Introducción

La gobernanza del agua, una cuestión cada vez más crítica en el mundo actual, se enfrenta a importantes desafíos exacerbados por la rápida urbanización, el cambio climático y las dinámicas sociopolíticas (^{Neto, 2016}). En América Latina, estos desafíos son particularmente pronunciados debido al contexto histórico, económico y ambiental único de la región (^{Bezerra et al., 2022}). A pesar de albergar algunos de los recursos hídricos más abundantes del mundo, América Latina sufre graves disparidades en la distribución y el acceso al agua (^{Mahlknecht et al., 2020}). Estas disparidades son evidentes tanto en la dimensión temporal como espacial, ya que las poblaciones rurales e indígenas a menudo carecen de servicios básicos de agua, mientras que los centros urbanos se enfrentan a déficits de infraestructuras y a la contaminación. Este complejo escenario requiere un examen exhaustivo de las prácticas de gobernanza del agua para abordar los polifacéticos problemas que afectan a la región.

El fundamento teórico de esta revisión se basa en el concepto de biopolítica articulado por Michel Foucault. La biopolítica ofrece un marco crítico para comprender cómo los Estados y otros actores ejercen el poder sobre las poblaciones mediante la regulación de recursos vitales como el agua (^{Foucault, 2010}). Esta perspectiva permite explorar el modo en que la gobernanza del agua no es una mera cuestión técnica o administrativa, sino que está profundamente arraigada en las relaciones de poder y las estrategias políticas. Mediante la aplicación de una perspectiva biopolítica, esta revisión pretende descubrir los mecanismos subyacentes que dan forma a las políticas de gobernanza del agua y su impacto en los diferentes segmentos de la población.

Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia académica de la gobernanza del agua en América Latina. El agua es fundamental para la supervivencia humana, el desarrollo económico y la sostenibilidad ecológica. Sin embargo, la gobernanza de los recursos hídricos en América Latina está marcada por importantes ineficiencias, desigualdades y conflictos (^{Correa-Parra et al., 2020}). Estas cuestiones no solo son pertinentes para el campo de los estudios ambientales, sino que también se entrecruzan con disciplinas como la ciencia política, la sociología y la salud pública. Comprender las dimensiones biopolíticas de la gobernanza del agua ofrece valiosas perspectivas sobre los procesos sociopolíticos y económicos más amplios que rigen la distribución y el acceso a los recursos.

La magnitud y la importancia del problema se ponen de manifiesto en estadísticas alarmantes. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), aproximadamente 50 millones de personas en la región carecen de acceso a agua potable limpia, y más de 100 millones carecen de instalaciones sanitarias adecuadas (Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ^2023a). Estas cifras subrayan la urgente necesidad de estrategias de gobernanza del agua eficaces y equitativas. Las consecuencias de una mala gobernanza del agua son de gran alcance, ya que afectan a la salud pública, la productividad económica y la estabilidad social. Por lo tanto, abordar estos retos es crucial para lograr un desarrollo sostenible y garantizar la justicia social en América Latina.

La decisión de realizar una revisión bibliográfica sobre este tema viene motivada por la complejidad y urgencia de los problemas de gobernanza del agua a los que se enfrenta América Latina. La revisión de la bibliografía existente permite realizar un análisis exhaustivo del estado actual de los conocimientos, identificar lagunas y poner de relieve áreas en las que es necesario seguir investigando. Además, al sintetizar las conclusiones de diversos estudios, esta revisión pretende proporcionar una comprensión holística de las dimensiones biopolíticas de la gobernanza del agua, ofreciendo un marco sólido para futuras iniciativas políticas y de investigación.

El objetivo principal de esta revisión es analizar críticamente los retos y complejidades de la gobernanza del agua en América Latina a través de una lente biopolítica. Al examinar las dinámicas de poder, las estructuras de gobernanza y los marcos políticos que influyen en la gestión del agua en la región, este estudio pretende desvelar los mecanismos biopolíticos que configuran el acceso al agua y su distribución. En última instancia, el objetivo es contribuir al discurso más amplio sobre la justicia medioambiental y la gobernanza sostenible del agua, aportando ideas que puedan servir de base para la formulación de políticas y los esfuerzos de promoción en América Latina.

Dimensiones biopolíticas de la gobernanza del agua en América Latina

El agua, como recurso natural crítico, requiere una regulación meticulosa debido a su importancia estratégica y a la participación de diversas partes interesadas en su extracción y distribución. En varios países latinoamericanos, los deficientes sistemas estatales de gestión del agua han estimulado los esfuerzos de privatización, impulsados por la búsqueda de una mayor rentabilidad (^{Hommes et al., 2020}). Esta tendencia es especialmente llamativa en la región andina, donde las iniciativas que dan prioridad a la privatización a menudo eclipsan intereses sociales más amplios. La base de estos esfuerzos de privatización son las políticas neoliberales defendidas por facciones influyentes, que enmarcan estos cambios como emblemáticos del progreso de la sociedad. Sin embargo, estas iniciativas se hacen eco de patrones históricos que privilegian los derechos de propiedad privada, a menudo a expensas de las prácticas consuetudinarias y colectivas de gobernanza del agua.

