Introducción

La más dura situación fue la muerte de mi hermano, porque uno no debe morir así, yo tenía 13 años cuando me toco ver cómo le disparaban a mi hermano, y que le digan que si uno demanda lo matan, y que es mejor que se vaya del territorio para salvarse. Luego a mi sobrino le pegaron la “mata” del siglo por parte de la insurgencia, seguido de la muerte de mis dos hermanos (Luz, mujer cabeza de hogar, Afro tumaqueña).

El Pacífico Sur colombiano es reconocido por su riqueza en diversidad cultural y poblacional, por su belleza natural y por su producción mineral. Tales elementos caracterizan muchos territorios de América latina y, a su vez, han sido el cultivo de las políticas expansivas del proyecto neoliberal global (^{Valenzuela, et al, 2018}). Con ello, se ha visibilizado la manera en que los grandes poderes del mercado, de los gobiernos y de las familias terratenientes que han dominado los territorios por cientos de años, han contribuido a la desigualdad, la concentración de la riqueza, la explotación de la clase trabajadora, la opresión racial, la segregación social y los asesinatos de las vidas consideradas prescindibles. Es así que se han ido constituyendo los cuerpos para la guerra y las zonas sitiadas, o lo que denominaremos las “necrozonas” y “necrofronteras”, entendiendo como tales los espacios de control de la necropolitica (^{Mbembe, 2011}).

La hoja de coca se expandió y crecieron las plantaciones, nada ha podido acabar con este flagelo; la guerra promulgada en el gobierno de Uribe no acabó, el narcotráfico y la negoción de Santos, tampoco. La economía de la muerte ha venido creciendo de manera sorprendente, se habla de la incursión de estructuras mexicanas que intentan apoderarse del negocio en este lugar de Colombia, evidenciándose la reproducción de la guerra por el control y dominación de los espacios potentes para la producción de riqueza basada en la configuración de zonas de muerte que tienen “dueños”, quienes deciden el destino en mi pueblo (^{Santana, 2021}, p, 29).

Como consecuencia de esta sobreexplotación y expoliación se configura un contexto de vulneraciones a los derechos humanos y ambientales; y de violencias estructurales y directas sobre las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas. Es un elemento común ya determinado sobre las personas racializadas en los denominados en “estados de bienestar” de sur América, en donde la violencia estatal contra las personas “negras” y pobres está determinada por las necesidades de control de la clase dominante sobre quienes se presentan como una amenaza real o simbólica a sus intereses (^{Feffermann, 2015}).

Bastante se ha estudiado en torno a los modos de vida violentados y despojados de las comunidades del Pacífico, sobre todo desde las perspectivas del conflicto y la guerra. En el Pacífico Sur, el municipio de San Andrés de Tumaco, o simplemente Tumaco, departamento de Nariño, frontera con Ecuador, representa la denominada “perla del Pacífico”, porque allí se encontró una perla preciosa catalogada como la más grande en el mundo, también por su riqueza natural, comunitaria, cultural y ancestral afrodescendiente (^{Ramos, s. f}). Su inicial creación como territorio obedece al proceso esclavista, productivo y emancipatorio, también de resistencia y mestizaje, propio de la colonización, que le da su fundación el 30 de noviembre de 1640, por tanto, es una zona del Pacífico con tantos hechos de invasión como de guerras civiles (^{Rivera Cortes, 2019}). Se ha hecho del municipio una comunidad resguardada por el terror de la guerra, un laboratorio, una producción socio espacial desde las políticas de la muerte.

Realmente las barbaries que se han generado en el Pacífico han afectado a mi familia, hemos tenido que escapar, especialmente con la muerte de mi hermana, quien era mi apoyo, fue un homicidio, el cual nunca lo esclarecieron, luego, la muerte de mi hijo mayor, los grupos ilegales de la ley lo mataron” (Cris, líder de organización Afro tumaqueña).

El objetivo principal de este artículo es analizar las barreras y las fronteras que marcan las condiciones de violencia del sujeto joven afrodescendiente en Tumaco, Pacífico colombiano, así como las prácticas políticas de resistencia y re-existencia que emergen desde iniciativas artísticas y culturales. Esta reflexión forma parte de los resultados de una investigación etnográfica llevada a cabo en el municipio, que se propuso reconocer desde las organizaciones culturales y artísticas las dimensiones que críticamente se analizan en este documento. La metodología utilizada para la recolección de la información consistió en un trabajo de campo etnográfico realizado en el municipio de Tumaco entre agosto de 2021 y marzo de 2022 a través de un proyecto de investigación aprobado en la convocatoria interna de la Universidad Nacional Abierta a Distancia-UNAD. Este texto expone material etnográfico y relatos -conservando algunos seudónimos²-, que permiten enmarcar el análisis teórico a partir de la experiencia. Las entrevistas abiertas, la participación de los arrullos y de los talleres musicales y de danza como parte de las técnicas fueron desarrolladas en el trabajo de campo participantes, en su mayoría por jóvenes músicos vinculados la escuela Casa Tumac³.

El texto presenta, en primer lugar, el panorama sociopolítico de las violencias entramadas, incluyendo las precarizaciones durante la pandemia. Seguido, se hace un análisis teórico para nombrar y situar el afrojuvenicidio como una categoría de comprensión de las violencias sobre juventudes afro, a partir del juvenicidio (^{Valenzuela, 2015}; ^{Nateras, 2015}; ^{Muñoz, 2015}) como noción contemporánea que busca entender las formas en que se precarizan y se matan las juventudes racializadas, segregadas y estigmatizadas. Tal noción se ampara en los planteamientos de la “necropolítica” (^{Mbembe, 2011}), la cual pone en marcha los dispositivos de la “necromáquina” (^{Reguillo, 2021}) que va cercando los cuerpos como fronteras (^{Mbembe, 2019}) interiores, simbólicas y racializadas, en “necrozonas” (^{Valenzuela, 2019}), una región donde los poderes criminales van decidiendo la muerte de las comunidades afrodescendientes y configurando la fronterización de los cuerpos como mercancía para la política de muerte, las “necrofronteras” o lo que también se ha denominado el “border Tumaqueño” (Suarez & Gómez, 2020).

Algunos de los relatos y análisis narrativos como fuentes de información de los participantes se analizan para echar luces en torno a la manera como pervive y resiste la cultura musical propia en un contexto de guerra. Así pues, finalmente, concluimos con algunos arribos y recomendaciones para pensar y acompañar la complejidad del territorio y las organizaciones de resistencia juvenil que, a través de los saberes y prácticas propias, de las epistemologías cantadas y contadas, se permiten crear memoria y acciones de re-existencia.

