santos Atahualpa, la de 1781 con Nicolas Dávila Astocuri en Jauja. Sin perjuicio de señalar que en vísperas a la proclama de la independencia en Lima, en toda la sierra central del Perú se realizaron proclamas de la independencia desde noviembre de 1820 (Huamanga, Huancayo, Jauja, Tarma, Cerro de Pasco y Huánuco). Sobre esta etapa Ramírez (2019) señala la participación de mestizos, indígenas y afroperuanos como Basilio Auqui (1814-1820), Ignacio Quispe Ninavilca (1820), Miguel Artica, Alejo y Baltazar Auqui (1822), Pedro Guaitalla (1822), Pedro Yauta (1822), Conde (1822), Félix Mendoza (1822), Cayetano Quirós (1822), José Olaya Balandra y los denominados morochucos.
Por otro lado, en cuanto a la participación de los afroperuanos, Ramírez (2019) refiere que los afroperuanos esclavos y libertos se pusieron a las órdenes de San Martín luego que desembarcara en Pisco, en un número de seiscientos, luego creció cuantitativamente a mil cien, actuaban siempre en la costa, que era el área geográfica en la que mejor desarrollaban sus labores, ya que las alturas de las serranías les afectaban en su salud; todos tuvieron el objetivo central y común de obtener su libertad. Una vez concluido el proceso de independencia no la obtienen por parte de San Martín, pero a decir de Llap (2021), al menos Bolívar dictó la Orden Suprema de fecha 24 de marzo de 1824 con la que les otorgaba el derecho de elegir al amo que prefirieran. Es decir, se trataba de una libertad condicionada a tener un amo, de su elección, pero amo, finalmente.
En suma, el papel que jugaron los campesinos y los afroperuanos desde 1780 con la participación en la gesta de Túpac Amaru y luego en el propio proceso de independencia de 1806 a 1826, resultó de vital importancia para obtener la ansiada independencia, no sin enfrentamientos e incoherencias entre ellos mismos; ya que la mayoría de criollos se mantenían fidelistas a la Corona española, a diferencia de sus homónimos de Caracas y Buenos Aires, que habían optado por la independencia política plena. Luego, los criollos temían la participación masiva y activa de los campesinos y los afroperuanos, ya que no había una identidad y relación social entres dichos sectores. Por último, se debe precisar que la independencia no empezó en Lima, sino en el ámbito rural y campesino, es decir, en la sierra central (Huamanga, Huancayo, Jauja, Tarma, Cerro de Pasco y Huánuco); lo que en suma corrobora la participación del campesino en esta gesta, proceso político, social y económico aún en marcha.
4. LA CONSTITUCIÓN DE 1823 Y LA INSTAURACIÓN DE LA REPÚBLICA
Tal como afirma De la Haza (2023), la Constitución de 1823 fue la primera norma constitucional como república que propuso una visión liberal de la sociedad peruana y sirvió para la formación del Estado nación; su estudio, su comprensión, su análisis y su valoración sirven para entender la realidad actual. Hay dos hechos de trascendencia que grafican la cuestión de la instauración de la república; el primero, cuando se produce el cabildo para abordar la independencia en Lima, el 15 de julio de 1821. Dicha acta de independencia fue rubricada por tres mil quinientas tres firmas que representaron lo que en esos tiempos se debían considerar ciudadanos. Pero en contraposición a lo que se cree, dicha acta no fue firmada por las mujeres, los indígenas, los esclavos y los plebeyos, estos fueron excluidos de tal acto político e histórico (Rosas, 2021). Por otro lado, el Congreso Constituyente de 1822, convocado por San Martín, recién suscribe el texto constitucional el 12 de noviembre de 1823 por cincuenta y seis constituyentes, y se repitió la misma conformación sociodemográfica del acta de independencia, es decir, sin la presencia de la población mayoritaria de la naciente república, lo que significó, en suma, la formación de una república asimétrica, sin representatividad, sin legitimidad y desigual. A la vez, paradójicamente, este acto aportó un logro de trascendental importancia político-jurídica como la instauración de un régimen constitucional. En consecuencia, era la democracia la que se imponía en el Perú, y se dejaba atrás el predominio de la voluntad de un rey o de su representante (Walker, 2022).