A pesar de los argumentos a favor de la privatización, como el aumento de la eficiencia del mercado y el control del consumo, han surgido preocupaciones sobre la seguridad nacional, en particular en relación con la seguridad alimentaria y la sostenibilidad (^{Debaere y Kapral, 2021}). La privatización introduce incertidumbres para los consumidores y puede conducir a la proliferación de mecanismos privados de gobernanza, socavando potencialmente la supervisión estatal en favor de intereses privados (^{Gentes y Policzer, 2022}). En el discurso académico, el agua se examina a través de varias lentes disciplinarias, cada una de las cuales se adhiere a marcos metodológicos y sistemas de valores distintos. Por el contrario, los modelos localizados de gobernanza del agua dependen en gran medida de las dinámicas sociales y las estructuras de poder, y a menudo operan con independencia de los paradigmas de conocimiento dominantes¹.

Las ramificaciones biopolíticas más amplias de la gestión del agua en el marco del capitalismo neoliberal han elevado el agua a la categoría de mercancía sujeta a la supervisión corporativa y privada (^{Babidge, 2021}). La privatización, aunque supuestamente mejora la eficiencia, corre el riesgo de exacerbar las desigualdades sociales y la degradación medioambiental al conceder un acceso preferente a las personas adineradas y marginar a los empobrecidos (^{Riggirozzi, 2020}). Las ideologías neoliberales que defienden los derechos de propiedad privada como prerrequisitos para la libertad y la igualdad han sido criticadas por perpetuar las disparidades, a pesar de las afirmaciones de que pueden mitigar los retos relacionados con la pobreza (^{Blum, 2022}).

Destacados defensores del neoliberalismo, ejemplificados por Hernando de Soto, abogan por los derechos de propiedad como medio para aliviar la pobreza (^{de Soto, 2000}). Sin embargo, estas afirmaciones han sido criticadas por pasar por alto injusticias sociales y medioambientales. La concepción neoliberal de los derechos sobre el agua, que hace hincapié en la comercialización y la transferibilidad para optimizar la eficiencia y el rendimiento de las inversiones, depende de definiciones jurídicas y mecanismos de aplicación precisos (^{Wescombe, 2021}). Establecer directrices claras para la distribución y utilización de los recursos hídricos dentro del marco neoliberal es esencial para examinar las prácticas cuestionables en materia de agua y promover una asignación eficiente de los recursos.

Aunque los derechos sobre el agua facilitan la determinación del precio, la reducción del despilfarro y la inversión en infraestructuras, también reflejan un marco que da prioridad a las personas con un poder adquisitivo significativo. Este énfasis perpetúa un enfoque económico de la gobernanza del agua que puede dejar de lado a las comunidades marginadas. El agua, inherentemente política, se cruza con la biopolítica a través de su implicación en las dinámicas de poder y su papel en el mantenimiento de la salud pública (^{Berrabhia, 2023}). El ciclo hidrológico, que trasciende las fronteras geopolíticas, subraya la naturaleza intrínsecamente política de la gestión del agua, que a menudo alimenta disputas sobre la asignación de recursos.

Además, el agua asume una dimensión biopolítica al vincular la salud individual a preocupaciones sociales más amplias, lo que hace necesaria la intervención gubernamental en la gestión de residuos para salvaguardar la salud pública. Las industrias que plantean riesgos medioambientales, como la minería y la agricultura, amenazan la calidad del agua, lo que subraya la intrincada interacción entre la gobernanza del agua y los factores socioeconómicos (^{Wingfield et al., 2021}). La contaminación procedente de diversas fuentes agrava aún más la crisis del agua, lo que subraya la necesidad imperiosa de contar con una sólida infraestructura de gestión de residuos y una estricta aplicación de la normativa (^{Olmstead y Zheng, 2021}).

Gobernanza del agua: examen de dinámicas y paradigmas internacionales

La gobernanza del agua ha evolucionado significativamente, al trascender la mera administración para convertirse en un punto central de las relaciones internacionales, especialmente en medio de la crisis actual. La noción de sostenibilidad del agua ha acaparado la atención desde la Declaración de Río de 1992, ya que emerge como una preocupación central para los Estados y encuentra su lugar en las agendas de diversas organizaciones internacionales. Enmarcada en un nuevo paradigma estratégico, la gobernanza del agua se analiza a través de cuatro modelos: político, internacional, económico, ecológico e industrial, que se alinean con los principios foucaultianos de regulación biopolítica (^{Hommes et al., 2020}). Esta perspectiva profundiza en cómo las dinámicas de población se entrecruzan con la gobernanza del agua y configuran los marcos reguladores.