Panorama de la Necropolítica en Tumaco

Tumaco, como parte del litoral Pacífico colombiano, es un territorio ancestral y culturalmente diverso, con presencia de comunidades afrocolombianas que responden a los procesos de las diásporas de esclavizados en las haciendas y los reales mineros en esta parte del país entre el siglo XVl y XlX. Las poblaciones africanas arrancadas de su contexto fueron doblegadas y explotadas a través de las dinámicas de economía política atravesadas por la idea de raza y sus jerarquizaciones privilegio/despojo. Inventando al negro “para significar exclusión, embrutecimiento y degradación, inclusive para significar un límite conjurado y aborrecido al mismo tiempo. Despreciado y profundamente deshonroso” (Mbembe, 2016, p. 33).

La abolición de la esclavitud se consagra en el territorio colombiano en 1851, su implementación en el territorio del Pacífico se realizó de manera tardía, ya que, la economía regional dependía de los hombres y mujeres esclavizadas, los terratenientes y los esclavistas locales se resistieron firmemente a la Ley de Abolición (Urrea, et, al, 2019). Sin embrago, a mediados del siglo XlX con las liberaciones de las poblaciones esclavizadas se adelantaron “procesos de organización social, recreando, reconstruyendo la vida y tejido social. Betty Ruth Lozano (2016) siguiendo a Arturo Escobar, habla de una política del lugar: una praxis de apropiación, defensa, reconstrucción del lugar, en esos lugares en permanente disputa” (^{Santana, 2023}, p. 229)

En este orden, se fueron formando las diversas poblaciones en la orillas del Pacífico y sus actividades de economía tradicional ancladas en las praxis de la agricultura, la minería artesanal, la pesca, la concha, etc., logrando edificar formas de ser, estar y vivir en vincularidad, armonía y respeto en lo humano y no humano; ontología relacional⁴, por tanto, el territorio afrocolombiano fue concebido hasta finales de los años ochenta del siglo XIX, como un “remanso de paz” (Agudelo, 2003, que pasó de ser un laboratorio de pacificación, de una comunidad sin violencia, a una zona laboratorio de modernización con la presencia del conflicto armado,

Algunos pobladores de la región nos decían que el Pacífico colombiano ha estado tan olvidado por el resto del país que ni la violencia le había llegado y consideraban que esa era una de las únicas ventajas de la segregación de la región. (^{Agudelo, 2012}, p. 11)

Entre las décadas de los ochenta y noventa, los cambios socio económicos se marcaron por las violencias, así como los cambios sociopolíticos del Estado, la política neoliberal extractivista, los ilícitos y la incursión de grupos armados.

A manera breve traza un recorrido de múltiples actores; la llegada de los actores armados desde los años noventa al municipio, se expande la participación de estos en el proceso de producción y comercio de la droga. Inicialmente la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ejército del Pueblo- FARC-EP, luego las Autodefensas Unidas de Colombia en los años 2000, posterior a ello, los grupos paramilitares desmovilizados de los que surgieron las bandas criminales (BACRIM), así como el rearme y reorganización que se dio luego del 2016 tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP, sumado a las iniciativas institucionales para la erradicación del cultivo, más la incursión de bases militares en la zona y la fuerza pública policial y militar, han sido orgánicamente algunos de los actores más prevalecientes que han vinculado a jóvenes en el reclutamiento, tráfico de estupefacientes, actividades de comercialización y producción de narcóticos y materiales de guerra, que generan las condiciones para un municipio sitiado por las violencias internas y que llevan al desplazamiento forzado de cientos de familias, y múltiples asesinatos (^{Gutiérrez, 2022}).

^{Santiago Arboleda (2016)} reconoce y argumenta que, desde el Plan Colombia concebido en 1999, se llevó la violencia a los territorios segregados y expoliados como Nariño, Putumayo, en frontera con Ecuador, ya que fue un diseño transnacional de la guerra neocolonialista etnocida que se constituyó por Estados Unidos en el contexto de la región andina. Plan que encubrió además del racismo estructural, un laboratorio de despojo para la violación de derechos humanos, justificado desde una intervención para la paz y el exterminio de las FARC-EP, el ELN, el exterminio de las drogas, cuyo producto real fue la expansión del capitalismo trasnacional, «la doctrina de la “soberanía limitada”, violando la soberanía nacional colombiana y los derechos humanos, para asegurar el robustecimiento de las multinacionales norteamericanas» (p. 77). Con lo que sugiere que esas políticas de “ayuda humanitaria” de las Naciones Unidas, junto con la política nacional para atender las necesidades de los territorios que el mismo Estado han explotado y empobrecido, es una política de muerte y capitalismo agresivo que se ha mantenido un “patrón mental de impermeabilidad” (p. 84).

De este modo, el paisaje de precarización radical fue agudizado por la incursión de los grupos alzados en armas y sus economías ilegales, transformando las realidades de las poblaciones afrocolombianas condenadas a la precarización, y ahora, a la violencia y crueldad del conflicto armado. En medio de procesos legislativos tales como la Ley 70 de 1993, cuando los sujetos de grupos armados reconocen el potencial de la zona para adelantar sus actividades económicas y armada, les fue muy fácil instalarse y apoderarse del territorio, hasta de las vidas que lo habitan, dada la desprotección estatal que identifica la relación entre el estado y el Pacífico colombiano. El conflicto armado y las dinámicas del narcotráfico como intervención política han cambiado las lógicas de pensamiento y ser comunitario que anteriormente representaban la zona, ya el discurso del remanso de paz pasa a segundo plano, a mediados de los noventa del siglo XX, se suma la guerra y violencia como hecho político en el litoral. Una geografía del despojo en la que la muerte aparece como una variable en la degradación de la existencia de gente que deben enfrentar unos sistemas de poder racial y violento.