Por eso los constituyentes dejaron establecido que la república que nacía «es independiente de la monarquía española, y de toda dominación extranjera y no puede ser patrimonio de ninguna persona, ni familia». Así lo estableció el artículo 2 de la Constitución de 1823, concordante con los artículos 27 y 28 que prescribían que el gobierno es popular representativo y su ejercicio consiste en la administración de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.
Aquel Congreso Constituyente solo fue conformado por criollos y mestizos, se excluyó a las mujeres, los indígenas y los afroperuanos. La Constitución de 1823 fundó, así como lo afirma Manrique (2006), una república sin ciudadanos; en definitiva, la historia oficial resalta sobremanera la participación de San Martín y Bolívar para obtener la ruptura con la Corona española, pero omite considerar a los campesinos, las mujeres y los afroperuanos como ciudadanos de la naciente república peruana, lo que trajo como consecuencia que estos no participaran de la visión de la construcción de sociedad que se fundaba simbólicamente con aquella Constitución. Quizá por eso los cincuenta años posteriores a la era republicana fueron de absoluto desencuentro entre militares, pobladores y comunidades indígenas.
Hoy, a más de doscientos años de cumplirse el hecho histórico y simbólico de la independencia se hacen necesarias nuevas perspectivas. Primero, revisitar críticamente la historia oficial y patriarcal, que signifique no solo una nueva narrativa, que revindique el papel de la mujer, el campesino y el afroperuano desde 1780 a 1820; segundo, volver a esa relación y comunicabilidad que existía en los siglos XVII y XVIII entre la filosofía y la ciencia jurídica, ya que en la actualidad permanecen distantes y separados unos de otros a causa de una doble impermeabilidad: de un lado, por el carácter autorreferencial y el aislamiento cultural de la ciencia jurídica que, en nombre de su tradición milenaria, siempre ha defendido su propia autonomía, respecto de las ciencias sociales; del otro, por la inaccesibilidad del saber jurídico a los no juristas, debido a su carácter cada vez más técnico y especializado, que ha acabado por inhibir el conocimiento de las categorías elementales del derecho a los sociólogos y a los teóricos de la política, por lo general dotados de una cultura principalmente histórica y filosófica (Ferrajoli, 2023).
Así las cosas, el proceso de independencia se forjó y consolidó con guerras y batallas a cargo de militares, por lo que una vez proclamada, fue un militar, San Martín, quien convocó el 27 de diciembre de 1821 al Primer Congreso Constituyente. Aunque debido a que la guerra por la consolidación de la independencia continuaba, recién se instaló el 20 de septiembre de 1822 y tuvo una vigencia de tres años, desde el 12 de noviembre de 1823 hasta el 9 de diciembre de 1826, a causa no solo de la situación de guerra, sino también a que por primera vez se discutía y promulgaba una Constitución en tierra americana, que trajo como resultado la Constitución de 1823, la cual no se aplicó totalmente o fue de efímera vigencia. Sobre esto, Llap (2021) discrepa de dicha afirmación al señalar que fue Bolívar en aplicación del artículo 100 de dicha Constitución al establecer la Corte Suprema.
Por ello, a decir de Ramos (2017), la primera Constitución se caracterizó por ser el primer documento constitucional aprobado por un Congreso Constituyente convocado y realizado en territorio peruano, no logró reunir a todos los representantes del territorio que integraban la nación, ya que cinco de los once departamentos que la conformaban, al estar ocupados militarmente por los realistas, no pudieron participar; su vigencia fue nula, pues coincidió con el arribo de Bolívar y la guerra por la consolidación de la independencia; fue una Constitución de corte parlamentarista y no presidencialista; el Poder Legislativo estaba conformado por una sola cámara; la ciudadanía se otorgó a los peruanos casados o mayores de veinticinco años, siempre que tuvieran una propiedad o ejercieran alguna profesión o arte; los empleados judiciales eran inamovibles y de por vida, siempre que su conducta no diera motivo para lo contrario.
En ese orden, Basadre (2022) al respecto menciona que al iniciarse la independencia e instaurarse la república nada había cambiado a excepción de que algunos españoles habían partido a Europa, los criollos continuaron sin alteración de sus costumbres; los indios siguieron siendo «el barro vil con que se hace el edificio social», los afroperuanos continuaban en las grandes haciendas costeñas y el clero con sus privilegios de siempre.