A pesar del notable énfasis en destacar los efectos adversos de la globalización, los debates suelen dejar de lado los beneficios asociados a la energía hidroeléctrica y el desarrollo. El discurso sobre la legitimidad de las preocupaciones medioambientales en los marcos de prestación de servicios públicos sirve de telón de fondo para deliberar sobre cuestiones como el abastecimiento urbano de agua y la privatización. Aunque enfoques como la gestión comunitaria y los derechos de los usuarios del agua abordan cuestiones de redistribución, a menudo pasan por alto las implicaciones medioambientales más amplias de las crisis del agua urbana, que abarcan la sostenibilidad, la escasez de agua y los riesgos para la calidad. Por lo tanto, situar estas tácticas dentro de un marco de gobernanza ecológica global se convierte en un imperativo para abordar las injusticias tanto sociales como medioambientales (^{Pacheco-Vega, 2020}).

A escala mundial, la gobernanza del agua dilucida su papel dentro de las intrincadas redes de marcos sociales, políticos y económicos, en los que los recursos hídricos se utilizan, gestionan y explotan como activos estratégicos que ofrecen diversos servicios a través de diferentes estratos sociales. Los sistemas de gobernanza ejercen autoridad sobre la distribución de los servicios hídricos y se rigen por una combinación de normativas formales e informales en las que intervienen agentes gubernamentales, del sector privado y de la sociedad civil (^{Paul et al., 2024}). Estos sistemas influyen en diversos ámbitos políticos, que van desde la producción de energía hidroeléctrica hasta el ocio y el turismo, y requieren una gestión coordinada y jerárquica para ser eficaces.

Al adoptar un enfoque basado en los derechos humanos, la gobernanza del agua subraya el derecho fundamental al agua y su condición de bien público, resistiéndose a los intentos de privatización a gran escala. Las estructuras de gobernanza arraigadas en la administración pública establecen intrincadas relaciones y mecanismos de control con las comunidades dependientes del agua, mientras que los avances en las infraestructuras hídricas plantean riesgos potenciales para los ecosistemas y las sociedades (^{Mirumachi et al., 2021}).

Una visión holística de la gobernanza del agua exige tener en cuenta diversos sectores económicos y niveles de gobierno, ya que fomenta colaboraciones horizontales y verticales entre los ámbitos urbano y rural, así como entre las esferas local e internacional. La gobernanza ambiental, caracterizada por la democratización y el escrutinio, busca combatir la corrupción y los desequilibrios de poder, y promueve una regulación óptima y la sostenibilidad (^{Breuer y Oswald Spring, 2020}).

Las políticas de gobernanza del agua abarcan una serie de principios destinados a mejorar la eficacia de la gestión, la toma de decisiones participativa y las normas éticas. Estas políticas hacen hincapié en cuatro dimensiones clave de la gobernanza: sostenibilidad medioambiental, equidad social, democracia política y eficiencia económica. Arraigadas en el sistema biopolítico, las políticas internacionales ejercen influencia sobre los procesos reguladores nacionales, especialmente evidente en América Latina. Las estructuras de gobernanza rigen a menudo la utilización del agua, lo que provoca conflictos y resistencia, sobre todo por parte de las comunidades indígenas afectadas por la modernización y los proyectos hidráulicos a gran escala, como las megarrepresas (^{García et al., 2021}).

Los proyectos de megarepresas, a menudo defendidos por tecnócratas como soluciones técnicas, se enfrentan con frecuencia a la oposición de las comunidades afectadas, que desafían las normas establecidas y los estándares impuestos por los diseños de ingeniería hidráulica. Las protestas pueden remodelar el desarrollo de las presas, al poner de manifiesto la dinámica de poder entre las autoridades gobernantes y las poblaciones afectadas, fracturando potencialmente a las comunidades y exacerbando las divisiones sociales (^{Hommes et al., 2020}). Para fomentar la sostenibilidad global, son esenciales mecanismos reguladores universales que fomenten la coordinación intersectorial, regulen el uso transfronterizo del agua, promuevan la valoración competitiva del agua, y empoderen a las entidades no gubernamentales y privadas en la gestión local del agua.

Desde un punto de vista ecológico, las instituciones del agua abarcan las políticas, los marcos administrativos y las normativas que rigen la gestión de los recursos hídricos. El ciclo político implica procesos iterativos de aprendizaje político, identificación de problemas y formulación de políticas para abordar conflictos y retos emergentes, a menudo acompañados de la resistencia de la comunidad. La investigación sobre la gobernanza del agua entre zonas urbanas y rurales pone de relieve la controvertida cuestión de la transferencia de agua de las zonas rurales a las urbanas, a menudo enmarcada en narrativas sobre la escasez de agua en las zonas urbanas, al tiempo que se pasa por alto el agotamiento del agua en las zonas rurales para obtener beneficios en las zonas urbanas (^{Jiménez et al., 2020}).

En América Latina, el marco biopolítico engloba diversas variables regionales, entre ellas las instituciones encargadas de la toma de decisiones, las organizaciones de usuarios agrícolas, los órganos locales de gobierno y las entidades privadas. Estas variables configuran dinámicas de conocimiento-poder que influyen en la administración y el control del agua. Factores exógenos como las instituciones de toma de decisiones y las organizaciones de usuarios agrícolas, junto con los órganos de gobernanza local, constituyen la base de los sistemas de verdad que sustentan la gestión del agua (^{Almazán-Casali, 2022}).