Los indicadores acerca de la condición de vida de la población afrocolombiana en el Pacífico, antes de la pandemia por la COVID-19, indican que para el 2019, en la región pacífica de Colombia, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional para el agregado regional, cabeceras, centros poblados y rural disperso fue 26,3%, 16,9% y 32,9%, siendo Chocó el departamento con mayor porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional, seguido por el departamento de Nariño, en cuyo caso, las principales y mayores brechas de privación se presentaron en los indicadores fueron; el trabajo informal, el bajo logro y rezago educativo, el acceso a fuente agua, la inadecuada eliminación de excretas, material inadecuado de vivienda. Lo que sigue ubicando a los municipios del departamento y de la región por debajo del promedio de pobreza nacional, de acuerdo con el censo del DANE^[2] (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2019). De acuerdo con estas cifras, en Tumaco el 55,1% de la población del municipio habita en la zona urbana y predomina la población que se autoidentifica como afrocolombiana que es el 85,6% de la población, de una población de aproximadamente 203 971, según el DANE en el censo de 2018.

Sobre el municipio de Tumaco en los últimos años hay amplios estudios acerca de las problemáticas estructurales, de las violencias locales y conflictos urbanos que incluyen los impactos de los acuerdos de paz (^{Salas Salazar, Wolff & Camelo, 2018}; ^{Albarracín et al, 2020}), el orden territorial rural con los desafíos socioeconómicos, rurales y ambientales (^{Tobón et al, 2018}), los problemas de despojo de grupos armados, crimen organizado desde los acuerdos (^{Johnson, 2021}; ^{Benavides et al, 2019}) entre otros asuntos que golpean el vivir armonioso de sus comunidades. En todos las indagaciones, las muertes sobre los jóvenes ocurren con diferentes modos en medio de las circunstancias del conflicto armado, urbano o rural, producto de estrategias políticas cuyos objetivos era la supuesta lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, recuperar y mantener el monopolio de la fuerza del Estado en el territorio nacional y la protección de la población civil, propósitos que obedecían a pilares básicos de eficacia, cooperación de la sociedad civil con las Fuerzas Amadas, fortalecimiento de toda la estructura militar, bajo la retórica del respeto a los derechos humanos.

De esta manera, se encuentra que, en su contexto urbano, Tumaco tiene actualmente unas problemáticas sociales y factores que promueven los conflictos. De una parte, la economía sobre la coca y la cocaína que hasta el 2017 fue el mayor municipio productor del país, para el 2020 ocupo el segundo lugar, después de Tibú en norte de Santander (^{Observatorio de Drogas Colombia, 2021}). Desde ahí se desprende el factor de la llegada de los grupos armados, que no es ajena a las políticas de integración económica y transnacionalización es la vinculación de jóvenes para las actividades delictivas de los grupos armados.

Sumado a lo anterior, el mundo se paralizó por la pandemia de la COVID-19, y en el año 2020 Tumaco vivió una gran crisis sanitaria y humanitaria por consecuencias directas de la misma. Teniendo en cuenta que el municipio no cuenta con un sistema de salud adecuado a la necesidad vital de la comunidad, no hay una red hospitalaria, no tiene los recursos ni la infraestructura, tuvo que valerse de ciudades cercanas como San Juan de Pasto, Nariño. Sin embargo, la necesidad de alimentos, implementos de aseo y agua por la falta de acueducto, fueron necesidades altamente insatisfechas. La Fundación Paz y Reconciliación junto a fuentes territoriales presentó un informe específico sobre el municipio donde dejo evidenciado que el número de contagios fue de 1.143 personas, el municipio en Nariño con mayor propagación del virus, contando solo con 5 unidades de cuidado intensivo y 9 ventiladores en su unidad de salud, el confinamiento con el virus fue imposible, el 69% de la población vive con solo 1 o 2 dormitorios, sumado con el enorme abandono estatal de los territorios afrodescendientes, su marcada situación de vulnerabilidad y las maquinarias de corrupción que se movilizan en medio de esta tragedia humanitaria (Macias & Abello, 2020).

Estos factores recrudecieron las necesidades vitales, además de las violencias y la pobreza extrema ya existentes, mientras el gobierno dejó de lado los territorios periféricos. En el caso de Colombia con relación al cono sur, se agrupó dentro de los países que adoptaron medidas gradualistas respecto a las tácticas políticas del gobierno en el afrontamiento de la pandemia, evidenciando que tuvo más acciones o políticas favorables al sector empresarial que a la sociedad civil, por ejemplo, a través creando instrumentos crediticios, nivelando la actividad y la rentabilidad de las empresas (^{Nercesian, 2021}). Las decisiones políticas de apoyo y mitigación fueron parcializadas, centralizadas y privilegiadas para algunos departamentos y territorios, mientras a otros se dejó en desprotección. Demuestra como las políticas de gobierno se han aliado para dejar morir a una población asediada por las violencias, producida por sus propias máquinas de producción capitalista, basadas aun en una vieja idea de racismo cuya función “consiste en regular la distribución de la muerte y en hacer posibles las funciones mortíferas del Estado” (^{Mbembe, 2011}, pp. 22-23). Por años se ha constituido desde las dinámicas más crueles del capitalismo gore (^{Valencia, 2010}; ²⁰¹⁴) cuya cuestión esperamos, genere una contribución analítica critica.

Afrojuvenicidio: las violencias y vidas precarias en el Pacífico Sur

La precarización ha sido reconocida como el primer elemento que define la condición juvenil en América latina. En ello, la pobreza, desigualdad, la falta de oportunidades que generan condiciones de vulnerabilidad e indefensión afectando principalmente poblaciones infantiles, juveniles, minorizadas, estereotipadas o estigmatizadas desde criterios raciales, ocurre con la población indígena y afrodescendiente. Estas condiciones construyen clasificaciones, representaciones e imaginarios sociales dominantes en identidades y personas desacreditadas, descalificadas y proscritas como un elemento de construcción y aceptación social.

La situación en Tumaco y el Pacifico es muy triste. Antes los jóvenes a pesar de no tener nada disfrutábamos de los espacios cotidianos, propias de la zona, hoy, pareciera que estamos siendo formados por los grupos armados, las juventudes en su mayoría de proyectan desde las actividades ilegales, es algo normal. (Maryuri, joven trabadora social, agosto de 2021)

Las y los jóvenes afrocolombianos han sido los más afectados con la incursión de la violencia y la economía ilegal. A pesar de la precarización radical, el ser joven era pensado en sus articulaciones comunitarias y familiares, en sus haceres y sentires enclaustrados en la ruralidad colaborativa y hermanada, sin embargo, todo ello ha venido cambia, transmutando. Contemporáneamente las expresiones de lo juvenil afrocolombiano están siendo permeada por las lógicas del narco, jefe o patrón. La institucionalización de la guerra en la zona viene formando la existencia de quienes la habitan para que respondan a los criterios y normatividad de los grupos armados, quienes tienen el dominio tal de las vidas y el territorio la autoridad y gobernanza es ejercida por el poder criminal.