Tanto es así que el primer Código Civil autónomo y que debía regir en todo el territorio patrio, se puso en vigencia luego de treinta y un años de decretada la independencia, ya que inclusive después de 1821 seguía vigente el derecho español (partidas, recopilaciones, Leyes de Indias, entre otros); es decir, el Código Civil de 1852 fue conservador y tradicional, ya que no consideró como ciudadana a la mujer, no permitió el divorcio de esta ante la infidelidad del marido, no reguló a las comunidades indígenas y nativas a pesar de que constituían un sector demográfico cuantitativo importante (Santos, 2023).
En suma, la Constitución de 1823, a decir de Tello (2023), tuvo como fuente de inspiración a la Constitución de Estados Unidos de 1787. Por ende, fue de ideas liberales en lo político, pero conservadora en lo social, ello se evidencia cuando propuso la separación de poderes, consolidó la independencia de la administración de justicia y reconoció la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero también debe señalarse, como lo afirman Morales y Tornero (2023), a pesar de la dación de dicho texto constitucional pervivieron formas de derecho colonial, es decir, la transición y el fenecimiento de las instituciones virreinales a las liberales y republicanas fue un proceso lento, conflictivo y traumático. A ello se suma la tesis de Bermúdez-Tapia (2022), cuando asegura que se puede contradecir la afirmación de que en el Perú del siglo XIX hubiese existido la condición de ciudadanía, por las siguientes razones: (a) solo una porción pequeña de la población era considerada ciudadana; (b) el nacimiento no generaba una ciudadanía inmediata, sino que se necesitaba tener ciertos requisitos para ser considerado ciudadano; (c) los extranjeros podían obtener la ciudadanía; (d) la sociedad y el ejercicio político eran muy limitados y excluyentes; (e) el influjo de las costumbres españolas; y, (f) no había eficiencia en la Administración pública.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La historia oficial y patriarcal ha invisibilizado el papel y rol de la participación de la mujer, el campesino y el afroperuano en el proceso sociohistórico de la independencia. En realidad, como todo proceso, la ruptura con la Corona española fue la confluencia de factores externos e internos a favor de los patriotas; lo que en suma significó la coordinación y las coincidencias entre criollos, mestizos, mujeres, campesinos y afroperuanos. Por ello, para una mirada integral y completa de la historia se requiere que la historiografía y el Estado, desde las instancias educativas, pongan en valor el rol y el aporte de estos en el proceso de independencia y posterior instauración de la república. Ello implica promover desde todo ámbito una discusión nacional sobre la construcción de una ciudadanía plena y efectiva, que signifique su participación protagónica en la vida social, económica, cultural y política del país.
En el proceso de la independencia, las mujeres al proponer la ruptura con la Corona española y un nuevo sistema económico, social y jurídico, intrínsecamente también planteaban su propia reivindicación como personas, como mujeres, como peruanas; en consecuencia, se presenta liminarmente la primera generación de mujeres feministas. Esto implica que el Estado, desde las políticas públicas, haga más efectiva y eficaz la representación, el valor y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Una democracia y un Estado constitucional de derecho no serán posibles ni viables sin la participación activa de ellas.
La Constitución de 1823 fue de tendencia liberal en lo político, pero conservadora en lo social. Si bien instauró las bases del régimen democrático, que se resumía en que la vida social, política, económica y jurídica ya no iba ser ordenada desde España, sino por los propios peruanos; a la vez resultaba discriminatoria, pues si bien es cierto asentó la legalidad, mas no la legitimidad y la representatividad, ya que no consideró como ciudadanos a las mujeres, los indígenas y los afroperuanos, no reflejó jurídicamente a toda la población, menos aún al conjunto de la estructura social peruana, que en aquella época era heterogénea, dispersa, aislada, incomunicada. En realidad, dicha norma constitucional reflejó una determinada sociedad: una que era elitista, excluyente, centralista y discriminatoria; situación que sigue siendo un desafío para el país.
Volver a revisar críticamente el pasado y los hechos históricos resulta útil y necesario, no solo para comprender causas y consecuencias, sino además para ver lo que no hemos sido (Basadre, 2022). Por ello, resulta un reto para el país y la convivencia democrática analizar-diagnosticar el presente y proyectar el país con apertura, ánimo democratizador e inclusivo, lo cual supone hechos concretos como que el Ministerio de Cultura declare como patrimonio inmaterial de la nación a los saberes ancestrales y comunitarios; reivindique, difunda y publique el valor histórico, cultural, social y político de los pueblos afroperuanos, las mujeres indígenas y los campesinos.