Las variables endógenas interconectan la legislación regional y nacional, la política de aguas y los procesos administrativos, y configuran la valorización económica de los recursos hídricos y los modelos de gobernanza. Las variables conceptuales, influidas por estos factores, repercuten en el complejo panorama de la gestión y regulación del agua, lo que hace necesarios el desarrollo y la aplicación de nuevos marcos de gobernanza (^{Whitley, 2024}). La gobernanza del sector hídrico de América Latina está profundamente entrelazada con aspectos de hidrohegemonía, al delinear la estructura organizativa de la gobernanza del agua dentro de la región.

Retos de la gobernanza del agua en América Latina

La principal preocupación en América Latina se centra en el intrincado nexo entre la pobreza, el acceso al agua y las comunidades indígenas, especialmente en medio de la actual modernización de las infraestructuras, que a menudo provoca el desplazamiento de las comunidades y la degradación del medioambiente. Los marcos políticos eficaces en materia de agua deben demostrar flexibilidad y adaptabilidad a los matices contextuales, dando prioridad a las necesidades de las poblaciones más vulnerables. En toda América Latina, una miríada de retos geográficos agrava los problemas socioambientales. El crecimiento económico impulsado por las industrias extractivas ha acelerado la degradación de los recursos naturales e intensificado la mercantilización del medioambiente, lo que plantea importantes riesgos socioeconómicos y medioambientales (^{Correia, 2022}).

Las catástrofes naturales, desde incendios a terremotos e inundaciones, subrayan la vulnerabilidad de la región y ponen de manifiesto las carencias de resiliencia tanto a nivel individual como regional. Además, los conflictos derivados de las discrepancias entre las agendas económicas globales que persiguen las empresas y los valores culturales locales suelen desembocar en disputas medioambientales, que afectan especialmente a las comunidades indígenas (^{Parsons y Fisher, 2022}). El concepto de «territorios hidrosociales» engloba la compleja interacción entre las redes socioambientales, que abarcan las relaciones humanas y ecológicas, los flujos de infraestructuras hídricas, los marcos jurídicos y las prácticas culturales (^{Damonte y Boelens, 2020}).

En las sociedades andinas, el agua adquiere una importancia fundamental en las luchas por la identidad territorial y el control de los recursos, que configuran sistemas socionaturales representados por el ciclo hidrosocial. Estos territorios surgen en la confluencia de la cultura, la tecnología, los recursos naturales y las dinámicas medioambientales. A pesar de los avances en materia de gobernanza en toda América Latina, los notables esfuerzos de descentralización a nivel local y los debates regionales sobre la gestión de los recursos, existe una relación desarticulada entre los marcos constitucionales, las políticas institucionales del agua y las interacciones con las comunidades tradicionales y las empresas multinacionales (^{Rocha-López, 2020}). Por otro lado, la clara contradicción entre la búsqueda de objetivos económicos por parte de las corporaciones multinacionales y la intrincada red de factores culturales y sociales regionales. Esta disonancia se manifiesta en varios niveles: las multinacionales, al priorizar la maximización de beneficios y la eficiencia operativa, a menudo pasan por alto o subestiman las complejidades culturales y sociales específicas de cada región. Tal enfoque economicista puede conducir a conflictos con las comunidades locales, cuyas estructuras sociales y valores culturales pueden no alinearse con las estrategias empresariales centradas en el lucro.

Las comunidades se enfrentan a menudo a amenazas de expulsión, violencia o coacción como parte de las iniciativas gubernamentales, aplicadas mediante la intervención estatal o militar, especialmente en las zonas rurales que se oponen a los proyectos extractivos (^{Daoudy, 2020}). Empleando el marco conceptual de Foucault sobre la gobernanza, el poder opera no solo mediante la coerción, sino también a través de mecanismos productivos que moldean el comportamiento y el orden político (^{Foucault, 2020}).

La gestión de las cuencas y los recursos hídricos se ve influida por la dinámica institucional y los conocimientos de los profesionales de la hidrología, con frecuencia sujetos a normativas internacionales. Retos como la insuficiencia de las estructuras de gobernanza, los déficits de rendición de cuentas, las limitaciones financieras y las asimetrías de información impiden la coordinación e integración de las políticas hídricas. Además, las comunidades que reivindican sus derechos colectivos al agua se enfrentan a obstáculos derivados del pluralismo jurídico y la privatización, lo que pone de manifiesto las desigualdades subyacentes y fomenta los espacios de resistencia.

La gobernanza del agua en la región latinoamericana requiere una coordinación centralizada a nivel gubernamental para alinear las políticas del agua con objetivos de desarrollo más amplios, que abarquen áreas como el desarrollo regional, la planificación agrícola, la producción de energía y el consumo doméstico. Una gobernanza eficaz depende de la existencia de sólidas capacidades subnacionales para garantizar la aplicación de las políticas y el despliegue de metodologías eficientes (^{Mahlknecht et al., 2020}). En consecuencia, es imperativo delimitar las responsabilidades entre los Estados, lo que requiere el despliegue de soluciones tecnológicas y la organización de procesos dentro de los marcos gubernamentales estatales y regionales.