Las condiciones que deben enfrentar las y los jóvenes son críticas y desesperanzadoras, en términos de Rossana ^{Reguillo (2021}), pasan por proceso de precarización objetiva en lo educativo, salud, empleo, recreación y economía, le son negadas todas las garantías necesarias para agenciar proyectos viables de vida a través del goce de derechos humanos fundamentales. Asimismo, la precarización subjetiva lleva al límite a las y los jóvenes, quienes, a partir de las violencias vividas, dejan de creer en sí mismo, pierden la esperanza de construir alternativas de vida.

Yo no creo que las cosas cambien por Tumaco, cada día estamos peor, muerte, narcotráfico y guerra son las únicas cosas que usted evidencia en este pueblo. nosotros sabemos que no cambiará. (John, joven afro, septiembre de 2021)

El municipio de Tumaco por ser una de las zonas con mayores plantaciones de Coca, es sinónimo y evidencia de que la producción económica está necesariamente ligada a las dinámicas de las economías ilegales. Las posibilidades para emprender alternativas diferentes a las ofertadas por los patrones de poder del narcotráfico son medianamente nulas, las poblaciones dependen directa e indirectamente de las ganancias que genera la ilegalidad. Hechos reconocidos y finalmente aprobados por la sociedad tumaqueña, quienes han naturalizado el devenir mortífero y la economía ilegal como fuentes importantes de subsistencia en el municipio. “La vida no vale nada en por estos lados, cualquiera te mata, te pica, te desaparece, solo diré, libranos señor, nos estamos acabando entre nosotros mismos” (Caliche, joven tumaqueño, septiembre 2021).

Las juventudes de lo rural/urbano en Tumaco son cosificadas, vaciadas de subjetividad política y representadas como agentes para el sostenimiento de los modos de producción de riqueza ilegal, diría Rossana ^{Reguillo (2021}), las y los jóvenes acentúan la necromáquina, sus vidas son el combustible que alimenta la voraz crueldad que neutraliza cualquier expresión sociopolítica que no responde a las normatividades promulgadas por quienes se asumen la dueñidad (Segato, 2018) de la vida y los territorios.

Acá los que mandan son los grupos armados, ellos son los que dan empleo matando, campaneando, haciendo mandados, unos pueden ser raspachines⁵, apoyar en los laboratorios. Esa gente si tiene muchas ofertas para nosotros, para los jóvenes (John, joven afro, septiembre de 2021)

Al ser los modos de producción ilegal base de la economía en el municipio de Tumaco, las y los jóvenes son vinculados a las entrañas de su orden, donde deben adelantar las actividades asignadas normalmente ligadas en hechos truculentos para satisfacer el deseo y fervor del patrón o jefe de las organizaciones en las que laboran. Ser parte del grupo armado, se configura en deseo e inmediata posibilidad para conquistar y transformar la realidad precarizada en la que está sumida la mayoría de la población, es una estrategia legitima para el imaginario social, no hay otra salida.

La resignación es uno de los efectos que inundan la sociabilidad tumaqueña, pareciera que no existen las vías alternas que llevan a las y los jóvenes por caminos distintos, y es que, las formas de gobernanza de la administración municipal, departamental, denotan la ignominia y desprecio con el que niegan, eliminan cualquier garantía para las y los jóvenes. Un tipo de articulación donde los poderes legales e ilegales se ensamblan para crear las condiciones de inexistencia social para un grupo poblacional en este caso las juventudes racializadas. La política neoliberal, mezquina y de impronta privada ha aportado su grano de arena desde las idealizaciones de la raza y racismo, creando la panorámica desoladora, de riesgos sistemáticos que limitan la vida. En este orden, las relaciones de poder legales e ilegales se imbrican promoviendo procesos de formación social desigual, llevando hacia el valle de la muerte a cuerpos que demandan intervenciones concretas que reorienten el orden sociopolítico. Las y los jóvenes utilizados por las estructuras armadas, asumen a través del arma o poderío que les asigna, la habilidad de pronunciarse ante el mundo. Es decir, este nuevo horizonte de sentido mortífero tributa y la edificación de sujetos y subjetividades que se nombran desde su esquema ilegal.

Para entender la forma en que esta lógica de poderes, tomamos el juvenicidio como una categoría emergente en las ciencias sociales que ha sido propuesta por José Manuel ^{Valenzuela Arce (2012}) en su libro “Sed del mal”, este concepto deviene del feminicidio. El juvenicidio y la exclusión social surgen con las violencias en directas y la precarización contra jóvenes en América latina, permite nombrar y explicar la manera como opera el sistemático exterminio de jóvenes en contextos de precarización social y política, las violencias de los Estados, la sociedad y la cultura sobre las juventudes.

El juvenicidio alude a algo más significativo, pues refiere a procesos de precarización, vulnerabilidad estigmatización, criminalización y muerte. Refiere a la presencia de procesos de estigmatización y criminalización de las y los jóvenes construidas por quienes detentan el poder, con la activa participación de las industrias culturales que estereotipan y estigmatizan conductas y estilos juveniles creando predisposiciones que descalifican a los sujetos juveniles presentándolos como revoltosos, vagos, violentos, pandilleros, peligrosos, anarquistas, criminales. (2015, p. 21)

El autor reconoce que los dispositivos de poder como el racismo, clasismo, la sexualidad y el género son parte de la de la necropolítica. El juvenicidio como neologismo, está cargado de estos dispositivos, superando el registro de violencia física. Alude a un concepto de precariedad, desde generar la precariedad económica desde la escasez de oportunidades laborales, como desde la precarización social y simbólica como sujetos y actores sociales políticos con derecho de una vida digna, de reconocimiento de lazo y tejido social, aplicando la exclusión, la banalización, la estigmatización, el señalamiento, el exterminio o eliminación permanente y sistemática de jóvenes (^{Valenzuela, 2019}). No surge del vacío, ni aparece de manera repentina, sino que es un producto social, sistemático. Aparece desde el neoliberalismo como proyecto económico y político civilizatorio, los dispositivos de control y biopolítica de los Estados, formando parte del paisaje constitutivo del juvenicidio.