Analizar la distribución del agua, los factores de escasez, el crecimiento de la demanda en los distintos sectores de consumo y las disparidades entre poblaciones es fundamental para comprender la naturaleza polifacética del agua como recurso. Además, implica enfrentarse a la resistencia cultural e identitaria a la modernización y el extractivismo, sobre todo en las comunidades indígenas implicadas en los debates hidropolíticos (^{Spicer et al., 2020}). Las naciones latinoamericanas pueden esbozar una agenda impulsada por retos y estrategias administrativas basadas en prácticas de gobernanza, que brinda la descripción de marcos de seguridad a escala continental, regional y nacional (Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ^2023b).

Los marcos jurídicos, las leyes internacionales y nacionales vinculantes, junto con los sistemas políticos mundiales y nacionales, facilitan la cartografía de los riesgos geoestratégicos y los conflictos potenciales relacionados con los recursos hídricos. Dichos conflictos suelen derivarse de influencias institucionales, fenómenos naturales, capacidades de infraestructura, avances tecnológicos, explotación privada de recursos e identidades comunitarias entrelazadas con mecanismos de resistencia (^{Williams, 2020}). La agilidad en la respuesta a los problemas de gestión de los recursos hídricos en América Latina depende predominantemente de las fluctuaciones de los contextos políticos y socioculturales.

La cartografía del panorama geoestratégico conlleva varios pasos fundamentales, como la evaluación del estado actual y los escenarios futuros de las tecnologías de extracción de agua en toda América Latina. Además, es imperativo dilucidar la disponibilidad, el suministro y la utilización de los recursos hídricos en la región, así como contextualizar la gestión y la planificación de los recursos hídricos en el entorno regional (^{Trimble et al., 2021}). El escrutinio de los procesos de gestión y planificación, junto con la evaluación de los conflictos regionales derivados de la degradación medioambiental debida a la construcción y la privatización, forma parte integrante del análisis.

El análisis debe abarcar también los esfuerzos de movilización social y la formación de identidades colectivas encaminadas a combatir la explotación del agua y salvaguardar los derechos al agua. Las estrategias nacionales de planificación y gestión deben tener en cuenta la distribución heterogénea del agua e integrar mecanismos para unificar la organización y gestión de los recursos dentro de los marcos de planificación regional y nacional (^{Cardoso y Pacheco-Pizarro, 2022}). Estos planes deben servir como herramientas de gestión y regulación adaptables, capaces de evolucionar junto con las cambiantes necesidades de información y de alinearse con los objetivos sociales, económicos y medioambientales.

Las recientes reformas globales del agua han sido criticadas por atribuir las injusticias medioambientales y el uso insostenible del agua al fracaso en la aplicación de modelos universalistas basados en las fuerzas del mercado². Sin embargo, estas reformas a menudo abogan por una mayor adhesión a la misma racionalidad económica que ha sido implicada en la causa de los problemas en cuestión, lo que protege las mayores libertades basadas en el mercado dentro de las comunidades locales y otorga más influencia a los grupos de interés externos y privados (^{Prieto et al., 2019}). Estas maniobras políticas son sintomáticas de un problema global más amplio en el que las políticas internacionales y las leyes nacionales no se adaptan a las condiciones locales, y plantean que corresponde a las poblaciones locales, en lugar de a los planes y reglamentos gubernamentales, promulgar el cambio. Tales modelos aspiran a establecer un marco idealizado de gobernanza del agua, haciendo caso omiso de las normas locales relativas a la utilización del agua, incluidos los valores, los sistemas de derechos de identidad y las prácticas consuetudinarias.

Los modelos políticos construyen con frecuencia usuarios ficticios del agua cuyos deseos y motivaciones coinciden con los de los responsables de la toma de decisiones, con lo que se producen intervenciones significativas incluso cuando son ostensiblemente bienintencionadas (^{Whaley, 2022}). En realidad, en América Latina, la planificación de los recursos hídricos está marcadamente influenciada por planes sectoriales regidos por sistemas económicos globales y nacionales, favoreciendo así a sectores fundamentales como la agricultura, la energía y la industria. Estas industrias suelen engendrar la explotación privada de los recursos hídricos, lo que genera disputas sobre la asignación de los recursos y cuestiones como el extractivismo y la degradación medioambiental (^{Boelens et al., 2011}). Esto no solo repercute en la distribución y utilización equitativas del agua, sino que también exacerba la corrupción dentro del aparato administrativo. El descuido de los planes integrales destinados a maximizar y optimizar el uso del agua ha provocado conflictos por el acceso a los recursos y ramificaciones más amplias para la justicia medioambiental y social.

La confluencia de la intensificación de la extracción de recursos, la degradación de la tierra y el agua, el aumento de la competencia por el control y el acceso a los recursos hídricos, y la dependencia de las fuerzas del mercado y la toma de decisiones dirigida por expertos tiene profundas implicaciones para el discurso en torno a los derechos y la justicia del agua (^{Katusiime y Schütt, 2020}). La inseguridad y la escasez de agua no dependen únicamente del suministro absoluto de agua, sino que más bien se derivan de la disparidad en el acceso al agua y a los servicios relacionados entre los distintos estratos sociales (^{Adams et al., 2020}). La desigualdad en el acceso al agua, la exposición a agua contaminada y el fracaso de los proyectos a menudo se deben a la corrupción patrocinada por el Estado, lo que pone de relieve los sesgos sistémicos en la formulación y aplicación de políticas (^{Acevedo, 2020}).

Con frecuencia, las políticas hídricas dominantes pasan por alto estas causas profundas, y atribuyen el problema a los usuarios locales del agua y a sus diversos sistemas de derechos, en lugar de abordar las deficiencias de los marcos jurídicos formales y las fuerzas del mercado que defienden (^{Loch et al., 2020}). Unas estructuras administrativas complejas y a menudo corruptas impiden la gestión y planificación integradas, y esto merma la capacidad reguladora del Estado. Es urgente pasar de una administración sectorial a un modelo de gobernanza más unificado para supervisar los recursos hídricos en consonancia con los acuerdos regionales (^{Pahl-Wostl et al., 2020}). Una gobernanza eficaz requiere encontrar un equilibrio entre los imperativos de sostenibilidad y la preservación del medioambiente, a fin de mitigar la influencia desproporcionada ejercida por grupos de interés obsesionados con beneficios económicos localizados en detrimento de preocupaciones regionales o nacionales más amplias (^{Shahvi et al., 2021}).

Concebir la justicia del agua implica reconocer la gobernanza medioambiental no solo como un sistema natural de regulación, sino también como la gobernanza de la naturaleza que refleja y está moldeada por dinámicas de poder político. Situado en el ámbito de la ecología política, este enfoque examina cómo las relaciones de poder y la política moldean el conocimiento y los procesos de gobernanza del agua, lo que engendra distintos sistemas hidrosociales que dictan la distribución de cargas y beneficios, así como el control y el acceso al agua, junto con disputas sobre el agua, la información y los derechos culturales (^{Boelens et al., 2023}).

Estudio de caso: la Guerra del Agua en Bolivia

Durante la mayor parte de la década de 1990, Bolivia se benefició de la promoción y el asesoramiento del Banco Mundial sobre una serie de cambios extensos que incluyeron esferas sociales, políticas y económicas. Estas reformas se conocieron como medidas de ajuste estructural y comenzaron en 1985. Esta organización multinacional prometió a Bolivia mayores fondos en 1997 para mejorar su infraestructura hídrica, pero solo si el gobierno aceptaba vender el suministro de agua en La Paz y Cochabamba, dos de las ciudades más grandes del país. Luego, después de un procedimiento de licitación en el que solo una empresa hizo una oferta, Aguas del Tunari asumió la administración de los servicios de agua potable de Cochabamba. Tras un aumento de tarifas del 35 % en enero de 2000, hubo una gran indignación pública, que culminó en una movilización a gran escala el 4 de febrero del mismo año. El Gobierno respondió con una fuerte represión, que provocó una muerte y más de 20 heridos y 135 detenciones. Al final, la presión pública obligó a la empresa a romper su contrato, lo que resultó en que el Estado recuperara el control sobre el suministro de los servicios de agua potable (^{Tapia, 2000}).

Dos factores principales contribuyeron al inicio de la llamada Guerra del Agua en Bolivia. Inicialmente comenzó con la concesión otorgada por el Municipio de Cochabamba a la empresa multinacional Aguas del Tunari en septiembre de 1999 para la gestión de la empresa distribuidora de agua. Posteriormente se materializó tras la sanción por el Parlamento de Bolivia de la Ley 2029 en octubre de 1999 sobre Agua Potable y Servicios de Alcantarillado Sanitario influenciados por las sugerencias del Banco Mundial, pero sin unanimidad. A pesar de la oposición de varios grupos de la sociedad civil en ese momento, la población en general no se movilizó significativamente hasta enero de 2000. Este retraso fue atribuible a un aumento sustancial en las tarifas del agua, que aumentaron del 30 % a un asombroso 300 %, lo que hizo que el servicio fuera financieramente inalcanzable para muchas personas (^{Rojas et al., 2019}).

Una cláusula específica dentro del contrato establecido otorgaba permiso a la corporación concesionaria para cobrar a los residentes locales por el uso exclusivo de los acuíferos públicos. En consecuencia, Aguas del Tunari podría imponer sanciones por acceder a agua de pozos privados, ríos o sistemas de recolección de agua de lluvia. Durante los disturbios del 4 y 5 de febrero, Hugo Banzer ocupó el cargo presidencial, en coincidencia con la ocupación de la sede del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) por parte de los lugareños. Se produjeron muertes, lesiones y detenciones debido a la represión gubernamental. Mientras continuaban las protestas, estallaron enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los civiles, lo que condujo a una declaración ignorada del estado de sitio. En consecuencia, las autoridades se vieron obligadas a reevaluar la legislación, y esto dio lugar a modificaciones de varias de sus disposiciones.