Nos encontramos con un conjunto de políticas, disposiciones y dispositivos que se orientan como estrategia de poder para controlar el cuerpo, reprimir e imponer homogenización, pero también a destruir a través de la muerte. Allí aparece el juvenicidio reflejado en las violencias que se presentan en forma de limpieza social de actores armadas legales o no, ejecuciones sumarias, falsos positivos, exterminio desapariciones, racismo (^{Valenzuela, 2019}).

De manera se entiende como los dispositivos de poder puestos en las políticas públicas encarecen a unos y privilegian a otros, mientras la muerte avanza sobre los cuerpos de las poblaciones más pobres y vulnerables, entre ellas, los jóvenes, a quienes se les destruyen las condiciones básicas para vivir y habitar sus mundos, al considerarlos, representarlos y señalarlos como personas de riesgo para la sociedad, personas prescindibles, sacrificables, desechables (^{Reguillo, 2015}).

Como parte de esta dinámica de precarización y desacreditación, se coloca a los jóvenes en zonas de vulnerabilidad, zonas criminalizadas o zonas de desecho, a estas zonas se han creado en América Latina por las necropolíticas neoliberales (Valenzuela 2021, p. 17). Pero estas zonas organizadas por la elite y los Estados actúan sobre determinadas condiciones juveniles, si entendemos la juventud como un constructo social, histórico cultural, hibrido, cambiante, como culturas juveniles (^{Muñoz, 2010}) que las ordenan y en el caso de las juventudes afrodescendientes en Colombia, las racializa y las mata, según Muñoz, (2015) “hablar de juvenicidio es hablar de crímenes de Estado” (p.132). El juvenicidio se inscribe en políticas y lógicas de la guerra que son utilizadas contra los y las jóvenes negros y pobres, a través de “lógicas políticas racistas, excluyentes y autoritarias que frecuentemente utilizan la violencia y masacran a jóvenes” (Valenzuela, 2021, p. 28).

Las revisiones analíticas de los sujetos racializados en el Pacífico amplían la categoría para determinar cómo las relaciones de poder degradan la vida de las personas afro “juvenizadas” -entendiendo que la juvenización, como expresión de subordinación, está entrelazada con el sentido de la objetivación- y reduce a las y los jóvenes en una cosa u objeto racial, destituido de participación política (^{Santana-Perlaza, 2022}). Para las vidas racializadas, el “afrojuvenicidio” aparece como dispositivo de poder mortífero y de deshumanización, propio de una economía de la muerte, que recae sobre la vida de las poblaciones juveniles afrocolombianas del Pacífico colombiano. En la base, el racismo estructural, que se atraviesa con el andamiaje del racismo institucional (^{Restrepo, 2020}) terminan generando las zonas de no-ser, donde habitan “los condenados de la tierra, hombres y mujeres racializadas, excluidos del proyecto de Nación y representados por el empobrecimiento, la violencia, el crimen y la muerte” (Santana-Perlaza, 2021, p. 73). Se nombra a las formas en que la violencia extrema y sistemática contra las personas juvenizadas son racializadas, deshumanizadas, aniquiladas por su escaso valor e inutilidad para los fines materiales o simbólicos del opresor.

Son muchos los debates epistémicos en los que se evidencia la gestación de una sociedad pigmentocrática, donde las improntas raciales son un denominador relevante a la hora de escudriñar los andamiajes de las desigualdades sociales. En Colombia existen geografías del privilegio y despojo producidas por la idea de raza y racismo imbricado en toda la estructura social, forma de organización social que condena el diario vivir de las poblaciones afrocolombianas que ven como imposible vivir dignamente y en igualdad que la mayoría de los colombianos y colombianas. Las estrategias y planes de desarrollo económico, el motor político de dominación se “amalgaman con el racismo, para justificar los despojos, la opresión y el extermino integral en la administración de las violencias, la muerte y el terror como garantías del éxito de tal empresa” desde el “genocidio racista” (^{Arboleda, 2019}, p.95) que producen estas muertes en masa, este exterminito del territorio, la naturaleza y sus comunidades afrocolombianas, es decir, este “ecogenoetnocídio afrocolombiano” (p.94). Este racismo estructural que como una ideología clasificatoria propia de los estados poscoloniales con mucha vigencia (Mato, 2020) actúa sobre la base de dominación de la “idea de raza” (Quijano, 2000) la racialización de los sujetos colonizados. Estamos vivenciando un tiempo de neocolonización que parte de las políticas de los estados de bienestar, como de las políticas criminales, que producen las subjetividades y cuerpos para las economías de muerte (^{Santana-Perlaza, 2022}).

En síntesis, para sostener que existe el afrojuvenicidio en el municipio de Tumaco habrá que comprender y cuestionarse algunos aspectos. Primero, como se ha presentado, el municipio tiene una condición histórica, sociocultural y material que hace que las vidas de allí sean vidas etnizadas, racializadas, principalmente afrodescendientes, con una historia antigua de esclavización, explotación y segregación. En segunda medida, sabemos que las estructuraciones de ese racismo histórico, son parte del blanqueamiento o la idea racial de la blanquitud, (^{Hellebrandová, 2014}) como una forma de organización del mundo blanco, de segregación y exclusión social de los cuerpos no blancos (^{Viveros Vigoya, 2000}). Esta forma de segregación sobre las vidas racializadas se ha configurado desde la constitución de las necrozonas, territorios tomados por el control criminal, encerrados, del cual, Tumaco es un punto central para las estructuras de poder, la criminalización, matanza y también, banalización de las comunidades. El control del territorio funciona desde el control de los cuerpos, por tanto, los fronteriza, encierra, los limita, despoja de derechos y vida, utilizando mecanismos o distintitas modalidades de violencia. Finalmente, son los jóvenes parte de estas necromaquinas (^{Reguillo, 2021}), dispositivos y economías de muerte, de modo que las precarización y asesinato recae sobre estas las poblaciones juvenizadas. Estas ideas llevan a nombrar el afrojuvenicidio como resultado del aniquilamiento, físico, simbólico, moral, cultural, político, es decir, en las dimensiones de acción y existencia juvenil, vidas que son precarizadas, banalizadas y sacrificadas en territorios de necropoder, cuya base es la ideología del racismo, clasismo y el patriarcalismo.