Sin embargo, con más protestas y más de 50 000 cochabambinos ocupando el campo de desfile desde el 4 de abril, la administración se vio obligada a rescindir el acuerdo con Aguas del Tunari el 10 de abril. Después de una larga batalla legal con el Gobierno boliviano, Aguas del Tunari solicitó una compensación sustancial. Incluso recurrieron a utilizar el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un mecanismo de arbitraje asociado con el Banco Mundial diseñado para resolver disputas entre inversores y países miembros.

Al respecto, Foucault presenta una interpretación matizada del poder. Afirmar que el poder impregna las relaciones sociales a través de métodos complejos, técnicas y sistemas de dominación, en lugar de estar ubicado centralmente dentro de individuos o instituciones. Según Foucault, el marxismo ve el poder como un mecanismo económico que apoya las relaciones de producción y el dominio de clase, mientras que el liberalismo percibe el poder como la influencia tangible a la que renuncian los individuos para alcanzar la supremacía política (^{Foucault, 1993}). Lo antes señalado se condice con la interconexión entre el poder y la economía, ejemplificada por acontecimientos como la Guerra del Agua en Bolivia.

Por tanto, la asociación forjada entre el Gobierno boliviano y el Banco Mundial resalta la dinámica matizada de la autoridad política en concordancia a influencias económicas globales. El Gobierno de Bolivia al comprometerse con organismos internacionales como el Banco Mundial en medio del auge de políticas económicas neoliberales de finales de la década de 1990 subraya la compleja interacción de poder dentro de los sistemas económicos, donde los intereses económicos globales tienen prioridad sobre la soberanía política local, como lo dilucida Foucault.

En las economías desarrolladas, el biocapitalismo juega un papel crucial al representar la transmisión de ideologías y principios capitalistas occidentales por parte de instituciones globales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Estas entidades emplean técnicas biopolíticas a menudo a través de la coerción o la diplomacia para afirmar su dominio sobre las poblaciones. La implementación de la Ley 2029 de agua y saneamiento básico, y el cumplimiento de Aguas del Tunari por parte de Bolivia, ejemplifican tales intervenciones que indican una progresión hacia una gobernanza biopolítica centrada en regular y supervisar la vida cotidiana de las personas.

Países como Bolivia corren el riesgo de sufrir estigmatización por su aparente incapacidad para autogobernarse cuando descuidan sus obligaciones internacionales. Este escenario puede racionalizar la interferencia externa bajo el pretexto de defender la estabilidad global. Esta narrativa se alinea con la perspectiva de Foucault sobre la dinámica del poder, que ilustra cómo las estructuras jerárquicas y las dinámicas de poder desiguales se perpetúan en todo el mundo mediante la aplicación de normas externas.

Foucault delinea dos marcos teóricos fundamentales esenciales para examinar la dinámica del poder. Al inicio, sostiene que el poder actúa como la fuerza impulsora detrás de la supresión de jerarquías sociales y tendencias inherentes que impactan tanto a grupos como a individuos. Por el contrario, aclara el poder como una demostración de fuerza que abarca conflictos, batallas y discordia simbólica (^{Foucault, 1993}). Esta dicotomía presenta una contradicción cuando el poder se percibe como una lucha continua gestionada a través de diversos métodos o como una influencia supresora cuya percepción fluctúa. Estos marcos analíticos siguen siendo relevantes a medida que el poder se materializa en situaciones como la Guerra del Agua.

Al observar la opresión contractual, la respuesta del gobierno a la negativa de los manifestantes a seguir órdenes enfatiza la utilización de las fuerzas del orden para defender el poder a través de la represión. El objetivo principal de este acto coercitivo es garantizar el cumplimiento de las normas o acuerdos acordados y desalentar la disidencia. El poder también se materializa como una guerra represión que ejemplifica la dinámica de poder entre la autoridad gobernante y la población, que persiste como un ciclo repetitivo de dominación y coerción a pesar de las transformaciones sociales.

Asimismo, Foucault postula que una serie de mecanismos institucionales que dan forma a los discursos contribuyen significativamente al proceso de normalización de los individuos dentro de la sociedad cuando argumenta que la producción, difusión y gobernanza de los discursos están intrincadamente entrelazadas con la dinámica del poder (^{Foucault, 1993}). En consecuencia, los individuos en posiciones de autoridad imponen un régimen de verdad a la población. La resistencia al proceso de normalización en el contexto del escenario de la Guerra del Agua devela la efectividad operativa de los mecanismos de poder arraigados en Bolivia. Esta resistencia subraya un desafío directo al predominio discursivo predominante que antes abrazaba la sociedad.

Es así como la Guerra del Agua se presenta como uno de los desafíos sistémicos más amplios presentes. El problema subyacente surge de la incapacidad de los Estados para regular el comportamiento social de acuerdo con verdades aceptadas, en particular aquellas que surgen de la ideología neoliberal. La vida cotidiana de los residentes de Cochabamba está entrelazada con las complejas dinámicas de poder entre organizaciones como el Banco Mundial y el Gobierno boliviano que culminan en una crisis que representa una amenaza para las estructuras biopolíticas existentes.

En ese sentido, el impacto de la Guerra del Agua, profundamente arraigado en la historia boliviana, podría haber catalizado los movimientos de oposición que condujeron al ascenso al poder del presidente Evo Morales en 2006. Por ese motivo, esta problemática se extiende más allá del ámbito local boliviano y podría provocar movimientos sociopolíticos en otras latitudes en Latinoamérica.

Conclusión

El paradigma neoliberal de privatización y mercantilización del agua ha agravado considerablemente las desigualdades sociales y la degradación medioambiental en América Latina. Al dar prioridad a la eficiencia del mercado y a los derechos de propiedad privada, este enfoque ha concedido un acceso preferente a los recursos hídricos a las personas adineradas, al tiempo que ha marginado a las comunidades empobrecidas. El énfasis en la transferibilidad y comercialización de los derechos sobre el agua subraya un marco que beneficia principalmente a quienes tienen un poder adquisitivo considerable, lo que perpetúa un enfoque económico de la gobernanza del agua que deja al margen a las poblaciones marginadas. En consecuencia, este modelo neoliberal ha perpetuado las disparidades y socava las afirmaciones de que puede mitigar eficazmente los retos relacionados con la pobreza.

Una gobernanza eficaz del agua en América Latina requiere un enfoque global e integrado que tenga en cuenta diversos sectores económicos, niveles gubernamentales y colaboraciones entre zonas urbanas y rurales, así como entidades locales e internacionales. La coordinación centralizada a nivel gubernamental es esencial para alinear las políticas del agua con objetivos de desarrollo más amplios, incluyendo el desarrollo regional, la planificación agrícola, la producción de energía y el consumo doméstico. La existencia de capacidades subnacionales sólidas y de metodologías eficientes es crucial para la aplicación de las políticas, con el apoyo de una clara delimitación de responsabilidades entre los Estados, facilitada por soluciones tecnológicas y procesos racionalizados dentro de los marcos gubernamentales estatales y regionales.

En América Latina, la compleja interrelación entre la pobreza, la accesibilidad al agua y las comunidades indígenas, especialmente en medio de los continuos esfuerzos de modernización de las infraestructuras, subraya la importancia de unos marcos de política del agua que den prioridad a las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Una gobernanza eficaz exige un enfoque flexible y adaptable que tenga en cuenta las complejidades del contexto, incluidas cuestiones como el desplazamiento de comunidades, la degradación medioambiental y las ramificaciones de las industrias extractivas. La noción de «territorios hidrosociales» hace hincapié en la interconexión de las redes socioambientales, las interacciones humano-ecológicas, las estructuras jurídicas y las tradiciones culturales, todo lo cual debe reconocerse en las estrategias de gobernanza del agua.

Las principales políticas del agua en América Latina no suelen abordar adecuadamente las causas subyacentes de la inseguridad y la escasez de agua. En lugar de analizar las deficiencias de los marcos jurídicos formales y la dinámica del mercado que refuerzan, estas políticas tienden a atribuir estos problemas a los usuarios locales del agua y a sus diversos sistemas de derechos. Además, las intrincadas y corruptas estructuras administrativas obstaculizan la gestión y la planificación integradas, lo que disminuye la eficacia reguladora del Estado. Es imprescindible la transición hacia un modelo de gobernanza unificado que armonice los imperativos de sostenibilidad, los objetivos de preservación del medioambiente y los esfuerzos por mitigar la influencia desproporcionada que ejercen los grupos de interés centrados principalmente en beneficios económicos localizados.

La conceptualización de la justicia del agua en América Latina requiere el reconocimiento de que la gobernanza medioambiental está estrechamente interrelacionada con las dinámicas de poder político, que a su vez configuran la distribución de recursos y oportunidades. Basada en el paradigma de la ecología política, esta perspectiva examina cómo estas dinámicas de poder influyen en la producción de conocimiento y en los procesos de toma de decisiones dentro de la gobernanza del agua. Destaca la aparición de distintos sistemas hidrosociales que rigen la asignación de cargas y beneficios, así como el control y el acceso a los recursos hídricos. Además, subraya la prevalencia de disputas sobre los derechos al agua, el acceso a la información y los derechos culturales dentro de estos sistemas. Adoptar una perspectiva de este tipo es esencial para abordar de forma integral los polifacéticos retos inherentes a la gobernanza del agua en Latinoamérica.

Los hallazgos obtenidos proporcionan un terreno fértil para futuros estudios en el ámbito de la gobernanza medioambiental y la compleja interacción entre las dinámicas de poder, la gestión de recursos y los sistemas socioecológicos. Una vía prometedora para seguir explorando es la realización de análisis comparativos entre distintas regiones o naciones para investigar cómo los diversos contextos culturales, políticos y económicos configuran la manifestación y resolución de los retos de la gobernanza del agua. Mediante la adopción de una perspectiva transcultural, los investigadores pueden descubrir valiosas perspectivas sobre las dinámicas matizadas de los territorios hidrosociales, y así arrojar luz sobre las intrincadas conexiones entre las prácticas de gestión del agua, los marcos jurídicos, las normas culturales y las identidades comunitarias.