Habitar las Necrozonas: cuerpos como fronteras de muerte

Habitar las orillas, esteros, mar y ríos en el litoral Pacífico Sur antes de los años noventa del siglo XX, era un privilegio para las poblaciones afrocolombianas, dado que, las dinámicas de la violencia no eran parte del tejido social-comunitario. Se vivía en una particular tranquilidad en contrataste con los hechos de crueldad que se desarrollaban en los contextos urbanos y rurales de otras zonas de Colombia, una tranquilidad inmersa en la precarización multidimensional agenciadas por las fuerzas política que medidas por el racismo estructural condenan a la infra-vida a quienes perviven en el lugar.

El litoral recodito diría Sofonias ^{Yacup (1934}) para develar las desigualdades raciales que formaron el proyecto Estado-nación, pensado y amañado en patrones de poder de la blanquidad colonial con la que expulsaron de toda dignidad o movilización social a los cuerpos racializados que no cumplen los criterios de la colombianidad⁶ (blanquidad). Es menester precisar que, la raza y el racismo son categorías analíticas importantes para la comprensión de la panorámica sociopolítica del litoral. Por tanto, las poblaciones de Pacífico sur colombiano han sido y siguen siendo objeto de represiones políticas que establece una jerarquía racial, donde los territorios y poblaciones afrocolombianas son enquistadas en los umbrales más bajos de la estructura social, por ello, todos los fenómenos sociales que habitúan las realidades sociales en la zona, pobreza, desempleo, vulneración de todos los derechos fundamentales en materia de educación, salud, economía, política y cultura.

El Pacífico colombiano es una de las regiones más olvidadas por el Estado en nuestro país, es tanta la situación de abandono que se encuentra desconectada del resto del país. Una desconexión que tributa en todos los aspectos de la vida cotidiana, no hay conexión terrestre, los alimentos son muy costosos, y la posibilidad de movilización social es muy limitada. (Lali, joven y activista afrocolombiano, febrero de 2022)⁷.

El Pacífico sur es víctima de un proceso de fronterización que históricamente despoja de derechos a las personas afrocolombianas, un despojo que se traduce en violencias simbólicas y directas que formas los riesgos sociales en los que vive hundido. La fronterización es exclusión, es una expresión de las prácticas de racialización que fijan, clasifican y ejercen poder sobre las subjetividades, es una estrategia de poder de la otrerización radical que lleva hacia los rincones de la insignificancia a quienes son un obstáculo en el proyecto de expansión. La idea de frontera permite imaginar la formación de una línea simbólica en la que se vislumbra los privilegiados y los despojados, línea que pone en relieve a los que son y los que no son vidas útiles o valorables (^{Restrepo, 2016}).

De acuerdo con Sarak ^{Valencia (2014}) podemos denominar “Capitalismo Gore” a una categoría que puede interpretar la manera en que opera los aparatos de producción de la economía hegemónica y global en los espacios (geográficamente) fronterizos de las personas precarizadas. El capitalismo gore es referido a la forma extrema de la violencia que ejerce el capitalismo sobre los cuerpos que son concebidos como mercancías e intercambio comercial, con el fin del lucro y la acumulación de la riqueza, el capital, técnicas predatorias de violencia extrema como la masacre, el secuestro o el asesinato por encargo (p. 52). Es allí donde los cuerpos son estigmatizados o señalados para el desplazamiento, son usados y accesibles a la violencia sexual, son disciplinados para la guerra. Cuerpos usados para el control territorial, para simbolizar el poder, para reclutar en los grupos armados o para la utilidad de actos ilícitos que trasciende al ser e impacta la subjetividad de los sujetos en guerra,

La violación me pasó cuando empezó la guerra, fue que empezaron a hacer desastres los paramilitares, a matar. O sea, a mí me violan por decir en el 99, más o menos, y en el 2000 empezaron a matar, y hacer y a violar. (CNMH, mujer del Magdalena, 2017).

Son cuerpos transfigurados por las violencias envueltos como entidades, decapitados, desmembrados, encobijados, puestos en la “necromaquina” (^{Reguillo, 2021}). También se puede considerar que en la guerra los cuerpos son disciplinados para marcar territorios. Las formas de violencia sobre las vidas precarias se agudizan en contextos de fronterización en donde llegan y se constituyen las fuerzas “transnacionalizadoras” del Primer Mundo (Sandoval 2014 citado por ^{Valencia, 2014}). En estos lugares, las prácticas violentas de control de los gobiernos y quienes gobiernan la vida, es decir, quienes deciden la vida o la muerte, la vida al poder de la muerte o la política de la muerte (^{Mbembe, 2011}).

Las representaciones racializadas del siglo XlX colocan a la población negra en una especie de afuera de la nación, unos no-ciudadanos y personas que no encajan en el proyecto de civilidad en el cual las élites están creyendo y sobre el que se construye en proyecto de nación. (^{Restrepo, 2011}, p. 244).

Los Estados y la sociedad civil han conformado espacios fronterizos, si pudiera pensarse en espacios inter-fronterizos, al interior de los estados de bienestar o trasfronterizos entre distintos estados o países, como lugares con líneas imaginarias o “fronteras simbólicas” que condicionan la existencia de los sujetos al control de sus cuerpos en una lógica de contracción, contención, encarcelamiento y encierro en el territorio propio. El resultado es la erección en todo el mundo de todo tipo murallas, en donde la frontera ya no es solo un punto particular en el espacio, sino que es una tecnología sobre el cuerpo móvil de poblaciones no deseadas, los cuerpos como fronteras, de comunidades no deseadas (^{Mbembe, 2019}).

Vivimos en nuestro municipio encerrados por la pobreza y la violencia. La compañera Angela Yesenia, tumaqueña, hizo acá una investigación sobre cómo en Tumaco se han inventado las fronteras, la gente vive acá como una sola población, límite con ecuador, Colombia, pero la frontera la han inventado. (Harold, joven músico de Tumaco, 13 enero de 2022).

Percibimos como el espacio geográfico y social de Tumaco se ha construido como una zona de precarización, una zona de la economía de la muerte, como las zonas de no futuro, donde el poder de quien vive y quien muere está en manos de las organizaciones y actores del conflicto, legales o no, cercando la vida cotidiana, amurallando en la isla la vida juvenizada Tumaqueña. De esta manera a la población se le condena a la expulsión, el despojo, el desplazamiento, porque o deben dedicarse a los cultivos ilícitos, o son asesinados, o se unen a los millones de colombianos que huyen a centros urbanos o al exterior (^{Olaya Requene, 2022}). Las oportunidades de educarse son pocas, las posibilidades de incursionar en la ilegalidad son constantes, las zonas que son focos del delitos, asesinatos y enfrentamientos armados concentran el 80% de los homicidios de la zona urbana, siendo los jóvenes los principales implicados y afectados (^{Gutiérrez, 2022}).

En la actualidad la violencia en Tumaco condiciona nuestras vidas, determina las dinámicas de la cotidianidad, del barrio y de los espacios. Define las fronteras y hace que todos se sometan a cumplirlas; somos un territorio sobre intervenido por el Estado, puesto que ha realizado un despliegue institucional sobre el distrito que pareciese actuar en complicidad. Hace una semana varias veredas alrededor del Rio Mira se están desplazando a causa del conflicto, se han presentado enfrentamiento entre bandos y la población civil ha sido mayormente afectadas, y nadie hace nada, es como si nuestras vidas no importaran, como si ser negro- afro y joven nos hace legítimos de la muerte y la vulnerabilidad. (Mateo, joven tumaqueño, estudiante de sociología, marzo 2022)

En este sentido, hablar de “necrofrontera” permite analizar las formas como la exclusión se configura en un riesgo mortal para quienes son relegados de subjetividad e inteligibilidad a través de la deshumanización racial. Aquí, los asesinatos, narcotráfico, extorsión, minería ilegal, reclamación de menores y más, son parte de las cotidianidades que deben asumir, finalmente apropiar para sobrevivir en el contexto. La vida de los negros importa, es la insignia de activistas afrocolombianos como Francia Márquez, Cesar Cabezas, Carlos Angulo, El Proceso de Comunidades Negras, entre otros, para denunciar la sistemática violencia racial contra gentes despojadas de humanidad, pero, de verdad la ¿la vida de los negros si importa en Colombia?, pareciera que no, teniendo en cuanta la naturalización y aprobación de todo tipo de violencia a las poblaciones afrocolombianas, las masacres, los desmembramientos, los desaparecidos, no causa ninguna movilización en el país, que no sería el caso en ciudades centrales como Bogotá, zona privilegiada de Colombia. Vidas que importan y otras que no, son desechadas.

Esta producción de violencias que denominan como “Borders latinoamericanos” (Suárez & Gómez, 2016) se refiere a la condición de zonas de fronteras con existencia de conflictos internos con ultra violencias, es decir, la geopolítica de las fronteras donde los ciudadanos se enfrentan a las violencias del crimen organizado y la violencia del Estado. Elementos estructurales permiten definir al “border tumaqueño”, como un municipio enclaustrado por violencias en unas geografías de pobreza marcadas por una profunda lógica de raza y clase, combinación del biopoder y la necropolítica (p. 274). De acuerdo con esto, allí se dan las intersecciones del capitalismo gore con las prácticas y dispositivos del necropoder en las que la población afrocolombiana del Pacífico Sur perece. Para constatar estas lógicas analíticas, se puede evidenciar como en Tumaco, después de la firma de los acuerdos de paz de 2016, se intensificaron las muertes y masacres, además de las desigualdades que dejaron el 84% de la población en pobreza (^{Salas Salazar, Wolff & Camelo, 2018}) con un líder social asesinado cada dos días, que para octubre del 2022 deja 35 líderes muertos con Tumaco como epicentro de masacres (^{Indepaz, 2022}).

Los saberes propios como formas de resistencia a la muerte en el litoral

Las juventudes afro del Pacífico, están en una constante resistencia al olvido, la pobreza y la guerra. En lo cotidiano, enfrentan las violencias simbólico-culturales que aniquilan las cosmovisiones, prácticas y saberes propios con arte y cultura.

Las personas afro desde los noventa, se nos empieza a concientizar como comunidad étnica, también con la ley setenta, por tanto, anteriormente a ello se invisibilizaba a la comunidad, hoy se reconoce el aporte del sujeto negro al territorio, al folclor, pese a la desigualdad que vivimos. (Harold, joven músico de Tumaco, enero de 2022).

San Andrés de Tumaco es una comunidad heredera de distintas resistencias de sus antecesores en la búsqueda de libertad a la colonización. Este antecedente histórico marca las acciones contemporáneas de sus descendientes, que como herencia han promovido los movimientos o mecanismos de resistencias desde los Palenques, el Cimarronaje⁸, que empezaría a romper los sistemas coloniales de explotación afro. Desde los procesos de organización, emancipación social y política (^{Rebolledo, 2021}).

En el municipio han proliferado diferentes organizaciones de base que se proyectan a desarrollar alternativas para “salvar” a las familias y jóvenes de las violencias y conflictos que circundan. La observación etnográfica permitió identificar y analizar como las juventudes diversas resisten desde sus recursos ancestrales, estético-culturales, y políticos, en los que se vinculan e identifican con las diferentes organizaciones artísticas, sociales, culturales, desde donde la enseñanza de los saberes propios de su territorio, con la música, el arte propio.

En nuestros territorios, gracias a la música, como una manera de construir paz, a nuestra música que se ha esparcido saber y conocimiento, ha hecho que los jóvenes difícilmente acudan a espacios de violencia, es que, gracias a estos espacios a que esta música ha crecido, por eso, estos niños están aquí, pueden estar tranquilos. Hoy en día, gracias a “plu con pla”, Chango, y otras agrupaciones de acá, es que los jóvenes se han interesado más en la música y ha hecho que no tenga interés por un arma, o ir a robar, a través de nuestra música las familias se están alimentando, acuden a formas de trabajo, en nuestro territorio carecemos de un sueldo, hemos vivido de nuestra música. (Harold, joven musico de Tumaco, comunicación personal, enero de 2022).

Estos talentos se pueden visibilizar en grandes festivales como el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez que se desarrolla cada año desde hace 25 años, en la ciudad de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, donde confluyen las diversas organizaciones juveniles a mostrar la conservación de su cultura pacífica y sus ingenios musicales y dancísticos juveniles.

Desde las enseñanzas de saberes populares y comunitarios se ha generado una gran cantidad de organizaciones sociales y culturales en Tumaco, el fin es proteger la cultura propia, proteger la vida. Para enfrentar la exposición y el riesgo al reclutamiento de las juventudes a los grupos criminales, así como para enfrentar el olvido de sus raíces y conservar o hacer memoria de sus prácticas y saberes propios.

Todos los grupos culturales lo que hacemos es proteger la vida (…) lo que nos importa es la danza, la música, proteger la vida, la vida. (Francisco Tenorio, enero de 2022)

Organizaciones como la Fundación Afrocolombiana Casa Tumac⁹, que nos acogió en la investigación, desarrollan hace más de tres décadas estrategias de fortalecimiento de la cultura propia afrocolombiana del Pacífico Sur a través del teatro, la música y la danza, relata Francisco Tenorio, sabedor y mayor fundador de la escuela. Esta escuela de música ha sido potenciada recientemente por jóvenes, son quienes hoy día relatan en sus letras el dolor de la guerra no solo de su país, sino las matanzas en su territorio Pacífico colombiano, como queda reflejado en las letras de la canción “no más velorio”;

Ya no podemos vivir en nuestro pite de tierra, huimos a la libertad y nos trajeron la guerra, yo no entiendo cuanto mal, nosotros les hemos hecho, ya perdimos el derecho. (Plu con Pla agrupación, musical tumaqueña) ¹⁰.

Estos jóvenes promueven con sus letras y canciones acciones políticas que movilizan conciencias en su comunidad. Son formas de resistencia cultural, que involucran la música tradicional con las problemáticas contextuales, situadas y que permiten generar otras formas de expresión y re-existencia (Albán-Achinte, A. 2013).

De modo que, las organizaciones inicialmente han nacido para resolver los problemas sociales de la comunidad, para ir de frente a las violencias que van padeciendo los habitantes de los barrios más impactados, como barrios Panamá, Buenos Aires, Olaya, entre otros, que, según los participantes, han visto reducidas las violencias con sus trabajos sociales y artísticos.

Es de destacar que estos procesos se fortalecen por la afro educación, que reivindica, dignifica y materializa las pedagogías propias del pueblo afrocolombiano, como la identidad pluralista, abierta a la diversidad, respetuosa, anticolonialista, antiesclavista, de personas pacíficas, creativas, decolonizadoras (^{Meneses, 2016}) sensibles en su diversidad Tumaqueña y de todos territorios colombianos,

Enseñar desde la etnoeducación en nuestra comunidad implica investigación, profundización con nuestra propia comunidad, así como nace esta organización, resolviendo problemas de la comunidad y enfrentando problemas sociales, con nuestro trabajo bajo la violencia (…) hemos trabajado en barrios como panorama, contra la violencia, la delincuencia, a través de la danza y la música. (Líder comunitario y etnoeducador en Tumaco, Comunicación personal, 13 de enero de 2022)

De acuerdo con ^{Maldonado-Torres (2017}) resistir al poder no es negarlo o negarse, sino crear, desde el sentir, pensar, actuar, pensar. Elementos propios de la creación artística en escenarios pedagógicos. Se trata de un proceso de innovación social, de re-existir a través del arte como un sistema de “interpretar, re-presentar, comprender, imaginar, simbolizar y problematizar el mundo” (Albán-Achinte, A. 2013).

En suma, se trata de una práctica de reconstrucción de las vidas y de descolonización de los poderes de la violencia que se vive en estos paisajes de muertes en el Pacífico Sur, que dota de motivos, esperanzas y potencialidades para nuevos proyectos de vida juveniles y comunitarios.

Conclusiones

Este trabajo ha permitido repensar en las vidas juvenizadas y racializadas con las que compartimos espacios de discusión, debate y construcción de pensamiento crítico, desde estrategias propias, ancestrales, situadas, como el canto, el cuento y el relato ancestral. Es decir, desde las epistemologías cantadas y contadas en los arrullos, los atardeceres, las casas culturales, propias del terruño tumaqueño y del Pacífico Sur, hemos construido conocimiento contextualizado.

Debemos considerar que las ciencias sociales deben conducir a establecer discursos y reflexiones que permitan problematizar, hacer pedagogía y concientizar en la reconstrucción de la idea o noción de sujeto afro, juvenizado, en Colombia y en América Latina. El denominado “enfoque diferencial étnico”¹¹ promovido por los discursos y geopolíticas dominantes resulta insuficiente a las realidades que desbordan territorios como el Pacífico Sur colombiano.

Como sujetos auto reconocidos afrodescendientes, con experiencias de resistencia desde la academia disidente, consideramos la urgencia en Colombia de fomentar la “afro educación”. Tenemos la necesidad de pensar políticamente la educación propia contextualizada, como proyecto intercultural crítico (Walsh, 2009) situado, disidente, decolonial, anti imperial, anti patriarcal, anti racista, que lleve a propiciar debates y conversaciones en el seno de los pueblos afrocolombianos y desde sus propios pensadores. Al respecto, confiamos en que estos tiempos álgidos de cambio en las políticas colombianas, están generando espacios de participación afro en los ministerios y escenarios de poder del Estado. La sociedad civil y la academia tenemos la responsabilidad de potenciar el cambio por la vida, por una vida digna y hasta que la dignidad se haga costumbre.

Pensar el Pacífico Sur colombiano y, concretamente, el municipio de Tumaco en el Nariño invita desde una necesaria comprensión a entender los hechos coloniales que históricamente han marcado el proyecto de Estado-Nación. Es urgente adentrarse a la teoría crítica de la raza y el racismo como locus epistémicos para intentar interpretar las realidades sociales desiguales que atañen a los sujetos y sujetas afrocolombianas, y a su vez, propender en el ejercicio de develar los entramados de poder que producen y reproducen el panorama de degradación social hacia poblaciones deshumanizadas, expropias de todo tipo de derechos.

El paisaje de miedo, precarización y muerte que hoy dinamiza y habitúa la vida de las y los afrocolombianos en el Pacífico es parte de las relaciones Estado/Pacífico que ha menospreciado las demandas y llamados de auxilio de gentes racionalmente marcadas como inferiores. La zona ha sido formada por acción y omisión por las estructuras de poder de la blanquidad que eliminan o aniquilan cualquier posibilidad de movilización social. Colombia es un país pigmentocrático, donde el racismo ha gestado el imaginario social y político de sus poblaciones, entendiendo a las poblaciones afrocolombianas como unos radicales otros que merecen vivir en las condiciones que habitan. Evidencia de una expulsión, una otrerización; Una necrofrontera.

En este orden, la articulación de los patrones de poder legal e ilegal arremete directamente contra los cuerpos juveniles que deambulan por las calles, ríos, esteros y mar en busca de resonancia, aceptación y posibilidades para construir proyectos de vida. Las ofertas promovidas por la criminalidad se instauran como única salida para desafiar las normalidades precarizadas que median el diario vivir de sujetos y subjetividades violentadas en todos las dimensiones.